sábado, 3 de enero de 2009

Lo que dejó 2008

PáginaI12

Por Diego Martínez

Un tribunal condena a prisión perpetua en cárcel común a Luciano Benjamín Menéndez. Córdoba es una fiesta. Otro dicta perpetua contra Antonio Domingo Bussi pero lo deja en el country. Media Tucumán arde. La Laucha Corres honra al apodo y se escabulle de su prisión VIP en la pétrea Bahía Blanca. Juan Evaristo Puthod desaparece durante 28 horas en Zárate: resurge el fantasma de Julio López. Cecilia Pando amenaza de muerte a las víctimas de Corrientes tras la condena a un dirigente de la Sociedad Rural Argentina. La Corte Suprema de Justicia dictamina que el Congreso no tiene facultades para excluir a un torturador: Luis Patti recupera la libertad durante ocho días. El Tribunal Oral Federal 5 porteño prohíbe a los fotógrafos disparar contra los jefes de Mansión Seré. Miles de personas marchan para exigir justicia por la segunda desaparición de Julio López. El Malevo Ferreyra logra evitar la detención con un balazo en su sien ante la cámara de Crónica TV. Casación ordena liberar a Astiz, Acosta & Cía. La Corte tiene la palabra.

El proceso de verdad y justicia sobre los crímenes de la última dictadura aportó durante 2008 postales para todos los gustos. El balance, pese a los sapos, parece ser positivo. Sobre todo por la sucesión sin pausas de juicios orales y por lo general públicos, la mayoría en el interior del país: Misiones, Córdoba, Corrientes, Tucumán, Neuquén y, aún en marcha, en San Luis. Todos concluyeron con condenas, treinta en total, desde los célebres Bussi & Menéndez hasta suboficiales y civiles ignotos, mayoría inevitable por la metódica clandestinidad del terrorismo de Estado. Hubo también dos absoluciones que, para disgusto de los admiradores tardíos de José Rucci, ratifican la independencia de los tribunales que juzgan genocidas.

Las 32 sentencias de 2008 dan pie a dos lecturas. La primera, optimista, indica que en el último año hubo más del doble de condenados que en el lustro posterior a la reapertura de los juicios. La segunda pone de manifiesto que los juicios por crímenes cometidos hace treinta años durarán más de una década.