Con connivencia judicial se produjeron cuatro nuevas fugas de represores en Bahía Blanca, donde continúa lejos la posibilidad de llevar a juicio las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.
Por Diego Martínez
Cuatro nuevos prófugos con ayuda de Su Señoría. Apelaciones que hibernan durante meses en la Cámara Federal, la misma que el Consejo de la Magistratura investiga por perseguir a delegados gremiales. Magistrados que pese al reclamo de celeridad de la Corte Suprema de Justicia se niegan a suspender la feria judicial y asignan a otras tareas al personal designado para causas de la dictadura. Ni una sola diligencia para esclarecer el secuestro y asesinato de los obreros gráficos y sindicalistas del diario naval La Nueva Provincia. A tres décadas de los más brutales crímenes de lesa humanidad de su historia y a dos de una actuación judicial ejemplar para enfrentar las leyes de impunidad, Bahía Blanca no tiene un solo condenado y sigue lejana la posibilidad de concretar un juicio acorde a la magnitud del genocidio local.
Hace un año, Página/12 denunció que varios militares se profugaban con el visto bueno del juez federal Alcindo Alvarez Canale. La maniobra consistía en reiterarles varias veces la citación a indagatoria para que tuvieran tiempo de mudarse. Cuando Su Señoría concluía que no tenían intenciones de rendir cuentas ante la Justicia y ordenaba las detenciones, en sus casas sólo quedaban mirra y agua para los camellos. El único capturado de aquella tanda fue Julián “Laucha” Corres, que luego se escabulló de la Policía Federal. Otros se presentaron cuando quisieron y sigue bien guardado el coronel Aldo Mario Alvarez, el mismo que cedió a su yerno acciones y cargos en la Agencia de Investigaciones Privadas Alsina SRL.
En 2008 el método se perfeccionó. En lugar de declarar el secreto de sumario y ordenar las capturas en silencio, el juez notifica la medida al defensor oficial, que nada puede ni debe hacer antes de la detención, y le comunica al jefe de la cárcel de Villa Floresta nombre y apellido de los futuros huéspedes. Así toman conocimiento los abogados del resto de los imputados, incluidos los militantes Eduardo San Emeterio y Alfredo Bisordi, dueños de alertar a quien les plazca. De este modo, Alvarez Canale logra frustrar la medida que ordena en los papeles. Cuando recibe pedidos de intervenciones telefónicas o allanamientos para buscar documentación, Su Señoría los rechaza, notifica a las partes y deja constancia en el expediente principal, de modo que si más tarde la Cámara los acepta la medida perdió sentido, pues el dato es prácticamente público.
Un ejemplo reciente muestra la eficacia del método. El 10 de noviembre Alvarez Canale ordenó detener a los coroneles Hugo Carlos Fantoni, Luis Alberto González, Carlos Alberto Taffarel y Norberto Eduardo Condal, y al teniente coronel Jorge Horacio Granada. El único capturado, el jueves último en La Plata, fue Condal, que entre 1975 y 1979 alternó destinos entre el Destacamento de Inteligencia 181 y la Jefatura II del Cuerpo V, ambos en Bahía Blanca, y que fue condenado en 2004 como miembro de una asociación ilícita que realizaba tareas de espionaje sobre jueces, abogados y periodistas para informar al jefe de inteligencia del Ejército, general Jorge Miná, sobre las causas contra represores en Córdoba.
De los nuevos prófugos es el coronel Fantoni quien ostentó la mayor jerarquía durante la dictadura y el único que integró el Estado Mayor del Cuerpo V, donde se decidía el destino de cada secuestrado. Su último domicilio conocido es en 9 de Julio 5072 (en Capital Federal). Los otros tres son ex miembros del Destacamento de Inteligencia 181 al que pertenecía el fallecido suboficial Santiago Cruciani, hasta hoy el único interrogador identificado de La Escuelita:
- El entonces mayor Luis Alberto González fue en 1975 segundo jefe del Destacamento, que ese año tomó en forma gradual la posta de los trabajos sucios hasta entonces realizados por los matones del diputado Rodolfo Ponce, y pasó a ser jefe en 1976, cuando se habilitó la mesa de torturas en el centro clandestino. En 1977 fue trasladado al Batallón de Inteligencia 601 que investiga el juez federal Ariel Lijo. Vivió sus últimos años en La Rioja 2464 y San Martín 2365 (Santa Fe).
- El entonces capitán Jorge Horacio Granada, que cobró fama por la ayuda económica que recibió de su amigo Luis Abelardo Patti durante el año que estuvo prófugo por sus andanzas en el Batallón 601, estuvo en Bahía Blanca entre 1975 y fines de 1977. Ese año fue trasladado al Destacamento de Inteligencia de Campo de Mayo. Tiene casas en Santa Fe 3388 PB 5 (Capital) y en Bartolomé Cruz 1971 (Olivos).
- Carlos Alberto Taffarel integró el Destacamento entre 1976 y 1980, como teniente primero y luego capitán. Hasta que decidió guardarse vivió en O’Higgins 2300 7º B (Capital).
Con el nuevo aporte de Alvarez Canale, la causa bahiense es la segunda del país en cantidad de represores que burlan con éxito a la Justicia –la megacausa ESMA encabeza la lista, con seis, aunque tiene más de 50 procesados– y se eleva a 45 la cifra de prófugos por delitos de lesa humanidad, por lejos la más estable de todas las situaciones procesales desde que se reabrieron las causas. La Unidad Especial de Búsqueda del Ministerio de Justicia, creada el año pasado con cinco millones de pesos de presupuesto, más dos millones para pagar recompensas y el único fin de encontrar a los prófugos, aún no tiene ni siquiera un sitio web con la foto y el prontuario de cada uno.
Más formalismos y dilaciones
El mes pasado, a tres años de la reapertura de la causa de La Escuelita bahiense, los fiscales Hugo Cañón y Antonio Castaño pidieron la elevación a juicio de un primer fragmento con cinco imputados: el general Juan Manuel Bayón, el coronel Hugo Delmé y los tenientes coroneles Osvaldo Páez, Jorge Masson y Mario Méndez, presos en Campo de Mayo. El juez ad hoc Víctor Staniscia habilitó la feria y corrió vista a la abogada Mirta Mántaras de la APDH. La posibilidad de que el primer juicio por crímenes de las Fuerzas Armadas en Bahía Blanca tenga más imputados depende de la Cámara Federal, que debe pronunciarse sobre la situación de otros doce represores. Según el Código Procesal, cuando recibe la apelación el tribunal debe fijar fecha de audiencia en no más de 30 días y, al concretarla, tiene otros cinco para resolver. En algunos casos, como el del médico Humberto Adalberti, la demora de la Cámara ronda el año. El mes pasado, invocando la acordada de la Corte que admitió que estos procesos son formalistas y están plagados de dilaciones, el fiscal Cañón pidió que se habilitara la feria. La Cámara se negó. Argumentó el “volumen y complejidad” de la causa y la imprescriptibilidad de los delitos. “Ello no significa la eternidad de las causas”, oscurecieron al aclarar. En la Cámara bahiense también descansan los procesamientos de cuatro policías imputados por complicidad con la fuga de Corres, incluido el comisario Gustavo Scelsi, el desconocido que va a los cumpleaños de Alvarez Canale.
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