miércoles, 14 de septiembre de 2011

Los cómplices civiles al banquillo

El Tribunal Oral Federal bahiense ordenó detener al abogado Hugo Sierra, que fue secretario del juzgado federal a cargo de Guillermo Madueño. Según declaró ayer una víctima de la represión, participaba de interrogatorios en centros clandestinos.

Por Diego Martínez
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Hugo Sierra (a la izquierda), junto al camarista Néstor Montezanti.

Dos meses de audiencias y un puñado de testimonios le bastaron a tres magistrados ajenos a la corporación judicial de Bahía Blanca para ordenar la detención de Hugo Mario Sierra, ex secretario del fallecido juez Guillermo Madueño, iconos de la complicidad judicial con la dictadura. Luego de escuchar al ex diputado Mario Medina, que el 1º de abril de 1976 prestó declaración indagatoria ante juez y secretario con dos soldados apuntándole sus ametralladoras a la cabeza, el Tribunal Oral Federal que juzga al primer grupo de represores del Quinto Cuerpo de Ejército ordenó la inmediata detención de Sierra, medida que el fiscal federal Abel Córdoba había solicitado en diciembre y que el juez Alcindo Alvarez Canale resistió durante diez meses con el visto bueno de la Cámara Federal. Tras conocer la orden de detención, Córdoba solicitó hacerla extensiva a Gloria Girotti, la otra secretaria que se tapaba la nariz mientras tomaba nota de las palabras que balbuceaban los secuestrados en estado nauseabundo y con signos de torturas en el comando militar.

La decisión que cumplieron por la tarde agentes de la Policía Federal la tomaron los jueces Jorge Ferro, José Triputti y Martín Bava, radicados en Mar del Plata, Santa Rosa y Azul, que integran el tribunal por las recusaciones de magistrados bahienses. El actual presidente del Tribunal, Juan Leopoldo Velázquez, fue apartado por participar de un cónclave junto con Sierra, con el juez Gustavo Duprat (de fugaz paso por la causa de la que estaba excusado para excarcelar a militares) y con dos abogados que defendieron al general Adel Vilas: Luis De Mira y Rubén Diskin, además actual defensor del prófugo Aldo Alvarez (ex jefe de inteligencia del Cuerpo V) y cuñado de Vicente Massot, director del diario La Nueva Provincia. Días antes de la reunión en el aristocrático club Argentino, ambos letrados se habían presentado en la causa como defensores de Sierra.

La colaboración de Madueño & Sierra con el terrorismo de Estado comenzó en los primeros días de 1976, cuando archivaron sin investigar el asesinato de Daniel Bombara. Para no entregar su cadáver con signos de tortura, el Ejército inventó que Bombara murió al tirarse de un patrullero y que “desconocidos” robaron sus restos cuando lo trasladaban a la morgue. Tres meses después, juez y secretario escucharon el relato de dos mujeres torturadas junto con Bombara, pero se negaron a reabrir las causas que legitimaron la fábula, difundida luego por La Nueva Provincia.

El 1º de abril de 1976, Madueño y sus secretarios fueron al comando a tomarle declaración indagatoria a un grupo de gremialistas secuestrados la noche del golpe de Estado. “¿Me van a interrogar así?”, les preguntó Medina, esposado y vendado. Accedieron a sacarle la venda. Cuando el diputado del Frejuli abrió los ojos vio al juez, al secretario y a dos soldados que no dejaron de apuntarle. El fiscal Córdoba precisó en el pedido de detención que Medina y los hermanos Bustos fueron retirados del centro clandestino con signos de torturas y que Sierra firmó todas las declaraciones excepto una, que rubricó Girotti. Rubén Bustos declaró ayer que Girotti “se tapaba la nariz del olor que teníamos” y recordó que, mientras declaraban, Vilas gritaba “quiero cadáveres”.

El juez Alvarez Canale se negó a indagar a los secretarios adjudicando toda la responsabilidad al finado Madueño. El fiscal amplió pruebas, pero chocó también con la negativa de la Cámara, que rechazó la apelación argumentando que el gravamen de no avanzar no era “irreparable”. El Tribunal Oral entendió ayer todo lo contrario. A diferencia de lo ocurrido en Mendoza, donde la Secretaría de Derechos Humanos impulsó las causas contra los jueces cómplices de la dictadura, la delegación bahiense del organismo no respaldó el pedido del Ministerio Público para detener a los principales cómplices civiles de la dictadura en Bahía, que ocupan espacios claves de poder. La pasividad del organismo que encabeza Eduardo Luis Duhalde no sorprendió a víctimas y familiares desde que escucharon la declaración del delegado Víctor Benamo, quien contó que jugaba al truco con sus captores, pero no aportó ni un nombre que permita imputarlos.