miércoles, 31 de marzo de 2021

Rituales de la muerte en Bahía Blanca

 

Comenzó la etapa de alegatos en el juicio por los crímenes de la Triple A en el sudoeste bonaerense.

 

    Diputado Rodolfo Ponce, ex jefe de la Triple A bahiense. Foto gentileza Rodrigo Caprotti.

 

Por Diego Kenis


El juicio por crímenes de la autodenominada Alianza Anticomunista Argentina en Bahía Blanca y Huanguelén, iniciado en marzo de 2020, avanza hacia un veredicto. En más de diez horas de exposición divididas en cuatro audiencias, el fiscal Pablo Fermento acreditó el contexto, modus operandi y los 24 homicidios investigados y quedó en condiciones de solicitar penas cuando el 8 de abril complete su argumentación.

En el banquillo aguardan Raúl Aceituno, Héctor Forcelli, Osvaldo Pallero y Juan Carlos Curzio. Un quinto imputado quedó fuera: Néstor Montezanti fue incluido en el requerimiento fiscal de 2015 pero su cargo de camarista federal le permitió eludir las citaciones a indagatoria de Alejo Ramos Padilla, por entonces juez subrogante en Bahía Blanca, que no podía llevarlo por la fuerza pública pero ante los sucesivos faltazos lo declaró en rebeldía. Por esa razón su expediente tramita por separado. La Cámara Federal que presidió deberá resolver si confirma su procesamiento.

 

    Juan Carlos Curzio, Raúl Aceituno, Héctor Forcelli y Osvaldo Pallero, los imputados del juicio oral.     Foto Luis Angel Salomón.

 

Los laberintos de la impunidad

Encubiertos por la Justicia de entonces, la investigación de los delitos perpetrados por la Triple A bahiense no pasó del cumplimiento de formalidades y quedó archivada por un cuarto de siglo.

En 2003, el periodista Juan Carlos Pumilla solicitó que los crímenes del terrorismo de Estado contra víctimas pampeanas fueran investigados en su provincia a través de un Juicio por la Verdad, fórmula para garantizar el derecho de la sociedad a conocer lo ocurrido pese a la imposibilidad de avanzar en acciones penales. Uno de los casos era el asesinato de Carlos Davit, cuyo cadáver acribillado había aparecido colgando del puente que lleva su nombre, en noviembre de 1975, en Bahía Blanca. Por competencia territorial, el pedido fue separado y girado a esa ciudad. El Juicio por la Verdad nunca se concretó pero la causa penal se reactivó tras declararse la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad.

En paralelo, el resto de los crímenes adjudicados a la Triple A en la región fue incluido en el expediente que tramitaba en el Juzgado porteño de Norberto Oyarbide, quien dejó pasar el tiempo sin resoluciones hasta que en 2013 la parte bahiense de la causa fue desprendida y remitida a su jurisdicción de origen. En poco más de dos años, los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia avanzaron en la investigación y solicitaron las indagatorias de los por entonces siete acusados supervivientes.

La impunidad biológica favoreció a varios partícipes de la organización paraestatal. Sus jefes locales, el ex diputado nacional Rodolfo Ponce y el nazi rumano Remus Tetu, fallecieron hace años. Lo mismo ocurrió con el líder del grupo de choque, Jorge Argibay. Su hijo Pablo, que logró reciclarse como neurocirujano, murió poco después de ser imputado en la causa. Héctor Chisu eludió el juicio un trimestre antes de su inicio.

 

    Remus Tetu, el nazi interventor de la UNS que contrató a la patota en 1975.

 

Que la Justicia alcance ahora a sólo cinco acusados explica que el presidente del Tribunal, Roberto Amábile, haya pedido “disculpas por haber tardado 45 años en hacer este juicio” al abrir su primera audiencia.

 

El huevo de la serpiente

Las investigaciones judiciales, periodísticas y académicas coinciden en que la Triple A bahiense comenzó a gestarse en el seno de la Junta Nacional de Granos bajo el liderazgo de Ponce, principal referente local del gremio de recibidores, URGARA. Allí revistaban ya los cuatro acusados en juicio. Jorge Argibay y su hijo Pablo se incorporarían poco después.

Electo diputado nacional en 1973, Ponce se embarcó en una feroz disputa por la conducción de la seccional de la CGT contra Roberto Bustos, que representaba a los obreros de la construcción y adhería a la Tendencia Revolucionaria del peronismo.

En ese contexto, Ponce y su grupo asumieron la función de “una policía interna dentro del propio peronismo para ir desplazando a aquellos sectores vinculados a la izquierda del movimiento”, según explicó Belén Zapata, investigadora del CONICET, en su testimonio del 19 de noviembre.

El grupo paraestatal pronto comenzó a utilizar los vehículos de la Junta Nacional de Granos y la CGT para intimidar, secuestrar y asesinar a quienes, dentro o fuera del peronismo, militaban ideas de izquierda en barrios, fábricas, gremios o aulas. Durante su alegato, el fiscal Fermento recordó una vieja declaración de Argibay padre, que reconoció haber recibido armas suministradas por el mayor de Ejército Luis González. Esa relación, recordó Fermento, fue ratificada durante el mismo juicio por Daniel Argibay, que aborrece a su padre y hermano. Ya durante la dictadura, González propició el ingreso de dos miembros de la patota de la Triple A como agentes civiles del Destacamento de Inteligencia 181 del Ejército, del que era subjefe.

 

La muerte como ritual

Luis Jesús García fue la primera víctima de la Triple A bahiense. Obrero de la construcción de 18 años, el “Negrito” militó en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el Frente Antiimperialista por el Socialismo (FAS), en los barrios y la vida gremial. Pasadas las 4 de la mañana del 22 de septiembre de 1974, una patota armada lo secuestró de la casa familiar. Horas más tarde, su cuerpo acribillado apareció en las afueras de la ciudad.

El caso reviste especial importancia para la Fiscalía. No sólo por tratarse del primero sino también por la abundante prueba que lo acredita y pone en contexto: la familia de García identificó a los captores y reconoció a uno de los vehículos involucrados, un Dodge Polara verde, como perteneciente a la CGT. Por otra parte, testimonios de personas que en los días previos concurrieron a la sede de la central gremial indicaron que un gran cartel en el ingreso mostraba la foto del “Negrito” y otros dos compañeros bajo la leyenda “muerte a los zurdos”.

El cortejo fúnebre fue multitudinario. Documentos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires (DIPPBA) revelan que los espías identificaron allí a decenas de personas, a las que clasificaron por su militancia política. Muchas serían nuevas víctimas de la Triple A y la dictadura posterior.

 

    Cortejo fúnebre por la muerte del “Negrito” García. Revista Así, 27-9-74. Biblioteca Nacional,             Fondo Editorial Sarmiento.

 

El asesinato de García inició, en palabras que la Fiscalía tomó de uno de los testigos, el periodo de las “muertes rituales” que buscaban provocar terror y disciplinamiento. Arquetípico ejemplo de ello es la aparición de la “Fiambrera”, un Fiat 125 azul sin patente, que permanecía estacionado en la puerta de la CGT local. Su existencia, uso y denominación eran conocidos por la ciudad y la región, como prueban los artículos de La Nueva Provincia que lo mencionan. Varios testimonios señalan como su chofer al “Loco” Curzio, uno de los cuatro acusados de este juicio. Difícil confundirlo: Curzio era campeón de motociclismo en la especialidad de speedway, furor en Bahía Blanca.

 

Tiros en el silencio de la noche

Huanguelén, tranquila localidad del distrito bonaerense de Coronel Suárez, debe su nombre al mapudungun. Significa “lucero del alba”. Pero el 2 de diciembre de 1974 su comunidad vivió un amanecer que quebró su historia y salpicó su bella toponimia.

En la madrugada de ese día, la patota de la Triple A secuestró y asesinó al bioquímico y docente Rodolfo Gini, dejando muebles y paredes de su hogar firmadas con las tres A. Las ráfagas de ametralladora rompieron la quietud del campo. “En el silencio de la noche, ese sonido fue estremecedor”, relató un testigo citado por la Fiscalía en su alegato.

 

Las firmas de la Triple A en la casa de Rodolfo Gini tras el secuestro. Foto Fiscales.


Gini había sido candidato a senador por el Partido Demócrata Cristiano y a concejal por la Alianza Popular Revolucionaria. Los servicios de inteligencia lo seguían desde 1959, cuando estudiaba y militaba en La Plata. En los meses previos a su asesinato, la policía local y el director de la escuela en que trabajaba informaron a la DIPPBA que Gini fomentaba “la formación de elementos subversivos”. En octubre habían sido secuestrados dos militantes oriundos de Huanguelén, que bajo tortura fueron interrogados acerca del docente de bioquímica. A uno de ellos le advirtieron: “te conviene hablar, porque si no vamos a utilizar el mismo tratamiento que usamos con el ‘Negrito’ (García): agua, agua, agua: AAA”.

Los partes de inteligencia policial no dudaron en adjudicar el crimen de Gini a la Triple A y la dictadura posterior demostró la coincidencia de objetivos entre los actores del terrorismo de Estado, antes y después del 24 de marzo de 1976. En noviembre de ese año, el Ejército ocupó militarmente Huanguelén, interrogó a decenas de personas y secuestró a la viuda de Gini, Marta Favini, y a varios de sus antiguos estudiantes.

 

La Nueva Provincia

La relación del diario antiperonista La Nueva Provincia con la ortodoxia peronista de Ponce fue caracterizada por la Fiscalía como una “alianza” con momentos “de salud y tensión”, conforme se acercaba la conjura militar.

Si hacia fines de 1975 el diario denunciaba la existencia de la “Fiambrera” y cuestionaba el accionar de la patota, lo que prueba que se trataba de hechos conocidos públicamente, durante 1974 y en la primera parte del año siguiente las mismas páginas imprimieron la coincidencia de objetivos. “Los Massot y Ponce actuaban de manera absolutamente coordinada”, resumió Fermento en su alegato.

Compartiendo facsímiles en su pantalla, el fiscal agregó que “uno de los momentos de óptima salud de la alianza fue al inicio de 1975”, cuando La Nueva Provincia denunciaba la “entrega de la Universidad a las huestes marxistas” y advertía que “si de hacer listas se trata, existe material suficiente para confeccionarlas sin temor a incurrir en equivocaciones o confusiones”. Un día después de publicar esas líneas, y en consonancia con ellas, el diario reprodujo una carta de Ponce al ministro Oscar Ivanissevich, solicitando la intervención de la Universidad Nacional del Sur (UNS).

La preocupación por la participación militante en comunidades educativas no se limitaba al ámbito público, sino que llegó a involucrarse en el confesional. En la madrugada del 21 de marzo de 1975, la organización parapolicial perpetró una serie de secuestros y homicidios e irrumpió en el Instituto Superior “Juan XXIII”, con cuya prédica posconciliar no coincidían Ponce ni La Nueva Provincia. El sacerdote salesiano Carlos Dorñak, vicerrector del Instituto, fue asesinado a sangre fría.


    Pintada en la fachada del Instituto Juan XXIII, donde asesinaron al sacerdote Carlos Dorñak..

 

Los diarios personales del entonces provicario castrense Victorio Bonamín, analizados por Ariel Lede y Lucas Bilbao en el libro Profeta del genocidio, indican cuál fue su respuesta cuando la congregación acudió alarmada por el brutal homicidio. Bonamín les aconsejó “reconciliarse con La Nueva Provincia”.

 

Una Universidad propia

En su declaración testimonial durante el juicio, la investigadora Belén Zapata reconstruyó un diálogo entre Ponce y Juan Domingo Perón, que lo había recibido por intermedio de José Ignacio Rucci. Según comentó el propio Ponce a la revista El Caudillo, que clamaba por mayor autoritarismo en las aulas, durante el encuentro transmitió al Presidente su proyecto de crear una Universidad Sindical.

–Para eso ya está la Universidad Tecnológica Nacional –le respondió Perón. Habían pasado apenas tres años de sus charlas con Fernando Solanas y Octavio Getino, a quienes explicó cuál había sido su intención al fundar la UTN, originalmente llamada Universidad Obrera.

Tras la muerte de Perón, el 1º de julio de 1974, Ponce se lanzó a la conquista de las dos universidades públicas de Bahía Blanca. Esa decisión política explica que el accionar criminal paraestatal en los claustros locales se haya dado por cuenta de la misma Triple A y no de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), cuya presencia fue minoritaria en la ciudad.

En agosto de 1974 la patota armada ocupó el edificio de la Facultad Regional de la UTN, forzó la renuncia del interventor Francisco Fernández y desde el hall se dedicó a provocar a la militancia estudiantil que había marchado hasta la sede. En el grupo se podía individualizar a Montezanti, cuyo traje de abogado lo distinguía de las camperas gremiales. En septiembre último, el juez Walter López da Silva lo procesó por intimidación pública.

 

A mediados de febrero de 1975, Montezanti (foto) fue designado secretario académico de Humanidades y pocos días después el docente rumano Remus Tetu, que había huido de la Justicia de su país tras colaborar con la dictadura aliada al nazismo, asumió como interventor en el Rectorado de la UNS. La maniobra de Ponce había coronado con éxito, y el reclamo de La Nueva Provincia comenzaría a ser satisfecho.

Durante su gestión, Tetu cesanteó a decenas de docentes y no docentes, expulsó estudiantes, suprimió carreras, interrumpió planes de estudio de avanzada y aseguró financiamiento y vehículos a la patota que se había formado al servicio de Ponce. El 3 de abril de 1975, en una mañana de plena concurrencia por la inscripción a materias, tres matones que se movilizaban en el Ford Falcon del Rectorado de la UNS asesinaron en los pasillos del principal complejo de aulas al militante comunista David “Watu” Cilleruelo, que horas más tarde iba a ser reconocido como titular de la Federación Universitaria del Sur. Los testimonios señalan como partícipes materiales del crimen a Jorge Argibay, su hijo Pablo y Aceituno, que deberá responder por la acusación en el juicio próximo a concluir.

Los servicios de inteligencia policial y naval seguían a “Watu” desde varios meses antes. Lo habían identificado en el velatorio del “Negrito” García y la movilización a la UTN. Con la asunción de Tetu comenzaron a infiltrarse también en las asambleas estudiantiles que colmaban el aula más grande de la UNS. Los informes citan sus intervenciones, como aquella en que señaló a Tetu como “la intromisión del imperialismo en la UNS, con el apoyo de la Marina, única arma que había bombardeado al pueblo indefenso”.

 

        David “Watu” Cilleruelo y Luis Jesús “Negrito” García, víctimas de la Triple A.


Los automóviles de la UNS no fueron utilizados sólo en el crimen de “Watu”. En septiembre de 1975, el mismo Ford Falcon y una camioneta de doble cabina participaron del operativo ilegal en que fue asesinado Alberto Pojomovsky, cuya militancia comunista era conocida por los servicios de inteligencia. Pojomovsky ya había sufrido amenazas de la patota por su pertenencia política y su condición de judío.

Pese a las protestas de Ponce, Tetu fue relevado del cargo en los meses finales de 1975. Un cable de septiembre de 1976 de la Agencia de Noticias Clandestina que dirigía Rodolfo Walsh apunta que su figura fue reivindicada por el represor Adel Vilas en la conferencia de prensa en que anunció una persecución “por infiltración ideológica marxista” contra docentes de la UNS.

Sin importar su conocido prontuario, y pese a que nunca acreditó los títulos universitarios que se adjudicaba, Tetu continuó ejerciendo como docente de la UNS hasta su jubilación entrada la década del 80. El rector normalizador Pedro González Prieto, que había sido interventor en la institución con el golpe de 1955, no dio curso a los pedidos del movimiento estudiantil para que la primavera alfonsinista expulsase al otrora jefe universitario de la Triple A bahiense.

El tema permaneció silenciado en la UNS por décadas. Recién en 2006 se abordó institucionalmente cuando se determinó que cada 3 de abril sería Día de los Derechos Humanos en el calendario académico, en conmemoración de la fecha del homicidio de “Watu”. Cuatro años más tarde, la Universidad se presentó como querellante, condición que conserva en este juicio, que se celebra en su Aula Magna y se transmite por sus canales oficiales.

El miércoles 17, su Consejo Superior aprobó por unanimidad una resolución en que reiteró su repudio al golpe cívico militar de 1976. Uno de los considerandos incluye un primer mea culpa institucional explícito. Para consejeras y consejeros, la participación de Tetu en la jefatura de la Triple A, la provisión de empleos y vehículos a los acusados y la inacción institucional posterior, obligan a la UNS a “problematizar su propia historia y asumirse en su triple papel de víctima, escenario y victimaria de los crímenes estudiados en el presente juicio”.




lunes, 15 de junio de 2020

Operación Massot

La absolución del juez que se animó a indagar a Vicente Massot por delitos de lesa humanidad puso al desnudo la maniobra de la corporación judicial de Bahía Blanca para garantizar la impunidad del ex dueño de La Nueva Provincia. Su impulsor fue premiado por el gobierno de Macri y oficia de fiscal federal sin que el Estado repare en su conducta. Una historia de pago chico que reaviva el desafío de juzgar a los partícipes civiles del terrorismo de Estado y un leading case que duerme desde hace cuatro años en la Corte Suprema de Justicia.

Massot, al salir de su segunda indagatoria. Foto Horacio Culaciatti, Télam.

Por Diego Martínez
Unos pocos meses de 2014 como juez federal de Bahía Blanca le bastaron a Álvaro Coleffi para lograr avances significativos en las investigaciones a civiles que aportaron al terrorismo de Estado desde el poder judicial, la prensa y la Iglesia Católica. El magistrado que se atrevió a indagar a Vicente Massot por su actuación en el terrorismo de Estado y al arzobispo Guillermo Garlatti por encubrir a un ex capellán prófugo terminó el año apartado de las causas de lesa humanidad mediante una burda maniobra que tuvo como caras visibles al entonces juez subrogante Santiago Ulpiano Martínez y a su secretario Mario Augusto Fernández Moreno. La novedad, cinco años después, es la absolución de Coleffi en un juicio por filtrar escuchas a la prensa, la acusación que los operadores judiciales del entonces dueño de La Nueva Provincia volcaron en sumarios y denuncias penales para disuadirlo de investigar a los partícipes civiles de la dictadura y garantizar la impunidad del empresario. El fiscal Gabriel González Da Silva, que desistió de acusar por falta de pruebas, demostró en su alegato que Martínez direccionó la causa contra Coleffi y no investigó a los jefes locales de Drogas Ilícitas de la policía bonaerense ni de Observaciones Judiciales de la Secretaría de Inteligencia por la amistad que los une. Martínez fue recompensado por el gobierno que tuvo en primera línea a Nicolás Massot, sobrino del apologista de la tortura, y oficia como fiscal federal de Bahía Blanca sin que la Procuración General de la Nación repare en las graves irregularidades que puso en evidencia el juicio. El recurso extraordinario por el sobreseimiento encubierto de Massot está desde 2016 en la Corte Suprema de Justicia. El fiscal general Javier de Luca destacó que se trata de un leading case sobre delitos de lesa humanidad cometidos por civiles desde un medio de comunicación y advirtió que su impunidad compromete al Estado argentino.

Procurador Casal, fiscal Ulpiano Martínez. Foto: portal Fiscales.

La historia de la causa por violación de secretos judiciales que concluyó el mes pasado había comenzado el 8 de febrero de 2014 cuando la radio local La Brújula difundió la primera de una serie de escuchas a Juan Suris, detenido en una causa por narcotráfico. Coleffi, secretario penal del juzgado federal, fue quien redactó la denuncia para que se investigara la responsabilidad por la filtración de los audios que grabaron agentes de inteligencia y desgrabaron e interpretaron los policías. “El único que cumplió la obligación funcional de denunciar el posible delito fui yo”, destacó al declarar. Su informe lo recibió Martínez, quien asumió al frente de la causa pese a que integraba uno de los estamentos bajo sospecha y mantenía estrechos lazos de amistad y confianza con los actores a quienes debía investigar, según admitió en el juicio. Por tratarse de un delito de autor desconocido la instrucción quedó formalmente  a cargo del fiscal Alejandro Cantaro, por entonces amigo del juez. Durante los ocho meses siguientes el festival de escuchas continuó y el fiscal iba a la radio a comentarlas, pero la investigación no registró movimientos.

En las antípodas de esa parálisis, los avances en las investigaciones sobre la responsabilidad de civiles en delitos de lesa humanidad comenzaron a inquietar a poderosos actores locales. Los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia habían pedido el año anterior la detención e indagatoria de Massot por los secuestros, torturas y asesinatos de los obreros gráficos y delegados Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola en 1976 y por la “participación criminal concreta y específica” de La Nueva Provincia en el genocidio. Martínez se negó a citarlo y escribió que no existía ni siquiera“algún grado de complicidad” del diario con la dictadura. La Cámara Federal revocó esa decisión, lo apartó de la causa y en su reemplazó nombró como juez ad hoc a Coleffi, quien ordenó el secreto de sumario, autorizó el allanamiento del diario y el 24 de abril de 2014 indagó por primera vez al empresario. En esos días se produjo un episodio que se resignificaría con el tiempo: el secretario Fernández Moreno le ofreció al juez un borrador para fundamentar la falta de mérito de Massot. “Cuando le pregunté quién se lo había encomendado me respondió que tenía ‘la convicción de que es lo que hay que hacer’”, recuerda Coleffi.

Otro caso que tocó fibras sensibles fue el del ex capellán Aldo Vara, quien durante el reinado de la impunidad llegó a admitir que había visto las secuelas de la picana en los cuerpos de estudiantes secundarios secuestrados por el Ejército. Martínez tampoco encontró “elementos suficientes” para indagarlo pero la Cámara opinó lo contrario, lo desplazó y ordenó la captura del sacerdote. La misión recayó en Coleffi, que como relator de la Cámara a fines de los ‘90 había escuchado a aquellos jóvenes durante el Juicio por la Verdad. El 28 de abril de 2014, luego de ocho meses prófugo, el sacerdote fue detenido por Interpol en una parroquia de Ciudad del Este donde lo había escondido la Iglesia católica.

Vara murió antes de ser extraditado pero su manutención y el ocultamiento de la información sobre su paradero generaron un nuevo incordio para quienes imparten justicia con crucifijos sobre sus cabezas. Palazzani y Nebbia denunciaron a Garlatti por encubrimiento tras corroborar que un apoderado retiraba todos los meses un cheque del arzobispado para el prófugo y se toparon otra vez con Martínez, quien demoró la autorización para allanar la curia y se negó a indagarlo. El 9 de junio, mientras el magistrado se tomaba licencia para pasear por Europa con Cantaro y con el presidente de la Cámara Federal, Pablo Candisano Mera, Página/12 informó sobre la “maniobra de quienes buscan evitar que el arzobispo sea citado a indagatoria” y destacó la“obstinación en frustrar el avance de las causas de lesa humanidad con imputados civiles”. Como subrogante lo reemplazó Coleffi, quien no dudó en citar a Garlatti a indagatoria. “A nadie se le ocurrió pensar dónde iba a parar esa plata”, dijo el sacerdote a modo de defensa. Cuando terminó la declaración le estrechó la mano con fuerza. “Doctor, Dios lo está mirando”, le advirtió al juez en tono admonitorio. Coleffi lo procesó por encubrimiento agravado y desobediencia.

Arzobispo Garlattí: "Doctor, Dios lo está mirando". Foto Emmanuel Briante, La Nueva Provincia

“A partir del procesamiento se desata la persecución, porque al mismo tiempo empieza a definirse la causa Massot”, rememora el ex magistrado. “Fue un juego a dos pinzas, con una instancia administrativa y otra penal, que comenzó a ejecutarse en octubre, cuando viajé veinte días a Estados Unidos por una capacitación”, precisa.

Invocando la inacción del fiscal, Martínez decidió reasumir al frente de la causa por las escuchas y --con ocho meses de demora-- iniciar un sumario para deslindar responsabilidades sobre las medidas tomadas para proteger los audios. El momento elegido permitió que declararan todos los empleados del juzgado menos quien había denunciado el presunto delito. La secretaria sumariante le confesó a Martínez que no le gustaba “hacer nada contra (sic) un compañero”, según declaró en el juicio. Cuando Coleffi  volvió del viaje y se reintegró al juzgado le dijeron que se presentara en el quinto piso, donde lo esperaban Martínez y Fernández Moreno. “Ahí me notificó que ‘preventivamente’  me sacaba de la secretaría penal alegando ‘pérdida insalvable de confianza’ y sin darme derecho a defensa. Me dijo que no iba a declarar porque ya se habían ‘formado convicción’ de mi supuesta responsabilidad y no me dejó leer el sumario”, relata.

Cuando el sumario se elevó a la Cámara, que tras el procesamiento del arzobispo había dejado de asignarle causas, Candisano le encomendó la instrucción a Néstor Montezanti, ex agente de inteligencia del Ejército durante la dictadura e imputado en la causa Triple A. “En otro caso inédito se autodesignó instructor y luego formó parte del órgano decisor”, apunta Coleffi. “Es claro que la maniobra se urdió a partir de mi desempeño en lesa humanidad, que inquietó también a Montezanti ya que el juez que debía hacerse cargo de la causa Triple A y de sus antecedentes como agente era yo, y por cómo venía actuando sabía que iba a resolver lo que debiera”, reflexiona.

En el frente penal la activación derivó en el allanamiento y el secuestro de un pen drive y dos DVDs en el estudio de La Brújula, que seguía difundiendo las escuchas. El 5 de noviembre de 2014 Martínez procesó a su director Germán Sasso por encubrimiento, decisión que generó un amplio repudio de organizaciones y periodistas de todo el país y que revertiría la Cámara. “El procesamiento incluyó un lapsus, casi una confesión: Martínez escribió que no estaba identificado ‘el funcionario judicial (sic) que entregó los audios’ pese a que había cuatro estamentos que podían haberlos filtrado: policía, SIDE, juzgado y fiscalía”, repasa Coleffi.

El 11 de noviembre Massot estaba citado para ampliar su indagatoria pero una jugada de Martínez le permitió ganar tiempo. El día anterior a última hora le hizo saber a Coleffi que no le permitiría usar la sede del juzgado. “No dio ninguna razón funcional, simplemente dijo ‘acá no se hace’. Tuve que suspender la audiencia y fijar nueva fecha porque había una logística armada y trasladar todo al edificio de departamentos donde está la oficina de lesa humanidad era una locura”, explica.

La nueva cita fue el 20 de noviembre. Esa mañana, mientras policías y prefectos desplegaban un enorme operativo para escoltar al hombre más poderoso de la ciudad, Coleffi escuchó en la radio del empresario (LU2) la noticia sobre una denuncia penal en su contra por falsedad ideológica de documento público. La acusación era por falsear datos en el informe que había dado inicio a la causa de las escuchas y el denunciante era Martínez. Con ese mensaje poco sutil en mente indagó por segunda vez a Massot, que se negó a responder preguntas de los fiscales y centró todas las responsabilidades sobre las publicaciones y la relación con los delegados en su madre, Diana Julio de Massot, y en su hermano Federico, directora y vicedirector del diario en los ’70, ambos fallecidos.

Cuando empezó a correr el plazo para resolver la situación procesal del empresario, Fernández Moreno volvió a ofrecer sin que nadie se lo pidiera su borrador de falta de mérito. El 28 de noviembre, horas después de que los fiscales reforzaran la acusación con un documento de 600 páginas y pidieran la detención de Massot, el mismo secretario jugó otra carta para que la defensa pudiera recusar a Coleffi: escribió que le producían “violencia anímica y moral” sus reuniones con los fiscales, pese a que se hacían en el despacho, en horario judicial y a la vista de los empleados. Palazzani y Nebbia alertaron que la “burda maniobra” ocultaba “una cabal estrategia para la defensa de los imputados”, advirtieron que Martínez seguía operando “desde la sombras” y lo denunciaron ante el Consejo de la Magistratura. No sólo Massot usó esa carta: el abogado Hugo Sierra, ex secretario del juez federal Guillermo Madueño durante la dictadura y amigo íntimo de Martínez, también recusó al  juez que debía resolver su situación procesal. El abogado de ambos era Rubén Diskin, ex defensor del general Adel Vilas, cara visible del Estado terrorista en Bahía Blanca.

El 9 de diciembre de 2014 Coleffi aceptó apartarse en ambas causas y se explayó sobre la persecución. Calificó el escrito de Fernández Moreno de “infamia”, remarcó que era “una espada directamente enviada para punzar” y se preguntó “quién es el autor detrás del autor”. “He resistido el embate metódico, diario, concertado, organizado y obstaculizador. He tolerado estoicamente el juego de ‘doble pinzas” que pretendió condicionar mi labor”, escribió. “Al no poder torcer mi desempeño es que ahora la orquesta interpreta otra melodía, refuerza sus instrumentos y los toca escandalosa y ordinariamente”, graficó. “Hasta aquí fueron sumarios administrativos y denuncias penales, todo a oscuras y todo con un mismo origen: Santiago Ulpiano Martínez”, subrayó.

--¿Por qué aceptó la recusación si era conciente de la maniobra?
--Para no manchar la causa, porque si no me apartaba pasaba a ser yo el sospechado  --explica cinco años después--. En mi carrera aprendí que si hay sospechas de parcialidad no es juego limpio, me eduqué así. Hubiera podido quedarme en esas condiciones y resolver conforme a las constancias de la causa pero era ir contra mis convicciones.

Al enemigo, ni justicia

Durante un asado de la cofradía judicial bahiense tras la sucesión de medidas que confirmaron la imposibilidad de subordinar a Coleffi, Massot disparó una frase que uno de los comensales comentaría asombrado: “A este pibe lo mato o me mata”, dijo el mismo empresario que el 24 de marzo de 1976 se paseó con la bandera argentina por la rotativa donde trabajaban los gráficos que reclamaban derechos para sus compañeros y terminarían acribillados. Los hechos posteriores para disciplinar al juez que osó indagarlo sugieren una férrea voluntad para instrumentar sus deseos.

Vicente Massot. "A este pibe lo mato o me mata".

Después de armar la causa contra Coleffi por la filtración, Martínez se apartó y la Cámara nombró como juez ad hoc a Martín Miguel Otaño Manterola, miembro de un estudio jurídico de estrecha relación con Massot y por entonces secretario del Colegio de Abogados local. “Fue una decisión nula porque lo seleccionó Montezanti a sola firma, sin la mayoría que exige la Cámara para intervenir y sabiendo de su posición adversa en temas de derechos humanos”, recuerda Coleffi. Por orden de Otaño Manterola y con la supervisión de Fernández Moreno lo requisaron en su lugar de trabajo con una comitiva de diez policías, le allanaron la casa, le secuestraron teléfonos, computadoras y el GPS del auto, y le revisaron hasta los juguetes de sus hijos.

El 7 de mayo de 2015, cuando se aprestaba a tomar licencia para rendir en el concurso para fiscal federal, la Cámara lo cesanteó invocando “pérdida insalvable de confianza”. La decisión la firmaron Candisano, que se negó a excusarse pese a su amistad con Martínez, y Montezanti, que ese año presentaría su renuncia cuando el Consejo se aprestaba a destituirlo. En paralelo Otaño Manterola lo citó a indagatoria para el día anterior al examen que debía dar en Buenos Aires. En junio lo procesó por “violación de secretos”, noticia que mereció una amplia cobertura de La Nueva Provincia, donde Massot conserva escribas en puestos claves. La instrucción que se acaba de caer a pedazos la confirmaría la Cámara con votos de Juan Leopoldo Velásquez, que en 2011 no pudo intervenir en el primer juicio por delitos de lesa humanidad local porque lo descubrieron reunido con abogados de represores y con su amigo Sierra, y de José Triputti. En disidencia, Jorge Ferro se pronunció por el sobreseimiento.

En los primeros días del gobierno de Mauricio Macri la procuradora Alejandra Gils Carbó contrató al ex secretario, sin trabajo y sin ingresos, para sumarlo a la Unidad de Asistencia a los juicios. Seis meses después, invocando “incompatibilidad de cargos”, la Cámara volvió a cesantearlo. La Nueva Provincia, exultante, tituló “¿Récord? Echan dos veces a un secretario federal. “Cuando la Corte Suprema anuló la primera cesantía puse en conocimiento a la Corte y a la Cámara que me estaba desempeñando en el Ministerio Público, pedí licencia en el poder judicial y dejé de trabajar hasta que resolvieran. En lugar de tratar mi pedido me cesantearon sin hacer siquiera un sumario administrativo”, relata.

La imputación y los sumarios lo dejaron fuera de juego en dos concursos para los que estaba bien posicionado. En el de juez federal había quedado primero en orden de mérito entre más de 120 postulantes pero el Consejo lo excluyó de la terna que elevó al Ejecutivo. El gobierno de la meritocracia eligió al octavo en la lista inicial de méritos y antecedentes: Walter López da Silva, ex secretario del juez Leónidas Moldes, cuyo voto en el Consejo de la Magistratura era clave para asegurarse la mayoría.

Candisano y Velázquez, con el crucifijo detrás, le toman juramento a Da Silva.

En el de fiscal federal integró la terna elevada pero fue impugnado ante el ministro Germán Garavano por el propio Martínez en base a la maniobra que él mismo había urdido. La gestión de Massot, tío del entonces jefe del bloque de diputados de Cambiemos, Nicolás Massot, hizo que el gobierno lo excluyera de la terna e incorporara a Martínez. Cuando Macri propuso su nombre a la Comisión de Acuerdos fue impugnado por H.I.J.O.S., Abuelas de Plaza de Mayo y otros organismos. El CELS destacó su “falta de cuidado y respeto por la función judicial” y su “incapacidad absoluta” para asumir semejante responsabilidad. Su pliego se aprobó con 33 votos a favor y 20 en contra.

El combo del castigo a Coleffi lo completó el Colegio de Abogados bahiense, que le impidió matricularse pese a que la causa estaba en etapa de instrucción. El principio de inocencia, bien gracias. El Colegio funciona en el mismo edificio donde Vilas, Luis María Mendía y otros íconos del terrorismo de Estado se reunían con Diana Julio de Massot en plena dictadura y donde Federico Massot renegaba ante el marino Adolfo Scilingo de que los dictadores eran “cagones” que no se animaban a fusilar en las plazas públicas.

“Una cosa rara”

La causa por las escuchas que Martínez activó súbitamente tras ocho meses de hibernación y cuando comenzaba a avizorarse el fin de la impunidad de Massot llegó a juicio en marzo, a seis años de la difusión del primer audio, y concluyó el 14 de mayo con la absolución de Coleffi dictada por el juez Luis Roberto Salas. “No se trata de dudas sino de otro fenómeno: falta de pruebas”, afirmó el fiscal González Da Silva al anunciar que desistía de acusar.

Su alegato  fue una clase práctica de cómo el juez y el secretario direccionaron la instrucción contra Coleffi. “Martínez y Fernández Moreno fueron determinantes en la construcción de la hipótesis imputativa” que Otaño Manterola volcaría en el procesamiento, destacó. El elemento central para inculparlo fueron los llamados que intercambió con el director de La Brújula. “Martínez le achacó responsabilidad basándose sustancialmente en esas conversaciones”, que tenían una explicación simple: “Sasso habló con el juez unas cuantas veces hasta que en un momento, textualmente, Martínez le dijo ‘que no le rompiera más las bolas’ y hablara con su secretario”, explicó el fiscal.

Juan Martínez, secretario Fernández Moreno. Fotos FM de la Calle.

Otro supuesto indicio, la cercanía horaria entre los llamados a Coleffi y los twits de Sasso sobre la causa Suris, fue refutado por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del Ministerio Público Fiscal. “Esto que se sostuvo a lo largo de toda la investigación no pudo ser probado por la pericia de la DATIP”, que no encontró “ningún grado de conexión, vínculo personal, económico, financiero o profesional”, leyó el fiscal.

El dato que “trastoca toda la investigación”, remarcó, lo aportó el propio Martínez al admitir que “descartó como posibles autores” del delito al jefe de Drogas Ilícitas, comisario Diego Fernando Díaz Aguirre, porque era “de (su) extrema confianza”, y al jefe de Observaciones Judiciales, Néstor Rubén Galli, hombre de su “amistad más cercana”. “Martínez descarta que hayan filtrado las escuchas en base a su amistad y confianza con ellos”, que desde el sumario inicial declararon como testigos, a diferencia de Coleffi que nunca fue citado, explicó con asombro. El fiscal comparó el proceso con “una película de suspenso de Hitchcock” donde “todo el mundo sabe que el asesino es el mayordomo” pero que en este caso “desilusiona” cuando al final se comprende que no lo es y que “no se investigaron otras puntas”.

Al analizar los testimonios de los policías concluyó que no aplicaban ningún protocolo para custodiar las escuchas porque “se los llevaban a la casa” y “pasaban semanas” hasta que las entregaban a la justicia. Un caso llamativo fue el de Walter Schell, que fue “fue bastante parco” pero “reconoció que algunos de los audios eran los que había transcripto”. Según el defensor de Coleffi, el ex diputado Dámaso Larraburu, Schell intercambió 39 llamados con el periodista y tenía antecedentes de haber manipulado escuchas difundidas por La Brújula en la causa “Garcés” sobre narcotráfico. Cuando le preguntaron a Fernández Moreno si no le llamó la atención esa cantidad de comunicaciones “dijo que las vio pero (no le dio importancia por)que Schell sostuvo que se conocían desde antes”, apuntó el fiscal. “No se investigó en el sumario y tampoco se nos permitió a través de una instrucción suplementaria”, destacó el fiscal. Larraburu lamentó también que no se investigara a Galli, que “fue jefe de Observaciones Judiciales más de 25 años pero no recordó ninguna publicación previa de audios en la ciudad”. Para demostrar que “fue un testigo reticente” expuso ejemplares de La Nueva Provincia de 2006, cuando “salieron veinte hojas enteras con escuchas al intendente (Rodolfo) López”.

El fiscal cerró su alegato con el testimonio del director de La Brújula, que calificó de “lapidario”. Sasso contó que durante los ocho meses que la causa estuvo paralizada habló “más de diez veces con Martínez y con el fiscal Cantaro sobre los audios” y “no estaban sorprendidos ni les molestaba” que los difundiera. Adjudicó su procesamiento a “una vendetta por el tema de las fotos del viaje”, en referencia a la difusión de imágenes de Martínez, Candisano & Cantaro en la ruta del vino del País Vasco, que eran públicas en Facebook, y cuestionó que “usaron su cargo para cometer semejante abuso de autoridad”. Se amparó en el derecho constitucional a no revelar su fuente pero “fue contundente en afirmar que le pidió las escuchas a Coleffi pero se las negó”, destacó el fiscal. “No fue Coleffi y es una injusticia que esté acá”, remarcó Sasso, quien subrayó que “nos allanaron después de ocho meses” y sugirió que “una cosa rara (sic) pasó en el medio”.

Mientras la absolución de Coleffi puso fin a lo que llama su “muerte civil” durante un lustro, Ulpiano Martinez sigue en carrera como fiscal federal sin que el procurador interino Eduardo Casal repare en la conducta que el juicio dejó en evidencia y Fernández Moreno concursa para llegar a juez. Massot, por su parte, disfruta del plus de impunidad derivado de la falta de mérito que firmó el juez ad hoc Claudio Pontet y convalidó la Cámara en los albores del gobierno de Macri. La decisión sobre su futuro está desde 2016 en manos de la Corte Suprema de Justicia. El fiscal Javier de Luca advirtió en su recurso extraordinario que la convalidación de la falta de mérito constituye un sobreseimiento encubierto que pone en riesgo la soberanía del Estado por tratarse de delitos de jurisdicción universal. Destacó que los mensajes de “incitación al genocidio” y “exhortación al aniquilamiento total y definitivo de un colectivo humano” que propagaba La Nueva Provincia convierten a la causa Massot en un leading case que brinda “la oportunidad de fijar un estándar internacional sobre la intervención de civiles en delitos de lesa humanidad, no mediante vías de hecho sino a través del poder simbólico de las palabras difundidas por importantes medios de comunicación”.



“Más que hablar de guerra, hay que hacer la guerra. De entre todas las profesiones le cabe al periodismo un puesto de avanzada en las trincheras de la Patria (…) Nuestro deber, pues, se corresponde con el de las Fuerzas Armadas en toda la línea de combate”. (“La Argentina en guerra”, editorial de tapa de La Nueva Provincia, 19 de noviembre de 1977)


viernes, 22 de noviembre de 2019

“Aquí transitamos el infierno y el horror”

SEÑALIZACIÓN DE LA SEPTIMA BATERÍA DE PUNTA ALTA

“Aquí funcionó el centro clandestino de detención, tortura y exterminio Base de Infantería de Marina ‘Baterías’”, indica desde hoy un cartel en la séptima batería histórica de Punta Alta, en el sur bonaerense, donde fueron vistas por última vez personas secuestradas por marinos de Puerto Belgrano y sus subordinados de Prefectura durante la última dictadura. “Aquí transitamos el infierno y el horror” y “aquí escuché por última vez voces amadas y voces de compañeros queridos que no volví a ver”, resumió emocionada y con voz firme Patricia Gastaldi, sobreviviente y compañera de Horacio Russín, aún desaparecido. La señalización había sido ordenada en 2015 por el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca que por primera vez condenó a marinos y prefectos por delitos de lesa humanidad en esa zona y se concretó cuatro años después gracias al impulso del Movimiento por la Verdad y la Justicia de Punta Alta (MoVeJuPA).

Foto Luis Angel Salomón

Luis María Mendía
La Séptima Batería, cercana al balneario Punta Ancla (vista satelital aquí), funcionó como centro clandestino al menos desde agosto de 1976, cuando la comandancia de la Fuerza de Tareas 2 pasó del jefe de Puerto Belgrano al de la Fuerza de Apoyo Anfibio, hasta septiembre de 1977. El entonces comandante de los infantes de marina Eduardo Fracassi declaró al ser indagado que el lugar “fue habilitado por el comandante de Operaciones Navales” Luis María Mendía, el hombre que por las noches visitaba en su despacho a Diana Julio de Massot, directora del diario La Nueva Provincia, actor fundamental en la tarea de acción psicológica para legitimar el genocidio que aún ignora en sus páginas.

“Esta construcción recuerda uno de los lugares más oscuros de la historia de nuestra patria” y con su señalización como Sitio de Memoria “sentimos que resurgimos con nuestros muertos para cantar a la vida como una cigarra”, abrió el acto Stella Maris Barraza, del MoVeJuPA, con ese poema de María Elena Walsh. Destacó “el compromiso del Estado democrático de dar a conocer y condenar estos hechos aberrantes” y la importancia de dinamizar la memoria. “Nuevamente y con la memoria más terca que nunca, volvemos a marcar, señalizar, visualizar los lugares por donde pasaron cientos de compañeros y compañeras desaparecidos y también aquellos que sobrevivieron”, afirmó Alejandra Santucho, de H.I.J.O.S. Bahía Blanca, que definió a Baterías como “uno de los centros clandestinos más brutales”.

Gastaldi, secuestrada en 1976,  explicó que “transmitir, construir y mantener la memoria nos va a llevar toda la vida” pero como sobreviviente lo considera “una obligación” porque “es una de las garantías del Nunca Más”. Recordó la inspección ocular durante el juicio de 2015 y “los indicadores” que permitieron confirmar que “el lugar del horror” había sido la séptima batería, que es similar a las demás: el mangrullo, que otra sobreviviente dibujó en los ’80 cuando hizo un plano a pedido del fiscal Hugo Cañón; las piletas donde les hacían lavar ropa y platos; una “bajada muy abrupta” que los ex cautivos recordaban en el ingreso al centro clandestino, y la construcción de estilo inglés donde “recibían” a los secuestrados. “Aquí se torturó, se asesinó y se vivió el horror de los horrores, en el límite siempre entre la vida y la muerte”, destacó. “Pero también aquí escuché por última vez las voces amadas y las voces de compañeros queridos que no volví a ver, así que esto se ha resignificado como un lugar de vida, no sólo de muerte, porque si no caemos en la desesperación”, reflexionó, y agregó que “siempre sobre la muerte nace la vida”. Por último agradeció al MoVeJuPA, a “las compañeras de H.I.J.O.S.”, los miembros de la Unidad Fiscal, a sus familiares presentes y a la abogada Mónica Fernández Avello.

El mangrullo que se veía desde el CCD. Foto Natalia Maza.

Carlos Eraldo habló como hermano del desaparecido Norberto “Bocha” Eraldo, el primer cautivo de Baterías, y como hijo de Eduardo Eraldo, el sobreviviente que en 1997 declaró con certeza que había estado en “la séptima casamata” porque “conocía el lugar”. “Estamos haciendo memoria y lamentablemente la justicia es lo que más nos está costando”, reflexionó en referencia a las seis absoluciones y a las penas bajas dictadas en agosto por los jueces Luis Salas, Marcos Aguerrido y Oscar Albrieu en el segundo juicio por crímenes de la Armada y Prefectura. Tras agradecer a quienes impulsan las causas y la memoria destacó que “tenemos que segur peleando y traer a los antropólogos forenses para que hagan la revisión de todos los sectores”. Se trata del pedido de prospección del lugar que pidieron los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia y ordenó el tribunal oral y que aún no se concretó por la demora del Consejo de la Magistratura en enviar los fondos necesarios. “También tenemos que luchar para que este sitio sea cedido a los organismos de Punta Alta y Bahía Blanca con el presupuesto adecuado para convertirlo en un sitio de memoria”, concluyó Eraldo.


Las piletas donde las secuestradas eran obligadas a lavar ropa y vajilla. Foto Natalia Maza.
La casa donde "recibían" a los secuestrados. Foto Luis Angel Salomón.


Interior de la Séptima Batería. Foto Natalia Maza.
Foto Luis Angel Salomón.


Foto Luis Angel Salomón.

jueves, 21 de noviembre de 2019

Séptima Batería de Punta Alta: Sitio de Memoria del Terrorismo de Estado

La base de Infantería de Marina “Baterías”, ubicada en las afueras de Punta Alta, en el sur bonaerense, será señalizada mañana como “Sitio de la Memoria del Terrorismo de Estado”. La actividad se realizará en el ingreso a la séptima batería histórica, donde funcionó un centro clandestino de detención, tortura y exterminio en el que fueron vistas por última vez personas secuestradas por oficiales de la base naval de Puerto Belgrano y sus subordinados de Prefectura. La señalización fue ordenada a fines de 2015, a pedido de los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia y de querellantes locales, por el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca que condenó por primera vez a una veintena de represores de la Armada por delitos de lesa humanidad en esa jurisdicción. En esa sentencia se ordenó además realizar trabajos de prospección para recolectar nuevas pruebas, tarea aún pendiente por la demora en la asignación de recursos por parte del Consejo de la Magistratura de la Nación.

Puerto Belgrano es el mayor asentamiento naval del país y fue en el cine de esa base donde los oficiales navales supieron por primera vez sobre los “vuelos de la muerte” aprobados por la jerarquía católica que se aplicarían sistemáticamente después del golpe de Estado. Para los secuestrados de la zona usaron primero el “Puesto 1”, cerca de la entrada principal, luego un barco desmantelado amarrado a un muelle, el buque “ARA 9 de Julio”, y finalmente una de las baterías históricas sobre la costa, fortalezas de piedra con paredes de un metro de ancho construidas a fines del siglo XIX para custodiar el puerto militar.

Los testimonios de los sobrevivientes coinciden desde el retorno de la democracia en describir un edificio viejo y húmedo en donde pasaban días y noches sobre colchonetas inmundas, vendados y encapuchados, al que los torturadores iban todos los días excepto el domingo (para no faltar a misa) y desde el que se escuchaba a gente distendida en una playa cercana. Durante la inspección ocular que el fallecido fiscal general Hugo Cañón encabezó en 2007 un puñado de sobrevivientes recorrió la tercera y la sexta batería aunque aún no se sabía con certeza en cuál había funcionado el centro clandestino. Un año antes, en base a información aportada por familiares de una desaparecida, Página/12 había situado en la “séptima casamata” la siniestra historia de la navidad de 1976,que los marinos pretendieron celebrar con mujeres secuestradas.

Fiscal Hugo Cañón durante la inspección ocular de 2007

La inspección ocular en el marco del juicio oral de 2015 permitió confirmar que fue precisamente en esa batería donde funcionó el centro de tortura y exterminio. “Se constataron características geográficas y arquitectónicas particulares que no se han verificado en ninguna otra ‘Batería’”, fundamentaron los jueces Jorge Ferro, José Triputti y Martín Bava en su sentencia. “Si bien las casamatas se diseñaron para cumplir un mismo objetivo, el acceso a cada una de ellas es muy distinto” y la séptima se diferencia por sus “características exteriores: playón de cemento, mangrullo, piletas para lavar, construcciones de estilo inglés”, enumeraron. “Si tenemos en cuenta que los testigos se refirieron a ellas antes de realizar la visita, y en el momento las reconocieron, no tenemos dudas de que fue en ese lugar donde funcionó el centro de detención”, afirmaron. Tal como habían sostenido al dictar la medida cautelar para preservar y conservar el lugar pedida por Palazzani y Nebbia, los jueces consideraron “de suma importancia reconocer la dimensión histórica y cultural” del ex centro clandestino y transformarlo en Sitio de Memoria “para la reflexión de la sociedad y sobre todo con el objetivo de que los hechos no  vuelvan a producirse”.

Además de la señalización, que llegará con cuatro años de demora, el tribunal ordenó a pedido de los fiscales que la asociación Memoria Abierta realice en la “Séptima Batería” los mismos trabajos de prospección que permitieron recolectar abundantes pruebas en el predio del Ejército donde funcionó el centro clandestino La Escuelita, en Bahía Blanca. Esa tarea fue encomendada al juzgado federal que instruye la causa y depende para su concreción de los fondos que debería enviar el Consejo de la Magistratura.

En la “Séptima Batería” fueron vistos por última vez los desaparecidos Carlos Oliva, Norberto Eraldo, Jorge Del Río, Víctor Carcedo, Horacio Russín, Néstor Grill, Cora Pioli y Daniel Carrá, precisó la Unidad Fiscal sobre delitos de lesa humanidad bahiense. También estuvo allí Laura Martinelli, asesinada en un enfrentamiento fraguado. Por sus secuestros, torturas y desapariciones ya fueron condenados los marinos Oscar Castro, Gerardo Pazos, Eduardo Fracassi, Enrique De León, Luis Alberto Pons y Sergio Aráoz de Lamadrid.

La señalización a cargo de la red de Sitios de Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación está prevista para las 11.30 de mañana. El Movimiento por la Verdad y la Justicia de Punta Alta (MoVeJuPA), que recibe adhesiones en movejupa@gmail.com, convoca a concentrarse una hora antes en la Plaza de la Memoria, en Primera Junta y el camino a la playa de Arroyo Parejas.








domingo, 7 de mayo de 2017

Lesa humanidad: perpetua en Bahía Blanca para el comisario Boccalari

En la mañana del viernes 5, el TOF bahiense condenó al comisario inspector retirado Gustavo Boccalari a prisión perpetua, por la desaparición de Julio Mussi en 1977. Fue la primera sentencia en un juicio por delitos de lesa humanidad tras el 2x1 de la Corte.
Por Diego Kenis. Fotos: Luis Salomón (Publicado por agencia Paco Urondo)

La primera sentencia en un juicio por delitos de lesa humanidad tras el obsequio del 2x1 de la Corte a genocidas llegó en Bahía Blanca, donde el Tribunal Oral Federal local decidió condenar a prisión perpetua al comisario inspector retirado de la Policía Bonaerense Gustavo Abel Boccalari y solicitar a María Eugenia Vidal su baja de la fuerza y al ministro Germán Garavano que estatuya como Sitio de Memoria el predio policial donde el condenado cometió los delitos de lesa humanidad que lo llevaron a juicio (el fallo completo puede leerse en este enlace).

Se trató de un debate oral atípico para estas megacausas, ya que encontró en el banquillo a un único acusado y se abordó el caso de una sola víctima del accionar del terrorismo estatal. La irregularidad orienta una respuesta a la Corte, que decidió hacer correr el tiempo perdido en favor de los imputados, cuando en realidad las dilaciones se debieron a la impunidad que ellos mismos planificaron y que cristalizaron desapareciendo los cuerpos de sus víctimas, presionando a los gobiernos democráticos para obtener legislaciones benignas y obstruyendo con chicanas burocráticas una vez que los juicios se volvieron una realidad.
El Tribunal a cargo del proceso oral concluido este viernes estuvo compuesto por jueces ajenos a su conformación ordinaria y también a la habitual terna subrogante en causas de lesa humanidad. Formaron parte de él los jueces pampeanos Luis Salas, Pablo Díaz Lacava y Marcos Aguerrido, quienes por unanimidad consideraron al conjunto de delitos tratados como de lesa humanidad y por mayoría los entendieron parte de un genocidio. A su vez, resolvieron también denegar la revocación de la prisión domiciliaria que habían solicitado los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia y rechazaron los planteos de cosa juzgada y extinción de la acción penal elevados por el defensor Walter Tejada, cuyo padre y homónimo se encamina a una segunda condena a perpetuidad también en Bahía Blanca. El próximo 19 de mayo se conocerán los fundamentos del fallo contra Boccalari.
Julio Mussi, presente
Cuando el TOF comenzó a leer la sentencia, la expectativa se adueñó del Aula Magna de la Universidad Nacional del Sur, donde se celebró la audiencia. Al pronunciarse la decisión de condena a prisión perpetua, los aplausos poblaron la sala. De inmediato, las fotos de Julio Argentino Mussi se alzaron en manos compañeras.
El hoy condenado Boccalari estaba imputado como autor de los delitos de lesa humanidad de que fue víctima Mussi, a quien se vio por última vez en sus manos en la Brigada de Investigaciones de Bahía Blanca, en 1977.
Mussi había sido secuestrado en la ciudad de Comodoro Rivadavia el 22 de marzo de ese año, día en que también fueron privadas de la libertad otras diecisiete personas. Bajo la acusación de proveer de vehículos a la “subversión”, todos quedaron a disposición del V Cuerpo de Ejército, con cabecera en Bahía Blanca y jurisdicción militar sobre todo el sur argentino.
El traslado de Mussi a Bahía Blanca se produjo horas después, a bordo de un avión militar y en custodia del subcomisario Luis Cadierno y el entonces oficial subinspector Boccalari, que para comienzos de ese año revistaban en la Delegación Cuatrerismo de la policía provincial y respondían, en el organigrama represivo, al general Abel Catuzzi. Catuzzi, que llegaría a comandante del V Cuerpo dos años más tarde, era en 1977 el jefe de la subzona 51 del trazado de la represión clandestina.
Durante el viaje, que se extendió por cuatro horas, Cadierno y Boccalari amenazaban a los secuestrados con tirarlos al mar desde la aeronave. Una vez llegados a Bahía Blanca, Mussi y sus compañeros de cautiverio fueron conducidos a un vagón de ferrocarril, en apariencia abandonado en la intemperie de la playa de maniobras del Ferrocarril Roca.
En ese viejo vagón, que los torturadores llamaban “el avión de madera”, Mussi permaneció por espacio de seis a ocho días. Durante ese periodo, no se le acercó comida ni bebida alguna. Al quinto día comenzaron las torturas con picana eléctrica, en una dependencia cercana al vagón. Los represores la llamaban “sala de sesiones”. Con Mussi demostraron especial ensañamiento, ya que en una ocasión pudo aprovechar el deslizamiento de la venda que cubría sus ojos para enfrentarlos. Trabajosamente, los torturadores consiguieron reducir su humanidad de 1, 85 metro y cien kilos y luego se desquitaron, aplicándole golpes de culata en grupo.
Desde aquel vagón, Mussi fue conducido a la sede de la Brigada de Investigaciones de la Policía. Allí acababa de ser trasladado Boccalari, que junto a Cadierno siguió a cargo de las torturas al secuestrado. Cuarenta años después, uno descargó sobre el otro todas las culpas. Cadierno “no aceptaba opiniones” y “quizás fui un cobarde por no decir ‘esto no va conmigo’, pero estaba con las manos atadas”, trató de exculparse Boccalari al hablar ante el Tribunal en febrero de este año.
Mussi pasó sus últimos días en la Brigada en agonía, pidiendo por su mujer y su hijo. No volvió a saberse de él, ni de su cuerpo. Los restantes detenidos en Comodoro Rivadavia pasaron a “disposición del Poder Ejecutivo Nacional” al cabo de un trimestre, y fueron confinados en la cárcel bahiense. Recuperaron la libertad recién en los últimos días de diciembre de 1977.
Abogada querellante Mónica Fernández Avello
Boccalari, en tanto, continuó su carrera en la Policía provincial hasta mediados de los ’90. Aunque no se le conoció participación política partidaria, gustaba jactarse ante los vecinos de los distritos por donde pasó de las gestiones que hacía ante autoridades provinciales, que sin embargo no le permitieron llegar al máximo cargo del escalafón. Su paso por la fuerza registra sumarios por apremios ilegales a detenidos comunes, que no prosperaron ni le impidieron obtener calificaciones sobresalientes, y una denuncia por acoso sexual a uno de sus subordinados, radicada por la esposa de éste. Sorpresivamente, la mujer retrocedió luego sobre sus pasos y retiró la acusación, pero el férreo machismo de la institución parece haber impedido a Boccalari el que hubiera sido su último ascenso. Ilustra una época: la Bonaerense de entonces admitía (y premiaba) a torturadores, pero no toleraba sospechas en las preferencias sexuales de sus miembros. El expediente de su retiro, efectivo en febrero de 1996, lleva la firma de Pedro Klodczyk. 
Sobre Mussi, en aquel 1977 el Estado mintió primero una liberación y luego, por vía del Ministerio del Interior y del Ejército, negó contar con antecedentes de ninguna índole. Para el discurso oficial, como definió el dictador Jorge Videla, no tenía entidad, no estaba ni vivo ni muerto, sino desaparecido. Mercedes Fuentes de Mussi, su madre, murió mirando la ventana, esperando la tarde de su regreso, en el lejano y muchas veces olvidado sur argentino.

PORTAL FISCALES.GOB.AR
Tal como lo había solicitado el Ministerio Público Fiscal, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca le impuso hoy la pena de prisión perpetua al ex oficial de la Brigada de Investigaciones de esa ciudad, Gustavo Abel Boccalari, al encontrarlo responsable del secuestro, las torturas y el homicidio, en la modalidad de desaparición forzada, del trabajador petrolero Julio Mussi, quien fue detenido ilegalmente el 22 de marzo de 1977 en Comodoro Rivadavia y llevado a la ciudad del sur bonaerense, donde fue desaparecido. En su alegato del mes pasado, el fiscal ad hoc José Nebbia -quien intervino en el debate junto al fiscal general Miguel Palazzani- había reclamado también que se revoque la prisión domiciliaria del acusado, petición que fue rechazada por los magistrados.
Fiscal José Nebbia (Foto Luis Salomón)
En su veredicto, los jueces Roberto José Salas, Pablo Ramiro Díaz Lacava y Marcos Javier Aguerrido resolvieron por unanimidad condenar a Boccalari, a quien hallaron responsable “de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometida por un funcionario público con abuso de sus funciones y sin las formalidades prescriptas por la ley, agravada por mediar violencias o amenazas, en concurso material con imposición de tormentos agravados por ser la víctima perseguida política en concurso real con homicidio agravado por alevosía, por el concurso premeditado de dos o más personas y con el fin de lograr la impunidad, bajo la modalidad de desaparición forzada de personas, en perjuicio de Julio Argentino Mussi”. Esos hechos fueron calificados por los tres magistrados como de lesa humanidad, y por mayoría, genocidio.
El Tribunal también dio curso al pedido formulado por Nebbia para que se comunique la sentencia al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y se inicie el proceso de destitución del ahora condenado Boccalari, cuando se encuentre firme. Y en línea con lo reclamado además por el MPF, los jueces le solicitaron al Poder Ejecutivo Nacional que el predio donde funcionó la Brigada de Investigaciones y Cuatrerismo -donde ocurrieron parte de los crímenes- sea estatuido como “Sitio de la Memoria del Terrorismo de Estado”. Los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer el 19 de mayo a las 9 de la mañana, informaron Salas, Lacava y Aguerrido en el veredicto.
La resolución del Tribunal Oral Federal fue recibida a sala llena en el Salón de Actos de la Universidad Nacional del Sur, lo que para Nebbia “remarca la vigencia de los procesos y la importancia para la sociedad en el contexto del reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Allí, se encontraban familiares y allegados de la víctima, que agradecieron a los fiscales y al equipo de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado -con sede en Bahía Blanca- su intervención en el proceso y la condena obtenida.
Los hechos investigados
En su alegato, Nebbia recordó que Julio Mussi tenía 32 años y vivía en Comodoro Rivadavia con su esposa y su hijo Alejandro, de tres años, y que era soldador de instrumental utilizado en la actividad petrolera. La víctima fue secuestrada durante un allanamiento ilegal a su casa, en el que se llevaron documentación personal y le robaron el auto, que luego fue visto durante meses en el Regimiento 8 de Infantería de esa ciudad.
Mussi y una decena de personas secuestradas para la misma fecha en esa zona fueron trasladadas a Bahía Blanca en un avión Hércules c130, en un operativo a cargo de la Brigada de Investigaciones del que participaron Boccalari y su superior, el comisario Luis Cadierno. Durante el traslado "permaneció vendado y atado, fuertemente custodiado y sometido a amenazas permanentes", describió el fiscal en base a los testimonios de los sobrevivientes.
Ya en Bahía Blanca, Mussi fue confinado junto al resto de los prisioneros en un vagón ubicado en el patio de la Delegación Cuatrerismo de la Policía provincial, un centro clandestino de detención que las víctimas recuerdan como "el avión de madera" o "vagón". El lugar estaba a cargo del comisario Cadierno y del oficial Boccalari, situación que fue corroborada tanto por los documentos como por los testimonios. "El cautiverio en ese sitio transcurrió -por período de entre seis y ocho días- en condiciones infrahumanas, siempre atado y vendado, prácticamente sin recibir comida ni bebida. Sufrió amenazas, golpes e interrogatorios con severas torturas", narró Nebbia. En una ocasión en que era retirado del vagón, Mussi intentó soltarse, tras lo cual fue violentamente golpeado y torturado por sus captores. El hecho, que ocurrió en el patio de Cuatrerismo, fue narrado por los testigos durante el debate, quienes coincidieron en que Mussi fue golpeado brutalmente con la culata de las armas, que quedó agonizando y que lo último que recuerdan es que lo escucharon preguntar por su pareja y su hijo. Desde entonces, nunca más fue visto.
El fiscal ad hoc agregó que luego de la desaparición de Mussi se intentó "sembrar un manto de duda sobre el destino final de la víctima" al fraguar su firma en un documento en el que quedaba asentado que se le había otorgado la libertad. Ese papel le fue mostrado a sus familiares, cuando hicieron el reclamo por su paradero en el comando del V Cuerpo del Ejército. "La metodología de simular la concesión de una libertad nunca concretada es una muestra del intento de Boccalari, junto a otros agentes, por desprenderse de un crimen, y auto-procurarse la impunidad a través de los resortes estatales. Boccalari no sólo desapareció a Mussi, sino que previamente utilizó a la propia víctima como instrumento desincriminante, antes de borrarlo de la faz de la existencia, de él y de sus seres queridos", analizó Nebbia en el alegato.