jueves, 7 de junio de 2012

Los militares, los jueces y los medios


Con pedidos de penas de prisión perpetua para catorce de los diecisiete imputados concluyó ayer en Bahía Blanca el alegato de los querellantes que representan a los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado del ex Quinto Cuerpo de Ejército y a la delegación local de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Los abogados Mirta Mántaras, Diego Czerniecky y Walter Larrea desmenuzaron la responsabilidad de cada imputado, la complicidad del Poder Judicial y del diario La Nueva Provincia con el terrorismo de Estado, y pidieron que se encuadren en el delito de genocidio los secuestros, torturas y asesinatos cometidos durante la dictadura. El juicio oral continuará la próxima semana con la acusación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, representada por la abogada Mónica Fernández Avello.
El alegato comenzó el martes pasado y se extendió durante cuatro jornadas. Los abogados agradecieron a los testigos por la sobreexigencia que implica tener que rememorar una y otra vez sus padecimientos. También destacaron que la responsabilidad de los imputados, que permanecen impávidos y sólo tomaron nota de las penas, no se limita al tiempo de los crímenes sino que se prolonga hasta el presente, ya que mantienen el pacto de silencio sobre el destino de los desaparecidos y sobre el paradero de los dos niños nacidos en el centro clandestino La Escuelita.
Mántaras, Czerniecky y Larrea explicaron el contexto histórico y desmenuzaron las pruebas aportadas por los 390 testigos que declararon en el juicio, que se sumaron a las de la instrucción de la causa en los años ’80, incluida una extensa declaración indagatoria del fallecido general Adel Vilas, cara visible de la dictadura en la ciudad. Mántaras, que hace un cuarto siglo ya actuaba como abogada, destacó la figura del general Juan Manuel Bayón, el principal acusado vivo por los fallecimientos del ex comandante Osvaldo Azpitarte y sus segundos Vilas y Abel Catuzzi, y explicó que como integrante del Estado Mayor participaba de los cónclaves en los que se decidía la suerte de cada secuestrado.
Los pedidos de prisión perpetua, además de Bayón, son para cinco ex miembros del Estado Mayor (Hugo Delmé, Jorge Mansuetto Swendsen, Osvaldo Bernardino Páez, Walter Tejada y Hugo Carlos Fantoni), para tres ex miembros del Destacamento de Inteligencia 181 (Norberto Condal, Carlos Taffarel y Jorge Horacio Granada), para dos ex miembros de los grupos de tareas (Jorge Aníbal Masson y Mario Carlos Méndez) y para tres ex policías que participaron de secuestros en Viedma (Vicente Forchetti, Héctor Goncálvez y Héctor Avelleira). Además pidieron 17 años y medio de prisión para el ex policía Carlos Contreras, y 17 años y medio para los dos ex jefes de la cárcel de Villa Floresta, Andrés Miraglia y Héctor Selaya.