jueves, 29 de septiembre de 2011

Mansueto Swendsen, un discípulo de Lombroso


Por Diego Martínez

Pidió la palabra para defenderse y terminó enardeciendo a sus camaradas. El teniente coronel Jorge Mansueto Swendsen, juzgado por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca, admitió ante el Tribunal Oral Federal el funcionamiento del centro clandestino La Escuelita y los cautiverios en “condiciones infrahumanas”; adjudicó los operativos a la agrupación tropas, contó que los soldados salían a hacer patrullajes con fotos de personas buscadas, dijo que hasta fines de 1976 hubo policías trabajando en el Quinto Cuerpo y hasta se ufanó de su capacidad para distinguir “terroristas” por su aspecto físico. Eran “normalmente feos”, arriesgó.


Mansueto fue jefe del Batallón de Comunicaciones 181, en el que fueron blanqueados varios secuestrados antes de ser enviados a la cárcel, y del área militar bahiense. El 9 de diciembre de 1976, al asumir, había en La Escuelita “muchos detenidos desgraciadamente en condiciones infrahumanas”, admitió. En su Batallón encontró detenidos “luego de una temporada en la llamada Escuelita”. “Estaban bastante bien atendidos”, consideró. Dijo ignorar de qué se los acusaba, sólo supo que estaban a disposición del Poder Ejecutivo. Relató que le pidió al general Osvaldo Azpitarte que los retirara y que el traslado se cumplió el 24 de diciembre. También al asumir encontró “tres o cuatro policías” cuyas funciones desconocía. “Los despedí de inmediato. Luego consideré que parecía una falta de amabilidad e invité a un asado a los jefes de policía que había por ahí”, agregó.

Mansueto distinguió la actuación del general Adel Vilas, jefe de subzona en 1976, de la de su sucesor, Abel Catuzzi. El primero “sobrepasó ampliamente la autoridad del comandante”, dijo, sin entrar en detalles. “Catuzzi ordenó que las cosas se hagan de acuerdo con las leyes y reglamentos militares”, aseguró, pese a que bajo su mando hubo secuestros, ejecuciones y apropiaciones de bebés nacidos en cautiverio.

El militar, de 80 años, contó que tuvo a su cargo “la representatividad del Ejército en Bahía Blanca”. “Hice fiestas, reuniones y agasajos a los que concurrió la mayor parte de la sociedad bahiense, con gastos pagos por el Comando”, contó sin remordimientos. Sobre el secuestro de un grupo de estudiantes en diciembre de 1976, declaró que estuvo a cargo de “efectivos de la agrupación tropas”, que “estaba integrada no sólo por oficiales, suboficiales y soldados de distintas unidades, sino por civiles y oficiales venidos con Vilas desde Tucumán”. Vilas llevó a “personas que no integraban las Fuerzas Armadas” y que “luego quedaron”. No las identificó, pero aseguró que “buscaban fundamentalmente el botín de guerra”. Entre los “civiles comprometidos interesados por el botín de guerra” incluyó a “la CNU” (Concentración Nacional Universitaria) y al “personal que trajo el señor Remus Tetu cuando fue rector de la Universidad Nacional del Sur”.

“Reconozco que intenté entrar a La Escuelita porque sentía curiosidad por saber qué había adentro”, confesó. “Un guardia me lo prohibió con términos amables, porque no hubiera tolerado otros”, aclaró para resaltar su valentía. “Me dijo: ‘Mi teniente coronel, tiene prohibido el acceso, sólo se puede entrar con autorización del G3’”, en referencia a la jefatura a cargo del general Bayón, que lo escuchaba a sus espaldas.

Mansueto admitió que sus subordinados “salían a recorrer la ciudad armados”, pero que a diferencia de los soldados “que llevaban fotografías”, los suyos “tenían un libro de personas buscadas por si de casualidad encontraban alguna”. Cuando el fiscal federal Abel Córdoba le preguntó por el asesinato de José Luis Escudero, fusilado en 1977 por no detenerse en un control de rutas, Mansueto dijo no recordar el caso.

Un día recibió a un conscripto que “tenía un familiar montonero”, contó. “Lo llamé, vi su aspecto, gordito, blanquito y muy joven, pensé ‘éste no es terrorista pero puede estar vinculado’ y le dije ‘si una piedra golpea el batallón en la calle puedo llegar a vincularlo con eso’. Luego no pasó nada y el soldado pasó un año feliz.”

–Usted dice que por el aspecto distinguía si eran o no terroristas. ¿Cómo eran los terroristas? –le preguntó el fiscal.

–Pienso que normalmente feos.

miércoles, 21 de septiembre de 2011

Hacete amigo del juez


Por Diego Martínez

En 2002 fueron compañeros de lista en el claustro de profesores de la Universidad Nacional del Sur. En 2008 compartieron lista en las internas del Colegio de Abogados de Bahía Blanca. Uno está imputado por delitos de lesa humanidad y el otro es apoderado de la mutual que aconseja a los represores cómo burlar embargos que ordena la justicia. Sin embargo, ningún causal encontró el abogado Luis María Esandi para inhibirse de actuar en el proceso a los genocidas bahienses, en el que intervino para liberar en tiempo récord a su colega Hugo Sierra, contrariando la decisión de los jueces del Tribunal Oral Federal que ordenaron indagarlo por su actuación en el terrorismo de Estado. El fiscal federal Abel Córdoba recusó hoy a Esandi por falta de imparcialidad y apeló la decisión del letrado que, sin detenerse a analizar pedidos de detención que el juez Alcindo Alvarez Canale se resiste a ordenar desde hace diez meses ni los testimonios aportados por el TOF, le permite a Sierra seguir gozando de impunidad.

El abogado que llegó a la causa por sorteo liberó a Sierra sin dar vista al Ministerio Público ni estudiar las actuaciones ni detenerse en los argumentos del fiscal y de los jueces Jorge Ferro, José Triputti y Martín Bava, que no integran la corporación judicial local, sobre la participación de Sierra en delitos de lesa humanidad. Cumplido el recado y aunque en teoría sigue al frente de la causa mientras dure la licencia de Alvarez Canale, concluyó su intervención oficial en el caso.

Lejos de indagar al imputado, tal lo solicitado por los miembros del tribunal, Esandi ni siquiera ordenó que se le prohíba a Sierra salir del país, como ya lo hicieron en los últimos meses el abogado de la CNU marplatense Gustavo De Marchi hacia Colombia y el camarista mendocino Otilio Romano hacia Chile. Tan apresurada fue la orden de liberar al compañero que atribuyó a un secretario argumentos de los jueces del tribunal, error que luego admitió e intentó corregir.

La falta de imparcialidad que marca el fiscal Córdoba en su escrito tiene un trasfondo objetivo. Esandi es apoderado de la “Sociedad Militar Seguro de Vida”, la mutual a la que pertenece la mayor parte de los imputados por crímenes de lesa humanidad, por medio de la que cobraban sus sueldos los prófugos Miguel Angel García Moreno y Aldo Alvarez, el finado torturador Julián Corres y varios de los represores acusados en el juicio oral, como Jorge Masson o Jorge Mansueto Swendsen. Como abogado de la institución, Esandi debe responder a la voluntad de los socios, léase los imputados.

En la propia causa bahiense hay constancias de la colaboración de la “Sociedad Militar” en la tarea de burlar decisiones del poder judicial: cuando se dictó la orden de detención de Alejandro Lawless, según un llamado telefónico interceptado en el marco de una investigación judicial, desde una gerencia de esa mutual de fines diversos se asesoró espontáneamente a la esposa del militar sobre cómo eludir un embargo judicial, método que se habría aplicado con otros represores. “Dicha operatoria, en virtud del contenido que se ha podido conocer, resulta materia propia de quien se encuentra capacitado en operatorias financieras y jurídicas” como Esandi, destaca el fiscal.

El abogado que liberó a Sierra es también su compañero en el consejo directivo del Colegio de Abogados y Procuradores de Bahía Blanca. Esandi es vicepresidente, Sierra forma parte de la Caja de Previsión como revisor de cuentas suplente. Ambos fueron elegidos en mayo de 2008 como compañeros en la lista “Integración”, a cargo de la conducción de la asociación que funciona en el ex edificio del diario La Nueva Provincia. Córdoba apunta constancias de trabajo conjunto incluso desde 2002, cuando compartieron la lista “Fundacional” del claustro de profesores en el departamento de derecho de la Universidad Nacional del Sur.

Ante la negativa de Esandi a sincerarse e inhibirse por su falta de imparcialidad, confirmada en su primera y fugaz intervención, el fiscal Córdoba solicitó hoy la recusación “en pos de la transparencia y la confianza que deben rodear” a los actos del poder judicial. También apeló la liberación de Sierra, no sólo por la parcialidad de quien la ordenó sino por no valorar el riesgo procesal que trae aparejada la decisión y por no adoptar ningún tipo de resolución sobre la imputación contra Sierra, que Esandi puso sin fundamentos “a consideración del juez titular de la sede”, léase Alvarez Canale, quien además de rechazar los pedidos del fiscal desde diciembre pasado decidió tomarse licencia el mismo día que el Tribunal Oral Federal ordenó la detención del abogado.

jueves, 15 de septiembre de 2011

Sierra, libre y suspendido

Luego de 35 años impune y apenas 24 horas preso, el abogado Hugo Sierra, imputado por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca, recuperó su libertad. La decisión del Tribunal Oral Federal que a partir de testimonios de sobrevivientes ordenó su captura sirvió sin embargo para que el consejo superior de la Universidad Nacional del Sur suspendiera “provisoriamente” de sus funciones al ex titular de Derecho Penal II. Las autoridades de la UNS decidieron la suspensión “hasta que se resuelva su situación en la causa de referencia”, decisión sobre la que debe pronunciarse el juez Alcindo Alvarez Canale, que desde hace diez meses se resiste a ordenar la detención e indagatoria pedida por el fiscal Abel Córdoba. El pedido de liberación de Sierra lo presentó su abogado Rubén Diskin, cuñado del director de La Nueva Provincia, Vicente Massot. Alvarez Canale se excusó de inmediato y según trascendidos pidió licencia por quince días. Luego se excusó el juez ad hoc Santiago Martínez, y ante el sorteo de la Cámara Federal la decisión cayó en manos del abogado Luis Esandi. Con el argumento de que el Tribunal es incompetente para ordenar detenciones, a las 15 Sierra salió en libertad. El ex secretario del fallecido juez Guillermo Madueño está imputado por el Ministerio Público por haber sometido a interrogatorios bajo tortura a dirigentes sindicales en el propio V Cuerpo de Ejército y por perseguir a docentes y empleados de la UNS en una parodia de juicio por “infiltración ideológica marxista”, entre otros delitos.

miércoles, 14 de septiembre de 2011

Los cómplices civiles al banquillo

El Tribunal Oral Federal bahiense ordenó detener al abogado Hugo Sierra, que fue secretario del juzgado federal a cargo de Guillermo Madueño. Según declaró ayer una víctima de la represión, participaba de interrogatorios en centros clandestinos.

Por Diego Martínez
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Hugo Sierra (a la izquierda), junto al camarista Néstor Montezanti.

Dos meses de audiencias y un puñado de testimonios le bastaron a tres magistrados ajenos a la corporación judicial de Bahía Blanca para ordenar la detención de Hugo Mario Sierra, ex secretario del fallecido juez Guillermo Madueño, iconos de la complicidad judicial con la dictadura. Luego de escuchar al ex diputado Mario Medina, que el 1º de abril de 1976 prestó declaración indagatoria ante juez y secretario con dos soldados apuntándole sus ametralladoras a la cabeza, el Tribunal Oral Federal que juzga al primer grupo de represores del Quinto Cuerpo de Ejército ordenó la inmediata detención de Sierra, medida que el fiscal federal Abel Córdoba había solicitado en diciembre y que el juez Alcindo Alvarez Canale resistió durante diez meses con el visto bueno de la Cámara Federal. Tras conocer la orden de detención, Córdoba solicitó hacerla extensiva a Gloria Girotti, la otra secretaria que se tapaba la nariz mientras tomaba nota de las palabras que balbuceaban los secuestrados en estado nauseabundo y con signos de torturas en el comando militar.

La decisión que cumplieron por la tarde agentes de la Policía Federal la tomaron los jueces Jorge Ferro, José Triputti y Martín Bava, radicados en Mar del Plata, Santa Rosa y Azul, que integran el tribunal por las recusaciones de magistrados bahienses. El actual presidente del Tribunal, Juan Leopoldo Velázquez, fue apartado por participar de un cónclave junto con Sierra, con el juez Gustavo Duprat (de fugaz paso por la causa de la que estaba excusado para excarcelar a militares) y con dos abogados que defendieron al general Adel Vilas: Luis De Mira y Rubén Diskin, además actual defensor del prófugo Aldo Alvarez (ex jefe de inteligencia del Cuerpo V) y cuñado de Vicente Massot, director del diario La Nueva Provincia. Días antes de la reunión en el aristocrático club Argentino, ambos letrados se habían presentado en la causa como defensores de Sierra.

La colaboración de Madueño & Sierra con el terrorismo de Estado comenzó en los primeros días de 1976, cuando archivaron sin investigar el asesinato de Daniel Bombara. Para no entregar su cadáver con signos de tortura, el Ejército inventó que Bombara murió al tirarse de un patrullero y que “desconocidos” robaron sus restos cuando lo trasladaban a la morgue. Tres meses después, juez y secretario escucharon el relato de dos mujeres torturadas junto con Bombara, pero se negaron a reabrir las causas que legitimaron la fábula, difundida luego por La Nueva Provincia.

El 1º de abril de 1976, Madueño y sus secretarios fueron al comando a tomarle declaración indagatoria a un grupo de gremialistas secuestrados la noche del golpe de Estado. “¿Me van a interrogar así?”, les preguntó Medina, esposado y vendado. Accedieron a sacarle la venda. Cuando el diputado del Frejuli abrió los ojos vio al juez, al secretario y a dos soldados que no dejaron de apuntarle. El fiscal Córdoba precisó en el pedido de detención que Medina y los hermanos Bustos fueron retirados del centro clandestino con signos de torturas y que Sierra firmó todas las declaraciones excepto una, que rubricó Girotti. Rubén Bustos declaró ayer que Girotti “se tapaba la nariz del olor que teníamos” y recordó que, mientras declaraban, Vilas gritaba “quiero cadáveres”.

El juez Alvarez Canale se negó a indagar a los secretarios adjudicando toda la responsabilidad al finado Madueño. El fiscal amplió pruebas, pero chocó también con la negativa de la Cámara, que rechazó la apelación argumentando que el gravamen de no avanzar no era “irreparable”. El Tribunal Oral entendió ayer todo lo contrario. A diferencia de lo ocurrido en Mendoza, donde la Secretaría de Derechos Humanos impulsó las causas contra los jueces cómplices de la dictadura, la delegación bahiense del organismo no respaldó el pedido del Ministerio Público para detener a los principales cómplices civiles de la dictadura en Bahía, que ocupan espacios claves de poder. La pasividad del organismo que encabeza Eduardo Luis Duhalde no sorprendió a víctimas y familiares desde que escucharon la declaración del delegado Víctor Benamo, quien contó que jugaba al truco con sus captores, pero no aportó ni un nombre que permita imputarlos.