Por Diego Martínez
El juez federal Santiago Martínez rechazó “por el 
momento” el pedido de detención de Vicente Massot, director del diario 
La Nueva Provincia de Bahía Blanca, solicitada por el Ministerio Público
 Fiscal. A diferencia del Tribunal Oral que en 2012 ordenó investigar a 
los directivos del diario por su rol en la “campaña de desinformación y 
propaganda negra” al servicio del terrorismo de Estado, el magistrado 
consideró en su primer “juicio provisorio” sobre el caso que la 
“orfandad probatoria” respecto de los Massot ni siquiera permite 
verificar “la existencia de algún grado de complicidad” con la 
dictadura. Los fiscales federales José Nebbia y Miguel Palazzani 
apelarán el rechazo ante la Cámara Federal bahiense.
 Las “relaciones remotas” de los Massot con autoridades militares, 
jefes de centros clandestinos y afamados torturadores “resulta 
insuficiente para atribuir conocimiento efectivo” de los delitos que 
cometían, sostuvo el juez. Que en la intimidad los acusaran de “cagones”
 por no fusilar y en las páginas del diario reclamaran “pena de muerte 
dictada por autoridades militares” tampoco “autoriza a sostener 
conocimiento de la mecánica relacionada con la desaparición forzada de 
personas”. Que el general Adel Vilas definiera al diario como “valioso 
auxiliar de la conducción” de lo que ambos llamaron “guerra contra la 
subversión” no es “prueba cargosa”, porque los dichos del militar 
“resultan imprecisos”. Que acompañaran los comunicados para encubrir 
fusilamientos con fotos robadas de las casas de las víctimas aportadas 
por militares “no revela conocimiento de los hechos”. Que tildaran de 
“soviet” infiltrado en la empresa a los delegados gremiales, nutrieran 
de datos a la fuerza que decidió “ralearlos”, no informaran durante 
cuatro días sobre los secuestros que todos sus empleados conocían, 
publicaran apenas veinte líneas sobre la aparición de los cadáveres y no
 retomaran el tema en 37 años “resulta insuficiente como para habilitar 
la instancia penal respecto de los sospechados”, sostuvo Martínez.
Las “relaciones remotas” de los Massot con autoridades militares, 
jefes de centros clandestinos y afamados torturadores “resulta 
insuficiente para atribuir conocimiento efectivo” de los delitos que 
cometían, sostuvo el juez. Que en la intimidad los acusaran de “cagones”
 por no fusilar y en las páginas del diario reclamaran “pena de muerte 
dictada por autoridades militares” tampoco “autoriza a sostener 
conocimiento de la mecánica relacionada con la desaparición forzada de 
personas”. Que el general Adel Vilas definiera al diario como “valioso 
auxiliar de la conducción” de lo que ambos llamaron “guerra contra la 
subversión” no es “prueba cargosa”, porque los dichos del militar 
“resultan imprecisos”. Que acompañaran los comunicados para encubrir 
fusilamientos con fotos robadas de las casas de las víctimas aportadas 
por militares “no revela conocimiento de los hechos”. Que tildaran de 
“soviet” infiltrado en la empresa a los delegados gremiales, nutrieran 
de datos a la fuerza que decidió “ralearlos”, no informaran durante 
cuatro días sobre los secuestros que todos sus empleados conocían, 
publicaran apenas veinte líneas sobre la aparición de los cadáveres y no
 retomaran el tema en 37 años “resulta insuficiente como para habilitar 
la instancia penal respecto de los sospechados”, sostuvo Martínez. 
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