sábado, 31 de marzo de 2007

El camino de la Justicia

Ecodías
Entrevista con el fiscal federal Hugo O. Cañón


La tragedia que el 24 de marzo de 1976 se hizo oficial en Argentina es inolvidable. Siete años duró la ejecución de un plan criminal que llevó a un Estado terrorista a la matanza de argentinos, al secuestro, a la violación, a la tortura, a la desaparición de personas, al robo de bienes, a la apropiación de bebés.

Pensar la mera posibilidad de campos de concentración donde se manejaron como señores de la muerte, en nuestro país, en nuestra ciudad, a metros de nuestras casas, escandaliza y ofende a la vida.

Como una peste, la violencia se diseminó y el miedo avanzó sobre la vida cotidiana hasta nuestros días. Aun hoy en nuestra sociedad, en nuestra ciudad, tenemos rastros de ese puñado de años malditos que nos laceró la historia.

Pero la vida triunfa siempre, incluso en lo más adverso. La verdad, la memoria y la justicia -que tanto se demora a veces- promueven ese triunfo.

EcoDias conversó con el fiscal federal dr. Hugo Omar Cañón, quien desde antes del regreso de la democracia trabaja para lograr la justicia frente a tanto terror.

Si bien en el comienzo de la época democrática el planteamiento del juzgamiento de los crímenes cometidos durante la dictadura llevó al Juicio a las Juntas y este abrió la posibilidad de seguir investigando más allá de la jerarquía, los caminos transitados no fueron directos para llegar a un resultado de justicia en los casos que emergen de esos años de dictadura.

Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, los indultos, clausuraron los caminos.

“Luego el camino para poder reestablecer la posibilidad de justicia fue primero acudir al exterior a través de los juicios en la Audiencia Nacional de Madrid en el año 96, en Francia, Alemania, Italia, el mismo EE. UU., que logramos la extradición de Suárez Mason”, dice el fiscal federal.

“Los Juicios por la Verdad fueron una apertura muy grande. Permitieron a la sociedad a enterase de cosas que hasta ese momento no sabía. Justamente por la oralidad, por los testimonios públicos, por las filmaciones y registros. En la sociedad bahiense se comenzó a conocer ahí, en los años ‘99, 2000”

Menciona como salto cualitativo el impulso de la nulidad de las leyes que hizo este gobierno, “la nulidad de las leyes posibilita el juzgamiento real, con un aval de la corte en un fallo extraordinario que dice que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles”, como lo había dicho la Corte Interamericana.

Justicia y nuevas maneras de impunidad


“El concepto de justicia ahora está habilitado. Pero la nueva forma de impunidad que se está buscando es a través de la dilación de los juicios, a través de la complicidad de muchos jueces fiscales, que o vienen de la dictadura o simpatizan directamente con la dictadura o con las formas autoritarias y justificantes de todos los crímenes cometidos desde el estado. Y por ese motivo hasta ahora se lograron justamente dos juicios, que fue el juicio al Turco Simón primero y luego el juicio a Etchecolatz en La Plata”. En este último juicio se ha dado un avance de criterio en cuanto se definió en la sentencia que los delitos se cometieron en el marco del genocidio.

Reclamos


“La demanda que estamos haciendo desde los sectores de derechos humanos, es que haya una diligente actividad dentro del poder judicial para poder hacer un seguimiento de lo que pasa con las causas. Ver qué medidas hay que adoptar con los jueces que actúan en forma morosa o no diligente o buscando formas o atajos para no desarrollar los juicios”.

“Pero también queremos que no solamente sea la Corte y el ministerio publico fiscal sino también el poder ejecutivo que ponga a toda la estructura del estado para la protección de los testigos, para dar un impulso a los juicios con las investigaciones. Porque las fuerzas de seguridad cumplen un rol básico en las investigaciones y tienen que estar actuando en forma diligente con premura. Que no pueden eludirse la acción de la justicia con fugas y órdenes de captura, que ‘no se los puede encontrar’ cuando cobran todos los meses el sueldo como militares y después no los pueden detener. El Estado no puede hacer una mirada esquiva a este problema porque les incumbe”.

Las víctimas, los grandes olvidados


En la reactivación de las causas los testigos que ya declararon poco a poco van produciendo dos fenómenos, dice el fiscal Cañón, “por un lado recuperando la posibilidad de afrontar la realidad. No hacer una negación de su propio dolor y del pasado. Muchas cosas que eran negadas y resistidas a nivel inconsciente, que estaban anulados y cancelados, van aflorando.

Y, por el otro lado, los testigos van asumiendo un compromiso frente a la posibilidad de juzgamiento cuando lo ven en la realidad. Antes, cuando veían que había impunidad preferían olvidar o no hablar, y ahora se pone en palabras; además, algunos rompen ese bloqueo después de muchos años.

A mí me han tocado casos en la Fiscalía de personas que hacía 24, 28, 30 años que no hablaban. Con testimonios que en algunos casos son estremecedores, porque las víctimas fueron las grandes olvidadas, y su palabra era a veces devaluada y no creíble.
Cuando uno pone el oído, y el estado debe poner el oído a través de los jueces y los fiscales, la víctima se anima a contar cosas”.

Valora el fiscal esta posibilidad de “poder decir”, ya que los juicios en este sentido la completan. Con la memoria no basta, no basta con la verdad: hace falta justicia.

Demoras en Bahía Blanca


“Está muy demorado. La Fiscalía viene pidiendo hace mucho tiempo que se cite a indagatoria a todos los que ya estaban involucrados cuando se hicieron los juicios allá en el 86. Hay prueba más que suficiente, bastaría citarlos a indagatoria y detenerlos. Y no se hace”, dice al referirse al avance de las causas de crímenes cometidos en nuestra ciudad en la época de la última dictadura militar.

Menciona el fiscal Cañón que Neuquén, que también pertenecía a la Cámara de Bahía Blanca y que tenía menos prueba que los casos de Bahía Blanca, ya tiene “a tres jerarcas militares detenidos: un general, un teniente coronel y un mayor. Acá solamente tenemos un suboficial, y al oficial que ordenaron la detención, que es el teniente coronel Corres, no lo pueden encontrar. Esto es inaceptable, el estado tiene que poner todo su esfuerzo, detenerlo a él y a todos los demás que estamos pidiendo que se detengan”.

Los impedidores


No son caminos lineales ni asfaltados los que se transitan para llegar a un resultado de justicia, “hay que transitarlos haciendo una confrontación permanente contra los impedidores de los juicios; denunciando a los que asumen actitudes cómplices y exigiendo de parte del estado todos sus ámbitos (poder ejecutivo, poder judicial, sobre todo el ministerio público fiscal) que se hagan cargo de sus responsabilidades. Creo que haciendo esto con firmeza desde los organismos de DD. HH., desde los que estamos comprometidos con la temática, se puede llegar a resultados importantes”, que se traduce en llegar a los juicios orales en un plazo razonable.