viernes, 22 de noviembre de 2019

“Aquí transitamos el infierno y el horror”

SEÑALIZACIÓN DE LA SEPTIMA BATERÍA DE PUNTA ALTA

“Aquí funcionó el centro clandestino de detención, tortura y exterminio Base de Infantería de Marina ‘Baterías’”, indica desde hoy un cartel en la séptima batería histórica de Punta Alta, en el sur bonaerense, donde fueron vistas por última vez personas secuestradas por marinos de Puerto Belgrano y sus subordinados de Prefectura durante la última dictadura. “Aquí transitamos el infierno y el horror” y “aquí escuché por última vez voces amadas y voces de compañeros queridos que no volví a ver”, resumió emocionada y con voz firme Patricia Gastaldi, sobreviviente y compañera de Horacio Russín, aún desaparecido. La señalización había sido ordenada en 2015 por el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca que por primera vez condenó a marinos y prefectos por delitos de lesa humanidad en esa zona y se concretó cuatro años después gracias al impulso del Movimiento por la Verdad y la Justicia de Punta Alta (MoVeJuPA).

Foto Luis Angel Salomón

Luis María Mendía
La Séptima Batería, cercana al balneario Punta Ancla (vista satelital aquí), funcionó como centro clandestino al menos desde agosto de 1976, cuando la comandancia de la Fuerza de Tareas 2 pasó del jefe de Puerto Belgrano al de la Fuerza de Apoyo Anfibio, hasta septiembre de 1977. El entonces comandante de los infantes de marina Eduardo Fracassi declaró al ser indagado que el lugar “fue habilitado por el comandante de Operaciones Navales” Luis María Mendía, el hombre que por las noches visitaba en su despacho a Diana Julio de Massot, directora del diario La Nueva Provincia, actor fundamental en la tarea de acción psicológica para legitimar el genocidio que aún ignora en sus páginas.

“Esta construcción recuerda uno de los lugares más oscuros de la historia de nuestra patria” y con su señalización como Sitio de Memoria “sentimos que resurgimos con nuestros muertos para cantar a la vida como una cigarra”, abrió el acto Stella Maris Barraza, del MoVeJuPA, con ese poema de María Elena Walsh. Destacó “el compromiso del Estado democrático de dar a conocer y condenar estos hechos aberrantes” y la importancia de dinamizar la memoria. “Nuevamente y con la memoria más terca que nunca, volvemos a marcar, señalizar, visualizar los lugares por donde pasaron cientos de compañeros y compañeras desaparecidos y también aquellos que sobrevivieron”, afirmó Alejandra Santucho, de H.I.J.O.S. Bahía Blanca, que definió a Baterías como “uno de los centros clandestinos más brutales”.

Gastaldi, secuestrada en 1976,  explicó que “transmitir, construir y mantener la memoria nos va a llevar toda la vida” pero como sobreviviente lo considera “una obligación” porque “es una de las garantías del Nunca Más”. Recordó la inspección ocular durante el juicio de 2015 y “los indicadores” que permitieron confirmar que “el lugar del horror” había sido la séptima batería, que es similar a las demás: el mangrullo, que otra sobreviviente dibujó en los ’80 cuando hizo un plano a pedido del fiscal Hugo Cañón; las piletas donde les hacían lavar ropa y platos; una “bajada muy abrupta” que los ex cautivos recordaban en el ingreso al centro clandestino, y la construcción de estilo inglés donde “recibían” a los secuestrados. “Aquí se torturó, se asesinó y se vivió el horror de los horrores, en el límite siempre entre la vida y la muerte”, destacó. “Pero también aquí escuché por última vez las voces amadas y las voces de compañeros queridos que no volví a ver, así que esto se ha resignificado como un lugar de vida, no sólo de muerte, porque si no caemos en la desesperación”, reflexionó, y agregó que “siempre sobre la muerte nace la vida”. Por último agradeció al MoVeJuPA, a “las compañeras de H.I.J.O.S.”, los miembros de la Unidad Fiscal, a sus familiares presentes y a la abogada Mónica Fernández Avello.

El mangrullo que se veía desde el CCD. Foto Natalia Maza.

Carlos Eraldo habló como hermano del desaparecido Norberto “Bocha” Eraldo, el primer cautivo de Baterías, y como hijo de Eduardo Eraldo, el sobreviviente que en 1997 declaró con certeza que había estado en “la séptima casamata” porque “conocía el lugar”. “Estamos haciendo memoria y lamentablemente la justicia es lo que más nos está costando”, reflexionó en referencia a las seis absoluciones y a las penas bajas dictadas en agosto por los jueces Luis Salas, Marcos Aguerrido y Oscar Albrieu en el segundo juicio por crímenes de la Armada y Prefectura. Tras agradecer a quienes impulsan las causas y la memoria destacó que “tenemos que segur peleando y traer a los antropólogos forenses para que hagan la revisión de todos los sectores”. Se trata del pedido de prospección del lugar que pidieron los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia y ordenó el tribunal oral y que aún no se concretó por la demora del Consejo de la Magistratura en enviar los fondos necesarios. “También tenemos que luchar para que este sitio sea cedido a los organismos de Punta Alta y Bahía Blanca con el presupuesto adecuado para convertirlo en un sitio de memoria”, concluyó Eraldo.


Las piletas donde las secuestradas eran obligadas a lavar ropa y vajilla. Foto Natalia Maza.
La casa donde "recibían" a los secuestrados. Foto Luis Angel Salomón.


Interior de la Séptima Batería. Foto Natalia Maza.
Foto Luis Angel Salomón.


Foto Luis Angel Salomón.

jueves, 21 de noviembre de 2019

Séptima Batería de Punta Alta: Sitio de Memoria del Terrorismo de Estado

La base de Infantería de Marina “Baterías”, ubicada en las afueras de Punta Alta, en el sur bonaerense, será señalizada mañana como “Sitio de la Memoria del Terrorismo de Estado”. La actividad se realizará en el ingreso a la séptima batería histórica, donde funcionó un centro clandestino de detención, tortura y exterminio en el que fueron vistas por última vez personas secuestradas por oficiales de la base naval de Puerto Belgrano y sus subordinados de Prefectura. La señalización fue ordenada a fines de 2015, a pedido de los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia y de querellantes locales, por el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca que condenó por primera vez a una veintena de represores de la Armada por delitos de lesa humanidad en esa jurisdicción. En esa sentencia se ordenó además realizar trabajos de prospección para recolectar nuevas pruebas, tarea aún pendiente por la demora en la asignación de recursos por parte del Consejo de la Magistratura de la Nación.

Puerto Belgrano es el mayor asentamiento naval del país y fue en el cine de esa base donde los oficiales navales supieron por primera vez sobre los “vuelos de la muerte” aprobados por la jerarquía católica que se aplicarían sistemáticamente después del golpe de Estado. Para los secuestrados de la zona usaron primero el “Puesto 1”, cerca de la entrada principal, luego un barco desmantelado amarrado a un muelle, el buque “ARA 9 de Julio”, y finalmente una de las baterías históricas sobre la costa, fortalezas de piedra con paredes de un metro de ancho construidas a fines del siglo XIX para custodiar el puerto militar.

Los testimonios de los sobrevivientes coinciden desde el retorno de la democracia en describir un edificio viejo y húmedo en donde pasaban días y noches sobre colchonetas inmundas, vendados y encapuchados, al que los torturadores iban todos los días excepto el domingo (para no faltar a misa) y desde el que se escuchaba a gente distendida en una playa cercana. Durante la inspección ocular que el fallecido fiscal general Hugo Cañón encabezó en 2007 un puñado de sobrevivientes recorrió la tercera y la sexta batería aunque aún no se sabía con certeza en cuál había funcionado el centro clandestino. Un año antes, en base a información aportada por familiares de una desaparecida, Página/12 había situado en la “séptima casamata” la siniestra historia de la navidad de 1976,que los marinos pretendieron celebrar con mujeres secuestradas.

Fiscal Hugo Cañón durante la inspección ocular de 2007

La inspección ocular en el marco del juicio oral de 2015 permitió confirmar que fue precisamente en esa batería donde funcionó el centro de tortura y exterminio. “Se constataron características geográficas y arquitectónicas particulares que no se han verificado en ninguna otra ‘Batería’”, fundamentaron los jueces Jorge Ferro, José Triputti y Martín Bava en su sentencia. “Si bien las casamatas se diseñaron para cumplir un mismo objetivo, el acceso a cada una de ellas es muy distinto” y la séptima se diferencia por sus “características exteriores: playón de cemento, mangrullo, piletas para lavar, construcciones de estilo inglés”, enumeraron. “Si tenemos en cuenta que los testigos se refirieron a ellas antes de realizar la visita, y en el momento las reconocieron, no tenemos dudas de que fue en ese lugar donde funcionó el centro de detención”, afirmaron. Tal como habían sostenido al dictar la medida cautelar para preservar y conservar el lugar pedida por Palazzani y Nebbia, los jueces consideraron “de suma importancia reconocer la dimensión histórica y cultural” del ex centro clandestino y transformarlo en Sitio de Memoria “para la reflexión de la sociedad y sobre todo con el objetivo de que los hechos no  vuelvan a producirse”.

Además de la señalización, que llegará con cuatro años de demora, el tribunal ordenó a pedido de los fiscales que la asociación Memoria Abierta realice en la “Séptima Batería” los mismos trabajos de prospección que permitieron recolectar abundantes pruebas en el predio del Ejército donde funcionó el centro clandestino La Escuelita, en Bahía Blanca. Esa tarea fue encomendada al juzgado federal que instruye la causa y depende para su concreción de los fondos que debería enviar el Consejo de la Magistratura.

En la “Séptima Batería” fueron vistos por última vez los desaparecidos Carlos Oliva, Norberto Eraldo, Jorge Del Río, Víctor Carcedo, Horacio Russín, Néstor Grill, Cora Pioli y Daniel Carrá, precisó la Unidad Fiscal sobre delitos de lesa humanidad bahiense. También estuvo allí Laura Martinelli, asesinada en un enfrentamiento fraguado. Por sus secuestros, torturas y desapariciones ya fueron condenados los marinos Oscar Castro, Gerardo Pazos, Eduardo Fracassi, Enrique De León, Luis Alberto Pons y Sergio Aráoz de Lamadrid.

La señalización a cargo de la red de Sitios de Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación está prevista para las 11.30 de mañana. El Movimiento por la Verdad y la Justicia de Punta Alta (MoVeJuPA), que recibe adhesiones en movejupa@gmail.com, convoca a concentrarse una hora antes en la Plaza de la Memoria, en Primera Junta y el camino a la playa de Arroyo Parejas.








domingo, 7 de mayo de 2017

Lesa humanidad: perpetua en Bahía Blanca para el comisario Boccalari

En la mañana del viernes 5, el TOF bahiense condenó al comisario inspector retirado Gustavo Boccalari a prisión perpetua, por la desaparición de Julio Mussi en 1977. Fue la primera sentencia en un juicio por delitos de lesa humanidad tras el 2x1 de la Corte.
Por Diego Kenis. Fotos: Luis Salomón (Publicado por agencia Paco Urondo)

La primera sentencia en un juicio por delitos de lesa humanidad tras el obsequio del 2x1 de la Corte a genocidas llegó en Bahía Blanca, donde el Tribunal Oral Federal local decidió condenar a prisión perpetua al comisario inspector retirado de la Policía Bonaerense Gustavo Abel Boccalari y solicitar a María Eugenia Vidal su baja de la fuerza y al ministro Germán Garavano que estatuya como Sitio de Memoria el predio policial donde el condenado cometió los delitos de lesa humanidad que lo llevaron a juicio (el fallo completo puede leerse en este enlace).

Se trató de un debate oral atípico para estas megacausas, ya que encontró en el banquillo a un único acusado y se abordó el caso de una sola víctima del accionar del terrorismo estatal. La irregularidad orienta una respuesta a la Corte, que decidió hacer correr el tiempo perdido en favor de los imputados, cuando en realidad las dilaciones se debieron a la impunidad que ellos mismos planificaron y que cristalizaron desapareciendo los cuerpos de sus víctimas, presionando a los gobiernos democráticos para obtener legislaciones benignas y obstruyendo con chicanas burocráticas una vez que los juicios se volvieron una realidad.
El Tribunal a cargo del proceso oral concluido este viernes estuvo compuesto por jueces ajenos a su conformación ordinaria y también a la habitual terna subrogante en causas de lesa humanidad. Formaron parte de él los jueces pampeanos Luis Salas, Pablo Díaz Lacava y Marcos Aguerrido, quienes por unanimidad consideraron al conjunto de delitos tratados como de lesa humanidad y por mayoría los entendieron parte de un genocidio. A su vez, resolvieron también denegar la revocación de la prisión domiciliaria que habían solicitado los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia y rechazaron los planteos de cosa juzgada y extinción de la acción penal elevados por el defensor Walter Tejada, cuyo padre y homónimo se encamina a una segunda condena a perpetuidad también en Bahía Blanca. El próximo 19 de mayo se conocerán los fundamentos del fallo contra Boccalari.
Julio Mussi, presente
Cuando el TOF comenzó a leer la sentencia, la expectativa se adueñó del Aula Magna de la Universidad Nacional del Sur, donde se celebró la audiencia. Al pronunciarse la decisión de condena a prisión perpetua, los aplausos poblaron la sala. De inmediato, las fotos de Julio Argentino Mussi se alzaron en manos compañeras.
El hoy condenado Boccalari estaba imputado como autor de los delitos de lesa humanidad de que fue víctima Mussi, a quien se vio por última vez en sus manos en la Brigada de Investigaciones de Bahía Blanca, en 1977.
Mussi había sido secuestrado en la ciudad de Comodoro Rivadavia el 22 de marzo de ese año, día en que también fueron privadas de la libertad otras diecisiete personas. Bajo la acusación de proveer de vehículos a la “subversión”, todos quedaron a disposición del V Cuerpo de Ejército, con cabecera en Bahía Blanca y jurisdicción militar sobre todo el sur argentino.
El traslado de Mussi a Bahía Blanca se produjo horas después, a bordo de un avión militar y en custodia del subcomisario Luis Cadierno y el entonces oficial subinspector Boccalari, que para comienzos de ese año revistaban en la Delegación Cuatrerismo de la policía provincial y respondían, en el organigrama represivo, al general Abel Catuzzi. Catuzzi, que llegaría a comandante del V Cuerpo dos años más tarde, era en 1977 el jefe de la subzona 51 del trazado de la represión clandestina.
Durante el viaje, que se extendió por cuatro horas, Cadierno y Boccalari amenazaban a los secuestrados con tirarlos al mar desde la aeronave. Una vez llegados a Bahía Blanca, Mussi y sus compañeros de cautiverio fueron conducidos a un vagón de ferrocarril, en apariencia abandonado en la intemperie de la playa de maniobras del Ferrocarril Roca.
En ese viejo vagón, que los torturadores llamaban “el avión de madera”, Mussi permaneció por espacio de seis a ocho días. Durante ese periodo, no se le acercó comida ni bebida alguna. Al quinto día comenzaron las torturas con picana eléctrica, en una dependencia cercana al vagón. Los represores la llamaban “sala de sesiones”. Con Mussi demostraron especial ensañamiento, ya que en una ocasión pudo aprovechar el deslizamiento de la venda que cubría sus ojos para enfrentarlos. Trabajosamente, los torturadores consiguieron reducir su humanidad de 1, 85 metro y cien kilos y luego se desquitaron, aplicándole golpes de culata en grupo.
Desde aquel vagón, Mussi fue conducido a la sede de la Brigada de Investigaciones de la Policía. Allí acababa de ser trasladado Boccalari, que junto a Cadierno siguió a cargo de las torturas al secuestrado. Cuarenta años después, uno descargó sobre el otro todas las culpas. Cadierno “no aceptaba opiniones” y “quizás fui un cobarde por no decir ‘esto no va conmigo’, pero estaba con las manos atadas”, trató de exculparse Boccalari al hablar ante el Tribunal en febrero de este año.
Mussi pasó sus últimos días en la Brigada en agonía, pidiendo por su mujer y su hijo. No volvió a saberse de él, ni de su cuerpo. Los restantes detenidos en Comodoro Rivadavia pasaron a “disposición del Poder Ejecutivo Nacional” al cabo de un trimestre, y fueron confinados en la cárcel bahiense. Recuperaron la libertad recién en los últimos días de diciembre de 1977.
Abogada querellante Mónica Fernández Avello
Boccalari, en tanto, continuó su carrera en la Policía provincial hasta mediados de los ’90. Aunque no se le conoció participación política partidaria, gustaba jactarse ante los vecinos de los distritos por donde pasó de las gestiones que hacía ante autoridades provinciales, que sin embargo no le permitieron llegar al máximo cargo del escalafón. Su paso por la fuerza registra sumarios por apremios ilegales a detenidos comunes, que no prosperaron ni le impidieron obtener calificaciones sobresalientes, y una denuncia por acoso sexual a uno de sus subordinados, radicada por la esposa de éste. Sorpresivamente, la mujer retrocedió luego sobre sus pasos y retiró la acusación, pero el férreo machismo de la institución parece haber impedido a Boccalari el que hubiera sido su último ascenso. Ilustra una época: la Bonaerense de entonces admitía (y premiaba) a torturadores, pero no toleraba sospechas en las preferencias sexuales de sus miembros. El expediente de su retiro, efectivo en febrero de 1996, lleva la firma de Pedro Klodczyk. 
Sobre Mussi, en aquel 1977 el Estado mintió primero una liberación y luego, por vía del Ministerio del Interior y del Ejército, negó contar con antecedentes de ninguna índole. Para el discurso oficial, como definió el dictador Jorge Videla, no tenía entidad, no estaba ni vivo ni muerto, sino desaparecido. Mercedes Fuentes de Mussi, su madre, murió mirando la ventana, esperando la tarde de su regreso, en el lejano y muchas veces olvidado sur argentino.

PORTAL FISCALES.GOB.AR
Tal como lo había solicitado el Ministerio Público Fiscal, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca le impuso hoy la pena de prisión perpetua al ex oficial de la Brigada de Investigaciones de esa ciudad, Gustavo Abel Boccalari, al encontrarlo responsable del secuestro, las torturas y el homicidio, en la modalidad de desaparición forzada, del trabajador petrolero Julio Mussi, quien fue detenido ilegalmente el 22 de marzo de 1977 en Comodoro Rivadavia y llevado a la ciudad del sur bonaerense, donde fue desaparecido. En su alegato del mes pasado, el fiscal ad hoc José Nebbia -quien intervino en el debate junto al fiscal general Miguel Palazzani- había reclamado también que se revoque la prisión domiciliaria del acusado, petición que fue rechazada por los magistrados.
Fiscal José Nebbia (Foto Luis Salomón)
En su veredicto, los jueces Roberto José Salas, Pablo Ramiro Díaz Lacava y Marcos Javier Aguerrido resolvieron por unanimidad condenar a Boccalari, a quien hallaron responsable “de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometida por un funcionario público con abuso de sus funciones y sin las formalidades prescriptas por la ley, agravada por mediar violencias o amenazas, en concurso material con imposición de tormentos agravados por ser la víctima perseguida política en concurso real con homicidio agravado por alevosía, por el concurso premeditado de dos o más personas y con el fin de lograr la impunidad, bajo la modalidad de desaparición forzada de personas, en perjuicio de Julio Argentino Mussi”. Esos hechos fueron calificados por los tres magistrados como de lesa humanidad, y por mayoría, genocidio.
El Tribunal también dio curso al pedido formulado por Nebbia para que se comunique la sentencia al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y se inicie el proceso de destitución del ahora condenado Boccalari, cuando se encuentre firme. Y en línea con lo reclamado además por el MPF, los jueces le solicitaron al Poder Ejecutivo Nacional que el predio donde funcionó la Brigada de Investigaciones y Cuatrerismo -donde ocurrieron parte de los crímenes- sea estatuido como “Sitio de la Memoria del Terrorismo de Estado”. Los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer el 19 de mayo a las 9 de la mañana, informaron Salas, Lacava y Aguerrido en el veredicto.
La resolución del Tribunal Oral Federal fue recibida a sala llena en el Salón de Actos de la Universidad Nacional del Sur, lo que para Nebbia “remarca la vigencia de los procesos y la importancia para la sociedad en el contexto del reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Allí, se encontraban familiares y allegados de la víctima, que agradecieron a los fiscales y al equipo de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado -con sede en Bahía Blanca- su intervención en el proceso y la condena obtenida.
Los hechos investigados
En su alegato, Nebbia recordó que Julio Mussi tenía 32 años y vivía en Comodoro Rivadavia con su esposa y su hijo Alejandro, de tres años, y que era soldador de instrumental utilizado en la actividad petrolera. La víctima fue secuestrada durante un allanamiento ilegal a su casa, en el que se llevaron documentación personal y le robaron el auto, que luego fue visto durante meses en el Regimiento 8 de Infantería de esa ciudad.
Mussi y una decena de personas secuestradas para la misma fecha en esa zona fueron trasladadas a Bahía Blanca en un avión Hércules c130, en un operativo a cargo de la Brigada de Investigaciones del que participaron Boccalari y su superior, el comisario Luis Cadierno. Durante el traslado "permaneció vendado y atado, fuertemente custodiado y sometido a amenazas permanentes", describió el fiscal en base a los testimonios de los sobrevivientes.
Ya en Bahía Blanca, Mussi fue confinado junto al resto de los prisioneros en un vagón ubicado en el patio de la Delegación Cuatrerismo de la Policía provincial, un centro clandestino de detención que las víctimas recuerdan como "el avión de madera" o "vagón". El lugar estaba a cargo del comisario Cadierno y del oficial Boccalari, situación que fue corroborada tanto por los documentos como por los testimonios. "El cautiverio en ese sitio transcurrió -por período de entre seis y ocho días- en condiciones infrahumanas, siempre atado y vendado, prácticamente sin recibir comida ni bebida. Sufrió amenazas, golpes e interrogatorios con severas torturas", narró Nebbia. En una ocasión en que era retirado del vagón, Mussi intentó soltarse, tras lo cual fue violentamente golpeado y torturado por sus captores. El hecho, que ocurrió en el patio de Cuatrerismo, fue narrado por los testigos durante el debate, quienes coincidieron en que Mussi fue golpeado brutalmente con la culata de las armas, que quedó agonizando y que lo último que recuerdan es que lo escucharon preguntar por su pareja y su hijo. Desde entonces, nunca más fue visto.
El fiscal ad hoc agregó que luego de la desaparición de Mussi se intentó "sembrar un manto de duda sobre el destino final de la víctima" al fraguar su firma en un documento en el que quedaba asentado que se le había otorgado la libertad. Ese papel le fue mostrado a sus familiares, cuando hicieron el reclamo por su paradero en el comando del V Cuerpo del Ejército. "La metodología de simular la concesión de una libertad nunca concretada es una muestra del intento de Boccalari, junto a otros agentes, por desprenderse de un crimen, y auto-procurarse la impunidad a través de los resortes estatales. Boccalari no sólo desapareció a Mussi, sino que previamente utilizó a la propia víctima como instrumento desincriminante, antes de borrarlo de la faz de la existencia, de él y de sus seres queridos", analizó Nebbia en el alegato.


domingo, 30 de abril de 2017

La Madre que enfrentó al Cóndor

Mafalda Corinaldesi viajó de Punta Alta a La Paz apenas supo de la detención de su hijo en Bolivia. Se movió hasta que la dictadura de Hugo Banzer le probó que lo habían entregado a la de Videla. Al volver a Buenos Aires fue secuestrada y desaparecida. Meses después nacían las Madres de Plaza de Mayo.

Por Diego Martínez
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Mafalda Corinaldesi
Horas antes de ser secuestrada en el centro de Buenos Aires se cubrió la cabeza con un pañuelo para despistar a los hombres que la seguían desde el aeropuerto de Ezeiza. “Voy a luchar hasta el último momento para saber dónde está mi hijo”, advirtió en la última cita, el 19 de noviembre de 1976. Mafalda Corinaldesi, un ama de casa de Punta Alta, en el sur bonaerense, no llegó a marchar en Plaza de Mayo ni en la plaza de su ciudad. Tampoco pudo saber que el pañuelo se convertiría en símbolo de lucha contra el terrorismo de Estado de la mano de mujeres como ella, que el mundo conoció meses después como Madres de Plaza de Mayo.

Nacido en 1935, hijo de un chofer de la base naval de Puerto Belgrano y de una modista, Luis Faustino Stamponi contaba que era militante gracias a su mamá. “Con su tenacidad, sus esfuerzos, sus sacrificios, su trabajo intenso para ayudar a mantener el hogar, lo sensibiliza y lo impulsa a mirar a su alrededor, a ver las diferencias de clase y tomar posición, su lugar dentro de la sociedad”, escribió su primera esposa, Alicia Borgato. Stamponi inicio su militancia en Punta Alta, donde participó de la toma del Colegio Nacional a favor de la educación laica durante la dictadura de Aramburu. A fines de los ’50 se sumó a Palabra Obrera y en 1962 llegó por primera vez a Cuba para recibir entrenamiento militar. Allí conoció a Ernesto Guevara y asumió como propia la doctrina del internacionalismo y la estrategia continental de lucha a la que dedicó el resto de su vida, que investigó el historiador Gustavo Rodríguez Ostria. Lloró al leer que Guevara lo había mandado a buscar a Buenos Aires (estaba en La Habana) para pelear en Bolivia, donde en 1969 se integró al Ejército de Liberación Nacional (ELN) que en 1975 se convertiría en Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT-B), y fue uno de los promotores de la Junta de Coordinación Revolucionaria con los tupamaros, el PRT-ERP y el MIR chileno.

“Durante el último conflicto, a pesar de la derrota, hemos visto agrandarse hasta lo increíble a simples y modestos hombres y mujeres del Pueblo, conscientes de que los pueden matar pero no esclavizar, y firmes y seguros en su triunfo final”, le escribió a su hija el 20 de agosto de 1976, mientras según su biógrafo “cumplía el rol de ‘responsable de los centros mineros’, el neurálgico centro de la resistencia política a la dictadura, y fungía en los hechos como jefe del PRT-B”. [1] “Mi querida niña, espero ansioso noticias tuyas. No se me escapa que pueda sucederte algo, creo que es un riesgo que todos hemos medido, pero jamás se me ocurriría aconsejarte la pasividad, la indolencia y la ceguera frente al dolor y la explotación para asegurar tu integridad física. ¿De qué vale ésta frente a la injusticia y la barbarie de la sociedad capitalista?”, se preguntó Stamponi en momentos en que la dictadura de Hugo Banzer se ensañaba con el PRT-B y su pedido de captura entre “extremistas prófugos” circulaba por Bolivia.

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Luis Stamponi (foto gentileza Nila Heredia)
“Gerardo” o “Miseria”, como lo conocían sus compañeros, fue secuestrado junto a Victoria Fernández y su bebé en la casa de un obrero en Llallagua, al norte de Potosí, el 28 de septiembre de 1976 a tres de la mañana. Del operativo participó la Dirección de Orden Político (DOP) de Bolivia y militares del regimiento de Tarapacá, aunque ya en los primeros interrogatorios se topó con oficiales con acento argentino, declaró la mujer en el juicio por el Plan Cóndor. Mientras lo torturaban y exponían en cuarteles como un trofeo, la noticia de la detención se publicó en el diario Presencia, de La Paz. Llegó a oídos de su hija adolescente en Buenos Aires por Radio Colonia, de Montevideo, y desde allí a Punta Alta, hábitat natural de los marinos que por esos meses perfeccionaban la “muertecristiana” en vuelos sobre el Río de la Plata, que en 1977 aplicarían a lasMadres fundadoras Azucena Villaflor de De Vicenti, Esther Ballestrino deCareaga y María Ponce de Bianco.

Mafalda Corinaldesi, que había enviudado, vivía de coser y tejer para afuera y tenía terror de que le robaran a su nieta, no dudó en viajar a Bolivia para averiguar sobre su hijo. “¿Vos si tenés un hijo lo vas a abandonar? --le planteó a una sobrina que le recordó el contexto--. Es lo único que tengo y quiero verlo”. Apenas llegó a La Paz, el 13 de noviembre, notó que la vigilaban. Después descubrió que le habían allanado la habitación del hotel aunque no le robaron nada. En el Ministerio de Gobierno la recibió e interrogó el mayor Jorge Cadima Valdez. Le dijo que a su hijo lo habían expulsado del país y lo habían entregado a fuerzas de seguridad argentinas en la frontera con La Quiaca el 15 de octubre. Como prueba le entregó un radiograma firmado por el subprefecto de Villazón.

En la mañana del 19 de noviembre llegó al aeropuerto de Ezeiza en un vuelo de Lloyd Aéreo Boliviano. Antes de que le sellaran el pasaporte vio que le avisaron a un hombre de civil, que la siguió hasta el hotel. A las cinco de la tarde, con ruleros y un pañuelo para romper el seguimiento, se entrevistó con su nuera, quien le advirtió del peligro y le aconsejó volver a Punta Alta. “Usted no me puede pedir eso. Soy la madre, voy a luchar hasta el último momento para saber dónde está mi hijo”, respondió. “Estaba convencida de que sus trámites iban a dar resultado. Nunca imaginó la bestialidad de lo que estaba pasando. Sólo pensaba en encontrar a su hijo y cuidarnos a nosotras”, recordó treinta años después Borgato, quien se radicó en Cuba. En los primeros minutos del 20 de noviembre, el día que cumplía 60 años, tres hombres de civil la secuestraron del hotel Esmeralda.

Las desapariciones de madre e hijo formaron parte cuarenta años después del juicio por la Operación Cóndor, como se denominó la coordinaciónrepresiva entre dictaduras del Cono Sur. Por el caso Stamponi fue imputado el ex dictador Jorge Rafael Videla; por el de su madre, Jorge Olivera Róvere, dueño de vidas y muertes de la capital argentina en 1976. Ambos murieron durante el proceso. La Corte Penal de Roma que en enero condenó a ocho ex altos mandos de Bolivia, Perú, Chile y Uruguay por víctimas del Cóndor de origen italiano también incluyó sus casos, por los que dieron testimonio Rodríguez Ostria, Fernández y Nila Heredia, militante del PRT-B secuestrada y torturada en abril de 1976 y última compañera de Stamponi.

“Luis siempre se refería a su mamá con mucho cariño, su padre había muerto varios años antes”, recuerda Heredia. “Tengo la impresión de que su madre acompañó y protegió las ideas de Luis. Su presencia en Bolivia para reclamar por él demuestra cuánto lo quería. Con seguridad habría sido una de las luchadoras por la aparición con vida de su hijo”, agrega la ex Ministra de Salud de Evo Morales. “Lastimosamente la desaparecieron de un modo atroz luego de ser engañada, postergada y burlada en la información que el Ministerio de Gobierno le trasmitió respecto de la fecha de la entrega de su hijo a la represión argentina. Con seguridad el retorno a Buenos Aires fue comunicado por el Ministerio de Gobierno boliviano al argentino, de otra manera no se podría entender que la misma noche la detuvieran y desaparecieran”, destaca Heredia, ex presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos yMártires por la Liberación Nacional (Asofamd) que reclama la creación de una Comisión de la Verdad, Memoria, Justicia y Reparación por las violaciones a los derechos humanos en Bolivia entre 1964 y 1982.

La memoria avanza a paso lento. En La Paz, la imagen de Stamponi integra desde 2004 un mural del artista Walter Solón Romero en la Plaza del Desaparecido “José Carlos Trujillo”, al pie del mirador Montículo. Los nombres de madre e hijo identifican desde el año pasado una calle del municipio de Ancona, en el centro de Italia, de donde provenían ambas familias. Gracias al Movimiento por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Punta Alta (MoVeJuPA), que da pelea en un territorio hostil a esos fines por la influencia de la Armada y del diario La Nueva Provincia, desde el 24 de marzo de 2012 las fotos enmarcadas de Mafalda Corinaldesi y Luis Stamponi ofician de recordatorio en el Concejo Deliberante de su ciudad, donde pocos reparan haber tenido a una precursora de las Madres de Plaza de Mayo.



[1] Luis Faustino Stamponi. Una vida en la lucha armada, 1962-1976. Por Gustavo Rodríguez Ostria. Lucha Armada en la Argentina. Anuario 2011.

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sábado, 28 de noviembre de 2015

Bahía Blanca: renunció el juez Ramos Padilla

El juez de Dolores subroga el Juzgado Federal 1 bahiense desde junio. Su renuncia tendrá efecto a partir del último día del año. La Cámara Federal se negó a tratarla. Ramos Padilla detalló la tarea que debió desempeñar para normalizar la “grave afectación al servicio de justicia” en que halló al Juzgado y criticó, con ejemplos, la “degradación” de la Justicia.

Por Diego Kenis / Agencia Paco Urondo
El último martes 24, el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla elevó a la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca su renuncia indeclinable a la subrogancia que ejerce en el Juzgado Federal 1 de esa ciudad desde junio pasado, cuando se hizo cargo de la función tras la separación del hasta entonces subrogante Santiago Martínez y su secretario Mario Fernández Moreno, apartados por el Consejo de la Magistratura por las graves irregularidades comprobadas.
Derivada del fallo de la Corte Suprema del 4 de noviembre, la renuncia de Ramos Padilla cobrará vigencia a partir del último día de este año y fue comunicada con la antelación suficiente para que la Cámara Federal bahiense, que el miércoles se negó a tratarla, busque un reemplazo para ese Juzgado clave que lleva adelante causas de lesa humanidad y narcotráfico, entre otros temas sensibles.
En su carta de renuncia, que ayer difundió la asociación “Justicia Legítima”, el juez federal recordó que fue designado “de acuerdo a la ley y por expreso mandato del Consejo de la Magistratura” en una función que no le reportó “mayores beneficios, ni un cargo de mayor jerarquía” y que lo aceptó “en la creencia de que podía constituir un aporte para superar la grave situación que se vivía en la jurisdicción de Bahía Blanca”, a la que definió como “una grave afectación del servicio de justicia” que constató “apenas me hice cargo del Juzgado” y a la que enfrentó “con pocos recursos” y “esfuerzos extraordinarios”, sin que se le proveyera “el personal necesario que reclamé”. Este último punto había motivado que en septiembre pasado la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la regional local de H.I.J.O.S remitieran una nota al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, para respaldar al juez y solicitar al máximo tribunal “mayor cantidad de personal y medios adecuados” para su tarea.
El “enorme desgaste y cansancio personal” por atender dos Juzgados Federales distantes uno de otro en setecientos kilómetros no fue, sin embargo, la causa de la dimisión de Ramos Padilla a su subrogancia bahiense. La decisión del magistrado se precipitó por el fallo que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación votó el 4 de noviembre, declarando inválidas las leyes, reglamentos y designaciones efectuadas por el Consejo de la Magistratura y otorgando un plazo de tres meses para la expiración de las subrogancias aprobadas por el cuerpo.
“No comparto las consideraciones, ni la oportunidad de ese fallo; pero como Juez debo ser respetuoso de las decisiones del más alto tribunal y al mismo tiempo señalar claramente la situación en la que me coloca —al menos desde mi óptica- la declaración de invalidez mencionada”, escribió Ramos Padilla en su texto de renuncia. El juez agregó que “al declararnos y calificarnos como ‘inválidos’, ‘irregulares’, ‘vulnerables’, ‘designados por una mayoría circunstancial’, y ponernos fecha de vencimiento”, el máximo tribunal “puso en duda nuestra legitimidad y la de nuestras decisiones, que son para mí la base ética de la actividad de un Juez”.

Un Juzgado en condiciones de detonar
El texto de la renuncia de Ramos Padilla puntualiza las acciones que debió desarrollar para ordenar el grave cuadro que presentaba el Juzgado, donde los estupefacientes incautados atiborraban estantes o se encontraban al alcance de transeúntes o en lugares inadecuados como la terraza del edificio, junto a una considerable cantidad de basura. La droga hallada fue incinerada este mes en el cementerio bahiense, ante testigos y periodistas.
Entre las irregularidades aún más graves se encontraban las situaciones de detenidos a los cuales no se les tomó declaración indagatoria en los plazos legales o aquellos que, habiendo declarado, no tenían resuelto su estado procesal. Algunos llevaban tres años en esa situación, cuando el Código Procesal Penal de la Nación ordena un límite de diez días, prorrogable a otros diez excepcionalmente, entre la declaración y la resolución de la falta de mérito, el sobreseimiento o el procesamiento del imputado. La impericia de los antecesores de Ramos Padilla, consentida por la Cámara Federal anterior, produjo que no existiese siquiera un registro de los detenidos a disposición del Juzgado, ni de las condiciones y lugares de encierro y custodia. Producto de ello, decenas de ellos tenían ya su prisión preventiva vencida y no habían sido informados al Consejo de la Magistratura, encargado del registro.
Párrafo aparte merece la descripción del arsenal que Ramos Padilla encontró al asumir la subrogancia y que cobró notoriedad nacional cuando trascendió el informe del juez a la Comisión Interpoderes, cuyo detalle incluía el ya famoso proyectil antiaéreo que como informó el diario Página/12 estaba rotulado con la inscripción “Ojo: está activado”. El explosivo fue retirado y neutralizado por la Brigada Antiexplosiva de la Policía Federal.
El arsenal (foto), que durante meses puso en riesgo la vida de empleados, testigos y transeúntes y la seguridad pública, se conformaba además de 474 proyectiles, un millar de vainas y otro de municiones, 581 cartuchos, varios plomos y cargadores, una decena de pistolas, diecisiete revólveres, tres carabinas, dos escopetas, seis pistolones y una granada en condiciones de detonar, que el viernes 20 fueron retirados para su destrucción por el Registro Nacional de Armas (RENAR) tras los exámenes que sobre ellos practicaron peritos de la Policía Federal. Hasta la llegada de Ramos Padilla, el arsenal se encontraba disperso, al alcance de transeúntes o visitantes ocasionales del Juzgado y sin registro alguno ni indicación de su estado. Al armamento hallado debe agregarse a veintidós pistolas y revólveres, un fusil, cuatro escopetas y dos carabinas más cuyo origen no pudo siquiera establecerse y que continúan siendo objeto de pesquisas.
El cuadro que halló el juez subrogante se completaba con las demoras en el otorgamiento de más de un centenar y medio de cartas de ciudadanía reclamadas y el alto nivel de conflictividad interna que registraba el Juzgado, lo que comenzó a ser solucionado con capacitaciones, reordenamientos y atención a reclamos pendientes.
Responsable de este cuadro resulta en primera instancia el secretario judicial Santiago Martínez, que ejerció como subrogante hasta su desplazamiento y la llegada de Ramos Padilla. Martínez fue cuestionado por actores tan disímiles como los organismos de derechos humanos bahienses, que denunciaron obstaculizaciones permanentes en causas de lesa humanidad y con mayor énfasis en aquellas que involucraban a civiles, como por el Tribunal Oral local, que al fallar en el juicio contra el empresario Juan Suris criticó duramente a Martínez y su grupo por haber violado las garantías procesales básicas de los imputados de la causa, sobre los que se practicaron escuchas telefónicas incluso en sus conversaciones con sus defensores, y consentir una inversión de roles en que la Justicia quedaba como auxiliar de la policía y no a la inversa. Entre las acciones que llevó a cabo Ramos Padilla estuvo el impulso a sumarios administrativos contra Martínez y su ex secretario de Derechos Humanos Fernández Moreno.
Durante la subrogancia del juez federal de Dolores, además, se avanzó en forma inédita en la jurisdicción con las detenciones e imputaciones de varios militares por delitos de lesa humanidad cometidos después del 24 de marzo de 1976 y, sobre todo, de civiles acusados de los ilícitos perpetrados antes, con el accionar criminal de la versión local de la autodenominada Alianza Anticomunista Argentina. Entre los imputados de este último grupo se encuentra el abogado Néstor Montezanti, cuya sola figura ilustra  la complejidad institucional de la jurisdicción: Montezanti integraba, hasta su suspensión provisoria, la Cámara Federal de Apelaciones y como camarista era superior jerárquico del juez que debía resolver su situación procesal. A Ramos Padilla no le tembló el pulso. Recogió la acusación de los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia, imputó y citó a declaración indagatoria a Montezanti y lo declaró en rebeldía cuando el camarista suspendido faltó por tercera vez sin motivo veraz. Los fueros de los que el imputado goza, aún suspendido, impiden hasta el momento su detención y la resolución de su estado procesal.
Los claros ejemplos
El último tramo de la carta de renuncia de Ramos Padilla deja reflexiones sobre lo que entiende una degradación del Poder Judicial y su legitimidad, y puntualiza que la dimisión fue elevada luego del balotaje presidencial “para evitar cualquier tipo de especulación política” sobre la decisión, resuelta a partir de la debilidad en que dejó a los jueces subrogantes el fallo de la Corte sobre la ley que regulaba sus designaciones.
“He visto durante años cómo se degradaba el Poder Judicial de la Nación, como jueces complacientes del poder de turno o de las grandes corporaciones acomodaban sus decisiones en pos de un interés mezquino”, expresó Ramos Padilla. “He visto como Jueces de las más altas jerarquías afectaban la legitimidad prorrogando sus mandatos por encima de la Constitución y supeditando su renuncia a fechas determinadas con clara intencionalidad política”, agregó, en obvia referencia al ministro de la Corte Suprema Carlos Fayt, cuya renuncia fue elevada en septiembre pero para entrar en vigencia un día después del recambio de autoridades del Ejecutivo nacional.
Los ejemplos enunciados “son para mí, la convalidación de las leyes de impunidad en los años 80, la Corte adicta de los años 90, el tratamiento que el Poder Judicial le dio la ley de medios y a la llamada democratización de la justicia, y el modo en que muchos magistrados se aferran a sus cargos incumpliendo los mandatos de la Constitución Nacional, los más claros ejemplos de esta degradación”, resumió el juez renunciante, que desde el primer día de enero próximo continuará sólo con sus funciones en Dolores. Para entonces, otro nombre deberá haber surgido del complejo sistema ordenado por la Corte para la selección de un magistrado subrogante. Ese futuro juez o jueza tendrá a su cargo algunas de las más trascendentes causas de la historia de Bahía Blanca y el sur argentino.