Por Diego Martínez

El juez federal Norberto Oyarbide ordenó la captura
internacional del teniente coronel retirado Alejandro Lawless, procesado
por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca, quien se fugó el martes
mientras la Policía de Seguridad Aeroportuaria lo trasladaba a la
Alcaidía de Tribunales. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en
tanto, ofrece una recompensa de 500 mil pesos a quien brinde
información para capturarlo. “La complicidad de la policía es evidente,
porque son personas preparadas y ágiles frente a una persona mayor”,
consideró el fiscal bahiense Miguel Palazzani. “Es el sexto prófugo de
Bahía. Hay que tener plata y logística para ser prófugo. Evidentemente,
hay sectores de poder que los apañan”, apuntó su par José Nebbia. “La
serie de prófugos que se está dando, cada vez con mayor frecuencia,
nunca podría llevarse a cabo sin la ayuda externa de una logística que
los ampare”, coincidió H.I.J.O.S. Bahía Blanca. “Algo extraño está
pasando. Esto es reiterativo, es peligroso”, alertó Estela de Carlotto,
presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.
Lawless, que había estado prófugo durante casi un año en 2010, fue
detenido por la PSA a media mañana del martes en la comisaría 49ª, a la
que debía presentarse periódicamente para dar señales de vida. Tras una
escala en la sede de la PSA en Aeroparque, la camioneta se detuvo a las
13.30 en Lavalle al 1300, frente a la entrada a la Unidad Penal 28 del
Servicio Penitenciario Federal. Según la versión que la PSA presentó a
la Justicia, el oficial ayudante Hoz de Vila ingresó a la Alcaidía para
anunciar la llegada del detenido, quien quedó bajo custodia del oficial
ayudante Quintero. Quince minutos después, al salir del edificio, un
agente penitenciario le informó que acababa de ver a Quintero corriendo a
Lawless, que estaba sin esposas. Cuando Hoz de Vila levantó la vista,
vio volver a su compañero solo. La persecución habría sido por
Talcahuano y habría concluido en avenida Corrientes, donde se le habría
perdido el rastro. Pese a que la fuga fue en hora pico y en pleno
microcentro porteño, los agentes aeroportuarios dijeron no haber
encontrado a otros testigos presenciales más que dos penitenciarios
estacionados adelante de la camioneta de la PSA, donde quedó el bolsito
de mano del represor fugado. La causa por evasión quedó a cargo del juez
Oyarbide, que de inmediato pidió a Interpol la captura internacional de
Lawless.
“La complicidad de la policía es evidente, porque son personas
preparadas y ágiles frente a una persona mayor, sin las mismas
habilidades. Todo es muy burdo”, afirmó Palazzani, de la Unidad Fiscal
de Derechos Humanos de Bahía Blanca. Es necesario “investigar a los
autores directos de la facilitación de esta evasión, tomar las medidas
que la ley decida y no quedarse con que la responsabilidad termina en
ellos”, agregó. “Esta fuga vuelve a mostrar que estos imputados tienen
apoyo, gente que les da sustento”, sostuvo el fiscal Nebbia. Destacó que
Lawless “es el sexto prófugo de Bahía” y que “el resto (los militares
Aldo Mario Alvarez, Miguel Angel García Moreno, Carlos Arroyo, el marino
Ricardo Molina y el sacerdote Aldo Omar Vara) lleva mucho tiempo
profugado”.
“Creemos que nadie puede fugarse en casos como éstos sin ayuda,
primero de la Justicia, que debía tenerlo preso desde hace ya tiempo por
la gravedad de sus delitos aberrantes de lesa humanidad, y segundo,
porque ya tenía antecedentes de fuga”, destacó H.I.J.O.S. Bahía Blanca
en un comunicado. “Creemos que la serie de prófugos que se está dando en
estos casos, cada vez con mayor frecuencia, nunca podría llevarse a
cabo sin la ayuda externa de una logística que los ampare”, agregó la
agrupación.
“Creo que hay complicidad. (Lawless) ha conseguido salir como si
nada. Es negligencia o, para pensar muy mal, complicidad. Esto es grave,
se tendrá que investigar y sancionar a los responsables reales. Esto es
una ofensa para todos”, reflexionó Carlotto. La presidenta de Abuelas
de Plaza de Mayo manifestó su preocupación por la reiteración de las
fugas de represores y recordó que no hay noticias sobre los condenados
Jorge Olivera y Gustavo De Marchi, que se escaparon en julio del
Hospital Militar Central Cosme Argerich cuando, en teoría, los
custodiaba el Servicio Penitenciario Federal. “Casos así merecen una
investigación muy seria, porque ofenden el esfuerzo y el dolor que hemos
sufrido como sociedad para que los delitos que cometieron no queden
impunes y sus responsables sean juzgados con las leyes de la
Constitución”, señaló. Calificó a los represores como “depredadores”,
destacó que “todavía existen núcleos minoritarios que expresan malestar”
por el avance de los procesos de lesa humanidad y sugirió que esos
sectores “se avienen a facilitar esta libertad espuria”.
diemar75@gmail.com
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