lunes, 15 de junio de 2020

Operación Massot

La absolución del juez que se animó a indagar a Vicente Massot por delitos de lesa humanidad puso al desnudo la maniobra de la corporación judicial de Bahía Blanca para garantizar la impunidad del ex dueño de La Nueva Provincia. Su impulsor fue premiado por el gobierno de Macri y oficia de fiscal federal sin que el Estado repare en su conducta. Una historia de pago chico que reaviva el desafío de juzgar a los partícipes civiles del terrorismo de Estado y un leading case que duerme desde hace cuatro años en la Corte Suprema de Justicia.

Massot, al salir de su segunda indagatoria. Foto Horacio Culaciatti, Télam.

Por Diego Martínez
Unos pocos meses de 2014 como juez federal de Bahía Blanca le bastaron a Álvaro Coleffi para lograr avances significativos en las investigaciones a civiles que aportaron al terrorismo de Estado desde el poder judicial, la prensa y la Iglesia Católica. El magistrado que se atrevió a indagar a Vicente Massot por su actuación en el terrorismo de Estado y al arzobispo Guillermo Garlatti por encubrir a un ex capellán prófugo terminó el año apartado de las causas de lesa humanidad mediante una burda maniobra que tuvo como caras visibles al entonces juez subrogante Santiago Ulpiano Martínez y a su secretario Mario Augusto Fernández Moreno. La novedad, cinco años después, es la absolución de Coleffi en un juicio por filtrar escuchas a la prensa, la acusación que los operadores judiciales del entonces dueño de La Nueva Provincia volcaron en sumarios y denuncias penales para disuadirlo de investigar a los partícipes civiles de la dictadura y garantizar la impunidad del empresario. El fiscal Gabriel González Da Silva, que desistió de acusar por falta de pruebas, demostró en su alegato que Martínez direccionó la causa contra Coleffi y no investigó a los jefes locales de Drogas Ilícitas de la policía bonaerense ni de Observaciones Judiciales de la Secretaría de Inteligencia por la amistad que los une. Martínez fue recompensado por el gobierno que tuvo en primera línea a Nicolás Massot, sobrino del apologista de la tortura, y oficia como fiscal federal de Bahía Blanca sin que la Procuración General de la Nación repare en las graves irregularidades que puso en evidencia el juicio. El recurso extraordinario por el sobreseimiento encubierto de Massot está desde 2016 en la Corte Suprema de Justicia. El fiscal general Javier de Luca destacó que se trata de un leading case sobre delitos de lesa humanidad cometidos por civiles desde un medio de comunicación y advirtió que su impunidad compromete al Estado argentino.

Procurador Casal, fiscal Ulpiano Martínez. Foto: portal Fiscales.

La historia de la causa por violación de secretos judiciales que concluyó el mes pasado había comenzado el 8 de febrero de 2014 cuando la radio local La Brújula difundió la primera de una serie de escuchas a Juan Suris, detenido en una causa por narcotráfico. Coleffi, secretario penal del juzgado federal, fue quien redactó la denuncia para que se investigara la responsabilidad por la filtración de los audios que grabaron agentes de inteligencia y desgrabaron e interpretaron los policías. “El único que cumplió la obligación funcional de denunciar el posible delito fui yo”, destacó al declarar. Su informe lo recibió Martínez, quien asumió al frente de la causa pese a que integraba uno de los estamentos bajo sospecha y mantenía estrechos lazos de amistad y confianza con los actores a quienes debía investigar, según admitió en el juicio. Por tratarse de un delito de autor desconocido la instrucción quedó formalmente  a cargo del fiscal Alejandro Cantaro, por entonces amigo del juez. Durante los ocho meses siguientes el festival de escuchas continuó y el fiscal iba a la radio a comentarlas, pero la investigación no registró movimientos.

En las antípodas de esa parálisis, los avances en las investigaciones sobre la responsabilidad de civiles en delitos de lesa humanidad comenzaron a inquietar a poderosos actores locales. Los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia habían pedido el año anterior la detención e indagatoria de Massot por los secuestros, torturas y asesinatos de los obreros gráficos y delegados Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola en 1976 y por la “participación criminal concreta y específica” de La Nueva Provincia en el genocidio. Martínez se negó a citarlo y escribió que no existía ni siquiera“algún grado de complicidad” del diario con la dictadura. La Cámara Federal revocó esa decisión, lo apartó de la causa y en su reemplazó nombró como juez ad hoc a Coleffi, quien ordenó el secreto de sumario, autorizó el allanamiento del diario y el 24 de abril de 2014 indagó por primera vez al empresario. En esos días se produjo un episodio que se resignificaría con el tiempo: el secretario Fernández Moreno le ofreció al juez un borrador para fundamentar la falta de mérito de Massot. “Cuando le pregunté quién se lo había encomendado me respondió que tenía ‘la convicción de que es lo que hay que hacer’”, recuerda Coleffi.

Otro caso que tocó fibras sensibles fue el del ex capellán Aldo Vara, quien durante el reinado de la impunidad llegó a admitir que había visto las secuelas de la picana en los cuerpos de estudiantes secundarios secuestrados por el Ejército. Martínez tampoco encontró “elementos suficientes” para indagarlo pero la Cámara opinó lo contrario, lo desplazó y ordenó la captura del sacerdote. La misión recayó en Coleffi, que como relator de la Cámara a fines de los ‘90 había escuchado a aquellos jóvenes durante el Juicio por la Verdad. El 28 de abril de 2014, luego de ocho meses prófugo, el sacerdote fue detenido por Interpol en una parroquia de Ciudad del Este donde lo había escondido la Iglesia católica.

Vara murió antes de ser extraditado pero su manutención y el ocultamiento de la información sobre su paradero generaron un nuevo incordio para quienes imparten justicia con crucifijos sobre sus cabezas. Palazzani y Nebbia denunciaron a Garlatti por encubrimiento tras corroborar que un apoderado retiraba todos los meses un cheque del arzobispado para el prófugo y se toparon otra vez con Martínez, quien demoró la autorización para allanar la curia y se negó a indagarlo. El 9 de junio, mientras el magistrado se tomaba licencia para pasear por Europa con Cantaro y con el presidente de la Cámara Federal, Pablo Candisano Mera, Página/12 informó sobre la “maniobra de quienes buscan evitar que el arzobispo sea citado a indagatoria” y destacó la“obstinación en frustrar el avance de las causas de lesa humanidad con imputados civiles”. Como subrogante lo reemplazó Coleffi, quien no dudó en citar a Garlatti a indagatoria. “A nadie se le ocurrió pensar dónde iba a parar esa plata”, dijo el sacerdote a modo de defensa. Cuando terminó la declaración le estrechó la mano con fuerza. “Doctor, Dios lo está mirando”, le advirtió al juez en tono admonitorio. Coleffi lo procesó por encubrimiento agravado y desobediencia.

Arzobispo Garlattí: "Doctor, Dios lo está mirando". Foto Emmanuel Briante, La Nueva Provincia

“A partir del procesamiento se desata la persecución, porque al mismo tiempo empieza a definirse la causa Massot”, rememora el ex magistrado. “Fue un juego a dos pinzas, con una instancia administrativa y otra penal, que comenzó a ejecutarse en octubre, cuando viajé veinte días a Estados Unidos por una capacitación”, precisa.

Invocando la inacción del fiscal, Martínez decidió reasumir al frente de la causa por las escuchas y --con ocho meses de demora-- iniciar un sumario para deslindar responsabilidades sobre las medidas tomadas para proteger los audios. El momento elegido permitió que declararan todos los empleados del juzgado menos quien había denunciado el presunto delito. La secretaria sumariante le confesó a Martínez que no le gustaba “hacer nada contra (sic) un compañero”, según declaró en el juicio. Cuando Coleffi  volvió del viaje y se reintegró al juzgado le dijeron que se presentara en el quinto piso, donde lo esperaban Martínez y Fernández Moreno. “Ahí me notificó que ‘preventivamente’  me sacaba de la secretaría penal alegando ‘pérdida insalvable de confianza’ y sin darme derecho a defensa. Me dijo que no iba a declarar porque ya se habían ‘formado convicción’ de mi supuesta responsabilidad y no me dejó leer el sumario”, relata.

Cuando el sumario se elevó a la Cámara, que tras el procesamiento del arzobispo había dejado de asignarle causas, Candisano le encomendó la instrucción a Néstor Montezanti, ex agente de inteligencia del Ejército durante la dictadura e imputado en la causa Triple A. “En otro caso inédito se autodesignó instructor y luego formó parte del órgano decisor”, apunta Coleffi. “Es claro que la maniobra se urdió a partir de mi desempeño en lesa humanidad, que inquietó también a Montezanti ya que el juez que debía hacerse cargo de la causa Triple A y de sus antecedentes como agente era yo, y por cómo venía actuando sabía que iba a resolver lo que debiera”, reflexiona.

En el frente penal la activación derivó en el allanamiento y el secuestro de un pen drive y dos DVDs en el estudio de La Brújula, que seguía difundiendo las escuchas. El 5 de noviembre de 2014 Martínez procesó a su director Germán Sasso por encubrimiento, decisión que generó un amplio repudio de organizaciones y periodistas de todo el país y que revertiría la Cámara. “El procesamiento incluyó un lapsus, casi una confesión: Martínez escribió que no estaba identificado ‘el funcionario judicial (sic) que entregó los audios’ pese a que había cuatro estamentos que podían haberlos filtrado: policía, SIDE, juzgado y fiscalía”, repasa Coleffi.

El 11 de noviembre Massot estaba citado para ampliar su indagatoria pero una jugada de Martínez le permitió ganar tiempo. El día anterior a última hora le hizo saber a Coleffi que no le permitiría usar la sede del juzgado. “No dio ninguna razón funcional, simplemente dijo ‘acá no se hace’. Tuve que suspender la audiencia y fijar nueva fecha porque había una logística armada y trasladar todo al edificio de departamentos donde está la oficina de lesa humanidad era una locura”, explica.

La nueva cita fue el 20 de noviembre. Esa mañana, mientras policías y prefectos desplegaban un enorme operativo para escoltar al hombre más poderoso de la ciudad, Coleffi escuchó en la radio del empresario (LU2) la noticia sobre una denuncia penal en su contra por falsedad ideológica de documento público. La acusación era por falsear datos en el informe que había dado inicio a la causa de las escuchas y el denunciante era Martínez. Con ese mensaje poco sutil en mente indagó por segunda vez a Massot, que se negó a responder preguntas de los fiscales y centró todas las responsabilidades sobre las publicaciones y la relación con los delegados en su madre, Diana Julio de Massot, y en su hermano Federico, directora y vicedirector del diario en los ’70, ambos fallecidos.

Cuando empezó a correr el plazo para resolver la situación procesal del empresario, Fernández Moreno volvió a ofrecer sin que nadie se lo pidiera su borrador de falta de mérito. El 28 de noviembre, horas después de que los fiscales reforzaran la acusación con un documento de 600 páginas y pidieran la detención de Massot, el mismo secretario jugó otra carta para que la defensa pudiera recusar a Coleffi: escribió que le producían “violencia anímica y moral” sus reuniones con los fiscales, pese a que se hacían en el despacho, en horario judicial y a la vista de los empleados. Palazzani y Nebbia alertaron que la “burda maniobra” ocultaba “una cabal estrategia para la defensa de los imputados”, advirtieron que Martínez seguía operando “desde la sombras” y lo denunciaron ante el Consejo de la Magistratura. No sólo Massot usó esa carta: el abogado Hugo Sierra, ex secretario del juez federal Guillermo Madueño durante la dictadura y amigo íntimo de Martínez, también recusó al  juez que debía resolver su situación procesal. El abogado de ambos era Rubén Diskin, ex defensor del general Adel Vilas, cara visible del Estado terrorista en Bahía Blanca.

El 9 de diciembre de 2014 Coleffi aceptó apartarse en ambas causas y se explayó sobre la persecución. Calificó el escrito de Fernández Moreno de “infamia”, remarcó que era “una espada directamente enviada para punzar” y se preguntó “quién es el autor detrás del autor”. “He resistido el embate metódico, diario, concertado, organizado y obstaculizador. He tolerado estoicamente el juego de ‘doble pinzas” que pretendió condicionar mi labor”, escribió. “Al no poder torcer mi desempeño es que ahora la orquesta interpreta otra melodía, refuerza sus instrumentos y los toca escandalosa y ordinariamente”, graficó. “Hasta aquí fueron sumarios administrativos y denuncias penales, todo a oscuras y todo con un mismo origen: Santiago Ulpiano Martínez”, subrayó.

--¿Por qué aceptó la recusación si era conciente de la maniobra?
--Para no manchar la causa, porque si no me apartaba pasaba a ser yo el sospechado  --explica cinco años después--. En mi carrera aprendí que si hay sospechas de parcialidad no es juego limpio, me eduqué así. Hubiera podido quedarme en esas condiciones y resolver conforme a las constancias de la causa pero era ir contra mis convicciones.

Al enemigo, ni justicia

Durante un asado de la cofradía judicial bahiense tras la sucesión de medidas que confirmaron la imposibilidad de subordinar a Coleffi, Massot disparó una frase que uno de los comensales comentaría asombrado: “A este pibe lo mato o me mata”, dijo el mismo empresario que el 24 de marzo de 1976 se paseó con la bandera argentina por la rotativa donde trabajaban los gráficos que reclamaban derechos para sus compañeros y terminarían acribillados. Los hechos posteriores para disciplinar al juez que osó indagarlo sugieren una férrea voluntad para instrumentar sus deseos.

Vicente Massot. "A este pibe lo mato o me mata".

Después de armar la causa contra Coleffi por la filtración, Martínez se apartó y la Cámara nombró como juez ad hoc a Martín Miguel Otaño Manterola, miembro de un estudio jurídico de estrecha relación con Massot y por entonces secretario del Colegio de Abogados local. “Fue una decisión nula porque lo seleccionó Montezanti a sola firma, sin la mayoría que exige la Cámara para intervenir y sabiendo de su posición adversa en temas de derechos humanos”, recuerda Coleffi. Por orden de Otaño Manterola y con la supervisión de Fernández Moreno lo requisaron en su lugar de trabajo con una comitiva de diez policías, le allanaron la casa, le secuestraron teléfonos, computadoras y el GPS del auto, y le revisaron hasta los juguetes de sus hijos.

El 7 de mayo de 2015, cuando se aprestaba a tomar licencia para rendir en el concurso para fiscal federal, la Cámara lo cesanteó invocando “pérdida insalvable de confianza”. La decisión la firmaron Candisano, que se negó a excusarse pese a su amistad con Martínez, y Montezanti, que ese año presentaría su renuncia cuando el Consejo se aprestaba a destituirlo. En paralelo Otaño Manterola lo citó a indagatoria para el día anterior al examen que debía dar en Buenos Aires. En junio lo procesó por “violación de secretos”, noticia que mereció una amplia cobertura de La Nueva Provincia, donde Massot conserva escribas en puestos claves. La instrucción que se acaba de caer a pedazos la confirmaría la Cámara con votos de Juan Leopoldo Velásquez, que en 2011 no pudo intervenir en el primer juicio por delitos de lesa humanidad local porque lo descubrieron reunido con abogados de represores y con su amigo Sierra, y de José Triputti. En disidencia, Jorge Ferro se pronunció por el sobreseimiento.

En los primeros días del gobierno de Mauricio Macri la procuradora Alejandra Gils Carbó contrató al ex secretario, sin trabajo y sin ingresos, para sumarlo a la Unidad de Asistencia a los juicios. Seis meses después, invocando “incompatibilidad de cargos”, la Cámara volvió a cesantearlo. La Nueva Provincia, exultante, tituló “¿Récord? Echan dos veces a un secretario federal. “Cuando la Corte Suprema anuló la primera cesantía puse en conocimiento a la Corte y a la Cámara que me estaba desempeñando en el Ministerio Público, pedí licencia en el poder judicial y dejé de trabajar hasta que resolvieran. En lugar de tratar mi pedido me cesantearon sin hacer siquiera un sumario administrativo”, relata.

La imputación y los sumarios lo dejaron fuera de juego en dos concursos para los que estaba bien posicionado. En el de juez federal había quedado primero en orden de mérito entre más de 120 postulantes pero el Consejo lo excluyó de la terna que elevó al Ejecutivo. El gobierno de la meritocracia eligió al octavo en la lista inicial de méritos y antecedentes: Walter López da Silva, ex secretario del juez Leónidas Moldes, cuyo voto en el Consejo de la Magistratura era clave para asegurarse la mayoría.

Candisano y Velázquez, con el crucifijo detrás, le toman juramento a Da Silva.

En el de fiscal federal integró la terna elevada pero fue impugnado ante el ministro Germán Garavano por el propio Martínez en base a la maniobra que él mismo había urdido. La gestión de Massot, tío del entonces jefe del bloque de diputados de Cambiemos, Nicolás Massot, hizo que el gobierno lo excluyera de la terna e incorporara a Martínez. Cuando Macri propuso su nombre a la Comisión de Acuerdos fue impugnado por H.I.J.O.S., Abuelas de Plaza de Mayo y otros organismos. El CELS destacó su “falta de cuidado y respeto por la función judicial” y su “incapacidad absoluta” para asumir semejante responsabilidad. Su pliego se aprobó con 33 votos a favor y 20 en contra.

El combo del castigo a Coleffi lo completó el Colegio de Abogados bahiense, que le impidió matricularse pese a que la causa estaba en etapa de instrucción. El principio de inocencia, bien gracias. El Colegio funciona en el mismo edificio donde Vilas, Luis María Mendía y otros íconos del terrorismo de Estado se reunían con Diana Julio de Massot en plena dictadura y donde Federico Massot renegaba ante el marino Adolfo Scilingo de que los dictadores eran “cagones” que no se animaban a fusilar en las plazas públicas.

“Una cosa rara”

La causa por las escuchas que Martínez activó súbitamente tras ocho meses de hibernación y cuando comenzaba a avizorarse el fin de la impunidad de Massot llegó a juicio en marzo, a seis años de la difusión del primer audio, y concluyó el 14 de mayo con la absolución de Coleffi dictada por el juez Luis Roberto Salas. “No se trata de dudas sino de otro fenómeno: falta de pruebas”, afirmó el fiscal González Da Silva al anunciar que desistía de acusar.

Su alegato  fue una clase práctica de cómo el juez y el secretario direccionaron la instrucción contra Coleffi. “Martínez y Fernández Moreno fueron determinantes en la construcción de la hipótesis imputativa” que Otaño Manterola volcaría en el procesamiento, destacó. El elemento central para inculparlo fueron los llamados que intercambió con el director de La Brújula. “Martínez le achacó responsabilidad basándose sustancialmente en esas conversaciones”, que tenían una explicación simple: “Sasso habló con el juez unas cuantas veces hasta que en un momento, textualmente, Martínez le dijo ‘que no le rompiera más las bolas’ y hablara con su secretario”, explicó el fiscal.

Juan Martínez, secretario Fernández Moreno. Fotos FM de la Calle.

Otro supuesto indicio, la cercanía horaria entre los llamados a Coleffi y los twits de Sasso sobre la causa Suris, fue refutado por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del Ministerio Público Fiscal. “Esto que se sostuvo a lo largo de toda la investigación no pudo ser probado por la pericia de la DATIP”, que no encontró “ningún grado de conexión, vínculo personal, económico, financiero o profesional”, leyó el fiscal.

El dato que “trastoca toda la investigación”, remarcó, lo aportó el propio Martínez al admitir que “descartó como posibles autores” del delito al jefe de Drogas Ilícitas, comisario Diego Fernando Díaz Aguirre, porque era “de (su) extrema confianza”, y al jefe de Observaciones Judiciales, Néstor Rubén Galli, hombre de su “amistad más cercana”. “Martínez descarta que hayan filtrado las escuchas en base a su amistad y confianza con ellos”, que desde el sumario inicial declararon como testigos, a diferencia de Coleffi que nunca fue citado, explicó con asombro. El fiscal comparó el proceso con “una película de suspenso de Hitchcock” donde “todo el mundo sabe que el asesino es el mayordomo” pero que en este caso “desilusiona” cuando al final se comprende que no lo es y que “no se investigaron otras puntas”.

Al analizar los testimonios de los policías concluyó que no aplicaban ningún protocolo para custodiar las escuchas porque “se los llevaban a la casa” y “pasaban semanas” hasta que las entregaban a la justicia. Un caso llamativo fue el de Walter Schell, que fue “fue bastante parco” pero “reconoció que algunos de los audios eran los que había transcripto”. Según el defensor de Coleffi, el ex diputado Dámaso Larraburu, Schell intercambió 39 llamados con el periodista y tenía antecedentes de haber manipulado escuchas difundidas por La Brújula en la causa “Garcés” sobre narcotráfico. Cuando le preguntaron a Fernández Moreno si no le llamó la atención esa cantidad de comunicaciones “dijo que las vio pero (no le dio importancia por)que Schell sostuvo que se conocían desde antes”, apuntó el fiscal. “No se investigó en el sumario y tampoco se nos permitió a través de una instrucción suplementaria”, destacó el fiscal. Larraburu lamentó también que no se investigara a Galli, que “fue jefe de Observaciones Judiciales más de 25 años pero no recordó ninguna publicación previa de audios en la ciudad”. Para demostrar que “fue un testigo reticente” expuso ejemplares de La Nueva Provincia de 2006, cuando “salieron veinte hojas enteras con escuchas al intendente (Rodolfo) López”.

El fiscal cerró su alegato con el testimonio del director de La Brújula, que calificó de “lapidario”. Sasso contó que durante los ocho meses que la causa estuvo paralizada habló “más de diez veces con Martínez y con el fiscal Cantaro sobre los audios” y “no estaban sorprendidos ni les molestaba” que los difundiera. Adjudicó su procesamiento a “una vendetta por el tema de las fotos del viaje”, en referencia a la difusión de imágenes de Martínez, Candisano & Cantaro en la ruta del vino del País Vasco, que eran públicas en Facebook, y cuestionó que “usaron su cargo para cometer semejante abuso de autoridad”. Se amparó en el derecho constitucional a no revelar su fuente pero “fue contundente en afirmar que le pidió las escuchas a Coleffi pero se las negó”, destacó el fiscal. “No fue Coleffi y es una injusticia que esté acá”, remarcó Sasso, quien subrayó que “nos allanaron después de ocho meses” y sugirió que “una cosa rara (sic) pasó en el medio”.

Mientras la absolución de Coleffi puso fin a lo que llama su “muerte civil” durante un lustro, Ulpiano Martinez sigue en carrera como fiscal federal sin que el procurador interino Eduardo Casal repare en la conducta que el juicio dejó en evidencia y Fernández Moreno concursa para llegar a juez. Massot, por su parte, disfruta del plus de impunidad derivado de la falta de mérito que firmó el juez ad hoc Claudio Pontet y convalidó la Cámara en los albores del gobierno de Macri. La decisión sobre su futuro está desde 2016 en manos de la Corte Suprema de Justicia. El fiscal Javier de Luca advirtió en su recurso extraordinario que la convalidación de la falta de mérito constituye un sobreseimiento encubierto que pone en riesgo la soberanía del Estado por tratarse de delitos de jurisdicción universal. Destacó que los mensajes de “incitación al genocidio” y “exhortación al aniquilamiento total y definitivo de un colectivo humano” que propagaba La Nueva Provincia convierten a la causa Massot en un leading case que brinda “la oportunidad de fijar un estándar internacional sobre la intervención de civiles en delitos de lesa humanidad, no mediante vías de hecho sino a través del poder simbólico de las palabras difundidas por importantes medios de comunicación”.



“Más que hablar de guerra, hay que hacer la guerra. De entre todas las profesiones le cabe al periodismo un puesto de avanzada en las trincheras de la Patria (…) Nuestro deber, pues, se corresponde con el de las Fuerzas Armadas en toda la línea de combate”. (“La Argentina en guerra”, editorial de tapa de La Nueva Provincia, 19 de noviembre de 1977)


viernes, 22 de noviembre de 2019

“Aquí transitamos el infierno y el horror”

SEÑALIZACIÓN DE LA SEPTIMA BATERÍA DE PUNTA ALTA

“Aquí funcionó el centro clandestino de detención, tortura y exterminio Base de Infantería de Marina ‘Baterías’”, indica desde hoy un cartel en la séptima batería histórica de Punta Alta, en el sur bonaerense, donde fueron vistas por última vez personas secuestradas por marinos de Puerto Belgrano y sus subordinados de Prefectura durante la última dictadura. “Aquí transitamos el infierno y el horror” y “aquí escuché por última vez voces amadas y voces de compañeros queridos que no volví a ver”, resumió emocionada y con voz firme Patricia Gastaldi, sobreviviente y compañera de Horacio Russín, aún desaparecido. La señalización había sido ordenada en 2015 por el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca que por primera vez condenó a marinos y prefectos por delitos de lesa humanidad en esa zona y se concretó cuatro años después gracias al impulso del Movimiento por la Verdad y la Justicia de Punta Alta (MoVeJuPA).

Foto Luis Angel Salomón

Luis María Mendía
La Séptima Batería, cercana al balneario Punta Ancla (vista satelital aquí), funcionó como centro clandestino al menos desde agosto de 1976, cuando la comandancia de la Fuerza de Tareas 2 pasó del jefe de Puerto Belgrano al de la Fuerza de Apoyo Anfibio, hasta septiembre de 1977. El entonces comandante de los infantes de marina Eduardo Fracassi declaró al ser indagado que el lugar “fue habilitado por el comandante de Operaciones Navales” Luis María Mendía, el hombre que por las noches visitaba en su despacho a Diana Julio de Massot, directora del diario La Nueva Provincia, actor fundamental en la tarea de acción psicológica para legitimar el genocidio que aún ignora en sus páginas.

“Esta construcción recuerda uno de los lugares más oscuros de la historia de nuestra patria” y con su señalización como Sitio de Memoria “sentimos que resurgimos con nuestros muertos para cantar a la vida como una cigarra”, abrió el acto Stella Maris Barraza, del MoVeJuPA, con ese poema de María Elena Walsh. Destacó “el compromiso del Estado democrático de dar a conocer y condenar estos hechos aberrantes” y la importancia de dinamizar la memoria. “Nuevamente y con la memoria más terca que nunca, volvemos a marcar, señalizar, visualizar los lugares por donde pasaron cientos de compañeros y compañeras desaparecidos y también aquellos que sobrevivieron”, afirmó Alejandra Santucho, de H.I.J.O.S. Bahía Blanca, que definió a Baterías como “uno de los centros clandestinos más brutales”.

Gastaldi, secuestrada en 1976,  explicó que “transmitir, construir y mantener la memoria nos va a llevar toda la vida” pero como sobreviviente lo considera “una obligación” porque “es una de las garantías del Nunca Más”. Recordó la inspección ocular durante el juicio de 2015 y “los indicadores” que permitieron confirmar que “el lugar del horror” había sido la séptima batería, que es similar a las demás: el mangrullo, que otra sobreviviente dibujó en los ’80 cuando hizo un plano a pedido del fiscal Hugo Cañón; las piletas donde les hacían lavar ropa y platos; una “bajada muy abrupta” que los ex cautivos recordaban en el ingreso al centro clandestino, y la construcción de estilo inglés donde “recibían” a los secuestrados. “Aquí se torturó, se asesinó y se vivió el horror de los horrores, en el límite siempre entre la vida y la muerte”, destacó. “Pero también aquí escuché por última vez las voces amadas y las voces de compañeros queridos que no volví a ver, así que esto se ha resignificado como un lugar de vida, no sólo de muerte, porque si no caemos en la desesperación”, reflexionó, y agregó que “siempre sobre la muerte nace la vida”. Por último agradeció al MoVeJuPA, a “las compañeras de H.I.J.O.S.”, los miembros de la Unidad Fiscal, a sus familiares presentes y a la abogada Mónica Fernández Avello.

El mangrullo que se veía desde el CCD. Foto Natalia Maza.

Carlos Eraldo habló como hermano del desaparecido Norberto “Bocha” Eraldo, el primer cautivo de Baterías, y como hijo de Eduardo Eraldo, el sobreviviente que en 1997 declaró con certeza que había estado en “la séptima casamata” porque “conocía el lugar”. “Estamos haciendo memoria y lamentablemente la justicia es lo que más nos está costando”, reflexionó en referencia a las seis absoluciones y a las penas bajas dictadas en agosto por los jueces Luis Salas, Marcos Aguerrido y Oscar Albrieu en el segundo juicio por crímenes de la Armada y Prefectura. Tras agradecer a quienes impulsan las causas y la memoria destacó que “tenemos que segur peleando y traer a los antropólogos forenses para que hagan la revisión de todos los sectores”. Se trata del pedido de prospección del lugar que pidieron los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia y ordenó el tribunal oral y que aún no se concretó por la demora del Consejo de la Magistratura en enviar los fondos necesarios. “También tenemos que luchar para que este sitio sea cedido a los organismos de Punta Alta y Bahía Blanca con el presupuesto adecuado para convertirlo en un sitio de memoria”, concluyó Eraldo.


Las piletas donde las secuestradas eran obligadas a lavar ropa y vajilla. Foto Natalia Maza.
La casa donde "recibían" a los secuestrados. Foto Luis Angel Salomón.


Interior de la Séptima Batería. Foto Natalia Maza.
Foto Luis Angel Salomón.


Foto Luis Angel Salomón.

jueves, 21 de noviembre de 2019

Séptima Batería de Punta Alta: Sitio de Memoria del Terrorismo de Estado

La base de Infantería de Marina “Baterías”, ubicada en las afueras de Punta Alta, en el sur bonaerense, será señalizada mañana como “Sitio de la Memoria del Terrorismo de Estado”. La actividad se realizará en el ingreso a la séptima batería histórica, donde funcionó un centro clandestino de detención, tortura y exterminio en el que fueron vistas por última vez personas secuestradas por oficiales de la base naval de Puerto Belgrano y sus subordinados de Prefectura. La señalización fue ordenada a fines de 2015, a pedido de los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia y de querellantes locales, por el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca que condenó por primera vez a una veintena de represores de la Armada por delitos de lesa humanidad en esa jurisdicción. En esa sentencia se ordenó además realizar trabajos de prospección para recolectar nuevas pruebas, tarea aún pendiente por la demora en la asignación de recursos por parte del Consejo de la Magistratura de la Nación.

Puerto Belgrano es el mayor asentamiento naval del país y fue en el cine de esa base donde los oficiales navales supieron por primera vez sobre los “vuelos de la muerte” aprobados por la jerarquía católica que se aplicarían sistemáticamente después del golpe de Estado. Para los secuestrados de la zona usaron primero el “Puesto 1”, cerca de la entrada principal, luego un barco desmantelado amarrado a un muelle, el buque “ARA 9 de Julio”, y finalmente una de las baterías históricas sobre la costa, fortalezas de piedra con paredes de un metro de ancho construidas a fines del siglo XIX para custodiar el puerto militar.

Los testimonios de los sobrevivientes coinciden desde el retorno de la democracia en describir un edificio viejo y húmedo en donde pasaban días y noches sobre colchonetas inmundas, vendados y encapuchados, al que los torturadores iban todos los días excepto el domingo (para no faltar a misa) y desde el que se escuchaba a gente distendida en una playa cercana. Durante la inspección ocular que el fallecido fiscal general Hugo Cañón encabezó en 2007 un puñado de sobrevivientes recorrió la tercera y la sexta batería aunque aún no se sabía con certeza en cuál había funcionado el centro clandestino. Un año antes, en base a información aportada por familiares de una desaparecida, Página/12 había situado en la “séptima casamata” la siniestra historia de la navidad de 1976,que los marinos pretendieron celebrar con mujeres secuestradas.

Fiscal Hugo Cañón durante la inspección ocular de 2007

La inspección ocular en el marco del juicio oral de 2015 permitió confirmar que fue precisamente en esa batería donde funcionó el centro de tortura y exterminio. “Se constataron características geográficas y arquitectónicas particulares que no se han verificado en ninguna otra ‘Batería’”, fundamentaron los jueces Jorge Ferro, José Triputti y Martín Bava en su sentencia. “Si bien las casamatas se diseñaron para cumplir un mismo objetivo, el acceso a cada una de ellas es muy distinto” y la séptima se diferencia por sus “características exteriores: playón de cemento, mangrullo, piletas para lavar, construcciones de estilo inglés”, enumeraron. “Si tenemos en cuenta que los testigos se refirieron a ellas antes de realizar la visita, y en el momento las reconocieron, no tenemos dudas de que fue en ese lugar donde funcionó el centro de detención”, afirmaron. Tal como habían sostenido al dictar la medida cautelar para preservar y conservar el lugar pedida por Palazzani y Nebbia, los jueces consideraron “de suma importancia reconocer la dimensión histórica y cultural” del ex centro clandestino y transformarlo en Sitio de Memoria “para la reflexión de la sociedad y sobre todo con el objetivo de que los hechos no  vuelvan a producirse”.

Además de la señalización, que llegará con cuatro años de demora, el tribunal ordenó a pedido de los fiscales que la asociación Memoria Abierta realice en la “Séptima Batería” los mismos trabajos de prospección que permitieron recolectar abundantes pruebas en el predio del Ejército donde funcionó el centro clandestino La Escuelita, en Bahía Blanca. Esa tarea fue encomendada al juzgado federal que instruye la causa y depende para su concreción de los fondos que debería enviar el Consejo de la Magistratura.

En la “Séptima Batería” fueron vistos por última vez los desaparecidos Carlos Oliva, Norberto Eraldo, Jorge Del Río, Víctor Carcedo, Horacio Russín, Néstor Grill, Cora Pioli y Daniel Carrá, precisó la Unidad Fiscal sobre delitos de lesa humanidad bahiense. También estuvo allí Laura Martinelli, asesinada en un enfrentamiento fraguado. Por sus secuestros, torturas y desapariciones ya fueron condenados los marinos Oscar Castro, Gerardo Pazos, Eduardo Fracassi, Enrique De León, Luis Alberto Pons y Sergio Aráoz de Lamadrid.

La señalización a cargo de la red de Sitios de Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación está prevista para las 11.30 de mañana. El Movimiento por la Verdad y la Justicia de Punta Alta (MoVeJuPA), que recibe adhesiones en movejupa@gmail.com, convoca a concentrarse una hora antes en la Plaza de la Memoria, en Primera Junta y el camino a la playa de Arroyo Parejas.








domingo, 7 de mayo de 2017

Lesa humanidad: perpetua en Bahía Blanca para el comisario Boccalari

En la mañana del viernes 5, el TOF bahiense condenó al comisario inspector retirado Gustavo Boccalari a prisión perpetua, por la desaparición de Julio Mussi en 1977. Fue la primera sentencia en un juicio por delitos de lesa humanidad tras el 2x1 de la Corte.
Por Diego Kenis. Fotos: Luis Salomón (Publicado por agencia Paco Urondo)

La primera sentencia en un juicio por delitos de lesa humanidad tras el obsequio del 2x1 de la Corte a genocidas llegó en Bahía Blanca, donde el Tribunal Oral Federal local decidió condenar a prisión perpetua al comisario inspector retirado de la Policía Bonaerense Gustavo Abel Boccalari y solicitar a María Eugenia Vidal su baja de la fuerza y al ministro Germán Garavano que estatuya como Sitio de Memoria el predio policial donde el condenado cometió los delitos de lesa humanidad que lo llevaron a juicio (el fallo completo puede leerse en este enlace).

Se trató de un debate oral atípico para estas megacausas, ya que encontró en el banquillo a un único acusado y se abordó el caso de una sola víctima del accionar del terrorismo estatal. La irregularidad orienta una respuesta a la Corte, que decidió hacer correr el tiempo perdido en favor de los imputados, cuando en realidad las dilaciones se debieron a la impunidad que ellos mismos planificaron y que cristalizaron desapareciendo los cuerpos de sus víctimas, presionando a los gobiernos democráticos para obtener legislaciones benignas y obstruyendo con chicanas burocráticas una vez que los juicios se volvieron una realidad.
El Tribunal a cargo del proceso oral concluido este viernes estuvo compuesto por jueces ajenos a su conformación ordinaria y también a la habitual terna subrogante en causas de lesa humanidad. Formaron parte de él los jueces pampeanos Luis Salas, Pablo Díaz Lacava y Marcos Aguerrido, quienes por unanimidad consideraron al conjunto de delitos tratados como de lesa humanidad y por mayoría los entendieron parte de un genocidio. A su vez, resolvieron también denegar la revocación de la prisión domiciliaria que habían solicitado los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia y rechazaron los planteos de cosa juzgada y extinción de la acción penal elevados por el defensor Walter Tejada, cuyo padre y homónimo se encamina a una segunda condena a perpetuidad también en Bahía Blanca. El próximo 19 de mayo se conocerán los fundamentos del fallo contra Boccalari.
Julio Mussi, presente
Cuando el TOF comenzó a leer la sentencia, la expectativa se adueñó del Aula Magna de la Universidad Nacional del Sur, donde se celebró la audiencia. Al pronunciarse la decisión de condena a prisión perpetua, los aplausos poblaron la sala. De inmediato, las fotos de Julio Argentino Mussi se alzaron en manos compañeras.
El hoy condenado Boccalari estaba imputado como autor de los delitos de lesa humanidad de que fue víctima Mussi, a quien se vio por última vez en sus manos en la Brigada de Investigaciones de Bahía Blanca, en 1977.
Mussi había sido secuestrado en la ciudad de Comodoro Rivadavia el 22 de marzo de ese año, día en que también fueron privadas de la libertad otras diecisiete personas. Bajo la acusación de proveer de vehículos a la “subversión”, todos quedaron a disposición del V Cuerpo de Ejército, con cabecera en Bahía Blanca y jurisdicción militar sobre todo el sur argentino.
El traslado de Mussi a Bahía Blanca se produjo horas después, a bordo de un avión militar y en custodia del subcomisario Luis Cadierno y el entonces oficial subinspector Boccalari, que para comienzos de ese año revistaban en la Delegación Cuatrerismo de la policía provincial y respondían, en el organigrama represivo, al general Abel Catuzzi. Catuzzi, que llegaría a comandante del V Cuerpo dos años más tarde, era en 1977 el jefe de la subzona 51 del trazado de la represión clandestina.
Durante el viaje, que se extendió por cuatro horas, Cadierno y Boccalari amenazaban a los secuestrados con tirarlos al mar desde la aeronave. Una vez llegados a Bahía Blanca, Mussi y sus compañeros de cautiverio fueron conducidos a un vagón de ferrocarril, en apariencia abandonado en la intemperie de la playa de maniobras del Ferrocarril Roca.
En ese viejo vagón, que los torturadores llamaban “el avión de madera”, Mussi permaneció por espacio de seis a ocho días. Durante ese periodo, no se le acercó comida ni bebida alguna. Al quinto día comenzaron las torturas con picana eléctrica, en una dependencia cercana al vagón. Los represores la llamaban “sala de sesiones”. Con Mussi demostraron especial ensañamiento, ya que en una ocasión pudo aprovechar el deslizamiento de la venda que cubría sus ojos para enfrentarlos. Trabajosamente, los torturadores consiguieron reducir su humanidad de 1, 85 metro y cien kilos y luego se desquitaron, aplicándole golpes de culata en grupo.
Desde aquel vagón, Mussi fue conducido a la sede de la Brigada de Investigaciones de la Policía. Allí acababa de ser trasladado Boccalari, que junto a Cadierno siguió a cargo de las torturas al secuestrado. Cuarenta años después, uno descargó sobre el otro todas las culpas. Cadierno “no aceptaba opiniones” y “quizás fui un cobarde por no decir ‘esto no va conmigo’, pero estaba con las manos atadas”, trató de exculparse Boccalari al hablar ante el Tribunal en febrero de este año.
Mussi pasó sus últimos días en la Brigada en agonía, pidiendo por su mujer y su hijo. No volvió a saberse de él, ni de su cuerpo. Los restantes detenidos en Comodoro Rivadavia pasaron a “disposición del Poder Ejecutivo Nacional” al cabo de un trimestre, y fueron confinados en la cárcel bahiense. Recuperaron la libertad recién en los últimos días de diciembre de 1977.
Abogada querellante Mónica Fernández Avello
Boccalari, en tanto, continuó su carrera en la Policía provincial hasta mediados de los ’90. Aunque no se le conoció participación política partidaria, gustaba jactarse ante los vecinos de los distritos por donde pasó de las gestiones que hacía ante autoridades provinciales, que sin embargo no le permitieron llegar al máximo cargo del escalafón. Su paso por la fuerza registra sumarios por apremios ilegales a detenidos comunes, que no prosperaron ni le impidieron obtener calificaciones sobresalientes, y una denuncia por acoso sexual a uno de sus subordinados, radicada por la esposa de éste. Sorpresivamente, la mujer retrocedió luego sobre sus pasos y retiró la acusación, pero el férreo machismo de la institución parece haber impedido a Boccalari el que hubiera sido su último ascenso. Ilustra una época: la Bonaerense de entonces admitía (y premiaba) a torturadores, pero no toleraba sospechas en las preferencias sexuales de sus miembros. El expediente de su retiro, efectivo en febrero de 1996, lleva la firma de Pedro Klodczyk. 
Sobre Mussi, en aquel 1977 el Estado mintió primero una liberación y luego, por vía del Ministerio del Interior y del Ejército, negó contar con antecedentes de ninguna índole. Para el discurso oficial, como definió el dictador Jorge Videla, no tenía entidad, no estaba ni vivo ni muerto, sino desaparecido. Mercedes Fuentes de Mussi, su madre, murió mirando la ventana, esperando la tarde de su regreso, en el lejano y muchas veces olvidado sur argentino.

PORTAL FISCALES.GOB.AR
Tal como lo había solicitado el Ministerio Público Fiscal, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca le impuso hoy la pena de prisión perpetua al ex oficial de la Brigada de Investigaciones de esa ciudad, Gustavo Abel Boccalari, al encontrarlo responsable del secuestro, las torturas y el homicidio, en la modalidad de desaparición forzada, del trabajador petrolero Julio Mussi, quien fue detenido ilegalmente el 22 de marzo de 1977 en Comodoro Rivadavia y llevado a la ciudad del sur bonaerense, donde fue desaparecido. En su alegato del mes pasado, el fiscal ad hoc José Nebbia -quien intervino en el debate junto al fiscal general Miguel Palazzani- había reclamado también que se revoque la prisión domiciliaria del acusado, petición que fue rechazada por los magistrados.
Fiscal José Nebbia (Foto Luis Salomón)
En su veredicto, los jueces Roberto José Salas, Pablo Ramiro Díaz Lacava y Marcos Javier Aguerrido resolvieron por unanimidad condenar a Boccalari, a quien hallaron responsable “de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometida por un funcionario público con abuso de sus funciones y sin las formalidades prescriptas por la ley, agravada por mediar violencias o amenazas, en concurso material con imposición de tormentos agravados por ser la víctima perseguida política en concurso real con homicidio agravado por alevosía, por el concurso premeditado de dos o más personas y con el fin de lograr la impunidad, bajo la modalidad de desaparición forzada de personas, en perjuicio de Julio Argentino Mussi”. Esos hechos fueron calificados por los tres magistrados como de lesa humanidad, y por mayoría, genocidio.
El Tribunal también dio curso al pedido formulado por Nebbia para que se comunique la sentencia al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y se inicie el proceso de destitución del ahora condenado Boccalari, cuando se encuentre firme. Y en línea con lo reclamado además por el MPF, los jueces le solicitaron al Poder Ejecutivo Nacional que el predio donde funcionó la Brigada de Investigaciones y Cuatrerismo -donde ocurrieron parte de los crímenes- sea estatuido como “Sitio de la Memoria del Terrorismo de Estado”. Los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer el 19 de mayo a las 9 de la mañana, informaron Salas, Lacava y Aguerrido en el veredicto.
La resolución del Tribunal Oral Federal fue recibida a sala llena en el Salón de Actos de la Universidad Nacional del Sur, lo que para Nebbia “remarca la vigencia de los procesos y la importancia para la sociedad en el contexto del reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Allí, se encontraban familiares y allegados de la víctima, que agradecieron a los fiscales y al equipo de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado -con sede en Bahía Blanca- su intervención en el proceso y la condena obtenida.
Los hechos investigados
En su alegato, Nebbia recordó que Julio Mussi tenía 32 años y vivía en Comodoro Rivadavia con su esposa y su hijo Alejandro, de tres años, y que era soldador de instrumental utilizado en la actividad petrolera. La víctima fue secuestrada durante un allanamiento ilegal a su casa, en el que se llevaron documentación personal y le robaron el auto, que luego fue visto durante meses en el Regimiento 8 de Infantería de esa ciudad.
Mussi y una decena de personas secuestradas para la misma fecha en esa zona fueron trasladadas a Bahía Blanca en un avión Hércules c130, en un operativo a cargo de la Brigada de Investigaciones del que participaron Boccalari y su superior, el comisario Luis Cadierno. Durante el traslado "permaneció vendado y atado, fuertemente custodiado y sometido a amenazas permanentes", describió el fiscal en base a los testimonios de los sobrevivientes.
Ya en Bahía Blanca, Mussi fue confinado junto al resto de los prisioneros en un vagón ubicado en el patio de la Delegación Cuatrerismo de la Policía provincial, un centro clandestino de detención que las víctimas recuerdan como "el avión de madera" o "vagón". El lugar estaba a cargo del comisario Cadierno y del oficial Boccalari, situación que fue corroborada tanto por los documentos como por los testimonios. "El cautiverio en ese sitio transcurrió -por período de entre seis y ocho días- en condiciones infrahumanas, siempre atado y vendado, prácticamente sin recibir comida ni bebida. Sufrió amenazas, golpes e interrogatorios con severas torturas", narró Nebbia. En una ocasión en que era retirado del vagón, Mussi intentó soltarse, tras lo cual fue violentamente golpeado y torturado por sus captores. El hecho, que ocurrió en el patio de Cuatrerismo, fue narrado por los testigos durante el debate, quienes coincidieron en que Mussi fue golpeado brutalmente con la culata de las armas, que quedó agonizando y que lo último que recuerdan es que lo escucharon preguntar por su pareja y su hijo. Desde entonces, nunca más fue visto.
El fiscal ad hoc agregó que luego de la desaparición de Mussi se intentó "sembrar un manto de duda sobre el destino final de la víctima" al fraguar su firma en un documento en el que quedaba asentado que se le había otorgado la libertad. Ese papel le fue mostrado a sus familiares, cuando hicieron el reclamo por su paradero en el comando del V Cuerpo del Ejército. "La metodología de simular la concesión de una libertad nunca concretada es una muestra del intento de Boccalari, junto a otros agentes, por desprenderse de un crimen, y auto-procurarse la impunidad a través de los resortes estatales. Boccalari no sólo desapareció a Mussi, sino que previamente utilizó a la propia víctima como instrumento desincriminante, antes de borrarlo de la faz de la existencia, de él y de sus seres queridos", analizó Nebbia en el alegato.


domingo, 30 de abril de 2017

La Madre que enfrentó al Cóndor

Mafalda Corinaldesi viajó de Punta Alta a La Paz apenas supo de la detención de su hijo en Bolivia. Se movió hasta que la dictadura de Hugo Banzer le probó que lo habían entregado a la de Videla. Al volver a Buenos Aires fue secuestrada y desaparecida. Meses después nacían las Madres de Plaza de Mayo.

Por Diego Martínez
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Mafalda Corinaldesi
Horas antes de ser secuestrada en el centro de Buenos Aires se cubrió la cabeza con un pañuelo para despistar a los hombres que la seguían desde el aeropuerto de Ezeiza. “Voy a luchar hasta el último momento para saber dónde está mi hijo”, advirtió en la última cita, el 19 de noviembre de 1976. Mafalda Corinaldesi, un ama de casa de Punta Alta, en el sur bonaerense, no llegó a marchar en Plaza de Mayo ni en la plaza de su ciudad. Tampoco pudo saber que el pañuelo se convertiría en símbolo de lucha contra el terrorismo de Estado de la mano de mujeres como ella, que el mundo conoció meses después como Madres de Plaza de Mayo.

Nacido en 1935, hijo de un chofer de la base naval de Puerto Belgrano y de una modista, Luis Faustino Stamponi contaba que era militante gracias a su mamá. “Con su tenacidad, sus esfuerzos, sus sacrificios, su trabajo intenso para ayudar a mantener el hogar, lo sensibiliza y lo impulsa a mirar a su alrededor, a ver las diferencias de clase y tomar posición, su lugar dentro de la sociedad”, escribió su primera esposa, Alicia Borgato. Stamponi inicio su militancia en Punta Alta, donde participó de la toma del Colegio Nacional a favor de la educación laica durante la dictadura de Aramburu. A fines de los ’50 se sumó a Palabra Obrera y en 1962 llegó por primera vez a Cuba para recibir entrenamiento militar. Allí conoció a Ernesto Guevara y asumió como propia la doctrina del internacionalismo y la estrategia continental de lucha a la que dedicó el resto de su vida, que investigó el historiador Gustavo Rodríguez Ostria. Lloró al leer que Guevara lo había mandado a buscar a Buenos Aires (estaba en La Habana) para pelear en Bolivia, donde en 1969 se integró al Ejército de Liberación Nacional (ELN) que en 1975 se convertiría en Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT-B), y fue uno de los promotores de la Junta de Coordinación Revolucionaria con los tupamaros, el PRT-ERP y el MIR chileno.

“Durante el último conflicto, a pesar de la derrota, hemos visto agrandarse hasta lo increíble a simples y modestos hombres y mujeres del Pueblo, conscientes de que los pueden matar pero no esclavizar, y firmes y seguros en su triunfo final”, le escribió a su hija el 20 de agosto de 1976, mientras según su biógrafo “cumplía el rol de ‘responsable de los centros mineros’, el neurálgico centro de la resistencia política a la dictadura, y fungía en los hechos como jefe del PRT-B”. [1] “Mi querida niña, espero ansioso noticias tuyas. No se me escapa que pueda sucederte algo, creo que es un riesgo que todos hemos medido, pero jamás se me ocurriría aconsejarte la pasividad, la indolencia y la ceguera frente al dolor y la explotación para asegurar tu integridad física. ¿De qué vale ésta frente a la injusticia y la barbarie de la sociedad capitalista?”, se preguntó Stamponi en momentos en que la dictadura de Hugo Banzer se ensañaba con el PRT-B y su pedido de captura entre “extremistas prófugos” circulaba por Bolivia.

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Luis Stamponi (foto gentileza Nila Heredia)
“Gerardo” o “Miseria”, como lo conocían sus compañeros, fue secuestrado junto a Victoria Fernández y su bebé en la casa de un obrero en Llallagua, al norte de Potosí, el 28 de septiembre de 1976 a tres de la mañana. Del operativo participó la Dirección de Orden Político (DOP) de Bolivia y militares del regimiento de Tarapacá, aunque ya en los primeros interrogatorios se topó con oficiales con acento argentino, declaró la mujer en el juicio por el Plan Cóndor. Mientras lo torturaban y exponían en cuarteles como un trofeo, la noticia de la detención se publicó en el diario Presencia, de La Paz. Llegó a oídos de su hija adolescente en Buenos Aires por Radio Colonia, de Montevideo, y desde allí a Punta Alta, hábitat natural de los marinos que por esos meses perfeccionaban la “muertecristiana” en vuelos sobre el Río de la Plata, que en 1977 aplicarían a lasMadres fundadoras Azucena Villaflor de De Vicenti, Esther Ballestrino deCareaga y María Ponce de Bianco.

Mafalda Corinaldesi, que había enviudado, vivía de coser y tejer para afuera y tenía terror de que le robaran a su nieta, no dudó en viajar a Bolivia para averiguar sobre su hijo. “¿Vos si tenés un hijo lo vas a abandonar? --le planteó a una sobrina que le recordó el contexto--. Es lo único que tengo y quiero verlo”. Apenas llegó a La Paz, el 13 de noviembre, notó que la vigilaban. Después descubrió que le habían allanado la habitación del hotel aunque no le robaron nada. En el Ministerio de Gobierno la recibió e interrogó el mayor Jorge Cadima Valdez. Le dijo que a su hijo lo habían expulsado del país y lo habían entregado a fuerzas de seguridad argentinas en la frontera con La Quiaca el 15 de octubre. Como prueba le entregó un radiograma firmado por el subprefecto de Villazón.

En la mañana del 19 de noviembre llegó al aeropuerto de Ezeiza en un vuelo de Lloyd Aéreo Boliviano. Antes de que le sellaran el pasaporte vio que le avisaron a un hombre de civil, que la siguió hasta el hotel. A las cinco de la tarde, con ruleros y un pañuelo para romper el seguimiento, se entrevistó con su nuera, quien le advirtió del peligro y le aconsejó volver a Punta Alta. “Usted no me puede pedir eso. Soy la madre, voy a luchar hasta el último momento para saber dónde está mi hijo”, respondió. “Estaba convencida de que sus trámites iban a dar resultado. Nunca imaginó la bestialidad de lo que estaba pasando. Sólo pensaba en encontrar a su hijo y cuidarnos a nosotras”, recordó treinta años después Borgato, quien se radicó en Cuba. En los primeros minutos del 20 de noviembre, el día que cumplía 60 años, tres hombres de civil la secuestraron del hotel Esmeralda.

Las desapariciones de madre e hijo formaron parte cuarenta años después del juicio por la Operación Cóndor, como se denominó la coordinaciónrepresiva entre dictaduras del Cono Sur. Por el caso Stamponi fue imputado el ex dictador Jorge Rafael Videla; por el de su madre, Jorge Olivera Róvere, dueño de vidas y muertes de la capital argentina en 1976. Ambos murieron durante el proceso. La Corte Penal de Roma que en enero condenó a ocho ex altos mandos de Bolivia, Perú, Chile y Uruguay por víctimas del Cóndor de origen italiano también incluyó sus casos, por los que dieron testimonio Rodríguez Ostria, Fernández y Nila Heredia, militante del PRT-B secuestrada y torturada en abril de 1976 y última compañera de Stamponi.

“Luis siempre se refería a su mamá con mucho cariño, su padre había muerto varios años antes”, recuerda Heredia. “Tengo la impresión de que su madre acompañó y protegió las ideas de Luis. Su presencia en Bolivia para reclamar por él demuestra cuánto lo quería. Con seguridad habría sido una de las luchadoras por la aparición con vida de su hijo”, agrega la ex Ministra de Salud de Evo Morales. “Lastimosamente la desaparecieron de un modo atroz luego de ser engañada, postergada y burlada en la información que el Ministerio de Gobierno le trasmitió respecto de la fecha de la entrega de su hijo a la represión argentina. Con seguridad el retorno a Buenos Aires fue comunicado por el Ministerio de Gobierno boliviano al argentino, de otra manera no se podría entender que la misma noche la detuvieran y desaparecieran”, destaca Heredia, ex presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos yMártires por la Liberación Nacional (Asofamd) que reclama la creación de una Comisión de la Verdad, Memoria, Justicia y Reparación por las violaciones a los derechos humanos en Bolivia entre 1964 y 1982.

La memoria avanza a paso lento. En La Paz, la imagen de Stamponi integra desde 2004 un mural del artista Walter Solón Romero en la Plaza del Desaparecido “José Carlos Trujillo”, al pie del mirador Montículo. Los nombres de madre e hijo identifican desde el año pasado una calle del municipio de Ancona, en el centro de Italia, de donde provenían ambas familias. Gracias al Movimiento por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Punta Alta (MoVeJuPA), que da pelea en un territorio hostil a esos fines por la influencia de la Armada y del diario La Nueva Provincia, desde el 24 de marzo de 2012 las fotos enmarcadas de Mafalda Corinaldesi y Luis Stamponi ofician de recordatorio en el Concejo Deliberante de su ciudad, donde pocos reparan haber tenido a una precursora de las Madres de Plaza de Mayo.



[1] Luis Faustino Stamponi. Una vida en la lucha armada, 1962-1976. Por Gustavo Rodríguez Ostria. Lucha Armada en la Argentina. Anuario 2011.

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