Los
fiscales Abel Córdoba y Félix Croux recusaron al juez ad hoc que debería
investigar los delitos de lesa humanidad de la Armada en Bahía Blanca causa por
falta de imparcialidad. Señalaron que Eduardo Tentoni está “consustanciado con
los intereses de los acusados, en evidente desmedro de las víctimas
sobrevivientes, los familiares y los testigos”.
Por Diego
Martínez

El propio
Tentoni hizo constar el 5 de marzo que durante su comisión a la Dirección
General de Inteligencia naval para buscar información sobre los agentes civiles
de la Armada, que siguen impunes, conversó más de una hora con el almirante Paz
(que debió renunciar cuando la Fragata Libertad fue retenida en Ghana) y tuvo
dos “almuerzos de trabajo” con Tomé, que sigue en funciones. Los fiscales
destacan que la negativa a informar sobre el contenido de esas charlas no sólo
pone en duda su imparcialidad y es “lesiva para las víctimas”, que antes de ser
secuestradas y torturadas fueron investigadas por la Inteligencia Naval, sino
que compromete “los aspectos más delicados del sistema democrático”, que veda a
las fuerzas armadas las actividades de Inteligencia en el marco interno.

El
contacto con Marra se produjo luego de negarse a allanar y más tarde a
secuestrar documentación de La Nueva Provincia. El juez rechazó ambas medidas
pedidas por el fiscal, resolvió pedirle a los Massot que remitieran
voluntariamente documentación sobre hechos por los que debería investigarlos,
aunque nunca libró el oficio para notificarlos. Al año, luego de que
trascendiera el alegato de Córdoba, en el que desmenuzó el rol del diario
bahiense durante el terrorismo de Estado, Tentoni recibió el llamado de Marra,
que lo invitó a “visitar” el diario para “revisar la documentación que pudiera
ser de su interés”. El diálogo, del que no dejó constancia en la causa,
“evidencia un grado de interacción informal, pero de contenido judicial, inaceptable
en el juez a cargo de la investigación” sobre los crímenes de Enrique Heinrich
y Miguel Angel Loyola, los obreros gráficos y delegados de los trabajadores de
La Nueva Provincia asesinados tres meses después del golpe de Estado. “Contamos
con un juez parcial, consustanciado con los intereses de los acusados en
evidente desmedro de las víctimas sobrevivientes, los familiares y los
testigos”, concluyen los fiscales.
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