miércoles, 30 de noviembre de 2011

Indagatoria para Sierra y Girotti


Los ex secretarios del juzgado federal de Bahía Blanca durante la dictadura, Hugo Sierra y Gloria Girotti, acusados de encubrir delitos de lesa humanidad, deberán declarar como imputados. A un año del pedido de detención del fiscal Abel Córdoba, la Cámara Federal desacreditó los artilugios del juez Alcindo Alvarez Canale, quien pretendía citar a Girotti como testigo e indagar a Sierra por sólo cinco de los 39 hechos que se le imputan, y ordenó que declaren como acusados. El único delito por el que no rendirán cuentas quienes fueron mano derecha del juez Guillermo Madueño es el rechazo de hábeas corpus y la persecución a familias de desaparecidos para exigirles las costas: para Ricardo Planes, Augusto Fernández y Angel Argañaraz eran “funciones inherentes al cargo”.
“¿Qué hubieran hecho los de los derechos humanos si hubieran estado ahí?”, suele gritar Alvarez Canale sin ocultar su voluntad de no investigar a los cómplices civiles. El juez se tomó licencia el día que el Tribunal Oral ordenó detener a Sierra (foto), que llegó a recibir testimonios con soldados apuntando sus armas a un secuestrado. La Cámara consideró que Alvarez Canale adelantó su posición sin haber escuchado a los acusados y ordenó garantizarles el derecho de defensa. Profesores de la Universidad del Sur, a la que Sierra renunció tras su fugaz detención, le organizan para el miércoles una “cena despedida” en el quincho de la jueza María Laura Pinto de Almeida Castro.

sábado, 29 de octubre de 2011

Huella de Heinrich y Loyola en el ex edificio de La Nueva Provincia


A 35 años de los crímenes, una “huella de la memoria” recuerda desde ayer en la ex sede del diario bahiense La Nueva Provincia a los obreros gráficos Henrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, ex delegados de los trabajadores de la empresa de la familia Massot, secuestrados, torturados y asesinados en 1976. El homenaje en el edificio que ahora ocupa el Colegio de Abogados bahiense fue organizado por la Comisión de Apoyo a los Juicios de lesa humanidad locales, que integra entre otros el ex armador del diario Jorge Manuel Molina, compañero de las víctimas en el Sindicato de Artes Gráficas de Bahía Blanca. Heinrich y Loyola representaron a los trabajadores de La Nueva Provincia desde principios de la década del ’70 y enfrentaron los abusos de la patronal durante los años previos al golpe de Estado. Diana Julio de Massot, la directora del diario, los equiparó desde un editorial con “la infiltración más radicalizada del movimiento obrero” e informó del hallazgo de los cuerpos acribillados en veinte líneas. Por los asesinatos están procesados los prefectos Francisco Martínez Loydi y Félix Ovidio Cornelli, quien al dejar la ciudad a fines de 1976 hizo pública desde las páginas del diario su decisión de seguir “combatiendo y aniquilando a las huestes de la delincuencia subversiva” y destacó su “agradecimiento más íntimo y el reconocimiento incondicional para la gente de prensa”. Los autores intelectuales de los crímenes permanecen impunes.

domingo, 16 de octubre de 2011

Piedra libre para el torturador “bueno” de La Escuelita


Un sobreviviente del centro clandestino de Bahía Blanca identificó a Osvaldo Bernardino Páez como quien simulaba el rol de consejero mientras lo torturaban con picana. “No se haga lastimar, hable mi’jo”, le recomendaba el teniente coronel mendocino que hace tres meses se cubrió la cara para evitar que los reporteros gráficos lo retrataran.










Por Diego Martínez (bahiagris.blogspot.com)

Fotos de Marcelo Núñez y periódico EcoDias.


El martes 28 de junio, cuando los reporteros gráficos que cubrían la audiencia inicial del primer juicio por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca apuntaron sus lentes hacia los imputados, el teniente coronel Osvaldo Bernardino Páez se cubrió el rostro con una carpeta. Los fotógrafos captaron la imagen y esperaron revancha en la bandeja superior del rectorado de la Universidad Nacional del Sur. Durante un cuarto intermedio, cuando se puso de pie, Marcelo Núñez y Rolando Andrade retrataron al hombre de piel tostada y cejas gruesas arqueadas. Lo registraron mientras se entretenía dibujando a los jueces, mientras saludaba a sus familiares y, semanas después, cuando confirmó sentado frente al tribunal que su mejor defensa es el silencio. El miércoles, a 35 años de su secuestro, Juan Carlos Sotuyo relató su cautiverio en La Escuelita, recordó el rol del interrogador Santiago Cruciani, ya fallecido, e identificó a Páez como el hombre de voz serena y acento provinciano que mientras se retorcía en la mesa de torturas le aconsejaba que “no se haga golpear, no sea boludo, hable mi’jo”. El episodio pone de manifiesto la importancia del trabajo de los reporteros gráficos para esclarecer el funcionamiento del terrorismo de Estado, sobre todo en ciudades como Bahía Blanca, donde el juez Alcindo Alverez Canale no ordena ninguna medida teniente a identificar a los torturadores locales y donde el diario La Nueva Provincia, fiel a su trayectoria de lucha inclaudicable por la impunidad de los asesinos de sus ex delegados gremiales, oculta a la población el proceso histórico que transcurre a cien metros de la redacción.

El esfuerzo del diario bahiense por tapar el sol es cada vez más estéril. El poder que aún conserva en el pago chico el director heredero Vicente Massot explica en parte el desprecio por el juicio a los represores de su amigo intendente Cristian Breitenstein, teóricamente alineado con el gobierno nacional, pero ya no alcanza para garantizar la impunidad de cómplices civiles como el abogado Hugo Mario Sierra, quien renunció a su cátedra en la UNS antes de que lo echaran y espera deprimido en su casa que otro artilugio de Alvarez Canale le permita evitar la cárcel.


El cambio cultural que experimenta sobre todo la juventud, registrado día a día por medios que no gozan de los favores del municipio ni del empresariado como el periódico EcoDias o la FM de la Calle, no sólo se percibe en la sala de audiencias, a la que concurren estudiantes secundarios a partir de los 16 años, o en la UNS, donde un cartel que cubre el frente del edificio exige “cárcel a los genocidas”. El sábado pasado, bajo un cielo a punto de estallar, los scouts y guías de la comunidad “La Pequeña Obra” celebraron su 50º aniversario con un acto ante un millar de personas en el que se descubrieron cuatro murales para recordar a Elizabeth Frers, Horacio Russín, Eduardo Ricci y María Clara Ciocchini, víctimas del terrorismo de Estado que en ese mismo terreno dieron sus primeros pasos como militantes. En la elaboración de los murales trabajaron todos los integrantes de la comunidad, desde criaturas hasta compañeros de los ‘70, guiados por el equipo Arte Memoria Colectivo que coordina Jorge González Perrín.








A los tiros con los jamones

El sobreviviente que identificó a Páez tiene a su hermano y a su cuñada desaparecidos. Luis Alberto Sotuyo y Dora Rita Mercero (foto) fueron secuestrados el 14 de agosto de 1976 junto con Roberto Lorenzo, amigo de la pareja, en la casa de San Lorenzo 740 donde vivían. Al día siguiente, en conferencia de prensa, el Cuerpo V informó que allí “fueron abatidos tres delincuentes subversivos, dos hombres y una mujer” a quienes nunca identificaron, y que secuestraron fusiles, escopetas y granadas. Mientras La Nueva Provincia difundía la falacia oficial, en dos camiones del Ejército se robaban desde la heladera hasta las almohadas de la cama.

El 17 de septiembre, en un tiroteo fraguado, fusilaron a Lorenzo junto con Cristina Coussement, que había sido secuestrada en Mar del Plata y llevaba 42 días desaparecida. En conferencia de prensa, en el primer piso del comando, el Ejército informó que se trataba de una pareja que “intentó eludir un control de ruta”, que el conductor “aceleró la marcha” mientras la mujer “abría el fuego contra el personal militar”. Dijo ignorar la identidad del “NN masculino” y aclaró que no había militares heridos. “Dos extremistas abatidos”, tituló La Nueva Provincia. El juez Guillermo Madueño (foto, abajo) archivó la causa a los cuatro días. Cuando Adolfo Lorenzo viajó a pagar las costas del hábeas corpus rechazado, reconoció a su hijo en un libro de supuestos NN de la policía federal y más tarde en la morgue.

Ofendido por la denuncia de robo de los padres Sotuyo y Mercero, que viajaban desde Necochea dos o tres veces por semana, Vilas los autorizó por medio del capitán auditor Jorge Burlando a tomar posesión de la casa destrozada. Ante la consulta formal del juez, con quien se reunía a cenar en la casa del general Azpitarte, Vilas dijo que los “abatidos” en el supuesto enfrentamiento del 14 de agosto estaban identificados pero no le dio los nombres, y el magistrado tampoco insistió.

En 1987, ante la Cámara Federal, Vilas dijo que la historia de los abatidos en San Lorenzo 740 fue “una operación psicológica”, pero negó las detenciones. Relató que “personal civil de inteligencia informó la localización del blanco” y que al detectar sus presencias los ocupantes de la vivienda se fugaron “por casas vecinas”. Los PCI “intercambian disparos y creen herir a uno”. Cuando el “equipo de contra--subversión” entra a la casa, siempre disparando, perciben un movimiento y se produce un tiroteo ante unos bultos que resultaron ser jamones colgados. Pese a que en teoría nunca supo quién vivió allí, Vilas aseguró que la casa “tenía antecedentes desfavorables”.

El ex segundo comandante del Cuerpo V aseguró que las mentiras que difundían se asentaban en un “diario de guerra” que buscó sin éxito en el departamento de estudios históricos del comando. “Estaban todos menos los de 1975, 1976 y 1977”, dijo. Admitió que desvalijaron la casa pero sólo “hasta que se determinase quiénes eran sus propietarios”. Para justificar el robo dijo que “los pocos elementos del hogar” que cargaron en dos camiones “fueron aportados por la propia organización subversiva” aunque no dijo cuál fue la fuente de ese dato.

Para explicar el “enfrentamiento” en el control de ruta llevó un croquis. Tras una persecución, el auto “se va a la banquina y vuelca”, dijo. Los ocupantes “intentan llegar al alambrado, ya heridos, para alcanzar el campo”. “Los soldados que estaban sobre la ruta se abatatan (sic) pero tiran después que vuelca el auto. Y el equipo de comando y control es el que con ráfagas de ametralladoras en proximidades del alambrado logra abatir a las dos personas”. De tanto fusilar a víctimas indefensas el general era incapaz siquiera de imaginar un enfrentamiento real.

“Abatidos puede ser cansados”

José Antonio Aloisi era el cuñado de Sotuyo y Mercero. “Todos militábamos en la Juventud Peronista. Ellos luego vinieron a Bahía, eran cuadros importantes de la JP”, remarcó el miércoles ante el tribunal. Días después de los secuestros, ante las primeras gestiones frustradas de su suegro, se sumó a la búsqueda. “Don Luis viajó convencido de que los habían detenido y que en unos días se iba a resolver”, contó. “Con el tiempo mi casa empezó a despoblarse de amigos, pasamos a ser leprosos dentro de la familia. Tenían miedo, era lógico”, intentó disculpar.

“En la puerta del comando había personas como nosotros, preguntando. Treinta, cuarenta, hasta cien personas. El mayor (Hugo) Delmé era el encargado de atendernos, de contener, de desgastar”. Los familiares de los detenidos que el Ejército admitía debían formar una fila. “Eran los agraciados, los que habían sacado el premio, todos queríamos estar en esa fila”. Los familiares de los secuestrados que el Ejército negaba volvían una y otra vez. “Se nos trataba con desprecio, como si no fuéramos humanos. ‘Son desaparecidos y acá no hay desaparecidos. Vayan al juzgado, a la iglesia’. Era una forma de destruirnos moralmente, de cansarnos”.

--Déjense de joder con el tema semántico, con que si detenido o desaparecido –gritó un hombre mayor, harto del maltrato--. Ustedes se llevaron a mi nieto de quince años, de mi casa, a las seis de la mañana.

--Nosotros estamos defendiendo a la patria de los subversivos, usted no me puede venir a gritar --lo desafío un cabo.

--Patria hice yo que ayudé a fundar la Universidad del Sur, mocoso.

“El cabo le pegó semejante patada en las canillas que lo tiró al suelo –recordó el testigo--. Nunca me sentí tan cobarde. Yo y las cien personas que estaban ahí”. “Llegaron a decirnos que abatidos no significaba muertos. ‘Lean el diccionario, no sean ignorantes, abatidos puede ser cansados’, nos dijeron. Ese era el nivel de crueldad y maltrato psicológico”.

Aloisi destacó que Juan Pedro Tunessi, recién recibido de abogado, los ayudó a redactar los hábeas corpus que firmaban las madres. En el juzgado de Madueño corrían igual suerte que en el Ejército. “Tardábamos más en presentarlos que ellos en rechazar. Pedíamos audiencia, el juez no nos recibía. Pedíamos con los secretarios Girotti o Sierra, tampoco. Era como si no fuéramos humanos. Y mientras esperábamos, durante horas, veíamos que bajaban cajas y papeles de una camioneta del ejército, los militares iban y venían como Pancho por su casa”. La excepción fue una empleada de atención al público, Tita, que apenada de ver personas mayores llorando en los rincones les sugirió pedir un libro con fotos de NN en la policía federal. “Vaya usted porque lo que va a ver…”, le anunció. Aloisi iba cada semana, pedía el libro y repasaba fotos de cadáveres que nunca logró borrar de su mente.

Los viajes desde Necochea, dos o tres veces por semana, siempre con un Falcon que los seguía por la ciudad, duraron más de seis meses. “Sabíamos que los tenían a cien metros, pero cuando vimos que para el poder judicial también éramos parias comprendimos que había que buscar otros medios de acción y empezamos a ir a Buenos Aires”. En la nunciatura los derivaron a monseñor Adolfo Tortolo, presidente del episcopado. “Nos recomendaba orar mucho, pero un ‘padre nuestro’ era un minuto que se iba en la lucha por rescatarlos con vida”.

El cura Emilio Grasselli, secretario de Tortolo, los puso en contacto con el capellán del Cuerpo V, Dante Inocencio Vega. “Nos recibía en el seminario de Grumbein. En la segunda reunión tuvo una expresión desafortunada: ‘Señoras, estos episodios de Argentina son como un partido de River y Boca’. Entonces mi suegra, con sexto grado, ama de casa, criada en el campo, y la mamá de mi cuñado, andaluza, sin instrucción, las manos llenas de callos, le dijeron: ‘Es indigna la cruz que usted lleva en el pecho’. Ahí terminó la audiencia”. Mientras veía alejarse a las madres, el capellán murmuró: “Quiero hablar con vos mañana, pero solos”.

“Fueron cinco o seis caminatas en un parque con mucha vegetación, lago, cisnes, cigüeñas rosadas. En esos paseos casi románticos el padre me tomaba de la mano, decía ‘te voy a ayudar pero hay que rezar’. Recién en la tercera o cuarta visita me dijo:

--Sé dónde están los chicos, los vi en el comando. El muchacho estaba mal herido en un pasillo, pero ya está bien. Los van a trasladar a un lugar donde van a estar mejor.

--¿A la cárcel?

--No, a un lugar propiamente para detenidos. Pero para esa información te voy a conectar con alguien de mi confianza, de Comunicaciones, que tiene un libro negro con nombres de quienes van a ser trasladados a un lugar mejor. Eso sí, no te anuncies como Sotuyo ni como Mercero –le advirtió.

La invocación del sacerdote lo condujo a una oficina del regimiento. Un militar sacó un libro de contaduría, con columnas de debe y haber, y repasó un listado de nombres. “Aloisi no hay ninguno”, concluyó. Cuando el visitante le explicó que buscaba a Sotuyo y Mercero, el contacto del capellán dio por concluida la audiencia.

Aloisi volvió a ingresar al cuartel con el padre de Sotuyo, citados por el general Vilas. Don Luis era garante del alquiler de la casa de su hijo, que había sido destrozada y vaciada por los militares. Apremiado por los gastos de viajes y alojamientos constantes, urgido por rescindir el contrato de alquiler, escribió una carta pidiendo al Ejército una constancia de que habían tomado la casa por asalto durante semanas. “Fuimos con mucha angustia. Nos recibió el capitán Burlando, auditor, con reprimendas en nombre de la Constitución, la bandera, la república. Nos acusó poco menos que de traidores que acusábamos al ejército de ladrón”. Los hombres insistieron y remarcaron que hacía apenas dos días habían desocupado la casa. “De acá no salimos vivos”, dijo Sotuyo cuando el auditor pidió unos minutos. Para su sorpresa, volvió con un papel firmado por Vilas, donde consta que “se hace entrega de la vivienda de San Lorenzo 740 a los efectos que estime corresponder”. El Ejército no devolvió los bienes robados pero Sotuyo pudo entregar la vivienda a los dueños.

“No se muere solamente de una bala. Mi suegra murió de tristeza. Los padres de mi cuñado murieron de tristeza. No sé cuál muerte es peor”, reflexionó Aloisi. Recordó que su suegro se desahogaba ante los turistas que se alojaban en su hotel de Necochea y “a cualquiera que dijera tener un amigo militar ya no le cobraba”, con la esperanza de obtener un dato. Luego relató la impotencia que genera la desaparición. “Yo le había jurado a mi suegra que iba a encontrar la verdad y tuve que verla muerta en una clínica y decirle ‘no pude cumplir’. Yo lo había jurado a esa española que se subió por primera vez a un subte aterrorizada porque nunca había salido de Necochea, y no pude cumplir, por esto estoy también acá”. Su propia hija sufrió las consecuencias del terrorismo de Estado. “Mi cuñada estuvo en su cumpleaños una semana antes de desaparecer y, mire lo que es la mente humana, mi hija vivió hasta los treinta años pensando que era hija de sus tíos, hasta que gracias a Dios encontramos una foto de mi señora recibiendo un diploma embarazada de seis meses”.

--¿Quiere agregar algo más? –preguntó el juez Jorge Ferro.

--Que Dios los bendiga. Es muy grande el horizonte que tiene usted por delante –concluyó Aloisi.

La sala lo despidió con un aplauso.


“La misma voz, inconfundible”

Juan Carlos Sotuyo se detuvo un segundo y miró a los imputados antes de sentarse a declarar. En 1976 tenía veinte años, estudiaba ingeniería eléctrica, militaba en la JUP y vivía con su hermano, siete años mayor, y su cuñada Dora Mercero. Fue secuestrado el 3 de mayo de 1976, después de un acto relámpago para repudiar la presencia de Carlos Suárez Mason, jefe del Quinto Cuerpo hasta fines del año anterior. Dos policías de civil lo siguieron ocho cuadras y lo detuvieron junto con una compañera, Mabel. En el patrullero recibió los primeros culatazos. En la Unidad Regional 5 de avenida Alem lo molieron a patadas y le pusieron una bolsa de nylon en la cabeza. Luego los trasladaron a la Policía Federal, donde pasaron apenas quince minutos en una celda, y de allí a un lugar del que sólo recuerda una pileta de lavatorio en un rincón, y una cama.

--¿Conocés la picana, flaco? –preguntaron mientras le sujetaban argollas en los pies.

--No, señor.

Ya sin ropas, lo empaparon y le empezaron aplicar corriente eléctrica.

--En este momento están deteniendo a tu viejo, así que hablá.

Sotuyo repitió varias veces que volvía de buscar a su novia en la Alianza Francesa, pero no convencía.

--Le está pasando lo mismo que a Bombara –comentaron los torturadores (Daniel Bombara había sido secuestrado y asesinado cuatro meses antes por policías bonaerenses subordinados al Ejército).

--Paren --dijo Sotuyo cuando comprendió que la tortura no tendría límites--. Tengo cien mil pesos que me dio alguien de la universidad para que participara del acto –inventó.

--Bueno flaco, te vamos a llevar al ejército, te van a hacer mierda –le anticipó un policía. Comenzaron a desatarlo, le advirtieron que si tomaba agua moriría, y lo cargaron a una camioneta, encapuchado, rumbo a La Escuelita.

--¿Así que te pagaron para hacer quilombo? –lo recibió el interrogador de voz ronca.

--La calle está dura –ironizó, y se ganó una trompada.

Otra vez desnudo, atado de pies y manos a una cama de zunchos, pudo distinguir a quien en los ’80 identificaría como el suboficial Santiago Cruciani, a “otra persona joven que manejaba el magneto, un aparato con tres pies y manija, y un tercero que hacía de bueno a quien ya me voy a referir”, anunció.

“Empezaron por la picana, en todo el cuerpo. Después me pusieron dos electrodos en la sien, ahí veía los destellos, la electricidad en esta región provocaba el castañeteo y luces como flashes, era lo más complicado de aguantar”, contó, y hasta las moscas hicieron silencio en la sala.

--Hablá, no te hagas el boludo, te vamos a dejar un solo huevo, flaco –le decía Cruciani mientras le aplicaba picana en los testículos.

--No se haga lastimar, mi’jo. Déjese de joder, hable –apuntaba quien fungía de consejero bondadoso. “Tenía un acento muy particular, después supe quién era”, volvió a crear suspenso mientras los acusados cruzaban miradas nerviosas.

“En un momento, el más joven me pone la pistola en la cabeza. Era tanto el dolor y la desesperación que grité ‘matame hijo de puta’ y se pusieron locos, me pegaban todos, mientras la voz buena decía ‘mire lo que se está haciendo hacer, mi’jo”.

--Traé la damajuana –ordenó Cruciani. “Me tenían entre todos y me metían en la boca una damajuana llena de agua. La sensación era mucho más difícil de soportar que la corriente eléctrica”.

Sotuyo se mantuvo irreductible, repitió que le habían pagado para tirar volantes y que su novia no tenía nada que ver, hasta que se desmayó. Antes sintió algo helado en la espalda, casi en el hombro. “¡Me corté!” gritó. Notó que sangraba, dijo ante los jueces, y ofreció mostrar la cicatriz que lo acompaña desde hace 35 años.

Del cautiverio posterior, Sotuyo recordó el frío, el hambre, el barrote del que estaba sujeto, el médico que le revisó las heridas, las trompadas cuando un secuestrado intentaba hablar, flashes de borceguíes, ropa de fajina y boinas negras que alcanzaba a ver por debajo de la venda, guardias que hablaban en guaraní y gritos durante los interrogatorios. “Prefería que me torturaran a mí”, confesó. Tres días después del secuestro le avisaron que liberaban a Mabel y pudo despedirla. A la semana le tomaron declaración sin picana, alguien tomó nota a máquina y le hicieron firmar dos copias. Horas después le quitaron la venda para sacarle una foto, de frente y de perfil. El flash lo cegó pero alcanzó a ver al fotógrafo, morocho y de rasgos indios.

Luego de veinte días en La Escuelita, fue trasladado a otra edificación “muy próxima, más nueva”, donde volvió a ver al torturador que actuaba de “bueno”. “Un día llevaron a esa sala a una persona que se quejaba mucho de dolores en la nariz y pedía que le acomodaran la venda, y el mismo que hacía de bueno le dijo: ‘usted es un intelectual y ha visto que acá no ha habido sadismo, que se aplica la fuerza necesaria para obtener confesiones’ y ‘en función de su condición de intelectual lo van a poner a disposición del Poder Ejecutivo’. Esa persona que escuchaba era el (ex) rector (de la UNS, Víctor) Benamo, y quien le hablaba con esa tonada era Páez”, que asintió levemente con su cabeza mientras Sotuyo lo citaba.

El testigo explicó su certeza porque “su cara y su voz no se me borraron más”, porque “sus cejas son inconfundibles”, y porque después de recuperar la libertad, cuando se lo describió a Roberto Lorenzo, que conoció al militar durante su conscripción y que tres meses después sería secuestrado, su amigo le dijo que se trataba de Páez.

--¿El mismo Páez es quien le decía a usted que hablara? –preguntó el fiscal federal Abel Córdoba.

--Sí, la misma voz, inconfundible, con acento provinciano, voz calma, ‘pero mi’jo n se haga golpear, no sea boludo --lo imitó--. No sé si se acuerda Benamo, no sé si vive Benamo –se preguntó, sin saber que el viejo abogado estaba a escasos metros y que al declarar no aportó datos ni siquiera de los represores con quienes jugaba al truco.

--¿Podría reconocer a Páez?

--Sí.

Mientras el tribunal analizaba el rechazo al reconocimiento pedido por la defensa, Sotuyo repasó los rostros de los imputados y se detuvo en Páez, que se colocó los anteojos y escribió algo en un papel que entregó a sus abogados. El juez Jorge Ferro informó que el tribunal aceptaba el pedido del fiscal y le preguntó al testigo:

--¿Se encuentra esa persona en la sala?

--Sí señor.

--¿Puede identificarlos?

--La persona con camisa y pullover amarillo –lo señaló, 35 años después.

--¿Usted vio a Páez por debajo de la venda? –indagó minutos después el defensor del imputado.

--Sí, cuando estaba acostado en la parrilla, en la cama de zunchos, primero tuve una bolsa en la cabeza, pero cuando me empiezan a picanear me ponen un trapo en la cabeza. En ese zamarreo vi al que giraba la manija del magneto, vi la cara de Páez.

--¿Usted vio fotografías de Páez? –insistió el defensor.

--Mire, desde 1988 vengo acompañando las declaraciones, tengo todos los recortes de diarios, entonces no es la primera vez que veo la cara de Páez y de todos. Es más, lo tengo en mi celular para recordarlo permanentemente, señor abogado.

Sotuyo fue liberado el 28 de mayo de 1976. Vivió con sus padres en Necochea hasta que se enteró de la desaparición de su hermano y su cuñada. Deambuló por casas de amigos y familiares, pasó el verano escondido en un galpón hasta que un cura amigo le consiguió una carta para radicarse en Brasil. El 3 de mayo de 1977, a un año de su secuestro, cruzó de Paso de los Libres a Uruguayana, luego a Porto Alegre, y se radicó en Florianópolis. El joven que debió interrumpir sus estudios de ingeniería en la UNS por el terrorismo de Estado es licenciado en ciencia de la computación, experto en ingeniería de software, presidente del Instituto de Tecnología Aplicada e Innovación de Foz de Iguazú y director de la Fundación Parque Tecnológico Itaipú, en Brasil.

Antes de concluir, Sotuyo recordó el trabajo del fallecido ex secretario de la APDH bahiense, Ernesto Malisia, primero en la investigación que permitió identificar a Santiago Cruciani (foto), luego en las gestiones para que la UNS le entregara en el año 2000, en el mismo escenario donde declaraba, el diploma de ingeniero electricista que su hermano Luis Alberto no llegó a recibir. “Cuando se lo entregamos a mi madre, que era directa y objetiva, nos preguntó: ¿Por qué tardaron tanto?”, recordó.

“La desaparición de personas causa una situación de velorio permanente, ya que nuestra religión católica exige una tumba a la que llevar flores”, explicó. “Creo que la desaparición y el ocultamiento de los cuerpos, así como el de los niños nacidos en cautiverio, continúa siendo parte del botín de guerra. Pero hoy, pasado tanto tiempo y sintiendo que estoy protegido por el Estado argentino, viendo que se están haciendo juzgamientos con todas las oportunidades para que se haga efectivamente justicia, lo que siento es tranquilidad. Mis padres no están para vivir este momento, pero no pensemos en el cuerpo de ellos --propuso en referencia a los desaparecidos--. Ellos viven en nuestro pueblo, viven en cada joven que hoy levanta una bandera para que no tengamos un país como el que estos señores, a partir de un plan terrorista, quisieron para la Argentina. La desaparición implica mucho dolor, sufrimiento, sobre todo para mis padres, que seguro ya se han encontrado (con su hijo), pero lo más importante es que esto no vuelva a ocurrir”.

diemar75@gmail.com


Perfil del torturador buenazo

Por D.M.

Hijo de un militar, nacido en 1931 en San Rafael, Mendoza, donde cumplió arresto domiciliario hasta el inicio del juicio, Osvaldo Bernardino Páez integró en 1976 el “departamento operaciones” a cargo del coronel Juan Manuel Bayón, con quien comparte el banquillo, y el estado mayor del Cuerpo V que encabezaban los generales Osvaldo Azpitarte y Adel Vilas, ambos fallecidos. La división “educación, instrucción y acción cívica” a su cargo se ocupó durante el primer año de la dictadura de organizar desfiles y actos patrios, y de intervenir la oficina del Ministerio de Trabajo y los gremios para paralizarlos. Páez admitió en 1987 haber presidido un llamado “consejo de guerra especial” que parodió un juicio a tres militantes que el Ejército decidió no matar, y afirmó ante la Cámara Federal que “ni mi división ni yo participamos en acciones contra la subversión”. Cuando le preguntaron por un “LRD” (lugar de reunión de detenidos) distinto del que funcionó en el Batallón de Comunicaciones 181, donde se alojó a los dirigentes que el Ejército planificaba blanquear, respondió “afirmativo, tengo entendido que existía otro LRD” aunque “desconozco el lugar exacto por cuanto era zona restringida”. Su rol al pie de la mesa de torturas cuarenta días después del golpe de Estado, sumado a las órdenes de captura con su firma que el ex fiscal general Hugo Cañón descubrió hace un lustro en un galpón de Prefectura y a las constancias de operativos en Tres Arroyos al frente de la “Agrupación Tropas”, confirman el segundo plano al que pasaron los destinos formales durante el terrorismo de Estado. A partir de enero de 1977, Páez fue destinado al estado mayor del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo, sede del mayor centro de tortura y exterminio del país, donde se ignora qué tareas desempeñó. En 1987 fue procesado por homicidios, secuestros y torturas en Bahía Blanca pero recuperó la impunidad gracias a la ley de obediencia debida de Raúl Alfonsín. Veinte años después, reabiertas las causas, volvió a quedar detenido, un tiempo en su hábitat natural de Campo de Mayo, donde volvió a sentir el rigor de las jerarquías, y más tarde en su casa de República Siria 945, en San Rafael, donde se ufana de sus óptimas relaciones con el poder judicial local. Su declaración en los ’80 permitió imputarle un doble asesinato al teniente coronel Miguel Ángel García Moreno, prófugo tras el frustrado esfuerzo del abogado Eduardo San Emeterio para que Páez rectificara sus dichos. “¿A usted le parece que tres coroneles del ejército argentino tengan que estar en este calabozo?”, refunfuñó ante el juez Jorge Ferro este año durante una inspección ocular a la cárcel de Villa Floresta. La respuesta del camarista marplatense se conocerá en los primeros meses de 2012, cuando el Tribunal Oral Federal que integra dicte sentencia.

(Foto de Páez en 2008, gentiliza del periódico EcoDias)


jueves, 29 de septiembre de 2011

Mansueto Swendsen, un discípulo de Lombroso


Por Diego Martínez

Pidió la palabra para defenderse y terminó enardeciendo a sus camaradas. El teniente coronel Jorge Mansueto Swendsen, juzgado por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca, admitió ante el Tribunal Oral Federal el funcionamiento del centro clandestino La Escuelita y los cautiverios en “condiciones infrahumanas”; adjudicó los operativos a la agrupación tropas, contó que los soldados salían a hacer patrullajes con fotos de personas buscadas, dijo que hasta fines de 1976 hubo policías trabajando en el Quinto Cuerpo y hasta se ufanó de su capacidad para distinguir “terroristas” por su aspecto físico. Eran “normalmente feos”, arriesgó.


Mansueto fue jefe del Batallón de Comunicaciones 181, en el que fueron blanqueados varios secuestrados antes de ser enviados a la cárcel, y del área militar bahiense. El 9 de diciembre de 1976, al asumir, había en La Escuelita “muchos detenidos desgraciadamente en condiciones infrahumanas”, admitió. En su Batallón encontró detenidos “luego de una temporada en la llamada Escuelita”. “Estaban bastante bien atendidos”, consideró. Dijo ignorar de qué se los acusaba, sólo supo que estaban a disposición del Poder Ejecutivo. Relató que le pidió al general Osvaldo Azpitarte que los retirara y que el traslado se cumplió el 24 de diciembre. También al asumir encontró “tres o cuatro policías” cuyas funciones desconocía. “Los despedí de inmediato. Luego consideré que parecía una falta de amabilidad e invité a un asado a los jefes de policía que había por ahí”, agregó.

Mansueto distinguió la actuación del general Adel Vilas, jefe de subzona en 1976, de la de su sucesor, Abel Catuzzi. El primero “sobrepasó ampliamente la autoridad del comandante”, dijo, sin entrar en detalles. “Catuzzi ordenó que las cosas se hagan de acuerdo con las leyes y reglamentos militares”, aseguró, pese a que bajo su mando hubo secuestros, ejecuciones y apropiaciones de bebés nacidos en cautiverio.

El militar, de 80 años, contó que tuvo a su cargo “la representatividad del Ejército en Bahía Blanca”. “Hice fiestas, reuniones y agasajos a los que concurrió la mayor parte de la sociedad bahiense, con gastos pagos por el Comando”, contó sin remordimientos. Sobre el secuestro de un grupo de estudiantes en diciembre de 1976, declaró que estuvo a cargo de “efectivos de la agrupación tropas”, que “estaba integrada no sólo por oficiales, suboficiales y soldados de distintas unidades, sino por civiles y oficiales venidos con Vilas desde Tucumán”. Vilas llevó a “personas que no integraban las Fuerzas Armadas” y que “luego quedaron”. No las identificó, pero aseguró que “buscaban fundamentalmente el botín de guerra”. Entre los “civiles comprometidos interesados por el botín de guerra” incluyó a “la CNU” (Concentración Nacional Universitaria) y al “personal que trajo el señor Remus Tetu cuando fue rector de la Universidad Nacional del Sur”.

“Reconozco que intenté entrar a La Escuelita porque sentía curiosidad por saber qué había adentro”, confesó. “Un guardia me lo prohibió con términos amables, porque no hubiera tolerado otros”, aclaró para resaltar su valentía. “Me dijo: ‘Mi teniente coronel, tiene prohibido el acceso, sólo se puede entrar con autorización del G3’”, en referencia a la jefatura a cargo del general Bayón, que lo escuchaba a sus espaldas.

Mansueto admitió que sus subordinados “salían a recorrer la ciudad armados”, pero que a diferencia de los soldados “que llevaban fotografías”, los suyos “tenían un libro de personas buscadas por si de casualidad encontraban alguna”. Cuando el fiscal federal Abel Córdoba le preguntó por el asesinato de José Luis Escudero, fusilado en 1977 por no detenerse en un control de rutas, Mansueto dijo no recordar el caso.

Un día recibió a un conscripto que “tenía un familiar montonero”, contó. “Lo llamé, vi su aspecto, gordito, blanquito y muy joven, pensé ‘éste no es terrorista pero puede estar vinculado’ y le dije ‘si una piedra golpea el batallón en la calle puedo llegar a vincularlo con eso’. Luego no pasó nada y el soldado pasó un año feliz.”

–Usted dice que por el aspecto distinguía si eran o no terroristas. ¿Cómo eran los terroristas? –le preguntó el fiscal.

–Pienso que normalmente feos.

miércoles, 21 de septiembre de 2011

Hacete amigo del juez


Por Diego Martínez

En 2002 fueron compañeros de lista en el claustro de profesores de la Universidad Nacional del Sur. En 2008 compartieron lista en las internas del Colegio de Abogados de Bahía Blanca. Uno está imputado por delitos de lesa humanidad y el otro es apoderado de la mutual que aconseja a los represores cómo burlar embargos que ordena la justicia. Sin embargo, ningún causal encontró el abogado Luis María Esandi para inhibirse de actuar en el proceso a los genocidas bahienses, en el que intervino para liberar en tiempo récord a su colega Hugo Sierra, contrariando la decisión de los jueces del Tribunal Oral Federal que ordenaron indagarlo por su actuación en el terrorismo de Estado. El fiscal federal Abel Córdoba recusó hoy a Esandi por falta de imparcialidad y apeló la decisión del letrado que, sin detenerse a analizar pedidos de detención que el juez Alcindo Alvarez Canale se resiste a ordenar desde hace diez meses ni los testimonios aportados por el TOF, le permite a Sierra seguir gozando de impunidad.

El abogado que llegó a la causa por sorteo liberó a Sierra sin dar vista al Ministerio Público ni estudiar las actuaciones ni detenerse en los argumentos del fiscal y de los jueces Jorge Ferro, José Triputti y Martín Bava, que no integran la corporación judicial local, sobre la participación de Sierra en delitos de lesa humanidad. Cumplido el recado y aunque en teoría sigue al frente de la causa mientras dure la licencia de Alvarez Canale, concluyó su intervención oficial en el caso.

Lejos de indagar al imputado, tal lo solicitado por los miembros del tribunal, Esandi ni siquiera ordenó que se le prohíba a Sierra salir del país, como ya lo hicieron en los últimos meses el abogado de la CNU marplatense Gustavo De Marchi hacia Colombia y el camarista mendocino Otilio Romano hacia Chile. Tan apresurada fue la orden de liberar al compañero que atribuyó a un secretario argumentos de los jueces del tribunal, error que luego admitió e intentó corregir.

La falta de imparcialidad que marca el fiscal Córdoba en su escrito tiene un trasfondo objetivo. Esandi es apoderado de la “Sociedad Militar Seguro de Vida”, la mutual a la que pertenece la mayor parte de los imputados por crímenes de lesa humanidad, por medio de la que cobraban sus sueldos los prófugos Miguel Angel García Moreno y Aldo Alvarez, el finado torturador Julián Corres y varios de los represores acusados en el juicio oral, como Jorge Masson o Jorge Mansueto Swendsen. Como abogado de la institución, Esandi debe responder a la voluntad de los socios, léase los imputados.

En la propia causa bahiense hay constancias de la colaboración de la “Sociedad Militar” en la tarea de burlar decisiones del poder judicial: cuando se dictó la orden de detención de Alejandro Lawless, según un llamado telefónico interceptado en el marco de una investigación judicial, desde una gerencia de esa mutual de fines diversos se asesoró espontáneamente a la esposa del militar sobre cómo eludir un embargo judicial, método que se habría aplicado con otros represores. “Dicha operatoria, en virtud del contenido que se ha podido conocer, resulta materia propia de quien se encuentra capacitado en operatorias financieras y jurídicas” como Esandi, destaca el fiscal.

El abogado que liberó a Sierra es también su compañero en el consejo directivo del Colegio de Abogados y Procuradores de Bahía Blanca. Esandi es vicepresidente, Sierra forma parte de la Caja de Previsión como revisor de cuentas suplente. Ambos fueron elegidos en mayo de 2008 como compañeros en la lista “Integración”, a cargo de la conducción de la asociación que funciona en el ex edificio del diario La Nueva Provincia. Córdoba apunta constancias de trabajo conjunto incluso desde 2002, cuando compartieron la lista “Fundacional” del claustro de profesores en el departamento de derecho de la Universidad Nacional del Sur.

Ante la negativa de Esandi a sincerarse e inhibirse por su falta de imparcialidad, confirmada en su primera y fugaz intervención, el fiscal Córdoba solicitó hoy la recusación “en pos de la transparencia y la confianza que deben rodear” a los actos del poder judicial. También apeló la liberación de Sierra, no sólo por la parcialidad de quien la ordenó sino por no valorar el riesgo procesal que trae aparejada la decisión y por no adoptar ningún tipo de resolución sobre la imputación contra Sierra, que Esandi puso sin fundamentos “a consideración del juez titular de la sede”, léase Alvarez Canale, quien además de rechazar los pedidos del fiscal desde diciembre pasado decidió tomarse licencia el mismo día que el Tribunal Oral Federal ordenó la detención del abogado.

jueves, 15 de septiembre de 2011

Sierra, libre y suspendido

Luego de 35 años impune y apenas 24 horas preso, el abogado Hugo Sierra, imputado por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca, recuperó su libertad. La decisión del Tribunal Oral Federal que a partir de testimonios de sobrevivientes ordenó su captura sirvió sin embargo para que el consejo superior de la Universidad Nacional del Sur suspendiera “provisoriamente” de sus funciones al ex titular de Derecho Penal II. Las autoridades de la UNS decidieron la suspensión “hasta que se resuelva su situación en la causa de referencia”, decisión sobre la que debe pronunciarse el juez Alcindo Alvarez Canale, que desde hace diez meses se resiste a ordenar la detención e indagatoria pedida por el fiscal Abel Córdoba. El pedido de liberación de Sierra lo presentó su abogado Rubén Diskin, cuñado del director de La Nueva Provincia, Vicente Massot. Alvarez Canale se excusó de inmediato y según trascendidos pidió licencia por quince días. Luego se excusó el juez ad hoc Santiago Martínez, y ante el sorteo de la Cámara Federal la decisión cayó en manos del abogado Luis Esandi. Con el argumento de que el Tribunal es incompetente para ordenar detenciones, a las 15 Sierra salió en libertad. El ex secretario del fallecido juez Guillermo Madueño está imputado por el Ministerio Público por haber sometido a interrogatorios bajo tortura a dirigentes sindicales en el propio V Cuerpo de Ejército y por perseguir a docentes y empleados de la UNS en una parodia de juicio por “infiltración ideológica marxista”, entre otros delitos.

miércoles, 14 de septiembre de 2011

Los cómplices civiles al banquillo

El Tribunal Oral Federal bahiense ordenó detener al abogado Hugo Sierra, que fue secretario del juzgado federal a cargo de Guillermo Madueño. Según declaró ayer una víctima de la represión, participaba de interrogatorios en centros clandestinos.

Por Diego Martínez
/fotos/20110914/notas/na12fo01.jpg
Hugo Sierra (a la izquierda), junto al camarista Néstor Montezanti.

Dos meses de audiencias y un puñado de testimonios le bastaron a tres magistrados ajenos a la corporación judicial de Bahía Blanca para ordenar la detención de Hugo Mario Sierra, ex secretario del fallecido juez Guillermo Madueño, iconos de la complicidad judicial con la dictadura. Luego de escuchar al ex diputado Mario Medina, que el 1º de abril de 1976 prestó declaración indagatoria ante juez y secretario con dos soldados apuntándole sus ametralladoras a la cabeza, el Tribunal Oral Federal que juzga al primer grupo de represores del Quinto Cuerpo de Ejército ordenó la inmediata detención de Sierra, medida que el fiscal federal Abel Córdoba había solicitado en diciembre y que el juez Alcindo Alvarez Canale resistió durante diez meses con el visto bueno de la Cámara Federal. Tras conocer la orden de detención, Córdoba solicitó hacerla extensiva a Gloria Girotti, la otra secretaria que se tapaba la nariz mientras tomaba nota de las palabras que balbuceaban los secuestrados en estado nauseabundo y con signos de torturas en el comando militar.

La decisión que cumplieron por la tarde agentes de la Policía Federal la tomaron los jueces Jorge Ferro, José Triputti y Martín Bava, radicados en Mar del Plata, Santa Rosa y Azul, que integran el tribunal por las recusaciones de magistrados bahienses. El actual presidente del Tribunal, Juan Leopoldo Velázquez, fue apartado por participar de un cónclave junto con Sierra, con el juez Gustavo Duprat (de fugaz paso por la causa de la que estaba excusado para excarcelar a militares) y con dos abogados que defendieron al general Adel Vilas: Luis De Mira y Rubén Diskin, además actual defensor del prófugo Aldo Alvarez (ex jefe de inteligencia del Cuerpo V) y cuñado de Vicente Massot, director del diario La Nueva Provincia. Días antes de la reunión en el aristocrático club Argentino, ambos letrados se habían presentado en la causa como defensores de Sierra.

La colaboración de Madueño & Sierra con el terrorismo de Estado comenzó en los primeros días de 1976, cuando archivaron sin investigar el asesinato de Daniel Bombara. Para no entregar su cadáver con signos de tortura, el Ejército inventó que Bombara murió al tirarse de un patrullero y que “desconocidos” robaron sus restos cuando lo trasladaban a la morgue. Tres meses después, juez y secretario escucharon el relato de dos mujeres torturadas junto con Bombara, pero se negaron a reabrir las causas que legitimaron la fábula, difundida luego por La Nueva Provincia.

El 1º de abril de 1976, Madueño y sus secretarios fueron al comando a tomarle declaración indagatoria a un grupo de gremialistas secuestrados la noche del golpe de Estado. “¿Me van a interrogar así?”, les preguntó Medina, esposado y vendado. Accedieron a sacarle la venda. Cuando el diputado del Frejuli abrió los ojos vio al juez, al secretario y a dos soldados que no dejaron de apuntarle. El fiscal Córdoba precisó en el pedido de detención que Medina y los hermanos Bustos fueron retirados del centro clandestino con signos de torturas y que Sierra firmó todas las declaraciones excepto una, que rubricó Girotti. Rubén Bustos declaró ayer que Girotti “se tapaba la nariz del olor que teníamos” y recordó que, mientras declaraban, Vilas gritaba “quiero cadáveres”.

El juez Alvarez Canale se negó a indagar a los secretarios adjudicando toda la responsabilidad al finado Madueño. El fiscal amplió pruebas, pero chocó también con la negativa de la Cámara, que rechazó la apelación argumentando que el gravamen de no avanzar no era “irreparable”. El Tribunal Oral entendió ayer todo lo contrario. A diferencia de lo ocurrido en Mendoza, donde la Secretaría de Derechos Humanos impulsó las causas contra los jueces cómplices de la dictadura, la delegación bahiense del organismo no respaldó el pedido del Ministerio Público para detener a los principales cómplices civiles de la dictadura en Bahía, que ocupan espacios claves de poder. La pasividad del organismo que encabeza Eduardo Luis Duhalde no sorprendió a víctimas y familiares desde que escucharon la declaración del delegado Víctor Benamo, quien contó que jugaba al truco con sus captores, pero no aportó ni un nombre que permita imputarlos.

miércoles, 31 de agosto de 2011

“Sé los nombres de los torturadores”


EL EAAF IDENTIFICÓ LOS RESTOS DE DANIEL BOMBARA


Militante de los grupos cristianos de Bahía Blanca, Bombara murió en enero de 1976 por las torturas que le aplicaron policías bonaerenses por orden del Ejército. Para encubrir el crimen los asesinos quemaron el cuerpo, lo abandonaron a 700 kilómetros e inventaron una fábula que difundió La Nueva Provincia. Este año los antropólogos forenses recuperaron sus restos, en un cementerio de Merlo. Una mujer con quien compartió su cautiverio apuntó antes de morir los nombres de sus torturadores, que el fiscal Córdoba pidió detener, y sintetizó su experiencia: “La vida era el infierno, la muerte el paraíso”.


Por Diego Martínez

Al atardecer del 2 de enero de 1976, luego de cinco días en cautiverio, Daniel Bombara murió en la cárcel de Villa Floresta. Para no entregar el cadáver con huellas de torturas, el Ejército y la policía de la provincia de Buenos Aires simularon que “desconocidos” tirotearon a la ambulancia que lo trasladaba a la morgue y robaron el cuerpo. El diario La Nueva Provincia difundió en base a “fuentes autorizadas” la historia inventada para encubrir el crimen. El poder judicial omitió investigarlo, aún cuando dos mujeres relataron ante el juez y su secretario que fueron secuestradas y torturadas junto al militante de la Juventud Universitaria Católica. Treinta y cinco años después, el Equipo Argentino de Antropología Forense identificó los restos de Bombara en una tumba sin nombre en el partido de Merlo. Los asesinos recorrieron casi setecientos kilómetros y quemaron el cadáver. El caso se trata desde ayer en el juicio a los represores del Cuerpo V, aunque sólo tres militares podrán ser condenados como autores mediatos. El fiscal federal Abel Córdoba pidió ayer la detención de tres de los policías que dejaron sus firmas en documentos fabricados para ocultar el crimen, incluidos dos torturadores que identificó una mujer que padeció el cautiverio con Bombara. El principal encubridor vivo entre los funcionarios judiciales que tuvieron constancias de las torturas enseñó derecho en la Universidad Nacional del Sur hasta la semana pasada y sigue libre por cortesía del juez federal Alcindo Alvarez Canale. El intelectual que en los ’70 difundía lecturas para adoctrinar genocidas y que en democracia reivindicó la tortura todavía dirige La Nueva Provincia, la usina ideológica que decenas de pibes vistos por última vez en La Escuelita se animaron a enfrentar.


“Auténtico compromiso cristiano”

Daniel Bombara se formó en el colegio Don Bosco y siguió el profesorado de psicología en el instituto Juan XXIII, ambos de los salesianos. Trabajaba por la mañana como ordenanza en las escuelas medias de la UNS y de tarde en el gabinete psicopedagógico. Se reía de la aparente incompatibilidad. Presidió el Grupo Misionero Bahiense (GMB) que se referenciaba en sacerdotes y religiosas cercanos a las corrientes tercermundistas, militó en la Juventud Universitaria Peronista (JUP) y en el frente barrial de la JP en Villa Nocito. En 1972 se casó con Andrea Fasani, una pintora tres años menor, y tuvieron una hija, Paula. Ambas declararon ayer ante el Tribunal Oral Federal a cargo del primer juicio a genocidas locales.

Su vida como cristiano estuvo marcada por la disputa al interior de la iglesia argentina entre la teología de la liberación, que propiciaba un compromiso genuino con los oprimidos, y la corriente integrista con su concepción de la iglesia como soporte dogmático de las clases dominantes, evangelizadora de militares que a fuerza de golpes de Estado avasallaron la soberanía popular durante la mayor parte del siglo pasado, y que tuvo en el diario La Nueva Provincia a su más férreo intérprete.[1]

En 1970 los servicios de inteligencia de la policía tomaron nota del militante de 19 años cuando al frente de una asamblea de estudiantes repudió a dos marinos que le sacaron el micrófono de las manos al sacerdote Duilio Biancucci mientras leía fragmentos de una carta de otro religioso para desmentir acusaciones de subversión y comunismo. Los estudiantes del Juan XXIII, en un comunicado que firmó Bombara, se solidarizaron con el cura y “con la doctrina social de la Iglesia, que sin fanatismos ni compromisos dudosos realiza, a pesar de ciertos opositores, su auténtico compromiso evangélico”; repudiaron la violencia y “la persecución sistemática tendiente a suprimir la libertad de expresión en la Iglesia por parte de sectores bien caracterizados”, a los que prefirieron no identificar.[2]

Ya en aquel momento la directora del diario bahiense, Diana Julio de Massot pedía sin reparos “que alejen de las filas del clero a esos falsos profetas que difunden su nefasta prédica desde los propios seminarios, universidades, movimientos y grupos católicos”, a quienes acusaba de haber “hecho de la violencia y del colectivismo marxista la base de su acción destructora”.[3] El arzobispo Germiniano Esorto recibió en esos días amenazas para suspender las Primeras Jornadas Regionales de Pastoral del Comahue que reunieron a 240 sacerdotes, religiosos y laicos en el Don Bosco. “La pastoral es para llegar a la acción. Hay que salir del declaracionismo y tratar de vivir el compromiso. Los barrios marginados, los hospitales, las cárceles, el problema de la vivienda, el analfabetismo, son campos que deben despertar el interés apostólico del compromiso”, predicaba entonces el arzobispado.[4] Entre las conclusiones de las Jornadas sobresalió el deseo de una “participación efectiva de todos los sectores juveniles en la acción de la iglesia a todos sus niveles, promoviendo como deber grave de la fe la participación en las actividades temporales de su medio, en un auténtico compromiso cristiano”.[5]

En diciembre de 1970, en respuesta a una serie de notas de La Nueva Provincia para desacreditar un pronunciamiento del Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo (MSTM), los grupos católicos difundieron el documento completo y acusaron a los Massot de utilizar un monopolio de medios “para mantener sus privilegios socioeconómicos”. “Se oponen sistemáticamente a toda manifestación en pro de la justicia social y emplean para ello todos los recursos, incluso aquellos que nos atrevemos a considerar inmorales”, advirtieron.[6]

Seis meses después, denunciaron el secuestro de un militante en Punta Alta, sede de la mayor base naval del país. “Se ha iniciado una campaña de persecución y difamación contra algunos sacerdotes, a quienes no atreviéndose a atacar directamente se los intimida en la persona de los laicos que trabajan con ellos”, explicaron. Contaron que el “joven cristiano” estuvo secuestrado “varias horas” y “por medio de torturas se lo sometió a un interrogatorio referido a las actividades de los grupos cristianos, que como Movimientos de Iglesia actúan en nuestro medio en una labor de evangelización”, y destacaron una advertencia de los obispos de la Conferencia de Medellín (1968) que anticipaba el que sería eje central de la estrategia del diario para criminalizar a sus enemigos: “No es raro constatar que estos grupos o sectores más favorecidos, con excepción de algunas minorías lúcidas, califiquen de acción subversiva todo intento de cambiar un sistema social que favorece la permanencia de sus privilegios”.[7]

Los años siguientes fueron para los jóvenes cristianos de intensa militancia, de formación acelerada y cambios vertiginosos en el escenario político: atropellos policiales en casas parroquiales, allanamientos y atentados de grupos anticomunistas contra pensionados católicos hasta el retorno de la democracia en 1973; breve período de esplendor durante la primavera camporista, y meses después la irrupción de la violencia política a gran escala. El pase a la clandestinidad de Montoneros derivó en el estado de sitio y en el aumento de la represión paraestatal, que en Bahía Blanca se combinó con los crímenes de las patotas sindicales que respondían al diputado Rodolfo Ponce y más tarde a Remus Tetu, interventor de la UNS y columnista de los Massot.

Si el desembarco de Tetu con matones a sueldo del Estado implicó a comienzos de 1975 el exilio forzado para profesores, no docentes y alumnos de la UNS, la venganza por el ajusticiamiento del comisario José Ramos [8] --con un 5x1 que incluyó al padre Carlos Dorñak, quien ni siquiera integraba el núcleo de religiosos en los que se referenciaba la militancia-- dejó en claro que policías y militares estaban dispuestos a matar sin reparos. La Nueva Provincia dio el visto bueno a su manera: “Quien siembre vientos cosecha tempestades”, editorializó.[9]

La caída

El 15 de diciembre de 1975, a diez cuadras del Cuerpo V, donde el Ejército celebraba su 15º aniversario, Montoneros emboscó a una camioneta militar para conseguir armas. En el operativo murieron el cabo primero Bruno Rojas y el soldado René Papini, que desde la cabina intentaron repeler el ataque. Dos de los cuatro conscriptos que viajaban en la caja declararon ante el juzgado militar 90 que los atacantes los hicieron bajar y les dijeron “la cosa no es con ustedes, a la cabina le tiramos porque empezaron a tirar”. Los otros dos admitieron que salieron corriendo.

Dos semanas después, el 29 de diciembre, mientras todas las fuerzas de seguridad patrullaban la ciudad, un grupo de militantes de la JP salió a los barrios con la misión de distribuir volantes en los que Montoneros reivindicaba la obtención de “las armas del ejército represor”.

--Es una locura --le advirtió a Bombara su compañera.[10]

Discutieron, no lo convenció. A las seis de la mañana, el día más caluroso del año, Daniel partió en su Aurorita roja. Andrea se durmió. A las ocho se levantó sobresaltada. Vio que su compañero no había vuelto, armó un bolso y partió con su hija de tres años. Si uno caía, habían acordado, el otro dejaba la militancia para cuidar a Paula.

A las 6.15, según el acta sin firmas que la Unidad Regional 5 elevó al jefe de la subzona militar 15, general Jorge Olivera Róvere, “personal policial” vio bajar a cuatro mujeres de un colectivo de línea 505 de La Bahiense en la esquina de Santa Cruz y Bravard. Siguieron a las dos que tomaron Santa Cruz, las vieron arrojar volantes, y tras la llegada de Bombara en bicicleta los detuvieron “sin resistencia”.[11]

“Nos detienen a los tres. Me suben a un patrullero con María Emilia y nos vendan, a mí con un pañuelo de seda que llevaba en la cabeza y que años después quemé”, recordó treinta años después Laura Manzo, que murió en 2006.[12] “Primero estuvimos en la policía en Alem[13], nos dimos cuenta por el ruido del canto rodado, las piedritas. Ahí no nos toman declaración, sólo nos sientan en el piso de un lugar cubierto, supongo que un patio, siempre vendados y esposados”, agregó. “Horas después nos sacan y nos llevan a un lugar apartado, abierto, sin casas, con mucha tierra. Lo recuerdo porque en un momento se me cayó la venda de seda y vi el horizonte”, describió a un centro clandestino aún no identificado. “Recuerdo que me arrancan la campera y nos hacen desnudar, siempre vendados, y empiezan las torturas. Me atan al elástico de una cama con correas de cuero, de pies y manos, y nos pasan la picana por todo el cuerpo. Me quedaron los tobillos lastimados. También me apretaban con una almohada en la cara como para ahogarme”, agregó. “Además de la tortura propia teníamos que escuchar cuando torturaban a los otros. Era detrás de una pared, como dos habitaciones pegadas. Encima hacía un calor insoportable”, recordó. “En ese lugar apartado estuvimos ese día y esa noche. Tipo seis o siete de la mañana nos tiran en la caja de una camioneta, siempre vendados. Yo dije ‘nos van a matar’, lo dije fuerte. Daniel se quejaba mucho del dolor. A Daniel le pegan mucho más por esas cuestiones machistas de los militares. Cuando nos reparten en comisarías lo escuchamos por última vez”, precisó Manso, que creyó haber sido blanqueada en la Comisaría 2ª.

La fábula.

El 30 de diciembre, mientras sus subordinados interrogaban a los secuestrados, el general Carlos Suárez Mason agasajó en el Cuerpo V a la prensa local. “Les gradezco por estar a nuestro lado”, dijo, acompañado por Olivera Róvere, y pidió a Dios “que nos mantenga unidos”.[14] El domingo 4 de enero, bajo el título “Robaron ayer el cadáver de un extremista”, La Nueva Provincia publicó la historia inventada para encubrir el asesinato. En base a “fuentes autorizadas” y “voceros policiales” que prefirió no identificar, el diario informó que el día anterior a las tres de la madrugada “un grupo armado interceptó” a una ambulancia de la UR5 que iba desde la cárcel de Villa Floresta hacia el Hospital Municipal. Los atacantes, en dos autos y una camioneta, redujeron a los policías y “se apoderaron de un cadáver que era conducido en el vehículo”, publicó. “Pese al hermetismo oficial”, las fuentes amigas les dijeron que se llamaba Daniel Bombara, que tenía 24 años y que “habría participado” del operativo en el acceso al barrio Palihue, acusación que los militares desmintieron al año, cuando informaron del “esclarecimiento” tras “una paciente investigación” a fuerza de picana. La nota concluyó informando que “una organización autoproscripta” se adjudicó el secuestro “mediante un llamado telefónico”.

La historia relatada en los sumarios policiales fabricados en aquellos días es tan inverosímil que hasta La Nueva Provincia evitó retomar el caso. El primer sumario, por “intento de fuga”, fue para justificar las “heridas” que derivarían en la muerte. Sostiene que el 1º de enero a la noche, esposado y acompañado por tres policías, Bombara logró abrir la puerta de un patrullero y tirarse al asfalto. Para justificar la falta de testigos apuntaron que “circulaban vehículos en distintas direcciones” pero “ninguno detuvo su marcha”. El segundo sumario es por el “atentado a la autoridad y daño” que produjeron los “12 a 15 NN desconocidos” que tirotearon a la ambulancia para robar un cadáver con el curioso objetivo de desaparecerlo.

Los protagonistas.

Según el Ministerio de Seguridad bonaerense, los policías que frustraron el “intento de fuga” (oficial principal José Alberto Rodríguez, oficial inspector Miguel Ángel Maidana y subinspector Ricardo Wolodasky) nunca pertenecieron a la fuerza. Sí la integraban los policías que cuanto menos dieron visos de legalidad a la sucesión de falacias:

El entonces comisario inspector Juan Manuel González y su secretario, subcomisario Enrique Toledo, de la Unidad Regional 5, instruyeron los simulacros de investigaciones. González pidió no hacer inspección ocular ni croquis de la ruta donde habría ocurrido la “evasión” por “estimarse innecesario”. Fue quien autorizó el traslado frustrado del cadáver de la U4 a la morgue, el primero que informó sobre la ambulancia “interceptada por elementos subversivos” y quien luego tramitó el certificado de defunción.[15]

El subcomisario Luis Cadierno estaba a cargo de la delegación Cuatrerismo de la policía bonaerense, en Chile y Donado, donde Bombara estuvo secuestrado desde el 30 de diciembre a la noche hasta el 1º de enero a las 20, cuando el trío de la Dirección de Investigaciones de La Plata lo retiró para reconocer “reuniones con integrantes de la organización Montoneros”. Cadierno afirmó en el sumario que recibió al detenido “en depósito” y “por orden de la UR5”, apuntó que “por razones de seguridad no registró el ingreso” y que en todo momento estuvo “en perfectas condiciones físicas”. En Cuatrerismo operaba también la Brigada de Investigaciones, a cargo del comisario inspector José Leandro Navas.[16]

El comisario Edmundo Delfor Ayoroa, jefe de la Seccional 1ª, recibió al secuestrado maltrecho en su comisaría, última escala antes del traslado a la cárcel de Villa Floresta. A pesar del diagnóstico médico que aconsejaba internarlo, acató las órdenes militares y autorizó el traslado a la cárcel.

El oficial inspector Pedro José Noel, jefe del Comando Radioeléctrico, transmitió el 2 de enero la orden del Ejército de trasladar al detenido a la cárcel donde murió, y tres días después informó del fracaso de sus “intensas diligencias investigativas” para esclarecer el robo del cadáver.

El sargento ayudante Faustino Loncon y el cabo primero Jesús Salinas iban en la ambulancia que interceptaron los “desconocidos”. Resistieron a tiros durante varios minutos pero no lograron evitar el robo del cadáver.

El comisario Juan Nelo Trujillo era el responsable de la Dirección de Informaciones de la policía bonaerense (DIPBA) delegación Bahía Blanca, de quien dependían los “informantes” de esa fuerza. Fue quien le informó al jefe de la UR5 que “medios periodísticos locales confirmaron que efectivamente en forma telefónica y anónimamente se había adjudicado el hecho el grupo Montoneros”.[17]

En los documentos constan también los nombres de los médicos de la policía y el servicio penitenciario que vieron a Bombara. Ricardo Andrés Flores lo examinó maltrecho en la Comisaría 1ª y apuntó que presentaba “escoriaciones y politraumatismo en diversas partes del cuerpo, como así un discreto grado de confusión, siendo el origen de los mismas aparentemente elementos contundentes”. “Las lesiones son de reciente data y su estado es de carácter grave, siendo necesario su traslado a un centro médico asistencial especializado para un mejor estudio y tratamiento”, sugirió. El comisario Ayoroa, sin embargo, acató “lo ordenado por la autoridad militar” y lo trasladó a la cárcel.

Carmelo Nicotra, médico de la Unidad 4 de Villa Floresta, fue según el sumario quien “atendiera al fallecido hasta el momento” de su muerte. Horas después, en la madrugada del 3 de enero, Nicotra y Flores junto con sus colegas Elbio Rossier y Jorge Raúl Pedrueza apuntaron que el cadáver presentaba “politraumatismos y escoriaciones múltiples” y pidieron el traslado a la morgue del Hospital Municipal “para mejor determinar las causas de la muerte”. Tras el simulacro de tiroteo y robo, Nicotra extendió el certificado de defunción.

“Los funcionarios interrogantes”

La última etapa del encubrimiento estuvo a cargo del poder judicial. Quien en teoría controló a partir del 2 de enero el sumario por la “evasión” fue el juez penal Juan Alberto Graziani. El martes 6, después de que La Nueva Provincia publicara las mentiras que para sus lectores siguen siendo la historia oficial, el juez federal Guillermo Federico Madueño concentró las dos causas. En apenas un mes desistió de buscar a los “desconocidos” ladrones de cadáveres y archivó la causa, previo visto bueno de la fiscal federal María del Cármen Valdunciel de Moroni.

El 28 de abril, mientras el comando bahiense secuestraba y torturaba a mansalva y los generales René Azpitarte y Adel Vilas habían reemplazado a Suárez Mason y Olivera Róvere, el juez Madueño y su secretario Hugo Mario Sierra se trasladaron hasta la cárcel de Olmos para indagar sobre el caso Rojas--Papini a las dos mujeres secuestradas junto con Bombara. Laura Manzo se sobrepuso al terror y denunció que había sido capturada “por personas de civil” y “conducida en un patrullero hasta un lugar que no pude determinar y allí, con los ojos vendados, sometida a toda clase de torturas”. Agregó que “para evitar los castigos contestaba a todo afirmativamente”, que eran falsos todos los datos volcados en el acta y que escuchó en cautiverio la voz de “otra persona que, igual que yo, había sido detenida”. Su testimonio lleva al pie las firmas de Madueño & Sierra, que ya tenían todos los nombres en las actas policiales.

En la declaración de María Emilia Salto no se registró el relato de las torturas, aunque ante la consulta del autor sugirió que las denunció “porque se lo decíamos a todos”. “El juez no buscó contradicciones, no fue un interrogatorio. Fue más bien como alguien que ya sabe lo que pasó y no tiene demasiado interés en saber más. Sé que el juez le pidió al Ejército las pruebas que tenían en mi contra y nunca las recibió, por eso planteó el sobreseimiento provisorio, actitud que en ese estado de terrible orfandad me pareció bastante legal”, rescató.

Madueño & Sierra, que en los meses siguientes archivarían todas las causas por los fusilamientos que el Ejército y el diario informaban como “enfrentamientos”, hicieron oídos sordos a la denuncia de torturas. El ex secretario que hasta la semana pasada enseñaba derecho penal en la UNS simuló ignorar el relato de los desgarramientos en cautiverio pero no la declaración arrancada a fuerza de picana. En agosto de 1976, mientras el juez analizaba la situación de un militante de la JUP que la policía había imputado en la muerte de Ramos, Sierra le recordó que su nombre figuraba en una declaración “no firmada por el declarante ni por los funcionarios interrogantes”, léase los torturadores de Bombara y de las mujeres a las que había escuchado en persona. El juez dejó pasar el temerario consejo y sobreseyó la causa.

Madueño murió hace un año. Pasó sus últimos diez meses de vida preso aunque no llegó a ser indagado gracias a su salud, a las gestiones de sus amigos de Comodoro Py (su hermano Raúl Madueño es juez de la Cámara de Casación Penal) y a la negativa de Alvarez Canale de trasladarse a Buenos Aires. Sierra tiene pedido de detención del fiscal Córdoba pero sigue libre por cortesía de Alvarez Canale. El flamante ex profesor de la UNS no es un imputado más. En 2006 actuó como defensor de Néstor Montezanti en una causa sobre la relación del camarista con la Triple A. Este año participó del cónclave por la impunidad en el club Argentino, frente al rectorado de la UNS donde hoy se desarrolla el juicio, junto al entonces presidente del tribunal oral Juan Leopoldo Velázquez y a dos de los ex defensores privados del general Vilas, ícono de la dictadura.


“ME-K-2-123”

“El rumor que circulaba en la cárcel de Villa Floresta era que el Servicio Penitenciario no había querido recibir a Daniel en tan mal estado”, recordó Laura Manzo. “De Daniel sé que murió en la tortura, tengo entendido que era asmático o tenía un problema bronquial y no había resistido. A la cárcel creo que entró vivo pero se les fue de las manos”, contó Salto hace seis años. Un colimba que había sido compañero de secundario de Bombara lo vio destrozado en el hospital del Cuerpo V. El médico Gerardo Rodríguez, que entró a trabajar a la cárcel a mediados de enero de 1976, declaró en el Juicio por la Verdad haber escuchado que Bombara ya estaba muerto cuando lo llevaron al penal. Carmelo Nicotra, el médico del Servicio Penitenciario, le contó a la mujer de un desaparecido que los torturadores le habían arrancado las uñas.

No hubo noticias del paradero del cadáver hasta junio pasado, cuando el Equipo Argentina de Antropología Forense identificó sus restos enterrados en una tumba sin nombre del cementerio de Santa Mónica, en la localidad de Libertad, partido de Merlo. Bombara ocupó la sepultura “ME-K-2-123” hasta el 12 de noviembre de 2009, cuando el EAAF lo exhumó a partir de una presentación de Remo Carlotto, entonces secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. De los registros del cementerio surge que el cuerpo “carbonizado y politraumatizado” apareció en “Ruta 1003 y Pereyra” el 5 de enero de 1976, a tres días de la muerte y uno de la fábula que publicó La Nueva Provincia.


A la biblioteca, sin capucha.

Entrevisté a Laura Manzo en marzo 2005, mientras investigaba el caso y arrimaba al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) la información para pedir el juicio político de Madueño, entonces juez del Tribunal Oral Federal 5. La mujer que había sobrevivido a la tortura y que padeció seis años en las cárceles de la dictadura me pidió que no publicara su nombre pero que aclarara que estaba dispuesta a declarar ante la justicia. Madueño logró evitar el jury que habría permitido a los bahienses conocer en detalle la complicidad del poder judicial con el genocidio cuando el entonces presidente Néstor Kirchner le aceptó la renuncia.

Laura murió en 2006, sin llegar a declarar en la causa judicial. Luego murieron sus padres, Leandro Manzo y Catalina Repeto, quien el día del secuestro viajó desde Río Gallegos para buscarla y golpeó todas las puertas hasta que la policía reconoció la detención. Ya sin madre y abuelos, revisando papeles familiares, la hija de Laura encontró notas que Catalina le envió a Leandro después de hablar con Laura en la cárcel de Villa Floresta, a la que ingresó el 9 de enero de 1976.

“Polo. Recién vuelvo de ver a Laura. Está muy bien y según ella están como en un colegio de monjas”, contó para diferenciar la cárcel del cautiverio. “Varios tipos encapuchados después de un día entero con los ojos vendados, la picanearon de lo lindo. Tiene los tobillos y las rodillas muy lastimados, también los pechos”, relató. “Creo que a mí me siguen. Yo ando con mucho cuidado”, le confió.

La segunda nota manuscrita no detalla secuelas sino policías. “Sé los nombres de los torturadores: Noel, Salinas y Culman o Culmand, algo así”, escribió Catalina. El primero sería el oficial inspector Pedro José Noel, el entonces jefe del Comando Radioeléctrico que pese a las “intensas diligencias investigativas” no logró esclarecer el robo del cadáver. Noel tiene hoy 64 años y vive en General Daniel Cerri, un puerto vecino a Bahía Blanca, donde dirige la biblioteca “José Hernández”. El segundo sería el entonces cabo primero Jesús Salinas, actual vecino del puerto de Ingeniero White y supuesto ocupante de la ambulancia que resistió el ataque de los desconocidos de siempre. El tercero se escribía Kussman y está muerto. El oficial inspector Claudio Alejandro Kussman pertenecía a la DIPBA delegación Bahía Blanca y ya en octubre de 1974 había sido denunciado como torturador de militantes del PRT. El fiscal Córdoba pidió ayer su detención junto con la de Noel y la del segundo actor de la ambulancia, Faustino Locon.

En la última nota recuperada, que no tiene fecha pero sería de 1987, Laura Manzo describe el cautiverio. “Hacía mucho calor, me dolía la piel del sol del último día, y yo tenía frío. Todo era color negro rojizo y las voces retumbaban, el rebote me daba las dimensiones de las formas. Cuando me golpearon y me rompieron la nariz me di cuenta de que empezaba a entrar en el horror. Bruscamente, sin darme cuenta, queriendo que sea un sueño. La vida era el infierno, la muerte el paraíso”.


Flor de marido

El general Jorge Olivera Róvere, comandante de la subzona 51 y autoridad a la que rendía cuentas los asesinos de Bombara, fue condenado a prisión perpetua por sus crímenes como segundo jefe del Primer Cuerpo de Ejército en 1976 pero está excarcelado, vive en un departamento de Callao 1460 y gracias a su libertad pudo asistir hace dos años al velorio de Diana Julio de Massot. El cronista intentó entrevistarlo para preguntarle si fue suya la idea para desaparecer el cadáver, si ordenó matarlo o ya había muerto, si mira a los ojos a sus nietos. Su esposa explicó que “está muy afectado por los juicios”, que “siempre trató de ayudar” pero “el médico le aconsejó cuidarse”. La mujer apuntó que la desaparición de personas “es un horror” pero que “gracias a Dios tuvimos una conducta muy correcta”. “Mi marido no tenía calabozos, no tenía detenidos, nadie lo ha visto. Tenía a su cargo la custodia de la ciudad y sus tropas eran patricios y granaderos”, explicó. De su paso por Bahía Blanca recordó el operativo en el que murieron Rojas y Papini pero admitió ignorar cómo las investigó su marido. El cronista le contó cómo procedió con Daniel Bombara, le informó que acaba de aparecer el cadáver y que sus seres queridos están felices de poder ir al reencuentro, le ofreció acercarle el relato de la historia y los fundamentos de la condena a su marido. La señora agradeció y respondió que lo iba a consultar con su marido.[18]


Por fin, verdad y justicia

Por Paula Bombara

Como declaré hace apenas unas horas, viví durante 12953 días en un estado de incertidumbre. No podía dar respuesta a una pregunta básica: ¿adónde está papá? Crecí con ese dolor y construí mi vida alrededor de incontables respuestas ficticias a esa pregunta. No es fácil crecer con un padre desaparecido. Crecí sin seguridades, sin calma, con miedo y dolor. Hace poco más de dos meses sé que sus restos están en una caja, en una estantería, en una habitación de la sede del EAAF, en el barrio de Balvanera, en la C.A.B.A. Darme esa respuesta cada mañana, cada tarde, cada noche, alivia y mucho. El dolor no cesará porque sentiré la ausencia de mi padre hasta el día de mi muerte. Esa escena de su muerte luego de las torturas, que tanto he imaginado con diferentes tonos de luz y sombra a lo largo de estos 35 años y pico, con distintas escenografías y un dominante color rojo sangre, no dejará de cruzarse en mi mente a cualquier hora casi todos los días. Pero al menos pronto podré ir al encuentro de los restos de mi padre y, como bien se ha dicho en relación al entierro de Marta Taboada, lo iré desdesapareciendo con mi amor y el de mi mundo de afectos.

Papá me dejó poemas donde habla de un mundo lleno de paz y alegría, un mundo más justo. Siempre he tratado de sembrar eso en mi vida y entre quienes me rodean. Lo tuve tres años, pero en ese tiempo supo transmitirme que el valor de la vida está en poder estrecharnos en un abrazo. Y nuestra sociedad será mejor cuando la impunidad se acabe y la justicia nos abrace a todos por igual.

Por ahora, sigo contando los días sin justicia. Pero llegará la jornada en que se acabe la impunidad con la que han vivido los asesinos de papá. Confío en que llegará, y será entonces cuando nos abrazaremos festejando una sentencia que los confine a vivir en una cárcel común, como delincuentes comunes. Desde la mañana en que dejé de verlo van 13029 días; por el momento sigo sumando. Pero lo hago con mucha esperanza, con alegría, con la satisfacción de ver un juicio que avanza, con paz en mi corazón y en mi mente, con una sonrisa en el alma.




[1] El integrismo, hegemónico en la conducción de la Iglesia desde el bombardeo naval que derrocó a Perón en 1955, introdujo en el país y en las Fuerzas Armadas la organización francesa Cité Catholique y su doctrina contrarrevolucionaria, con un concepto clave para entender el genocidio argentino: el de subversión, “un enemigo proteico, esencial, no definido por sus actos, cuya finalidad es subvertir el orden cristiano, la ley natural o el plan del Creador” (Verbitsky, Horacio. Doble juego. La Argentina católica y militar. Sudamericana, 2006, p. 17). Tras la difusión de la principal obra doctrinaria, El marxismo-leninismo de Jean Ousset, que el presidente del episcopado Antonio Caggiano calificó como un instrumento de formación para “una lucha a muerte”, llegaron a las escuelas militares los manuales técnicos. El más famoso fue La guerra moderna, del coronel Roger Trinquier, quien teorizó sobre la tortura como arma moralmente neutra, prédica que los capellanes castrenses inculcaron en los cuartes, inclusive para justificar los vuelos de la muerte, y que sólo un civil se animó a defender en público: Vicente Massot, actual director del La Nueva Provincia, diario que recurrió a Trinquier casi cuatro meses antes del golpe de Estado para aconsejar la importancia de “declarar la existencia de un estado de guerra” fronteras adentro para “descubrir lo más pronto posible a nuestro adversarios”. (“La Guerra Moderna”, La Nueva Provincia, 30 de noviembre de 1975, p. 4).

[2] SIPBA, delegación Bahía Blanca, 15 de octubre de 1970, nota 294, depto. C.

[3] “Solicitan que sean expulsados del Seno del Clero los Sacerdotes del ‘Tercer Mundo’”. La Capital, 2 de agosto de 1970.

[4] Arzobispado de Bahía Blanca. Boletín eclesiástico. Septiembre de 1970, p. 30/31.

[5] Arzobispado de Bahía Blanca. Boletín eclesiástico. Septiembre de 1970, p. 32.

[6] Suscriben el documento la Juventud Universitaria Católica, la Juventud Obrera Católica, la Comunidad Universitaria Bahiense (CUB) y el Grupo Misionero Bahiense. “Sacerdotes del Tercer Mundo”, R. 15.281, Tomo 5, DIPBA.

[7] “Militante cristiano secuestrado y torturado en Punta Alta”. Cristianismo y Revolución, número 30, septiembre de 1971, p. 59. Suscriben el documento la Juventud Universitaria Católica (JUC), el Grupo Misionero Bahiense (GMB), la Juventud Obrera Católica (JOC), la Comunidad Universitaria Bahiense (CUB) y la Juventud de Acción Católica-Punta Alta (JAC).

[8] Montoneros se adjudicó el hecho y calificó al agente de la DIPBA y empleado en “seguridad” de La Nueva Provincia como “el más eficiente torturador que conociera nuestra ciudad”.

[9] “Colegios católicos y autoridades. No se puede sembrar violencia y esperar el fruto de la paz…”. La Nueva Provincia, 25 de mayo de 1975, p. 2.

[10] Entrevista del autor con Andrea Fasani, 29 de octubre de 2004.

[11] Acta labrada por la Unidad Regional 5 de la policía de la provincia de Buenos Aires, sin firmas, el 30 de diciembre de 1975. El jefe de la UR5 era el comisario mayor José Daniel Dallochio.

[12] Entrevista del autor con Laura Manzo, 2 de marzo de 2005.

[13] Se refiere a la avenida Leandro N. Alem 838, sede de la Unidad Regional 5.

[14] “V Cuerpo. Agasajo al periodismo local”. La Nueva Provincia, 31 de diciembre de 1975, p. 2.

[15] Un policía llamado Juan Manuel González (legajo 3520) está imputado por delitos de lesa humanidad en 1977 en el centro clandestino Pozo de Banfield.

[16] En la delegación Cuatrerismo dijo haber estado preso en 1976 el abogado Víctor Benamo, que antes padeció más de un mes de torturas en manos del Ejército. A diferencia de Bombara, el actual delegado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en Bahía Blanca confesó durante el juicio oral y público que “a la noche jugaba al truco” con los policías, a quienes conocía por su trabajo, aunque no aportó un solo nombre a la causa.

[17] Trujillo fue imputado por la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos en la causa por delitos de lesa humanidad en el centro clandestino La Cacha.

[18] Entrevista telefónica con la esposa de Jorge Olivera Róvere, el 31 de agosto de 2011.