viernes, 13 de noviembre de 2009

Un ex juez preso por encubridor

Por Diego Martínez

Luego de tres meses de investigación y sin recompensas de por medio, la Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvo ayer a Guillermo Federico Madueño, que tenía pedido de captura desde abril por encubrir crímenes de lesa humanidad como juez federal de Bahía Blanca durante la dictadura. El ex magistrado integró hasta 2004 el Tribunal Oral Federal Nº 5 (TOF-5) y es hermano de Raúl Madueño, juez de la Cámara de Casación Penal. De la investigación de la PSA surge que estaba escondido en un departamento en avenida San Juan 270, 3º “11”, alquilado por Hernán Horacio Rubio, un escribano mencionado el año pasado en una denuncia del Ministerio de Defensa contra militares y civiles por fraguar licitaciones para hacer negocios a costa del Estado. El prófugo mantenía estrecho contacto con Ana Delia Vargas González, una señora paraguaya de 45 años que hasta ayer servía mate y café en el TOF-5, el mismo tribunal que desde el jueves próximo juzgará a Astiz, Acosta & Cía.

Madueño fue entre 1975 y 1978 la pata judicial del terrorismo de Estado en Bahía Blanca. Por las noches visitaba a los jefes del Cuerpo V de Ejército “para hablar secretamente de todo lo que ocurría contra la subversión”, según contó el general Acdel Vilas. De día rechazaba los hábeas corpus a favor de desaparecidos y archivaba sin investigar los fusilamientos que los comunicados oficiales publicitaban como enfrentamientos. En 2001, como miembro del TOF-5, Madueño condenó al apropiador de Claudia Poblete. En 2004, Página/12 publicó su historia negra y el CELS pidió su juicio político. Renunció cuando el Consejo de la Magistratura comenzaba a investigarlo. En octubre de 2006, el fiscal federal Hugo Cañón pidió su detención, que el juez Alcindo Alvarez Canale ordenó recién el 20 de abril último. El 27 de julio, a casi dos años del pedido a la Policía Federal para que detuviera al prófugo más antiguo de la causa, coronel Aldo Mario Alvarez, el fiscal federal ad hoc, Abel Córdoba, requirió la intervención de la PSA y le encomendó también buscar a Madueño, símbolo de la inserción en instituciones democráticas de los cómplices civiles del terrorismo de Estado.

El viernes, la PSA informó al fiscal que el prófugo usaba una línea de teléfono de Rubio para comunicarse con familiares y con Vargas González, quien ese día viajó a Paraguay a visitar a su padre enfermo, de 84 años. Escribano y ordenanza hablaban de Madueño en clave. La mujer le informó que la policía vigilaba el edificio donde supo vivir el ex juez “porque el fiscal los tiene locos”, en referencia a Córdoba, que no en vano se formó junto al ex fiscal Hugo Cañón. Los investigadores también descubrieron que la empleada del TOF-5 “habría visitado o visto” al prófugo e informaron que el escribano Rubio le dijo a la dueña del departamento que el huésped era su primo y estaba enfermo.

El miércoles, la PSA confirmó la ubicación del escondite y solicitó al fiscal que gestionara la orden de allanamiento, que finalmente libró el juez federal Ariel Lijo. La detención se concretó a las cinco de la tarde e incluyó el secuestro de carpetas con documentos de su misión en Bahía Blanca. Madueño se manifestó sorprendido y, según los investigadores que lo vieron, goza de buena salud. Minutos después llegaron el escribano amigo y la novia, que ayer se reincorporó al TOF-5.

“Por su lugar en la estructura represiva y por la impunidad que creía tener hasta hace apenas cinco años, Madueño es uno de los símbolos del terrorismo de Estado en Bahía Blanca”, reflexionó el fiscal Córdoba. “Su contribución a la represión ilegal consistió en obstaculizar el acceso de las familias a la Justicia, tarea que aún hoy rinde frutos, ya que impidió que existieran líneas investigativas mientras se cometían torturas y asesinatos”, concluyó.

miércoles, 14 de octubre de 2009

Por ofrecerle cobertura a un prófugo

Por Diego Martínez

Ser cómplice de represores prófugos tiene sus riesgos. El empresario Héctor Lapeyrade fue procesado por encubrimiento agravado, delito con una pena de dos a seis años de prisión, por ayudar a burlar a la Justicia durante catorce meses al teniente coronel Julián Oscar Corres, imputado por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca. La lista de prófugos por secuestros y torturas durante la dictadura tiene 39 nombres, desde marinos de la ESMA hasta el ex juez Guillermo Madueño, miembro hasta 2004 del Tribunal Oral Federal 5 y hermano de Raúl Madueño, juez de la Cámara de Casación Penal. El Estado ofrece cien mil pesos de recompensa para quien brinde información que permita capturarlos. Sus datos y fotos constan en el sitio del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, www.jus.gov.ar, en la solapa “Personas buscadas”.

Corres está preso en Marcos Paz por su actuación en el Cuerpo V de Ejército, donde se apodaba “Laucha”, igual que quien manejaba la picana en la mesa de torturas de La Escuelita. Lapeyrade, de 80 años, es dueño de la petrolera Chañares Herrados, de bodegas Lapeyrade en Viedma y de campos en Mercedes. Era amigo íntimo del padre de Corres, ya fallecido, y según declaró, el represor le daba 4500 pesos por mes a cambio de “diligencias no específicas”. La primera detención de Corres, el 3 de abril de 2008, se produjo cuando salía de la firma de su padrino, en Uruguay 824.

El juez federal Norberto Oyarbide consideró probado que Lapeyrade conocía la situación del prófugo, lo invitaba a almorzar, le facilitaba celulares y pases en Autopistas del Sol a nombre de su firma. “A través de los mismos pudo movilizarse y comunicarse manteniéndose en el anonimato”, escribió el juez, que consideró “completamente contradictorio” al descargo del empresario. Lo procesó pero lo dejó en libertad y decretó un embargo de diez mil pesos.

El rol de Lapeyrade se conoció tras la fuga de Corres de la delegación bahiense de la Policía Federal. Eduardo Díaz, empleado de Bodegas Lapeyrade, declaró que lo visitó tres veces para entregarle sobre cerrados con dinero y provisiones “de parte del patrón”. También recibía plata de manos de su primo Oscar Corres, aunque según declaró eran fondos que le enviaba el empresario. Los ahorros le sirvieron para pagarse el taxi que lo trasladó desde Bahía Blanca hasta Mar del Plata.

domingo, 6 de septiembre de 2009

Aviones de la muerte

DOS DE LOS ELECTRA USADOS POR LA ARMADA PARA ARROJAR PRISIONEROS AL MAR

Una de las aeronaves está en el museo de la base Comandante Espora, en Bahía Blanca. La otra, en un predio de una empresa privada en Esteban Echeverría. Página/12 revela dos nuevos testimonios sobre la metodología utilizada por las Fuerzas Armadas para deshacerse de los detenidos-desaparecidos.


PáginaI12

Por Diego Martínez

Dos de los aviones usados por la Armada para desaparecer de la tierra a sus enemigos secuestrados en la ESMA permanecen en exposición. Se trata de modelos Lockheed L-188 AF Electra, el mismo que el ex capitán Adolfo Scilingo utilizó en su segundo vuelo, confesado hace ya catorce años. Ambos integraron durante la dictadura la 1ª Escuadrilla Aeronaval de Sostén Logístico Móvil, con base en el sector militar del aeropuerto de Ezeiza, última escala antes de la muerte. Mientras, la Justicia no esboza ninguna estrategia para identificar a los pilotos y tripulantes que participaron de los vuelos de la muerte.

El Electra mejor preservado, matrícula 5-T-2, bautizado Ushuaia, está en el museo de la base aeronaval Comandante Espora, en Bahía Blanca, y luce un “esquema de colores de baja visibilidad”: gris oscuro, descolorido por los años, con la bandera argentina en la cola. El segundo, matrícula 5-T-3 Río Grande, está desde 1997 en un predio de la firma Astilleros Irupé de Marina del Sur SRL, en Camino de Cintura al 8300 de la localidad de 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría. Conserva los colores originales de la Armada, blanco con líneas celestes, aunque los emblemas de la fuerza fueron tapados.

La 1ª Escuadrilla Aeronaval de Sostén Logístico Móvil, que participó de los últimos eslabones del proceso de secuestro, tortura, muerte y desaparición, dependía de la 5ª Escuadra Aeronaval. Sus comandantes fueron los capitanes de corbeta César Enrique Avila en 1976 y José Roberto Fernández en 1977. La certeza sobre el uso de ambos aparatos para arrojar personas al mar surge de combinar la confesión de Scilingo con un dato originado en la burocracia naval: hasta 1982 la Armada tenía sólo tres Electra, todos “con portalón trasero con capacidad de ser abierto en vuelo”, según explicó una fuente con acceso a registros de la Marina al periodista Roberto Leiva, del diario Crónica. El tercero, matrícula 5-T-1, Antártida Argentina, habría sido desguazado y convertido en chatarra.

El piloto y blogger Carlos Abella, en su artículo “El Electra del Camino de Cintura”, detalló que el decreto de compra de la flota lo firmó el dictador Agustín Lanusse, pero que ingresaron al país tras el retorno del peronismo al poder. La fuente naval precisó la fecha: diciembre de 1973. Durante la guerra de Malvinas los Electra “prestaron servicio con el Grupo de Tareas 80.4 bajo el mando del capitán de navío Jorge Vildoza”, torturador de la ESMA prófugo desde 1986. “Los amplios interiores de los Electra” sirvieron para trasladar material bélico, personal y carga, apuntó Abella, que no mencionó el relato de Scilingo.

El empresario Jorge Ramírez compró el aparato con la idea de “conseguir un sponsor para pintarlo y obtener algún tipo de ingreso desde lo publicitario, ofreciendo la posibilidad de ganar un aerocartel de 36 metros de largo sobre el Camino de Cintura, vista obligada para los transeúntes”, contó el piloto. El proyecto incluía “una confitería con asientos enfrentados delante de un parque de recreación, con lago artificial destinado a actividades náuticas, situación que hasta el presente no prosperó”.

El abogado y periodista Pablo Llonto, que patrocina al padre de Norma Arrostito, asesinada y desaparecida luego de un año de cautiverio en la ESMA, solicitó al juez Sergio Torres que dicte una medida de no innovar sobre los dos Electra en exposición y que disponga su custodia con vistas a futuras inspecciones oculares y reconocimientos. Aún no obtuvo respuesta.


“El nivel de los subversivos”

La cita es un bar de Bahía Blanca. Roberto Venancio Del Valle, 62 años, suboficial de la Armada, integró en 1976 la 2ª Escuadrilla de Sostén Logístico Móvil de mecánicos de Ezeiza, que no operaba con los Electra sino con los más antiguos Douglas DC3, utilizados también para arrojar personas al mar. La 2ª Escuadrilla fue comandada por los capitanes de corbeta Norberto Horacio Dazzi en 1976 y Adolfo Guillermo Videla en 1977.

La cita es para hablar sobre la muerte de su hijo, cabo segundo Eduardo Del Valle, el 27 de agosto de 2007 en la base Espora. La versión oficial dice que se suicidó de un disparo en la cabeza. “Lo mataron”, afirma el padre. “No tenía ningún motivo. Algo escuchó o vio”, sugiere, y enumera: robo de accesorios de aviones, drogas, prófugos con protección. Agrega que tenía signos de violencia en la cabeza y que no confía en la Justicia. “A cinco días de la muerte, la secretaria del fiscal, sobrina del almirante Carlos Marrón, dijo que esperaban los resultados de las pericias para archivar la causa. Logramos la calificación de ‘muerte dudosa’ pero hasta ahí llegamos”, concluye. Consciente de que el hombre de manos curtidas ha hablado sobre los vuelos, Página/12 propone el tema:

Un día vi manchas de sangre en el patín de cola de un DC3. Abrí la puerta y vi restos de sogas, de unos cuarenta centímetros, y restos de ropas, pedacitos de telas como de camisas arrancadas. Pensé “hijos de puta, están matando gente”. Se corrió la bola, hubo malestar y, como a la semana, el comandante juntó a toda la Escuadrilla.

–¿Quién era el comandante?

–Capitán Dazzi.

–¿Qué les dijo?

–Que estábamos en guerra y que había que rebajarse al nivel de los subversivos para poder combatirlos. Ahí empiezan a involucrar a todos.

–¿A todos?

–A mí no me tocó, no sé por qué –responde. El hijo que lo acompaña escucha casi sin respirar–. “Muchos quedaron locos”, continúa. “¿Te acordás del que salía a correr desnudo?”, le pregunta al hijo, que sigue en silencio. “Creo que se suicidó. Otro quedó mudo”, agrega.

–¿Por qué había sangre?

–Les pegaban con una estaca de hierro en la cabeza. Me lo contó un muchacho que después gritaba cuando dormía, un mecánico que era soltero y vivía en Ezeiza.

“Nunca vi cuando traían a los secuestrados”, afirma Del Valle, aunque sabe que “había pendejitas chiquitas” y, para graficar, coloca sus manos casi pegadas al pecho. Agrega que los vuelos “se hacían siempre de noche”, que “ponían como operadores de tierra a civiles amigos” y que “no se registraba nada: esos vuelos salían sin comunicación”.

Página/12 se comunicó con el capitán Dazzi. El ex jefe de la Escuadrilla confirmó su destino de 1976 pero no respondió preguntas y sugirió que las debe responder la Armada. Consultado sobre la orden de “rebajarse al nivel de los subversivos”, cortó la comunicación.


El Colorado Ormello

Rubén Ricardo Ormello era en 1976 cabo segundo de la Armada. Tenía 21 años, era mecánico motorista y también prestaba servicios en el área militar de Ezeiza. Su recuerdo de los vuelos lo escucharon sus compañeros del hangar de aeroparque de Aerolíneas Argentinas, empresa a la que ingresó durante la dictadura. Página/12 confirmó el dato con dos fuentes que lo escucharon en lugares y momentos distintos. Ambos están dispuestos a declarar ante la Justicia.

“Escuché el relato en el hangar 2 de Ezeiza. Sería 1984 o 1985. Habíamos ido a reparar un Fokker F-28. El jefe de turno conocía la historia y le pidió que la repitiera”, recuerda el primer testigo. “Contaba que colocaban un DC3 en la plataforma y llegaba un colectivo. Venía un ‘tordo’ con un maletín y se paraba en el portón del avión. Se los bajaba ‘medio en bolas y como en pedo’ y con los ojos tapados. ‘Los sentábamos en el portón y el tordo les daba un jeringazo de Pentonaval. Los apilábamos adelante y cuando ya estaba listo salíamos a volar. Cuando nos avisaban empezábamos a arrastrarlos y los tirábamos por el portón’, contaba Ormello” y reconstruye el operario, ya jubilado.

“Yo lo escuché una madrugada en el hangar de aeroparque. El turno noche era el más distendido, se charlaba mucho. Eramos cuatro o cinco”, recuerda el segundo testigo, que reitera un relato similar. “Lo contó con frialdad, con naturalidad, como quien se limitó a cumplir una orden”, agrega.

Las dos fuentes citan un detalle que los paralizó. “Una vez trajeron a una gorda que pesaba como cien kilos y la droga no le había hecho el efecto suficiente –contaba Ormello–. Cuando la íbamos arrastrando se despertó y se agarró del parante. La hija de puta no se soltaba. Tuvimos que cagarla a patadas hasta que se fue a la mierda”, recordaba el joven suboficial, ya retirado y sin remordimientos.

Página/12 buscó a Ormello para darle la palabra. El encuentro debió concretarse el jueves 13 de agosto en su lugar de trabajo, el aeropuerto de Mendoza. No pudo ser: el ex marino viajó a Buenos Aires minutos después del arribo del cronista para embarcarse hacia Colombia. Por la tarde, en su caserón de Godoy Cruz, su esposa confirmó que “está de viaje” y “por mucho tiempo”. No facilitó ningún teléfono y tomó nota de los de Página/12. Ormello nunca se comunicó.

El mes pasado la Unión de Promociones Navales renegó desde las páginas del diario La Nueva Provincia por lo que llama “presos políticos”. Lamentó que Astiz, Acosta & Cía. “sean juzgados individualmente, como si hubieran cometido delitos en forma personal”, y aseguró que durante la dictadura existió una “participación integral” de la Armada. Tal vez los vuelos sean el mejor ejemplo.

dmartinez@pagina12.com.ar

 

 

TESTIMONIOS DE REPRESORES SOBRE EL METODO DE ARROJAR PRISIONEROS AL MAR

Fuimos todos

Policías, miembros del Ejército y de la Armada hablaron desde 1981 de la existencia de los vuelos de la muerte. En 1995 el ex marino Adolfo Scilingo se convirtió en el primer represor en confesar su participación.


Por Diego Martínez

El primer testimonio de un represor sobre los vuelos, en 1981, pertenece a Luis Alberto Martínez, suboficial de la Policía Federal, hoy prófugo por la Masacre de Fátima. Detenido en Suiza por secuestros extorsivos en la Argentina, El Japonés Martínez detalló ante la Federación Internacional de los Derechos del Hombre que, tras los interrogatorios bajo tortura en el tercer piso de Azopardo 680, los grupos de tareas de Seguridad Federal recurrían a los vuelos.

“Oficiales y suboficiales llevaban a los prisioneros en furgones cerrados con destino a aeroparque. Antes de llegar a la vía había una entrada guardada por efectivos de Aeronáutica. Estos traslados tenían lugar de noche. Al llegar recibían una inyección, se les decía contra las fiebres. Eran somníferos que venían en paquetes con etiquetas del Ejército. Los prisioneros eran embarcados a bordo de un avión Fiat Albatros. Después de quince minutos, ya dormidos, eran desnudados. Luego de media hora eran arrojados al mar a la altura de Mar del Plata”, declaró. Apuntó que el método existió antes del golpe de Estado. “Estos hechos se remontan a los años 1975-1976, porque luego comenzó a funcionar el Club Atlético”, dijo.

Ya en democracia, el cabo Raúl Vilariño se refirió a los “vuelos sin puerta” de la Armada. “Se hacían desde Ezeiza. Se colocaba el avión, se acercaba el camión, se subían los guerrilleros en estado de coma o idiotez y se salía al río. Eran largados desde el aire”, relató a la revista La Semana. “Se les daba una medicación que hacía que no se resistiesen. Los tomaban de a uno y los iban lanzando, sin vestimenta y sin nada que pudiera servir para identificarlos”, contó. Tras la aparición de cuerpos “en playas de Quilmes y Montevideo empezaron a tirarse más adentro, así los cadáveres molestos no volvían a aparecer”, explicó Vilariño, que calificó a la Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros como una “cobertura” de quienes operaban en la ESMA.

En 1995 el ex capitán Adolfo Scilingo admitió ante el periodista Horacio Verbitsky su participación en dos vuelos, ambos desde Aeroparque, en un Skyvan de Prefectura y en un Electra de la Armada. “La mayoría participó, era una especie de comunión.” “Era para comprometerlos.” “Venían rotando de todo el país. Alguno puede haberse salvado pero de forma anecdótica”, contó, y categorizó a los victimarios: oficiales superiores, suboficiales, médicos que daban la última inyección en vuelo, “invitados especiales” que daban “apoyo moral”, mecánicos, y hasta un cabo de Prefectura que entró en crisis cuando comprendió su misión.

En su declaración ante la Justicia en España y en entrevistas posteriores, Scilingo detalló que la orden para el primer vuelo se la dio el vicealmirante Adolfo Arduino, que murió impune. La columna desde la ESMA hasta Aeroparque la condujo el capitán Jorge Vildoza, prófugo eterno. Compartió el vuelo con el “teniente Vaca”, a quien identificó como el abogado Gonzalo Torres de Tolosa, que está libre, y con el capitán de navío Carlos Daviou, preso en Marcos Paz. Entre los tripulantes que permanecían en actividad, identificó al contraalmirante Basilio Pertiné, cuñado de Fernando de la Rúa, y al almirante Jorge Enrico, jefe del Estado Mayor Conjunto de Carlos Menem, que la semana pasada despidió desde un aviso fúnebre en La Nación a Diana Julio de Massot, directora del diario La Nueva Provincia. Entre los capellanes que sedaban las conciencias de los asesinos identificó a Luis Antonio Manceñido y Alberto Angel Zanchetta, sacerdotes en actividad de la Iglesia Católica, igual que el condenado Christian von Wernich.

También en 1995 dos guardias de Campo de Mayo admitieron que el Ejército recurrió al mismo método de desaparecer personas. El sargento Víctor Ibáñez confesó ante el periodista Fernando Almirón que “El Campito”, pegado a la cabecera de la pista del Batallón de Aviación 601, “era el lugar ideal para ocultar idas y vueltas de los aviones: nadie podía ver nada, el perímetro estaba vigilado por Gendarmería”. Dijo que vio subir “hasta ochenta personas” en un vuelo. Mencionó los aviones Twin-Otter, Fokker F27, Hércules y Fiat. En el Hércules viajaban dos pilotos, un ingeniero de vuelo, dos mecánicos y el comisario de a bordo, dijo. Los suboficiales se encargaban de buscar a los prisioneros. Los llevaban en camión hasta la pista, les decían que iban a blanquearlos y, con la excusa de una vacuna, les inyectaban un somnífero. “En menos de un minuto estaban como muertos”, agregó. El “grupo de eliminación” del Ejército también era rotativo, relató.

El suboficial Pedro Caraballo, que ingresó a Gendarmería como trompetista y terminó como guardia del “Campito”, relató ante la Asociación de Abogados que los secuestrados “eran llevados sin cadenas, encapuchados, hasta el avión”. Según la declaración, “les aplicaban inyecciones y caían al suelo, no sabe si vivos o muertos. Le contaron que arriba de los aviones les abrían la panza para que se hundieran rápidamente”. Los vuelos eran “todos los viernes”. A fines de 1977, Caraballo chocó con un auto robado por el Ejército y tuvo la mala idea de declararlo en la comisaría. “Usted es un pelotudo y va a ser castigado”, le advirtió el comandante de Gendarmería Horacio Domato, hoy prófugo. Le dieron de baja luego de dos años preso.

El segundo relato conocido de un marino que admitió su participación es el del suboficial Juan Lorenzo Barrionuevo. Contó Jeringa que un día se cansó de inyectar Pentonaval y pidió volar. “Tenía miedo de no animarme a empujar a la gente al vacío, pero me animé. Me sentía Dios, estaba en mi mano la vida o la muerte. Podía sentir la vibración de los cuerpos por los temblores que causa el miedo”, le confesó a un guardia del hospital de Ushuaia. Barrionuevo murió el año pasado, en libertad, a los 54 años.

El método también se aplicó en Rosario. Eduardo Constanzo, personal civil del Destacamento de Inteligencia 121, contó el año pasado ante el periodista José Maggi, de Rosario/12, que meses antes del mundial de fútbol de 1978 los secuestrados del centro clandestino La Intermedia fueron ejecutados uno por uno. Según consta en el documento con el que se elevó la causa a juicio, amontonaron los cadáveres en una habitación de la quinta, propiedad de la familia Amelong, y los desnudaron. Luego se ordenó “tapar los balazos con pedazos de trapos, porque los pilotos del Hércules se habían quejado” (sic). Los envolvieron en frazadas y los cargaron en un camión Mercedes Benz 608 que partió hacia el aeropuerto de Fisherton. “Los tiraron a la bahía de Samborombón, se los comieron los tiburones”, resumió Constanzo.

jueves, 27 de agosto de 2009

Consecuente hasta el final

Murió Diana Julio de Massot, la directora de La Nueva Provincia

Durante cincuenta y tres años manejó el diario que actuó de portavoz histórico de las sucesivas dictaduras. Anticomunista, antiperonista, católica ferviente, Diana Julio de Massot murió a los 80 años, víctima de cáncer.

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PáginaI12
Por Diego Martínez
A sus 80 años, víctima de cáncer, libre e impune hasta el final, murió Diana Julio de Massot, directora del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca durante los últimos 53 años. Férrea militante antiperonista y anticomunista, portavoz histórica de la Armada Argentina y de los sectores integristas de la Iglesia Católica, respaldó todos los golpes de Estado del último medio siglo y minimizó hasta el último día los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas durante la última dictadura.

Un mes antes de su muerte Canal 7 difundió, por primera vez en televisión abierta, la historia de los obreros gráficos y gremialistas Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, secuestrados, torturados y fusilados en 1976 luego de enfrentar durante años a la dirección de La Nueva Provincia, que dedicó veinte líneas a la noticia y nunca fue investigada por la Justicia. La necrológica oficial destaca que su vida y obra se caracterizó por “una cristiana discreción que hacía del anonimato su regla”.

Nieta de Enrique Julio, fundador del diario en 1898, Diana Julio nació en Bahía Blanca el 14 de diciembre de 1928. A los tres años quedó huérfana de madre. Fue criada por una tía y una abuela. Se recibió de bachiller, como pupila, en el colegio Santa Unión de Buenos Aires. A los veinte años se casó con Federico Ezequiel Massot, que iniciaba su carrera diplomática. Lo acompañó en sus primeros destinos, Manila y Sydney, y tuvieron tres hijos: Federico, Vicente y Alejandro. En enero de 1950, mientras vivían en Filipinas, el presidente Juan Domingo Perón clausuró La Nueva Provincia.

Cinco años después Massot participó como comando civil en el derrocamiento de Perón. El 17 de septiembre, tras el bombardeo en Plaza de Mayo, el autodenominado “Comando Naval Revolucionario” lo designó interventor del diario de su familia política. Los viejos anuarios del periódico consignan que Diana Julio asumió como directora en 1959. La necrológica de ayer sostiene que fue en 1956, luego de negarse a acompañar a Massot a la embajada de Londres. La figura paterna, que murió en 1970 luego de prestar servicios en Haití, Costa Rica, Honduras y Pakistán, se esfuma misteriosamente en las historias oficiales.

Diana Julio comenzó entonces una extensa carrera profesional, que la llevó a conformar uno de los primeros multimedios del país tras la adquisición de la radio LU2 y el Canal 9 de televisión. También impulsó la creación de la Asociación de Radiodifusoras Privadas (ARPA) y de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa). Se perfeccionó en la Universidad de Columbia, que la distinguió con el premio María Moors Cabot, y tuvo un rol activo en la Sociedad Interamericana de Prensa.

Tras el golpe de Juan Carlos Onganía, la directora “reveló su mejor perfil combativo”, explica la crónica oficial, escrita en vida y con esmero. La Nueva Provincia se destacó “por su compromiso indeclinable con la defensa de las más profundas tradiciones nacionales y de los fundamentos de la cultura occidental”, agrega, al tiempo que “hizo causa común con la doctrina pontificia referida a cuestiones de fe y costumbres”. En nombre de la civilización occidental y cristiana, Diana Julio decidió que “no había, con los enemigos de la Nación, negociación posible”, y se especializó en criminalizar a las organizaciones políticas y a los sacerdotes tercermundistas para justificar luego su exterminio. Los propios archivos de la Policía Bonaerense la registraron como “una activa militante anticomunista” y destacaron su predisposición para difundir gacetillas de la Liga Anticomunista Mundial, dedicada a desenmascarar “dirigentes políticos y clérigos cómplices, ocultos o abiertos, de la subversión comunista”.

Dos meses después de la asunción de Héctor Cámpora, la directora invitó a “nuestros hombres de armas” a “reconocer que la Argentina vive un clima de guerra interna y proceder sin contemplaciones ni concesiones”, línea que guió no sólo su prédica. En 1975 promovió una “agenda de saneamiento” en la Universidad del Sur, que inició el rumano Remus Tetu, escriba del diario y ex miembro del gobierno colaboracionista de la ocupación nazi, y continuó en 1976 con un juicio por “infiltración ideológica marxista”.

El 24 de marzo tituló su editorial “Refundar la Patria”. Sostuvo que “Argentina es una nación occidental y cristiana” y enumeró como enemigos “al aparato subversivo, el ‘sacerdocio’ tercermundista, la corrupción sindical, los partidos políticos, la usura de la ‘derecha económica’ y la contracultura izquierdizante”. “Al enemigo es menester destruirlo allí donde se encuentre, sabiendo que sobre la sangre redentora debe alzarse la segunda república”, arengó con términos de capellán, y sugirió utilizar una “violencia ordenadora” que “no haga distinciones al emplear su fuerza limpia contra las banderías opuestas”. Durante el tercio de siglo posterior, coherente con su pedido, luchó por la impunidad de los genocidas.

martes, 21 de julio de 2009

Nuevo fiscal

El doctor Abel Córdoba fue designado como fiscal subrogante a cargo de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos. De esta manera, Córdoba, quien era secretario de la Unidad, reemplaza al fiscal Cañón en ese cargo y actuará en los juicios por terrorismo de Estado.

Ecodías
Las causas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar en Bahía Blanca tienen nuevo fiscal a cargo. Se trata del doctor Abel Córdoba quien se venía desempeñando como secretario de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos
En diálogo con Ecodias, Córdoba explicó que fue el mismo Cañón quien, antes de retirarse, lo designó para actuar como fiscal subrogante: "Esta designación luego fue ratificada por el procurador general de la Nación, el doctor Esteban Righi, y ampliada para actuar ante la Cámara de Apelaciones en el mismo carácter de fiscal subrogante y ante el Tribunal Oral Federal en el marco de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos".
El cargo de fiscal federal subrogante faculta para actuar de forma conjunta o alternativa con fiscales de primera y segunda instancia en las causas por violaciones a los derechos humanos, así como también la actuación en los juicios que se esperan para los represores del terrorismo de Estado: "Hasta ahora era secretario de la Unidad y ahora paso a estar a cargo de la decisión de la actuación del Ministerio Público; en Instrucción en el ámbito de las causas Armada y Ejército, con las mismas causas ante la Cámara de Apelaciones y frente al tribunal oral con los casos elevados a juicio. Y en el juicio voy a actuar como fiscal".

Juicio histórico
Como informáramos en ediciones anteriores, se llevó a cabo la elevación a juicio de seis represores y se está esperando que se confirme la situación de otros tantos. Esta situación llevaría al esperado juicio oral por el cual se busca justicia para las víctimas del terrorismo de Estado. De allí la importancia que tiene el juicio en nuestra ciudad: "Es un juicio histórico porque estas causas sobre hechos que ocurrieron a partir del '76 nunca pasaron de la etapa instructora. Aun en la etapa más avanzada que llegaron, que es con la Cámara antes de las leyes de impunidad, nunca pasaron a una instancia de juzgamiento. Esta es la etapa más avanzada y sería un juicio que no tiene precedentes ni por dimensiones ni por contenido. Desde los hechos hasta la gravedad de las conductas, ningún tribunal oral tuvo en sus manos el juzgamiento del terrorismo de Estado".
Más allá de lo que el juicio significa para Córdoba como profesional, prefiere rescatar el desafío que representan los juicios a los represores para el equipo de trabajo: "Es un desafío necesariamente colectivo. La Unidad de Asistencia local actúa coordinada por una nacional que tiene actuación en todos los juicios, los que se realizaron en La Plata y en Buenos Aires por ejemplo, no es un trabajo aislado sino institucional coordinado. Me toca encabezarlo pero dentro de una política institucional del Ministerio Público".
A pesar de la renuncia de Cañón como cabeza de grupo en la unidad, se informó que los integrantes de ésta siguen siendo los mismos que vienen trabajando en las causas desde 2006.

Causas y juicios
Respecto a las últimas novedades que surgieron de las causas, el fiscal Córdoba informó que hubo un pedido del Ministerio Público para que se inicie la elevación a juicio oral de cinco nuevos procesados. Todos ellos tienen procesamiento confirmado por la Cámara y se busca acoplarlos al grupo de seis que ya está elevado: "En principio el pedido es por cinco: Corres, Tauber, Selaya, Miraglia y Núñez, La resolución del juez federal Álvarez Canale fue por Núñez, Selaya y Miraglia, Lo de Corrres lo dejó pendiente porque no estaba notificado en la resolución de Cámara; y respecto a Tauber hay una indagatoria pendiente por lo cual se consideró que había que postergarlo hasta que ocurra esa indagatoria".
Respecto a la realización del histórico juicio en sí, el fiscal aclaró que no se puede hablar de una fecha precisa más allá de que ya está radicado en el tribunal y de que se espera que para 2010 tenga su inicio: "Lo que resulta incierto es el plazo, la radicación en el tribunal oral ya se hizo pero el plazo es incierto. No se puede pronosticar un plazo de realización de audiencias, declaraciones y demás, lo cierto es que llegó a la etapa de juicio. Hoy hay seis en condiciones de ser juzgados y cinco que están en el proceso para elevar a juicio. De hacerse esta etapa de manera rápida podría haber once y la pretensión nuestra es que sea lo más abarcativo posible para no tener que reiterar la producción de pruebas, de testigos, documentos o la revictimización de los sobrevivientes que deberían declarar".

martes, 7 de julio de 2009

Patti tiene otro amigo tras las rejas


INTERPOL DETUVO AL REPRESOR JORGE GRANADA, EX MIEMBRO DEL BATALLON DE INTELIGENCIA 601

A Granada lo detuvieron por la causa en la que se investiga su rol como superior del único interrogador identificado del centro clandestino La Escuelita. Patti lo encubrió años atrás, cuando estaba prófugo de la Justicia.

PáginaI12
Por Diego Martínez
El domingo 28 de junio, pese a la derrota kirchnerista, fue un pésimo día para Luis Patti. No sólo porque la boleta con su apellido no estaba en el cuarto oscuro del penal de Marcos Paz. Poco después de las dos de la tarde, en Ingeniero Maschwitz, Interpol detuvo al teniente coronel retirado Jorge Horacio Granada, el amigo al que encubrió durante su primera etapa como prófugo de la justicia. Granada salió ileso en la causa que investiga su rol como miembro del Batallón de Inteligencia 601 en el secuestro y la desaparición de militantes montoneros en 1979, pero es altamente improbable que corra la misma suerte en Bahía Blanca, donde era superior inmediato del suboficial Santiago Cruciani, el único interrogador identificado del centro clandestino del Cuerpo V de Ejército.

Hijo mayor de un militar homónimo, Granada llegó a Bahía Blanca en diciembre de 1974, con el grado de teniente primero, destinado al Destacamento de Inteligencia 181, que durante el año siguiente reemplazó gradualmente a los matones de la Triple A con la misma bandera anticomunista pero con métodos más sofisticados. En diciembre de 1975 fue secuestrado y torturado hasta la muerte Daniel Bombara, el primer desaparecido de la ciudad. Después del golpe de Estado, el Destacamento 181 nutrió de interrogadores al centro clandestino La Escuelita. Allí se procesaba también la información obtenida en la mesa de torturas y se revelaban las fotos de los secuestrados. Durante los dos años más sangrientos de la última dictadura Granada actuó como superior inmediato del suboficial Santiago Cruciani, el único interrogador identificado de La Escuelita, que funcionaba detrás del Cuerpo V. A fines de 1977, ya con el grado de capitán, fue trasladado al Destacamento de Inteligencia de Campo de Mayo, donde funcionaba el mayor centro clandestino del Ejército.

El amigo de Patti fue detenido por primera vez en 1985, por decreto del presidente Raúl Alfonsín, acusado de conspirar contra el orden constitucional junto a una docena de militares encabezados por Ramón Camps y Carlos Suárez Mason. Volvió a caer el 25 de julio de 2003, mientras caminaba por plaza San Martín. Llevaba un año prófugo por su actuación en el secuestro de un grupo de montoneros que ingresaron al país en el marco de la "contraofensiva" para resistir a la dictadura militar. En diciembre de 2003 la Sala II de la Cámara Federal confirmó su procesamiento, que había dictado el juez federal Claudio Bonadío, pero poco después fue excarcelado.

Patti reconoció al ser indagado que eran amigos "desde hace veinte años" y que le hizo llegar dinero durante 2002, cuando era intendente de Escobar, pero aseguró ignorar que estuviera prófugo. Una conversación grabada por orden del juez Claudio Bonadío demostró lo contrario. "Se me está acortando el tiempo. Estoy pensando en entregarme. Es un buen momento", le confió Granada, que no iba a cobrar la pensión como retirado por temor a ser detenido. El mes pasado la Corte Suprema de Justicia rechazó el último recurso dilatorio de Patti, que en los próximos meses, tal vez cuando concluya el juicio que afrontará en el Tribunal Oral Federal de San Martín, será juzgado por encubrir a Granada y al coronel Jorge Luis Arias Duval, condenado a un cuarto de siglo de prisión a fines de 2007.

La última orden de detención de Granada la libró la justicia federal de Bahía Blanca el 10 de noviembre pasado. Tal como informó PáginaI12, en lugar de declarar el secreto de sumario para garantizar las capturas, el juez federal Alcindo Alvarez Canale comunicó la decisión, que incluía a otros cuatro represores, al defensor oficial y al jefe de la cárcel de Villa Floresta. Las detenciones se produjeron meses después. Granada fue el último de la tanda. Según el escueto informe de Interpol que recibió el juzgado, el militar de 63 años fue detenido en la vía pública de Ingeniero Maschwitz, en calle Almafuerte entre Beltrán y Los Cedros, donde residiría su esposa. La causa bahiense tiene ahora dos prófugos: el coronel Aldo Mario Alvarez, que le cedió a su yerno acciones y cargos en la Agencia de Investigaciones Privadas Alsina SRL, y el ex juez federal Guillermo Federico Madueño, miembro de la honorable familia judicial hasta 2004, cuando renunció a su cargo en el Tribunal Oral Federal 5 para evitar ser sometido a juicio político por su complicidad con el terrorismo de Estado en Bahía Blanca.

lunes, 29 de junio de 2009

Detenidos

PáginaI12

En 1977, como miembro de un grupo de tareas del Cuerpo V de Ejército, fue premiado “por su arrojo y mérito en combate contra la delincuencia subversiva” en Bahía Blanca. En los ’90 recorrió el mundo como custodio de Carlos Menem. Ayer, al salir del cuarto oscuro, un agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria le informó que quedaba detenido. El coronel Carlos Alberto Arroyo no fue el único represor capturado voto en mano. A pedido del fiscal federal ad hoc Abel Córdoba, avalado por el juez Alcindo Alvarez Canale, la PSA detuvo también al coronel Miguel Antonio Villegas, al capitán Enrique Sommaruga y al teniente coronel Rodolfo Tomás Bruno. Villegas cumplió 70 años en septiembre, no tenía obligación de votar.

sábado, 20 de junio de 2009

La Justicia avanza en Bahía Blanca

PáginaI12

Por Diego Martínez

A paso lento pero firme, el proceso de justicia avanza en la inconmovible Bahía Blanca. El jueves, el juez federal Alcindo Alvarez Canale elevó a juicio un primer fragmento de la causa que investiga delitos de lesa humanidad en el Cuerpo V, con seis militares como acusados. Ayer, el juez federal ad hoc Eduardo Tentoni procesó con prisión preventiva en cárceles comunes a seis marinos, dos prefectos, un oficial del Ejército y un ex policía bonaerense, por secuestros y torturas en la base naval de Puerto Belgrano. También creció la lista de prófugos: a los históricos Aldo Mario Alvarez y Jorge Granada se sumó el ex juez federal Guillermo Federico Madueño, miembro hasta 2004 del Tribunal Oral Federal 5 porteño.


Los imputados que a más tardar en 2010 rendirán cuentas son el general de brigada Juan Manuel Bayón, el coronel Hugo Jorge Delmé, los tenientes coroneles Osvaldo Bernardino Páez, Jorge Aníbal Masson, Mario Carlos Méndez y Miguel Angel García Moreno. Los tres primeros formaron parte del Estado Mayor del Cuerpo V, donde se decidía el destino de cada secuestrado. El resto integraba grupos operativos. Alvarez Canale no incluyó aún en la elevación al coronel Jorge Mansuetto Swendsen.


Los flamantes procesados en la causa que investiga a la Armada, los primeros desde la reapertura a fines de 2005, son el vicealmirante Eduardo René Fracassi, el contralmirante Angel Lionel Martín, los capitanes de navío Guillermo Martín Obiglio, Guillermo Félix Botto y Edmundo Oscar Núñez, los capitanes de fragata Tomás Hermógenes Carrizo y Leandro Marcelo Maloberti, los prefectos Félix Ovidio Cornelli y Francisco Manuel Martínez Loydi, el coronel Argentino Cipriano Tauber y el ex comisario de la policía bonaerense Víctor Oscar Fogelman, el mismo que condujo la investigación del homicidio de José Luis Cabezas.


Cornelli y Martínez Loydi son responsables de un informe secreto que recomendó "ralear" del diario La Nueva Provincia a los gráficos Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, delegados que habían enfrentado a la familia Massot durante los años previos al golpe de Estado, secuestrados, torturados y asesinados en junio de 1976. Los prefectos aún no fueron indagados porque la Cámara Federal debe resolver si asigna el caso a Tentoni, como pidieron fiscales y querellantes, o a Alvarez Canale, excusado de investigar marinos por su parentesco con un imputado.


Tentoni fijó la responsabilidad civil de cada represor en seis millones de pesos y ordenó enviarlos a cárceles comunes: Tauber seguirá en la unidad 34 de Campo de Mayo; Botto y Martínez Loydi irán al penal de Batán, Carrizo a la cárcel de San Luis y el resto a Marcos Paz, con Astiz, Patti, Von Wernich & Cía. El magistrado también dispuso la falta de mérito del ex cabo de policía Elso Antonio Núñez, no resolvió aún la situación del capitán de navío Oscar Alfredo Castro, y no pudo indagar al capitán de corbeta Luis Alberto Pons, internado en el Hospital Militar.

sábado, 16 de mayo de 2009

La represión judicial

Ordenan detener a un ex juez por cómplice de la dictadura

Visitaba a los jefes del Cuerpo V de Ejército “para hablar secretamente de todo lo que ocurría contra la subversión”. Investigó la “infiltración ideológica marxista” en la universidad.

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Por Diego Martínez

Entre 1975 y 1978 fue la pata judicial del terrorismo de Estado en Bahía Blanca. Por las noches visitaba a los jefes del Cuerpo V de Ejército “para hablar secretamente de todo lo que ocurría contra la subversión”, según contó el general Adel Vilas. De día, como juez federal, rechazaba los hábeas corpus a favor de desaparecidos y archivaba sin investigar los fusilamientos que los comunicados oficiales publicitaban como enfrentamientos. En 2001, como miembro del Tribunal Oral Federal 5, condenó al apropiador de una hija de desaparecidos, juicio que concluyó con las Abuelas de Plaza de Mayo cantando “Como a los nazis les va a pasar...”. En 2004 Página/12 publicó su historia negra y el Centro de Estudios Legales y Sociales pidió su juicio político. Cuando el Consejo de la Magistratura comenzaba a investigarlo, renunció. En octubre de 2006 el fiscal federal Hugo Cañón pidió su detención, que ahora, dos años y medio después, ordenó el juez federal Alcindo Alvarez Canale. El protagonista de la historia es Guillermo Federico Madueño, un símbolo de la inserción en las instituciones democráticas de cómplices civiles del terrorismo de Estado.

En diciembre de 1975 el flamante juez archivó sin investigar la causa del primer desaparecido bahiense. El comando a cargo del general Carlos Suárez Mason adujo que mientras lo trasladaban en patrullero, esposado y custodiado por tres policías, Daniel Bombara abrió la puerta y se tiró al asfalto. Para no entregar su cuerpo con rastros de tortura, al día siguiente simularon que “desconocidos” lo habían robado mientras una ambulancia lo trasladaba a la morgue. “Robaron ayer el cadáver de un extremista”, informó La Nueva Provincia. Al mes, el juez archivó la causa.

En abril de 1976, una mujer secuestrada junto con Bombara declaró ante el juez y su secretario, Hugo Sierra, que “un patrullero” los llevó hasta un lugar que no pudo determinar y “con los ojos vendados” fue sometida “a toda clase de torturas”. El magistrado hizo oídos sordos, no investigó las torturas ni reabrió la causa Bombara. En agosto, para mantener en prisión a un militante de la Juventud Peronista, Sierra le propuso al juez usar un dato de la declaración del desaparecido, “no firmada por el declarante ni por los funcionarios interrogantes” (sic) por razones que prefirió no analizar. El juez no se animó a tanto. Sierra aún no está imputado en la causa y es profesor de derecho en la Universidad Nacional del Sur.

En plena dictadura Madueño se reunía en la casa del general René Azpitarte, jefe del Cuerpo V, “para hablar secretamente de todo lo que ocurría contra la subversión y el terrorismo, lo que dio intervención al juez a hacer la investigación de la UNS”, declaró en 1987 el general Vilas, impune por insania. La investigación fue una parodia de juicio por “infiltración ideológica marxista” que un grupo de profesores padeció con años de humillaciones en las cárceles de la dictadura, y que el diario La Nueva Provincia y la revista Cabildo publicitaron como ejemplo de la lucha contra la subversión. Vilas contó ante la Cámara Federal bahiense que invitó al juez a visitar el centro clandestino La Escuelita y que Madueño se negó, aunque admitió: “Ya estoy integrado. Menudo trabajo tengo con la investigación en la universidad”. El juez Alvarez Canale ordenó la detención de su ex colega. El defensor oficial Luis Angel Devaux respondió que Madueño padece una enfermedad grave, que se presentará si lo citan y pidió la eximición de prisión. El juez la rechazó.

miércoles, 29 de abril de 2009

BUSCADOS

Listado con fotos de los 41 represores imputados por delitos de lesa humanidad prófugos de la justicia. Detalle de fuerzas a las que pertenecen, causas y jueces que ordenaron sus capturas (última actualización: 18-06-09)

Capital. Juez Sergio Torres. Causas ESMA-Walsh (8)
- Díaz Smith, Jorge Manuel (Prefectura, prófugo también en causa por apropiación de menores, por orden de la jueza Servini de Cubría. Foto 1/3).
- Di Paola, Francisco Armando (Armada)
- González, Roberto Oscar (Policía Federal)
- Linares, Juan Carlos (Policía Federal, foto 2/3)
- Salvia, Pedro Norberto (Policía Federal)
- Sánchez, Gonzalo (Prefectura)
- Siffredi, Hugo Héctor (Armada)
- Vildoza, Jorge (Armada, prófugo también en causa por apropiación de menores, por orden de la jueza Servini de Cubría. Foto 3/3).



Capital. Juez federal Daniel Rafecas. Causa Cuerpo I (3)
- Baraldini, Luis Enrique (Ejército)
- Cendón, Néstor Roberto (SPF, foto)
- Cruz, Eduardo Angel (Policía Federal, foto)



Rosario. Juez Marcelo Bailaque. Causa Feced (3).

- Altamirano, Carlos Ulpiano (Policía de Santa Fe)
- Peralta, César "La Pirincha" (Policía de Santa Fe, foto)
- Revechi, Eduardo (PCI del Ejército)
Rosario. Juez Germán Sutter Schneider. Causa Galdame (1)
-Tuttolomondo, Antonio "Tony" (Policía de Santa Fe)





Bahía Blanca. Juez federal Alcindo Alvarez Canale. Causa Cuerpo V (2)
- Alvarez, Aldo Mario (Ejército, foto)
-Granada, Jorge Horacio (Ejército)
Juez ad hoc Eduardo Tentoni. Causa base naval Puerto Belgrano (1)
-Molina, Ricardo Joaquín (Armada)



Rosario. Juez Marcelo Bailaque. Causa Quinta de Funes (2)
- Gertrudis, Héctor (Gendarmería)
- Isach, Carlos (PCI del Ejército)

Tucumán. Juez federal Daniel Bejas. Causa Vargas Aignasse (2)
- Villegas, Norberto Ricardo (Ejército)
- Arrechea Andrade, Antonio (Ejército, también en causa Masacre de Palomitas, foto)
Tucumán. Juez Jorge Raúl Parache. Causa Rocha (1)
-Schwab, Héctor Mario (Ejército)

La Rioja. Juez federal Daniel Herrera Piedrabuena (2)
Causa Abelardo
-Britos, Eduardo (Gendarmería)
Causa Villafañe
-Rodríguez, José (policía de La Rioja)

Neuquén. Juez federal Guillermo Labate. Causa La Escuelita (2)
- Di Pasquale, Jorge Héctor (Ejército, foto derecha)
- Mendoza, Héctor (Policía de Río Negro, foto izquierda)


Capital. Jueza federal María Servini de Cubría. Causa por apropiación de menores (2)
- Grimaldos de Vildoza, Ana María (civil, esposa de Jorge Vildoza, prófugo también en causa ESMA)

Capital. Juez federal Rodolfo Canicoba Corral. Causa por apropiación de menores (1)
- Vázquez Sarmiento, Juan Carlos (Fuerza Aérea)

Capital. Juez federal Daniel Rafecas. Causa Masacre de Fátima (1)
- Martínez, Luis Alberto (Policía Federal)




Córdoba. Jueza federal Cristina Garzón de Lascano. Causa Comando Libertadores de América (1)
- Antón, Herminio Jesús (Policía de Córdoba)

Formosa. Juez federal Marcos Bruno Quinteros. Causa Carrillo (1)
- Domato, Horacio Rafael (Gendarmería)

La Plata. Juez federal Manuel Blanco. Causa Unidad 9 (1)
- García, Jorge Luis (SPB)

La Plata. Juez federal Arnaldo Corazza. Causa Raffo (1)
- Vidal, Jorge Héctor (Policía bonaerense).



Mar del Plata. Juez federal Alejandro Castellanos. Causa "Delgado, Cafarello y otros, delitos contra el derecho de gentes" (1).
- Delgado, Fernando Federico (civil, ex CNU de Mar del Plata)



Mendoza. Juez federal Walter Bento. Causa Romano Rivamar (1)
-Aleks, Ricardo (Policía Federal)


Rawson. Juez federal Hugo Sastre. Causa Masacre de Trelew (1)

- Bravo, Roberto Guillermo (Armada)

Salta. Juez federal Abel Cornejo. Causa Masacre de Palomitas (1)
- Arrechea Andrade, Antonio (Ejército, también en Tucumán)

San Juan. Juez Leopoldo Rago Gallo. Causas Marie Anne Erize y Margarita Camus (1)
- Vic, Eduardo Daniel (Ejército)

San Nicolás. Juez federal Carlos Villafuerte Russo. Causa Lanzilloto (1)
-Escande Lobos, Faustino (SPB)

San Martín. Juez Martín Suares Araujo. Causa Campo de Mayo (1)
- Cardarelli, Nedo Otto (Ejército)

San Martín. Juez federal... Causa por apropiación de menores (1)
- Duarte, Roberto Cándido (civil).