El
empresario Vicente Massot, imputado por delitos de lesa humanidad en Bahía
Blanca, admitió el año pasado su actuación en lo que él denomina “guerra civil
de los años ‘70” y el resto del mundo define como genocidio o terrorismo de
Estado. “Yo no era un bebé de pecho. Y yo también tuve participación en esos
hechos”, dijo el director del diario La Nueva Provincia, rodeado de amigos, durante
la presentación de su libro El cielo por asalto. Fue el 25 de abril, dos
semanas antes de que los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani pidieran su
detención para indagarlo. Menos sonriente que aquella tarde y lejos de los
tiempos en que se paseaba ostentando armas por los pasillos de la empresa de la
familia, el martes último le temblaban las manos mientras guardaba el DNI con
el que debió acreditar su identidad como imputado y por la ventana del juzgado se
filtraban las voces de un centenar de bahienses que cantaban “Massot, fascista,
vos sos el terrorista”. El juez federal subrogante Alvaro Coleffi declaró el
secreto de sumario en la causa y ahora analiza el los pedidos del Ministerio
Público Fiscal.
Columnista del diario La Nación y profesor
titular de Historia en el doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad
Católica Argentina (UCA), Massot está imputado por el rol de LNP como auxiliar
de la inteligencia militar en las operaciones de acción psicológica al servicio
del genocidio y como coautor de los asesinatos de los obreros gráficos Enrique
Heinrich y Miguel Angel Loyola, delegados y dirigentes del Sindicato de Artes
Gráficas de Bahía Blanca. La acusación, sobre la que este cronista informó en
detalle en mayo del año pasado, incluía a su mamá Diana Julio de Massot, a su
hermano Federico y al ex jefe de redacción Mario Gabrielli, pero los tres
murieron impunes.
“Voy a empezar diciendo lo que no quise
escribir, aquello que conscientemente traté --si con éxito o sin éxito
no me toca a mí juzgarlo-- de exorcizar al momento de tomar la pluma”, arrancó Massot
su exposición en el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI),
secundado por sus admiradores Julio Bárbaro y Abel Posse. “Lo que no quise
hacer es fulminar condenas, levantar cadalsos, cargar a uno u otro contendiente
con culpas. No porque no tenga una idea acabada, pero que vale solamente para mí,
de los hechos que jalonaron la vida Argentina hace 40 años”, agregó en tono
solemne. “Yo no era un bebé de pecho. Y
yo también tuve participación en esos hechos”, confesó ante un auditorio
de militares retirados que incluyó en primera fila al ex intendente bahiense
Cristian Breitenstein, actual ministro de la Producción de Daniel Scioli. Sus
palabras las registró el periodista Federico Randazzo, que investiga la
historia del diario.
Massot es
socio de LNP desde 1974, cuando tenía 22 años y era un activo militante del
nacionalismo católico. En 1970 había participado de la creación de la
organización integrista Guardia de San Miguel, apuntó Luis Fernando Beraza en
su libro Nacionalistas. La trayectoria política de un grupo polémico. En
mayo de 1973, una semana antes de la asunción del presidente Cámpora, publicó
el primer número de la revista Cabildo. Antes que secretario de redacción fue
su “inspirador y financista” gracias a un préstamo de LNP (léase de su madre), contó
Horacio Verbitsky en su libro Vigilia de armas. Cabildo, donde hizo
pública su admiración al fascismo, nació “con el objetivo de aglutinar a las fuerzas
nacionalistas dispersas”, explicó Beraza. Su influencia “fue fundamentalmente
ideológica en muchos sectores de las Fuerzas Armadas y de la Iglesia católica,
que coincidían en general en el combate contra el montonerismo y el guevarismo
erpiano”, escribió. Igual que LNP, fue “un espacio donde llegaban y se
publicaban informaciones de los servicios de inteligencia”.
Cuando
el peronismo clausuró Cabildo sus responsables sacaron El Fortín, que también
fue cerrada por “atentar contra la institucionalidad”. Entre junio del ‘75 y
hasta el mes previo al golpe de Estado, Massot escribió en Restauración, también
abocada a promover la toma del poder por las fuerzas armadas. Las tres revistas
por las que pasó apuntaron a “legitimar la destrucción del orden
democrático y su reemplazo por soluciones de corte autoritario y jerárquico”, resumió
la historiadora Patricia Orbe en su ponencia Entre mitines y misas. La revista Cabildo y la red de sociabilidad
nacionalista católica (1973-1976).
Entrevistado por la historiadora Belén Zapata
cuando ya se sabía imputado, Massot dijo que su primer cargo en LNP fue “en
marzo de 1976 como redactor editorialista”. Dos años antes, sin embargo, la revista
Militancia había dejado constancia de su influencia en la línea editorial del
diario. “El nacionalismo ultrafascistoide le ‘brotó’ a LNP cuando uno de los
nenes (el que está en el fino humor de Cabildo) comenzó a incursionar en el
‘periodismo’”, apuntó la publicación que dirigían Eduardo Luis Duhalde y
Rodolfo Ortega Peña, asesinado ese año por la Triple A. Antes, sin nombrarlo,
informaron que Diana Julio tenía tres hijos, “uno de los cuales es secretario
de redacción de la revista político-humorística de extrema derecha” (“La Nueva
Provincia de Bahía Blanca. A veces comediante pero nunca mártir. Militancia,
número 36, marzo de 1974).
La escritura no le impidió poner el cuerpo a
las batallas de la familia en el pago chico. Los gráficos de LNP recuerdan al “Colorado”
en reuniones ante el Ministerio de Trabajo, con armas para amedrentarlos en los
pasillos de la empresa y provocándolos para que “hagan paro ahora” el día del
golpe de Estado. El 28 de septiembre de 1975 la mamá le encomendó ante
escribano “todo trato con el personal”. Poco antes un editorial del diario había
anunciado que “LNP se encuentra en guerra” y se había presentado como víctima
de “la infiltración más radicalizada”. Por esos meses la sección informaciones
de Prefectura zona Atlántico Norte elaboró su informe sobre “guerrilla
sindical” en LNP, que concluyó con una lista de “personal a ser raleado” (sic).
La encabezaban Heinrich y Loyola e incluía las direcciones de las casas donde
los secuestraron para torturarlos y matarlos.
Consumado el derrocamiento del gobierno, Massot
dijo haber hecho la conscripción en Campo de Mayo, el Primer Cuerpo de Ejército
y la Capellanía Mayor Castrense, datos que este cronista intentó corroborar sin
suerte. Sí hay constancias de sus servicios a Ramón Camps & Miguel
Etchecolatz (ver “Compañero Camps”) y de su paso por la ESMA: el ex capitán
Adolfo Scilingo, amigo de su hermano Federico, lo recuerda visitando al
almirante Rubén Chamorro, director de la ESMA, en la planta baja del Casino de
Oficiales por el que pasaron miles de desaparecidos.
Hasta el momento Massot sólo está imputado en
Bahía Blanca. Los jueces foráneos que encabezaron los dos procesos de lesa
humanidad en la ciudad no dudaron en poner la lupa sobre La Nueva Provincia:
destacaron su “campaña de desinformación y propaganda negra” para “imponer la
versión de los victimarios” y crear “un estado de anomia legal en la sociedad
que permitió el ejercicio brutal de violencia irracional” desde el Estado, y
ordenaron investigar a sus directivos. La actuación de los jueces locales fue
la que permitió morir impune a Gabrielli y ganar tiempo a Massot. El juez subrogante
Santiago Martínez sostuvo que las pruebas no permitían ni siquiera hablar “de
algún grado de complicidad” y se negó a indagarlo. La Cámara Federal se tomó un
semestre para reflexionar, no se animó a tanto pero ideó una original maniobra
para que Massot pudiera exponer como imputado (con derecho a mentir) antes de
prestar declaración indagatoria. Ese paso se concretó seis días atrás e incluyó
una absurda puesta en escena con calles cortadas, vallas, perros, prefectos,
servicios y policías pertrechados para la guerra. El juez Coleffi dictó el
secreto de sumario y ahora deberá pronunciarse. La dirigencia política de Bahía
Blanca mantiene un estruendoso silencio.
Compañero Camps
Por D.M.
“En marzo de 1977 me hago cargo de la oficina del diario en Buenos Aires”, dijo Vicente Massot en la entrevista con la historiadora Belén Zapata. El dato podría ser relevante para quienes investigan delitos de lesa humanidad en La Plata. En los primeros días de abril de 1977 La Nueva Provincia publicó como primicia la relación entre Montoneros y el banquero David Graiver. El trasfondo de la información que presentaban como “investigación de la policía de la provincia de Buenos Aires” eran secuestros e interrogatorios bajo tortura en los centros clandestinos del coronel Ramón Camps. LNP “actuaba como vocero de Suárez Mason y Camps”, sintetizó Graciela Mochkofsky en su biografía de Jacobo Timerman. El general Agustín Lanusse, que en esos días se entrevistó con el dictador Jorge Videla para indagar sobre el paradero de su ex secretario Edgardo Sajón, fue el primero en advertirlo públicamente: le escribió una carta abierta a la directora de LNP indagando por sus fuentes de información. Ante la negativa de Diana Julio de Massot, que aprovechó la oportunidad para vincular a Lanusse con la guerrilla, le respondió que no tenía interés en polemizar pero le insistió para que dijera cuáles eran las fuentes. “Estoy hablando de investigaciones y no de secuestro, no de aplicación de procedimientos ilegales, no de procedimientos ‘por izquierda’”, agregó para dejar en evidencia que los datos se los aportaban los torturadores. Las notas sobre la “investigación” de Camps & Etchecolatz no eran de agencias de noticias sino “de nuestra agencia” en Buenos Aires, a cargo de Vicente Massot.