domingo, 27 de julio de 2014

Los delitos sexuales en La Escuelita de Bahía Blanca

Los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani imputaron a 70 represores del Cuerpo V de Ejército. Ante otro rechazo automático del juez subrogante Santiago Martínez, apelaron ante la Cámara Federal de Bahía Blanca.

Por Ailín Bullentini
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Hace varios años que, empujados por sobrevivientes, operadores judiciales y las propias protagonistas, los delitos sexuales sufridos por mujeres víctimas de la última dictadura cívico militar en contextos de encierro pujan por llegar a los estrados de la Justicia como delitos de lesa humanidad. Los fiscales federales José Nebbia y Miguel Angel Palazzani llevaron hasta la Cámara Federal de Bahía Blanca el pedido de que se impute por esos delitos a 70 represores que actuaron en los centros clandestinos de detención que correspondieron al V Cuerpo del Ejército, luego de que el juez federal Santiago Martínez rechazara el requerimiento. “Esto debe salir a la luz y ser juzgado, hacerlo es parte de la Justicia que se está buscando”, consideró Nebbia sobre los argumentos del requerimiento rechazado por Martínez en febrero pasado y elevado a la Cámara Federal local hace dos semanas. Los fiscales apoyaron su pedido en la necesidad de diferenciar los delitos sexuales de aquellos otros relacionados directamente con las violaciones a los derechos humanos sucedidas durante los años del terrorismo de Estado, como la tortura, para poder identificar responsables y juzgarlos. “Lo mismo que sucede con los delitos de tormentos y secuestros, o desapariciones, hay que entender que la violencia sexual no es una cuestión del pasado y que, por tanto, si queremos avanzar sobre los problemas de violencia de género que aquejan a la sociedad debemos juzgar estos casos sucedidos en el peor momento de nuestro país, en las peores condiciones”, desmenuzó Nebbia.
El requerimiento elaborado por él y su colega Palazzani exige la ampliación de la imputación a 70 represores, todos los jefes o guardias vivos de las dependencias del V Cuerpo del Ejército Argentino que fueron acusados por delitos de lesa humanidad cometidos en esa zona de acción terrorista. Añadió Nebbia: “Todos los que alguna vez tuvieron responsabilidad por delitos cometidos en el V Cuerpo también tienen que serlo respecto de los delitos sexuales que allí tuvieron lugar”. A todos les endilgaron la calificación de autores, mediatos o no, de delitos de violencia sexual en perjuicio de “la totalidad de las víctimas mujeres” que hubo en esa jurisdicción de la fuerza, mencionan en el documento.
Aquí surge la otra pata estructural del requerimiento bahiense. Los fiscales a cargo de la Unidad de Asistencia para las causas por violaciones a los derechos humanos de esa ciudad bonaerense dejan de lado la estrategia de analizar caso por caso al momento de detectar delitos y juzgar a presuntos responsables, para entender a las mujeres como un grupo homogéneo que, por esa diferenciación de género, sufrió el terrorismo de Estado de una manera particular. Hasta el momento, todos los avances que hubo en el terreno de la Justicia destinados a entender como delitos de lesa humanidad específicos los ataques de índole sexual que sufrieron las mujeres fueron traccionados por señalamientos de las propias víctimas o existencias de determinadas situaciones en las que tanto el atacante como la atacada estaban perfectamente identificados.
“El hecho de ser mujer en un centro clandestino de detención y tortura implicó ser víctima de violencia sexual”, apuntaron Nebbia y Palazzani en el requerimiento. Parten de la base indiscutible de que no fue lo mismo ser víctima hombre que víctima mujer y convierten esa diferencia en carácter sistemático del delito sexual: “Decimos que todas las mujeres lo sufrieron, a nivel país y a nivel local”, puntualizó el fiscal, que junto a su colega remarcó en el documento: “Este tipo de violencia se encuentra, aún hoy en nuestra jurisdicción, invisibilizada. Es hora de que comencemos a saldar esa deuda”.
Al momento de solicitar al juez federal la ampliación de las imputaciones, contabilizaban 52 mujeres víctimas del terrorismo de Estado en la zona de acción analizada. El grupo se incrementó porque se detectaron nuevas víctimas, con lo cual deberán ampliar el requerimiento para sumarlas.
En más de 90 páginas el pedido presentado a Martínez desborda de testimonios extraídos de diversas causas que acreditan desde violaciones concretas hasta situaciones de vejaciones permanentes de parte de guardias, carceleros, secuestradores y jefes de centros clandestinos de detención hacia las mujeres allí encerradas, además de contar con un marco teórico que permite entender el cómo e intentar hipotetizar los porqué tales cuestiones sucedieron. La violencia sexual formó parte de los “métodos de dominación y destrucción masiva de personas” utilizados por el terrorismo de Estado y “de ninguna manera, y en ningún caso, puede ser considerada este tipo de violencia como meros excesos”, plantearon los fiscales. Y se combinó con una “doble calificación negativa” que los militares tenían sobre las mujeres: por militante y por mujer. “Las mujeres son vistas como propiedad de los hombres, entonces su cuerpo se convierte en terreno/objeto de disputa, y los ‘cazadores’ de subversivos libran también allí su ‘batalla, su disputa, su conquista’”, completaron.
Para Martínez, no obstante, el trabajo no fue suficiente. “El plexo probatorio no resulta suficiente para atribuir a ninguno de los setenta imputados la consumación de las conductas endilgadas”, rechazó el juez federal. Para él, existe una “imposibilidad de atribuirles a los imputados los hechos descriptos por la fiscalía, por falta de elementos probatorios en algunos casos e indeterminación de sus autores materiales, en otros”.
A principios de mes, los fiscales recurrieron a la Cámara Federal de Bahía Blanca, ante la que principalmente tildan la resolución del magistrado de arbitraria y falta de motivación. “Al negarse a recibir declaración indagatoria de los imputados, el magistrado ha incurrido en una manifestación patente de parcialidad, arrogándose roles que corresponden a la defensa de los acusados”, denunciaron en el dictamen de apelación. “Dice que en algunos casos no hay pruebas, en otros no es señalado el autor: ¿en cuáles?, no lo explica. Entonces creemos que lo que pide es la prueba diabólica: que cada víctima señale quién era el que tenía la picana en la mano –dijo por último Nebbia–. El operador judicial está para extender el acceso a la Justicia de todos los ciudadanos, no para complicar ese camino.”

miércoles, 9 de julio de 2014

Arrancó el juicio al corazón de la Armada


Los imputados son 24, de los cuales 15 gozan de arresto domiciliario. Debido a la feria invernal de los jueces, el debate continuará recién dentro de un mes, el 5 de agosto.

Con la mitad de los acusados en Bahía Blanca y la otra en una sala de los tribunales de Comodoro Py comenzó ayer el primer juicio por delitos de lesa humanidad en las bases navales de Puerto Belgrano y Baterías, de la ciudad de Punta Alta. Tras la baja de Guillermo Botto, que murió el viernes en su casa, los imputados son 24, de los cuales 15 gozan de arresto domiciliario. Los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani apelaron esa decisión del tribunal, sobre la que ahora debe pronunciarse la Cámara de Casación Penal. Debido a la feria invernal de los jueces, cuyas fechas no coinciden porque provienen de provincias distintas, el proceso continuará recién dentro de un mes, el 5 de agosto.
La audiencia comenzó a las 9.50. En el aula magna de la Universidad del Sur los acusados se sentaron en una hilera, escoltados por penitenciarios. Los doce de Py, todos en libertad, se mezclaron con esposas e hijos, que hasta pudieron filmar con sus celulares a los pocos periodistas presentes. Unos en vivo y otros por videoconferencia, todos escucharon la lectura de la elevación a juicio hasta el final de la breve jornada, a las 15.30.
Los acusados de la causa Armada, que sobrevivieron a casi cuatro décadas de impunidad y están en condiciones de afrontar el proceso oral, son hasta hoy 38. El 24 de junio, el juez federal subrogante Santiago Martínez elevó un segundo tramo con 14 acusados. Los fiscales reclaman que se unifique con el primero porque se trata de los mismos hechos (sólo se sumarían tres víctimas a las 66 del proceso en curso), con pruebas documentales comunes, imputados que integraron las mismas estructuras represivas y que hasta comparten abogados. La decisión que podría evitar más casos de impunidad biológica está en manos de los jueces Jorge Ferro, José Triputti y Martín Bava, que ya dictaron dos sentencias en Bahía Blanca.
El fiscal Palazzani remarcó ayer que se trata de un juicio “histórico” y consideró “un simbolismo muy fuerte que se haga en la Universidad del Sur, donde la Armada metió el escalpelo fino en la ejecución del genocidio”. Consultado sobre los asesinatos de Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, empleados del diario La Nueva Provincia secuestrados y fusilados en 1976, señaló que “en una etapa de la perpetración de esos asesinatos inevitablemente tenemos que referirnos al núcleo del diario LNP, que fue su directora (Diana Julio, fallecida) y sus dos hijos”, en referencia a Federico (muerto) y Vicente Massot, que ya fue indagado por los crímenes.
Walter Larrea, querellante por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos local, consideró al juicio “un acontecimiento histórico por lo que significa la Armada en la historia de la ciudad” y se mostró confiado en que “arroje condenas justas que permitan avanzar en las responsabilidades civiles y políticas”. Mónica Fernández Avello, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, señaló que en el juicio “se va a probar la organización entre todas las Fuerzas Armadas en el plan de exterminio”.
El presidente del Movimiento por la Memoria, Verdad y la Justicia (Movejupa) de Punta Alta, Mariano Vara, destacó que la jornada de ayer “marca un quiebre en la comunidad”. “Comienza a correrse el telón de una historia que intentaron ocultar”, advirtió. “En Punta Alta caló muy hondo la teoría de los dos demonios, porque en la región fueron tremendamente sistemáticos el plan de aniquilamiento y la utilización de los medios de comunicación para hacer casi natural este tipo de discurso”, recordó. “Los ciudadanos de Punta Alta tienen que comenzar a perder el miedo”, se esperanzó.

Más información sobre la audiencia inicial en:

Acusados en familia, juzgados por videoconferencia en Comodoro Py. Foto: Marcelo Núñez.

Los acusados en el aula magna de la UNS. Foto: Infojus.

martes, 8 de julio de 2014

Puerto Belgrano, hora cero

Comienza en Bahía Blanca el primer juicio por delitos de lesa humanidad en la mayor base naval del país. Sólo nueve de los 24 acusados están en la cárcel. Una docena seguirá la audiencia por videoconferencia desde Comodoro Py.

Por Diego Martínez
CCD en base Baterías
Hoy a las nueve de la mañana comenzará el primer juicio por los secuestros, torturas y homicidios cometidos por la Armada en la base de Puerto Belgrano, a 30 kilómetros de Bahía Blanca. El Tribunal Oral integrado por jueces subrogantes que ya dictó dos sentencias por crímenes del Cuerpo V de Ejército juzgará a once marinos, cinco prefectos, siete militares y un ex policía bonaerense. Gracias a la concesión automática de arrestos domiciliarios sólo la mitad de los imputados estarán presentes en el aula magna de la Universidad Nacional del Sur. Los otros doce seguirán la audiencia por videoconferencia desde una sala de los tribunales porteños de Comodoro Py. Los jueces Jorge Ferro, José Triputti y Martín Bava rechazaron el pedido de los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani para que los imputados fueran traslados a la cárcel y/o a hospitales locales, decisión sobre la que debe pronunciarse la Cámara de Casación. A la amplia lista de marinos que murieron impunes antes del juicio se sumó el viernes el capitán Guillermo Félix Botto. El tercer proceso por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca abarca los casos de 66 víctimas, incluidos Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola,dirigentes gremiales y empleados del diario La Nueva Provincia, por cuyosasesinatos fue indagado el empresario Vicente Massot.
  En 1955 Puerto Belgrano fue epicentro de la planificación y ejecución del bombardeo sobre Plaza de Mayo. Desde la vecina base aeronaval Comandante Espora despegaron tres Catalinas con la leyenda Cristo Vence. En los días previos al golpe de Estado de 1976, el contralmirante Luis María Mendía eligió su sala de cine para informar a la oficialidad que se avecinaba una guerra sin uniformes, con torturas cotidianas y desaparición de personas, que serían dopadas y arrojadas al mar desde aviones navales para preservar "la ideología occidental y cristiana". En 1986, antes de las leyes de punto final y obediencia debida, Astiz, Pernías, Donda & otros torturadores de la ESMA fueron recibidos allí con honores, según documentó La Nueva Provincia cuando todavía no debía ocuparse de su propia impunidad.
  El principal centro de detención de la Armada a nivel local estuvo en Baterías, la base de los infantes de marina, más oculta y menos transitada que Puerto Belgrano. Su ex jefe, el vicealmirante Eduardo Fracassi, confirmó en 2009 que el centro clandestino funcionó en la sexta batería histórica. Allí fueron vistos por última vez militantes como Horacio Russín, Cora Pioli, Norberto Eraldo, Néstor Grill y Gerardo Carcedo, ex concejal del FREJULI, todos desaparecidos. El grueso de los sobrevivientes estuvo encerrado en camarotes del crucero 9 de Julio, en la dársena de Puerto Belgrano.
  La causa se reabrió a fines de 2005 a pedidode la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca. Luego de una docena de recusaciones y excusaciones de jueces y abogados (por sus vínculos con marinos imputados) la investigación quedó a cargo del juez ad hoc Eduardo Tentoni, quien en 2007 condujo una inspección ocular junto al entoncesfiscal Hugo Cañón. La mayor parte de los procesamientos fueron impulsados por el fiscal Abel Córdoba, hoy a cargo de la Procuraduría sobre Violencia Institucional.
Oscar Alfredo Castro
  El contralmirante Manuel Jacinto García Tallada es el único de los once marinos que llegan a juicio que fue condenado (a prisión perpetua) en el primer juicio de la ESMA. García Tallada fue en 1976 jefe del estado mayor del Comando de Operaciones Navales (CON). Fracassi fue jefe de la Fuerza de Tareas 9 en 1976 y de la infantería de marina en 1977. El resto son capitanes. Eduardo Oscar Núñez fue jefe de Puerto Belgrano en 1976. Oscar Alfredo Castro comandó la Fuerza de Apoyo Anfibio y la Fuerza de Tareas 2 en 1976. Castro es el padre de dos militantes desaparecidos que estuvieronsecuestrados en Campo de Mayo, historia que publicó Página/12. Gerardo Alberto Pazos fue jefe de operaciones e inteligencia de la Fuerza de Tareas 2. José Luis Ripa, del departamento seguridad y operaciones de la BNPB. Tomás Hermógenes Carrizo integró el departamento de Inteligencia del CON. Leandro Maloberti fue jefe de la División Contrainteligencia de la BNPB. Enrique de León integró el departamento operaciones de Baterías. Luis Alberto Pons encabezó el batallón comando de la Brigada de Infantería 1, en tanto el aviador Domingo Ramón Negrete fue jefe de la base Espora en 1976.
  Tres de los acusados de Ejército ya fueron condenados. Héctor Selaya fue jefe de la cárcel de Villa Floresta, el coronel Carlos Stricker fue segundo jefe del Batallón de Comunicaciones 181 y el suboficial Felipe Ayala fue guardia de La Escuelita. En este juicio los acompañarán los tenientes coroneles Guillermo González Chipot y Raúl Oscar Otero, el suboficial Víctor Raúl Aguirre y Raúl Artemio Domínguez, alias "El Abuelo", otro ex guardia de La Escuelita.
  El último acusado es el ex comisario mayor Víctor Oscar Fogelman, el mismo que condujo la investigación del asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas. Fogelman se desempeñó en 1976 en una dependencia de la ciudad de Punta Alta. Un sobreviviente con quien compartía la tribuna del club Sporting lo identificó como la persona que le ordenó subir a un Falcon, lo encapuchó y lo entregó en el Puesto 1 de la base de Puerto Belgrano.

De garantías y privilegios
La concesión automática de arrestos domiciliarios, además de poner en riesgo el proceso, genera situaciones insólitas. El capitán de fragata Tomás Hermógenes Carrizo, radicado en Merlo, San Luis, le propuso al tribunal trasladarse a la ciudad de Buenos Aires para seguir las audiencias por videoconferencia. Como no tiene familia en Capital sugirió alojarse en casa de su ex compañero de inteligencia naval Guillermo Botto. El viernes, cuando el móvil del Servicio Penitenciario Federal llegó a la casa de Botto, se encontraron con la noticia de que el anfitrión había muerto por la mañana. Ahora la viuda, en pleno duelo, deberá ahora oficiar de guardadora de Carrizo, que según los exámenes médicos gestionados por su abogado no puede estar en la cárcel pero afrontó sin problemas un traslado de 780 kilómetros en un celular del SPF.

Impunidad biológica
A 38 años del golpe de Estado y a casi una década de la reapertura de la causa por delitos de lesa humanidad en Baterías y Puerto Belgrano, la lista de marinos y prefectos que mueren impunes no deja de crecer. Antes de ser citados a indagatoria murieron entre otros Marcelo Agustín Linares, Juan Alberto Iglesia, Juan Pedro Ruseckaite, Raúl Ricardo Zappelli y Raúl Oscar Monti. Fermín Eduardo Areta llegó a estar procesado. Angel Lionel Martín, Guillermo Martín Obiglio y Carlos Alberto Barbot murieron con procesamiento confirmado por la Cámara Federal. Los casos de Jorge Rafael Videla, Carlos Busser, Hernán Lorenzo Payba y Hugo Andrés Mac Gaul ya habían sido elevados a juicio. El viernes último se sumó a la nómina el capitán Guillermo Félix Botto, enlace de inteligencia de la Armada con el resto de las fuerzas armadas y de seguridad bahienses durante la dictadura, que un día antes había cumplido 75 años. El teniente coronel Alejandro Lawless no será de la partida porque está prófugo desde noviembre, cuando se fugó de la alcaidía de tribunales de calle Lavalle. Por problemas de salud fueron excluidos del juicio Eduardo Morris Girling y Carlos Alberto Padula.

Un papelón evitable
Otros 14 acusados están en condiciones de ser juzgados por sus crímenes al servicio de la Armada. Se trata de Sergio Leonardo Aráoz de Lamadrid, Héctor Francisco Lobbosco, Arturo María Quintana, Carlos Alberto Louge, Aristóbulo Nicanor Moreira, Alejandro Carlos Lorenzini, Emilio José Schaller, Miguel Angel Monti, Antonio Vañek, Miguel Angel Torrá, Rómulo Augusto Illa, Alvaro Hernán Hermelo, José Abdala Figueroa y Carlos Enrique Lacoste. El juez federal subrogante Santiago Martínez elevó a juicio ese tramo de la causa 24 de junio. Los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani reclaman que se unifique con el que comienza a juzgarse dado que se trata de los mismos hechos (sólo se sumarían tres víctimas a las 66 del proceso en curso), con pruebas documentales comunes, imputados que integraron las mismas estructuras represivas y que hasta comparten abogados. El juicio que comienza hoy arranca con un año de demora (estaba previsto para mediados de 2013) y a un ritmo pasmoso (tres audiencias cada dos semanas). Para peor, tras la audiencia inicial habrá una pausa de un mes porque las ferias de invierno de los jueces subrogantes (originarios de jurisdicciones diferentes) no coinciden y ninguno sacrifica sus vacaciones. Descartado el derecho de las víctimas a obtener justicia en un plazo razonable, sólo Jorge Ferro, José Triputti y Martín Bava están en condiciones de evitar nuevos casos de impunidad biológica.

24 acusados, 15 en libertad

Con arresto domiciliario en la C.A.B.A.
--Eduardo René Fracassi, 87 años, Pasaje Chimborazo 2275.
--Edmundo Oscar Núñez, 88 años, Pereyra Lucena 2597, 6º A.
--Enrique de León, 69 años,  Av. Quintana 293, piso 3.
--Luis Alberto Pons, 71 años, Libertador 5484, 4° A.
--Raúl Oscar Otero, 69 años, Avenida de los Incas 4054.
--Félix Ovidio Cornelli, 86 años, La Pampa 2119, 12º B.

Con arresto domiciliario en provincia de Buenos Aires
--Manuel García Tallada, 89 años, Pacheco 271, Martínez.
--Gerardo Alberto Pazos, 75 años, Lote 1, Manzana 26, Barrio Santa Ana, Moreno.
--Pedro Alberto Pila, 75 años, Calle 150 N° 28, Berazategui.
--Oscar Alfredo Castro, 84 años, Calle 484 nro. 2515, esq. 20, Gonnet.
--José Luis Ripa, 78 años, calle 166 y 84 "La Santa Rita", La Plata.

Domiciliaria en San Luis:
--Tomás Hermógenes Carrizo, 75 años, Granadilla 652, Merlo, San Luis.

Domiciliarias en Bahía Blanca o la zona:
--Domingo Ramón Negrete, 83 años, Sarmiento 94, 15º A, Bahía Blanca.
--Néstor Alberto Nougués, 71 años, Isabel la Católica 3244, Ingeniero White.
--Leandro Marcelo Maloberti, 75 años, Parcela 16, Manzana 22, Parque Golf, Sierra de la Ventana.

En cárceles:
--Francisco Manuel Martínez Loydi, 71 años, U44 Batán.
--Luis Angel Bustos, 65 años, U44 Batán.
--Héctor Luis Selaya, 81 años, U25 Olmos.
--Carlos Andrés Stricker, 76 años,  CPF II de Marcos Paz.
--Guillermo Julio González Chipont, 71 años, CPF II Marcos Paz.
--Víctor Oscar Fogelman, 69 años, CPF II Marcos Paz.
--Felipe Ayala, 76 años, U9 Prisión Regional del Sur.
--Víctor Raúl Aguirre, 67 años, U8 Jujuy.
--Raúl Artemio Domínguez, 73 años, U4 Santa Rosa.