miércoles, 9 de marzo de 2011

Una ayudita durante la feria judicial

DENUNCIAN A UN JUEZ BAHIENSE POR “INTROMISION” EN CAUSAS DE DERECHOS HUMANOS
El juez Gustavo Duprat, que se había excusado de intervenir en el expediente, desestimó un pedido para que ocho represores fueran detenidos. El Ministerio Público acudirá a la Cámara de Casación y enviará el caso al Consejo de la Magistratura.

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El fiscal Abel Córdoba estimó que el juez se inmiscuyó en la causa y vulneró pautas constitucionales.

Por Gabriel Morini, en PáginaI12.

Ocho represores llegarán en libertad al juicio por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca a causa de la intervención del juez de feria del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, Gustavo Andrés Duprat, que en 2009 se había excusado de formar parte de la causa. El fiscal Abel Córdoba, que investiga los delitos cometidos durante la dictadura en el marco del V Cuerpo del Ejército y había solicitado que los imputados volvieran a prisión, acudirá a la Cámara de Casación por la “intromisión” del magistrado, cuya actuación también será remitida al Consejo de la Magistratura. Duprat desestimó un pedido para revocar las excarcelaciones de los acusados y se negó a habilitar la feria judicial para tratar ese tema. Su decisión fue avalada por los magistrados del TOCF, que terminaron por alertar a los procesados de la existencia de pedidos de detención en su contra en medio de otras fugas que se generaron en esa misma causa.

El 18 de enero, Córdoba pidió al TOCF la revocación de ocho excarcelaciones para impedir que los acusados permanezcan libres en vísperas de la etapa oral del primer juicio en esa localidad que comenzaría entre el 12 y el 26 de abril. Del mismo modo había solicitado que se habilitara la feria judicial para resolver de inmediato la situación de Héctor Gonçalves, Vicente Antonio Forchetti, Héctor Abelleira, Carlos Alberto Contreras, Hugo Carlos Fantoni, Norberto Condal, Mario Carlos Méndez y Miguel Angel García Moreno. Este último, asesor de Miguel Angel Toma y ex funcionario durante el gobierno de Eduardo Duhalde, es uno de los acusados que gozó de mayores privilegios durante el proceso. El argumento del fiscal fue “neutralizar el riesgo procesal que podría llegar a afectar el trámite de la causa de modo determinante y perjudicial”, tal como se había pronunciado la Corte Suprema para las excarcelaciones en causas por delitos de lesa humanidad.

El 20 de enero, Duprat desestimó el pedido del fiscal al considerar que no era aplicable el fallo del máximo tribunal que había invocado Córdoba. “La única fundamentación en que se apoya la solicitud es el novedoso criterio que en materia de excarcelaciones adoptara la Corte”, adujo el juez al ponderar que no había elementos “ni subjetivos ni objetivos” para devolver a prisión a quienes, en algunos casos, ya se habían fugado antes. La fiscalía, cinco días después, solicitó la nulidad de lo actuado por Duprat, que “decidió sorpresivamente intervenir” en un expediente en el que se encuentra “inhibido” de actuar, denunció Córdoba al coordinador de las Unidades Fiscales, Jorge Auat. El juez excusado se negó además a habilitar la feria porque consideró que no existía “razón de urgencia alguna como para justificarla”, al mismo tiempo que, ante otras revocaciones ordenadas, tres represores ya se habían dado a la fuga. “Existe un procedimiento para designar conjueces durante la feria. El juez aprovechó ese incumplimiento para inmiscuirse en la causa y vulnerar pautas constitucionales”, le dijo Córdoba a Página/12. “El acto procesal es inválido porque ha sido cumplido irregularmente, en virtud que el juez se hallaba separado de la causa”, subrayó además el fiscal en su denuncia.

El 30 de noviembre de 2009, Duprat solicitó su propia inhibición para entender en la causa denominada 982 y sus derivadas, alegando “parcialidad” a partir de su alegada amistad con una de las víctimas del terrorismo de Estado. Su excusación fue aceptada en febrero de 2010, con lo que quedó apartado definitivamente, y el tribunal quedó conformado por los jueces Juan Velázquez, Beatriz Torterola y más tarde por Martín Bava. Córdoba denunció que el desempeño de Duprat para intervenir y dictaminar “conforma un cúmulo de conductas sumamente graves”, que han repercutido “de modo perjudicial” para la causa. Por ese motivo acudirá a la Cámara de Casación para que revoque lo actuado por el juez y además notificó al fiscal general a cargo de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de causas por violaciones a los derechos humanos. Esa unidad remitirá los antecedentes de Duprat al Consejo de la Magistratura. A pesar de estar relacionado con una de las víctimas, el magistrado ostenta vínculos con la aristocracia bahiense, que siempre jugó a favor de los represores. No es la primera vez que se lo acusa, además, de entorpecer con pequeños obstáculos de procedimiento el normal desarrollo de las causas. Hace pocos días trascendió que el magistrado compartió una cena en el Club Argentino con uno de los imputados, el juez Velázquez, y dos abogados de represores.

El 22 de febrero, el TOCF terminó por avalar la intervención de Duprat y, para resolver sobre el pedido del Ministerio Público, les pidió opinión a los ocho imputados acerca de la validez del pedido. En anteriores oportunidades nunca se compartieron con las partes los pedidos de detención solicitados por la fiscalía, que eran de carácter “reservado”. Obviamente, todos los acusados coincidieron en que no existían motivos para volver a prisión, pero con esa medida también fueron alertados de que Córdoba había ordenado sus detenciones. El TOCF terminó por no hacer lugar a la solicitud, los acusados continuarán excarcelados y podrán asistir al juicio en libertad.

sábado, 5 de marzo de 2011

Los soldados de Massot, al banquillo

Empieza en abril el primer juicio por violaciones a los derechos humanos en Bahía Blanca
Habrá, en principio, 19 imputados. Serán juzgados por delitos de lesa humanidad cometidos en el ámbito del Quinto Cuerpo de Ejército durante la dictadura. El proceso incluirá casos de un centenar de víctimas y tendrá más de 300 testigos.

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El represor Julián Oscar “Laucha” Corres, hoy excarcelado, al ser recapturado tras fugarse.

Publicado en PáginaI12.

A 35 años del comienzo de la dictadura, con los íconos locales del terrorismo de Estado en el más allá, Bahía Blanca comenzará a vivir en abril su primer juicio por delitos de lesa humanidad en el Quinto Cuerpo de Ejército. El proceso se desarrollará en la Universidad Nacional del Sur, donde estudiaba la mayor parte de los jóvenes vistos por última vez en el centro clandestino La Escuelita. Presidirá el Tribunal Oral Federal que debe juzgar a militares, policías y penitenciarios el juez Juan Leopoldo Velázquez, quien departió el jueves hasta la madrugada con los abogados que defendieron en los ’80 al general Adel Vilas, cara visible de la represión ilegal en Bahía, y con Hugo Mario Sierra, secretario durante la dictadura del fallecido juez federal Guillermo Madueño, acusado por su complicidad con los represores por el fiscal federal Abel Córdoba y aún libre e impune por cortesía del juez Alcindo Alvarez Canale.

El proceso incluirá casos de un centenar de víctimas, tendrá más de 300 testigos y, a priori, 19 imputados. Podrían sumarse otros ocho si el tribunal que también integran Beatriz Torterola y Martín Bava acelera los trámites previos a las audiencias públicas. El TOF aún no notificó a las partes, pero reservó instalaciones de la UNS y notificó al Consejo de la Magistratura que el inicio del juicio podría ser el 12 o el 26 de abril.

Fallecidos los principales responsables del Cuerpo V (Osvaldo Azpitarte, Abel Catuzzi y Vilas) y prófugo su jefe de Inteligencia Aldo Mario Alvarez, se sentarán en el banquillo seis ex miembros del Estado Mayor: el general Juan Manuel Bayón (teórico de la seguridad nacional, director en 1977 de la Escuela Superior de Guerra), los coroneles Hugo Delmé, Jorge Mansueto Swendsen, Walter Tejada y Hugo Fantoni y el teniente coronel Osvaldo Bernardino Páez. Murió en enero el coronel Argentino Cipriano Tauber.

Tres imputados prestaban servicios en el Destacamento de Inteligencia 181, donde procesaba la información arrancada en la mesa de torturas el fallecido suboficial Santiago Cruciani. Se trata de los coroneles Norberto Condal y Carlos Taffarel y del teniente coronel Jorge Granada, excarcelado por el TOF a pesar de sus antecedentes: activo en la conspiración que llevó al estado de sitio en 1985, encubridor de Luis Patti tras una orden de captura y prófugo él mismo durante varios meses.

Los otros cuatro militares pertenecían a grupos operativos. El más famoso es el teniente coronel Julián Oscar Corres, alias Laucha, apodo que admitió durante el Juicio por la Verdad y por el que lo recordaban quienes pasaron por La Escuelita. Afectado por un tumor en el estómago luego de fugarse de las narices de la Policía Federal, Corres fue excarcelado y pasa sus días en su casa de Bella Vista. El teniente coronel Miguel Angel García Moreno, condecorado por su actuación en la “lucha contra la subversión”, es más conocido por su rol en el peronismo porteño: fue concejal, asesor de Miguel Angel Toma y director del Registro de las Personas durante el interinato de Eduardo Duhalde. El teniente coronel Jorge Masson comandó la sección Infantería de la Agrupación Tropa. Mario Carlos Méndez, alias “Loco de la Guerra”, integraba la compañía de Comando y Servicios, pero se sumaba a operativos y trabajos en La Escuelita.

Los penitenciarios son Andrés Miraglia y Héctor Selaya, ex jefes de la cárcel de Villa Floresta, donde blanqueaban a los secuestrados. Murió a tiempo, en 2010, el alcaide Leonardo “Mono” Núñez, que simulaba rescatar a los desaparecidos y los encerraba en la cárcel. Los policías son los que actuaron en secuestros en Viedma: Vicente Forchetti, Héctor Abelleira, Carlos Contreras y Héctor Arturo Goncálvez. Tanto los policías como García Moreno, Fantoni, Condal y Méndez llegan a juicio en libertad gracias a la excarcelación que les concedió el juez Gustavo Andrés Duprat, que decidió intervenir en el trámite a pesar de que antes se había excusado.

Duprat también compartió la cena y sobremesa del jueves en el Club Argentino, símbolo de la aristocracia bahiense, con el imputado Sierra, el juez Velázquez y los abogados Rubén Diskin y Luis De Mira, defensores de Vilas en 1987. De Mira defiende a varios marinos imputados por crímenes en la base de Puerto Belgrano. Diskin es abogado del prófugo Alvarez y cuñado de Vicente Massot, director del diario naval La Nueva Provincia.

“De una buena vez y con un número relevante de imputados y de casos se juzgarán crímenes atroces cometidos desde estructuras de poder. Es el logro de víctimas y familiares que bregaron durante años desde el aislamiento y el castigo social, que debieron sumar a los padecimientos de la dictadura”, destacó Córdoba, responsable de la acusación junto al fiscal Horacio Azzolín. “El proceso excede el ámbito de lo jurídico y seguramente repercutirá sobre la formación de quienes estén dispuestos a comprender la dimensión que la represión tuvo en la ciudad, de los pibes que han crecido a la sombra de la negación y el silencio que los sectores responsables de los hechos siguen imponiendo en Bahía Blanca”, reflexionó.