La Cámara Federal de Bahía Blanca dejó cesante a Alvaro Coleffi, el primer funcionario del poder judicial local que avanzó en las investigaciones a la Iglesia católica y a los dueños de La Nueva Provincia por su participación en el terrorismo de Estado.
Por Diego
Martínez
El
primer funcionario del Poder Judicial de Bahía Blanca que se animó a investigar
la participación de la Iglesia Católica y de los dueños de La Nueva Provincia
en el terrorismo de Estado es desde el jueves un desempleado. Se trata de
Alvaro Coleffi, un secretario que como juez federal ad hoc pidió la captura
internacional del ex capellán Aldo Vara, procesó al arzobispo bahiense
Guillermo Garlatti por encubrir a Vara mientras estaba prófugo, ordenó allanar
La Nueva Provincia y finalmente indagó a su director, el empresario Vicente
Massot. La Cámara Federal de Bahía Blanca, a partir de un sumario diseñado por
el ex agente de Inteligencia de la dictadura Néstor Luis Montezanti, concluyó
que existe una “pérdida insalvable de confianza” en Coleffi y lo dejó cesante.
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| Alvaro Coleffi y Vicente Massot |
Coleffi
es un funcionario de carrera que no proviene de la familia judicial bahiense y
que nunca había recibido una sanción o apercibimiento. La denuncia que derivó
en el sumario y en una causa penal la presentó Santiago Martínez, quien como juez
ad hoc fue su antítesis: nunca encontró pruebas contra los civiles imputados
por el Ministerio Público por sus servicios al Estado terrorista: ni a Massot,
ni a Vara, ni a Hugo Mario Sierra, el secretario del juzgado durante la
dictadura. En una llamativa coincidencia, Coleffi se enteró de la denuncia en
su contra el 11 de noviembre pasado, minutos antes de que comenzara la
indagatoria a Massot, y por medio de LU2, la radio del empresario.
Martínez
denunció a Coleffi como supuesto responsable de la filtración a un sitio web de
escuchas telefónicas secretas en el marco de la investigación por tráfico
ilegal de drogas contra Juan Suris, que tenían a su cargo como juez y
secretario respectivamente. La instrucción del sumario estuvo a cargo de
Montezanti, ex agente del Destacamento de Inteligencia 181. La resolución con
la orden de la cesantía la firmó también Pablo Candisano Mera, quien antes
rechazó la recusación de Coleffi en su contra por la íntima amistad que lo une
al denunciante Martínez. El funcionario despedido pedirá ahora la revocatoria
de la decisión a la Cámara, que luego podrá apelar ante la Corte Suprema de
Justicia.
La
causa penal por revelación de secretos recayó en el juez ad hoc Martín Miguel
Otaño Manterola, secretario del Colegio de Abogados de Bahía Blanca y joven
promesa de la escudería Massot: al pronunciarse en causas por delitos de lesa
humanidad deja constancia de sus discrepancias con los fallos de la Corte
Suprema que declararon inconstitucionales las leyes de impunidad e inválidos los
indultos. A pesar de la acotada intervención del fiscal Alejandro Cantaro, por
orden de Otaño Materola se allanó la casa de Coleffi, se secuestraron teléfonos
y computadoras, se requisó su vehículo y se revisaron hasta los juguetes de los
hijos. El secretario del juez ad hoc y quien controló por vía telefónica la
actuación de los policías federales durante el allanamiento es Mario Fernández
Moreno, otro íntimo de Martínez, hijo del ex camarista Augusto Fernández y cara
visible del ardid ampliamente informado por Página/12 que le permitió a Massot
apartar de la causa a Coleffi después de la indagatoria y cuando se aprestaba a
pronunciarse sobre su situación procesal.
Quienes
conocen desde adentro el funcionamiento del poder judicial bahiense no salen de
su asombro por el descomunal ímpetu demostrado por el denunciante Martínez y su
alfil Fernández Moreno, que en 2013 fracasaron en su intento de investigar otra
filtración a la prensa, entonces en beneficio de Massot. Los fiscales de la
Unidad Especial de Derechos Humanos habían pedido aquel año el allanamiento de
La Nueva Provincia y el secreto de sumario para que la medida no se frustrara.
El dato se publicó curiosamente en el diario La Nación, que silencia en forma
sistemática toda información sobre los procesos de lesa humanidad excepto
cuando sirve para ayudar a algún amigo en desgracia como Carlos Pedro Blaquier
o el propio Massot, columnista de la tribuna de doctrina. La dupla direccionó
entonces la investigación hacia los fiscales denunciantes, interrogó a
secretarios y empleados sobre vida y obra de Nebbia y Palazzani y, pese al
notable esfuerzo desplegado, no logró dar con los responsables de la filtración
del dato (que también ellos conocían). Después sugirieron allanar de todas
formas el diario e “ir a la pesca” de pruebas, alternativa que los fiscales
rechazaron por su inconstitucionalidad en base a jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia.
La
decisión de Montezanti y Candisano Mera de dejar cesante a Coleffi después de
seis meses de averiguaciones se concretó en su anteúltimo día de trabajo antes
de la licencia que había pedido para internarse a estudiar: el próximo viernes
deberá afrontar el examen oral del concurso para cubrir el cargo de fiscal
federal de Bahía Blanca, que actualmente subroga Antonio Castaño. El primer
filtro, el examen escrito, lo pasaron sólo tres postulantes. Uno de ellos es
Martínez. Su rival en el concurso y ex compañero de trabajo tampoco podrá
concentrarse demasiado el miércoles, cuando deberá prestar declaración indagatoria
por primera vez en su vida.
El
jueves 23 de abril a la madrugada La Nueva Provincia publicó en su web una
noticia que tituló “Indagarán mañana a un secretario federal por violación de
secretos”. Debajo se explayó sobre la acusación contra Coleffi. El dato era
erróneo porque no estaba citado para el viernes. La elección de la fecha de
publicación, igual que aquella noticia de LU2 que había anticipado el inicio de
la causa, no era casual: exactamente un año antes, el 24 de abril de 2014,
Massot había declarado por primera vez como acusado por delitos de lesa
humanidad y había descargado toda la responsabilidad sobre su madre muerta.
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