Página/12
Por Diego Martínez
La dirección de la Asociación Médica de Bahía Blanca suspendió la conferencia sobre “crímenes impunes” a cargo del empresario de seguridad privada y medios Vicente Massot, director de La Nueva Provincia y tenaz defensor de la impunidad de torturadores y genocidas. No fue por una autocrítica del gremio que presidió el asesinado médico Felipe Glasman sino por la presión social de militantes de derechos humanos, estudiantes universitarios, organizaciones políticas, medios de prensa, médicos afiliados y hasta socios de la biblioteca donde iba a exponer, que por todos los medios convocaron a repudiar pacíficamente el acto. De ahora en adelante, Massot deberá conformarse con auditorios marginales como el del Foro de Militares Retirados o el de los alumnos de la Universidad Católica Argentina.
En su respuesta a la avalancha de repudios, la AMBB volvió a justificar la invitación amparándose en “una amplitud de criterio que lamentablemente fue intolerada por otros grupos que, mediante amenazas de violencia, obligaron a suspender la exposición, en abierta contradicción con lo que pregonan”. Llamativamente no identificó a los grupos violentos ni denunció las amenazas. La APDH informó que para el viernes pasado, fecha de la conferencia, se había previsto concurrir para hablar con los asistentes sobre el papel de Massot y La Nueva Provincia durante la dictadura.
El repudio aumentó cuando el presidente de la AMBB, Fernando Carignano, dijo desconocer que Massot hubiera promovido la apología de la tortura y en su defensa advirtió que “no es el único que tiene un pensamiento determinado”. Probablemente se refería a la apología del genocidio, a la criminalización de las protestas sociales y la paranoia de la inseguridad que Massot impulsa desde sus columnas, mientras lucra con su empresa de seguridad privada. La APDH local manifestó entonces que “la AMBB no puede seguir escondiendo su responsabilidad social, pretendiendo separar la cuestión con biombos reglamentaristas para sus cuestiones internas de ética y moral, o falsos respetos a la libre expresión, habilitando tribunas para quienes apoyaron el silencio de la muerte, metodología que con parámetros similares se aplicó para eliminar al doctor Glasman”.
El tema se planteó en el seminario internacional “Derechos Humanos: sistema de protección”, organizado por la fiscalía que encabeza Hugo Cañón, cuando los asistentes plantearon ante el escritor Mempo Giardinelli organizar un acto de repudio. Luego la seccional local de Suteba recordó que Massot fue “ideólogo y defensor acérrimo de la política de exterminio”, consideró “inadmisible que un personaje nefasto como Massot participe de actividades relacionadas con la lucha por la justicia” e invitó a repudiar la conferencia. También la Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina de la UBA señaló que la AMBB “es directamente responsable de que entre sus filas se encuentren médicos que cometieron delitos de lesa humanidad, que participaron en el genocidio de nuestro pueblo”. Adhirieron Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora, el MEDH, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, la LADH, la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras, UBA, la Cátedra Libre Poder Económico y Derechos Humanos, la Comisión Pro Cátedra de DD.HH. de Comodoro Rivadavia, la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Universidad Nacional del Comahue, la Cátedra Sociología de la Salud de la Facultad de Ciencias Sociales, UBA, el área salud del Instituto CTA, la Corriente de Militantes de Derechos Humanos de Río Negro y Neuquén, la Secretaría de DD.HH. de CICoP, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud bonaerense, la Comisión por la Reconstrucción de la Memoria de la Facultad de Ciencias Económicas, UBA, la Comisión de Derechos Humanos del Hospital Profesor Alejandro Posadas, y otros grupos.
Memorias sobre el terrorismo de Estado en Bahía Blanca y Punta Alta. Trabajo colectivo de reconstrucción de la historia local del genocidio. Su objetivo es enfrentar al silencio cómplice con la difusión de la verdad y la exigencia de justicia.
lunes, 15 de diciembre de 2003
Massot se quedó sin su conferencia
domingo, 7 de diciembre de 2003
Vicente Massot, experto en eso de la seguridad
Página/12
El notorio defensor de la represión, la mano dura y el cierre de las causas contra militares dará una conferencia sobre “crímenes impunes” en la asociación de médicos de Bahía Blanca. Que tiene entre sus miembros a médicos que revistaron en centros clandestinos.
Por Diego Martínez
La Asociación Médica de Bahía Blanca, que presidió el asesinado médico Felipe Glasman, invitó a exponer el próximo viernes, en un ciclo sobre “Crímenes impunes”, al empresario de seguridad privada y medios Vicente Massot, apologista de la dictadura militar y de la tortura. Por la impunidad que hoy cuestiona, el gremio bahiense cuenta en sus filas con médicos que asistieron a detenidos-desaparecidos del centro de detención “La Escuelita”, que funcionó detrás del Cuerpo V de Ejército, con otros que se negaron a asistir a parturientas en la clandestinidad y hasta con una víctima directa del terrorismo de Estado. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca manifestó en una nota de su secretario general, Eduardo Hidalgo, que “la AMBB no puede seguir escondiendo su responsabilidad social, pretendiendo separar la cuestión con biombos reglamentaristas para sus cuestiones internas de ética y moral, o falsos respetos a la libre expresión, habilitando tribunas para quienes apoyaron el silencio de la muerte, metodología que con parámetros similares se aplicó para eliminar al doctor Glasman”. También advirtió que “en realidad, todas estas razones reconocen su nacimiento del mismo huevo de la serpiente”.
En las conferencias contra la impunidad de más de treinta crímenes irresueltos disertaron el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde; el juez Julio Cruciani, el diputado y periodista Miguel Bonasso y su colega Ricardo Ragendorfer. Al quinto invitado los lectores de Página/12 lo conocen mejor que cualquier bahiense. Desde su diario La Nueva Provincia exigió el exterminio, reivindica el olvido y lucha por la impunidad de los genocidas. En 1993 debió renunciar al cargo de viceministro de Defensa de Carlos Menem por reivindicar la tortura. Es autor de columnas que reclaman criminalizar las protestas populares y fomentan la paranoia de la inseguridad, mientras por otro mostrador lucra con su empresa de seguridad privada.
“Para la Asociación Médica es un privilegio tener a un hombre reconocido como Massot. Los pensamientos u opiniones personales sobre cuestiones editoriales no nos competen”, dijo el encargado de prensa de la AMBB, Jorge Palacios, al periodista Federico Randazzo, de FM de la Calle. El presidente de la Asociación, Fernando Carignano, dijo desconocer “que el licenciado haya promovido la apología de la tortura, si hubiera dicho eso no tendría que estar libre”, y adelantó que si lo hiciera en la Asociación “va a ser repudiado” porque la tortura “es un hecho absolutamente ilegítimo”. Después relativizó: “No es el único que tiene un pensamiento determinado”. Cuando Randazzo le preguntó por qué exigen investigar las muertes actuales y omiten “la centena de crímenes impunes de la dictadura militar” al médico se le trabó la lengua. “No sé a qué se refiere”, arrancó. “Nosotros estamos reclamando desde hace mucho tiempo por los desaparecidos. Si nos traen los datos de cuáles fueron las circunstancias de los hechos que usted dice no resueltos (sic) serán incorporados inmediatamente.”
Ante la posibilidad de que nadie les lleve los datos, de que no encuentre el informe de la APDH bahiense en Internet y de que tampoco le avisen sobre los juicios de 1986 o el Juicio por la Verdad de 1999, ambos interrumpidos por el impulso del licenciado Massot, al menos cinco colegas afiliados al gremio podrán informar al doctor Carignano.
Uno es el entonces mayor médico Jorge Guillermo Streich, mencionado por sobrevivientes como uno de los médicos que los revisaba después de las sesiones de tortura con picana eléctrica. El 7 de diciembre de 1999 reconoció que concurría a “La Escuelita” con su arma reglamentaria, dijo que no vio cadáveres ni torturados, que sólo iba “por algún resfrío, una gripe o una diarrea”, que no le pareció clandestino “porque me llevó el director (del Hospital de Evacuación 181, coronel Eduardo Mariné, ya fallecido) por una ruta pública” y que se enteró de la existencia de desaparecidos “por los diarios”. No recordó haber visto embarazadas.
Otro es el entonces capitán médico Humberto Luis Fortunato Adalberti, que era el reemplazante de Streich en “La Escuelita”. No pudo declarar en el Juicio por la Verdad porque justo tuvo que viajar el exterior. Además fue interventor militar de la Asociación Médica.
Por “La Escuelita” pasaron al menos dos mujeres embarazadas. Graciela Izurieta fue vista por última vez en diciembre de 1976, aproximadamente en su quinto mes de embarazo, y nunca más se supo de ella. Graciela Alicia Romero de Metz dio a luz un varón el 17 de abril de 1977. Su compañera de cautiverio Alicia Partnoy contó que durante el embarazo era “obligada a estar acostada, vendada y maniatada como el resto de la gente. El último mes de embarazo se le permitía ‘caminar’. Esas caminatas consistían en unas diez vueltas alrededor de una mesa, vendada, sosteniéndose de su borde. Unos diez días antes de dar a luz la llevaron a una casilla rodante en el patio. El 17 de abril dio a luz un varón, sin asistencia médica. Pedí insistentemente que se me permitiera asistirla o acompañarla, pero no me dejaron. Fue asistida por los guardias. El 23 de abril fue sacada de ‘La Escuelita’ y no supe más de ella. Su hijo, según los guardias, fue entregado a uno de los interrogadores”. Partnoy es docente universitaria en Estados Unidos y escribió un libro estremecedor que debiera ser de lectura obligatoria en los colegios de Bahía Blanca, “The little school. Tales of disappearance & survival in Argentina, Clais Press, San Francisco, 1985.”
El ginecólogo Alberto Antonio Taranto, incorporado como aspirante a oficial de reserva del Ejército en 1976, se negó a asistir a un parto de una detenida-desaparecida. Adujo que su deber era asistir a los oficiales que pudieran ser heridos en operativos legales y no a parturientas que no tenían por qué estar en ese lugar clandestino. Lo castigaron con cinco días consecutivos de guardia.
El cardiólogo Daniel Osvaldo Fonti también era soldado conscripto en aquel año y también se negó a asistir a un parto. No fue castigado sólo porque no era su especialidad.
El hematólogo y oncólogo Mario Carlos Aggio estuvo detenido durante seis meses en la cárcel de Villa Floresta junto con más de veinte profesores universitarios acusados de “infiltración ideológica y sociocultural” en la Universidad Nacional del Sur. La persecución de académicos fue impulsada desde La Nueva Provincia y concretada por el general Adel Vilas. Aggio fue sobreseído y durante dos años vivió con su familia en Estados Unidos. Durante el cautiverio, Vilas leyó una carta de despedida de Aggio a su esposa y ordenó al servicio médico del comando que controlaran los sedantes por si intentaba suicidarse. Ese era el trabajo de los médicos militares.La conferencia de Massot está anunciada para el viernes 12 de diciembre a las 20 en la Biblioteca Rivadavia. Tal vez sea interesante que estos cinco médicos compartan el panel y que los asistentes puedan hacer preguntas sobre crímenes impunes.
El notorio defensor de la represión, la mano dura y el cierre de las causas contra militares dará una conferencia sobre “crímenes impunes” en la asociación de médicos de Bahía Blanca. Que tiene entre sus miembros a médicos que revistaron en centros clandestinos.
Por Diego Martínez
La Asociación Médica de Bahía Blanca, que presidió el asesinado médico Felipe Glasman, invitó a exponer el próximo viernes, en un ciclo sobre “Crímenes impunes”, al empresario de seguridad privada y medios Vicente Massot, apologista de la dictadura militar y de la tortura. Por la impunidad que hoy cuestiona, el gremio bahiense cuenta en sus filas con médicos que asistieron a detenidos-desaparecidos del centro de detención “La Escuelita”, que funcionó detrás del Cuerpo V de Ejército, con otros que se negaron a asistir a parturientas en la clandestinidad y hasta con una víctima directa del terrorismo de Estado. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca manifestó en una nota de su secretario general, Eduardo Hidalgo, que “la AMBB no puede seguir escondiendo su responsabilidad social, pretendiendo separar la cuestión con biombos reglamentaristas para sus cuestiones internas de ética y moral, o falsos respetos a la libre expresión, habilitando tribunas para quienes apoyaron el silencio de la muerte, metodología que con parámetros similares se aplicó para eliminar al doctor Glasman”. También advirtió que “en realidad, todas estas razones reconocen su nacimiento del mismo huevo de la serpiente”.
En las conferencias contra la impunidad de más de treinta crímenes irresueltos disertaron el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde; el juez Julio Cruciani, el diputado y periodista Miguel Bonasso y su colega Ricardo Ragendorfer. Al quinto invitado los lectores de Página/12 lo conocen mejor que cualquier bahiense. Desde su diario La Nueva Provincia exigió el exterminio, reivindica el olvido y lucha por la impunidad de los genocidas. En 1993 debió renunciar al cargo de viceministro de Defensa de Carlos Menem por reivindicar la tortura. Es autor de columnas que reclaman criminalizar las protestas populares y fomentan la paranoia de la inseguridad, mientras por otro mostrador lucra con su empresa de seguridad privada.
“Para la Asociación Médica es un privilegio tener a un hombre reconocido como Massot. Los pensamientos u opiniones personales sobre cuestiones editoriales no nos competen”, dijo el encargado de prensa de la AMBB, Jorge Palacios, al periodista Federico Randazzo, de FM de la Calle. El presidente de la Asociación, Fernando Carignano, dijo desconocer “que el licenciado haya promovido la apología de la tortura, si hubiera dicho eso no tendría que estar libre”, y adelantó que si lo hiciera en la Asociación “va a ser repudiado” porque la tortura “es un hecho absolutamente ilegítimo”. Después relativizó: “No es el único que tiene un pensamiento determinado”. Cuando Randazzo le preguntó por qué exigen investigar las muertes actuales y omiten “la centena de crímenes impunes de la dictadura militar” al médico se le trabó la lengua. “No sé a qué se refiere”, arrancó. “Nosotros estamos reclamando desde hace mucho tiempo por los desaparecidos. Si nos traen los datos de cuáles fueron las circunstancias de los hechos que usted dice no resueltos (sic) serán incorporados inmediatamente.”
Ante la posibilidad de que nadie les lleve los datos, de que no encuentre el informe de la APDH bahiense en Internet y de que tampoco le avisen sobre los juicios de 1986 o el Juicio por la Verdad de 1999, ambos interrumpidos por el impulso del licenciado Massot, al menos cinco colegas afiliados al gremio podrán informar al doctor Carignano.
Uno es el entonces mayor médico Jorge Guillermo Streich, mencionado por sobrevivientes como uno de los médicos que los revisaba después de las sesiones de tortura con picana eléctrica. El 7 de diciembre de 1999 reconoció que concurría a “La Escuelita” con su arma reglamentaria, dijo que no vio cadáveres ni torturados, que sólo iba “por algún resfrío, una gripe o una diarrea”, que no le pareció clandestino “porque me llevó el director (del Hospital de Evacuación 181, coronel Eduardo Mariné, ya fallecido) por una ruta pública” y que se enteró de la existencia de desaparecidos “por los diarios”. No recordó haber visto embarazadas.
Otro es el entonces capitán médico Humberto Luis Fortunato Adalberti, que era el reemplazante de Streich en “La Escuelita”. No pudo declarar en el Juicio por la Verdad porque justo tuvo que viajar el exterior. Además fue interventor militar de la Asociación Médica.
Por “La Escuelita” pasaron al menos dos mujeres embarazadas. Graciela Izurieta fue vista por última vez en diciembre de 1976, aproximadamente en su quinto mes de embarazo, y nunca más se supo de ella. Graciela Alicia Romero de Metz dio a luz un varón el 17 de abril de 1977. Su compañera de cautiverio Alicia Partnoy contó que durante el embarazo era “obligada a estar acostada, vendada y maniatada como el resto de la gente. El último mes de embarazo se le permitía ‘caminar’. Esas caminatas consistían en unas diez vueltas alrededor de una mesa, vendada, sosteniéndose de su borde. Unos diez días antes de dar a luz la llevaron a una casilla rodante en el patio. El 17 de abril dio a luz un varón, sin asistencia médica. Pedí insistentemente que se me permitiera asistirla o acompañarla, pero no me dejaron. Fue asistida por los guardias. El 23 de abril fue sacada de ‘La Escuelita’ y no supe más de ella. Su hijo, según los guardias, fue entregado a uno de los interrogadores”. Partnoy es docente universitaria en Estados Unidos y escribió un libro estremecedor que debiera ser de lectura obligatoria en los colegios de Bahía Blanca, “The little school. Tales of disappearance & survival in Argentina, Clais Press, San Francisco, 1985.”
El ginecólogo Alberto Antonio Taranto, incorporado como aspirante a oficial de reserva del Ejército en 1976, se negó a asistir a un parto de una detenida-desaparecida. Adujo que su deber era asistir a los oficiales que pudieran ser heridos en operativos legales y no a parturientas que no tenían por qué estar en ese lugar clandestino. Lo castigaron con cinco días consecutivos de guardia.
El cardiólogo Daniel Osvaldo Fonti también era soldado conscripto en aquel año y también se negó a asistir a un parto. No fue castigado sólo porque no era su especialidad.
El hematólogo y oncólogo Mario Carlos Aggio estuvo detenido durante seis meses en la cárcel de Villa Floresta junto con más de veinte profesores universitarios acusados de “infiltración ideológica y sociocultural” en la Universidad Nacional del Sur. La persecución de académicos fue impulsada desde La Nueva Provincia y concretada por el general Adel Vilas. Aggio fue sobreseído y durante dos años vivió con su familia en Estados Unidos. Durante el cautiverio, Vilas leyó una carta de despedida de Aggio a su esposa y ordenó al servicio médico del comando que controlaran los sedantes por si intentaba suicidarse. Ese era el trabajo de los médicos militares.La conferencia de Massot está anunciada para el viernes 12 de diciembre a las 20 en la Biblioteca Rivadavia. Tal vez sea interesante que estos cinco médicos compartan el panel y que los asistentes puedan hacer preguntas sobre crímenes impunes.
domingo, 16 de noviembre de 2003
Teoría y práctica de la tortura
Página/12
Luego de apartar de mala gana a dos de sus principales comisarios, Solá pidió el mismo rigor con todas las policías del país. Ni imaginaba en qué llaga ponía el dedo. El comisario que el gobierno nacional presenta como reverso de los ineficientes y corruptos bonaerenses está procesado por privación ilegítima de la libertad y torturas. En la misma causa está bajo proceso el presidente de una de las mayores empresas privadas de seguridad, que preside el apologista de la tortura Vicente Massot.
Por Horacio Verbitsky
Estrangulado por los intendentes del conurbano, que esta semana le declararon la guerra, y el gobierno nacional, que le exige un improbable cambio de personalidad, el gobernador de la provincia de Buenos Aires aceptó remover a dos de los cuatro más altos jefes de su policía, horas después de minimizar los cargos que pesaban contra ellos. Con su último hilo de voz dijo que no habría contemplaciones para quienes delinquen pero reclamó que el mismo rigor se aplique con las policías del resto del país. Puso así el dedo en una llaga más ardiente de lo que él mismo sabe: el comisario de la Policía Federal que el gobierno nacional presenta como el modelo a seguir, reverso de los ineficientes y corruptos bonaerenses, está procesado por privación ilegal de la libertad y torturas, delitos que pueden castigarse hasta con 25 años de reclusión o prisión. Uno de sus compañeros de causa, procesado por el mismo delito, forma parte de un complejo empresarial que controla por satélite y computadora a 150 patrulleros de la Policía Federal y 1500 de la de Buenos Aires. Allí no terminan las coincidencias: el presidente de esa empresa, quien debió alejarse del gobierno de Carlos Menem por hacer la defensa pública de la tortura, responde a la misma cofradía integrista que el secretario de seguridad interior. Más aún, es director y principal accionista de un diario que en 1976 respaldó con entusiasmo el golpe militar y ahora reclama el patrullaje de las calles por el Ejército.
Los duros
El martes 11 el Secretario de Seguridad Interior de la Nación, Norberto Quantín, presentó la flamante División Antisecuestros de la Policía Federal, cuyos integrantes sólo se dedicarán a investigar esos delitos, a pedido de jueces o fiscales de cualquier lugar del país. Junto a Quantín se sentó el jefe del Departamento Delitos Complejos de la Policía Federal, comisario inspector Carlos Alberto Sablich, de quien depende la nueva División. Quantín dijo que la Policía Federal “actúa de una manera dura, profesional y eficaz”. De la dureza, profesionalidad y eficacia de Sablich hay constancias en un expediente que instruye el juez Luis Alberto Zelaya. Desde 1991, Zelaya mantiene un contumaz forcejeo con los jueces de la Sala VII de la Cámara del Crimen. Una y otra vez, el magistrado sobreseyó a Sablich por privación ilegítima de la libertad y torturas y otras tantas la Cámara revocó o anuló sus decisiones y le ordenó profundizar la investigación.
Horas antes de los comicios de noviembre de 1991 el entonces presidente Carlos Menem y su ministro del Interior José Luis Manzano anunciaron en forma triunfal el esclarecimiento del secuestro extorsivo del hombre de negocios Mauricio Macri, cometido por una banda de policías. Tres de los detenidos, los suboficiales Miguel Angel Ramírez, Juan Carlos Bayarri y Carlos Alberto Benito denunciaron que personal de Defraudaciones y Estafas los privó en forma ilegal de su libertad y los torturó para que confesaran. Como dijo Jorge Luis Borges, “se comieron a los caníbales”. Otro de los detenidos fue el subcomisario retirado José Ahmed. Su hermano Camilo Ahmed cometió tres meses después uno de los suicidios más originales de la historia: se arrojó desde un piso 12 en Mar del Plata pero para estar seguro de lograr su propósito también se pegó un tiro en la sien.
La denuncia del sargento Ramírez fue corroborada por el testimonio de Ricardo Kuperbank, pero los peritajes efectuados muchos días después no registraron rastros de los apremios, por lo que en este caso la Cámara dejó en pie el sobreseimiento. Benito dijo que luego de su detención en Córdoba lo subieron a un auto y en el traslado a Buenos Aires lo patearon y trompearon hasta hacerle escupir varios dientes. Después lo llevaron a un lugar clandestino, le metieron la cabeza en un fuentón con agua y le clavaron pinches debajo de las uñas. Entre otros camaradas reconoció al entonces subcomisario Sablich, quien volvió a amenazarlo en el Departamento de Policía, adonde lo condujeron después. Todos negaron, pero tres peritos médicos certificaron las lesiones y la pérdida de dientes. Además, tres testigos confirmaron los hechos. La Cámara dejó constancia de que no compartía el sobreseimiento provisional, aunque por razones formales tampoco podía revocarlo.
Sí lo hizo en el caso de la privación ilegítima de la libertad y las torturas al sargento Bayarri y su padre. La fecha y lugar de su verdadera detención no coinciden con las asentadas en el expediente. Según la policía, Bayarri fue detenido en La Boca. Pero cuatro testigos demostraron que el arresto se produjo un día antes, en la esquina de las avenidas Mitre y Centenario, de Sarandí. La falsedad surge incluso del propio expediente. El secretario Eduardo Larrea certificó haber recibido el 19 de noviembre la denuncia anónima que habría permitido la detención de Bayarri. Pero el entonces juez Nerio Bonifati consignó que Bayarri estaba detenido a su disposición por el secuestro de Macri desde el 18 de noviembre. Esas 24 horas fueron el lapso empleado para las torturas. Bayarri dijo que a raíz de las torturas con picana eléctrica, golpes y submarino seco, aplicadas por Sablich y otro subcomisario, sufrió una hemorragia y la rotura del tímpano. Esto le produjo una pérdida de capacidad auditiva. Las lesiones fueron confirmadas por los peritos médicos de la policía, de la cárcel y de la Justicia y por el enfermero que le efectuó una curación, quien dejó constancia escrita de ello en el libro de guardia. Hay además tres testimonios y fotografías de Bayarri golpeado. En abril de 1997 los jueces de la Sala VII Abel Bonorino Peró, Guillermo Ouviña y José Manuel Piombo revocaron el sobreseimiento provisorio de Sablich y de los suyos por la privación ilegal de la libertad y los apremios ilegales contra el sargento Bayarri y sostuvieron que “la gravedad de los hechos denunciados requiere profundizar la investigación emprendida, la que dista de estar agotada”.
Hasta 25 años
Ante la pasividad del juez, el 29 de diciembre de ese mismo año Ouviña y Piombo consideraron necesario exhortarlo a “dar trámite urgente y adecuado al sumario adoptando todas las medidas y diligencias conducentes”. En febrero de 1998, Zelaya decidió el procesamiento de Sablich y de una decena de comisarios, subcomisarios y suboficiales de Defraudaciones y Estafas. Pero el 2 de julio de 1998 volvió a sobreseerlo, decisión que los mismos camaristas volvieron a revocar en octubre de ese año, en términos muy severos para el juez y para el fiscal de la causa. Por su prolongada detención sin sentencia, Bayarri recurrió incluso al sistema interamericano de protección a los derechos humanos, que pidió explicaciones al Estado argentino. Además, protestó ante la Cámara por retardo de justicia. En diciembre de 2000 la misma sala, integrada en ese caso por Bonorino Peró y Mario Filozof le dio la razón, recriminó al juez haber paralizado la causa y le recomendó “el estricto acatamiento” de los plazos fijados por el Código Procesal.
Ni siquiera esas dilaciones sirvieron a Sablich para obtener el sobreseimiento por prescripción que buscaba. Primero el juez y luego la Cámara se lo negaron. En abril del año pasado, Bonorino Peró y Piombo sostuvieron que no correspondía la prescripción, dado que “no puede descartarse que los hechos que se le atribuyen” correspondan a los delitos contemplados “en el artículo 144 tercero del Código Penal”. Ese artículo contempla penas de “reclusión o prisión de 8 a 25 años e inhabilitación absoluta y perpetua” para “el funcionario público que impusiere a personas, legítima o ilegítimamente privadas de su libertad, cualquier clase de tortura. El mínimo se incrementa a 10 años si la tortura produjera la “pérdida de un sentido o un órgano”.
“Error grave”
Cuando Zelaya sobreseyó una vez más a Sablich, además del querellante Bayarri apeló la fiscal Gladys Nancy Romero. La Cámara, integrada esta vez por Bonorino Peró, Piombo y Guillermo Navarro, declaró nula esa resolución hace dos meses, con considerandos muy severos. El juez cerró la causa “con argumentos de fragmentada valoración de la prueba” y mediante “apreciaciones contradictorias que resienten la validez del fallo”. Para los camaristas esa decisión no tiene valor como “pieza judicial, en tanto no responde a una derivación razonada del derecho vigente, fundada en las circunstancias de hecho que han sido probadas en la causa”. Dijeron que el juez había actuado con “subjetividad”, le reprocharon falta de “equidistancia valorativa” y desdeñaron su razonamiento como una mera “elucubración”. Respecto de Sablich, dijeron que Zelaya supuso “de manera ajena a todo sustento probatorio” que Bayarri “pudo referirse en sus dichos a otras personas”. Esta no es una apreciación válida, sino “un parecer personal del juzgador”, que si tenía alguna duda debería haber interrogado una vez más a Bayarri “pues de interpretar sus manifestaciones se trata”. Tampoco les pareció razonable que el juez desconociera o se negara a considerar que Bayarri incriminó a Sablich ya en la décima foja del expediente y que lo reiteró en presentaciones posteriores. “Menos admisible” aún les pareció la afirmación del juez de que Sablich no participó en la privación ilegítima de la libertad y las torturas a Bayarri porque el 18 de noviembre de 1991 estaba en Córdoba, ya que el 19 ya había regresado “y Bayarri, según sostiene, para entonces se encontraba en el lugar que denominó el pozo”. Esto demuestra “un error grave en el razonamiento lógico” del magistrado “para arribar a un juicio certero sobre dicha imposibilidad”.
El socio electrónico
Otro de los procesados junto con Sablich es el suboficial de la Policía Federal Delfor Héctor Panelli. El juez Zelaya también lo había sobreseído pero los camaristas declararon nula esa decisión. Zelaya no explicó los hechos en los que Panelli estaba involucrado y redujo el delito al de falso testimonio, dicen Piombo, Bonorino y Navarro. La conducta de Panelli puede “importar una directa intervención en los graves sucesos denunciados” ya que su declaración versó “sobre los procedimientos policiales que comprenden la imputación”, agregan. Antes de la resolución de los hechos denunciados no es posible determinar la suerte procesal de Panelli. Si se consideran probadas las torturas y la privación ilegítima de la libertad por las cuales está procesado Sablich, Panelli debería responder por delitos mucho más graves que el falso testimonio, porque él mismo estaría involucrado. Cinco presidentes después de los hechos, Sablich prosigue su exitosa carrera policial. Panelli, en cambio, se dedicó a algunos negocios vinculados con su profesión.
En 1997, el mismo año en que la Cámara anuló el primer sobreseimiento de ambos, se creó la empresa Megatrans, con sede en Balcarce 216, a dos cuadras de la Casa Rosada. Su especialidad es la localización de vehículos y la transmisión de datos móviles, con servicios en todo el territorio nacional. Posee una red propia de navegación y comunicación y aplica en el país el sistema de localización automática de vehículos Siemens-Datatrak, en cuya instalación se invirtieron más de diez millones de dólares. Instalado a bordo de vehículos particulares, de carga, transporte, asistencia sanitaria, o fuerzas de seguridad, el sistema permite su localización instantánea y su control desde teléfonos celulares o pantallas de computadora, vía Internet. El equipamiento básico comprende un localizador con una batería alimentada por el vehículo y antenas de navegación y transmisión que pueden ocultarse en el vehículo o entre la carga. Al localizador se conectan los sensores de puerta, botón de pánico y otros periféricos que permiten detectar cualquier anormalidad. La cabecera de Megatrans funciona en la División Alarmas de la Policía Federal. El sistema también fue homologado por la Gendarmería. Según el Newsletter 6 de Megatrans, desde 2001 también controla 150 móviles de la Policía Federal y 1500 de la Policía de la provincia de Buenos Aires. Esto debería permitir “un control más eficaz” de estas “herramientas críticas en el cuidado de personas y bienes en la ciudad de Buenos Aires y en el densamente poblado conurbano bonaerense”.
Dios los cría
El principal accionista de Megatrans es el diario bahiense La Nueva Provincia y su presidente el director del matutino, Vicente Massot. En la década de 1970, Massot fue jefe de redacción de la revista Cabildo y colaborador de la revista Verbo, que propagaron en la Argentina la doctrina integrista del grupo Cité Catholique y del obispo francés Marcel Lefebvre. Verbo tradujo y publicó los trabajos de los capellanes franceses de la guerra de Argelia que justificaban con argumentos teológicos la tortura y la ejecución de prisioneros. Uno de los fieles que asisten a la iglesia de la calle Venezuela donde se practica el culto lefebvrista es el secretario de Seguridad Interior Quantín. Como fiscal, Quantín convalidó en 1980 la detención por tiempo indeterminado, sin cargos ni defensa, de personas sometidas a torturas. En 1990 y 2003, reivindicó el perdón a los responsables de crímenes de lesa humanidad.
Menem designó a Massot secretario de Defensa, cargo al que debió renunciar en 1993, luego de defender en un reportaje el empleo de la tortura. En 1996 escribió una columna en La Nación sobre “Nuevos flagelos sociales”, en la que sostuvo que a diferencia de la hiperinflación, que puede ser desterrada por un ajuste ortodoxo, “la desocupación, en el mejor de los casos, requiere años para desaparecer”. Su preocupación era que “los hijos de estos hombres sin trabajo, desde la infancia comenzarán a codearse con la delincuencia, la drogadicción y la marginalidad”. Es preciso “repensar estas cuestiones sin concesiones a la demagogia” ya que “no existen soluciones ni rápidas, ni fáciles, ni mágicas”. Como la desocupación “no desaparecerá instrumentando planes de beneficencia social ni la violencia dejará de asolarnos porque la economía crezca”, el país “debe prever y su dirigencia orquestar decisiones que nos permitan convivir, en el futuro, con una peligrosa combinación nueva para nosotros, de tasas de desocupación altas y una violencia creciente”. Tuvo la cautela de librar a la comprensión cómplice de sus lectores cuáles deberían ser esas soluciones. ¿Acaso una de ellas sea la tortura y otra la privatización de la seguridad?
Megatrans comparte el negocio con otra empresa, GIF Operaciones, con domicilio en Tucumán 834, parte de una consultora especializada en prevención del fraude telefónico e informático, en 2001 GIF Operaciones se hizo cargo de los servicios de alarma para Megatrans. Las facturas de ambas empresas llegan a sus clientes en el mismo sobre. GIF Operaciones atiende el Centro de Operaciones Mega (COP Mega, un juego de palabras en inglés, traducible como Cana Gigante) “en reporte paralelo con la Policía Federal” y en contacto punto a punto con un sistema propio de comunicaciones con “las distintas policías provinciales”. El presidente de GIF Operaciones es Delfor H. Panelli, el coprocesado con el comisario Sablich por privación ilegítima de la libertad y torturas.
En una comunicación de abril del año pasado a los clientes de ambas empresas, informó que GIF Operaciones “cuenta con helicóptero y vehículos terrestres de rastreo y localización, como soporte a la acción policial para el recupero de los vehículos y de la carga”. En caso de alarma, la Dirección de Operaciones de GIF “dispone y coordina las tareas ejecutivas para una rápida intervención policial”. Esa Dirección de Operaciones está integrada por el Comisario General (R) Luis S. Fernández y por el Comisario Mayor (R) Rubén Parravicini. (Luis Santiago Fernández, ex superintendente de seguridad metropolitana, fue uno de los comisarios investigados por el actual secretario de Justicia y ex fiscal Pablo Lanusse, por el cobro de coimas a vendedores ambulantes, prostitutas y hoteleros. El comisario mayor Rubén Parravicini, fue designado director de seguridad de la policía de Buenos Aires, cuando el ex gobernador Eduardo Duhalde removió a su ministro Carlos Arslanian y comenzó la primera contrarreforma). ¿Qué diría el gobierno nacional si Felipe Solá mantuviera en cargos clave para la seguridad de la población bonaerense a hombres con antecedentes como los de Quantín y Sablich?
Luego de apartar de mala gana a dos de sus principales comisarios, Solá pidió el mismo rigor con todas las policías del país. Ni imaginaba en qué llaga ponía el dedo. El comisario que el gobierno nacional presenta como reverso de los ineficientes y corruptos bonaerenses está procesado por privación ilegítima de la libertad y torturas. En la misma causa está bajo proceso el presidente de una de las mayores empresas privadas de seguridad, que preside el apologista de la tortura Vicente Massot.
Por Horacio Verbitsky
Estrangulado por los intendentes del conurbano, que esta semana le declararon la guerra, y el gobierno nacional, que le exige un improbable cambio de personalidad, el gobernador de la provincia de Buenos Aires aceptó remover a dos de los cuatro más altos jefes de su policía, horas después de minimizar los cargos que pesaban contra ellos. Con su último hilo de voz dijo que no habría contemplaciones para quienes delinquen pero reclamó que el mismo rigor se aplique con las policías del resto del país. Puso así el dedo en una llaga más ardiente de lo que él mismo sabe: el comisario de la Policía Federal que el gobierno nacional presenta como el modelo a seguir, reverso de los ineficientes y corruptos bonaerenses, está procesado por privación ilegal de la libertad y torturas, delitos que pueden castigarse hasta con 25 años de reclusión o prisión. Uno de sus compañeros de causa, procesado por el mismo delito, forma parte de un complejo empresarial que controla por satélite y computadora a 150 patrulleros de la Policía Federal y 1500 de la de Buenos Aires. Allí no terminan las coincidencias: el presidente de esa empresa, quien debió alejarse del gobierno de Carlos Menem por hacer la defensa pública de la tortura, responde a la misma cofradía integrista que el secretario de seguridad interior. Más aún, es director y principal accionista de un diario que en 1976 respaldó con entusiasmo el golpe militar y ahora reclama el patrullaje de las calles por el Ejército.
Los duros
El martes 11 el Secretario de Seguridad Interior de la Nación, Norberto Quantín, presentó la flamante División Antisecuestros de la Policía Federal, cuyos integrantes sólo se dedicarán a investigar esos delitos, a pedido de jueces o fiscales de cualquier lugar del país. Junto a Quantín se sentó el jefe del Departamento Delitos Complejos de la Policía Federal, comisario inspector Carlos Alberto Sablich, de quien depende la nueva División. Quantín dijo que la Policía Federal “actúa de una manera dura, profesional y eficaz”. De la dureza, profesionalidad y eficacia de Sablich hay constancias en un expediente que instruye el juez Luis Alberto Zelaya. Desde 1991, Zelaya mantiene un contumaz forcejeo con los jueces de la Sala VII de la Cámara del Crimen. Una y otra vez, el magistrado sobreseyó a Sablich por privación ilegítima de la libertad y torturas y otras tantas la Cámara revocó o anuló sus decisiones y le ordenó profundizar la investigación.
Horas antes de los comicios de noviembre de 1991 el entonces presidente Carlos Menem y su ministro del Interior José Luis Manzano anunciaron en forma triunfal el esclarecimiento del secuestro extorsivo del hombre de negocios Mauricio Macri, cometido por una banda de policías. Tres de los detenidos, los suboficiales Miguel Angel Ramírez, Juan Carlos Bayarri y Carlos Alberto Benito denunciaron que personal de Defraudaciones y Estafas los privó en forma ilegal de su libertad y los torturó para que confesaran. Como dijo Jorge Luis Borges, “se comieron a los caníbales”. Otro de los detenidos fue el subcomisario retirado José Ahmed. Su hermano Camilo Ahmed cometió tres meses después uno de los suicidios más originales de la historia: se arrojó desde un piso 12 en Mar del Plata pero para estar seguro de lograr su propósito también se pegó un tiro en la sien.
La denuncia del sargento Ramírez fue corroborada por el testimonio de Ricardo Kuperbank, pero los peritajes efectuados muchos días después no registraron rastros de los apremios, por lo que en este caso la Cámara dejó en pie el sobreseimiento. Benito dijo que luego de su detención en Córdoba lo subieron a un auto y en el traslado a Buenos Aires lo patearon y trompearon hasta hacerle escupir varios dientes. Después lo llevaron a un lugar clandestino, le metieron la cabeza en un fuentón con agua y le clavaron pinches debajo de las uñas. Entre otros camaradas reconoció al entonces subcomisario Sablich, quien volvió a amenazarlo en el Departamento de Policía, adonde lo condujeron después. Todos negaron, pero tres peritos médicos certificaron las lesiones y la pérdida de dientes. Además, tres testigos confirmaron los hechos. La Cámara dejó constancia de que no compartía el sobreseimiento provisional, aunque por razones formales tampoco podía revocarlo.
Sí lo hizo en el caso de la privación ilegítima de la libertad y las torturas al sargento Bayarri y su padre. La fecha y lugar de su verdadera detención no coinciden con las asentadas en el expediente. Según la policía, Bayarri fue detenido en La Boca. Pero cuatro testigos demostraron que el arresto se produjo un día antes, en la esquina de las avenidas Mitre y Centenario, de Sarandí. La falsedad surge incluso del propio expediente. El secretario Eduardo Larrea certificó haber recibido el 19 de noviembre la denuncia anónima que habría permitido la detención de Bayarri. Pero el entonces juez Nerio Bonifati consignó que Bayarri estaba detenido a su disposición por el secuestro de Macri desde el 18 de noviembre. Esas 24 horas fueron el lapso empleado para las torturas. Bayarri dijo que a raíz de las torturas con picana eléctrica, golpes y submarino seco, aplicadas por Sablich y otro subcomisario, sufrió una hemorragia y la rotura del tímpano. Esto le produjo una pérdida de capacidad auditiva. Las lesiones fueron confirmadas por los peritos médicos de la policía, de la cárcel y de la Justicia y por el enfermero que le efectuó una curación, quien dejó constancia escrita de ello en el libro de guardia. Hay además tres testimonios y fotografías de Bayarri golpeado. En abril de 1997 los jueces de la Sala VII Abel Bonorino Peró, Guillermo Ouviña y José Manuel Piombo revocaron el sobreseimiento provisorio de Sablich y de los suyos por la privación ilegal de la libertad y los apremios ilegales contra el sargento Bayarri y sostuvieron que “la gravedad de los hechos denunciados requiere profundizar la investigación emprendida, la que dista de estar agotada”.
Hasta 25 años
Ante la pasividad del juez, el 29 de diciembre de ese mismo año Ouviña y Piombo consideraron necesario exhortarlo a “dar trámite urgente y adecuado al sumario adoptando todas las medidas y diligencias conducentes”. En febrero de 1998, Zelaya decidió el procesamiento de Sablich y de una decena de comisarios, subcomisarios y suboficiales de Defraudaciones y Estafas. Pero el 2 de julio de 1998 volvió a sobreseerlo, decisión que los mismos camaristas volvieron a revocar en octubre de ese año, en términos muy severos para el juez y para el fiscal de la causa. Por su prolongada detención sin sentencia, Bayarri recurrió incluso al sistema interamericano de protección a los derechos humanos, que pidió explicaciones al Estado argentino. Además, protestó ante la Cámara por retardo de justicia. En diciembre de 2000 la misma sala, integrada en ese caso por Bonorino Peró y Mario Filozof le dio la razón, recriminó al juez haber paralizado la causa y le recomendó “el estricto acatamiento” de los plazos fijados por el Código Procesal.
Ni siquiera esas dilaciones sirvieron a Sablich para obtener el sobreseimiento por prescripción que buscaba. Primero el juez y luego la Cámara se lo negaron. En abril del año pasado, Bonorino Peró y Piombo sostuvieron que no correspondía la prescripción, dado que “no puede descartarse que los hechos que se le atribuyen” correspondan a los delitos contemplados “en el artículo 144 tercero del Código Penal”. Ese artículo contempla penas de “reclusión o prisión de 8 a 25 años e inhabilitación absoluta y perpetua” para “el funcionario público que impusiere a personas, legítima o ilegítimamente privadas de su libertad, cualquier clase de tortura. El mínimo se incrementa a 10 años si la tortura produjera la “pérdida de un sentido o un órgano”.
“Error grave”
Cuando Zelaya sobreseyó una vez más a Sablich, además del querellante Bayarri apeló la fiscal Gladys Nancy Romero. La Cámara, integrada esta vez por Bonorino Peró, Piombo y Guillermo Navarro, declaró nula esa resolución hace dos meses, con considerandos muy severos. El juez cerró la causa “con argumentos de fragmentada valoración de la prueba” y mediante “apreciaciones contradictorias que resienten la validez del fallo”. Para los camaristas esa decisión no tiene valor como “pieza judicial, en tanto no responde a una derivación razonada del derecho vigente, fundada en las circunstancias de hecho que han sido probadas en la causa”. Dijeron que el juez había actuado con “subjetividad”, le reprocharon falta de “equidistancia valorativa” y desdeñaron su razonamiento como una mera “elucubración”. Respecto de Sablich, dijeron que Zelaya supuso “de manera ajena a todo sustento probatorio” que Bayarri “pudo referirse en sus dichos a otras personas”. Esta no es una apreciación válida, sino “un parecer personal del juzgador”, que si tenía alguna duda debería haber interrogado una vez más a Bayarri “pues de interpretar sus manifestaciones se trata”. Tampoco les pareció razonable que el juez desconociera o se negara a considerar que Bayarri incriminó a Sablich ya en la décima foja del expediente y que lo reiteró en presentaciones posteriores. “Menos admisible” aún les pareció la afirmación del juez de que Sablich no participó en la privación ilegítima de la libertad y las torturas a Bayarri porque el 18 de noviembre de 1991 estaba en Córdoba, ya que el 19 ya había regresado “y Bayarri, según sostiene, para entonces se encontraba en el lugar que denominó el pozo”. Esto demuestra “un error grave en el razonamiento lógico” del magistrado “para arribar a un juicio certero sobre dicha imposibilidad”.
El socio electrónico
Otro de los procesados junto con Sablich es el suboficial de la Policía Federal Delfor Héctor Panelli. El juez Zelaya también lo había sobreseído pero los camaristas declararon nula esa decisión. Zelaya no explicó los hechos en los que Panelli estaba involucrado y redujo el delito al de falso testimonio, dicen Piombo, Bonorino y Navarro. La conducta de Panelli puede “importar una directa intervención en los graves sucesos denunciados” ya que su declaración versó “sobre los procedimientos policiales que comprenden la imputación”, agregan. Antes de la resolución de los hechos denunciados no es posible determinar la suerte procesal de Panelli. Si se consideran probadas las torturas y la privación ilegítima de la libertad por las cuales está procesado Sablich, Panelli debería responder por delitos mucho más graves que el falso testimonio, porque él mismo estaría involucrado. Cinco presidentes después de los hechos, Sablich prosigue su exitosa carrera policial. Panelli, en cambio, se dedicó a algunos negocios vinculados con su profesión.
En 1997, el mismo año en que la Cámara anuló el primer sobreseimiento de ambos, se creó la empresa Megatrans, con sede en Balcarce 216, a dos cuadras de la Casa Rosada. Su especialidad es la localización de vehículos y la transmisión de datos móviles, con servicios en todo el territorio nacional. Posee una red propia de navegación y comunicación y aplica en el país el sistema de localización automática de vehículos Siemens-Datatrak, en cuya instalación se invirtieron más de diez millones de dólares. Instalado a bordo de vehículos particulares, de carga, transporte, asistencia sanitaria, o fuerzas de seguridad, el sistema permite su localización instantánea y su control desde teléfonos celulares o pantallas de computadora, vía Internet. El equipamiento básico comprende un localizador con una batería alimentada por el vehículo y antenas de navegación y transmisión que pueden ocultarse en el vehículo o entre la carga. Al localizador se conectan los sensores de puerta, botón de pánico y otros periféricos que permiten detectar cualquier anormalidad. La cabecera de Megatrans funciona en la División Alarmas de la Policía Federal. El sistema también fue homologado por la Gendarmería. Según el Newsletter 6 de Megatrans, desde 2001 también controla 150 móviles de la Policía Federal y 1500 de la Policía de la provincia de Buenos Aires. Esto debería permitir “un control más eficaz” de estas “herramientas críticas en el cuidado de personas y bienes en la ciudad de Buenos Aires y en el densamente poblado conurbano bonaerense”.
Dios los cría
El principal accionista de Megatrans es el diario bahiense La Nueva Provincia y su presidente el director del matutino, Vicente Massot. En la década de 1970, Massot fue jefe de redacción de la revista Cabildo y colaborador de la revista Verbo, que propagaron en la Argentina la doctrina integrista del grupo Cité Catholique y del obispo francés Marcel Lefebvre. Verbo tradujo y publicó los trabajos de los capellanes franceses de la guerra de Argelia que justificaban con argumentos teológicos la tortura y la ejecución de prisioneros. Uno de los fieles que asisten a la iglesia de la calle Venezuela donde se practica el culto lefebvrista es el secretario de Seguridad Interior Quantín. Como fiscal, Quantín convalidó en 1980 la detención por tiempo indeterminado, sin cargos ni defensa, de personas sometidas a torturas. En 1990 y 2003, reivindicó el perdón a los responsables de crímenes de lesa humanidad.
Menem designó a Massot secretario de Defensa, cargo al que debió renunciar en 1993, luego de defender en un reportaje el empleo de la tortura. En 1996 escribió una columna en La Nación sobre “Nuevos flagelos sociales”, en la que sostuvo que a diferencia de la hiperinflación, que puede ser desterrada por un ajuste ortodoxo, “la desocupación, en el mejor de los casos, requiere años para desaparecer”. Su preocupación era que “los hijos de estos hombres sin trabajo, desde la infancia comenzarán a codearse con la delincuencia, la drogadicción y la marginalidad”. Es preciso “repensar estas cuestiones sin concesiones a la demagogia” ya que “no existen soluciones ni rápidas, ni fáciles, ni mágicas”. Como la desocupación “no desaparecerá instrumentando planes de beneficencia social ni la violencia dejará de asolarnos porque la economía crezca”, el país “debe prever y su dirigencia orquestar decisiones que nos permitan convivir, en el futuro, con una peligrosa combinación nueva para nosotros, de tasas de desocupación altas y una violencia creciente”. Tuvo la cautela de librar a la comprensión cómplice de sus lectores cuáles deberían ser esas soluciones. ¿Acaso una de ellas sea la tortura y otra la privatización de la seguridad?
Megatrans comparte el negocio con otra empresa, GIF Operaciones, con domicilio en Tucumán 834, parte de una consultora especializada en prevención del fraude telefónico e informático, en 2001 GIF Operaciones se hizo cargo de los servicios de alarma para Megatrans. Las facturas de ambas empresas llegan a sus clientes en el mismo sobre. GIF Operaciones atiende el Centro de Operaciones Mega (COP Mega, un juego de palabras en inglés, traducible como Cana Gigante) “en reporte paralelo con la Policía Federal” y en contacto punto a punto con un sistema propio de comunicaciones con “las distintas policías provinciales”. El presidente de GIF Operaciones es Delfor H. Panelli, el coprocesado con el comisario Sablich por privación ilegítima de la libertad y torturas.
En una comunicación de abril del año pasado a los clientes de ambas empresas, informó que GIF Operaciones “cuenta con helicóptero y vehículos terrestres de rastreo y localización, como soporte a la acción policial para el recupero de los vehículos y de la carga”. En caso de alarma, la Dirección de Operaciones de GIF “dispone y coordina las tareas ejecutivas para una rápida intervención policial”. Esa Dirección de Operaciones está integrada por el Comisario General (R) Luis S. Fernández y por el Comisario Mayor (R) Rubén Parravicini. (Luis Santiago Fernández, ex superintendente de seguridad metropolitana, fue uno de los comisarios investigados por el actual secretario de Justicia y ex fiscal Pablo Lanusse, por el cobro de coimas a vendedores ambulantes, prostitutas y hoteleros. El comisario mayor Rubén Parravicini, fue designado director de seguridad de la policía de Buenos Aires, cuando el ex gobernador Eduardo Duhalde removió a su ministro Carlos Arslanian y comenzó la primera contrarreforma). ¿Qué diría el gobierno nacional si Felipe Solá mantuviera en cargos clave para la seguridad de la población bonaerense a hombres con antecedentes como los de Quantín y Sablich?
domingo, 27 de abril de 2003
Los excesos según Massot
Página/12
LA FILOSOFIA DEL CANDIDATO A MINISTRO DE DEFENSA DE MENEM
Si gana las elecciones, el riojano está considerando poner al frente de Defensa a Vicente Massot, el dueño del diario “La Nueva Provincia”, de Bahía Blanca, y ex secretario de la revista fascista “Cabildo”. Massot es un apologista del terrorismo de Estado que pedía fusilamientos y dictadura eterna, y sigue reivindicando la tortura.
“A ‘Le Monde’, un diario blanduzco y baboso, identificado con las izquierdas rosadas, las botas le causan un horror visceral (...) Prefiere el tercer sexo al sexo masculino, el color rosa al celeste y, lógicamente, las chancletas a las botas.” (Vicente G. M. Massot, “La obsesión del fascismo”, Cabildo, 7-2-74)
Por Diego Martínez
El principal candidato a ocupar el Ministerio de Defensa ante un eventual triunfo de Carlos Menem es tal vez el mayor apologista civil del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar. Doctorado en la Universidad Católica Argentina, politólogo de la Universidad del Salvador, ex secretario de redacción del pasquín de ultraderecha Cabildo, columnista de La Nación y director ejecutivo del diario naval La Nueva Provincia, Vicente Gonzalo María Massot es un hombre coherente. En julio de 1976 exigía “juicios sumarios, pena de muerte dictada por autoridades militares, toque de queda y patrullaje militar en todo el país”. En 1993 abandonó el cargo de viceministro de Defensa por reivindicar el uso de la tortura como legítima herramienta estatal, que a sus alumnos explica con una hipótesis abstracta, de probabilidad remota: “Si hay cien mil personas en un estadio a punto de volar en pedazos y encuentran a quien puso la bomba, ¿lo torturan para que hable?”. A fines de los ‘90 asesoró al gobernador bonaerense Carlos Ruckauf, bajo cuya administración se generalizaron los apremios a personas detenidas por la policía. El 1º de abril, rodeado de militares almidonados, presentó en sociedad un ensayo sobre la violencia política en el que califica a las Madres de Plaza de Mayo y a los desaparecidos como “cabos sueltos” de una “guerra civil y sucia” en la que existieron “excesos inevitables”.
Especialista en descubrir vacíos de poder y potenciales terroristas en cada esquina, Vicente Massot es hijo de Diana Lía Julio Pagano de Massot, directora de La Nueva Provincia desde 1959, nieta del fundador Enrique Julio y admiradora del ex dictador chileno Augusto Pinochet, cuya foto con especial dedicatoria adorna su despacho. Dos directivas la pintan de cuerpo entero: para no mezclarse con la tropa, sus hijos tuvieron siempre prohibida la entrada a la redacción; y su chofer, aunque el calor derrita el asfalto, no está autorizado a sacarse el sombrero. El marino Adolfo Scilingo, amigo de su hijo Federico Christian, fallecido en 1990, explica en su libro ¡Por siempre nunca más! que LNP “ha llegado a formar un monopolio periodístico que no sólo da información sino crea opinión en la mente de los bahienses y fundamentalmente de los oficiales de Puerto Belgrano y del Quinto Cuerpo de Ejército”. Famoso por las cruces esvásticas en los crucigramas de su contratapa, el bahiense es un diario peculiar: sus escribas recurren con seudónimos a la sección Carta de Lectores para dar a conocer sus opiniones, sus empleados tienen prohibido el ingreso con pelo largo o con pantalones cortos, y no se toleran mujeres solteras embarazadas en sus filas.
El libro de Massot, de editorial Emecé, fue presentado en el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales por Julio Bárbaro, Rosendo Fraga y José Luis Peco. Entre los militares retirados sobresalían el ex secretario de Agricultura de la dictadura Jorge Zorreguieta, el director del HSBC Emilio Cárdenas y el empresario Francisco De Narváez. De impecable gomina, Massot presentó al “ex peronista de izquierda” Bárbaro como “un actor presencial de los años de plomo, agudo como pocos”. A su turno, el peronista de la sala alabó a Massot porque “toma la distancia que los argentinos necesitan” para arribar a “un libro logrado” y destacó “la necesidad de que nuestros hijos no repitan los mismos errores”. Bárbaro, mediador del ingreso de Bunge & Born al gobierno de Carlos Menem, no duda en disertar rodeado de los militares que, hasta hoy sin remordimientos, masacraron a sus ex compañeros de la juventud maravillosa.
Almirantes de papel
“Es evidente que las Fuerzas Armadas no tuvieron cabal idea de la naturaleza del conflicto que habían comenzado a librar antes de asumir el gobierno”, afirma en su ensayo un Massot apaciguado, ya sin ánimo de reavivar internas castrenses. Veintisiete años atrás, la familia renegaba por la cobardía de los militares. “Son unos cagones. Tenemos generales, almirantes y brigadieres de papel –le explicaba a Scilingo el más moderado de los Massot, Federico–. No quieren fusilar. No quieren muertos. No quieren tener problemas con la Iglesia. Evitan los inconvenientes y críticas que en su momento vivió Franco en España y Pinochet en Chile. Será una dicta-blanda. Combatirán la subversión sin firmar las sentencias de los muertos. Creo que esto traerá problemas futuros.”
Los editoriales del diario no eran más sutiles: “Es hora de abandonar esta absurda y forzada mentalidad ‘legalista’ que parece querer imponérsenos. (...) Se trata de saber, ahora, si las Fuerzas Armadas están preparadas para asumir la responsabilidad de aquellas medidas urgentes que deben tomarse ya, porque una sociedad harta de desorden y falta de autoridad, pero sobre todo, sin vocación de suicidio, así lo exige: juicios sumarios, pena de muerte dictada por autoridades militares, toque de queda y patrullaje militar en todo el país”. (6-7-76)
Las ejecuciones previo juicio sumario aparecen en el libro como propuesta de “dos distinguidos generales de brigada”, Rodolfo Mujica y Juan Antonio Buasso. Pero “fue descartada por impracticable: ¿cómo justificar miles de fusilamientos ante el clamor que tal práctica levantaría en el mundo?” escribe el frustrado Massot versión 2003. “La metodología escogida fue, pues, descargar sobre los subversivos el terror que ellos habían usado y del que habían abusado. ¿De qué manera? Haciéndolos desaparecer”. La realidad histórica no es como Massot deseó ni como la presenta hoy. Los grupos guerrilleros practicaron el secuestro extorsivo para financiarse, pero no torturaron ni hicieron desaparecer a sus víctimas. Un par de excepciones que se han citado hasta el cansancio no desmienten esta regla. Los miles de desaparecidos, expresión directa de la represión clandestina, son obra exclusiva de las Fuerzas Armadas.
Para Massot las desapariciones forzosas son “el sino histórico de todos los ejércitos clásicos que han debido enfrentar a contingentes guerrilleros”, generalidad que no desarrolla. Los ejemplos constan en otro editorial de 1998 sobre el juicio contra los Grupos Antiterroristas de Liberación en España. Bajo el gozoso título “Represores socialistas” el diario festeja el “empleo de procedimientos irregulares” del gobierno de Felipe González, que incluyó “capturas de terroristas en el extranjero, secuestros, torturas, desapariciones y la eliminación física de combatientes y ‘cerebros’ de la organización terrorista vasca”. Apunta también que las tropas británicas recurrieron a “procedimientos poco ortodoxos” para enfrentar al IRA, y destaca que “el rumbo de una respuesta adecuada” lo marca Israel, al consagrar “una legalidad excepcional, como lo es la extracción de información a los terroristas mediante el apremio físico” (1-6-98). Es una sucesión de falacias.
Los GAL son un caso aislado en una lucha contra la ETA que ya lleva 44 años. Los separa del caso argentino otra diferencia, cuantitativa, pero no menor: los GAL no asesinaron a 30.000 personas, incluyendo al amigo del amigo del amigo, sino a 28 personas vinculadas con el nacionalismo radical vasco, hechos por los cuales fueron juzgados y condenados funcionarios de la cúpula antiterrorista del Ministerio del Interior y jefes de las fuerzas de seguridad durante el mismo gobierno socialista. En Inglaterra acaba de conocerse un informe del comisionado de la policía de Londres, Sir John Stevens, que describe la colaboración de un grupo de inteligencia del ejército con paramilitares de la Asociación para la Defensa del Ulster, de Irlanda del Norte, en el asesinato de católicos a fines de los ‘80. Stevens concluye que el ejército británico no colabora para acabar con el conflicto en la provincia y prometió llevar a los asesinos de uniforme ante la Justicia. El Tribunal Superior de Justicia de Israel prohibió la tortura en septiembre de 1999 porque contrariaba principios humanitarios básicos y acarreaba una profunda deslegitimación internacional al Estado judío. Italia tampoco abandonó los principios del derecho para enfrentar a las Brigadas Rojas, contemporáneas de las guerrillas argentinas. Cuando un servicio de inteligencia le propuso al general Carlo Alberto Dalla Chiesa torturar a un detenido que en apariencia tenía información sobre el secuestro de Aldo Moro, el militar respondió: “Italia puede permitirse perder a Aldo Moro. No, en cambio, implantar la tortura”.
La Nueva Provincia, 1930 vs. 1973
Cuatro décadas antes de la última dictadura militar, LNP no adoraba las botas ni despreciaba la democracia. Al día siguiente del golpe de Uriburu, en 1930, Enrique Julio declaró su “horror por los estallidos del militarismo que engendran dictaduras odiosas”. El peronismo marcó un antes y un después en la historia del diario. Después del triunfo de Cámpora, LNP se declaró defensora “de los derechos y garantías individuales” (18-3-73). Dos meses después clamaba: “¿Qué esperan nuestros hombres de armas para reconocer que la Argentina vive un clima de guerra interna y para proceder en consecuencia sin contemplaciones ni concesiones? Las Fuerzas Armadas tienen la palabra” (2-5-73).
Los Massot tampoco se privaron de elogiar la violencia clandestina de derecha. El diario festejó un comunicado del Comando Central de Seguridad del Movimiento Justicialista según el cual “por cada peronista que caiga a partir del día 28 de mayo de 1973 caerán 10 representantes de la línea izquierdista” y sólo lamentó “que estos aguerridos grupos de argentinos que defienden los colores patrios y reaccionan como hace rato debió hacerlo el país todo contra el ‘trapo rojo’ se vean forzados a accionar en la clandestinidad, jugándose la vida en operativos paramilitares, cuando existen en la república los organismos profesionales y regulares a los que debiera apelar el gobierno para terminar, definitivamente, con la siniestra aventura marxista” (5-6-73).
En 1975 LNP ya marcaba rumbos puntuales para la cacería que implementaría un niño mimado de la casa, el general Adel Vilas: “No caben márgenes para el error. Si hay factores nocivos en la Universidad Nacional del Sur que la adulteran o perturban, deben ser eliminados sin miramientos ni flaquezas” (2-3-75). Massot no se priva en su ensayo de rescatar los métodos de tortura aplicados por el primer jefe del Operativo Independencia, quien “entendió que en San Miguel de Tucumán se decidiría la suerte del combate y decidió golpear al ERP en todos sus flancos, sin atenerse a formas ortodoxas de lucha”, utilizando “el elemento esencial”, que era “obtener información precisa en el menor tiempo posible para luego enderezar contra los integrantes y simpatizantes del ERP el máximo grado de violencia”.
Si la reivindicación de la tortura es coherente con el pensamiento de Massot, la mención explícita a los desaparecidos como resultado natural de la estrategia elegida es atípica en su discurso. El “Proceso de Reorganización Nacional nunca quiso oficializar la guerra –escribe y lamenta–. La disputa no se entabló al son de marchas militares, con ejércitos desplegados disciplinadamente en línea de combate. Fue una ‘guerra sucia’, en cuyo transcurso las tareas de inteligencia resultaron fundamentales y en la cual toda forma de violencia resultó útil. (...) Los miles de desaparecidos (muertos) fueron el resultado de esa estrategia”. Detalle crucial para un académico serio: desaparecidos y, entreparéntesis, muertos. Videla era desvergonzado: “No están ni vivos ni muertos, están desaparecidos”, decía. Con “muertos” entre paréntesis, Massot parece insinuar un rasgo humano, aunque por solidaridad con los camaradas (ya que fuentes no le faltan) no se explaya sobre métodos de masacrar personas ni de ocultar cadáveres. Grosera carencia para un ensayo sobre violencia política.
La “conducción descentralizada” derivó en el surgimiento de “verdaderos ‘señores de la guerra’, dueños de la vida de los militantes –guerrilleros o no– que cayeron en sus manos. Eso dio pie a una serie de excesos”, señala Massot. Líneas después los calificará de “excesos inevitables”. A juzgar por su único ejemplo (la masacre de los curas palotinos) el concepto de excesos del candidato menemista no parece hacer referencia a métodos sino sólo a víctimas insospechadas de cualquier vínculo con la guerrilla. Nunca se escuchó a Massot cuestionar que una mujer sea obligada a parir vendada y maniatada en el piso de un patrullero, que un médico policial le haga expulsar la placenta de una trompada y la obligue desnuda a baldear su habitación. Tampoco se le escuchó objetar la violación de mujeres y niñas, ni que un auto policial se lleve a un bebé de dos años, ni la apropiación de bebés, ni que se asesine a una partera que mediante un anónimo informó del nacimiento de una niña a la familia de una secuestrada.
Derrota política
Cuando las Fuerzas Armadas decidieron “la guerra contra el terrorismo”, se enfrentaron con “un problema insoluble”, escribe hoy Massot: “La misma estrategia de combate prenunciaba, desde sus inicios, lo que iba a suceder: la guerra se ganaría, pero al mismo tiempo, como una verdadera maldición, se perdería la paz al estallar en las narices de los militares esa bomba de tiempo (entonces apenas visualizada) que era ‘la ideología de los derechos humanos’”. Con llamativa discreción, no reclama el mérito de haberlo advertido a tiempo, cuando su diario pedía a gritos juicios sumarios y fusilamientos públicos. Más curiosa es la conclusión del razonamiento, que de no haber existido la tragedia sería sólo graciosa: “El resultado militar de la contienda favoreció a las Fuerzas Armadas. El resultado político, en cambio, a sus adversarios. Se trata de un fenómeno nunca antes visto, por lo menos en el mundo moderno”. Tan poco visto, en verdad, como la decisión de convertir a una fuerza armada en una banda clandestina, sin ética y sin ley.
La “derrota política” según Massot va mucho más allá de la decena de militares presos en sus hogares: apunta a su frustrado anhelo de dictadura perpetua. En 1975 LNP consideró el triunfo de Cámpora un ejemplo de “tiranía del número”, “pura formalidad de un simple acto electoral erigido en ‘esencia de la democracia’” y enfatizó que “la nación está por encima de siete millones de boletas partidarias” (23-11-75). Dos años después, cuando el ministro Eduardo Harguindeguy advirtió a los argentinos que “se olviden de contiendas electorales inmediatas”, el diario de Massot retrucó que para ser “realmente afortunada” la frase “debería haber omitido el último vocablo”. Al no hacerlo, “cualquiera puede hacerse a la idea de que, tiempo antes o tiempo después, el proceso desembocará en una salida política a la antigua usanza” (3-12-77). Al menos para Massot, el triunfo de Menem y su nombramiento en Defensa, aunque obtenidos a la antigua usanza, revertirían la lamentada derrota política.
(Los editoriales citados en esta nota pertenecen a un trabajo realizado por la APDH Bahía Blanca con motivo del centenario de “La Nueva Provincia”)
Lo primero es la familia / recuadro 1
“El Chiva era un guapo, un bacán de pueblo, la oveja negra de la familia”, coinciden sus amigos. Chiva era el apodo de Julio Antonio Infante Julio, primo hermano de Diana Julio. Hombre de la noche, ex integrante de los Comandos Civiles Revolucionarios en 1955, periodista deportivo, dirigente de atletismo y guardavidas, Infante no solía pedir permiso para hablar. “Vilas [segundo comandante del Cuerpo V de Ejército] es un cagón. No se anima a salir sin ocho custodios atrás –comentó en un asado de la Policía Federal–. Hacen mierda a pibes recuperables y a [el sindicalista Rodolfo] Ponce lo encuentran en El Palacio de la Papa Frita y no lo tocan.”El 18 de mayo de 1976 a las 2.40 AM dos vehículos del Ejército cortaron el tránsito en las esquinas de su Bowling Center, a dos cuadras de LNP. Otros tres coches se apostaron frente al local. Más de quince encapuchados con armas largas entraron a tiros a la confitería preguntando por Infante y se lo llevaron moribundo en una camioneta. Al día siguiente el gobernador Ibérico Saint Jean en persona le explicó a la señora que su primo había hablado de más. La familia se llamó a un eterno silencio.El 2 de diciembre, antes de abandonar Bahía Blanca, Vilas visitó la dirección de La Nueva Provincia para despedirse. “¿Cómo decirle adiós a un soldado que hizo que los hombres, mujeres y niños de esta ciudad comenzaran a recobrar la paz y la seguridad que habían perdido?”, escribió el diario al día siguiente. “Nos estaban arrancando algo vital, uno de los ejemplos del país que queremos ganar para las futuras generaciones. Quizá nadie lo dijo, pero todos lo pensamos: hasta pronto, soldado.”
Fines ocultos / recuadro 2
Mientras los redactores de La Nueva Provincia publicaban comunicados oficiales y editoriales pidiendo “limpiar la ciudad”, un grupo de obreros de la imprenta enfrentó a la empresa durante los años previos al golpe. El costo: secuestro, tortura y asesinato del maquinista Enrique Heinrich y del estereotipista Miguel Angel Loyola, secretario general y tesorero del Sindicato de Artes Gráficas de Bahía Blanca.En abril de 1975 los seis gremios que representaban a los trabajadores del monopolio resolvieron en asamblea un paro por tiempo indeterminado. La medida “rompe el intento de diálogo”, explicó el asistente de dirección Federico Massot al delegado del Ministerio de Trabajo Américo De Luca. Tan abierto era el diálogo que Diana Julio se negaba a compartir una oficina con sindicalistas. En medio de referencias a Heinrich y Loyola, Massot destacó los “fines políticos inconfesos” que ocasionan “un grave daño a la Nación (sic) al alterar la tranquilidad pública que ve, alarmada, la repetición de estas medidas de fuerza”.Un año después, tras el golpe y nuevos despidos, Adel Vilas puso la casa en orden. Loyola, 28 años, fue secuestrado el 30 de junio de 1976. Los integrantes del grupo de tareas que lo esperaron en su domicilio le inyectaron somníferos a las siete personas que había en su casa, incluida la mujer del obrero, embarazada. Por la mañana, cuando despertaron, Loyola ya no estaba. A las cuatro de la madrugada la banda fue en busca de Heinrich, 31 años, recién llegado del diario. Vivía con su esposa y cinco hijos en una casa de un dormitorio. Rompieron la puerta a patadas y cuatro hombres armados entraron a la habitación. “Somos de la Federal”, dijeron. Los chicos lloraban y la mujer luchaba para detenerlos. Heinrich pidió que no le pegaran delante de sus hijos. LNP no informó de los secuestros. El domingo 4 de julio los dos cadáveres aparecieron en un paraje a 17 kilómetros de Bahía Blanca, maniatados por la espalda y destrozados a tiros. Alrededor había 52 vainas calibre 9 milímetros. Dos días después, bajo el título “Son investigados dos homicidios”, algún valiente compañerode redacción aclaró en su breve crónica: “Se desempeñaban en la sección talleres de este diario”.Aún hoy la empresa no cesa en su lucha por garantizar los derechos laborales. En febrero la Cámara Federal local rechazó un recurso de amparo del hombre de confianza Domingo Mario Marra, que dada la “grave” situación económica de Radio Bahía Blanca pretendía no pagar los cien pesos de “asignación no remunerativa de carácter alimentario” decretada por Duhalde. Carece de “ilegalidad o ilegitimidad”, escribió la Cámara. Antes, el fiscal general Hugo Cañón dictaminó que las circunstancias planteadas “afectan también la economía familiar, situación de mayor gravedad en tanto se trata de la subsistencia de un trabajador asalariado y la de las personas que de él dependen”. Y “no corresponde” que los empleados soporten “las supuestas pérdidas de la empresa en tanto tampoco se ha participado a los asalariados en las utilidades”.
Rey Momo /recuadro 3
Días antes del golpe de 1976, cuando por primera vez Carlos Menem se ofreció para presidir el país, La Nueva Provincia tituló “Argentina insólita: Menem Candidato a la Presidencia” (6-3-76). El editorial lo definió como “ventajero”, descalificó su “desparpajo sin par”, “en la cumbre de lo grotesco”, y con humor escribió: “Estando en marcha la celebración de Carnaval, la novedad, considerada bajo tal aspecto, podría asimilarse sin sobresaltos, entendiendo que acontecimientos de esa naturaleza contribuirían al resurgimiento de la fiesta del rey Momo”. Doce años después, mientras la figura de Menem crecía, Vicente Massot escribió en La Prensa: “Si bien nadie –por simples razones elementales– se anima a decirlo abiertamente, o siquiera a escribirlo blanco sobre negro, todos piensan lo mismo: ¿Cómo pueden las masas seguir a tamaño personaje?” (1-12-88). En 1993 Vicente Massot asumió como viceministro de Defensa de Carlos Menem.
LA FILOSOFIA DEL CANDIDATO A MINISTRO DE DEFENSA DE MENEM
Si gana las elecciones, el riojano está considerando poner al frente de Defensa a Vicente Massot, el dueño del diario “La Nueva Provincia”, de Bahía Blanca, y ex secretario de la revista fascista “Cabildo”. Massot es un apologista del terrorismo de Estado que pedía fusilamientos y dictadura eterna, y sigue reivindicando la tortura.
“A ‘Le Monde’, un diario blanduzco y baboso, identificado con las izquierdas rosadas, las botas le causan un horror visceral (...) Prefiere el tercer sexo al sexo masculino, el color rosa al celeste y, lógicamente, las chancletas a las botas.” (Vicente G. M. Massot, “La obsesión del fascismo”, Cabildo, 7-2-74)
Por Diego Martínez
El principal candidato a ocupar el Ministerio de Defensa ante un eventual triunfo de Carlos Menem es tal vez el mayor apologista civil del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar. Doctorado en la Universidad Católica Argentina, politólogo de la Universidad del Salvador, ex secretario de redacción del pasquín de ultraderecha Cabildo, columnista de La Nación y director ejecutivo del diario naval La Nueva Provincia, Vicente Gonzalo María Massot es un hombre coherente. En julio de 1976 exigía “juicios sumarios, pena de muerte dictada por autoridades militares, toque de queda y patrullaje militar en todo el país”. En 1993 abandonó el cargo de viceministro de Defensa por reivindicar el uso de la tortura como legítima herramienta estatal, que a sus alumnos explica con una hipótesis abstracta, de probabilidad remota: “Si hay cien mil personas en un estadio a punto de volar en pedazos y encuentran a quien puso la bomba, ¿lo torturan para que hable?”. A fines de los ‘90 asesoró al gobernador bonaerense Carlos Ruckauf, bajo cuya administración se generalizaron los apremios a personas detenidas por la policía. El 1º de abril, rodeado de militares almidonados, presentó en sociedad un ensayo sobre la violencia política en el que califica a las Madres de Plaza de Mayo y a los desaparecidos como “cabos sueltos” de una “guerra civil y sucia” en la que existieron “excesos inevitables”.
Especialista en descubrir vacíos de poder y potenciales terroristas en cada esquina, Vicente Massot es hijo de Diana Lía Julio Pagano de Massot, directora de La Nueva Provincia desde 1959, nieta del fundador Enrique Julio y admiradora del ex dictador chileno Augusto Pinochet, cuya foto con especial dedicatoria adorna su despacho. Dos directivas la pintan de cuerpo entero: para no mezclarse con la tropa, sus hijos tuvieron siempre prohibida la entrada a la redacción; y su chofer, aunque el calor derrita el asfalto, no está autorizado a sacarse el sombrero. El marino Adolfo Scilingo, amigo de su hijo Federico Christian, fallecido en 1990, explica en su libro ¡Por siempre nunca más! que LNP “ha llegado a formar un monopolio periodístico que no sólo da información sino crea opinión en la mente de los bahienses y fundamentalmente de los oficiales de Puerto Belgrano y del Quinto Cuerpo de Ejército”. Famoso por las cruces esvásticas en los crucigramas de su contratapa, el bahiense es un diario peculiar: sus escribas recurren con seudónimos a la sección Carta de Lectores para dar a conocer sus opiniones, sus empleados tienen prohibido el ingreso con pelo largo o con pantalones cortos, y no se toleran mujeres solteras embarazadas en sus filas.
El libro de Massot, de editorial Emecé, fue presentado en el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales por Julio Bárbaro, Rosendo Fraga y José Luis Peco. Entre los militares retirados sobresalían el ex secretario de Agricultura de la dictadura Jorge Zorreguieta, el director del HSBC Emilio Cárdenas y el empresario Francisco De Narváez. De impecable gomina, Massot presentó al “ex peronista de izquierda” Bárbaro como “un actor presencial de los años de plomo, agudo como pocos”. A su turno, el peronista de la sala alabó a Massot porque “toma la distancia que los argentinos necesitan” para arribar a “un libro logrado” y destacó “la necesidad de que nuestros hijos no repitan los mismos errores”. Bárbaro, mediador del ingreso de Bunge & Born al gobierno de Carlos Menem, no duda en disertar rodeado de los militares que, hasta hoy sin remordimientos, masacraron a sus ex compañeros de la juventud maravillosa.
Almirantes de papel
“Es evidente que las Fuerzas Armadas no tuvieron cabal idea de la naturaleza del conflicto que habían comenzado a librar antes de asumir el gobierno”, afirma en su ensayo un Massot apaciguado, ya sin ánimo de reavivar internas castrenses. Veintisiete años atrás, la familia renegaba por la cobardía de los militares. “Son unos cagones. Tenemos generales, almirantes y brigadieres de papel –le explicaba a Scilingo el más moderado de los Massot, Federico–. No quieren fusilar. No quieren muertos. No quieren tener problemas con la Iglesia. Evitan los inconvenientes y críticas que en su momento vivió Franco en España y Pinochet en Chile. Será una dicta-blanda. Combatirán la subversión sin firmar las sentencias de los muertos. Creo que esto traerá problemas futuros.”
Los editoriales del diario no eran más sutiles: “Es hora de abandonar esta absurda y forzada mentalidad ‘legalista’ que parece querer imponérsenos. (...) Se trata de saber, ahora, si las Fuerzas Armadas están preparadas para asumir la responsabilidad de aquellas medidas urgentes que deben tomarse ya, porque una sociedad harta de desorden y falta de autoridad, pero sobre todo, sin vocación de suicidio, así lo exige: juicios sumarios, pena de muerte dictada por autoridades militares, toque de queda y patrullaje militar en todo el país”. (6-7-76)
Las ejecuciones previo juicio sumario aparecen en el libro como propuesta de “dos distinguidos generales de brigada”, Rodolfo Mujica y Juan Antonio Buasso. Pero “fue descartada por impracticable: ¿cómo justificar miles de fusilamientos ante el clamor que tal práctica levantaría en el mundo?” escribe el frustrado Massot versión 2003. “La metodología escogida fue, pues, descargar sobre los subversivos el terror que ellos habían usado y del que habían abusado. ¿De qué manera? Haciéndolos desaparecer”. La realidad histórica no es como Massot deseó ni como la presenta hoy. Los grupos guerrilleros practicaron el secuestro extorsivo para financiarse, pero no torturaron ni hicieron desaparecer a sus víctimas. Un par de excepciones que se han citado hasta el cansancio no desmienten esta regla. Los miles de desaparecidos, expresión directa de la represión clandestina, son obra exclusiva de las Fuerzas Armadas.
Para Massot las desapariciones forzosas son “el sino histórico de todos los ejércitos clásicos que han debido enfrentar a contingentes guerrilleros”, generalidad que no desarrolla. Los ejemplos constan en otro editorial de 1998 sobre el juicio contra los Grupos Antiterroristas de Liberación en España. Bajo el gozoso título “Represores socialistas” el diario festeja el “empleo de procedimientos irregulares” del gobierno de Felipe González, que incluyó “capturas de terroristas en el extranjero, secuestros, torturas, desapariciones y la eliminación física de combatientes y ‘cerebros’ de la organización terrorista vasca”. Apunta también que las tropas británicas recurrieron a “procedimientos poco ortodoxos” para enfrentar al IRA, y destaca que “el rumbo de una respuesta adecuada” lo marca Israel, al consagrar “una legalidad excepcional, como lo es la extracción de información a los terroristas mediante el apremio físico” (1-6-98). Es una sucesión de falacias.
Los GAL son un caso aislado en una lucha contra la ETA que ya lleva 44 años. Los separa del caso argentino otra diferencia, cuantitativa, pero no menor: los GAL no asesinaron a 30.000 personas, incluyendo al amigo del amigo del amigo, sino a 28 personas vinculadas con el nacionalismo radical vasco, hechos por los cuales fueron juzgados y condenados funcionarios de la cúpula antiterrorista del Ministerio del Interior y jefes de las fuerzas de seguridad durante el mismo gobierno socialista. En Inglaterra acaba de conocerse un informe del comisionado de la policía de Londres, Sir John Stevens, que describe la colaboración de un grupo de inteligencia del ejército con paramilitares de la Asociación para la Defensa del Ulster, de Irlanda del Norte, en el asesinato de católicos a fines de los ‘80. Stevens concluye que el ejército británico no colabora para acabar con el conflicto en la provincia y prometió llevar a los asesinos de uniforme ante la Justicia. El Tribunal Superior de Justicia de Israel prohibió la tortura en septiembre de 1999 porque contrariaba principios humanitarios básicos y acarreaba una profunda deslegitimación internacional al Estado judío. Italia tampoco abandonó los principios del derecho para enfrentar a las Brigadas Rojas, contemporáneas de las guerrillas argentinas. Cuando un servicio de inteligencia le propuso al general Carlo Alberto Dalla Chiesa torturar a un detenido que en apariencia tenía información sobre el secuestro de Aldo Moro, el militar respondió: “Italia puede permitirse perder a Aldo Moro. No, en cambio, implantar la tortura”.
La Nueva Provincia, 1930 vs. 1973
Cuatro décadas antes de la última dictadura militar, LNP no adoraba las botas ni despreciaba la democracia. Al día siguiente del golpe de Uriburu, en 1930, Enrique Julio declaró su “horror por los estallidos del militarismo que engendran dictaduras odiosas”. El peronismo marcó un antes y un después en la historia del diario. Después del triunfo de Cámpora, LNP se declaró defensora “de los derechos y garantías individuales” (18-3-73). Dos meses después clamaba: “¿Qué esperan nuestros hombres de armas para reconocer que la Argentina vive un clima de guerra interna y para proceder en consecuencia sin contemplaciones ni concesiones? Las Fuerzas Armadas tienen la palabra” (2-5-73).
Los Massot tampoco se privaron de elogiar la violencia clandestina de derecha. El diario festejó un comunicado del Comando Central de Seguridad del Movimiento Justicialista según el cual “por cada peronista que caiga a partir del día 28 de mayo de 1973 caerán 10 representantes de la línea izquierdista” y sólo lamentó “que estos aguerridos grupos de argentinos que defienden los colores patrios y reaccionan como hace rato debió hacerlo el país todo contra el ‘trapo rojo’ se vean forzados a accionar en la clandestinidad, jugándose la vida en operativos paramilitares, cuando existen en la república los organismos profesionales y regulares a los que debiera apelar el gobierno para terminar, definitivamente, con la siniestra aventura marxista” (5-6-73).
En 1975 LNP ya marcaba rumbos puntuales para la cacería que implementaría un niño mimado de la casa, el general Adel Vilas: “No caben márgenes para el error. Si hay factores nocivos en la Universidad Nacional del Sur que la adulteran o perturban, deben ser eliminados sin miramientos ni flaquezas” (2-3-75). Massot no se priva en su ensayo de rescatar los métodos de tortura aplicados por el primer jefe del Operativo Independencia, quien “entendió que en San Miguel de Tucumán se decidiría la suerte del combate y decidió golpear al ERP en todos sus flancos, sin atenerse a formas ortodoxas de lucha”, utilizando “el elemento esencial”, que era “obtener información precisa en el menor tiempo posible para luego enderezar contra los integrantes y simpatizantes del ERP el máximo grado de violencia”.
Si la reivindicación de la tortura es coherente con el pensamiento de Massot, la mención explícita a los desaparecidos como resultado natural de la estrategia elegida es atípica en su discurso. El “Proceso de Reorganización Nacional nunca quiso oficializar la guerra –escribe y lamenta–. La disputa no se entabló al son de marchas militares, con ejércitos desplegados disciplinadamente en línea de combate. Fue una ‘guerra sucia’, en cuyo transcurso las tareas de inteligencia resultaron fundamentales y en la cual toda forma de violencia resultó útil. (...) Los miles de desaparecidos (muertos) fueron el resultado de esa estrategia”. Detalle crucial para un académico serio: desaparecidos y, entreparéntesis, muertos. Videla era desvergonzado: “No están ni vivos ni muertos, están desaparecidos”, decía. Con “muertos” entre paréntesis, Massot parece insinuar un rasgo humano, aunque por solidaridad con los camaradas (ya que fuentes no le faltan) no se explaya sobre métodos de masacrar personas ni de ocultar cadáveres. Grosera carencia para un ensayo sobre violencia política.
La “conducción descentralizada” derivó en el surgimiento de “verdaderos ‘señores de la guerra’, dueños de la vida de los militantes –guerrilleros o no– que cayeron en sus manos. Eso dio pie a una serie de excesos”, señala Massot. Líneas después los calificará de “excesos inevitables”. A juzgar por su único ejemplo (la masacre de los curas palotinos) el concepto de excesos del candidato menemista no parece hacer referencia a métodos sino sólo a víctimas insospechadas de cualquier vínculo con la guerrilla. Nunca se escuchó a Massot cuestionar que una mujer sea obligada a parir vendada y maniatada en el piso de un patrullero, que un médico policial le haga expulsar la placenta de una trompada y la obligue desnuda a baldear su habitación. Tampoco se le escuchó objetar la violación de mujeres y niñas, ni que un auto policial se lleve a un bebé de dos años, ni la apropiación de bebés, ni que se asesine a una partera que mediante un anónimo informó del nacimiento de una niña a la familia de una secuestrada.
Derrota política
Cuando las Fuerzas Armadas decidieron “la guerra contra el terrorismo”, se enfrentaron con “un problema insoluble”, escribe hoy Massot: “La misma estrategia de combate prenunciaba, desde sus inicios, lo que iba a suceder: la guerra se ganaría, pero al mismo tiempo, como una verdadera maldición, se perdería la paz al estallar en las narices de los militares esa bomba de tiempo (entonces apenas visualizada) que era ‘la ideología de los derechos humanos’”. Con llamativa discreción, no reclama el mérito de haberlo advertido a tiempo, cuando su diario pedía a gritos juicios sumarios y fusilamientos públicos. Más curiosa es la conclusión del razonamiento, que de no haber existido la tragedia sería sólo graciosa: “El resultado militar de la contienda favoreció a las Fuerzas Armadas. El resultado político, en cambio, a sus adversarios. Se trata de un fenómeno nunca antes visto, por lo menos en el mundo moderno”. Tan poco visto, en verdad, como la decisión de convertir a una fuerza armada en una banda clandestina, sin ética y sin ley.
La “derrota política” según Massot va mucho más allá de la decena de militares presos en sus hogares: apunta a su frustrado anhelo de dictadura perpetua. En 1975 LNP consideró el triunfo de Cámpora un ejemplo de “tiranía del número”, “pura formalidad de un simple acto electoral erigido en ‘esencia de la democracia’” y enfatizó que “la nación está por encima de siete millones de boletas partidarias” (23-11-75). Dos años después, cuando el ministro Eduardo Harguindeguy advirtió a los argentinos que “se olviden de contiendas electorales inmediatas”, el diario de Massot retrucó que para ser “realmente afortunada” la frase “debería haber omitido el último vocablo”. Al no hacerlo, “cualquiera puede hacerse a la idea de que, tiempo antes o tiempo después, el proceso desembocará en una salida política a la antigua usanza” (3-12-77). Al menos para Massot, el triunfo de Menem y su nombramiento en Defensa, aunque obtenidos a la antigua usanza, revertirían la lamentada derrota política.
(Los editoriales citados en esta nota pertenecen a un trabajo realizado por la APDH Bahía Blanca con motivo del centenario de “La Nueva Provincia”)
Lo primero es la familia / recuadro 1
“El Chiva era un guapo, un bacán de pueblo, la oveja negra de la familia”, coinciden sus amigos. Chiva era el apodo de Julio Antonio Infante Julio, primo hermano de Diana Julio. Hombre de la noche, ex integrante de los Comandos Civiles Revolucionarios en 1955, periodista deportivo, dirigente de atletismo y guardavidas, Infante no solía pedir permiso para hablar. “Vilas [segundo comandante del Cuerpo V de Ejército] es un cagón. No se anima a salir sin ocho custodios atrás –comentó en un asado de la Policía Federal–. Hacen mierda a pibes recuperables y a [el sindicalista Rodolfo] Ponce lo encuentran en El Palacio de la Papa Frita y no lo tocan.”El 18 de mayo de 1976 a las 2.40 AM dos vehículos del Ejército cortaron el tránsito en las esquinas de su Bowling Center, a dos cuadras de LNP. Otros tres coches se apostaron frente al local. Más de quince encapuchados con armas largas entraron a tiros a la confitería preguntando por Infante y se lo llevaron moribundo en una camioneta. Al día siguiente el gobernador Ibérico Saint Jean en persona le explicó a la señora que su primo había hablado de más. La familia se llamó a un eterno silencio.El 2 de diciembre, antes de abandonar Bahía Blanca, Vilas visitó la dirección de La Nueva Provincia para despedirse. “¿Cómo decirle adiós a un soldado que hizo que los hombres, mujeres y niños de esta ciudad comenzaran a recobrar la paz y la seguridad que habían perdido?”, escribió el diario al día siguiente. “Nos estaban arrancando algo vital, uno de los ejemplos del país que queremos ganar para las futuras generaciones. Quizá nadie lo dijo, pero todos lo pensamos: hasta pronto, soldado.”
Fines ocultos / recuadro 2
Mientras los redactores de La Nueva Provincia publicaban comunicados oficiales y editoriales pidiendo “limpiar la ciudad”, un grupo de obreros de la imprenta enfrentó a la empresa durante los años previos al golpe. El costo: secuestro, tortura y asesinato del maquinista Enrique Heinrich y del estereotipista Miguel Angel Loyola, secretario general y tesorero del Sindicato de Artes Gráficas de Bahía Blanca.En abril de 1975 los seis gremios que representaban a los trabajadores del monopolio resolvieron en asamblea un paro por tiempo indeterminado. La medida “rompe el intento de diálogo”, explicó el asistente de dirección Federico Massot al delegado del Ministerio de Trabajo Américo De Luca. Tan abierto era el diálogo que Diana Julio se negaba a compartir una oficina con sindicalistas. En medio de referencias a Heinrich y Loyola, Massot destacó los “fines políticos inconfesos” que ocasionan “un grave daño a la Nación (sic) al alterar la tranquilidad pública que ve, alarmada, la repetición de estas medidas de fuerza”.Un año después, tras el golpe y nuevos despidos, Adel Vilas puso la casa en orden. Loyola, 28 años, fue secuestrado el 30 de junio de 1976. Los integrantes del grupo de tareas que lo esperaron en su domicilio le inyectaron somníferos a las siete personas que había en su casa, incluida la mujer del obrero, embarazada. Por la mañana, cuando despertaron, Loyola ya no estaba. A las cuatro de la madrugada la banda fue en busca de Heinrich, 31 años, recién llegado del diario. Vivía con su esposa y cinco hijos en una casa de un dormitorio. Rompieron la puerta a patadas y cuatro hombres armados entraron a la habitación. “Somos de la Federal”, dijeron. Los chicos lloraban y la mujer luchaba para detenerlos. Heinrich pidió que no le pegaran delante de sus hijos. LNP no informó de los secuestros. El domingo 4 de julio los dos cadáveres aparecieron en un paraje a 17 kilómetros de Bahía Blanca, maniatados por la espalda y destrozados a tiros. Alrededor había 52 vainas calibre 9 milímetros. Dos días después, bajo el título “Son investigados dos homicidios”, algún valiente compañerode redacción aclaró en su breve crónica: “Se desempeñaban en la sección talleres de este diario”.Aún hoy la empresa no cesa en su lucha por garantizar los derechos laborales. En febrero la Cámara Federal local rechazó un recurso de amparo del hombre de confianza Domingo Mario Marra, que dada la “grave” situación económica de Radio Bahía Blanca pretendía no pagar los cien pesos de “asignación no remunerativa de carácter alimentario” decretada por Duhalde. Carece de “ilegalidad o ilegitimidad”, escribió la Cámara. Antes, el fiscal general Hugo Cañón dictaminó que las circunstancias planteadas “afectan también la economía familiar, situación de mayor gravedad en tanto se trata de la subsistencia de un trabajador asalariado y la de las personas que de él dependen”. Y “no corresponde” que los empleados soporten “las supuestas pérdidas de la empresa en tanto tampoco se ha participado a los asalariados en las utilidades”.
Rey Momo /recuadro 3
Días antes del golpe de 1976, cuando por primera vez Carlos Menem se ofreció para presidir el país, La Nueva Provincia tituló “Argentina insólita: Menem Candidato a la Presidencia” (6-3-76). El editorial lo definió como “ventajero”, descalificó su “desparpajo sin par”, “en la cumbre de lo grotesco”, y con humor escribió: “Estando en marcha la celebración de Carnaval, la novedad, considerada bajo tal aspecto, podría asimilarse sin sobresaltos, entendiendo que acontecimientos de esa naturaleza contribuirían al resurgimiento de la fiesta del rey Momo”. Doce años después, mientras la figura de Menem crecía, Vicente Massot escribió en La Prensa: “Si bien nadie –por simples razones elementales– se anima a decirlo abiertamente, o siquiera a escribirlo blanco sobre negro, todos piensan lo mismo: ¿Cómo pueden las masas seguir a tamaño personaje?” (1-12-88). En 1993 Vicente Massot asumió como viceministro de Defensa de Carlos Menem.
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