viernes, 2 de marzo de 2007

Atrasos en la Justicia Bahiense

Ecodías

El martes 20 de febrero estuvo en Bahía Blanca la doctora Mirta Mántaras, quien entiende en las causas sobre delitos de lesa humanidad cometidos en Bahía Blanca durante la última dictadura militar, con el fin de solicitarle al juez federal Alcindo Álvarez Canale que los procesados "sean convocados en grupo, de manera tal que sea posible el procesamiento de los que estuvieron desarrollando, por ejemplo, tareas operativas en conjunto sin perder tanto tiempo" de cara a los juicios orales.

En dicha oportunidad, Mántaras aseguró a EcoDias que la lentitud se debe a que "los defensores, por ejemplo el de Cruciani, interponen muchos recursos totalmente improcedentes. Esperábamos que Cruciani hablara y explicara cuáles eran los elementos que él tenía en su descargo, porque la declaración indagatoria es para eso, para darle garantía de descargo a los procesados y para que ellos nos digan qué es lo que saben. Resulta que no nos dicen nada, se niegan a declarar, y después sus abogados empiezan a decir que debe salir en libertad porque es nula la ley de Obediencia Debida".

En este sentido la letrada recuerda, para dejar en claro las trabas de los defensores de los genocidas, que "la nulificación de las leyes de impunidad se ha hecho desde la Corte" y "en el caso de Cruciani son procesos que tienen numerosísimas pruebas y demostraciones de que él era el jefe de La Escuelita y el torturador", por lo cual hay una "ingeniería de abogados" con "una especie de acuerdo en hacer presentaciones calcadas, totalmente improcedentes, a los efectos de dilatar el envío de los procesos al tribunal oral".

"Acá en Bahía creo que estamos con un atraso mayor porque tenemos solamente un procesado. En Buenos Aires tenemos un atraso también pero son 130 procesados: cuanto más rápido es el procesamiento, más rápido se va a llegar al juicio oral. Y esto es lo que nosotros en este momento estamos buscando y pretendiendo en todo el país para que sea posible cerrar este capítulo del Terrorismo de Estado y del genocidio en la Argentina por la importancia que tiene para la sociedad. La sociedad necesita tener en alto el valor justicia", afirmó la abogada.

La libertad de Adalberti


Para Mántaras, que Álvarez Canale haya dictado la falta de mérito del médico Humberto Adalberti le "llamó poderosamente la atención porque su participación en el aparato del V Cuerpo está probada. No podemos olvidarnos que el propio Streich señaló que los médicos que estaban eran intercambiables y que iban los otros que estaban ahí, que no era más que Adalberti y uno más".

"Entonces, la falta de mérito me parece que ha sido una ponderación no muy detallista del juez porque tiene pruebas en su contra abrumadoras y esa es una de las cosas que vengo a hablar concretamente con el doctor Álvarez Canale", agregó la letrada y comentó que "la medida está apelada e inclusive pedimos que se llame a testigos que han declarado y han especificado que les consta que Adalberti participaba y él mismo no lo ha negado, pero naturalmente cuando alguien está procesado dice: 'Yo no tengo nada que ver'. Ese es un clásico, nosotros queremos que se valore la prueba que existe".

El horror permanente


Mántaras destacó el apoyo de los familiares y la comunidad bahiense: "Los familiares trabajaron muchísimo para traer pruebas, para que las causas tuvieran incorporados los habeas corpus".

"En Bahía ante cada desaparecido los familiares han ido permanentemente a reclamar con habeas corpus, paradero, privación ilegal de la libertad. Han estado depositando en la justicia una expectativa que fue frustrada porque los jueces preguntaban a los militares si los tenían, decían no y los habeas corpus eran todos rechazados. Creo que el sufrimiento de los familiares en las declaraciones es inenarrable, la gente ha sido sometida muchas veces a una, dos declaraciones que la conectan con su propia experiencia de horror y es muy duro", finalizó.

Las causas bahienses


"Tenemos más de cien que vienen de la actuación anterior de la Cámara Federal cuando era la competente para ocuparse de los juicios de violación de derechos humanos. En la etapa anterior hicimos muchas pruebas, es decir que tenemos casos que ya están redondeados como para poder enviarlos al tribunal oral. Hay algunos casos, por ejemplo, que ahora son nuevos, dado que se anuló la Ley de Punto Final que impedía que se presenten todos los querellantes que tenían que hacerlo. Hoy pueden presentarse inclusive aquellos referidos a delitos cometidos en una época anterior a marzo del 76".