jueves, 31 de julio de 2008

El apoyo logístico

Página/12

DOS POLICIAS DETENIDOS POR COMPLICIDAD CON CORRES

Por Diego Martínez
Los dos jefes de la delegación Bahía Blanca de la Policía Federal pasados a disponibilidad tras la fuga del represor Julián Corres fueron detenidos ayer por orden del juez federal ad hoc Eduardo Tentoni. Se trata del comisario Gustavo Ariel Scelsi y del subcomisario Marcelo Alejandro Voros. Dos de sus subordinados describieron que ambos, pero sobre todo Voros, mantenían una relación que oscilaba entre la admiración y la pleitesía con los represores. Los privilegios incluían amenas charlas de café en sus despachos y constantes visitas de militares en una sala especialmente acondicionada, en un sector inaccesible para presos comunes.

“Todo lo que se investigó permite inferir que (la fuga) no fue un acto casual, producto sólo de la inoperancia y/o complicidad de la Policía Federal, sino que hubo un apoyo logístico expreso desde afuera. Todo sugiere que hubo una actividad de inteligencia del Ejército y un enlace institucional o cuasi institucional, ya que existió más de una maniobra distractiva para garantizar la posibilidad de fuga”, explicó a Páginai12 el fiscal general Hugo Cañón, en quien Tentoni delegó la investigación.

El cabo Pablo Carbajal, que ayer fue excarcelado, contó que algunos militares invocaban a Voros para poder recibir visitas en una sala de estar del primer piso con sillones y mesa ratona. Junto con el inspector Juan Carlos Lastra, que sigue detenido, les negaron el permiso aquella vez, pero le consta que otros guardias acataban la orden. El suboficial contó que el primer preso de la causa, el fallecido suboficial Santiago Cruciani, permanecía en un calabozo cerrado. El trato privilegiado comenzó tras la llegada de los oficiales retirados Jorge Mansueto Swendsen y Miguel Angel García Moreno, hoy procesados y presos en Marcos Paz.

Carbajal, que vio por última vez a Corres poco después de la medianoche, mirando TV y fumando, declaró que el Ejército proveyó a sus represores de camas, mantas y también de alimentos. Un día antes Lastra había contado que el sábado a las 8.45 se percataron de la ausencia de Corres cuando fueron a preguntarle qué quería comer. De las declaraciones de los policías puede inferirse que en los próximos días habría nuevas citaciones a indagatoria. El comandante del Cuerpo V de Ejército, con asiento en Bahía Blanca, es el general de brigada Oscar Roberto Gómez.

Hoy a las 11, convocados por la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur, Suteba, CTA y otras organizaciones, habrá una “marcha contra la impunidad” hasta el juzgado de Alcindo Alvarez Canale, aún de vacaciones. Reclamarán la captura de Corres y repudiarán la connivencia de la Policía Federal con los represores, la lentitud de la causa y las amenazas contra Eduardo Hidalgo, secretario de la APDH de Bahía Blanca.

miércoles, 30 de julio de 2008

Amenaza y una búsqueda infructuosa

Página/12

Por Diego Martínez
Luego de tres días de exposición pública por la fuga del oficial Julián Corres, un cobarde amparado en el anonimato amenazó de muerte ayer a Eduardo Hidalgo, secretario de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca y sobreviviente de La Escuelita. La investigación sobre el paradero del militar que el sábado escapó de la delegación local de la Policía Federal carece de indicios significativos. De la declaración del agente a cargo de la guardia surge que la libertad de movimientos de los represores estaba garantizada desde la cúpula de la fuerza que debía custodiarlos. Es inminente la citación a indagatoria del comisario Gustavo Scelsi, que el sábado fue pasado a disponibilidad. Ayer la Justicia allanó sin éxito el domicilio de un suboficial de la Armada, en Punta Alta.

El inspector Juan Carlos Lastra admitió que por orden superior la puerta de la habitación de los represores no tenía candado y tenían libertad para cocinar y ver televisión. Agregó que el día de la fuga el Servicio Penitenciario Federal le había anunciado que el traslado, ordenado el 25 de junio, se concretaría el domingo, un mes después. Minutos después de anunciar la novedad a sus superiores, los presos ya lo sabían. Alejandro Marambio, director del SPF, le confirmó el dato al juez federal ad hoc Eduardo Tentoni. Agregó que el traslado se suspendió en dos oportunidades por motivos que ahora deberá detallar en la causa de la fuga. Tentoni le negó a Lastra la excarcelación. Hoy será indagado el cabo primero Pablo Carbajal, el último que vio al militar preso.

De la instrucción surge que el viernes a la noche Corres vio Cirque du Soleil, fumó bastante y se recostó. Estaba ansioso, le dolía la cabeza. Alrededor de la una de la madrugada se puso la campera, tomó el dentífrico, el cepillo de dientes y partió hacia el baño del fondo. Nunca volvió. Un guardia se percató de su ausencia a las 8.45, cuando fue a despertarlo. El Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos ofrece 150.000 pesos a quienes brinden datos útiles para capturarlo, pero aún no informó qué medidas tomó para garantizar la comparecencia a la Justicia de los 83 represores alojados en dependencias de Fuerzas Armadas y de seguridad como las que posibilitaron la fuga de Corres.

La amenaza al teléfono de Hidalgo fue a las 16.28. "Cortala con lo de Corres porque te vamos a matar", fue el mensaje. "La voz era de una persona joven, treinta y pico de años. Una voz con cierta agudeza, pero elevada de tono", describió a PáginaI12. "No tengo miedo pero sí cierta intranquilidad", admitió antes de exponer ante el fiscal Cañón. Miembro de la APDH desde 1986, no es la primera amenaza que Hidalgo recibe, pero sí la más clara. El 24 de marzo de 2007, en medio de una multitud, una voz le sugirió: "Estás demasiado tranquilo". Poco después, por teléfono, le advirtieron "hijo de puta, terminala". Anoche durmió con custodia.

"Chiquito" Hidalgo, por sus dos metros, cayó dos veces. En agosto de 1976 fue maltratado durante dos semanas en un galpón ferroviario de la calle Parchape, centro de detención que los bahienses desconocen. El 9 de noviembre una patota que integraba Corres lo llevó a La Escuelita. En la mesa de torturas le leyeron una carta dirigida a su hermano Daniel, en la cual relataba pormenores del cautiverio. "Sos inteligente. Te diste cuenta que veníamos del norte", le dijo un guardia correntino. El 14 de noviembre, Daniel y su compañera Olga Souto Castillo fueron masacrados tras defenderse a tiros durante media hora. Primero murió él. Chela, 21 años, embarazada, resistió hasta que le tiraron con una bazuca. "Tiene unos huevos así de grandes", admitió Corres ante otro secuestrado. Los guardias de La Escuelita levantaron el volumen de la radio para que Hidalgo escuchara el comunicado oficial de boca de José Román Cachero, un empleado del Ejército camuflado como periodista del diario La Nueva Provincia.

martes, 29 de julio de 2008

Trampera para el Laucha

Página/12

150 MIL PESOS PARA RECAPTURAR AL REPRESOR FUGADO
Once policías de la delegación Bahía Blanca de la Policía Federal fueron separados de sus cargos y dos de ellos quedaron detenidos. La Policía Aeroportuaria tomó a su cargo la investigación.

Por Adriana Meyer

Mientras el represor Julián “Laucha” Corres sigue prófugo, su búsqueda pasó a manos de la Policía Aeroportuaria y el gobierno nacional ofreció una recompensa de 150 mil pesos a cambio de datos que permitan ubicarlo. Sin embargo, sigue siendo un misterio quién está a cargo de la flamante Unidad Especial del Ministerio de Justicia, encargada de la búsqueda de delincuentes de lesa humanidad prófugos. Para el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, hubo “negligencia” o “connivencia formal”. Según dos organismos de derechos humanos, existió “complicidad del aparato estatal”. Fueron relevados once policías, dos de los cuales siguen detenidos, luego de que este ex teniente de Inteligencia del Ejército –procesado por secuestros, torturas y asesinatos en La Escuelita y a la espera de ser enjuiciado– se escapara el sábado a la madrugada de la delegación Bahía Blanca de la Policía Federal. Las víctimas organizaron una cadena de correos electrónicos para difundir la foto de Laucha Corres. “Esto es un escándalo, una provocación”, le dijo a PáginaI12 Patricia Chabat, sobreviviente de ese centro clandestino.

“La fiscalía trabajó muchísimo para detenerlo y que se vaya así por la puerta principal... los policías denunciaron el hecho horas después, ni siquiera armaron algo para simular una fuga... algo falla, aunque suene repetido, pero está claro que no se desmanteló el aparato represivo”, agregó Chabat, que en 1999 identificó a Corres en el Juicio por la Verdad de Bahía Blanca. Chabat vive en La Plata e integra la Unión por los Derechos Humanos. “Estamos muy limitados, no sólo fue la propia Policía Federal, el juez tampoco lo mandó a otro lado más seguro siendo que había estado prófugo y concurría a una empresa petrolera como si nada... es una cadena que permite y fortalece la impunidad”, sostuvo.

El fiscal federal bahiense Hugo Cañón dijo a Páginai12 que hay “valiosos aportes de pruebas”, tras los allanamientos a la delegación policial y a las viviendas de los policías detenidos, y que tiene la “esperanza de que se pueda desentrañar la maraña de redes y conexiones” del caso. El funcionario enfatizó que hay dos líneas de acción: una consiste en establecer la responsabilidad del Estado en la fuga; la otra, el paradero del represor. Además, aclaró que no hay un dato preciso que indique que Corres haya salido del país, tan sólo es su sospecha por la demora de los policías en informar sobre la ausencia, “como si le hubieran dado tiempo”. La orden de captura internacional de Julián Corres ya fue dictada.

En la especulación de Cañón es imposible que el represor se haya fugado a las 5.45 como dicen, sino que debe haber ocurrido cerca de la medianoche. El último dato lo aporta un testigo que dice que lo vio cuando se iba a lavar los dientes luego de ver televisión. El fiscal aseguró que son “inaceptables y contradictorias” las explicaciones de la policía, y reiteró las enormes fallas de seguridad de esa dependencia. De hecho, Corres habría tenido un teléfono celular en su celda. “A esta altura creo menos en las casualidades y más en las causalidades”, dijo. Cañón pidió a las autoridades nacionales investigar por qué hasta ahora se demoró el traslado de 83 represores a cárceles comunes.

“Esto tiene que ver con la policía y con el exterior, no es una improvisación, no se pudo ir caminando, alguien lo apoyó desde afuera”, expresó Eduardo Hidalgo, de la APDH de Bahía Blanca. Por su parte, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y Justicia Ya! denunció que la fuga de Corres contó con la “complicidad del aparato estatal” y consideró que existe un “plan oficial de enjuiciar a un puñado de viejos represores emblemáticos para salvar a las instituciones genocidas”.

lunes, 28 de julio de 2008

Detenidos por dejar huir a la Laucha

Página/12

LOS POLICIAS SOSPECHADOS POR LA FUGA DE UN REPRESOR DETENIDO EN BAHIA BLANCA
El represor Julián “Laucha” Corres estaba en un edificio sin custodia y con cámaras que no funcionan. La Justicia detuvo a dos policías y anoche se aprestaba a allanar sus domicilios.

Por Diego Martínez
La delegación Bahía Blanca de la Policía Federal de donde se fugó el sábado el teniente coronel retirado Julián Oscar Corres no llevaba registro de visitas al represor. El edificio no tiene custodia exterior y la cámara de seguridad que debió registrar la fuga no funciona desde el año 2000. En ese lugar, sin infraestructura ni personal capacitado para oficiar de guardiacárcel, estuvo preso durante casi cuatro meses, por orden del juez federal Alcindo Alvarez Canale, nada menos que un ex oficial de inteligencia del Ejército procesado por secuestros, torturas y asesinatos en el centro clandestino La Escuelita.

A pedido del fiscal federal Hugo Cañón y por orden del juez federal ad hoc Eduardo Tentoni, fueron detenidos dos de los policías que vieron a Corres la madrugada de la fuga: el inspector Juan Carlos Lastra y el cabo primero Pablo Alejandro Carbajal. Al cierre de esta edición iban a allanar sus domicilios. Lastra tuvo a su cargo la guardia de los detenidos hasta las 6 de la mañana. Tres horas después, cuando le preguntaron dónde estaba Corres, dijo que a las 5.45 lo acompañó al baño y no volvió a verlo. Agregó que designó como custodia al cabo primero Carbajal, quien dijo haber visto por última vez a Corres a la 1 de la madrugada, cuando apagó el televisor y se fue a lavar los dientes.


La Unidad Especial del Ministerio de Justicia, encargada de la búsqueda de delincuentes de lesa humanidad prófugos, ayer no había dado señales de vida. La ley 26.375 que la creó y le asignó un fondo de recompensas de 5 millones de pesos se sancionó el 22 de mayo. Desde el sábado, PáginaI12 intenta infructuosamente conocer quién es su titular, que depende del ministro Aníbal Fernández. Ayer la delegación de la Policía Federal bahiense fue intervenida y pasaron a disponibilidad once de sus agentes, encabezados por el ahora ex jefe, comisario Gustavo Scelsi.

El 25 de junio, Alvarez Canale ordenó trasladar a cuatro procesados por delitos de lesa humanidad desde la dependencia de la Policía Federal a instalaciones del Servicio Penitenciario. Para los ex jefes de la cárcel Andrés Miraglia y Héctor Selaya y para el agente Leonardo Núñez ordenó el traslado al penal de Marcos Paz. Para Corres, el Instituto Penal de las Fuerzas Armadas. No se conocen los motivos por los que no se concretó el traslado. Versiones sugieren que fue por falta de móviles.

Tras dar la orden, el juez partió de vacaciones por 45 días. En su ausencia, el fiscal Cañón solicitó al otro juez federal de la jurisdicción Ramón Dardanelli Alsina que por conexidad designara en la causa de la fuga a Tentoni, juez ad hoc de la causa por crímenes de lesa humanidad cometidos en la base naval de Puerto Belgrano. Dardanelli aceptó el criterio y designó al abogado, quien delegó la investigación en el fiscal. Al atardecer, asistido por personal de Delitos Complejos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, a cargo del vicecomodoro Fernando Telpuk, Cañón allanó las instalaciones de Rondeau 189 donde Corres estuvo detenido desde el 9 de abril. El reconocimiento incluyó el secuestro de libros de registros, documentación, discos rígidos y demás objetos.

Durante su declaración indagatoria, el 30 de abril, Corres relató que a La Escuelita asistían “tres equipos diferentes” de interrogadores y que “dos podrían ser de la policía”. Sostuvo que lo dedujo “por los modismos”, diferentes a los militares, y por frases como “dejá el móvil en la entrada”, en referencia a los autos de civil que usaban en los operativos clandestinos. La mención a la participación de policías durante interrogatorios bajo tortura, que Corres también admitió, no impidió que el juez Alvarez Canale autorizara su alojamiento en la delegación de la Policía Federal durante tres meses.

domingo, 27 de julio de 2008

Como Laucha por tirante

Página/12

UN REPRESOR SE FUGO DE LA DELEGACION DE LA POLICIA FEDERAL DE BAHIA BLANCA
Estaba procesado por secuestros, torturas y homicidios en el centro de detención La Escuelita. Habían ordenado su traslado a Marcos Paz, pero seguía en la policía. Hay otros 83 represores en sitios no controlados por el Servicio Penitenciario.

Por Diego Martínez
Luego de burlar con éxito a la Justicia y a las fuerzas de seguridad durante un año y medio y a menos de cuatro meses de su detención, el teniente coronel retirado Julián Oscar Corres, alias Laucha, se fugó durante la madrugada de ayer de la delegación Bahía Blanca de la Policía Federal. Estaba procesado por secuestros, torturas y homicidios en el centro de detención La Escuelita durante la última dictadura. Los guardias que en teoría lo custodiaban se percataron de su ausencia recién dos horas después. El juez federal Alcindo Alvarez Canale había ordenado el traslado de Corres al penal de Marcos Paz el 25 de junio pasado, antes de irse de vacaciones. Ayer nadie supo explicar por qué el traslado nunca se concretó. Aún hay 83 represores detenidos en unidades de fuerzas armadas o de seguridad que carecen de infraestructura y capacitación para cumplir el rol de guardiacárceles.

Según la versión oficial brindada por el comisario Gustavo Scelsi, jefe de la delegación bahiense, a las ocho de la mañana y mientras realizaba el recuento de detenidos, el oficial ayudante Cristian Alberto Bértoli, a cargo del servicio de guardia desde las seis, se percató de la ausencia de Corres. El inspector Juan Carlos Lastra, que cumplió el mismo servicio hasta las seis, dijo que quince minutos antes acompañó al Laucha al baño, en los fondos de la comisaría, “haciendo aparentemente sus necesidades fisiológicas”. Se ignora por qué motivo lo dejó solo. Lastra también dijo que designó como guardia nocturna y custodia general al cabo primero Pablo Alejandro Carbajal, quien vio por última vez a Corres a la una de la madrugada.

Extraoficialmente, el jefe policial habría admitido que no llevaban registro de las visitas que recibía el represor, aunque el dueño de una bodega de Viedma era uno de sus asiduos visitantes.
“El informe policial sugiere una relajación absoluta en cuanto a los controles. Corres es uno de los represores más terribles que pasaron por Bahía Blanca y costó mucho trabajo detenerlo. Tememos que haya connivencias dentro de las estructuras del Estado, policiales o militares”, explicó a PáginaI12 el fiscal federal bahiense Hugo Cañón. “Es responsabilidad del juez Alvarez Canale que este hombre haya estado cuatro meses en una delegación policial después de un año y medio prófugo. Se sospechaba que intentaría fugarse. Había que imponer las mayores medidas de seguridad para que eso no sucediera”, lamentó Mirta Mántaras, abogada de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca.

Según sobrevivientes del centro clandestino del Cuerpo V, “Laucha” era el apodo de quien manejaba la picana eléctrica durante los interrogatorios. Corres admitió durante el Juicio por la Verdad bahiense en 1999 que lo apodaban “Laucha” y que era “jefe de guardias” de La Escuelita. Dependía de la Jefatura II de Inteligencia, a cargo del coronel retirado Aldo Mario Alvarez, dueño hasta marzo de 2000 de la empresa de seguridad Alsina SRL, también prófugo de la Justicia. Debajo de Alvarez y por encima de Corres estaban el teniente coronel Walter Bartolomé Tejada y el mayor Osvaldo Lucio Sierra, ambos libres e impunes. La causa por delitos de lesa humanidad en el Cuerpo V está a cargo de Alvarez Canale, que se tomó vacaciones a fines de junio y tiene previsto regresar el 17 de agosto.

Corres fue detenido por Interpol el pasado 3 de abril al mediodía, cuando salía del edificio de Córdoba 1309 donde funciona la empresa petrolera Chañares Herrados Sociedad Anónima. Durante sus últimos meses en libertad usaba un pase a nombre de esa firma para atravesar los peajes de Autopistas del Sol. El apoderado de Chañares Herrados, al menos hasta abril, era Luis Alfredo “Fredy” Zarattini, “compañero de un hermano de Aldo Rico y de Raúl Antonio Guglielminetti en los campos de concentración y en Centroamérica”, detenido con un arsenal en su poder en agosto de 1988 e indultado un año después por Carlos Menem junto a un grupo de ex carapintadas, según publicó Horacio Verbitsky. Según un informe sobre antisemitismo de la DAIA, Zarattini, ex militante del Movimiento Nacionalista Tacuara, también está acusado de colaborar con la DINA chilena en el asesinato del jefe del Ejército durante el gobierno de Salvador Allende, general Carlos Prats.

Otro de los contactos de Corres durante su año y medio prófugo fue el capitán retirado Adolfo Saúl Zabala, que pasó a retiro en 1980. A diferencia del Corres versión 1999, que era calvo, usaba bigote pero no anteojos, nueve años después para esquivar a la Justicia comenzó a usar lentes, se dejó crecer la barba y la melena, igual que en 1975, entonces para infiltrarse entre los estudiantes de la Universidad del Sur.

Corres ingresó en la delegación bahiense de la Policía Federal, en Rondeau 189, el 9 de abril a la medianoche. Alvarez Canale lo indagó a fines de abril y lo procesó por 47 secuestros, 38 casos de torturas, 17 homicidios (ejecuciones en enfrentamientos fraguados) y siete desapariciones forzadas. Hasta ayer compartía una habitación precaria con los ex jefes de la cárcel local Andrés Miraglia y Héctor Selaya y con Leonardo “Mono” Núñez, enlace entre el penal de Villa Floresta y La Escuelita. Consultado por PáginaI12, el jefe de la Policía Federal, Néstor Valleca, invocó el “estricto secreto de sumario” para no dar información. Sólo dijo que “Interpol y toda la fuerza está trabajando” para ubicarlo y que “administrativamente, está viajando gente de Asuntos Internos para tomar cartas en el asunto y entrevistarse con el juez”.

sábado, 5 de julio de 2008

"El Mono" Núñez: Un chofer de terror

Ecodías

Desde el 23 de junio hay un nuevo procesado en la causa "Investigación de Delitos de Lesa Humanidad cometidos bajo control operacional del Comando V Cuerpo de Ejército", que tramita en el Juzgado Federal N° 1 la Secretaría de Derechos Humanos del dr. Mario Fernández Moreno.
Se trata del "enlace" entre el Centro Clandestino de Detención La Escuelita (CCD) y la Unidad Penitenciaria, Leonardo "Mono" o 'Negro' Núñez: chofer de 53 años que hoy espera justicia en el Penal de Marcos Paz por ser "participe necesario" en los crímenes de lesa humanidad configurativos de Genocidio cometidos en la subzona 51.

Luego de fallar y tras el breve "pique corto" judicial que amontonó represores en las cárceles, el titular del Juzgado Federal Nº 1, Alcindo Álvarez Canale, entró en receso invernal hasta el próximo 17 de agosto.

Puerta a puerta
"Niego haber participado en lo que se me acusa. No eran parte de mis facultades como oficial penitenciario", dijo, para romper el hielo ante el juez, el "Mono" Núñez -oficial adjutor en la Unidad Penal N° 4 desde el 20 de abril de 1975 hasta el 6 de diciembre de 1977-. Se le imputa: "Haber formado parte del plan criminal -clandestino e ilegal- implementado para secuestrar, torturar, asesinar y producir la desaparición de personas, utilizando la estructura orgánica de las fuerzas armadas y las de seguridad a ellas subordinadas -federales y provinciales-".

Acto seguido asumió haber trasladado desde La Escuelita o, en algunos casos, desde el Batallón de Comunicaciones a personas detenidas por la autoridad militar hasta la cárcel dado que "era oficial de traslado de detenidos tanto para la provincia, federales y -involuntariamente- para el Ejército".

"Llegué a Bahía Blanca a los 21 años de edad con el grado de subadjutor. Todo el tiempo que estuve en Bahía Blanca abogué y luché para que el Servicio Penitenciario sea algo natural de los juzgados competentes. Sí en una oportunidad, conversando con el jefe, le manifesté que no era legal o que no era parte de nuestra función tener detenidos en dos pabellones con guardias adicionales. Mi función como oficial de comparendo -que se denomina- fue siempre normal", contestó al consultársele por qué no denunció lo que estaba sucediendo.

Según Núñez, una vez en la cárcel, "la estructura era: llegábamos, Registro de Internos, medico del penal. Esas órdenes estaban archivadas en el Registro de Internos. Yo sé que esas órdenes no están rotas". Él manejaba un "camión celular, Mercedes Benz 608 color azul, con leyenda Servicio Penitenciario en las puertas". Cuando los traslados llegaban desde el Comando "me ha tocado ver desde Ford Falcon, Peugeot 504 y camioneta Ford doble cabina, la única que había en Bahía Blanca color amarillo".

"Los detenidos mencionados llegaban a la Unidad vendados y esposados. Los estados de salud de ellos eran relativos a sus momentos vividos y demás circunstancias. He recibido quebrado en su pierna, el cual fue trasladado a la enfermería", declaró.

Al retirar los detenidos, "los esposábamos y les dejábamos la venda hasta llegar a la Unidad Penal, todo esto era porque los militares no querían que les sacáramos la venda donde se los levantaba".

Relató que la primera vez fue a buscar detenidos al "camino de la Carrindanga, pasando hotel Tú y Yo, quinientos metros, tranquera a mano izquierda. Ahí me recibió personal armado, me hicieron dar marcha atrás para la entrada, y ahí cargué mis primeros tres detenidos. Eran las siete de la tarde, más o menos; de noche. Entregados por personal militar. Del Batallón 181, en la oficina de guardia y finalmente, en el Puesto 25, donde me eran traídos en camioneta y los pasábamos al camión".

Para los traslados "había que ir primero al Departamento I a ver al coronel que no recuerdo su nombre, pelado, mendocino (luego diría que se trataba de Suaiter), y si no estaba él estaba Palmieri y, en su defecto, el teniente coronel Palau".

Con banana de plástico
El magistrado entendió que no corresponde descartar la responsabilidad penal de Leonardo Núñez por ninguna de las privaciones ilegales de la libertad y tormentos de 13 personas en Bahía y ocho secuestrados en Viedma y Patagones, trasladados a las dependencias represivas locales pues todos ocurrieron mientras estaba en pleno ejercicio de su función.

Además, "hay elementos de convicción suficientes" para estimar que "participó en los hechos delictuales a los que éstas víctimas fueron sometidas, en algunos casos trasladándolos él mismo desde el CCD 'La Escuelita' a la UP4, en otros casos recibiéndolos en la UP4 cuando llegaban trasladados desde otras dependencias bajo control operacional del Comando V Cuerpo de Ejército".

Destaca la importancia de las declaraciones de Selaya y Miraglia como prueba de cargo respecto al "Mono", por ejemplo cuando lo reconocen como "enlace" entre los centros clandestinos.

"Tenían conocimiento"
"No era mi función presentarme en los estrados judiciales para denunciar estos hechos, pero tengo conocimiento que jueces federales tenían conocimiento pleno de lo que pasaba en la Unidad 4 de Bahía Blanca porque en oportunidad de tener detenidos art. 189 bis, la Secretaria del Juzgado N° 1 del dr. Madueño, la dra. Gloria Girotti, visitaba el pabellón de mujeres de la Unidad, porque tenían presas del juzgado ahí, y las iba a ver", declaró.

Finalmente, la defensa del "Mono" utilizó los mismos argumentos que Miraglia y Selaya, en primer término, destacando las inspecciones que realizaban autoridades judiciales -como "la secretaria del Juzgado N° 1 del dr. Madueño, dra. Gloria Girotti- que "lejos de justificar" su conducta "implicarían la responsabilidad penal de los funcionarios que, teniendo la obligación de denunciar las irregularidades en que incurría el Servicio Penitenciario en esta ciudad, no lo hicieron". Y además la intención de descargar "la responsabilidad penal de esos hechos exclusivamente en el personal del Departamento I Personal del Comando (…) para así procurar su desvinculación de los delitos de lesa humanidad cometidos".

Por ende, Canale procesó a Núñez por considerarlo partícipe necesario de delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos, todos ellos de "lesa humanidad" y configurativos de Genocidio, y enviarlo a cumplir prisión preventiva en el Complejo Penitenciario Federal Nº 2 de Marcos Paz, con una responsabilidad civil de casi 15 millones de pesos.