Lawless, el sexto represor prófugo de Bahía Blanca

Por Diego Martínez

El juez federal Norberto Oyarbide ordenó la captura internacional del teniente coronel retirado Alejandro Lawless, procesado por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca, quien se fugó el martes mientras la Policía de Seguridad Aeroportuaria lo trasladaba a la Alcaidía de Tribunales. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en tanto, ofrece una recompensa de 500 mil pesos a quien brinde información para capturarlo. “La complicidad de la policía es evidente, porque son personas preparadas y ágiles frente a una persona mayor”, consideró el fiscal bahiense Miguel Palazzani. “Es el sexto prófugo de Bahía. Hay que tener plata y logística para ser prófugo. Evidentemente, hay sectores de poder que los apañan”, apuntó su par José Nebbia. “La serie de prófugos que se está dando, cada vez con mayor frecuencia, nunca podría llevarse a cabo sin la ayuda externa de una logística que los ampare”, coincidió H.I.J.O.S. Bahía Blanca. “Algo extraño está pasando. Esto es reiterativo, es peligroso”, alertó Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

Lawless, que había estado prófugo durante casi un año en 2010, fue detenido por la PSA a media mañana del martes en la comisaría 49ª, a la que debía presentarse periódicamente para dar señales de vida. Tras una escala en la sede de la PSA en Aeroparque, la camioneta se detuvo a las 13.30 en Lavalle al 1300, frente a la entrada a la Unidad Penal 28 del Servicio Penitenciario Federal. Según la versión que la PSA presentó a la Justicia, el oficial ayudante Hoz de Vila ingresó a la Alcaidía para anunciar la llegada del detenido, quien quedó bajo custodia del oficial ayudante Quintero. Quince minutos después, al salir del edificio, un agente penitenciario le informó que acababa de ver a Quintero corriendo a Lawless, que estaba sin esposas. Cuando Hoz de Vila levantó la vista, vio volver a su compañero solo. La persecución habría sido por Talcahuano y habría concluido en avenida Corrientes, donde se le habría perdido el rastro. Pese a que la fuga fue en hora pico y en pleno microcentro porteño, los agentes aeroportuarios dijeron no haber encontrado a otros testigos presenciales más que dos penitenciarios estacionados adelante de la camioneta de la PSA, donde quedó el bolsito de mano del represor fugado. La causa por evasión quedó a cargo del juez Oyarbide, que de inmediato pidió a Interpol la captura internacional de Lawless.
“La complicidad de la policía es evidente, porque son personas preparadas y ágiles frente a una persona mayor, sin las mismas habilidades. Todo es muy burdo”, afirmó Palazzani, de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca. Es necesario “investigar a los autores directos de la facilitación de esta evasión, tomar las medidas que la ley decida y no quedarse con que la responsabilidad termina en ellos”, agregó. “Esta fuga vuelve a mostrar que estos imputados tienen apoyo, gente que les da sustento”, sostuvo el fiscal Nebbia. Destacó que Lawless “es el sexto prófugo de Bahía” y que “el resto (los militares Aldo Mario Alvarez, Miguel Angel García Moreno, Carlos Arroyo, el marino Ricardo Molina y el sacerdote Aldo Omar Vara) lleva mucho tiempo profugado”.
“Creemos que nadie puede fugarse en casos como éstos sin ayuda, primero de la Justicia, que debía tenerlo preso desde hace ya tiempo por la gravedad de sus delitos aberrantes de lesa humanidad, y segundo, porque ya tenía antecedentes de fuga”, destacó H.I.J.O.S. Bahía Blanca en un comunicado. “Creemos que la serie de prófugos que se está dando en estos casos, cada vez con mayor frecuencia, nunca podría llevarse a cabo sin la ayuda externa de una logística que los ampare”, agregó la agrupación.
“Creo que hay complicidad. (Lawless) ha conseguido salir como si nada. Es negligencia o, para pensar muy mal, complicidad. Esto es grave, se tendrá que investigar y sancionar a los responsables reales. Esto es una ofensa para todos”, reflexionó Carlotto. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo manifestó su preocupación por la reiteración de las fugas de represores y recordó que no hay noticias sobre los condenados Jorge Olivera y Gustavo De Marchi, que se escaparon en julio del Hospital Militar Central Cosme Argerich cuando, en teoría, los custodiaba el Servicio Penitenciario Federal. “Casos así merecen una investigación muy seria, porque ofenden el esfuerzo y el dolor que hemos sufrido como sociedad para que los delitos que cometieron no queden impunes y sus responsables sean juzgados con las leyes de la Constitución”, señaló. Calificó a los represores como “depredadores”, destacó que “todavía existen núcleos minoritarios que expresan malestar” por el avance de los procesos de lesa humanidad y sugirió que esos sectores “se avienen a facilitar esta libertad espuria”.
diemar75@gmail.com

Un represor que no llegó a Tribunales

El teniente coronel retirado Lawless está procesado por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca. Fue detenido ayer a la mañana y horas más tarde logró bajarse del vehículo en el que lo llevaban y se escapó corriendo por Lavalle.

Por Diego Martínez

El teniente coronel retirado Alejandro Lawless, procesado por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca, se fugó ayer mientras la Policía de Seguridad Aeroportuaria lo trasladaba a la alcaidía de tribunales de Lavalle y Talcahuano. El represor de 66 años, que había estado prófugo en 2010, acababa de ser detenido por orden del Tribunal Oral Federal bahiense luego de reiterados pedidos del Ministerio Público para evitar que llegara a juicio en libertad. El episodio se produjo a poco más de tres meses desde que Jorge Olivera y Gustavo De Marchi, condenados por delitos de lesa humanidad en San Juan, se fugaron del Hospital Militar Cosme Argerich. Con Lawless son cinco los militares prófugos acusados por su actuación en el terrorismo de Estado en Bahía Blanca.

El represor fue detenido por la mañana y trasladado a la unidad de la PSA en el Aeroparque Jorge Newbery. Desde allí la camioneta de la PSA partió hacia Tribunales. Si bien no hubo información oficial, los datos que trascendieron indican que Lawless no estaba esposado, que logró bajarse del vehículo y que se escapó corriendo por Lavalle. Consumada la fuga, la PSA dispuso el desplazamiento de tres oficiales responsables del operativo y efectuó la denuncia para que los investigue la Dirección de Control Policial, órgano de auditoría externo de la fuerza.
Durante la dictadura, Lawless estuvo destinado en el Batallón de Comunicaciones 181, del que dependían tres pelotones abocados a la “lucha contra la subversión”. Días antes del golpe fue designado jefe de la Compañía de Comunicaciones y Comando, que brindó “apoyo técnico en la búsqueda, escucha y radiolocalización de las bandas HF y VHF” de quienes luego eran secuestrados, según consta en su procesamiento. “En ocasiones en que el subteniente Lawless quedaba a cargo de la guardia de personas privadas de libertad, se acercaba a las víctimas con actitud de conquista sobre las prisioneras”, apuntó el juez Alcindo Alvarez Canale.
La primera orden de captura en su contra, pedida por el fiscal Abel Córdoba, la libró Alvarez Canale en septiembre de 2009. Entonces Lawless decidió esconderse, mientras su abogado Mauricio Gutiérrez, ex auditor del Cuerpo V, presentaba pedidos de eximición de prisión. En febrero de 2010, el Ministerio de Justicia dispuso una recompensa de 100 mil pesos para capturarlo, pero siguió prófugo otros seis meses, hasta el 2 de agosto de ese año, cuando se presentó espontáneamente en el juzgado. Allí le tomaron declaración y tres días después, a pesar de haber burlado al Estado durante casi un año, el juez subrogante Santiago Martínez lo excarceló con una caución de 200 mil pesos. Los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani, reemplazantes de Córdoba, insistieron para que se le revoque el beneficio. El tribunal que integran José Triputti, Martín Bava y Jorge Ferro rechazó el pedido, pero cuando la Cámara de Casación aceptó el recurso de apelación de los fiscales ordenó la detención de Lawless, que encomendó a la PSA.
El más antiguo de los prófugos bahienses es el coronel Aldo Alvarez, ex jefe de inteligencia del Cuerpo V y dueño de la agencia de investigaciones Alsina SRL hasta que la Justicia comenzó a investigarlo. El capitán Miguel Angel García Moreno se benefició con la excarcelación que le obsequió el juez Gustavo Duprat y cuando el TOF ordenó su detención para juzgarlo ya había abandonado su piso de Belgrano. El mismo método aplicó el coronel Carlos Arroyo, que también estaba procesado pero libre y se esfumó ante la inminencia del segundo juicio oral, actualmente en curso, mientras el Ministerio Público reclamaba sin suerte que se le revocara la excarcelación. El cuarto prófugo es el marino Ricardo Joaquín Molina. Lawless es el segundo represor bahiense que se fuga de las narices de una fuerza de seguridad: Julián Corres se escapó en 2008 de la delegación local de la Policía Federal, fue recapturado y murió antes del juicio.

Recuerdos de la muerte

En 1977, a metros del centro clandestino La Escuelita en pleno funcionamiento, autoridades militares, civiles y eclesiásticas de Bahía Blanca condecoraron a cinco oficiales por sus servicios al terrorismo de Estado. 36 años después, Bahía Gris comparte imágenes del día que las “fuerzas vivas” celebraron la muerte y repasa el presente de aquellos cruzados: uno fue condenado, otro afronta su primer juicio, dos están prófugos y el torturador Julián Corres murió procesado.

Por Diego Martínez *

El domingo 29 de mayo de 1977, en el marco del 167° aniversario del Ejército, altos mandos de las tres fuerzas armadas condecoraron a cinco oficiales “que se destacaron en la lucha contra la subversión”, según afirmó al bendecir las medallas el sacerdote Jorge Mayer, arzobispo de Bahía Blanca. Secundado por uniformados de todas las fuerzas, civiles de traje y señoras con tapado de piel, el general Osvaldo Azpitarte se comprometió a luchar “hasta que haya desaparecido el último terrorista subversivo”, frase que eligió para titular el diario La Nueva Provincia. De la ceremonia participaron el intendente de la dictadura Víctor Puente, “representantes del Poder Judicial” e “invitados especiales”, apuntó el cronista de los Massot.

Foto de tapa de La Nueva Provincia.

“La ceremonia, en la plaza de armas del comando en Villa Floresta, tuvo por marco natural una mañana de cielo límpido y sol, el rigor del frío que marcaba una brisa fuerte, pero el calor humano de todos los que allí se congregaron, especialmente civiles, familiares de los soldados e invitados especiales”, contó LNP. Nada decía el artículo sobre el centro de tortura y exterminio que funcionaba a 300 metros, donde los secuestrados sobrevivían hasta que esos mismos militares decidían matarlos y desaparecer sus cuerpos o bien acribillarlos en enfrentamientos fraguados.

Mayer, militares e invitados especiales.

El primer discurso estuvo a cargo del representante de la iglesia católica. Mayer agradeció a los militares “su valiente entrega y desinterés al servicio de la Patria” y fustigó a “una guerrilla terrorista que ha violado constantemente la más elemental convivencia humana, iniciando, sembrando y continuando a sembrar (sic) la subversión con violencia y odio”. Pidió ayuda “al Señor” para los “defensores de la paz, la concordia y la fraternidad, humana y cristiana” y aseguró que actuaban “bajo el imperio de la ley de la justicia”.

El arzobispo Jorge Mayer bendice las medallas de los represores.

“El instante más emotivo, al borde de las lágrimas para muchos, estuvo dado cuando cinco jóvenes oficiales –desde un capitán a un subteniente- recibieron sendas medallas por su heroicidad demostrada en combate, por haber sido heridos y por haber salvado a un camarada en tan difícil trance”, apuntó el diario de los Massot, consustanciado con las operaciones de acción psicológica desplegadas para encubrir secuestros, torturas y asesinatos. 36 años después, el proceso de Justicia comienza a reubicar algunas piezas en su lugar y permite conocer los verdaderos méritos de los condecorados.

Foto Marcelo Núñez.

Mario Carlos Antonio Méndez, a quien sus camaradas llamaban “El Loco de la Guerra” (ver perfil en La virgen lo perdonará) fue condenado el año pasado a prisión perpetua por el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca. Quien le entregó la medalla en 1977 fue el contraalmirante Rafael Serra, comandante de la aviación naval, la fuerza que protagonizó los vuelos de la muerte.

Subteniente Méndez y contraalmirante Rafael Serra.

Foto Diario del Juicio.

Carlos Enrique Villanueva afronta su primer juicio por delitos de lesa humanidad en Córdoba (ver El diario del juicio). Ante secuestrados del centro clandestino La Perla, “el Gato” contó que los desaparecidos de La Escuelita bahiense eran arrojados al mar. En 1977 volvió fugazmente a Bahía para recibir la condecoración que le entregó el comandante de operaciones navales, vicealmirante Antonio Vañek, quien ahora cumple una condena de 40 años de prisión por el plan sistemático de robo de bebés y es juzgado por su rol en la ESMA.

Teniente primero Villanueva y vicealmirante Antonio Vañek.

 

Miguel Angel García Moreno está prófugo gracias a la excarcelación que le obsequió el juez bahiense Gustavo Andrés Duprat. Cuando el Tribunal Oral Federal ordenó su detención para iniciar el juicio ya había abandonado su piso del barrio de Belgrano. García Moreno fue legislador porteño y funcionario de la presidencia interina de Eduardo Duhalde. La condecoración se la otorgó el general Osvaldo René Azpitarte, máximo responsable del terrorismo de Estado en Bahía Blanca, que fue procesado en 1987 y murió en 1989 mientras Menem firmaba su indulto.

Capitán García Moreno y general Osvaldo René Azpitarte.

Carlos Alberto Arroyo también está prófugo. A pesar del antecedente de García Moreno y los reclamos de los fiscales, el TOF permitió que siguiera libre hasta fijar fecha de inicio del juicio en curso. Cuando ordenó la detención, ya no estaba. Arroyo integró en los ’90 la custodia del presidente Menem y pasó a retiro en 2003. La condecoración por los homicidios agravados de Daniel Hidalgo y Olga Souto Castillo se la entregó el contralmirante Roberto Wulff de la Fuente, comandante de la infantería de marina, que tenía su propio centro clandestino en la base Baterías.

Teniente Arroyo y contralmirante Wulff de la Fuente.

Corres y Catuzzi.

Julián Oscar Corres, que aplicaba la picana durante los interrogatorios, murió antes de ser juzgado. “El Laucha” admitió durante el Juicio por la Verdad que ese era su apodo en La Escuelita y que oficiaba de “jefe de guardias”. Fue detenido en abril de 2008 y tres meses después se fugó de la delegación bahiense de la Policía Federal. Estuvo prófugo 23 días, hasta que lo encontraron en la casa de su madre en Villa Constitución. Pasó sus últimos años en la cárcel de Marcos Paz y murió internado en el Hospital Militar. La condecoración se la entregó el general Abel Catuzzi, segundo comandante del Cuerpo V, quien fue procesado en 1987, de inmediato recuperó la libertad gracias a la ley de obediencia debida y murió impune diez años después.

Corres detenido tras su fuga de 23 días.

Después de “una ejecución de diana en honor de los distinguidos” tomó la palabra el general Azpitarte. El comandante del Cuerpo V repasó la historia del ejército, destacó el coraje ante “el invasor inglés”, durante la Revolución de Mayo y en la lucha por la independencia. Como introducción al genocidio indígena mencionó los “alaridos del salvaje que ponían un escudo de atraso a la civilización”. Al mando del teniente general Roca y “sin más uniformidad que la del filo de sus sables, el Ejército se convirtió en vanguardia de progreso, marcando el rumbo a animosos estancieros que fueron asentando la prosperidad en el desierto”. Reivindicó al general Richieri como símbolo de la modernización de la fuerza y por último se refirió a la “historia reciente”, al “imperialismo ideológico que ahoga la libertad y adormece el espíritu creador”. Como respuesta, “otra vez el Ejército unido a la Armada y a la Fuerza Aérea entró en una nueva etapa de su gloriosa trayectoria, haciendo frente a ese terrorismo marxista que impunemente avanzaba en su desesperada empresa destructora”.

General Osvaldo Azpitarte.

Azpitarte se comprometió a “continuar la lucha, no sólo hasta que haya desaparecido el último terrorista subversivo, sino hasta que los venenosos ideólogos, los delincuentes económicos y todos aquellos que de una u otra forma, atacan la esencia de nuestra nacionalidad, una vez descubiertos reciban el condigno castigo que la ley señala”. Advirtió que “el éxito final no será posible sin la presencia activa de la población, que en este grave trance ha demostrado entereza y gran sentido de responsabilidad, participando en la medida de sus posibilidades”. El acto terminó con un desfile de militares, marinos y reservistas frente al palco oficial.

* Imágenes extraídas del documental La Escuelita, gentileza de Rodrigo Caprotti. Imágenes LNP: hemeroteca de la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia de Bahía Blanca. Bahía Gris agradece toda colaboración para identificar al resto de las autoridades e “invitados especiales” presentes en el Cuerpo V aquel domingo de mayo de 1977.

Militares e invitados/as especiales.

General Azpitarte y arzobispo Jorge Mayer.

Invitados especiales, en el interior del comando.

Hacete amigo del juez

Por Diego Martínez

El coronel retirado Jorge Igounet, ex edecán del presidente Carlos Menem, recuperó la libertad luego de un mes preso por participar en 1978 de una parodia de juicio destinada a blanquear en la cárcel de Bahía Blanca a un secuestrado que llevaba quince meses en La Escuelita, el centro clandestino del Cuerpo V de Ejército. Designado "defensor" de un militante montonero que según el montaje militar se había entregado voluntariamente "para pagar su deuda", el entonces teniente primero Igounet le advirtió que no se hiciera ilusiones porque "el juicio ya está decidido". Luego renegó ante el "Consejo de Guerra" por la "difícil misión" que implicaba defender a un "delincuente subversivo", pidió que se lo condene a la pena mínima por el "sincero arrepentimiento" de quien era torturado desde hacía más de un año y con quien aseguró no haber hablado, y no apeló la sentencia a veinte años de prisión. El juez Santiago Martínez (foto) coincidió con los fiscales en que el proceso era "una pantalla para legalizar una detención ilegal" pero dictó la falta de mérito de Igounet por suponer que "difícilmente conociera lo padecido por la víctima". Justificó que no hubiera preguntado por el motivo del "arrepentimiento" y la supuesta entrega voluntaria ante el enemigo en que el proceso se hizo "respetando la normativa y reglamentación vigente". Agregó comprensivo que Igounet no podía negarse a actuar de defensor porque "podía ser sancionado", calificó su labor en el simulacro como "positiva y oportuna", y concluyó que "las omisiones en las que pudo haber incurrido" no son reprochables a "un lego", pese a que Igounet no sólo era militar sino también abogado. Los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani, al apelar la falta de mérito, consideraron que la decisión del juez legitima la teoría de la obediencia debida y manifestaron su preocupación por la "reedición de arcaicas y vetustas posturas de justificación de lo hecho por un Estado terrorista" por parte de Martínez, el mismo juez que se niega a indagar por delitos de lesa humanidad al ex capellán militar Aldo Vara y al dueño del diario La Nueva Provincia, Vicente Massot. El ex edecán Igounet dejó la cárcel de Marcos Paz y volvió a su piso 13 en avenida Libertador 5952, aunque tiene prohibido salir del país. Su futuro, igual que el de Vara & Massot, está ahora en manos de la Cámara Federal de Bahía Blanca.

Igounet, con uniforme, en sus tiempos de edecán presidencial.

Igounet (al fondo a la derecha) en sus tiempos de edecán.

Murió impune Mario Gabrielli

Por Diego Martínez

El secretario de redacción del diario La Nueva Provincia durante la última dictadura, Mario Hipólito Gabrielli, murió ayer a los 84 años. Imputado por el Ministerio Público Fiscal por su participación en el terrorismo de Estado en Bahía Blanca, que incluyó los asesinatos de los obreros gráficos y delegados gremiales Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, Gabrielli seguía libre e impune por voluntad del juez federal subrogante Santiago Ulpiano Martínez. El único acusado en pie por su responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad alentados y encubiertos hasta hoy por el diario bahiense es su actual director, Vicente Gonzalo Massot, cuyo futuro inmediato está en manos de la Cámara Federal de Bahía Blanca.

Gabrielli era el escriba que transcribía las arengas de los marinos en la base de Puerto Belgrano, la mayor del país, ubicada en Punta Alta. Cuatro meses antes del golpe de Estado, mientras Prefectura pulía su informe sobre “guerrilla sindical” que concluiría con la sentencia de muerte de los delegados que osaron enfrentar a los Massot y mientras el almirante Emilio Massera contaba que la Armada “está actuando contra la subversión”, aunque “de forma más silenciosa que el Ejército” (LNP 30/11/75), el diario publicaba una foto de Gabrielli, de ceño fruncido y bigote reglamentario, charlando con el jefe de la Armada (LNP 16/11/75). A mediados de 1976, mientras el centro clandestino que funcionó en la base de Baterías se poblaba de secuestrados, a quienes se torturaría sin piedad antes de matarlos y desaparecer sus restos, Gabrielli se embarcaba en la fragata Libertad y comenzaba a enviar crónicas desde puertos de Europa. “Yo quisiera que mi país fuera como la Marina”, llegó a escribir. “El corresponsal naval es un integrante más de la institución”, explicó en 1977 mientras entregaba diplomas a jefes navales. “Nos sentimos hermanados al amparo de una misma institución madre”, admitió, y agregó que lo unía a Massera & Cía. una “amistad sólida, sin reservas” (LNP 5/1/77).

El tribunal que condenó al primer grupo de represores bahienses destacó en su fallo la “campaña de desinformación y propaganda negra” realizada desde la redacción de LNP no sólo “para imponer la versión de los victimarios” sino también para crear “un estado tal de anomia legal en la sociedad que permitió el ejercicio brutal de la violencia irracional” desde el Estado. Los jueces enfatizaron el rol de Massot & Gabrielli en “la inducción de la culpa sobre la propia víctima, familiares y amigos, la persuasión al silencio de la población y la incitación a considerar a los opositores como inadaptados sociales, que conducen a la deshumanización”.

Los fiscales José Nebbia y Miguel Angel Palazzani profundizaron la investigación y concluyeron que LNP tuvo una “participación criminal concreta y específica” que “se disfrazó bajo el ropaje de la actividad periodística”. Desmenuzaron el rol de Massot & Gabrielli, citaron antecedentes internacionales sobre diarios y periodistas condenados en Alemania y Ruanda, pero chocaron contra la voluntad del juez Martínez, que ni siquiera encontró “complicidad” entre LNP y la dictadura. En ese contexto, con el rechazo apelado en Cámara, se produjo la muerte de Gabrielli. “La impunidad biológica vuelve a dejarnos un sabor amargo para quienes esperamos y reclamamos Juicio y Castigo durante décadas”, señaló ayer en un comunicado la agrupación H.I.J.O.S. de Bahía Blanca.