Página/12
Por Diego Martínez
Desde Bahía Blanca
El presidente del Concejo Deliberante de Bahía Blanca, ex diputado nacional y ex miembro de la Conadep, Juan Pedro Tunessi, admitió haber visto en 1984 en el estudio del actual presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca Néstor Luis Montezanti “un certificado o constancia de la Liga Anticomunista Argentina firmado por el general Suárez Mason”, comandante del V Cuerpo de Bahía Blanca durante el segundo semestre de 1975. La declaración tuvo lugar durante la primera audiencia del juicio por calumnias e injurias que Montezanti promovió contra el ex estudiante de la Universidad Nacional del Sur Alberto Rodríguez, quien lo sindicó como “partícipe de la Alianza Anticomunista Argentina” durante una reunión del Consejo Superior de la UNS en 2002. Rodríguez fue uno de los pocos testigos que el 3 de abril de 1975 denunció a Jorge Argibay, custodio del interventor de la UNS Remus Tetu, como el asesino del estudiante David Cilleruelo en los pasillos de la universidad bahiense, relato que en marzo pasado reiteró ante el juez federal Norberto Oyarbide.
Por su parte, el ex rector de la UNS durante la presidencia de Héctor Cámpora, Víctor Benamo, se presentó como “delegado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en Bahía Blanca” y relató que fue Montezanti quien luego de su exilio le abrió las puertas de la universidad para dictar una conferencia sobre derecho comunitario. “Fue la única vez que alguien me permitió enseñar lo aprendido en Bruselas”, agradeció. Dijo ignorar la declaración del secretario Eduardo Luis Duhalde ante el juez Oyarbide en la causa Triple A (publicada en todos los diarios del país el 17 de enero) y también que Montezanti tuviera relación con esa organización paramilitar. “Reconozco sus estudios revisionistas en las filas del nacionalismo, pero queda en el querellado probar si con C o con Z”, dijo. Cuando Montezanti le preguntó si la UOM o el gremio de camioneros a los que asesoraba eran afines a la CGT de Rodolfo Ponce, cara visible de la Triple A, Benamo respondió: “Tengo entendido que era al revés, que Ponce y [el secretario de la UOM Albertano] Quiroga no se llevaban bien”.
El segundo testigo ofrecido por el camarista, Raúl José Hernández, ex empleado de la UOM durante 25 años, admitió haber sido cliente de Montezanti y aseguró que el gremio metalúrgico “sufrió varios atentados de la Triple A”. Finalmente, el abogado Miguel Asad relató haber sido quien le propuso a Montezanti redactar el pedido de amnistía para Dardo Cabo tras el Operativo Cóndor (el desvío de un avión comercial hacia las islas Malvinas por parte de un comando peronista en 1966). “No creo que la Triple A hubiera estado contenta con Montezanti en sus filas si defendió a Dardo Cabo”, sugirió Asad, quien omitió distinguir el Movimiento Nueva Argentina (desprendimiento de Tacuara en el que Cabo militaba en ese entonces) de la organización Montoneros, donde Cabo militaría años más tarde.
Los testigos Miguel Angel Pereyra, Marcos Canova, José Patrignani y Juan Larrea admitieron haber visto a Montezanti en medio de una patota armada que a mediados de 1974, por orden del delegado regional de la CGT Rodolfo Ponce, ocupó la Universidad Tecnológica Nacional con armas cortas y largas para impedir el ingreso de estudiantes que cuestionaban la gestión del interventor Emilio Garófoli. Larrea dijo que conocía desde años antes la “concepción fascista del mundo” del camarista pero que lo sorprendió verlo en medio de los matones porque “era un hombre de ideas, y esa era gente de acción”. Montezanti silenció una vez más a su defensor Hugo Sierra para mostrar sus dotes de interrogador:
–¿Usted adscribe a la concepción comunista del mundo, no? –preguntó.
Larrea consultó al juez si era relevante responder y ante el visto bueno aclaró:
–Soy marxista, sí.
–¿Comunista también? –retrucó el juez.
–Sí, comunista también.
–Ah, suficiente, ya está –concluyó Montezanti, quien perdió la compostura en reiteradas oportunidades, calificó de “mentiroso y farsante” a un testigo y a los gritos ordenó “cállense, patoteros baratos” a quienes presenciaban la audiencia, incluidas dos Madres de Plaza de Mayo.
miércoles, 18 de abril de 2007
lunes, 9 de abril de 2007
Una historia olvidada que se reabre
Página/12
Un ex estudiante de la Universidad Nacional del Sur deberá afrontar un juicio por calumnias e injurias que le inició el presidente de la Cámara Federal, a quien vinculó con la Triple A.
Por Diego Martínez
Mientras torturadores y asesinos caminan impunes por Bahía Blanca con el visto bueno de la justicia federal, un ex estudiante de la Universidad Nacional del Sur deberá afrontar un juicio por calumnias e injurias por haber denunciado como partícipe de la Alianza Anticomunista Argentina al actual presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca doctor Néstor Luis Montezanti. Apoderado de la Unión Obrera Metalúrgica desde la década del ’60 y profesor de la UNS desde 1971, a lo largo de su carrera Montezanti defendió y/o asesoró al militante de la Concentración Nacionalista Universitaria Néstor Beroch, al fascista interventor de la UNS Remus Tetu, al dueño de la vida y la muerte de La Escuelita general Adel Vilas y al médico acusado de prestar servicios en ese centro clandestino Humberto Adalberti. Si el juez José Luis Ares comprende de antemano que la Triple A no entregaba carnet de socios a sus sicarios ni a sus referentes intelectuales, será menos complejo para el denunciado demostrar que su acusación no es caprichosa que para el juez justificar ante sus alumnos la férrea indiferencia de la corporacion judicial bahiense frente a la masacre cometida por las Fuerzas Armadas antes y después del último golpe de Estado.
La historia comenzó en octubre de 2002, mientras los estudiantes de la UNS se movilizaban en contra de los exámenes de ingreso. Alberto Rodríguez participaba de la reunión del Consejo Superior como delegado de la Asociación Argentina de Actores. “En lugar de poner trabas al ingreso de alumnos habría que analizar de una buena vez el plantel de docentes. Aún hay personajes de la misión Ivanissevich que fueron cómplices de crímenes ocurridos en esta universidad”, dijo. Citó como ejemplo a Montezanti, “impulsor de la pena de muerte y partícipe de la Triple A”. Un mes después el Senado aprobó su designación como camarista y en octubre de 2004, con efecto retardado, Montezanti se sintió injuriado, querelló a Rodríguez y pidió un resarcimiento de 10.000 pesos más intereses.
Credencial para matar
A Rodríguez no le contaron la historia. El 3 de abril de 1975, en un pasillo de la UNS, fue testigo del asesinato de David Cilleruelo, secretario de la Federación Universitaria del Sur con quien militaba en la Federación Juvenil Comunista. El asesino, Jorge Oscar Argibay, suboficial de la Armada, era el custodio de máxima confianza del flamante rector Remus Tetu, cuya primera medida de gobierno fue contratar bajo el rubro “seguridad y vigilancia” a un ejército de matones sindicales y “ex integrantes de fuerzas armadas y de seguridad” que le proveyó “uno de los servicios de inteligencia”, según admitió ante la justicia en 1980. Cilleruelo acababa de acusar a Tetu durante una asamblea de representar “a la misión Ivanissevich, que no es otra cosa que implantar el imperialismo con el apoyo de la Marina de Guerra, única arma del país que bombardeó a un pueblo indefenso”. Cuando Rodríguez fue a la seccional a denunciar el crimen un sargento intentó disuadirlo. Argibay “tiene credencial de la Federal, arréglenlo con sus propias manos”, sugirió. Pese a que varios testigos reiteraron que vieron a Argibay disparar a quemarropa y huir en el Falcon verde con patente dorada del rectorado, la policía no asentó su apellido en el acta. La Nueva Provincia omitió el dato del auto oficial y la relación del sicario con Tetu, editorialista del diario naval.
Durante 1975, con contratos rubricados por el rectorado, la patota de Tetu tuvo vía libre para matar. Recién el 10 de diciembre Argibay fue detenido por Prefectura de Puerto Quequén, no por orden de la justicia sino herido en un tiroteo en la Junta Nacional de Granos. Un mes depués del golpe el juez federal Guillermo Madueño le tomó declaración en el penal de Olmos. Cuando le informó su derecho a ser defendido Argibay nombró al “doctor Néstor Luis Montezanti”, viejo conocido de Tetu (en agosto de 1973, cuando una asamblea de estudiantes de Humanidades promovió la destitución del profesor Tetu por utilizar textos filonazis, Montezanti lo acompañó al juzgado para exigir la suspención del juicio académico). Pese a los 700 kilómetros recorridos el interrogatorio entró en una carilla. En la causa no consta que Montezanti haya sido notificado ni que haya actuado en defensa de Argibay, quien pese a las abrumadoras evidencias en su contra no estuvo un solo día preso por la muerte de Cilleruelo. En noviembre de 1977, cuando un juez marplantense dispuso liberarlo por el tiroteo en la JNG y consultó a su par bahiense, Madueño respondió que “por ahora no interesa a este juzgado la detención de Argibay” (el secretario del juez federal era el doctor Hugo Sierra, hoy profesor de derecho en la UNS y abogado de Montezanti). En 1980 el juez Jorge Suter pidió su captura, sin éxito: el marino murió prófugo dos años después. Desde el jueves este cronista intentó comunicarse con el señor juez para consultarlo sobre su relación con Argibay, pero no logró ser atendido.
De Beroch a Adalberti
Temido por sus pares, poco apreciado entre sus alumnos pero respetado por las corporaciones de poder locales (es uno de los principales referentes intelectuales del intendente Cristian Breitenstein), Montezanti nunca ocultó su ideología. A principios de los 60 viejos peronistas lo ubican como referente de la Guardia Restauradora Nacionalista, desprendimiento ultracatólico de Tacuara encabezado por el sacerdote Julio Meinvielle que adoptó por lema Dios, Patria y Hogar. En julio de 1965, en pleno brote antisemita de esa organización, el comando regional bahiense respaldado por el platense Néstor Beroch ingresó al domicilio del gerente de Casa Muñiz, durmió a la familia con cloroformo y robó 1.596.000 pesos. Al ser detenido su jefe local Sebastián Avale definió al grupo como “católico nacionalista, anticomunista”, admitió “cierta afinidad con el nacionalsocialismo”, con principios “basados en la doctrina católica” (La Nueva Provincia 13-10-65). Mientras sus compañeros cumplían condenas Beroch se mantuvo prófugo. En 1972, según coincidieron dos abogados y un ex militante de Tacuara, Montezanti solicitó en representación de Beroch la prescripción de la causa. Cuatro años después Beroch colaboraría con los grupos de tareas que secuestraron a los militantes de la UES durante la famosa “Noche de los lápices”.
También en los ’60 –según confirmó su abogado Sierra- pidió la amnistía para los miembros del grupo comando peronista que el 28 de septiembre de 1966, en el denominado Operativo Cóndor, desvió un avión comercial hacia Malvinas, donde antes de ser detenidos cantaron el himno y desplegaron siete banderas argentinas. Comandaba el grupo el entonces joven Dardo Cabo, hijo de un legendario dirigente de la UOM y entonces miembro del Movimiento Nueva Argentina, otro desprendimiento de Tacuara.
Montezanti no sólo dio batalla en tribunales. El 20 de noviembre de 1973, durante un acto por el aniversario del combate de Vuelta de Obligado organizado por la Agrupación de Suboficiales Justicialistas bahienses del que participó la UOM, la Juventud Sindical Peronista y el comando local de la “Juventud Peronista Juan Manuel de Rosas”, tomó la palabra para anunciar que “hoy tendremos que librar nuestra batalla de Obligado, porque si en 1845 la soberanía estaba en peligro, hoy también lo está”. No se refería a ningún enemigo externo.
En 1975 a priori trabajó como abogado de la UOM, profesor de la UNS y de la Universidad Tecnológica Nacional. Sin embargo, un abogado radical que aspira a ser intendente y analiza en este momento costos y beneficios de declarar contra el presidente de la Cámara Federal le aseguró a Rodríguez que en su buffet de abogado Montezanti tiene una nota de agradecimiento del ex general Guillermo Suárez Mason, se ignora a cambio de qué servicio/s. Entre mayo de 1975 y enero de 1976 el célebre Pajarito fue comandante del Cuerpo V bahiense. Bajo su mando actuaron los “grupos antisubversivos” clandestinos, cuyo trabajo sucio la justicia nunca investigó. Según ex militantes católicos que debieron huir de las garras de la AAA ese mismo año Montezanti forjó un fuerte vínculo con el sacerdote Emilio Ogñenovich, entonces vicario general del arzobispado de Bahía Blanca, formador de cursillisas del Cuerpo V y recordado por los familiares de detenidos-desaparecidos locales (al padre de Daniel Gastaldi, recién secuestrado, sin inmutarse le dijo: “a su hijo en este momento lo están haciendo cantar”).
En la elección interna del PJ bahiense de 1983 Montezanti integró la triunfante lista Azul y Blanca que encabezaba Rodolfo Ponce, quien antes de ser delegado regional de la CGT e indiscutida cara visible de la Triple A bahiense había disputado –a comienzos de los años ’70- espacios de poder con la UOM de Albertano Quiroga. Un veterano militante nacionalista local afirma que varios de los matones sindicales de la UOM nutrieron las filas de la Triple A.
En 1987 el general Adel Vilas le propuso hacerse cargo de su defensa. Montezanti declinó la oferta pero le impartió “algunos consejos técnicos profesionales”, según escribió al excusarse en la causa que investiga los crímenes de la dictadura. La Cámara Federal procesó a Vilas por 12 homicidios, 61 privaciones ilegales de la libertad calificadas y 41 casos de torturas. Una década después, cuando la agrupación Hijos bahiense anunció un escrache contra el médico Humberto Adalberti (acusado de asistir a secuestrados en La Escuelita y beneficiado con una declaración de falta de mérito) Montezanti presentó una medida cautelar para impedir la manifestación. Al fracasar demandó a los organizadores por daños y perjuicios, denuncia que la justicia rechazó por razones formales. Entre los dilectos amigos a quienes despidió públicamente se destacan el oficial naval Julio Rodolfo Comadira, jefe de división en la asesoría jurídica de la Armada durante la dictadura, y Martín Gregorio Allica, pluma de La Nueva Provincia denunciada por Madres de Plaza de Mayo como agente del Batallón de Inteligencia 601. Desde la creación de la carrera de derecho en la UNS su mayor logro es haber resistido la formación de una cátedra sobre Derechos Humanos.
Un ex estudiante de la Universidad Nacional del Sur deberá afrontar un juicio por calumnias e injurias que le inició el presidente de la Cámara Federal, a quien vinculó con la Triple A.
Por Diego Martínez
Mientras torturadores y asesinos caminan impunes por Bahía Blanca con el visto bueno de la justicia federal, un ex estudiante de la Universidad Nacional del Sur deberá afrontar un juicio por calumnias e injurias por haber denunciado como partícipe de la Alianza Anticomunista Argentina al actual presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca doctor Néstor Luis Montezanti. Apoderado de la Unión Obrera Metalúrgica desde la década del ’60 y profesor de la UNS desde 1971, a lo largo de su carrera Montezanti defendió y/o asesoró al militante de la Concentración Nacionalista Universitaria Néstor Beroch, al fascista interventor de la UNS Remus Tetu, al dueño de la vida y la muerte de La Escuelita general Adel Vilas y al médico acusado de prestar servicios en ese centro clandestino Humberto Adalberti. Si el juez José Luis Ares comprende de antemano que la Triple A no entregaba carnet de socios a sus sicarios ni a sus referentes intelectuales, será menos complejo para el denunciado demostrar que su acusación no es caprichosa que para el juez justificar ante sus alumnos la férrea indiferencia de la corporacion judicial bahiense frente a la masacre cometida por las Fuerzas Armadas antes y después del último golpe de Estado.
La historia comenzó en octubre de 2002, mientras los estudiantes de la UNS se movilizaban en contra de los exámenes de ingreso. Alberto Rodríguez participaba de la reunión del Consejo Superior como delegado de la Asociación Argentina de Actores. “En lugar de poner trabas al ingreso de alumnos habría que analizar de una buena vez el plantel de docentes. Aún hay personajes de la misión Ivanissevich que fueron cómplices de crímenes ocurridos en esta universidad”, dijo. Citó como ejemplo a Montezanti, “impulsor de la pena de muerte y partícipe de la Triple A”. Un mes después el Senado aprobó su designación como camarista y en octubre de 2004, con efecto retardado, Montezanti se sintió injuriado, querelló a Rodríguez y pidió un resarcimiento de 10.000 pesos más intereses.
Credencial para matar
A Rodríguez no le contaron la historia. El 3 de abril de 1975, en un pasillo de la UNS, fue testigo del asesinato de David Cilleruelo, secretario de la Federación Universitaria del Sur con quien militaba en la Federación Juvenil Comunista. El asesino, Jorge Oscar Argibay, suboficial de la Armada, era el custodio de máxima confianza del flamante rector Remus Tetu, cuya primera medida de gobierno fue contratar bajo el rubro “seguridad y vigilancia” a un ejército de matones sindicales y “ex integrantes de fuerzas armadas y de seguridad” que le proveyó “uno de los servicios de inteligencia”, según admitió ante la justicia en 1980. Cilleruelo acababa de acusar a Tetu durante una asamblea de representar “a la misión Ivanissevich, que no es otra cosa que implantar el imperialismo con el apoyo de la Marina de Guerra, única arma del país que bombardeó a un pueblo indefenso”. Cuando Rodríguez fue a la seccional a denunciar el crimen un sargento intentó disuadirlo. Argibay “tiene credencial de la Federal, arréglenlo con sus propias manos”, sugirió. Pese a que varios testigos reiteraron que vieron a Argibay disparar a quemarropa y huir en el Falcon verde con patente dorada del rectorado, la policía no asentó su apellido en el acta. La Nueva Provincia omitió el dato del auto oficial y la relación del sicario con Tetu, editorialista del diario naval.
Durante 1975, con contratos rubricados por el rectorado, la patota de Tetu tuvo vía libre para matar. Recién el 10 de diciembre Argibay fue detenido por Prefectura de Puerto Quequén, no por orden de la justicia sino herido en un tiroteo en la Junta Nacional de Granos. Un mes depués del golpe el juez federal Guillermo Madueño le tomó declaración en el penal de Olmos. Cuando le informó su derecho a ser defendido Argibay nombró al “doctor Néstor Luis Montezanti”, viejo conocido de Tetu (en agosto de 1973, cuando una asamblea de estudiantes de Humanidades promovió la destitución del profesor Tetu por utilizar textos filonazis, Montezanti lo acompañó al juzgado para exigir la suspención del juicio académico). Pese a los 700 kilómetros recorridos el interrogatorio entró en una carilla. En la causa no consta que Montezanti haya sido notificado ni que haya actuado en defensa de Argibay, quien pese a las abrumadoras evidencias en su contra no estuvo un solo día preso por la muerte de Cilleruelo. En noviembre de 1977, cuando un juez marplantense dispuso liberarlo por el tiroteo en la JNG y consultó a su par bahiense, Madueño respondió que “por ahora no interesa a este juzgado la detención de Argibay” (el secretario del juez federal era el doctor Hugo Sierra, hoy profesor de derecho en la UNS y abogado de Montezanti). En 1980 el juez Jorge Suter pidió su captura, sin éxito: el marino murió prófugo dos años después. Desde el jueves este cronista intentó comunicarse con el señor juez para consultarlo sobre su relación con Argibay, pero no logró ser atendido.
De Beroch a Adalberti
Temido por sus pares, poco apreciado entre sus alumnos pero respetado por las corporaciones de poder locales (es uno de los principales referentes intelectuales del intendente Cristian Breitenstein), Montezanti nunca ocultó su ideología. A principios de los 60 viejos peronistas lo ubican como referente de la Guardia Restauradora Nacionalista, desprendimiento ultracatólico de Tacuara encabezado por el sacerdote Julio Meinvielle que adoptó por lema Dios, Patria y Hogar. En julio de 1965, en pleno brote antisemita de esa organización, el comando regional bahiense respaldado por el platense Néstor Beroch ingresó al domicilio del gerente de Casa Muñiz, durmió a la familia con cloroformo y robó 1.596.000 pesos. Al ser detenido su jefe local Sebastián Avale definió al grupo como “católico nacionalista, anticomunista”, admitió “cierta afinidad con el nacionalsocialismo”, con principios “basados en la doctrina católica” (La Nueva Provincia 13-10-65). Mientras sus compañeros cumplían condenas Beroch se mantuvo prófugo. En 1972, según coincidieron dos abogados y un ex militante de Tacuara, Montezanti solicitó en representación de Beroch la prescripción de la causa. Cuatro años después Beroch colaboraría con los grupos de tareas que secuestraron a los militantes de la UES durante la famosa “Noche de los lápices”.
También en los ’60 –según confirmó su abogado Sierra- pidió la amnistía para los miembros del grupo comando peronista que el 28 de septiembre de 1966, en el denominado Operativo Cóndor, desvió un avión comercial hacia Malvinas, donde antes de ser detenidos cantaron el himno y desplegaron siete banderas argentinas. Comandaba el grupo el entonces joven Dardo Cabo, hijo de un legendario dirigente de la UOM y entonces miembro del Movimiento Nueva Argentina, otro desprendimiento de Tacuara.
Montezanti no sólo dio batalla en tribunales. El 20 de noviembre de 1973, durante un acto por el aniversario del combate de Vuelta de Obligado organizado por la Agrupación de Suboficiales Justicialistas bahienses del que participó la UOM, la Juventud Sindical Peronista y el comando local de la “Juventud Peronista Juan Manuel de Rosas”, tomó la palabra para anunciar que “hoy tendremos que librar nuestra batalla de Obligado, porque si en 1845 la soberanía estaba en peligro, hoy también lo está”. No se refería a ningún enemigo externo.
En 1975 a priori trabajó como abogado de la UOM, profesor de la UNS y de la Universidad Tecnológica Nacional. Sin embargo, un abogado radical que aspira a ser intendente y analiza en este momento costos y beneficios de declarar contra el presidente de la Cámara Federal le aseguró a Rodríguez que en su buffet de abogado Montezanti tiene una nota de agradecimiento del ex general Guillermo Suárez Mason, se ignora a cambio de qué servicio/s. Entre mayo de 1975 y enero de 1976 el célebre Pajarito fue comandante del Cuerpo V bahiense. Bajo su mando actuaron los “grupos antisubversivos” clandestinos, cuyo trabajo sucio la justicia nunca investigó. Según ex militantes católicos que debieron huir de las garras de la AAA ese mismo año Montezanti forjó un fuerte vínculo con el sacerdote Emilio Ogñenovich, entonces vicario general del arzobispado de Bahía Blanca, formador de cursillisas del Cuerpo V y recordado por los familiares de detenidos-desaparecidos locales (al padre de Daniel Gastaldi, recién secuestrado, sin inmutarse le dijo: “a su hijo en este momento lo están haciendo cantar”).
En la elección interna del PJ bahiense de 1983 Montezanti integró la triunfante lista Azul y Blanca que encabezaba Rodolfo Ponce, quien antes de ser delegado regional de la CGT e indiscutida cara visible de la Triple A bahiense había disputado –a comienzos de los años ’70- espacios de poder con la UOM de Albertano Quiroga. Un veterano militante nacionalista local afirma que varios de los matones sindicales de la UOM nutrieron las filas de la Triple A.
En 1987 el general Adel Vilas le propuso hacerse cargo de su defensa. Montezanti declinó la oferta pero le impartió “algunos consejos técnicos profesionales”, según escribió al excusarse en la causa que investiga los crímenes de la dictadura. La Cámara Federal procesó a Vilas por 12 homicidios, 61 privaciones ilegales de la libertad calificadas y 41 casos de torturas. Una década después, cuando la agrupación Hijos bahiense anunció un escrache contra el médico Humberto Adalberti (acusado de asistir a secuestrados en La Escuelita y beneficiado con una declaración de falta de mérito) Montezanti presentó una medida cautelar para impedir la manifestación. Al fracasar demandó a los organizadores por daños y perjuicios, denuncia que la justicia rechazó por razones formales. Entre los dilectos amigos a quienes despidió públicamente se destacan el oficial naval Julio Rodolfo Comadira, jefe de división en la asesoría jurídica de la Armada durante la dictadura, y Martín Gregorio Allica, pluma de La Nueva Provincia denunciada por Madres de Plaza de Mayo como agente del Batallón de Inteligencia 601. Desde la creación de la carrera de derecho en la UNS su mayor logro es haber resistido la formación de una cátedra sobre Derechos Humanos.
sábado, 31 de marzo de 2007
El camino de la Justicia
Ecodías
Entrevista con el fiscal federal Hugo O. Cañón
La tragedia que el 24 de marzo de 1976 se hizo oficial en Argentina es inolvidable. Siete años duró la ejecución de un plan criminal que llevó a un Estado terrorista a la matanza de argentinos, al secuestro, a la violación, a la tortura, a la desaparición de personas, al robo de bienes, a la apropiación de bebés.
Pensar la mera posibilidad de campos de concentración donde se manejaron como señores de la muerte, en nuestro país, en nuestra ciudad, a metros de nuestras casas, escandaliza y ofende a la vida.
Como una peste, la violencia se diseminó y el miedo avanzó sobre la vida cotidiana hasta nuestros días. Aun hoy en nuestra sociedad, en nuestra ciudad, tenemos rastros de ese puñado de años malditos que nos laceró la historia.
Pero la vida triunfa siempre, incluso en lo más adverso. La verdad, la memoria y la justicia -que tanto se demora a veces- promueven ese triunfo.
EcoDias conversó con el fiscal federal dr. Hugo Omar Cañón, quien desde antes del regreso de la democracia trabaja para lograr la justicia frente a tanto terror.
Si bien en el comienzo de la época democrática el planteamiento del juzgamiento de los crímenes cometidos durante la dictadura llevó al Juicio a las Juntas y este abrió la posibilidad de seguir investigando más allá de la jerarquía, los caminos transitados no fueron directos para llegar a un resultado de justicia en los casos que emergen de esos años de dictadura.
Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, los indultos, clausuraron los caminos.
“Luego el camino para poder reestablecer la posibilidad de justicia fue primero acudir al exterior a través de los juicios en la Audiencia Nacional de Madrid en el año 96, en Francia, Alemania, Italia, el mismo EE. UU., que logramos la extradición de Suárez Mason”, dice el fiscal federal.
“Los Juicios por la Verdad fueron una apertura muy grande. Permitieron a la sociedad a enterase de cosas que hasta ese momento no sabía. Justamente por la oralidad, por los testimonios públicos, por las filmaciones y registros. En la sociedad bahiense se comenzó a conocer ahí, en los años ‘99, 2000”
Menciona como salto cualitativo el impulso de la nulidad de las leyes que hizo este gobierno, “la nulidad de las leyes posibilita el juzgamiento real, con un aval de la corte en un fallo extraordinario que dice que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles”, como lo había dicho la Corte Interamericana.
Justicia y nuevas maneras de impunidad
“El concepto de justicia ahora está habilitado. Pero la nueva forma de impunidad que se está buscando es a través de la dilación de los juicios, a través de la complicidad de muchos jueces fiscales, que o vienen de la dictadura o simpatizan directamente con la dictadura o con las formas autoritarias y justificantes de todos los crímenes cometidos desde el estado. Y por ese motivo hasta ahora se lograron justamente dos juicios, que fue el juicio al Turco Simón primero y luego el juicio a Etchecolatz en La Plata”. En este último juicio se ha dado un avance de criterio en cuanto se definió en la sentencia que los delitos se cometieron en el marco del genocidio.
Reclamos
“La demanda que estamos haciendo desde los sectores de derechos humanos, es que haya una diligente actividad dentro del poder judicial para poder hacer un seguimiento de lo que pasa con las causas. Ver qué medidas hay que adoptar con los jueces que actúan en forma morosa o no diligente o buscando formas o atajos para no desarrollar los juicios”.
“Pero también queremos que no solamente sea la Corte y el ministerio publico fiscal sino también el poder ejecutivo que ponga a toda la estructura del estado para la protección de los testigos, para dar un impulso a los juicios con las investigaciones. Porque las fuerzas de seguridad cumplen un rol básico en las investigaciones y tienen que estar actuando en forma diligente con premura. Que no pueden eludirse la acción de la justicia con fugas y órdenes de captura, que ‘no se los puede encontrar’ cuando cobran todos los meses el sueldo como militares y después no los pueden detener. El Estado no puede hacer una mirada esquiva a este problema porque les incumbe”.
Las víctimas, los grandes olvidados
En la reactivación de las causas los testigos que ya declararon poco a poco van produciendo dos fenómenos, dice el fiscal Cañón, “por un lado recuperando la posibilidad de afrontar la realidad. No hacer una negación de su propio dolor y del pasado. Muchas cosas que eran negadas y resistidas a nivel inconsciente, que estaban anulados y cancelados, van aflorando.
Y, por el otro lado, los testigos van asumiendo un compromiso frente a la posibilidad de juzgamiento cuando lo ven en la realidad. Antes, cuando veían que había impunidad preferían olvidar o no hablar, y ahora se pone en palabras; además, algunos rompen ese bloqueo después de muchos años.
A mí me han tocado casos en la Fiscalía de personas que hacía 24, 28, 30 años que no hablaban. Con testimonios que en algunos casos son estremecedores, porque las víctimas fueron las grandes olvidadas, y su palabra era a veces devaluada y no creíble.
Cuando uno pone el oído, y el estado debe poner el oído a través de los jueces y los fiscales, la víctima se anima a contar cosas”.
Valora el fiscal esta posibilidad de “poder decir”, ya que los juicios en este sentido la completan. Con la memoria no basta, no basta con la verdad: hace falta justicia.
Demoras en Bahía Blanca
“Está muy demorado. La Fiscalía viene pidiendo hace mucho tiempo que se cite a indagatoria a todos los que ya estaban involucrados cuando se hicieron los juicios allá en el 86. Hay prueba más que suficiente, bastaría citarlos a indagatoria y detenerlos. Y no se hace”, dice al referirse al avance de las causas de crímenes cometidos en nuestra ciudad en la época de la última dictadura militar.
Menciona el fiscal Cañón que Neuquén, que también pertenecía a la Cámara de Bahía Blanca y que tenía menos prueba que los casos de Bahía Blanca, ya tiene “a tres jerarcas militares detenidos: un general, un teniente coronel y un mayor. Acá solamente tenemos un suboficial, y al oficial que ordenaron la detención, que es el teniente coronel Corres, no lo pueden encontrar. Esto es inaceptable, el estado tiene que poner todo su esfuerzo, detenerlo a él y a todos los demás que estamos pidiendo que se detengan”.
Los impedidores
No son caminos lineales ni asfaltados los que se transitan para llegar a un resultado de justicia, “hay que transitarlos haciendo una confrontación permanente contra los impedidores de los juicios; denunciando a los que asumen actitudes cómplices y exigiendo de parte del estado todos sus ámbitos (poder ejecutivo, poder judicial, sobre todo el ministerio público fiscal) que se hagan cargo de sus responsabilidades. Creo que haciendo esto con firmeza desde los organismos de DD. HH., desde los que estamos comprometidos con la temática, se puede llegar a resultados importantes”, que se traduce en llegar a los juicios orales en un plazo razonable.
Entrevista con el fiscal federal Hugo O. Cañón
La tragedia que el 24 de marzo de 1976 se hizo oficial en Argentina es inolvidable. Siete años duró la ejecución de un plan criminal que llevó a un Estado terrorista a la matanza de argentinos, al secuestro, a la violación, a la tortura, a la desaparición de personas, al robo de bienes, a la apropiación de bebés.
Pensar la mera posibilidad de campos de concentración donde se manejaron como señores de la muerte, en nuestro país, en nuestra ciudad, a metros de nuestras casas, escandaliza y ofende a la vida.
Como una peste, la violencia se diseminó y el miedo avanzó sobre la vida cotidiana hasta nuestros días. Aun hoy en nuestra sociedad, en nuestra ciudad, tenemos rastros de ese puñado de años malditos que nos laceró la historia.
Pero la vida triunfa siempre, incluso en lo más adverso. La verdad, la memoria y la justicia -que tanto se demora a veces- promueven ese triunfo.
EcoDias conversó con el fiscal federal dr. Hugo Omar Cañón, quien desde antes del regreso de la democracia trabaja para lograr la justicia frente a tanto terror.
Si bien en el comienzo de la época democrática el planteamiento del juzgamiento de los crímenes cometidos durante la dictadura llevó al Juicio a las Juntas y este abrió la posibilidad de seguir investigando más allá de la jerarquía, los caminos transitados no fueron directos para llegar a un resultado de justicia en los casos que emergen de esos años de dictadura.
Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, los indultos, clausuraron los caminos.
“Luego el camino para poder reestablecer la posibilidad de justicia fue primero acudir al exterior a través de los juicios en la Audiencia Nacional de Madrid en el año 96, en Francia, Alemania, Italia, el mismo EE. UU., que logramos la extradición de Suárez Mason”, dice el fiscal federal.
“Los Juicios por la Verdad fueron una apertura muy grande. Permitieron a la sociedad a enterase de cosas que hasta ese momento no sabía. Justamente por la oralidad, por los testimonios públicos, por las filmaciones y registros. En la sociedad bahiense se comenzó a conocer ahí, en los años ‘99, 2000”
Menciona como salto cualitativo el impulso de la nulidad de las leyes que hizo este gobierno, “la nulidad de las leyes posibilita el juzgamiento real, con un aval de la corte en un fallo extraordinario que dice que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles”, como lo había dicho la Corte Interamericana.
Justicia y nuevas maneras de impunidad
“El concepto de justicia ahora está habilitado. Pero la nueva forma de impunidad que se está buscando es a través de la dilación de los juicios, a través de la complicidad de muchos jueces fiscales, que o vienen de la dictadura o simpatizan directamente con la dictadura o con las formas autoritarias y justificantes de todos los crímenes cometidos desde el estado. Y por ese motivo hasta ahora se lograron justamente dos juicios, que fue el juicio al Turco Simón primero y luego el juicio a Etchecolatz en La Plata”. En este último juicio se ha dado un avance de criterio en cuanto se definió en la sentencia que los delitos se cometieron en el marco del genocidio.
Reclamos
“La demanda que estamos haciendo desde los sectores de derechos humanos, es que haya una diligente actividad dentro del poder judicial para poder hacer un seguimiento de lo que pasa con las causas. Ver qué medidas hay que adoptar con los jueces que actúan en forma morosa o no diligente o buscando formas o atajos para no desarrollar los juicios”.
“Pero también queremos que no solamente sea la Corte y el ministerio publico fiscal sino también el poder ejecutivo que ponga a toda la estructura del estado para la protección de los testigos, para dar un impulso a los juicios con las investigaciones. Porque las fuerzas de seguridad cumplen un rol básico en las investigaciones y tienen que estar actuando en forma diligente con premura. Que no pueden eludirse la acción de la justicia con fugas y órdenes de captura, que ‘no se los puede encontrar’ cuando cobran todos los meses el sueldo como militares y después no los pueden detener. El Estado no puede hacer una mirada esquiva a este problema porque les incumbe”.
Las víctimas, los grandes olvidados
En la reactivación de las causas los testigos que ya declararon poco a poco van produciendo dos fenómenos, dice el fiscal Cañón, “por un lado recuperando la posibilidad de afrontar la realidad. No hacer una negación de su propio dolor y del pasado. Muchas cosas que eran negadas y resistidas a nivel inconsciente, que estaban anulados y cancelados, van aflorando.
Y, por el otro lado, los testigos van asumiendo un compromiso frente a la posibilidad de juzgamiento cuando lo ven en la realidad. Antes, cuando veían que había impunidad preferían olvidar o no hablar, y ahora se pone en palabras; además, algunos rompen ese bloqueo después de muchos años.
A mí me han tocado casos en la Fiscalía de personas que hacía 24, 28, 30 años que no hablaban. Con testimonios que en algunos casos son estremecedores, porque las víctimas fueron las grandes olvidadas, y su palabra era a veces devaluada y no creíble.
Cuando uno pone el oído, y el estado debe poner el oído a través de los jueces y los fiscales, la víctima se anima a contar cosas”.
Valora el fiscal esta posibilidad de “poder decir”, ya que los juicios en este sentido la completan. Con la memoria no basta, no basta con la verdad: hace falta justicia.
Demoras en Bahía Blanca
“Está muy demorado. La Fiscalía viene pidiendo hace mucho tiempo que se cite a indagatoria a todos los que ya estaban involucrados cuando se hicieron los juicios allá en el 86. Hay prueba más que suficiente, bastaría citarlos a indagatoria y detenerlos. Y no se hace”, dice al referirse al avance de las causas de crímenes cometidos en nuestra ciudad en la época de la última dictadura militar.
Menciona el fiscal Cañón que Neuquén, que también pertenecía a la Cámara de Bahía Blanca y que tenía menos prueba que los casos de Bahía Blanca, ya tiene “a tres jerarcas militares detenidos: un general, un teniente coronel y un mayor. Acá solamente tenemos un suboficial, y al oficial que ordenaron la detención, que es el teniente coronel Corres, no lo pueden encontrar. Esto es inaceptable, el estado tiene que poner todo su esfuerzo, detenerlo a él y a todos los demás que estamos pidiendo que se detengan”.
Los impedidores
No son caminos lineales ni asfaltados los que se transitan para llegar a un resultado de justicia, “hay que transitarlos haciendo una confrontación permanente contra los impedidores de los juicios; denunciando a los que asumen actitudes cómplices y exigiendo de parte del estado todos sus ámbitos (poder ejecutivo, poder judicial, sobre todo el ministerio público fiscal) que se hagan cargo de sus responsabilidades. Creo que haciendo esto con firmeza desde los organismos de DD. HH., desde los que estamos comprometidos con la temática, se puede llegar a resultados importantes”, que se traduce en llegar a los juicios orales en un plazo razonable.
viernes, 2 de marzo de 2007
Atrasos en la Justicia Bahiense
Ecodías
El martes 20 de febrero estuvo en Bahía Blanca la doctora Mirta Mántaras, quien entiende en las causas sobre delitos de lesa humanidad cometidos en Bahía Blanca durante la última dictadura militar, con el fin de solicitarle al juez federal Alcindo Álvarez Canale que los procesados "sean convocados en grupo, de manera tal que sea posible el procesamiento de los que estuvieron desarrollando, por ejemplo, tareas operativas en conjunto sin perder tanto tiempo" de cara a los juicios orales.
En dicha oportunidad, Mántaras aseguró a EcoDias que la lentitud se debe a que "los defensores, por ejemplo el de Cruciani, interponen muchos recursos totalmente improcedentes. Esperábamos que Cruciani hablara y explicara cuáles eran los elementos que él tenía en su descargo, porque la declaración indagatoria es para eso, para darle garantía de descargo a los procesados y para que ellos nos digan qué es lo que saben. Resulta que no nos dicen nada, se niegan a declarar, y después sus abogados empiezan a decir que debe salir en libertad porque es nula la ley de Obediencia Debida".
En este sentido la letrada recuerda, para dejar en claro las trabas de los defensores de los genocidas, que "la nulificación de las leyes de impunidad se ha hecho desde la Corte" y "en el caso de Cruciani son procesos que tienen numerosísimas pruebas y demostraciones de que él era el jefe de La Escuelita y el torturador", por lo cual hay una "ingeniería de abogados" con "una especie de acuerdo en hacer presentaciones calcadas, totalmente improcedentes, a los efectos de dilatar el envío de los procesos al tribunal oral".
"Acá en Bahía creo que estamos con un atraso mayor porque tenemos solamente un procesado. En Buenos Aires tenemos un atraso también pero son 130 procesados: cuanto más rápido es el procesamiento, más rápido se va a llegar al juicio oral. Y esto es lo que nosotros en este momento estamos buscando y pretendiendo en todo el país para que sea posible cerrar este capítulo del Terrorismo de Estado y del genocidio en la Argentina por la importancia que tiene para la sociedad. La sociedad necesita tener en alto el valor justicia", afirmó la abogada.
La libertad de Adalberti
Para Mántaras, que Álvarez Canale haya dictado la falta de mérito del médico Humberto Adalberti le "llamó poderosamente la atención porque su participación en el aparato del V Cuerpo está probada. No podemos olvidarnos que el propio Streich señaló que los médicos que estaban eran intercambiables y que iban los otros que estaban ahí, que no era más que Adalberti y uno más".
"Entonces, la falta de mérito me parece que ha sido una ponderación no muy detallista del juez porque tiene pruebas en su contra abrumadoras y esa es una de las cosas que vengo a hablar concretamente con el doctor Álvarez Canale", agregó la letrada y comentó que "la medida está apelada e inclusive pedimos que se llame a testigos que han declarado y han especificado que les consta que Adalberti participaba y él mismo no lo ha negado, pero naturalmente cuando alguien está procesado dice: 'Yo no tengo nada que ver'. Ese es un clásico, nosotros queremos que se valore la prueba que existe".
El horror permanente
Mántaras destacó el apoyo de los familiares y la comunidad bahiense: "Los familiares trabajaron muchísimo para traer pruebas, para que las causas tuvieran incorporados los habeas corpus".
"En Bahía ante cada desaparecido los familiares han ido permanentemente a reclamar con habeas corpus, paradero, privación ilegal de la libertad. Han estado depositando en la justicia una expectativa que fue frustrada porque los jueces preguntaban a los militares si los tenían, decían no y los habeas corpus eran todos rechazados. Creo que el sufrimiento de los familiares en las declaraciones es inenarrable, la gente ha sido sometida muchas veces a una, dos declaraciones que la conectan con su propia experiencia de horror y es muy duro", finalizó.
Las causas bahienses
"Tenemos más de cien que vienen de la actuación anterior de la Cámara Federal cuando era la competente para ocuparse de los juicios de violación de derechos humanos. En la etapa anterior hicimos muchas pruebas, es decir que tenemos casos que ya están redondeados como para poder enviarlos al tribunal oral. Hay algunos casos, por ejemplo, que ahora son nuevos, dado que se anuló la Ley de Punto Final que impedía que se presenten todos los querellantes que tenían que hacerlo. Hoy pueden presentarse inclusive aquellos referidos a delitos cometidos en una época anterior a marzo del 76".
El martes 20 de febrero estuvo en Bahía Blanca la doctora Mirta Mántaras, quien entiende en las causas sobre delitos de lesa humanidad cometidos en Bahía Blanca durante la última dictadura militar, con el fin de solicitarle al juez federal Alcindo Álvarez Canale que los procesados "sean convocados en grupo, de manera tal que sea posible el procesamiento de los que estuvieron desarrollando, por ejemplo, tareas operativas en conjunto sin perder tanto tiempo" de cara a los juicios orales.
En dicha oportunidad, Mántaras aseguró a EcoDias que la lentitud se debe a que "los defensores, por ejemplo el de Cruciani, interponen muchos recursos totalmente improcedentes. Esperábamos que Cruciani hablara y explicara cuáles eran los elementos que él tenía en su descargo, porque la declaración indagatoria es para eso, para darle garantía de descargo a los procesados y para que ellos nos digan qué es lo que saben. Resulta que no nos dicen nada, se niegan a declarar, y después sus abogados empiezan a decir que debe salir en libertad porque es nula la ley de Obediencia Debida".
En este sentido la letrada recuerda, para dejar en claro las trabas de los defensores de los genocidas, que "la nulificación de las leyes de impunidad se ha hecho desde la Corte" y "en el caso de Cruciani son procesos que tienen numerosísimas pruebas y demostraciones de que él era el jefe de La Escuelita y el torturador", por lo cual hay una "ingeniería de abogados" con "una especie de acuerdo en hacer presentaciones calcadas, totalmente improcedentes, a los efectos de dilatar el envío de los procesos al tribunal oral".
"Acá en Bahía creo que estamos con un atraso mayor porque tenemos solamente un procesado. En Buenos Aires tenemos un atraso también pero son 130 procesados: cuanto más rápido es el procesamiento, más rápido se va a llegar al juicio oral. Y esto es lo que nosotros en este momento estamos buscando y pretendiendo en todo el país para que sea posible cerrar este capítulo del Terrorismo de Estado y del genocidio en la Argentina por la importancia que tiene para la sociedad. La sociedad necesita tener en alto el valor justicia", afirmó la abogada.
La libertad de Adalberti
Para Mántaras, que Álvarez Canale haya dictado la falta de mérito del médico Humberto Adalberti le "llamó poderosamente la atención porque su participación en el aparato del V Cuerpo está probada. No podemos olvidarnos que el propio Streich señaló que los médicos que estaban eran intercambiables y que iban los otros que estaban ahí, que no era más que Adalberti y uno más".
"Entonces, la falta de mérito me parece que ha sido una ponderación no muy detallista del juez porque tiene pruebas en su contra abrumadoras y esa es una de las cosas que vengo a hablar concretamente con el doctor Álvarez Canale", agregó la letrada y comentó que "la medida está apelada e inclusive pedimos que se llame a testigos que han declarado y han especificado que les consta que Adalberti participaba y él mismo no lo ha negado, pero naturalmente cuando alguien está procesado dice: 'Yo no tengo nada que ver'. Ese es un clásico, nosotros queremos que se valore la prueba que existe".
El horror permanente
Mántaras destacó el apoyo de los familiares y la comunidad bahiense: "Los familiares trabajaron muchísimo para traer pruebas, para que las causas tuvieran incorporados los habeas corpus".
"En Bahía ante cada desaparecido los familiares han ido permanentemente a reclamar con habeas corpus, paradero, privación ilegal de la libertad. Han estado depositando en la justicia una expectativa que fue frustrada porque los jueces preguntaban a los militares si los tenían, decían no y los habeas corpus eran todos rechazados. Creo que el sufrimiento de los familiares en las declaraciones es inenarrable, la gente ha sido sometida muchas veces a una, dos declaraciones que la conectan con su propia experiencia de horror y es muy duro", finalizó.
Las causas bahienses
"Tenemos más de cien que vienen de la actuación anterior de la Cámara Federal cuando era la competente para ocuparse de los juicios de violación de derechos humanos. En la etapa anterior hicimos muchas pruebas, es decir que tenemos casos que ya están redondeados como para poder enviarlos al tribunal oral. Hay algunos casos, por ejemplo, que ahora son nuevos, dado que se anuló la Ley de Punto Final que impedía que se presenten todos los querellantes que tenían que hacerlo. Hoy pueden presentarse inclusive aquellos referidos a delitos cometidos en una época anterior a marzo del 76".
domingo, 25 de febrero de 2007
Flores para la Tera
Página/12
Exhumada de una tumba sin nombre e identificada por el Equipo Argentino de Antropología Forense, Silvia Giménez será enterrada hoy en el cementerio de La Plata.
Por Diego Martínez
Emiliano tenía 15 meses el día que una patota militar secuestró a sus padres. 29 años después el Equipo Argentino de Antropología Forense le informó la identificación de su mamá, Silvia Giménez, enterrada como NN en el cementerio de Avellaneda. Esta semana convocó a organismos de derechos humanos y organizaciones populares a rendirle homenaje. “Si cada una de las historias de los 30.000 desaparecidos se escribe desde una confusa y anémica memoria que niega su condición de revolucionarios, de sujetos que disputaron el poder por la liberación política y social de la Patria, si no tenemos la estima por las nubes al decir que fueron cuadros políticos estratégicos, soldados de una causa colectiva e irremediablemente justa, estaríamos volviendo a matarlos”, escribió. La cita es a las 11 en el cementerio de La Plata.
Silvia nació en Coronel Pringles pero de niña llegó a Bahía Blanca. Estudió en el Colegio Nacional, donde este verano sus autoridades taparon un mural de los alumnos que recordaba la Noche de los Lápices. En la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Sur conoció a Raúl Guido, “el Tero de Huanguelén”. Se enamoraron, pasó a ser la Tera y se mudó al Barrio Universitario, una manzana de chalecitos recuperados para los estudiantes del interior que pronto se convirtió en centro de actividad política. Sus primeros rastros de militancia constan en Graphos, revista del Club Universitario. Escribió sobre educación en Cuba y derecho a la salud. Emiliano heredó el oficio: en 2005 recibió el premio José Martí de la agencia Prensa Latina. Sus amigos la recuerdan seria, sólida en sus convicciones y de extraordinaria belleza.
En junio de 1973 acompañaron a la JP a Ezeiza y se terminaron de convencer de que la revolución no pasaba por Perón. El día del golpe en Chile la recuerdan con la bandera del Frente Antiimperialista por el Socialismo marchando junto a inmigrantes humildes que en Bahía llaman “chilotes”, el viento y la lluvia arrancándole el cartelón de las manos frente a la nutrida custodia del diario La Nueva Provincia, exultante puertas adentro. Los buchones locales no tardaron en ficharlos. En junio de 1974 Silvia contrató los colectivos que transportaron a 300 bahienses al congreso del FAS en Rosario. En septiembre Raúl reconoció en la morgue el cadáver de Luis Jesús García, fusilado por los matones del diputado Rodolfo Ponce. Sin garantías y con Raúl incorporado al PRT, a fin de año se trasladaron a Mar del Plata. Silvia se proletarizó en una fábrica de conserva de pescado y Raúl intentó sostener la prensa del partido, pero las medidas de seguridad de la regional hacían agua. A partir de información transmitida desde Bahía Blanca por el comisario Juan Nelo Trujillo los represores marplatenses supieron dónde vivían. Se tomaron un mes para reconstruir la red de contactos. El 19 de junio de 1976 miembros del Grupo de Artillería de Defensa Antiaérea 601, en tres autos sin patente, los secuestraron junto a otras siete personas. Según la investigación del EAAF, es probable que hayan sido trasladados al Pozo de Banfield.
Emiliano se crió con sus abuelos maternos. Además de la tragedia personal padecieron el bloque militar-eclesiástico-civil de Bahía Blanca, que con escasas fisuras persevera en su indiferencia cómplice ante el genocidio. A partir del llamado de algún militar aburrido, Norberto esperó dos días en un andén de Constitución, con un pañuelo rojo en el bolsillo del saco, que alguien retirara el bolso con ropa para Silvia. Aurora marchó junto a las Madres, sufrió los apagones en plaza Rivadavia, los huevazos desde edificios navales y el rechazo del arzobispo Jorge Mayer, que el Día de la Madre no toleró los pañuelos blancos y las echó de la Catedral. Criaron a su nieto en medio de la peor hostilidad. Cuando lo supieron fuerte y emigró a La Plata, la tristeza se los devoró.
“Nadie pudo separarnos”, escribió Emiliano sobre sus padres. “Cuando la historia oficial los quiso demonizar, cuando la moral media de la sociedad los reducía a un grupo de jóvenes manipulados, muchos, casi como un mandato necio de los genes, seguimos diciendo que estamos orgullosos de ellos.” En la postdata pidió por favor llevar flores para la Tera.
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