Página/12
Por Horacio Verbitsky
Para las 5 de la mañana de hoy, que son las 10 de la mañana en Madrid, está prevista la presentación como testigo ante el juez Baltasar Garzón del primer alto funcionario del gobierno federal argentino que en vez de obstaculizar (como hicieron el presidente Menem y los ministros Di Tella y Granillo Ocampo con el decreto 111/98), colabora con la investigación sobre terrorismo de Estado y genocidio. El Fiscal General Hugo Cañón será interrogado por el juez español sobre las constancias de la causa nº 11/86 de la Cámara Federal de Bahía Blanca, en la que se investigaron los secuestros, torturas y asesinatos ocurridos en la Provincia de Buenos Aires, Río Negro y Neuquén, bajo control operacional del Cuerpo de Ejército V y aquellos producidos bajo jurisdicción de la Armada.
Cañón y la Cámara Federal de Bahía Blanca declararon la inconstitucionalidad de la ley de obediencia debida del ex presidente Raúl Alfonsín. En uno de esos casos, el de Laura Susana Martinelli, que estaba a disposición del Poder Ejecutivo pero apareció muerta en un “enfrentamiento” con fuerzas conjuntas, Cañón se pronunció también por la inconstitucionalidad del indulto del presidente Carlos Menem, la Cámara Federal de Bahía Blanca lo acompañó y la Corte Suprema de Justicia lo revocó. Otros de los casos de la causa de la Armada todavía están a resolución de la Corte Suprema, que la remitió en vista al Procurador General de la Nación en julio del año pasado. Pero ahora la Cámara Federal, a requerimiento de Cañón, solicitó la devolución de esas actuaciones porque ha decidido continuar los juicios hasta esclarecer el destino de los desaparecidos y el de los niños nacidos en cautiverio.
Sus actitudes le valieron presiones y represalias, igual que a Aníbal Ibarra, que fue el otro fiscal que se pronunció por la inconstitucionalidad del indulto. Cuando opinó por la inconstitucionalidad del Punto Final, Cañón fue apercibido por el Procurador Juan Gauna, con el indulto el secretario de Justicia César Arias ordenó sumariarlo y envió en su reemplazo a Bahía Blanca al fiscal de la Capital, Norberto Quantín, quien antes de descubrir los males de la corrupción era un militante ideológico de la ultraderecha prodictatorial pero también un obediente administrativista, como Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo. A raíz de su dictamen, Cañón fue citado por el entonces Procurador Oscar Alfredo Roger. “Me habían dicho que usted había dictaminado así porque tiene un hijo desaparecido”, comenzó el Procurador. “Le han informado mal”, respondió Cañón, cuyos hijos nacieron después de los hechos de la causa en la que dictaminó. Roger admitió la seriedad jurídica del dictamen, confesó que había sido designado en ese cargo por su amistad con Menem, dijo que la cuestión no era jurídica sino política y reflexionó sobre la necesidad de un Poder Judicial independiente formado por funcionarios fieles a sus convicciones como Cañón. Ante el asentimiento de Cañón, relativizó sus afirmaciones: “Eso sería lo ideal, pero en nuestro país no es posible”. Con gente como él, claro que no.
Cuando vuelva de China y termine de desempacar las compras, el Procurador General Nicolás Becerra deberá decidir si aprueba o sanciona la decisión de Cañón, quien no pidió permiso para cumplir con su deber. Por si Becerra no sabe con quien deberá tratar, vale la pena reproducir algunas líneas que llevan su firma y que están entre las más dignas escritas por el Poder Judicial en toda su historia. Su dictamen sobre la inconstitucionalidad del indulto se abre con una cita del escritor alemán Herman Hesse: “Es traición sacrificar el sentido de la verdad en aras de cualquier otro interés, incluso los de la Patria. Cuando en la lucha de intereses y consignas se pone la verdad en peligro de quedar tan desfigurada, desvalorizada y violentada como queda el individuo, entonces nuestra única obligación es oponernos y salvar la verdad, es decir el ansia de verdad, y erigirla en nuestro máximo artículo de fe”. Con el Cañón Hugo no se juega.
lunes, 13 de diciembre de 1999
jueves, 2 de diciembre de 1999
Se podía
Página/12
Por Horacio Verbitsky
Hoy tienen más de 45 años. Pero cuando apenas había pasado los 23 ya eran hombres hechos y derechos. Pidieron prórroga para cumplir con el servicio militar mientras terminaban sus estudios de medicina, y luego de recibirse se incorporaron como aspirantes a oficiales de reserva del Ejército. Las Fuerzas Armadas acababan de tomar el poder por quinta vez en el siglo. Alberto Taranto fue destinado al hospital militar de BB y Daniel Osvaldo Fonti al cuerpo de sanidad del Comando del Cuerpo V.
Ambos vieron la casa rodeada de árboles, que todos llamaban “La Escuelita”. Estaba a dos mil metros del comando de Cuerpo y se podía acceder a ella desde adentro o desde afuera de las instalaciones militares. Nadie ignoraba que allí eran torturados los detenidos en aquellos procedimientos. Fonti era cardiólogo. Un día le ordenaron asistir a un parto. Se negó aduciendo que no era su especialidad. Pero Taranto era ginecólogo. Cuando lo convocaron dijo que su deber era asistir a los oficiales que pudieran ser heridos en los operativos legales y no a parturientas que no tenían por qué estar en ese lugar clandestino. A Fonti no le pasó nada, pero a Taranto la negativa le costó un castigo tremendo: el director del hospital, coronel Eduardo Mariné, le impuso realizar cinco días consecutivos de guardia.
Los testimonios de ambos médicos, escuchados esta semana en las audiencias del juicio de la verdad de la Cámara Federal de Bahía Blanca, son demostrativos de los márgenes de libertad que permitían negarse a realizar conductas ilegales o inmorales, aun bajo la autoridad militar en los peores momentos de la guerra sucia. Tampoco los oficiales eran forzados a actuar en contra de la legalidad y de sus convicciones, como lo demostró hace tres lustros el testimonio del capitán de fragata Jorge Búsico, quien objetó en la ESMA los métodos empleados. En su caso, el castigo fue apartarlo de los grupos operativos y, poco después, pasarlo a retiro con un pretexto cualquiera y excluirlo de las tertulias del Círculo Naval.
A casi un cuarto de siglo de los hechos, más de dos tercios de los diputados alzaron la mano para oponerse al juramento del ex dictador Antonio Domingo Bussi, autor del mismo tipo de delitos en que los médicos bahienses se negaron a participar. Para que nadie pudiera escudarse en disciplinas partidarias, los autores del proyecto habían solicitado que la votación fuera nominal. Pese a lo incomparable de las circunstancias, en un caso como en el otro la responsabilidad individual fue determinante de las conductas. El CELS había impugnado la candidatura del ex subcomisario Luis Patti a la gobernación de Buenos Aires, pero la justicia no lo aceptó. La APDH hizo lo mismo con la de Bussi, y la Cámara de Diputados cerró sus puertas en las narices del torturados. Aunque tardía, la reparación es significativa de un nuevo clima social.
Por Horacio Verbitsky
Hoy tienen más de 45 años. Pero cuando apenas había pasado los 23 ya eran hombres hechos y derechos. Pidieron prórroga para cumplir con el servicio militar mientras terminaban sus estudios de medicina, y luego de recibirse se incorporaron como aspirantes a oficiales de reserva del Ejército. Las Fuerzas Armadas acababan de tomar el poder por quinta vez en el siglo. Alberto Taranto fue destinado al hospital militar de BB y Daniel Osvaldo Fonti al cuerpo de sanidad del Comando del Cuerpo V.
Ambos vieron la casa rodeada de árboles, que todos llamaban “La Escuelita”. Estaba a dos mil metros del comando de Cuerpo y se podía acceder a ella desde adentro o desde afuera de las instalaciones militares. Nadie ignoraba que allí eran torturados los detenidos en aquellos procedimientos. Fonti era cardiólogo. Un día le ordenaron asistir a un parto. Se negó aduciendo que no era su especialidad. Pero Taranto era ginecólogo. Cuando lo convocaron dijo que su deber era asistir a los oficiales que pudieran ser heridos en los operativos legales y no a parturientas que no tenían por qué estar en ese lugar clandestino. A Fonti no le pasó nada, pero a Taranto la negativa le costó un castigo tremendo: el director del hospital, coronel Eduardo Mariné, le impuso realizar cinco días consecutivos de guardia.
Los testimonios de ambos médicos, escuchados esta semana en las audiencias del juicio de la verdad de la Cámara Federal de Bahía Blanca, son demostrativos de los márgenes de libertad que permitían negarse a realizar conductas ilegales o inmorales, aun bajo la autoridad militar en los peores momentos de la guerra sucia. Tampoco los oficiales eran forzados a actuar en contra de la legalidad y de sus convicciones, como lo demostró hace tres lustros el testimonio del capitán de fragata Jorge Búsico, quien objetó en la ESMA los métodos empleados. En su caso, el castigo fue apartarlo de los grupos operativos y, poco después, pasarlo a retiro con un pretexto cualquiera y excluirlo de las tertulias del Círculo Naval.
A casi un cuarto de siglo de los hechos, más de dos tercios de los diputados alzaron la mano para oponerse al juramento del ex dictador Antonio Domingo Bussi, autor del mismo tipo de delitos en que los médicos bahienses se negaron a participar. Para que nadie pudiera escudarse en disciplinas partidarias, los autores del proyecto habían solicitado que la votación fuera nominal. Pese a lo incomparable de las circunstancias, en un caso como en el otro la responsabilidad individual fue determinante de las conductas. El CELS había impugnado la candidatura del ex subcomisario Luis Patti a la gobernación de Buenos Aires, pero la justicia no lo aceptó. La APDH hizo lo mismo con la de Bussi, y la Cámara de Diputados cerró sus puertas en las narices del torturados. Aunque tardía, la reparación es significativa de un nuevo clima social.
domingo, 28 de noviembre de 1999
Silencio sobre silencio
Página/12
Por Horacio Verbitsky
En el juicio de Bahía Blanca varios ex alumnos de la Escuela Técnica secuestrados cuando eran adolescentes denunciaron el "encubrimiento eclesiástico". Uno dijo que el sacerdote Aldo Vara visitaba en el Cuerpo V de Ejército a los seis estudiantes que antes habían sido torturados en el campo clandestino de concentración "La Escuelita", "nos traía galletitas, cigarrillos, nos preguntaba cómo habíamos llegado ahí. Pero no les avisó a nuestros padres, como le pedíamos". Otro narró que el arzobispo Jorge Mayer, les dijo a sus padres que "algo habrán hecho" los secuestrados. Varios prelados prometieron a los padres de la detenida-desaparecida bahiense Elsa Alicia Nocent interesarse por la muchacha ante las autoridades. Pero el secretario particular del arzobispo de Paraná, Gerónimo Fernández Rizzo, les advirtió que no debían usarse "los derechos humanos como un instrumento político, ya que la subversión continúa asesinando a mansalva para imponer la dictadura comunista". Ante un reclamo del padre de la desaparecida a la Conferencia Episcopal, su entonces presidente, Raúl Francisco Primatesta, interpretó que Fernández Rizzo "no ha tenido la intención de molestarlo" y negó que la hiriente respuesta implicara que "el fin justifique los medios".
Por Horacio Verbitsky
En el juicio de Bahía Blanca varios ex alumnos de la Escuela Técnica secuestrados cuando eran adolescentes denunciaron el "encubrimiento eclesiástico". Uno dijo que el sacerdote Aldo Vara visitaba en el Cuerpo V de Ejército a los seis estudiantes que antes habían sido torturados en el campo clandestino de concentración "La Escuelita", "nos traía galletitas, cigarrillos, nos preguntaba cómo habíamos llegado ahí. Pero no les avisó a nuestros padres, como le pedíamos". Otro narró que el arzobispo Jorge Mayer, les dijo a sus padres que "algo habrán hecho" los secuestrados. Varios prelados prometieron a los padres de la detenida-desaparecida bahiense Elsa Alicia Nocent interesarse por la muchacha ante las autoridades. Pero el secretario particular del arzobispo de Paraná, Gerónimo Fernández Rizzo, les advirtió que no debían usarse "los derechos humanos como un instrumento político, ya que la subversión continúa asesinando a mansalva para imponer la dictadura comunista". Ante un reclamo del padre de la desaparecida a la Conferencia Episcopal, su entonces presidente, Raúl Francisco Primatesta, interpretó que Fernández Rizzo "no ha tenido la intención de molestarlo" y negó que la hiriente respuesta implicara que "el fin justifique los medios".
jueves, 25 de noviembre de 1999
"Firmé y me sacaron una foto"
Cómo se fichaba a los secuestrados en La Escuelita
Página/12
Por Victoria Ginzberg
Desde Bahía Blanca
“Un día me hicieron afeitar, me higienizaron y me sacaron una foto. El que tomó la foto estaba encapuchado”, aseguró Ricardo Mengatto. “Me hicieron firmar una declaración en la que decía que yo era el líder de un atentado a una concesionaria de autos. Estaba escrita a máquina en un papel blanco sin membrete. Me levantaron apenas la venda para que firmara”, dijo Néstor Bambozzi. Los dos hombres, ex alumnos del la Escuela Nacional Técnica Nº 1 de Bahía Blanca, estuvieron secuestrados en el centro clandestino de esa ciudad conocido como La Escuelita y fueron los testigos de la tercera jornada de audiencias en el juicio en el que se investiga lo sucedido con los desaparecidos en jurisdicción del V Cuerpo de Ejército. Ambos dieron indicios más que firmes de que los represores bahienses armaron un fichero y guardaban documentos relacionados con los detenidos clandestinos.
“La elaboración de listas de detenidos era una práctica generalizada entre los militares de la última dictadura. Exigimos que el Estado implemente los medios necesarios para que la información llegue a los jueces”, aseguró ayer a Página/12 Mirtha Mántaras, abogada de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca y Neuquén. Los dirigentes de la APDH local se esperanzaron con que, como en La Plata, se encuentren documentos microfilmados. Tanto Mengatto y Bambozzi como sus ex compañeros de secundaria que declararon ayer y el lunes ante la Cámara aseguraron que, antes de su liberación, los represores les tomaron fotografías y les hicieron firmar una especie de declaración. Estos papeles debieron formar parte de algún archivo de la represión bahiense.
Mengatto y Bambozzi fueron secuestrados entre el 20 y el 21 de diciembre de 1976 y liberados un mes más tarde. “Eramos plantas”, respondió el primero, cuando el fiscal Hugo Omar Cañon le preguntó cómo transcurrían los días. “Todavía uno tiene la sensación de la carne y el pelo quemado”, expresó luego con la voz entrecortada. El testigo hizo un llamado al tribunal: “Espero que esto sirva para algo y que tenga la suerte de concurrir a un juicio donde pueda ver al que me torturó. Las preguntas siempre son para uno. Quisiera saber cuándo voy a preguntar yo”. Mengatto también mencionó que su familia y otros padres de estudiantes del ENET hicieron gestiones ante el entonces obispo de Bahía Blanca, Jorge Mayer, quien respondió que los chicos “algo habrán hecho”.
Bambozzi describió que estuvo un día entero colgado en un tanque de agua. Tenía 19 años y acababa de terminar el sexto año de la escuela técnica cuando fue secuestrado. “Todavía no fui a buscar el diploma. No entré otra vez al colegio”, reveló. Las audiencias de este juicio se reanudarán el lunes que viene.
Página/12
Por Victoria Ginzberg
Desde Bahía Blanca
“Un día me hicieron afeitar, me higienizaron y me sacaron una foto. El que tomó la foto estaba encapuchado”, aseguró Ricardo Mengatto. “Me hicieron firmar una declaración en la que decía que yo era el líder de un atentado a una concesionaria de autos. Estaba escrita a máquina en un papel blanco sin membrete. Me levantaron apenas la venda para que firmara”, dijo Néstor Bambozzi. Los dos hombres, ex alumnos del la Escuela Nacional Técnica Nº 1 de Bahía Blanca, estuvieron secuestrados en el centro clandestino de esa ciudad conocido como La Escuelita y fueron los testigos de la tercera jornada de audiencias en el juicio en el que se investiga lo sucedido con los desaparecidos en jurisdicción del V Cuerpo de Ejército. Ambos dieron indicios más que firmes de que los represores bahienses armaron un fichero y guardaban documentos relacionados con los detenidos clandestinos.
“La elaboración de listas de detenidos era una práctica generalizada entre los militares de la última dictadura. Exigimos que el Estado implemente los medios necesarios para que la información llegue a los jueces”, aseguró ayer a Página/12 Mirtha Mántaras, abogada de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca y Neuquén. Los dirigentes de la APDH local se esperanzaron con que, como en La Plata, se encuentren documentos microfilmados. Tanto Mengatto y Bambozzi como sus ex compañeros de secundaria que declararon ayer y el lunes ante la Cámara aseguraron que, antes de su liberación, los represores les tomaron fotografías y les hicieron firmar una especie de declaración. Estos papeles debieron formar parte de algún archivo de la represión bahiense.
Mengatto y Bambozzi fueron secuestrados entre el 20 y el 21 de diciembre de 1976 y liberados un mes más tarde. “Eramos plantas”, respondió el primero, cuando el fiscal Hugo Omar Cañon le preguntó cómo transcurrían los días. “Todavía uno tiene la sensación de la carne y el pelo quemado”, expresó luego con la voz entrecortada. El testigo hizo un llamado al tribunal: “Espero que esto sirva para algo y que tenga la suerte de concurrir a un juicio donde pueda ver al que me torturó. Las preguntas siempre son para uno. Quisiera saber cuándo voy a preguntar yo”. Mengatto también mencionó que su familia y otros padres de estudiantes del ENET hicieron gestiones ante el entonces obispo de Bahía Blanca, Jorge Mayer, quien respondió que los chicos “algo habrán hecho”.
Bambozzi describió que estuvo un día entero colgado en un tanque de agua. Tenía 19 años y acababa de terminar el sexto año de la escuela técnica cuando fue secuestrado. “Todavía no fui a buscar el diploma. No entré otra vez al colegio”, reveló. Las audiencias de este juicio se reanudarán el lunes que viene.
miércoles, 24 de noviembre de 1999
Historia de dos hermanas secuestradas en La Escuelita
Página/12
En el segundo día de audiencias en Bahía Blanca se pudo reconstruir parte de la historia de Zulma y Graciela Izurieta, dos hermanas que desaparecieron en el centro clandestino del Quinto Cuerpo de Ejército. Graciela tuvo un hijo en cautiverio.
Por Victoria Ginzberg
“Ando con los malestares propios de los seis meses y medio de embarazo, pero este hijo me da tanta fuerza y tanta fe que soy capaz de soportar todo esto con mucha esperanza. Necesito que estén tranquilos y con fe, que todo va a ir bien. Espero muy pronto poder verlos.” Este es un fragmento de la carta que Graciela Izurieta escribió a sus padres mientras estaba secuestrada en La Escuelita y que fue leída ayer ante la Cámara Federal de Bahía Blanca, en el segundo día del juicio que investiga lo ocurrido con los desaparecidos durante el proceso en jurisdicción del V Cuerpo de Ejército.
La carta decía también, “díganle a Zulma que se cuide mucho, no quiero que tenga que sufrir todo lo que he pasado”. Sergio Andrés Voitzuk, quien estuvo detenido durante un mes en La Escuelita, relató ante la Cámara que Zulma Izurieta, la hermana de Graciela, también estaba allí. Y que en un momento en que la venda se lo permitió, vio a una mujer embarazada. Es decir, que las hermanas pudieron haberse encontrado en el centro clandestino. Ambas están desaparecidas. La carta que escribió Graciela y que un guardia hizo llegar a la familia está fechada el 1º de diciembre de 1976. La mujer pedía que su hermana, que estaba en Córdoba, se cuidara.
Voitzuk estuvo secuestrado desde fines de diciembre de 1976 hasta finales de enero de 1977. En esa época Zulma ya estaba en La Escuelita. Ella le contó a Voitzuk –uno de los quince alumnos de la Escuela Nacional Técnica Nº 1 de Bahía Blanca que estuvieron en ese centro de detención– que ella y su compañero, de apellido Giordano, habían sido traídos desde el campo cordobés La Perla. Giordano, al parecer de Voitzuk, era militante montonero y había sido trasladado a Bahía Blanca para aclarar si el grupo de estudiantes de la ENET secuestrados a fines de diciembre de 1976 había participado de un ataque a una concesionaria de autos. “Ella (Zulma) me dijo que a nosotros nos iban a soltar porque él ya había dicho que no teníamos vinculación con el hecho”, manifestó ayer Voitzuk. El testigo agregó que escuchaba a Zulma conversar con otra mujer, pero que no podía asegurar que fuera con la embarazada. El hijo de Graciela Izurieta debió nacer a mediados de febrero de 1977.
La otra detenida embarazada que fue vista en La Escuelita es Graciela Romero de Metz. Su hijo nació frente a otras secuestradas el 16 o 17 de abril de ese año. El presidente de la Cámara bahiense Luis Alberto Cotter recordó el lunes, al iniciarse las audiencias, que aún no se sabe qué tribunal llevará las causas por apropiaciones de menores presentadas por las Asambleas Permanentes por los Derechos Humanos de Bahía Blanca y Neuquén. Pero el destino de sus madres se investiga en este juicio “por la verdad” sobre lo ocurrido con los detenidos del V Cuerpo de Ejército.
Voitzuk y Emilio Villalba, ex profesor de la ENET Nº 1, narraron ayer ante los cuatro camaristas, el fiscal Hugo Omar Cañón, la abogada Mirtha Mántaras y cincuenta espectadores los detalles de sus cautiverios en la Escuelita durante fines de 1976 y principios de 1977.
Villalba, hoy un hombre de 65 años de aspecto humilde, hizo un relato fragmentado, por el que constantemente pedía perdón, y no pudo contener las lágrimas al describir cómo había sido torturado. Voitzuk, que es médico, se mostró tranquilo ante el tribunal. Ambos hicieron una descripción del centro clandestino que funcionaba dentro del V Cuerpo del Ejército coincidente con la que realizaron los testigos el lunes.
El defensor sancionado
La Cámara Federal de Bahía Blanca apercibió ayer al defensor público Luis Angel Devaux, que consideró que sus servicios no eran necesarios en el juicio en el que se investiga lo ocurrido con los desaparecidos en el Cuerpo V. El lunes, después del cuarto intermedio de las nueve de la noche, Devaux dio por concluida la jornada y se retiró del tribunal. La Cámara tuvo que comunicarse con él para que regresara. Ayer, directamente no fue y mandó una carta asegurando que debía realizar otras tareas. “Yo acá estoy pintado, mañana no voy a venir”, había adelantado el lunes a los periodistas. La presencia de Devaux es necesaria por si se producen falsos testimonios, autoincriminaciones, y en el caso en el que declaren posibles imputados.
En el segundo día de audiencias en Bahía Blanca se pudo reconstruir parte de la historia de Zulma y Graciela Izurieta, dos hermanas que desaparecieron en el centro clandestino del Quinto Cuerpo de Ejército. Graciela tuvo un hijo en cautiverio.
Por Victoria Ginzberg
“Ando con los malestares propios de los seis meses y medio de embarazo, pero este hijo me da tanta fuerza y tanta fe que soy capaz de soportar todo esto con mucha esperanza. Necesito que estén tranquilos y con fe, que todo va a ir bien. Espero muy pronto poder verlos.” Este es un fragmento de la carta que Graciela Izurieta escribió a sus padres mientras estaba secuestrada en La Escuelita y que fue leída ayer ante la Cámara Federal de Bahía Blanca, en el segundo día del juicio que investiga lo ocurrido con los desaparecidos durante el proceso en jurisdicción del V Cuerpo de Ejército.
La carta decía también, “díganle a Zulma que se cuide mucho, no quiero que tenga que sufrir todo lo que he pasado”. Sergio Andrés Voitzuk, quien estuvo detenido durante un mes en La Escuelita, relató ante la Cámara que Zulma Izurieta, la hermana de Graciela, también estaba allí. Y que en un momento en que la venda se lo permitió, vio a una mujer embarazada. Es decir, que las hermanas pudieron haberse encontrado en el centro clandestino. Ambas están desaparecidas. La carta que escribió Graciela y que un guardia hizo llegar a la familia está fechada el 1º de diciembre de 1976. La mujer pedía que su hermana, que estaba en Córdoba, se cuidara.
Voitzuk estuvo secuestrado desde fines de diciembre de 1976 hasta finales de enero de 1977. En esa época Zulma ya estaba en La Escuelita. Ella le contó a Voitzuk –uno de los quince alumnos de la Escuela Nacional Técnica Nº 1 de Bahía Blanca que estuvieron en ese centro de detención– que ella y su compañero, de apellido Giordano, habían sido traídos desde el campo cordobés La Perla. Giordano, al parecer de Voitzuk, era militante montonero y había sido trasladado a Bahía Blanca para aclarar si el grupo de estudiantes de la ENET secuestrados a fines de diciembre de 1976 había participado de un ataque a una concesionaria de autos. “Ella (Zulma) me dijo que a nosotros nos iban a soltar porque él ya había dicho que no teníamos vinculación con el hecho”, manifestó ayer Voitzuk. El testigo agregó que escuchaba a Zulma conversar con otra mujer, pero que no podía asegurar que fuera con la embarazada. El hijo de Graciela Izurieta debió nacer a mediados de febrero de 1977.
La otra detenida embarazada que fue vista en La Escuelita es Graciela Romero de Metz. Su hijo nació frente a otras secuestradas el 16 o 17 de abril de ese año. El presidente de la Cámara bahiense Luis Alberto Cotter recordó el lunes, al iniciarse las audiencias, que aún no se sabe qué tribunal llevará las causas por apropiaciones de menores presentadas por las Asambleas Permanentes por los Derechos Humanos de Bahía Blanca y Neuquén. Pero el destino de sus madres se investiga en este juicio “por la verdad” sobre lo ocurrido con los detenidos del V Cuerpo de Ejército.
Voitzuk y Emilio Villalba, ex profesor de la ENET Nº 1, narraron ayer ante los cuatro camaristas, el fiscal Hugo Omar Cañón, la abogada Mirtha Mántaras y cincuenta espectadores los detalles de sus cautiverios en la Escuelita durante fines de 1976 y principios de 1977.
Villalba, hoy un hombre de 65 años de aspecto humilde, hizo un relato fragmentado, por el que constantemente pedía perdón, y no pudo contener las lágrimas al describir cómo había sido torturado. Voitzuk, que es médico, se mostró tranquilo ante el tribunal. Ambos hicieron una descripción del centro clandestino que funcionaba dentro del V Cuerpo del Ejército coincidente con la que realizaron los testigos el lunes.
El defensor sancionado
La Cámara Federal de Bahía Blanca apercibió ayer al defensor público Luis Angel Devaux, que consideró que sus servicios no eran necesarios en el juicio en el que se investiga lo ocurrido con los desaparecidos en el Cuerpo V. El lunes, después del cuarto intermedio de las nueve de la noche, Devaux dio por concluida la jornada y se retiró del tribunal. La Cámara tuvo que comunicarse con él para que regresara. Ayer, directamente no fue y mandó una carta asegurando que debía realizar otras tareas. “Yo acá estoy pintado, mañana no voy a venir”, había adelantado el lunes a los periodistas. La presencia de Devaux es necesaria por si se producen falsos testimonios, autoincriminaciones, y en el caso en el que declaren posibles imputados.
martes, 2 de noviembre de 1999
"La verdad debe ser acompañada de una posibilidad punitiva"
Página/12
Hugo Cañón, fiscal federal de Bahía Blanca, declaró en el juicio de Garzón por genocidio. Confía en el desarrollo de una Justicia universal. Espera que los procesos en busca de la verdad deriven en penas para los represores.
Por Victoria Ginzberg
Cuando investigó los delitos cometidos durante la última dictadura en la jurisdicción del V Cuerpo del Ejército, se pronunció por la inconstitucionalidad de la ley de Obediencia Debida y del indulto. Fue el único funcionario de su rango que viajó a España para brindarle al juez Baltasar Garzón la colaboración que el Gobierno le negó. Actualmente, el Fiscal Federal ante la Cámara de Bahía Blanca, Hugo Cañón, está dedicado a juntar pruebas para las audiencias que reconstruirán lo sucedido con los desaparecidos de Neuquén, Río Negro, La Pampa y el sur bonaerense. Los generales de brigada Adel Edgardo Vilas y Luis Sexton fueron algunos de los responsables de la zona, en la que también actuó Raúl Antonio Guglielminetti. "La verdad debe ser acompañada de una posibilidad punitiva", anticipó el fiscal.
- En España dijo que su declaración era el inicio de una cooperación entre la Justicia argentina y la española. ¿Qué aportes puede hacer el juez español Baltasar Garzón a los procesos abiertos aquí?
- Creo que la cooperación es recíproca. El juez Garzón solicitó al gobierno argentino colaboración y el Gobierno, por un decreto del presidente Menem, se la negó. Con esa actitud se dejó de cumplir un tratado existente entre Argentina y España. Pero la directiva de la Procuración es la de trabajar por el esclarecimiento de todos los hechos que tienen que ver con la desaparición forzada de personas y con los casos de niños nacidos en cautiverio. Hemos respondido a un pedido concreto de colaboración en relación con la zona del V Cuerpo del Ejército y a la causa que se refiere a la Marina en esa jurisdicción. Ese sentido de cooperación apunta en definitiva a un criterio de Justicia universal.
- ¿En qué instancia está el juicio abierto en Bahía Blanca?
- Se han producido pruebas informativas y se ha agregado prueba documental. La Cámara ha desdoblado el expediente en dos. La causa en la que se investiga el destino de los desaparecidos y la causa sobre los casos de los niños nacidos en cautiverio. En esta última hay que resolver la competencia. Estamos viendo en qué espacio físico se van a realizar las audiencias, que van a ser públicas. Lo que la fiscalía pretende es una documentación histórica de las pruebas para que quede documentado en forma incontrastable todo lo sucedido en esa época de horror.
- En Bahía Blanca hay una gran comunidad militar, ¿hubo repercusiones cuando se supo que se reabría este juicio?
- En la sociedad bahiense, pese a sus particularidades, se logró que la gente vaya tomando conciencia y, a través de medios alternativos, se brindó información sobre los hechos. Eso originó que hoy esté instalado el debate, aunque existe gente que sigue negando lo ocurrido. Como le dije a la hija de un matrimonio desaparecido, que a su vez está buscando a un hermano nacido en cautiverio: en definitiva estamos apostando a la búsqueda de la verdad, que es una forma de apostar a la vida. Los represores, que apostaron a la muerte, siguen haciéndolo en la medida en que siguen ocultando la verdad. Creo que nuestra apuesta es la ganadora porque el tiempo juega a favor de la verdad.
- Teniendo en cuenta su postura sobre la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y los indultos, hay expectativa de que este juicio iniciado para conocer la verdad pueda concluir en un proceso con consecuencias penales.
- Estamos en presencia de situaciones de impunidad, pero con un final abierto. Lo está demostrando la actuación de la Justicia a nivel universal. Porque no sólo ha actuado la Justicia española, sino también la suiza, la francesa, la italiana. Todo apunta a que los delitos de lesa humanidad como el genocidio o el terrorismo de Estado no son prescriptibles y no pueden ser beneficiados por leyes de impunidad ni por medidas administrativas como lo es el indulto. Además hay infinidad de casos que no han sido investigados e infinidad de personas que no han sido indagadas. Por eso entiendo que estamos ante la presencia de posibles persecuciones penales. Siempre que la investigación se pueda realizar y que nuestro país tenga la posibilidad de que la Justicia pueda funcionar con efectividad y que los fiscales tengamos las facultades de actuar en forma independiente más allá de toda presión política.
- Eso coincide con la postura de algunos camaristas de La Plata, que han planteado la posibilidad de indagar a Etchecolatz por hechos que no fueron investigados anteriormente.
- Sí. El tema de la impunidad se debió a que dos gobiernos constitucionales fueron claudicando éticamente frente a la no justicia. Esto fue originando la desactivación de las investigaciones cuando lo que debía hacerse era fortificar la Justicia. Con presiones políticas y con armas jurídicas improcedentes, todo se fue abortando. Pero la necesidad de investigación, de esclarecimiento de los hechos y, eventualmente, de condena, también tiende a surgir.
- El camarista platense Leopoldo Schiffrin dijo además que no se puede llegar a la verdad sin la posibilidad de persecución penal de los responsables porque, al saber que no pueden ser imputados, los represores se niegan a colaborar.
- Toda la tradición judeocristiana se basa en la culpa y, si no se puede culpabilizar a alguien, respondiendo penalmente, eso puede convertirse en una actitud burlesca. La verdad debe ser acompañada de una posibilidad punitiva.
- ¿Qué posibilidad hay de que estas posturas prosperen en la medida en que todo estaría supeditado a una decisión de la Corte Suprema?
- El resultado final siempre depende del máximo tribunal. Pero los trámites intermedios dependen, en este caso, de que la Cámara Federal de Bahía Blanca se avoque a investigar como lo planteó la fiscalía.
- Pero hasta ahora la Corte ha rechazado todos los pedidos de inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y los indultos.
- Las cosas van cambiando con el tiempo. Ahora hay una conciencia universal de justicia que antes no estaba planteada. Cuando comienza la investigación, en el juzgado de instrucción 5 de la Audiencia Nacional de España, se apostaba poco a la posibilidad de profundizar. Parecía que era la actitud de un juez individualmente. Después el pleno de la sala integrada por once jueces dijo que la actuación era correcta. Luego un juez inglés, de perfil conservador, desde la aplicación estricta de la ley, dijo que en este caso hay elementos de juicio para poder proceder a la extradición. Así como la sociedad fue poco a poco sacándose el velo de los ojos, muchos jueces también están descubriendo el horror. Desgraciadamente en Argentina se ha actuado muchas veces con un criterio político. La sociedad está esperando respuesta de la Justicia. Cuando yo asumí como fiscal, la credibilidad en la Justicia rondaba en el 60 por ciento. Hoy en día no llega al 3 o 4. En gran parte, la Justicia se ha ganado este desprestigio por la falta de consecuencia de los jueces, por no aplicar la ley.
- Cuando usted falló por la inconstitucionalidad de los indultos, hubo intentos de apartarlo de su cargo. ¿Siente que eso puede repetirse?
- Los fiscales tenemos una garantía constitucional muy clara que no había en ese momento. El Ministerio Público Fiscal es un poder independiente. Antes se discutía si era parte del Poder Judicial o del Ejecutivo. Ahora tenemos esa tranquilidad para poder actuar. Yo me siento más seguro.
Hugo Cañón, fiscal federal de Bahía Blanca, declaró en el juicio de Garzón por genocidio. Confía en el desarrollo de una Justicia universal. Espera que los procesos en busca de la verdad deriven en penas para los represores.
Por Victoria Ginzberg
Cuando investigó los delitos cometidos durante la última dictadura en la jurisdicción del V Cuerpo del Ejército, se pronunció por la inconstitucionalidad de la ley de Obediencia Debida y del indulto. Fue el único funcionario de su rango que viajó a España para brindarle al juez Baltasar Garzón la colaboración que el Gobierno le negó. Actualmente, el Fiscal Federal ante la Cámara de Bahía Blanca, Hugo Cañón, está dedicado a juntar pruebas para las audiencias que reconstruirán lo sucedido con los desaparecidos de Neuquén, Río Negro, La Pampa y el sur bonaerense. Los generales de brigada Adel Edgardo Vilas y Luis Sexton fueron algunos de los responsables de la zona, en la que también actuó Raúl Antonio Guglielminetti. "La verdad debe ser acompañada de una posibilidad punitiva", anticipó el fiscal.
- En España dijo que su declaración era el inicio de una cooperación entre la Justicia argentina y la española. ¿Qué aportes puede hacer el juez español Baltasar Garzón a los procesos abiertos aquí?
- Creo que la cooperación es recíproca. El juez Garzón solicitó al gobierno argentino colaboración y el Gobierno, por un decreto del presidente Menem, se la negó. Con esa actitud se dejó de cumplir un tratado existente entre Argentina y España. Pero la directiva de la Procuración es la de trabajar por el esclarecimiento de todos los hechos que tienen que ver con la desaparición forzada de personas y con los casos de niños nacidos en cautiverio. Hemos respondido a un pedido concreto de colaboración en relación con la zona del V Cuerpo del Ejército y a la causa que se refiere a la Marina en esa jurisdicción. Ese sentido de cooperación apunta en definitiva a un criterio de Justicia universal.
- ¿En qué instancia está el juicio abierto en Bahía Blanca?
- Se han producido pruebas informativas y se ha agregado prueba documental. La Cámara ha desdoblado el expediente en dos. La causa en la que se investiga el destino de los desaparecidos y la causa sobre los casos de los niños nacidos en cautiverio. En esta última hay que resolver la competencia. Estamos viendo en qué espacio físico se van a realizar las audiencias, que van a ser públicas. Lo que la fiscalía pretende es una documentación histórica de las pruebas para que quede documentado en forma incontrastable todo lo sucedido en esa época de horror.
- En Bahía Blanca hay una gran comunidad militar, ¿hubo repercusiones cuando se supo que se reabría este juicio?
- En la sociedad bahiense, pese a sus particularidades, se logró que la gente vaya tomando conciencia y, a través de medios alternativos, se brindó información sobre los hechos. Eso originó que hoy esté instalado el debate, aunque existe gente que sigue negando lo ocurrido. Como le dije a la hija de un matrimonio desaparecido, que a su vez está buscando a un hermano nacido en cautiverio: en definitiva estamos apostando a la búsqueda de la verdad, que es una forma de apostar a la vida. Los represores, que apostaron a la muerte, siguen haciéndolo en la medida en que siguen ocultando la verdad. Creo que nuestra apuesta es la ganadora porque el tiempo juega a favor de la verdad.
- Teniendo en cuenta su postura sobre la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y los indultos, hay expectativa de que este juicio iniciado para conocer la verdad pueda concluir en un proceso con consecuencias penales.
- Estamos en presencia de situaciones de impunidad, pero con un final abierto. Lo está demostrando la actuación de la Justicia a nivel universal. Porque no sólo ha actuado la Justicia española, sino también la suiza, la francesa, la italiana. Todo apunta a que los delitos de lesa humanidad como el genocidio o el terrorismo de Estado no son prescriptibles y no pueden ser beneficiados por leyes de impunidad ni por medidas administrativas como lo es el indulto. Además hay infinidad de casos que no han sido investigados e infinidad de personas que no han sido indagadas. Por eso entiendo que estamos ante la presencia de posibles persecuciones penales. Siempre que la investigación se pueda realizar y que nuestro país tenga la posibilidad de que la Justicia pueda funcionar con efectividad y que los fiscales tengamos las facultades de actuar en forma independiente más allá de toda presión política.
- Eso coincide con la postura de algunos camaristas de La Plata, que han planteado la posibilidad de indagar a Etchecolatz por hechos que no fueron investigados anteriormente.
- Sí. El tema de la impunidad se debió a que dos gobiernos constitucionales fueron claudicando éticamente frente a la no justicia. Esto fue originando la desactivación de las investigaciones cuando lo que debía hacerse era fortificar la Justicia. Con presiones políticas y con armas jurídicas improcedentes, todo se fue abortando. Pero la necesidad de investigación, de esclarecimiento de los hechos y, eventualmente, de condena, también tiende a surgir.
- El camarista platense Leopoldo Schiffrin dijo además que no se puede llegar a la verdad sin la posibilidad de persecución penal de los responsables porque, al saber que no pueden ser imputados, los represores se niegan a colaborar.
- Toda la tradición judeocristiana se basa en la culpa y, si no se puede culpabilizar a alguien, respondiendo penalmente, eso puede convertirse en una actitud burlesca. La verdad debe ser acompañada de una posibilidad punitiva.
- ¿Qué posibilidad hay de que estas posturas prosperen en la medida en que todo estaría supeditado a una decisión de la Corte Suprema?
- El resultado final siempre depende del máximo tribunal. Pero los trámites intermedios dependen, en este caso, de que la Cámara Federal de Bahía Blanca se avoque a investigar como lo planteó la fiscalía.
- Pero hasta ahora la Corte ha rechazado todos los pedidos de inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y los indultos.
- Las cosas van cambiando con el tiempo. Ahora hay una conciencia universal de justicia que antes no estaba planteada. Cuando comienza la investigación, en el juzgado de instrucción 5 de la Audiencia Nacional de España, se apostaba poco a la posibilidad de profundizar. Parecía que era la actitud de un juez individualmente. Después el pleno de la sala integrada por once jueces dijo que la actuación era correcta. Luego un juez inglés, de perfil conservador, desde la aplicación estricta de la ley, dijo que en este caso hay elementos de juicio para poder proceder a la extradición. Así como la sociedad fue poco a poco sacándose el velo de los ojos, muchos jueces también están descubriendo el horror. Desgraciadamente en Argentina se ha actuado muchas veces con un criterio político. La sociedad está esperando respuesta de la Justicia. Cuando yo asumí como fiscal, la credibilidad en la Justicia rondaba en el 60 por ciento. Hoy en día no llega al 3 o 4. En gran parte, la Justicia se ha ganado este desprestigio por la falta de consecuencia de los jueces, por no aplicar la ley.
- Cuando usted falló por la inconstitucionalidad de los indultos, hubo intentos de apartarlo de su cargo. ¿Siente que eso puede repetirse?
- Los fiscales tenemos una garantía constitucional muy clara que no había en ese momento. El Ministerio Público Fiscal es un poder independiente. Antes se discutía si era parte del Poder Judicial o del Ejecutivo. Ahora tenemos esa tranquilidad para poder actuar. Yo me siento más seguro.
jueves, 3 de junio de 1999
El delito que no cesa
También la Cámara Federal de Bahía Blanca investigará el destino de los desaparecidos
Página/12
La Cámara Federal de Bahía Blanca dispuso investigar el destino de los desaparecidos en su jurisdicción y de los bebés nacidos en cautiverio. Es el único tribunal que declaró inconstitucional la ley de obediencia debida.
Por Horacio Verbitsky
La Cámara Federal de Bahía Blanca también investigará el destino de los desaparecidos adultos y de los bebés nacidos en cautiverio, para lo cual convocará a audiencias públicas como las que está celebrando su homónima de La Plata. Así lo decidió el tribunal en respuesta a un pedido de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca y de familiares de las víctimas. La resolución del tribunal contiene elementos jurídicos singulares: invoca la Convención Interamericana sobre la Desaparición de Personas según la cual el delito se continúan cometiendo hasta que se determina qué pasó con la víctima, sostiene que en un país civilizado la respuesta al derecho a la verdad deben darla los jueces y señala que el esclarecimiento de lo sucedido no interesa sólo a las víctimas directas sino a toda la sociedad.
El derecho a la verdad, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró en el caso Velázquez Rodríguez, fue reconocido en 1996 por la Cámara Federal de la Capital, que inició averiguaciones sobre lo sucedido con secuestrados por el Ejército y la Armada. Pero la Cámara Federal de La Plata fue la primera en convocar a audiencias públicas, que se están realizando en este momento. También se pusieron en movimiento las causas en Córdoba. Causas por el destino de los bebés desaparecidos se instruyen en los juzgados federales de los jueces María Servini, Adolfo Bagnasco y Cristina Garzón de Lezcano.
El derecho que asiste a los familiares “de conocer acabadamente lo realmente ocurrido con las personas que sufrieron y sufren una desaparición forzada se extiende a toda la sociedad como una necesidad vital para mantener una organización que contenga elementales presupuestos que hagan posible una convivencia civilizada asentada sobre la verdad y la Justicia”, dice la resolución de la Cámara Federal de Bahía Blanca, notificada por su presidente Luis Alberto Cotter, quien dispuso dar intervención al Fiscal General Hugo Cañón para que “ejerza la representación que tiene de los manifiestos intereses sociales comprometidos”.
La Cámara invocó como marco jurídico para su decisión la Declaración Universal de los Derechos del Hombres y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que desde la reforma de 1994 tienen rango constitucional, y de la Convención Interamericana sobre la Desaparición de Personas. El artículo III de esta Convención dice que el delito de desaparición forzada de personas “será considerado como continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima”. Para determinar lo acontecido a las personas desaparecidas es necesaria “la ubicación de testimonios, archivos o cualquier otro elemento”. Ni las leyes de punto final y de obediencia debida ni los decretos de indulto “impiden de ninguna manera el ejercicio del derecho que le asiste a los damnificados, como a todo el conjunto social, de obtener la verdad por medio de la intervención de los jueces, única vía que tiene un país que se precie de ser civilizado”.
La Cámara dispuso que se tramite por separado la investigación sobre “dos casos de criaturas nacidas, y posteriormente sustraídas, de mujeres privadas ilegalmente de us libertad y que habrían estado en el Centro Clandestino de Detención ubicado en el Cuerpo V de Ejército con asiento en esta ciudad”. Esos casos no han sido precluidos ni perdonados por las leyes de punto final y de obediencia debida. La Cámara abrió la causa a prueba y otorgó 15 días para proponer medidas al fiscal general y otro tanto en forma consecutiva a los presentantes. Cañón es el único fiscal que dictaminó sucesivamente la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad del ex presidente Raúl Alfonsín y de los decretos de indulto del presidente Carlos Menem y la Cámara Federal de Bahía Blanca es el único tribunal del país que declaró inconstitucional la ley de obediencia debida. En la admisión, tramitación y recepción de las probanzas que se ofrezcan actuará el tribunal en pleno. El mecanismo para las audiencias públicas posteriores será decidido más adelante. La parte resolutiva declara que los presentantes tienen “derecho a conocer el modo en que sus familiares fueron objeto de la represión ilegal vigente en el período comprendido entre los años 1976 y 1983 y las circunstancias relacionadas con su desaparición y eventualmente el destino final de los cuerpos”.
Página/12
La Cámara Federal de Bahía Blanca dispuso investigar el destino de los desaparecidos en su jurisdicción y de los bebés nacidos en cautiverio. Es el único tribunal que declaró inconstitucional la ley de obediencia debida.
Por Horacio Verbitsky
La Cámara Federal de Bahía Blanca también investigará el destino de los desaparecidos adultos y de los bebés nacidos en cautiverio, para lo cual convocará a audiencias públicas como las que está celebrando su homónima de La Plata. Así lo decidió el tribunal en respuesta a un pedido de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca y de familiares de las víctimas. La resolución del tribunal contiene elementos jurídicos singulares: invoca la Convención Interamericana sobre la Desaparición de Personas según la cual el delito se continúan cometiendo hasta que se determina qué pasó con la víctima, sostiene que en un país civilizado la respuesta al derecho a la verdad deben darla los jueces y señala que el esclarecimiento de lo sucedido no interesa sólo a las víctimas directas sino a toda la sociedad.
El derecho a la verdad, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró en el caso Velázquez Rodríguez, fue reconocido en 1996 por la Cámara Federal de la Capital, que inició averiguaciones sobre lo sucedido con secuestrados por el Ejército y la Armada. Pero la Cámara Federal de La Plata fue la primera en convocar a audiencias públicas, que se están realizando en este momento. También se pusieron en movimiento las causas en Córdoba. Causas por el destino de los bebés desaparecidos se instruyen en los juzgados federales de los jueces María Servini, Adolfo Bagnasco y Cristina Garzón de Lezcano.
El derecho que asiste a los familiares “de conocer acabadamente lo realmente ocurrido con las personas que sufrieron y sufren una desaparición forzada se extiende a toda la sociedad como una necesidad vital para mantener una organización que contenga elementales presupuestos que hagan posible una convivencia civilizada asentada sobre la verdad y la Justicia”, dice la resolución de la Cámara Federal de Bahía Blanca, notificada por su presidente Luis Alberto Cotter, quien dispuso dar intervención al Fiscal General Hugo Cañón para que “ejerza la representación que tiene de los manifiestos intereses sociales comprometidos”.
La Cámara invocó como marco jurídico para su decisión la Declaración Universal de los Derechos del Hombres y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que desde la reforma de 1994 tienen rango constitucional, y de la Convención Interamericana sobre la Desaparición de Personas. El artículo III de esta Convención dice que el delito de desaparición forzada de personas “será considerado como continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima”. Para determinar lo acontecido a las personas desaparecidas es necesaria “la ubicación de testimonios, archivos o cualquier otro elemento”. Ni las leyes de punto final y de obediencia debida ni los decretos de indulto “impiden de ninguna manera el ejercicio del derecho que le asiste a los damnificados, como a todo el conjunto social, de obtener la verdad por medio de la intervención de los jueces, única vía que tiene un país que se precie de ser civilizado”.
La Cámara dispuso que se tramite por separado la investigación sobre “dos casos de criaturas nacidas, y posteriormente sustraídas, de mujeres privadas ilegalmente de us libertad y que habrían estado en el Centro Clandestino de Detención ubicado en el Cuerpo V de Ejército con asiento en esta ciudad”. Esos casos no han sido precluidos ni perdonados por las leyes de punto final y de obediencia debida. La Cámara abrió la causa a prueba y otorgó 15 días para proponer medidas al fiscal general y otro tanto en forma consecutiva a los presentantes. Cañón es el único fiscal que dictaminó sucesivamente la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad del ex presidente Raúl Alfonsín y de los decretos de indulto del presidente Carlos Menem y la Cámara Federal de Bahía Blanca es el único tribunal del país que declaró inconstitucional la ley de obediencia debida. En la admisión, tramitación y recepción de las probanzas que se ofrezcan actuará el tribunal en pleno. El mecanismo para las audiencias públicas posteriores será decidido más adelante. La parte resolutiva declara que los presentantes tienen “derecho a conocer el modo en que sus familiares fueron objeto de la represión ilegal vigente en el período comprendido entre los años 1976 y 1983 y las circunstancias relacionadas con su desaparición y eventualmente el destino final de los cuerpos”.
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