jueves, 29 de noviembre de 2007

Watu ¿Sabés quién fue?

PRIMER DOCUMENTAL SOBRE UN CRIMEN DE LA TRIPLE A BAHIENSE

La Escuela Normal Superior “Vicente Fatone” invita a participar de la presentación del video documental “Watu ¿Sabés quién fue?” realizado por alumnos y docentes del nivel polimodal en el marco del Programa Jóvenes y Memoria. Recordamos para el futuro, a cargo de la Comisión Provincial por la Memoria.

El documental relata el asesinato del estudiante de ingeniería y dirigente político David Cilleruelo en los pasillos de la Universidad Nacional del Sur, en abril de 1975, en el marco del accionar de la Triple A en nuestra ciudad.

El video –que tiene una duración de 20 minutos- será presentado por sus realizadores el martes 4 de diciembre a las 19 horas en el Aula Magna de la UNS, Avda. Colón 80.


Desde ya contamos con su presencia y agradecemos su difusión.


Contacto: Tel. 4566136 (Escuela Normal)


Email:
proyectomemoria.bahia@hotmail.com

lunes, 5 de noviembre de 2007

Las catacumbas de la Armada

INSPECCIÓN OCULAR EN LA BASE NAVAL DE PUERTO BELGRANO

Página/12

Por primera vez en democracia, sobrevivientes del campo ilegal de detenciones que funcionó en la mayor base naval del país recorrieron el predio como inicio de un proceso judicial. El próximo paso serán las indagatorias a los marinos involucrados en la represión.















Por Diego Martínez


- Abran esa puerta –ordenó el fiscal Hugo Cañón.

Pasaron cinco minutos. La llave no aparecía.

- Abran –insistió.

Al jefe de Puerto Belgrano se le diluyó la sonrisa. El capitán de navío Néstor Omar Costa se quitó sus Ray-Ban oscuros de marco dorado, pidió que las cámaras no filmaran y acató, hacha en mano, la orden de la justicia. Del otro lado sólo había papeles inútiles, pero para los sobrevivientes del campo de tortura y exterminio que funcionó en la mayor base naval del país, protagonistas por primera vez en 23 años de democracia de una inspección ocular a las catacumbas donde transcurrieron sus cautiverios, la foto simboliza el comienzo de un proceso de justicia que lentamente avanza también en la inconmovible Bahía Blanca.


La medida fue ordenada por el juez federal ad hoc Eduardo Tentoni, que instruye la causa desde febrero, tras un año de excusaciones y recusaciones, en algunos casos por identificación con la dictadura. Acompañaron a los sobrevivientes representantes de las querellas: H.I.J.O.S. Capital y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos local. En nombre de la Armada encabezó el contingente el comandante de operaciones navales, contralmirante Luis Oscar Manino, secundado por Costa y el jefe de Baterías, capitán de navío Gustavo Eladio Ardusso. Gracias a un oportuno asueto por el “Día de la Madre” (sic), que benefició al personal con más de un cuarto de siglo en la Armada, los interlocutores de los visitantes a lo largo del trayecto fueron jóvenes sin protagonismo en los años ’70.

La inspección comenzó por el Puesto 1, cerca de la entrada principal. En los días posteriores al golpe allí fueron interrogados, entre otros, los dirigentes peronistas Edgardo Carracedo, Jorge Izarra, Néstor y Hugo Giorno, que relataron ante el juez sus padecimientos. Los tres últimos fueron luego intendentes de Punta Alta. Durante tres semanas estuvieron encerrados en camarotes del crucero 9 de Julio, reciclado para la ocasión. Pese a los ojos de buey sellados lograron ver los muelles de la dársena de Puerto Belgrano, donde hoy descansan los hierros chamuscados que catapultaron al estrellato al capitán Guillermo Tarapow.

Luego fue el turno de las baterías históricas, fortalezas de piedra con paredes de un metro de ancho levantadas a fines del siglo XIX para custodiar el puerto militar. A juzgar por pisos, paredes externas, eucaliptos, vías de trocha angosta y playas cercanas, coincidentes con los relatos de sobrevivientes, los detenidos-desaparecidos locales resistieron en alguna de esas casamatas. Es improbable que sin la confesión de algún marino la justicia confirme con certeza cuál de las seis baterías funcionó como centro de detención. La inspección incluyó sólo dos, la sexta y la tercera, ambas abandonadas, actuales “villas cariño”. El silencio de los victimarios no permite descartar que el CCD haya funcionado en la cuarta, actual sede de un museo histórico.

Tentoni ya declaró nulas las leyes de impunidad y los indultos que beneficiaban a los oficiales imputados en los ’80. El próximo paso serán las indagatorias, no sólo de marinos detenidos en otras causas como Julio Torti, Antonio Vañek, Juan Carlos Malugani o Juan José Lombardo, sino también de quienes continúan impunes y libres, como el contralmirante Raúl Alberto Marino, el capitán de navío Edmundo Núñez, los miembros de las patotas operativas, sus capellanes y sus subordinados de Prefectura.

domingo, 23 de septiembre de 2007

El día que sanearon La Nueva Provincia

EL TERRORISMO DE ESTADO AL SERVICIO DE SUS VOCEROS

Un informe de inteligencia de Prefectura Naval sindicó como “personal a ser raleado” del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca a dos obreros gráficos que tres meses después fueron asesinados. Para la justicia son crímenes imprescriptibles, pero nadie investiga a sus autores, materiales ni intelectuales.

Por Diego Martínez
Tres meses antes de ser secuestrados, torturados y acribillados a balazos, los nombres de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola encabezaron un listado de “personal a SER RALEADO DE UN MEDIO DE DIFUSIÓN FUNDAMENTAL” (mayúsculas del original) para la masacre que se
avecinaba: el diario naval La Nueva Provincia de Bahía Blanca. Como miembros del Sindicato de Artes Gráficas ambos habían organizado sindicalmente a los trabajadores de la empresa, que no dudó en equipararlos con “la infiltración más radicalizada del movimiento obrero”. El informe “estrictamente secreto y confidencial”, fechado dos días antes del golpe de Estado, fue elaborado por la sección informaciones de la Prefectura Naval local, fuerza subordinada a la Armada, y certifica la importancia que los servicios desde los cuales se gestó y concretó el genocidio asignaban al monopolio de medios bahiense. A fines de 1976 el jefe de Prefectura, prefecto mayor Félix Ovidio Cornelli se despidió en persona de la directora del diario Diana Julio de Massot y reafirmó su decisión de “aniquilar a las huestes de la delincuencia ideológica”. Consultado por este cronista, el jefe de informaciones durante 1976 prefecto (R) Francisco Manuel Martínez Loydi dijo no recordar el informe, tradujo raleado como “movido o sacado” y se permitió dudar: “no creo que Prefectura se haya metido en la parte gremial”. La justicia de Bahía Blanca ya determinó que son crímenes imprescriptibles pero no investiga a sus autores, materiales ni intelectuales.


Heinrich era maquinista en la rotativa y secretario general del sindicato. Loyola, esterotipista y tesorero. A partir de 1971 se dedicaron a reafiliar compañeros expulsados del gremio. A fines de 1973 los quites de colaboración en demanda de aumentos salariales demoraron la salida del diario. El primer día de 1974 lograron el acatamiento masivo a un paro que obtuvo como respuesta cuarenta despidos compulsivos y sin indemnización, medida que anuló el ministerio de Trabajo. A mediados de 1975 los seis gremios que representaban a los trabajadores de diario, radio y canal de TV resolvieron en asamblea un paro por tiempo indeterminado. En medio de referencias a Heinrich y Loyola, el asistente de dirección Federico Massot remarcó en una nota al delegado de Trabajo los “fines políticos inconfesos” que ocasionan “un grave daño a la Nación”. Los gráficos exigían a la empresa -no a la Nación- la aplicación de un franco cada cuatro días, como establecía el convenio de trabajo. La medida tuvo alta adhesión, no hubo diario durante tres semanas y la empresa debió respetar el convenio. El día que La Nueva Provincia reapareció, su directora denunció la “labor disociadora” de los delegados, “cuyos fueros parecieran hacerles creer, temerariamente, que constituyen una nueva raza invulnerable de por vida”. Sugirió que pretendían intervenir el diario para “cooperativizarlo o crear alguna otra forma de autogestión sovietizante”, los equiparó con “la infiltración más radicalizada del movimiento obrero argentino” y anunció que “esta empresa también conoce el ‘soviet’ que aún usufructúa y aprovecha dentro de nuestra propia casa el desorden generado por un estado en descomposición” (LNP 1-9-75). Condicionó el ingreso de los obreros a la firma de un acta por la cual se comprometían a colaborar y en caso de incumplimiento aceptaban ser despedidos sin indemnización. Los treinta que se negaron fueron suspendidos por cinco días.

“Un medio fundamental”

El informe de Prefectura se titula “Estudio realizado sobre el diario La Nueva Provincia de esta ciudad (guerrilla sindical)”, fue elaborado en base a información “propia y de Policía Federal” y calificado con el máximo valor posible: A-1. Excepto por dos oraciones es idéntico a un borrador del 6 de diciembre de 1975. Y tuvo un único destinatario: el Servicio de Inteligencia de Prefectura, entonces a cargo del prefecto mayor Néstor Arnaldo Occhiuzzi. Sin embargo, no fueron los prefectos los únicos servicios preocupados por cuidar los intereses de los Massot. Ese mismo año el delegado de la SIDE local, general (R) Carlos Alberto Golletti Wilkinson había solicitado al resto de la autodenominada comunidad de inteligencia “antecedentes de toda índole” de Heinrich.

Como causas de la organización obrera que denomina “avance de este método subversivo” Prefectura destaca la “prédica tradicionalista y católica” del diario “que lo convirtió en acérrimo enemigo del marxismo, tercermundismo y peronismo”, y “la infiltración que, manejada desde la Universidad Nacional del Sur y grupos marxistas del peronismo, se llevó a cabo entre el personal”.

Según el borrador el proceso se inició con la asunción de Cámpora y “fue apuntado, sin equivocación alguna, por uno de los jefes de seguridad de la empresa a sus directivos”, frase suprimida en la versión definitiva. “El comisario Héctor José Ramos –arranca el mismo párrafo, ahora sin vincularlo a la empresa- definió en reiteradas oportunidades como Peronismo de Base al grupo encargado de sabotear La Nueva Provincia”. Murió “antes de concluir su labor de esclarecimiento” (Ramos, segundo jefe de la delegación local del Servicio de Informaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, SIPBA, fue asesinado por Montoneros el 20 de marzo de 1975, sindicado como “el más eficiente torturador que conociera nuestra ciudad”).

El informe minimiza la importancia de detallar el supuesto sabotaje porque la empresa ya lo documentó “a los comandos militares y navales de la zona”. Sólo se propone consignar datos sobre el “personal a SER RALEADO DE UN MEDIO DE DIFUSIÓN FUNDAMENTAL, tal cual lo marca una efectiva acción ‘contrarrevolucionaria’ que tienda a sanear los medios preferidos por la revolución mundial para su labor de infiltración, subversión cultural y posterior victoria”.


La lista comienza con Heinrich y Loyola e incluye los domicilios donde fueron secuestrados. Los acusan de amedrentar al “personal anti-huelguista” (sic), difundir panfletos con los nombres del “personal leal” y presionar a canillitas. Agregan que custodios de los Massot llegaron a “encañonar con armas largas” a los ocupantes de un Falcon que pretendían impedir la salida de un vehículo con diarios hacia Punta Alta. Siguen con el Sindicato de Prensa, a cuyo secretario general Néstor Larrondo consideran “el cerebro intelectual”, y concluyen con “los manejados”, que “no dejan de ser culpables e indeseables”.

“La mano viene dura”

A mediados de junio, mientras reclamaban el pago de días de paro descontados, Heinrich, Loyola y el armador Jorge Manuel Molina, vocal del sindicato, fueron citados al Cuerpo V. “Nos recibió un capitán, no recuerdo el nombre –cuenta Molina. Dijo ‘muchachos, déjense de romper las pelotas, la mano viene dura’. No tomamos esa advertencia como una amenaza. No medimos qué había detrás”.

Al atardecer del 30 de junio una patota se instaló en la casa de Loyola. Lo esperaron hasta las cuatro de la mañana, cuando terminó su jornada en la rotativa. A medida que llegaban, familiares y allegados fueron maniatados y vendados. “Algunos usaban guantes y todos, por su manera de expresarse, denotaban cierta cultura”, declaró la mujer de Loyola en el sumario policial. Los vecinos vieron vehículos militares cortando la cuadra durante casi siete horas. Cuando cayó la presa, a los siete testigos del secuestro, incluida su mujer embarazada, les inyectaron somníferos para adormecerlos.


Desde allí fueron a buscar a Heinrich, recién llegado del diario. Vivía con su esposa y cinco hijos en una casa de un dormitorio. Rompieron la puerta con un golpe seco y antes de que la familia alcanzara a moverse ya estaban en la habitación, encandilándolos con linternas. Heinrich pidió que se identificaran. “Somos de la Federal”, dijeron, y lo encañonaron. Mientras los chicos lloraban y la mujer intentaba detenerlos, Heinrich pidió que no le pegaran delante de sus hijos. Le ordenaron vestirse y se lo llevaron.

Durante cuatro días estuvieron desaparecidos. Molina junto con un ex maestro del colegio La Piedad, donde había estudiado Loyola, fueron a la Curia a pedirle ayuda al arzobispo bahiense, monseñor Jorge Mayer. Su respuesta fue la misma que escucharon todos los padres desesperados que lo consultaron por sus hijos: “En algo andarán”. La noticia circulaba en los pasillos de La Nueva Provincia pero no apareció en sus páginas.

El domingo 4 de julio una familia que mateaba en el paraje “La cueva de los leones”, a 17 kilómetros de Bahía, encontró los cadáveres maniatados por la espalda, con signos de torturas y destrozados a tiros. Los rodeaban 52 vainas calibre 9 milímetros. Un llamado alertó al Vasco Larrondo. “Ya hicimos cagar a dos rojos, el próximo sos vos”. Logró viajar a Tandil con la ayuda de Rafael Emilio Santiago, reconocido periodista que aún trabaja en la empresa.

El lunes, mientras la noticia les quemaba las manos, La Nueva Provincia publicó un aviso fúnebre de la familia Loyola. Recién el martes, bajo el título “Son investigados dos homicidios”, un redactor leal anti-huelguista la sintetizó en veinte líneas. “Se desempeñaban en la sección talleres de este diario”, apuntó. En 31 años La Nueva Provincia no volvió a tocar el tema. Un día después de recibir el sumario policial el juez Francisco Bentivegna se inhibió de actuar y remitió la causa a Juan Alberto Graziani, que al mes la archivó.




“Nos encontramos envueltos en una guerra apátrida”, arengó dos meses después ante los marineros que terminaban el servicio militar el subprefecto Juan Bautista Ghiorzi (LNP 16-9-76). Ese mismo año, cuando dejó Bahía Blanca, el jefe de la fuerza prefecto mayor Félix Ovidio Cornelli y su ayudante Ghiorzi se despidieron en persona de la directora del diario Diana Julio de Massot (LNP 11-12-76). En su carta de despedida Cornelli reafirmó su “decisión irrevocable de defender todo aquello que haga a la soberanía nacional, combatiendo y aniquilando a las huestes de la delincuencia ideológica” y destacó su “agradecimiento más íntimo y el reconocimiento incondicional para la gente de prensa”.


PREFECTO (R) MARTÍNEZ LOYDI, JEFE DE INFORMACIONES EN 1976:
“De corazón, ni idea”

Por D.M.
Según su memoria anual de 1976, a partir del golpe de Estado grupos de “12 a 15 hombres” de Prefectura actuaron “en acciones contra guerrillas” en el sur bonaerense, en coordinación con la Fuerza de Tareas 2 del Comando de Operaciones Navales, con sede en la base naval de Puerto Belgrano. Pese a las abundantes evidencias de su participación en secuestros de personas que continúan desaparecidas, como el de Héctor Rubén Sampini en Ingeniero White, a tres décadas de los hechos la justicia federal de Bahía Blanca aún no investigó a la Armada ni a la Prefectura.

El jefe del servicio de inteligencia que durante 1975 ordenó realizar informes sobre estudiantes, dirigentes gremiales y sacerdotes tercermundistas a las delegaciones de todo el país fue el prefecto mayor Rodolfo Alfonso Manzi. Quien como jefe de la delegación bahiense recibía sus pedidos era el prefecto mayor Julio Benjamín Baeza. A cargo de la sección informaciones que investigó y redactó el borrador sugiriendo ralear La Nueva Provincia de obreros molestos estaba el subprefecto Bernardino Miguel Nieto. Pero para marzo de 1976, cuando finalmente se elevó el informe, Baeza había sido reemplazado por el prefecto mayor Félix Ovidio Cornelli, y Nieto por el subprefecto Francisco Manuel Martínez Loydi, quien volvió a ocupar el cargo en 1980, cuando a falta de militancia la “comunidad de inteligencia” se dedicó a perseguir y amedrentar a los familiares de detenidos-desaparecidos que exigían justicia.

Ex combatiente de Malvinas, ex dirigente del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén y actual regente de la Escuela de formación y capacitación para el personal de la Marina Mercante de Prefectura Quequén, el bahiense “Pancho” Martínez Loydi se mostró sorprendido ante la consulta de este cronista.

- ¿Recuerda los asesinatos de los obreros gráficos de La Nueva Provincia, Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola?
- A la pistola... No recuerdo los nombres, sí los homicidios.
- Fue un caso atípico para ese año: los secuestraron y fusilaron pero no difundieron ningún comunicado haciéndolo pasar por tiroteo.
- (silencio)
- ¿Recuerda el informe sobre la guerrilla sindical infiltrada en La Nueva Provincia?
- Te soy franco, no recuerdo.
- ¿Alguna fuerza en particular se ocupaba de la seguridad de esa empresa?
- Pudo haber sido la SIPBA.
- ¿Qué entiende usted por “personal a ser raleado” de una empresa?
- Supongo que movido, sacado. ¿Por qué?
- Un informe firmado por su sección aconsejó ralearlos, tres meses antes de matarlos.
- No creo que Prefectura se haya metido en la parte gremial. No podíamos nosotros.
- ¿Y qué fuerza sí podía?
- Te soy franco, no sé. Mentiría si dijera algo. De corazón, ni idea.



RECUADRO 2:
LA DIFICULTAD DE INVESTIGAR A LOS AUTORES MATERIALES

Gente culta


Por D.M.
Aún si la justicia federal de Bahía Blanca tuviera voluntad de hacerlo, no le resultará fácil, tres décadas después, identificar a los autores materiales de los asesinatos. Nadie declaró haber visto a los obreros de La Nueva Provincia en cautiverio. La mención del informe al Peronismo de Base es un indicio no menor. “Ustedes no nos interesan una mierda. Nos importa el vínculo con los Monto, flaquito”, le explicaba el suboficial Santiago Cruciani a un militante del PB en la mesa de torturas de La Escuelita. “Hay empresas que prefieren matar a sus empleados antes que indemnizarlos”, se sinceró el general Adel Vilas ante dos periodistas locales. En Bahía Blanca al menos Vilas no se permitió muertes sin firma. Quienes pasaron por sus manos fueron fusilados en tiroteos falsos o continúan desaparecidos.

Los asesinos de Heinrich y Loyola eligieron un paraje simbólico de la Triple A: “La cueva de los leones”. La única empresa a la que molestaban publicó la noticia en veinte líneas de su sección policiales, tal como había hecho con las víctimas de la Triple A durante 1975, ocultando a la sociedad sus militancias de origen pese a que la “comunidad informativa” que los nutría de datos solía tenerlos bien registrados. Pero para junio de 1976 los miembros de la Triple A habían sido reemplazados por las Fuerzas Armadas y de seguridad. Y aún mientras tuvieron vía libre para matar, nunca se tomaron el trabajo de adormecer testigos, no usaron guantes ni denotaron “cierta cultura” como apuntó la viuda de Loyola, y jamás mantuvieron con vida a sus víctimas durante cuatro días, ni para interrogarlas ni para mostrarlas como trofeo ante ningún patrón.

sábado, 22 de septiembre de 2007

Piedra libre para Cachito

Página/12

Por Diego Martínez
Luego de cuatro años prófugo, Gendarmería detuvo el martes al sargento ayudante retirado Alfredo Omar Feito, alias Cacho o Speziale, ex miembro de la Central de Reunión de Contrasubversión del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército. Ayer a la mañana Feito se negó a declarar ante el juez federal Ariel Lijo, quien había encomendado su búsqueda por la desaparición de un grupo de militantes Montoneros que ingresó al país en 1980. Su colega Daniel Rafecas, que también había pedido su captura, lo interrogará por sus andanzas en los centros clandestinos El Banco y El Olimpo, en tanto el juez de Bahía Blanca Alcindo Alvarez Canale –que aún no solicitó su detención– deberá indagarlo por su actuación en el Cuerpo V.

Nacido en La Pampa, 61 años, vecino de Parque Avellaneda, “Cacho” Feito llegó al Batallón 601 a principios de 1977. “Andaba siempre con Del Pino, parecían teros, los dos juntos para todos lados”, recordó un ex compañero ante la justicia. Enrique José del Pino, alias Miguel, detenido por Interpol hace cuatro meses, fue jefe del grupo de tareas que operaba en El Banco y El Olimpo. El fallecido torturador Juan Antonio del Cerro, alias Colores, recordó a Feito como “jefe del Grupo Especial 50, que también hacía operaciones en el exterior” (en la base de San Pablo, Brasil) y señaló que “más de una vez me robó información”.

En 1980 Feito fue el encargado de interrogar a Silvia Tolchinsky, secuestrada en septiembre al intentar salir del país. En medio de preguntas sin sentido, humillaciones y referencias a cautivos, el sargento ostentó sus conocimientos sobre la militancia de su presa. De sus respuestas o silencios dependía la disminución o el aumento de los gritos de una persona secuestrada en una habitación contigua, a quien Tolchinsky identificó tiempo después como el sacerdote Jorge Adur, capellán de Montoneros capturado tres meses antes en Paso de los Libres, cuando salía del país con una carta para Juan Pablo II. En ese mismo lugar de detención estuvo Lorenzo Viñas, quien –igual que Adur– permanece desaparecido.

Según declaró el policía Julio Simón, como jefe del “Grupo Especial 50” Feito le ordenó trasladar a Tolchinsky a Paso de los Libres, donde más tarde la visitó. Ella volvió a verlo durante la última etapa de su cautiverio en un departamento porteño, donde le informó que su hermano Daniel, al que tenían secuestrado junto con su mujer desde octubre de 1979, ya no vivía. “Mientras me anunciaba que sería liberada yo veía que Feito escribía en un papel ‘HNO’, ‘HNO’. Sabía a qué se refería y no podía escuchar sino sólo mirar las tres letras –recordó Tolchisnky desde España–. Finalmente lo dijo: ‘A tu hermano lo fusilaron’.”

Años antes de los delitos por los cuales se ordenó detenerlo, en 1975 fue destinado al Cuerpo V de Bahía Blanca. Hasta fines de 1976 se desempeñó -junto con Del Pino- en la jefatura II de Inteligencia a cargo del coronel Aldo Mario Alvarez –prófugo de la justicia– y como subordinado del coronel Osvaldo Lucio Sierra, actual vocal del Centro de Residentes Salteños en Buenos Aires, impune gracias a la parálisis de la justicia bahiense. En el sur bonaerense Feito es recordado por su alias Speziale. Fuentes locales lo vinculan con trabajos particulares encomendados a la patota del Ejército.

En 1983 fue dado de baja. Durante veinte años vivió tranquilo. En 2002 el juez Claudio Bonadío solicitó su detención a la Policía Federal, que en tres años no aportó un solo dato útil. Dos meses después de ser declarado en rebeldía su nombre apareció en el Boletín Oficial 30.154 (21-5-03) cuando formó las sociedades Poitagua y Loncotear junto con la empresaria Mirta Inés Williner y la abogada Gabriela Isabel Fuster. En 2001 había constituido Integral Motorcar Service junto con su hijo Juan Martín, Juan Manuel Ducler (hijo del financista Aldo Ducler) y la licenciada en economía Silvia Elisa Elías.

En marzo, cuando Página/12 denunció que había 43 represores prófugos, el juez Ariel Lijo encomendó su búsqueda al Escuadrón Buenos Aires de Gendarmería. De las escuchas telefónicas surgieron menciones al “señor X” y al “innombrable”. En las primeras fotos que acercaron al juzgado aparecía un hombre pelado con barba, muy distinto al que figuraba en el legajo del Ejército. El martes a la noche, cuando salía de un edificio de San Isidro, se entregó manso a su destino inexorable.

viernes, 14 de septiembre de 2007

La virgen lo perdonará


Ecodías

Al cierre de esta edición la justicia federal debía resolver la situación procesal del teniente coronel (R) Mario Carlos Antonio Méndez, miembro de los grupos operativos del Cuerpo V durante la última dictadura.

Por Diego Martínez
No esperaba encontrar periodistas. Menos aún preguntas molestas. Pero los tiempos cambian, incluso en Bahía Blanca.

- ¿Participaba en operativos? -lo indagó una joven cronista en la puerta de tribunales.
- No, no participé -arrancó Mario Méndez, citado a prestar declaración indagatoria.
- ¿Reivindica lo actuado por la dictadura? -preguntó un periodista, grabador en mano.
- Tenía 21 años, no puedo reivindicar nada. No tenía conocimiento de causa ni de fundamento. No recuerdo –dijo, resignado al ridículo.
- ¿Por qué le decían “Loco de la Guerra”?
- Es mi apodo desde los 12 años, cuando era cadete. A algunos les dicen Carlos o Jorge (sic), a mí Loco, a mi hermano Carpincho, ¿qué se yo?
Agachó la cabeza y, coherente con la misión divina cumplida hace tres décadas, cuando el arzobispo Jorge Mayer bendijo su medalla al “valor en combate”, dejó ver debajo del brazo que sigue encomendado a la virgen de las Mercedes.

Cordobés, hijo de militar, Méndez mamó de chico el amor por las armas. En el liceo afinó la puntería, egresó como subteniente y cuando lo destinaron a Colonia Sarmiento era un respetable instructor de tiro. Esa fue una de sus misiones desde que llegó a Bahía Blanca en noviembre de 1975. Los colimbas lo recuerdan imprevisible, desequilibrado, tenso pero feliz de ostentar armas y granadas en la campera, exultante cuando le tocaba acompañar al general Azpitarte a ver a los almirantes de Puerto Belgrano.

Méndez declaró en el Juicio por la Verdad en 2000. Lo destinaron a la compañía “Comando y Servicios”, dijo. Dependía del teniente coronel Jorge Palau, enlace entre los comandantes y “los que reciben las órdenes”. Palau era el encargado de “llevar, con asesoramiento de inteligencia, registro de quién entraba y quién no entraba”. Secuestrados, claro. El teniente Luis María O’Donnell “era el hombre de Ibarra que tenía la misión específica de recibirlos, asentarlos, llevarlos a la oficina” de Palau y más tarde “trasladarlos adonde sea”.

Sobre la “comunidad informativa”, reuniones de servicios de inteligencia para cambiar figuritas, aclaró que “no era sólo militar: participaban elementos de todos los sectores sociales”, dato central para comprender la complejidad del genocidio. Ejemplificó con “el presidente de una determinada empresa”, sin dar nombres. Las reuniones se hacían en el destacamento, a puertas cerradas.

- ¿Escuchó hablar de tirar personas al mar?, preguntó el fiscal Hugo Cañón.
- Creería que al mar no –arriesgó– por una razón sencilla: el Cuerpo V no tiene medios orgánicos. Pero de ese tema no se hablaba.

Méndez negó haber integrado la “Agrupación Tropas” que conducía el mayor Jorge Ibarra, encargada de secuestrar con vida a sus “blancos” para entregarlos a los interrogadores de La Escuelita. Es improbable que logre sostener esa falacia. En 1987 el general Vilas declaró que Méndez estaba “en comisión en la Agrupación Tropas”. Su amigo Julián Corres, prófugo de la justicia, lo recordó “bajo el mayor Ibarra”. Y el propio Ibarra admitió que, si bien Méndez estaba en Comando y Servicios, “me lo podían asignar para algún operativo”. Los conscriptos recuerdan que integraba la patota. Salían de caza después de cenar y volvían de madrugada, exitados, a relatar sus hazañas.

Méndez se refutó a sí mismo cuando explicó sus “condecoraciones”. Admitió haber participado sólo en dos operativos, ambos atípicos: las personas que debían secuestrar vivas (una pareja en el primer caso, una mujer en el segundo) se resistieron y fueron asesinadas. Ni siquiera le consta que el Ejército los haya ultimado. Cuando mataron a la pareja estaba auxiliando a un compañero, de ahí la medalla al “heroico valor en combate”; a la mujer le explotó una granada en la mano y una esquirla lo lastimó: de ahí “herido en combate”. Si el juez se atiene a sus palabras concluirá que fue premiado dos veces sin haber disparado un tiro ni detenido a nadie.

Son llamativas las memorias de los defendidos por el teniente coronel (R) Mauricio Gutiérrez (quien en dictadura prestó servicios en el departamento jurídico del Cuerpo V, se ufana de haber estado “un par de veces” en La Escuelita y en los ’90 fue procesado por encubrimiento del asesinato del soldado Omar Carrasco, causa prescripta): sólo recuerdan hechos que involucran a fallecidos, y ninguno participó de detenciones. Nadie secuestró, nadie torturó, nadie fusiló. Nadie fue.

miércoles, 1 de agosto de 2007

¿Dónde están?

Revista Dazebao
Punta Alta, año 1, número 2

Por Bruno L. Fernández

La desaparición de personas en el ámbito internacional se denomina muerte argentina. Ello marca la sistematicidad, la “fría y científica planificación del exceso”, como la denominó José Pablo Feimann, con la que actuó el Estado terrorista. Hubo un plan. Se marcaron objetivos. Se “procedió”. DZO rescata del silencio tres casos en Punta Alta que testimonian la metodología destinada al “disciplinamiento social” y la “depuración ideológica” mediante la desaparición forzada de personas. Porque la memoria no debe entenderse como una simple palabra de moda ni un mero ejercicio neuronal, sino un compromiso social. Trabajadores, militantes, jóvenes que cumplían la colimba: parte de una generación que se atrevió a decir “No”, que se trazó un horizonte de democracia y justicia social y por ello fueron señalados por del dedo inquisidor como el “mal que azotaba al país”. Recordar sus historias es recuperar sus esperanzas. Recordar la impunidad que pesa sobre los ejecutores de sus desapariciones, es pedir justicia.


Helvio

Helvio Alcides Mellino es uno de los cientos de jóvenes que fueron detenidos-desaparecidos mientras realizaban el servicio militar. Casos como el suyo demuestran hasta qué punto llegaba la cobardía, mentira y cinismo del Estado terrorista.

Sorteado. Fuerza: Marina. Destino: Base Naval de Puerto Belgrano. Los Mellino vivían en La Plata y hubieran preferido que su hijo cumpla el servicio militar en un lugar más cercano a su casa. El 2 de marzo de 1976 Helvio ingresó a la colimba. Desde entonces mantenía regularmente correspondencia con sus padres. En esas cartas contaba que le habían asignado como destino la imprenta. Que le gustaba el trabajo e incluso sus jefes estaban contentos con él. En setiembre los Mellino experimentaron un hecho extraño pero que metodológicamente se había extendido en todo el país desde el 24 de marzo: un grupo de civiles armados irrumpió en su casa de La Plata. Revolvieron todo, preguntaron nombres y pidieron por Helvio. La familia contestó que estaba cumpliendo la conscripción. En octubre de ese año Helvio recibió la orden de dejar ese puesto en la imprenta y lo trasladaron a Baterías. Cuando le tocó la licencia de fin de año, Helvio contó a sus padres que en Baterías, por falta de instrucción no hacía guardias, no manipulaba armas ni tenía puesto fijo. Después de esa última licencia, a Helvio le negaron sistemáticamente los francos, por lo que sólo se comunicaba con su familia por carta. Hasta que un día las cartas no llegaron más. Dado que hacía mucho tiempo que no tenían noticias de su hijo, los Mellino decidieron trasladarse a Puerto Belgrano. Allí le dieron novedades: el 24 de mayo de 1977 había sido enviado por el teniente de navío José Abdala Figueroa a una comisión en La Plata. Como no había regresado de esa comisión: sin más trámites la marina lo declaró desertor.

Casos como el de Helvio muestran hasta qué punto llegaba la cobardía, mentira y cinismo del Estado terrorista que utilizaba impunemente eufemismos como “deserción”, “fuga” o “enfrentamientos” para justificar sus crímenes.


Daniel

Daniel Osvaldo Carrá tenía 24 años cuando se lo llevaron de su casa que estaba a escasos 50 metros del puesto 1 de entrada a la Base Naval de Puerto Belgrano. Hoy continúa desaparecido y los responsables de su secuestro están en libertad.

Sonó el teléfono. “No pregunte quién habla, pero tengo la necesidad de decirle que su hijo estuvo en Baterías”, dijo una voz del otro lado y cortó.

El militar que llamó esa noche intentó lavar su conciencia con ese dato que no hacía otra cosa que ahondar el dolor de la familia Carrá que hacía casi un año no sabía dónde estaba su hijo Daniel.

La familia Carrá se había reunido para la navidad de 1976. Daniel tenía 24 años y su esposa estaba embarazada de meses. Había ingresado a estudiar letras en la Universidad Nacional del Sur, pero debió abandonar la carrera cuando fue sorteado para ingresar al servicio militar, y como luego tuvo que comenzar a trabajar no pudo continuar sus estudios. Había conseguido trabajo como viajante de comercio en Villa Regina, Río Negro, y allí se había mudado no hacía mucho.

El 26 de diciembre a las 4 de la mañana golpearon la puerta de la casa de su madre, en la primera cuadra de la calle Alberdi, a escasos cincuenta metros del ingreso a la BNPB. Venían en un auto y eran cinco. Todos de civil. Tres con el rostro cubierto por pasamontañas. Dos con pelucas y a cara limpia. Dijeron ser policías.

Los sicarios del Estado clandestino ingresaron a la casa. Traían armas largas. Preguntaron por Daniel, que dormía con su esposa. En el medio de los gritos de su madre ingresaron a la habitación y le apuntaron. Su esposa les suplicaba que no se lo lleven, que dejen que se vista. Cinco personas con armas largas para detener a un hombre mientras dormía. Le preguntaron su nombre, lo tiraron al piso, esposaron y encapucharon. Se lo llevaron.

Los Carrá llamaron inmediatamente a la policía. Le contestaron que no tenían orden de proceder. Que no podían hacer nada. Llamaron entonces a la vigilancia y seguridad de la Base. Allí la respuesta fue un poco más extensa: “tranquilícese, señora. Venga mañana a las 8 a hacer la denuncia. Ahora no hay personal”.

La familia Carrá comenzó una búsqueda desesperada por tener noticias de su hijo. Casi un año después por esa llamada anónima supieron que había estado detenido en Baterías. Pero nada más. Presentaron un total de cuatro habeas corpus hasta el restablecimiento de la democracia pero nunca tuvieron respuesta. Lo máximo que alcanzaron a saber es que la orden de detención habría sido transmitida desde el comando de operaciones navales de Puerto Belgrano.

El Estado clandestino-burocrático dio de esta manera muestras de su poder ilimitado de ejercer en plenitud el derecho de vida y muerte sobre los ciudadanos. Daniel Osvaldo Carrá es el único puntaltense detenido-desaparecido en la propia Punta Alta. Pero no es el único desaparecido puntaltense. Ni el único en dependencias de la BNPB.

Homenaje de FM de la Calle a los obreros asesinados de La Nueva Provincia

Hoy el diario La Nueva Provincia celebra sus 109 años de existencia.
Desde FM de la Calle preferimos acordarnos de aquellos que fueron asesinados por la última dictadura militar, esa que defiende el diario local.
LNP les debe una respuesta a los familiares y a la ciudadanía en su conjunto por los compañeros gráficos asesinados.
Escuchá el informe:
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martes, 31 de julio de 2007

Marta Bustos: “Después de 31 años volví a la cárcel de Olmos”

FM de la Calle

Marta Bustos es la Sub Delegada de las Villas en la ciudad de Bahia Blanca y militante peronista desde su juventud.
En 1973 fue electa concejal en la lista del FREJULI, pero durante la última dictadura militar ella y su familia sufrieron la persecución y la cárcel.
El 7 de abril de 1976, después que fueran secuestrados y detenidos 7 integrantes de su familia, fue detenida estando embarazada de 4 meses.
Bustos debió pasar por varios destacamentos de las fuerzas represivas, Policía Federal, Ejercito, Penal de Villa Floresta, hasta que finalmente es trasladada con otras militantes a la cárcel de Olmos.
El trato de los represores fue brutal, no les importo que estuviese embarazada, comento Bustos por FM de la Calle.
Cuando quedo detenida en la Unidad 8 de Olmos Marta estaba con 7 meses de embarazo y “el hacinamiento era cada vez más grande, pasábamos hambre, que no nos dejaba dormir” denunció.

El PARTO EN EL PENAL DE OLMOS
La militante peronista recordó que la atención a las mujeres embarazadas las daban médicos militares y señaló a dos en particular que participaron de su parto por cesaria.
A uno de ellos, de apellido García, no lo vio nunca mas, pero hay otro que en ese momento era un joven médico de apellido Tessari a quien años mas tarde volvió a ver en el Hospital Penna de Bahía Blanca.
“Había un ginecólogo en la cárcel, el doctor Tesari, un joven médico que no nos inspiraba confianza. No nos atendió mucho, a mí una sola vez. Había muy feos comentarios, no nos trataban humanamente como nos merecíamos”.
Consultada la dirigente sobre Tessari, si era uno mas de ese grupo que era hostil con las detenidas ella respondió afirmativamente.
Posteriormente comento que en el año 1982 tuvo un hijo en el Hospital José Penna de Bahía Blanca y este médico apareció en el equipo que la iba a asistir. “Cuando lo vi creía que había visto al Diablo, quería escaparme del Hospital, nadie entendía por qué gritaba. Entonces les dije que lo había conocido en la cárcel, que no tenia buenos recuerdos de él y que prefería irme a mi casa. Me prometieron que no se iba a acercar adonde yo estaba”.
El Dr. Rodolfo Enrique Tessari actualmente se desempeña en atención ginecológica en unidades sanitarias de Bahía Blanca y junto a otros profesionales dirige el Instituto médico para la mujer

lunes, 30 de julio de 2007

“Timerman volvía de los interrogatorios con revistas Cabildo en la mano”

FM de la Calle

Lo dijo una de las abogadas en el juicio al cura Von Wernich, Guadalupe Godoy, por FM de la Calle.
La abogada comentó que la semana pasada el testigo Osvaldo Papaleo, ex secretario de prensa de Isabel Perón y compañero de cautiverio de Jacobo Timerman, ratificó ante el tribunal federal 3 de La Plata lo dicho por el cónsul en New York Héctor Timerman, sobre la participación de la revista Cabildo en los interrogatorios y su vinculación con la Nueva Provincia.
Otro elemento de importancia en la declaración de Papaleo, según Godoy, es la acusación directa a la Revista SOMOS y a la editorial Atlántida de la familia Vigil como colaboradores de la dictadura militar. El testigo manifestó haber leído declaraciones de su hermana Lidia Papaleo en la revista SOMOS al momento de estar ella secuestrada (abril de 1977). El hecho provocó que Osvaldo Papaleo enviara un telegrama a la editorial Atlántida solicitando que se rectifique, y esa misma noche fue detenido por el Ejército y llevado a Puesto Vasco. Sobre el hecho, Papaleo manifestó que Darío Rojas (uno de los responsables de las torturas en Puesto Vasco) le dijo "tu problema empezó cuando mandaste este telegrama", el mismo que había enviado a editorial Atlántida y que en ese momento el represor tenía en su mano.

lunes, 16 de julio de 2007

Héctor Timerman: “La revista nazi Cabildo era financiada por el diario La Nueva Provincia”

FM de la Calle

Lo dijo el cónsul argentino en New York Héctor Timerman durante su testimonio en el juicio que se está desarrollando en los tribunales de la ciudad de La Plata contra el cura Cristian Von Wernich.
Timerman declaró por el secuestro y torturas que sufrió su padre, el periodista Jacobo Timerman, director y fundador del diario La Opinión.
En su relato, el actual funcionario en los Estados Unidos mencionó el comentario del testigo Osvaldo Papaleo, que estuvo preso con su padre, quien denunció cómo la revista nazi Cabildo iba a interrogar a Timerman, y que esta publicación -según Papaleo- estaba financiada, en ese entonces, por el diario La Nueva Provincia.
Héctor Timerman no descarta que esto fuese cierto porque “en ese momento La Nueva Provincia publicaba casi a diario supuestos testimonios de mi padre, mientras estaba desaprecido. O ellos participaban o alguien les daba información sobre los supuestos interrogatorios”.

sábado, 14 de julio de 2007

Los operadores de la impunidad

Ecodías
La muerte de otro represor


Por Eduardo A. Hidalgo, secretario general de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca


Ha muerto Santiago Cruciani, “El Tío”. Interrogador, torturador y asesino de vecinos de esta Bahía del Silencio. Suboficial Mayor Baqueano del Ejército en su origen. Murió impune. Impunidad, creemos, operada por el juez de la causa. Impunidad de un burócrata del poder judicial.

Un juez que pretende bronces y glorias. Juez que proclama su compromiso de hacer justicia cada vez que hablamos con él. Juez cuya conducta es igual a los que silenciaron su voz entonces, cuando el genocidio arrasaba la vida de los argentinos. Juez que se suma a los que cuando se inició la primera búsqueda de justicia, aportaron su mejor cuota de obstáculos. Juez que se integra a los que ahora vuelven a ser los mejores operadores de la impunidad y el olvido.

Alcindo Álvarez Canale, Juez Federal del Juzgado N° 1 sería la versión local de todo eso. Casi dos años después su más eficaz tarea parecería ser la de operar para la impunidad de los genocidas.

Hoy está más claro que nunca. ¿Se sentirá satisfecho de no haber permitido que prosperara hasta hoy el juicio oral del genocida Cruciani?

Ibarra muerto, Cruciani muerto, Álvarez y el “Laucha” Corres prófugos. ¿Cuántos más además de ellos? Vilas, Streich y De Piano, hace meses enroscados en la burocracia de pericias médicas. Delmé, Páez y Bayon: detenidos VIP en Campo de Mayo.

Esto es lo que hizo en dos años el juez Alcindo Álvarez Canale por la justicia. Impunidad por muerte biológica. Impunidad por fuga ante procedimientos intencionalmente lentos. Impunidad por burocracia judicial. Impunidad de indagatorias no permitidas.

¿Este juez no merecería estar preso con los genocidas? Existen muchas dudas de que este juez pretende parecer lo que no es y se muestra como lo que en realidad es… ¿parte de la impunidad?

Alcindo Álvarez Canale nunca fue para nosotros un juez confiable. Alcindo Álvarez Canale merece nuestro más profundo repudio. Alcindo Álvarez Canale sería ya sin dudas un juez operador más que destacado, para la impunidad de los genocidas que actuaron en la Bahía del Silencio.

lunes, 2 de julio de 2007

Torturas en Bahía Blanca

Ecodías
Referencia histórica


La concejala Elisa Quartucci presentó un proyecto de ordenanza para que se autorice la colocación de una referencia histórica en el camino La Carrindanga, en las inmediaciones del predio donde funcionó el centro clandestino de detención “La Escuelita”, durante la última dictadura militar.

“Es un lugar normalmente transitado por muchos vecinos aunque cuando uno pasa por allí enfrente y al no existir la construcción, uno no lo ubica físicamente. Me parece que son cuestiones que hay que recordar, que todas aquellas personas que pasemos por allí, sepamos que en Bahía y en ese lugar sufrió mucha gente. Hubo gente torturada, secuestrada, chicos que nacieron y gente asesinada, y posteriormente muchos de ellos desaparecidos”, dijo la edila a EcoDias.

La consigna a inscribir en la referencia sería la siguiente: “En este predio funcionó durante la dictadura cívico militar genocida entre 1976 y 1983, el Centro Clandestino de Detención denominado ‘La Escuelita’. Por él pasaron cientos de vecinos de nuestra ciudad y las provincias de Río Negro y Neuquén. Muchos de ellos fueron torturados y luego llevados a la cárcel. Pero la mayoría fueron asesinados o se encuentran desaparecidos. Aquí nacieron al menos dos bebés, apropiados por los desaparecedores de sus madres Graciela Izurieta y Graciela Romero de Metz”.

“Hay que tener en cuenta que la APDH, si mal no recuerdo hace dos años atrás, en los actos que normalmente se hacen por el 24 de marzo habían puesto una referencia histórica. En verdad, había sido decisión de la agrupación y de otros que participamos en este tipo de actos. Pero que el gobierno municipal decida a través de una ordenanza la colocación de una referencia, lo que hace es darle una jerarquía y una entidad suficiente para que sea toda la ciudad la que reseñe en ese lugar lo que uno pretende”, aseguró Quartucci.

Finalmente destacó que “es importante que a medida que pasan los años conservemos esos pequeños espacios para la memoria, más allá de reclamar justicia y castigo”.

lunes, 18 de junio de 2007

Represores presos en Bahía

Página/12

Un juez federal dictó prisión preventiva para tres oficiales retirados, acusados por torturas y desapariciones. Otro juez declaró nulos los indultos que beneficiaban a seis marinos.

Por Diego Martínez
El juez federal Alcindo Alvarez Canale dictó el miércoles el procesamiento con prisión preventiva de tres oficiales retirados del Ejército como autores mediatos de secuestros, torturas, homicidios y desapariciones ocurridos en Bahía Blanca durante la última dictadura, cuando integraban el Estado Mayor del Cuerpo V. Un día después, el juez federal ad hoc Eduardo Tentoni declaró nulas las leyes de impunidad y los indultos que beneficiaban a seis oficiales superiores de la Armada imputados por delitos de lesa humanidad cometidos en la base naval de Puerto Belgrano y en la de infantería de marina Baterías. En los próximos días –salvo que el coronel decida dejar de jugar a las escondidas–, Alvarez Canale dictará el pedido de captura nacional e internacional de Aldo Mario Alvarez, jefe del departamento II de Inteligencia.


Los flamantes procesados son el general de brigada Juan Manuel Bayón, el coronel Hugo Jorge Delmé y el teniente coronel Osvaldo Bernardino Páez. Bayón fue durante 1976 jefe del departamento III Operaciones, del cual dependía el “equipo de combate contra la subversión”, como definió el fallecido teniente coronel Emilio Ibarra a la patota de secuestradores que encabezaba. En 1977 fue director de la Escuela Superior de Guerra. El “mayor Delmé”, así lo recuerdan las familias que lo padecieron, era el encargado de negar información a quienes pedían explicaciones sobre los desaparecidos, en cautiverio a 200 metros de su oficina. En 1999 declaró que llevaba un registro de todos los detenidos pero ignoraba la existencia de secuestrados, “sólo por rumores sabía de la existencia del LRD” o lugar de reunión de detenidos, traducción castrense de centro clandestino de detención. Páez fue jefe de la división Educación, Instrucción y Acción Cívica, y presidió un autodenominado “Consejo de Guerra Especial” que parodió un juicio a tres secuestrados que el Ejército decidió no asesinar. En 1977 fue trasladado a Campo de Mayo. Los tres están presos en el Instituto Penal de las Fuerzas Armadas en Campo de Mayo.

La resolución de Tentoni retrotrae la situación de los marinos a 1989, cuando el ex presidente Carlos Menem los indultó. Un año antes, la Cámara Federal de Bahía Blanca los había citado a indagatoria por 42 casos de secuestros y torturas en centros clandestinos de Punta Alta. Tres de los seis imputados están actualmente procesados con preventiva: los vicealmirantes Julio Antonio Torti y Antonio Vañek, en la causa ESMA, gozan de prisión domiciliaria; el contraalmirante Juan Carlos Malugani, por los crímenes en la base naval de Mar del Plata, está preso en dependencias de la Policía Federal marplatense. Los otros tres, aún impunes y libres, son el vicealmirante Juan José Lombardo, el contraalmirante Raúl Alberto Marino y el capitán de navío Edmundo Núñez. La resolución judicial incluye también al contraalmirante Luis María Mendía y al capitán de navío Zenón Saúl Bolino, ambos fallecidos. Es comprensible que los bahienses no se hayan enterado del paso dado por Mendía: La Nueva Provincia, que hace treinta años publicaba su sonrisa día por medio, fue el único diario del país que no lo informó.

A un año y medio de la presentación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos local e Hijos Capital y a ocho meses de que los fiscales Hugo Cañón y Antonio Castaño solicitaran 75 detenciones, la causa del Cuerpo V tiene apenas cuatro detenidos (el primero fue el suboficial Santiago Cruciani, interrogador de La Escuelita) y dos prófugos: el teniente coronel Julián Oscar Corres, que administraba la picana eléctrica, y el coronel Aldo Alvarez, de quien dependía la Laucha Corres, según lo admitió durante el Juicio por la Verdad. Hasta hace un par de semanas Alvarez vivió en Coronel Encalada 1200 del barrio cerrado Laguna del Sol, en Troncos del Talar, partido de Tigre. Cuando la policía fue a buscarlo una hija les explicó que sus padres se habían esfumado de la tierra.


La estrategia del avestruz / recuadro
Por primera vez en tres décadas la Justicia de Bahía Blanca incluyó en un procesamiento por crímenes cometidos al amparo del terrorismo de Estado los casos de Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, delegados gremiales de La Nueva Provincia, secuestrados, torturados y acribillados a balazos en 1976. Ambos habían encabezado las reivindicaciones laborales de los trabajadores de la empresa. El diario dirigido por Diana Julio de Massot, que los había acusado de integrar “un sóviet” infiltrado en sus filas, omitió denunciar los secuestros, informó en veinte líneas la aparición de los cadáveres y nunca más recordó el caso. El miércoles, la señora de Massot estaba citada para declarar en el Juicio por la Verdad de La Plata sobre la detenida desaparecida Susana Lebed, sobrina de su abogado Néstor Jáuregui, por quien intercedió ante los generales Ramón Camps y Edmundo Ojeda. Por segunda vez prefirió enviar un certificado médico para justificar su ausencia. En los Juicios por la Verdad, tanto militares como policías o cómplices civiles pueden admitir sus delitos sin riesgo de quedar detenidos. El juez Alvarez Canale, en cambio, sólo puede citarlos a prestar declaración indagatoria.

viernes, 1 de junio de 2007

"En Punta Alta hubo al menos dos centros clandestinos de detención"

Revista Dazebao.
Punta Alta, año 1, número 1.

Diálogo con Diego Martínez, periodista colaborador de Página/12 y Ecodías (Bahía Blanca), y miembro del programa Memoria y Lucha contra la Impunidad del Terrorismo de Estado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que impulsa desde 1978 el juicio y castigo a los responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

Por Bruno Leonardo Fernández


- Las investigaciones del CELS y, en su momento, la CONADEP han identificado la existencia de centros clandestinos de detención en dependencias de Puerto Belgrano ¿Se ha podido precisar cuántos y cuáles fueron estos lugares; desde cuándo y hasta cuándo funcionaron; cuántas personas fueron alojadas allí, la procedencia de las mismas y su destino final?


- En Punta Alta hubo al menos dos centros clandestinos. Uno en Baterías, probablemente en el ex Batallón de Infantería de Artillería Antiaérea (BIAA), contra la costa, más conocido como séptima batería. Era un edificio viejo y húmedo que se inundaba cuando llovía. Los secuestrados pasaban día y noche en colchonetas inmundas, sobre piso de portland, vendados y encapuchados. Desde allí escuchaban a gente distendida en una playa. El otro funcionó en un barco desmantelado, copado por ratas, amarrado a un muelle, aparentemente frente a la plaza del comando anfibios en Baterías, aunque otras fuentes creen que estaba en Puerto Belgrano. Como la justicia nunca investigó estos centros de tortura es difícil hacer afirmaciones precisas. Hay evidencias de cautiverios allí al menos desde 1975 y hasta 1978. La mayor parte de los secuestros fueron en Bahía Blanca. También hay casos de conscriptos a quienes se les perdió el rastro en Punta Alta y luego la Armada los declaró desertores, y de personas trasladadas desde los centros clandestinos que funcionaron en la base naval de Mar del Plata y la ESMA. La mayoría están desaparecidos.

- Si bien este no fue el único lugar donde hubo Centros Clandestinos de Detención (CCD) controlados por la Marina, es de los que menos información se tiene. ¿Por qué cree Ud. que esto es así?

- Por varias razones. La cantidad de secuestrados es baja en comparación con la ESMA o Mar del Plata, y la cantidad de sobrevivientes es mínima. La represión en esa región le correspondía en principio al Ejército. Por otra parte, hubo y hay un control absoluto sobre la población civil de Punta Alta, impensable en otros pagos. Pero sin duda la razón fundamental debe buscarse en la colaboración de los grandes medios de comunicación. Mientras la Armada secuestraba, torturaba y desaparecía a miles de personas, la directora de La Nueva Provincia Diana Julio de Massot recibía en su despacho al comandante de operaciones navales, vicealmirante Luis María Mendía (hoy preso por sus crímenes en la ESMA); su hijo Vicente visitaba al director de la ESMA almirante Rubén Chamorro, que vivía en la planta baja del mismo casino de oficiales en cuyo subsuelo se torturaba; y el secretario de redacción Mario Gabrielli paseaba por Europa en la fragata Libertad, desde cuyos puertos enviaba frases memorables como “yo quisiera que mi país fuera como la Marina”... Algunas máquinas de escribir han torturado con más saña que varias picanas.

- En el 2003 allanan un galpón en Florida al 200 de Ciudad Atlántida en Punta Alta. Este lugar según informaciones periodísticas habría pertenecido al represor Tigre Acosta y estaría a nombre de su mujer. En este galpón se encontraron desde un auto hasta objetos personales que serían “botines de guerra” ¿Qué se sabe al respecto? ¿La práctica de los “botines de guerra” fue especialmente utilizada por la marina? ¿Se sospecha de la existencia de otros lugares similares?

- El saqueo de las viviendas después de secuestrar a sus ocupantes no fue privativo de la Armada sino práctica común de todas las fuerzas armadas y policiales durante la dictadura. En Bahía Blanca hay decenas de testimonios de casas desmanteladas por el Ejército. Sobre el allanamiento al galpón de Acosta en Punta Alta se sabe que los servicios de inteligencia naval lo limpiaron la madrugada anterior. Sólo dejaron, entre otros papeles inservibles, una foto del ex dictador Videla dedicada al jefe del grupo de tareas de la ESMA, a quien considera “un apóstol incondicional de mis ideas”, y una postal enviada por el genocida Massera desde Londres. Ignoro si existen lugares similares, aunque no hay razones para descartarlo.

- Pero más allá de todo, esto quiere decir que aun hoy, en plena democracia, dentro de la Marina existen al menos ciertos sectores que continúan borrando pruebas, fraguando información... O por lo menos se puede hipotetizar una antigua oficialidad con la suficiente capacidad operativa para seguir influyendo. Es por lo menos preocupantes, ¿no cree Ud.?

- Pienso que es un hecho aislado ocurrido en una ciudad muy particular. No debe sobredimensionarse. La influencia de esa vieja oficialidad es sólo sobre sectores marginales, cuya capacidad operativa se limita a sus círculos íntimos. Las nuevas promociones de militares y marinos han dado reiteradas muestras de subordinación absoluta al poder civil y de rechazo al lastre que pretenden cargarles quienes sirvieron al Estado terrorista. Hoy existe un Estado que los educa para ser ciudadanos antes que militares, hombres y mujeres integrados en una sociedad y no parias adoctrinados por capellanes católicos apostólicos romanos en cuarteles sin contacto con el mundo exterior.

- A partir del testimonio de los sobrevivientes ¿Cuál era la metodología utilizada en la captura ilegal de los/as detenidos/as; las practicas en estos “laboratorios del horror”?

- Las prácticas del terrorismo de Estado fueron comunes en todo el país. Buchones e infiltrados en todas las organizaciones sociales y políticas para obtener información. Una vez seleccionados los “blancos humanos”, como los denominó un militar durante el Juicio a las Juntas, los grupos de tareas, sin uniforme y en autos particulares, procedían al secuestro, por lo general de madrugada. Ya en el campo de concentración, aplicación de torturas sistemáticas, a priori para obtener información sobre “nuevos blancos”, a posteriori por sadismo puro. Y finalmente la “eliminación”, es decir el asesinato de hombres y mujeres indefensos, y la desaparición de los cuerpos para borrar cualquier rastro. Una particularidad de la zona es la gran cantidad de secuestrados asesinados en enfrentamientos fraguados, método por el cual la proporción de desaparecidos es menor al promedio del país.

- Ud. publicó una nota en Página/12 con una sobreviviente de Puerto Belgrano, si mal no recuerdo esta persona hablaba públicamente por primera vez acerca de su detención ¿Por qué cree que se animó a hablar? ¿La política de Derechos Humanos llevada adelante por el gobierno habrá influido? ¿Su testimonio alentará a otros?

- Más que las políticas del gobierno supongo que influyen la maduración de la sociedad, la disminución del terror internalizado durante años, la necesidad de las nuevas generaciones de conocer la historia real, no-oficial. Sin esa evolución social más de un sobreviviente probablemente no podría expresar el horror padecido. En el caso específico de la pregunta, dada la admirable entereza de la mujer que aceptó hacer público su testimonio, no tengo dudas que pudo haberlo hecho muchos años antes, sólo que nadie estuvo dispuesto a escucharla.

- Claro, para relatar sufrimientos es necesario encontrar en el otro la voluntad de escuchar, dicen los historiadores especializados en temáticas de la memoria. Asimismo la memoria es un relato comunicable, con un mínimo de coherencia como dice Jelin; sin embargo, los testimonios de los sobrevivientes de los CCD son relatos de lo que no tiene nombre, de lo que cae por fuera del registro de lo narrable, que intenta explicar lo irracional ¿Cuáles son sus experiencias al respecto, con los sobrevivientes, en las investigaciones que ha llevado a cabo?

- Los sobrevivientes han pasado por distintas etapas, por vivencias y sufrimientos difíciles de generalizar. Desde el exilio muchos han testimoniado el horror de los centro clandestinos. Esa posibilidad de expresarse, además de hacer posible el camino de verdad, juicio y castigo, también les permitió rehacer medianamente sus vidas. En el otro extremo, quienes siguieron viviendo en las mismas ciudades o pueblos donde fueron secuestrados y torturados han tenido que soportar desde el “algo habrán hecho” hasta la convivencia con los sicarios. Bahía es un ejemplo casi insuperable, no sólo por su diario naval sino también por su iglesia, que primero persiguió a sus sacerdotes díscolos hasta obligarlos a dejar la ciudad, después se desentendió de decenas de pibes surgidos de grupos católicos, que hoy integran listados de desaparecidos, y por último les cerró las puertas a padres y hermanos. Es difícil imaginar un contexto más hostil para los sobrevivientes y sus familiares.

- ¿Cómo ve la política de Derechos Humanos qué está llevando adelante el Gobierno Nacional? ¿Se llegará a un enjuiciamiento de los responsables civiles y militares?


- El gobierno de Kirchner desterró para siempre la teoría de los dos demonios, aceptó la demanda de los organismos de derechos humanos de recuperar para la sociedad emblemas del terrorismo de Estado como la ESMA o La Perla, e impulsó la nulidad de las leyes de impunidad que hicieron posible la reapertura de las investigaciones judiciales contra los genocidas. Sin embargo, ha demostrado mucha más voluntad que capacidad para impulsar los juicios. Claro que la lentitud, cuando no la paralización de una causa, es un tema que excede a un gobierno. El caso de Bahía Blanca es un ejemplo claro. Con los delitos que la Cámara Federal probó en 1986 y los procesamientos que alcanzó a dictar, el juez federal Alvarez Canale ya podría haber detenido, indagado y procesado a decenas de represores. Cuando desde la justicia hay una voluntad explícita de no investigar y, como ocurre en Bahía, el poder político y los sectores dominantes prefieren esconder el pasado debajo de la alfombra, no se le pueden pedir milagros al gobierno nacional.

- Sin embargo, el pasado que se rememora (o se olvida) es activado en un presente en función de un futuro, y las coyunturas sociales y políticas de activación de la memoria son fundamentales. Siguiendo su análisis podemos decir que la maduración de la sociedad hará entonces que estas políticas trasciendan el gobierno de turno, pero aun falta el “cambio generacional” de la justicia, por decirlo de alguna manera.

- Las políticas de memoria, verdad y justicia surgieron de los organismos de derechos humanos durante la dictadura, es decir que precedieron en un cuarto de siglo al gobierno de turno y seguramente también lo trascenderán. Los reclamos que hace treinta años hacían las Madres de Plaza de Mayo hoy están extendidos a toda la sociedad, no sólo gracias a los hijos de desaparecidos que tomaron la posta sino a miles de jóvenes cuyos padres no tuvieron ningún tipo de militancia social ni política. Es un efecto que los genocidas tampoco previeron. Sobre el cambio generacional en la justicia, pienso que se está dando natural y gradualmente. El problema es que las urgencias de la sociedad suelen no soportar los tiempos de las estructuras burocráticas.

- En la construcción de la historia hay tanto disputas como negociaciones del sentido del pasado. Del mismo modo, la historia se construye a través de cambios y continuidades. La “coherencia” de Massot marcaría en cierta medida las continuidad, pero hay otras en especial de las que me gustaría conocer su reflexión. Los discursos de la junta militar, al intentar justificar y legitimar la toma del poder hablaban de “unidad nacional”, “bien común”, “memoria”, etc., haciendo referencia a la situación previa al golpe. Los ejes principales de los discursos de entonces giraban en torno a que las FFAA fueron “obligadas” a tomar el poder, su objetivo central fue la “lucha contra la subversión”, asumieron “interpretando” las aspiraciones de todos los argentinos y otras falacias. En los últimos tiempos, y con más ímpetu desde la declaración de nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, ciertos sectores vinculados, en coherente continuidad, con las FFAA (por parentelas, amistades, sentires y pensares), sumado a sectores ultraconservadores de la iglesia parecen haber despertado y esgrimen los mismos argumentos. Ejemplo de ellos son Cecila Pando y actos como los del año 2006 en Plaza San Martín de Buenos Aires. Cree Ud. que sean grupos aislados, nostálgicos de un poder que ya no tienen o bien poseen un peso específico propio.

- Son grupos aislados, de represores desesperados al ver que la impunidad se les acaba. Tan aislados están que hasta sus familiares los abandonan: el año pasado la hija del comisario Valentín Pretti se presentó ante la justicia para decir “soy la hija de un torturador, quiero cambiarme el apellido, no acepto ser la heredera de todo ese horror”. Otros hijos de militares y policías paradójicamente se acercan a organismos de derechos humanos para saber quiénes fueron sus padres. Esto también es consecuencia de la impunidad. Los famosos “verdes” que custodiaban a los cautivos en la ESMA, que usaban apodos de animales para ocultar su identidad y a cuyas familias la Armada también engañaba, mintiéndole sobre los verdaderos destinos, eran suboficiales de 18 años. Obligados a actuar como servidumbre de los superiores, algunos se integraron al aparato terrorista; otros sufrieron e incluso tuvieron actitudes muy dignas en medio de ese infierno. Pero al no existir una justicia que investigue, castigue al culpable y absuelva al inocente, la sospecha se generaliza. La consecuencia es que, cuando uno se enfrenta a un militar o marino que haya tenido más de 18 años en 1976, no puede dejar de preguntarse si no está frente a un torturador.


Detrás de las noticias
/ recuadro

- En cuanto a la prensa hubo diarios directamente intervenidos y otros que actuaron en complicidad. El editorial de la publicación de TELAM por el 30 aniversario del golpe es ilustrativo de la reparación histórica. Esto a nivel local…


- Es inevitable recaer en el problema de los medios de comunicación. La investigación del terrorismo de Estado local que realizó la Cámara Federal de Bahía Blanca hasta la sanción de las leyes de impunidad de Alfonsín fue ejemplar. Contra reloj probó decenas de secuestros, demostró que los supuestos tiroteos fueron fusilamientos de personas destruidas en una mesa de tortura, y alcanzó a procesar a los militares de mayor jerarquía. ¿Cuántas de estas historias probadas por la justicia publicó la prensa local? Ninguna. ¿Qué publicaba mientras tanto? Informes oficiales de la Armada para desacreditar a los testigos.

- Desde las páginas de un diario de Bahía Blanca se ataca constantemente la política de DDHH, que antes hablábamos, con el mismo lenguaje que se defendía el Terrorismo de Estado implantado en 1976 ¿Qué puede decir del secretario ejecutivo de ese diario, Vicente Gonzalo María Massot?


- Pienso que es un hombre coherente. Los Massot pidieron a gritos la intervención militar, celebraron el golpe de Estado, pusieron todos sus medios al servicio de los genocidas (que como agradecimiento asesinaron también a los dos principales delegados gremiales de su empresa), justificaron el exterminio desde sus editoriales y hasta hoy lo siguen reivindicando. Una coherencia inobjetable.

- Los medios locales se han hecho relativamente poco eco de los asesinatos de Heinrich y Loyola a los se refiere.


- Los medios locales están cambiando. Hace un año le propuse a los compañeros del semanario Ecodías publicar esa historia y no dudaron un segundo. Ahora mismo lo estamos hablando para una flamante publicación. De Bahía surgen periodistas con ganas de trabajar en serio, que al no encontrar la forma de subsistir lamentablemente se terminan alejando de la ciudad. Es imprescindible que la sociedad, sus empresas, respalden a los medios chicos, que a diferencia de los históricos nacen sin prontuario a cuestas.

- Un viejo estadista europeo decía que le temía más cien periodistas que a un batallón de soldados. En este caso parece que los periodistas trabajan para el batallón. Así como continúan sus directivos, continúan muchos periodistas y su línea editorial, podríamos decir que no le fue necesario reciclarse. Pero la pregunta es: esa línea reaccionaria responde sólo a la nostalgia represiva de algunos periodistas o existe un sector social que se ve reflejado en el diario? Es decir ¿qué hay detrás de las noticias? ¿Tienen trascendencia nacional sus editoriales y articulistas?


- Para responder con propiedad sobre los sectores que se ven reflejados detrás de ese diario es imprescindible un estudio sociológico o antropológico serio, que lamentablemente no existe. A la distancia, pienso que ese sector social está no sólo disperso sino también en vías de extinción. Sobre la trascendencia de los editoriales a nivel nacional, temo que es nula: no conozco lectores de ese diario y sólo he visto sus artículos en sitios web nostálgicos del terrorismo de Estado.

Prohibido pasar al olvido

Revista Dazebao
Punta Alta, año 1, número 1.

Fatalmente condenada por la geografía, Punta Alta nació con un vecino incómodo. El puerto militar fue tanto motor de expansión de la ciudad, como lastre que le imprimió particulares características idiosincrásicas. Por primera vez un medio periodístico realiza una investigación a nivel local de las páginas más negras de la historia Argentina. Esta es la primera de una serie de notas que DAZEBAO presenta sobre el terrorismo de Estado en Punta Alta.



Por Emiliano Marconetto

La historia local parece haber sido pisoteada por un canguro que selectivamente, con sus saltos, le destruyó todo costado dramático y controversial, convirtiéndola en una suerte de novela naïf. Habitualmente se recuerdan las proezas del hazañoso ingeniero y las luchas contra viento y marea de los promotores de la autonomía. Sin olvidarse, claro está, de las magníficas pisadas de dinosaurios. Pero sólo las de los que habitaron Pehuén-Co. Las huellas de esos otros dinosaurios, los que pasaron por Puerto Belgrano y Baterías en los medievales años setentas, parecen haber sido otra víctima más del canguro amigo del olvido y la violencia a la que todo un país fue sumergido aparenta, a primera vista, haber dejado a la ciudad en una suerte de isla a la que las aguas contaminadas con sangre sólo rozaron sus costas.

Los medios con medias en sus rostros

Como ocurrió en casi todo el país, uno de los principales responsables en transmitir esas impresiones fueron los medios de comunicación. Cualquiera que se sumerja en el archivo histórico de Punta Alta, en el relevo de las páginas de los periódicos locales de la época, observará que la banalidad se codeaba con la moral. Allí, abundan las lecciones del tipo “cómo hacer que sus brownies sean más esponjosos”, y las aspiraciones alla “Ser Padres Hoy” aconsejando, por ejemplo, como educar a sus hijos para que logren convertirse en “hombres de bien”, según los valores “occidentales y cristianos”.

Pero para entender mejor la peculiar situación del lugar, es necesario hacer aquí un parate. Esta apreciación de “hombres de bien”, que esconde toda una definición ideológica y política, no es privativa de la ciudad. Sin embargo, aquí se cristaliza de una forma especial. En Punta Alta (y aquí sería necesario recurrir a un intenso estudio sociológico e histórico que arribe a alguna explicación acerca del porqué) el deseo de la época más anhelado y compartido por los progenitores era que su hijo decida convertirse en Oficial de Marina. Si la descendiente resultaba una nena, hasta el 2002 estuvo vedado el acceso a las mujeres a esta profesión, que se case con un Oficial era tocar el cielo con las manos. Toda una misión cumplida. Quizás sea por esta idea de ciudadano que los “chupados”, los sacerdotes bombardeados, las intimidaciones al que osaba decir una palabra demás, los buques-cárceles y los vejámenes y tormentos a los que varios puntaltenses fueron sometidos por pensar en una realidad social diferente, quedaron relegados al chusmerío de almacén, al comentario de entrecasa. El “¿será verdad?”, el “¡pero yo a ese Oficial lo conozco, no sería capaz de hacer nada de eso!” y el fatídico y registrado “Si es así, algo habrán hecho”, encontraban campo fértil en una ciudad abonada por el silencio, donde elevar la voz más de lo debido era una locura.

Huele a espíritu adolescente

Las voces, sin embargo, se elevaban. En Punta Alta, la ciudad en la que no-pasa-nada, al igual que en otros puntos del país, se empezaban a respirar leves aromas de cambio. La pasividad sumisa empezaba a dejarse de lado para que un comprometido activismo político tomara lugar. Estos aires eran más fuertes en el sector juvenil, donde el que no comulgaba con alguna idea política era considerado un marcianito. El “eras parte del problema o eras parte de la solución” estaba en pleno auge.

La Iglesia, a través de grupos juveniles como Acción Católica, oficiaba como ente aglutinante de los diversos sectores del peronismo. Al hablar con militantes de la época no hay ninguno que no deje de mencionar a Miguel Sarmiento y a Hugo Segovia, figuras centrales del Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo. Ambos intentaban, desde la religión, acercar a los jóvenes a una realidad social que era considerada por muchos un tabú. Esta “herejía” fue suficiente motivo para el ofuscamiento de los defensores del carácter aristocratizante de la Iglesia: luego de amenazas Sarmiento se vio obligado a dejar los hábitos. Para Segovia las intimidaciones se convirtieron en atentado, cuando una bomba explotó en la puerta de su casa. Se salvó, pero para seguir predicando entre los vivos, tuvo que exiliarse.

Mi pasado me condena

Hasta 1997 lo sucedido rejas adentro estaba cubierto por un manto de misterio. Recién en ese año, algunas de las acciones más nefastas de la Armada quedaban al descubierto. Un arrepentido por interés, Adolfo Scilingo, exponía ante la Audiencia Nacional de España que durante su desempeño como Teniente de Fragata en Puerto Belgrano, en 1976, hubo actividades de carácter clandestino y “antisubversivo”. Una de las declaraciones más gráficas se refiere a una maquiavélica reunión en la que el recientemente fallecido contralmirante Luís María Mendía se encargó de explicar ante unos 900 marinos congregados en el salón de actos Bernardino Rivadavia de Puerto Belgrano que, “para resguardar la ideología occidental y cristiana, la Armada actuaría de civil, realizaría interrogatorios intensos, que incluían la práctica de tortura y el sistema de eliminación física a través de aviones que, en vuelo, arrojarían los cuerpos vivos y narcotizados al vacío, proporcionándoles de esta forma una muerte cristiana”.

A esos marinos y a todos los que participaron de la represión ilegal lanzando personas indefensas al mar como “desperdicios cristianos”, años después Mendía les diría: “mis subordinados actuaron con abnegación, valor, valentía y heroísmo. Muchos de ellos hoy están detenidos de manera absolutamente injusta e ilegal”.

Novecientas personas. En una ciudad en la que por entonces tenia aproximadamente 50.000 habitantes que en su mayoría dependía directa o indirectamente de la armada que un alto porcentaje haya presenciado semejante demostración de desprecio hacia la vida humana, hace preguntarnos cuánto se sabía y cuánto se callaba.

¿Cuánto se sabía y cuánto se callaba respecto a que la Base Naval Puerto Belgrano con su “9 de julio” y la Base Naval de Infantería de Marina con su “séptima batería” servían de Centros Clandestinos de Detención?

Prohibido pasar

El “9 de Julio” era un buque mellizo del famoso Crucero General Belgrano que para 1976 se encontraba fondeado, listo para desguasar. Adquirido a la Marina estadounidense en 1951, esta insignia naval ya poseía un historial represivo al ser el responsable de bombardear con sus cañones el puerto de Mar del Plata durante la autodenominada Revolución Libertadora de 1955. Anclado en condiciones precarias en la dársena del puerto, meses antes de la instauración del gobierno de facto, se lo “acondicionó” para que cumpla con la función de cárcel, sellándole las claraboyas de los camarotes a fin de lograr el mayor grado de aislamiento. Esta tarea, al ser realizada por civiles de la Armada, hizo factible que en ciertos círculos trascienda el secreto a voces acerca de su pronta instauración.

Si bien se desconoce la cantidad de hombres y mujeres que fueron secuestrados y depositados en este trasto de metal oxidado, los testimonios recogidos permiten trazar un perfil de los allí detenidos: en su mayoría se trataba de dirigentes de las distintas facciones del peronismo local y bahiense y de miembros de las distintas organizaciones sindicales que fueron depuestos de sus cargos, en su mayoría el mismo 24 de marzo de 1976.

Se presume que las torturas físicas no eran realizadas en este buque. Los violentos interrogatorios con picana, golpes y submarino seco de por medio, se cometían en la jefatura de Policía de Establecimientos Navales, ese edificio de estilo colonial, color rosa pastel, ubicado frente al puesto de acceso Nº 1.

La “séptima batería” [ver nota pág. 6] es uno de los centros clandestino de los que menos datos se tienen. Solo dos sobrevivientes pudieron dejar testimonio acerca de su funcionamiento y el carácter violentísimo es registrado en ambos. Ubicado en cercanías al popular balneario de Punta Ancla, los simulacros de fusilamiento y el dejar parados a los secuestrados al sol hasta desvanecerse, eran moneda corriente. Claro está, sin olvidarse de la infaltable y ya clásica picana sobre elástico de flejes.

Es de destacar y lamentar que debido a la falta de documentación, ninguno de estos dos centros clandestinos de detención figuraron en el informe de la CONADEP “Nunca Más”.

Con el advenimiento de la “desmemocracia”, los detenidos ilegalmente por la Marina en Puerto Belgrano y en Baterías, no fueron la excepción al no encontrar amparo del horror vivido en la Justicia. En 1985, la sentencia del juicio a las Juntas Militares, en la que los jefes de las tres fuerzas recibieron su pasajera condena, indicaba en su último punto que se debían mandar todos los expedientes a cada jurisdicción para juzgar al resto de los cuadros que le continuaban en jerarquía. Pero, como una piñata llena de aire, la expectativa concluyó en desilusión. A los pocos meses de tomada esta medida, se dictaminó la Ley de Punto Final, estableciendo que si en 60 días no se citaba a todos los implicados la acción caducaba. Tras una avalancha de presentaciones, la Ley de Obediencia Debida aparecida en junio de 1987 amputó todo intento de resarcimiento a las victimas y de explicación a una sociedad puntaltense con un bache en su pasado reciente.

Debido a la presión de los organismos de Derechos Humanos y a las políticas pro-memoria impulsadas por el Gobierno Nacional, las causas por los delitos de lesa humanidad cometidos en Puerto Belgrano y Baterías durante la última dictadura militar, están por “debutar” en Tribunales en los próximos días [ver pág. 9]. Treinta y un años después, la justicia correrá oficialmente el velo de misterio que guardó los oscuros secretos de la base militar más grande del país.

jueves, 31 de mayo de 2007

Ser Madre en Bahía (a pesar de todo)

Agencia Walsh

Celia Jinkis de Korsunsky habló en su Bahía Blanca natal con el compañero Mariano Herrera. La madre de Eduardo, uno de los tantos jóvenes desaparecidos, se refirió a su encuentro con Azucena Villaflor, recordó lo complejo que significaba luchar en Bahía, la protesta en la Catedral local y el encuentro con el asesino Alfredo Astiz, entre otras situaciones que merecen ser leídas.

Por Mariano Herrera


Cuando entrás a la casa de Celia te sorprende un silencio que te hace pensar que alguien está durmiendo la siesta, sin embargo la casa de Celia está llena de música. Está en los textos que me muestra de su hijo en los que habla de la música como una manera de unir a las personas; está en sus palabras cuando cita canciones para describir tal o cual situación; está presente cuando recuerda las marchas de las madres con sus cantos y con sus palmas que fueron formando una melodía de memoria durante 30 años. Y está en su manera de contar las cosas, una manera tan tierna que cualquier canción se podría armar con sus palabras. También hay otras cosas que a cada rato son nombradas por Celia: una tiene que ver con el coraje. Celia todavía hoy se sorprende de las cosas que han hecho las Madres para saber aunque sea algo de la vida de sus hijos. Otra tiene que ver con el miedo que se tenía pero que no había que demostrar porque no había que ceder, y vaya que no cedieron. Y también está presente el humor. Celia tiene un amplio anecdotario dentro de su historia como madre de Plaza de Mayo que a pesar de tanto dolor lo muestra, lo transmite, lo enseña y lo comparte con una sonrisa.

A Celia Jinkis de Korsunsky no le pregunté la edad, primero porque no me animé, segundo porque dicen que no se debe y tercero porque no hacía falta. Ella dice que la edad le está trayendo problemas de memoria, que hay cosas que no se acuerda, y es verdad ya que algunos nombres se les escapan, pero lo primordial, lo necesario, lo que tiene que ver con la historia que debe conocerse lo recuerda y lo recuerda muy bien.

La madre de Eduardo


Celia, nacida en un pueblo de La Pampa llamado Bernasconi, ya vivía en Bahía Blanca cuando su hijo Eduardo Sergio Korsunsky desapareció. Este se encontraba viviendo y trabajando en la localidad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Tenía 24 años al momento de desaparecer, era militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores y había estudiado Economía en la Universidad Nacional del Sur. La llegada del siniestro Remus Tetu al rectorado de esa universidad de Bahía Blanca hizo que Eduardo dejara la carrera.

Desapareció el 4 de agosto de 1976. Allí Celia inicia su búsqueda y se convierte en una de las primeras madres de Plaza de Mayo: “Empecé a viajar a San Nicolás, que es el lugar donde desapareció. Recuerdo lugares desconocidos, calles empedradas, veredas angostitas, todo muy colonial. Después mis viajes fueron para Buenos Aires, al Ministerio del Interior. En esos viajes conocí a Azucena Villaflor y ahí era fácil darse cuenta que era una maestra. Ella, para que pareciéramos más, empezó a ponernos en fila, una detrás de la otra para hacerla más larga... pero las que quedaban más atrás estaban temblando. Era la primera vez que se hacía y por eso había mucho terror”.

Cuenta Celia que en esa fila eran como 60, que en Buenos Aires lo primero que hizo fue ir a la Liga por los Derechos del Hombre y ahí fue conociendo personas que estaban en su misma situación. La plaza, el Ministerio y los cuarteles se fueron convirtiendo en lugares comunes para los familiares de desaparecidos. Y en algo común también se convirtió la represión, los caballos de la policía, las armas apuntando: “El miedo era mucho sobre todo al principio, después vas aprendiendo cosas porque ya te enfrascás que hay que hacer esto y lo otro y entonces no pensás tanto, no te das cuenta del peligro y los tipos con las armas te quedan como un paisaje. Te acostumbrás de que los tipos están ahí”.

Las madres de los padres


Siempre la historia habla de las Madres de Plaza de Mayo pero nunca, o pocas veces, se refiere a los papás de los desaparecidos. Todo tiene una explicación y en la misma hay un sentido de protección de las propias madres a sus maridos. El sentimiento maternal se extendía: “Cuando venía algún papá lo metíamos adentro de la rueda que hacíamos en la plaza, los protegíamos para que los milicos no los vean, y con los jóvenes hacíamos lo mismo. Hacíamos de mamás de todos. Un día me preguntaron por qué hacíamos eso y dije que era suficiente con los que había desaparecidos y alguien tenía que cuidar a los que quedaban”. Celia reconoce que participaban más las madres que los padres, pero a la vez vuelve a hablar de esa protección hacia ellos: “Los padres eran presas fáciles. Aunque hubo varias mujeres desaparecidas, una creía que por ser mamá podíamos proteger a los hombres y a los jóvenes”.

Las madres de Bahía


Bahía Blanca es una ciudad difícil en lo que respecta a desaparecidos y derechos humanos. V Cuerpo de Ejercito por un lado, diario La Nueva Provincia por el otro y Base Naval Puerto Belgrano unos kilómetros más allá, hacían y hacen de Bahía una ciudad con un pensamiento militar que se iba expandiendo. Así y todo las madres y los familiares de desaparecidos se hicieron un lugar. Todo a través del boca en boca; Celia conoció a la familia Giménez que junto a otras similares ya se estaban organizando y juntas comenzaron la lucha en la que muchos llaman la Bahía del olvido: “Se juntaban en distintas casas, rotaban porque tampoco era seguro estar siempre en la misma. Incluso el que venía en coche lo dejaba a tres cuadras del lugar. Fui conociendo a cada uno que componía ese grupo, eran madres y padres e íbamos viendo que cosas se podían hacer”. En Bahía la Plaza de Mayo vendría a ser la Plaza Rivadavia, sin embargo ésta no funcionó como aquella. El asunto en Bahía era más difícil y más peligroso: “Acá era distinto, no nos podíamos juntar en la plaza. A veces lo pensábamos, ver si nos íbamos a animar porque no éramos tanta cantidad, éramos 28 o 30. Después pasamos bajo la APDH y uno se animó a hacer más cosas. Durante más de dos meses íbamos al cuartel y pedíamos hablar con el Comandante. Sabíamos que era para nada porque nunca nos iba a atender. Entrábamos ahí, todas con el pañuelo, y cuando nos veían ¡se ponían re locos!”.

Las madres de todos


El concepto de madre se fue extendiendo, dice Celia, porque la hermandad hacía que si había algún dato de cualquier desaparecido todas se alegraran: “El pedido era por todos porque era para todos. Todos los hijos pasaron a ser hijos de uno”. Y las madres de Bahía la lucharon, a su manera, con sus actividades. Ya en democracia con muestras de fotos en el hall del municipio, quedándose siempre una por si alguien preguntaba o conocía a alguno de los desaparecidos; y también juntando firmas para pedir juicio y castigo para los militares: “Una vez hicimos firmar el pañuelo y logramos juntar tantos pañuelos que los fuimos poniendo todos alrededor de la plaza. La plaza Rivadavia quedó rodeada por nuestros pañuelos”. De su gran memoria que dice no tener Celia saca otra anécdota, en este caso también se trata de una tarde en que juntaban firmas: “Un pibe de 17, 18 años nos dice: ‘¿y qué querían ellos?’ Entonces yo le dije: ‘¿Por qué no te vas al fondo del mar y les preguntás que querían hacer?’. Dio media vuelta y se fue, no vino más”.

El pañuelo en la iglesia


Celia habla de coraje y también de locura, de que las llamaban “las locas”: “Nos decían así, y después nos gustó la idea, estábamos locas, nos hacíamos las guapas” (risas). Y entre esas locuras surgió la de meterse en la Catedral bahiense, pleno centro de la ciudad: “Entramos y un seminarista nos preguntó quiénes éramos. En ese entonces la que hablaba era Zaira Diego y entonces después vino alguien y nos invitó a salir y nosotras que no salíamos. Nos miraban todos como a bichos raros”.

El día que lo vieron a Astiz


Hablaba antes del carácter especial que tiene Bahía Blanca, tan especial que cobijó por momentos a genocidas de la calaña de Alfredo Astiz que un 24 de marzo estaba sentado en un bar, muy cerca de donde marchaban las madres. Y las madres fueron a encontrarse con la bestia: “Nunca lo había visto... estaba ahí sentado leyendo una revista y tomando un café, nunca dio vuelta la hoja que leía... con los oídos seguramente escuchando bien y la mirada de reojo por si volaba algo. Se sabía que no había que hacerle nada. Le decían de todo, recuerdo una chica que le dijo: “no te mueras nunca, que la víbora te vaya comiendo de a poquito”.

“Salimos de las ollas para luchar”


Muchas cosas por contar quedan afuera, porque Celia dice que no se acuerda, pero se acuerda. Se acuerda de las miles de cartas que enviaban a un diario financiero hasta que este publicó algo sobre las madres de Bahía. Se acuerda de las marchas, de las respuestas recibidas, de las no respuestas recibidas, de las tardes en la APDH, y se acuerda de los desaparecidos, de los chicos: “Es un compromiso muy fuerte que hicieron entre todos para llegar a algo. Yo siempre comparo con la canción de Gieco, Cinco Siglos Igual: habrán dicho ‘basta, vamos a ver si hacemos algo’. No se, no habrá sido así tan simple pero me parece hermoso entregar la vida”.

Hoy Celia comparte su lucha junto a otras organizaciones como Ausencias Presencias, APDH y SUTEBA. Con muchos de ellos comparte estos 30 años y a otros les transmite eso de dejar la cocina para salir a la calle: “A veces pienso y me pregunto cómo tuvimos el coraje nada menos que contra quien uno luchaba. Tuvimos miedo, tuvimos de todo pero lo hicimos. No habremos hecho tanto como se hizo en otros lugares pero hicimos. Saliendo de la cocina y yendo a la calle, salimos de las ollas para luchar. Estaba eso de no ponerse a llorar a gritos porque todo era a las escondidas y porque si te ponés a llorar no podés pensar y tenés que pensar que tenés que hacer. Si lloro me pierdo en los laberintos y no puedo armar nada”.

Pero algo armaron, armaron una ronda que protege, que acuna, que cuenta, que insiste, que canta. Una linda melodía de la memoria.