Por segunda vez en tres meses, el Ejército respaldó a un militar que se niega a declarar en los Juicios por la Verdad: el secretario general del arma, general Alfonso, visitó a un suboficial detenido en Bahía Blanca.
Página/12
Por Laura Vales
El Ejército volvió a respaldar a los militares que se niegan a declarar en los Juicios por la Verdad. El secretario general de la fuerza, general Eduardo Alfonso, se subió ayer a un avión para volar hasta Bahía Blanca y hacer una visita solidaria al suboficial Armando Barrera, preso desde el viernes por negarse a declarar en la causa que lleva la Cámara Federal de esa ciudad para conocer el destino de los desaparecidos. La visita tuvo carácter oficial y fue decidida por el jefe del ejército Ricardo Brinzoni, quien comisionó a Alfonso “para que se interiorice sobre la situación y necesidades” del preso y le transmita el “apoyo institucional”.
La misión del secretario del Ejército tenía una segunda parte que quedó frustrada. Después de ver al detenido Barrera, el general Alfonso debía seguir rumbo a Mendoza para hacer una visita idéntica al suboficial Santiago Cruciani, quien cumple arresto domiciliario desde hace poco más de un mes por el mismo motivo de negarse a colaborar con la Justicia. Pero las malas condiciones del clima obligaron a postergar el vuelo que, según fuentes militares, se realizará “a más tardar el miércoles” de esta semana.
La mano derecha del jefe del Ejército viajó acompañado por el teniente coronel Gustavo Gorris. En los siete meses que Brinzoni lleva al frente de la fuerza, Alfonso ha adquirido una considerable experiencia en brindar este tipo de apoyos a los militares que se muestran esquivos con la Justicia. En abril, fue el encargado de llevar un respaldo similar a los camaradas detenidos por no colaborar en el Juicio por la Verdad de Córdoba.
Como en aquella oportunidad, ayer en el Ejército se insistió con el argumento de que las visitas “no son una forma de presión ni un cuestionamiento a los juicios”, sino que “indican la preocupación” de la fuerza “por la situación que están atravesando algunos de sus hombres, independientemente de la causa que se sustancia por las personas desaparecidas.”.
Los detenidos por la Cámara de Bahía Blanca son algo más que testigos directos de lo que sucedió en el centro clandestino de detención la Escuelita. El suboficial Santiago Cruciani –alias “Mayor Mario Mancini” o “El Tío”– fue señalado por varios testigos que declararon en el Juicio de la Verdad como interrogador y torturador. A finales de diciembre se convirtió en el primer militar que se negó a declarar en este proceso. Aunque en los Juicios por la Verdad no hay condenas contra quienes violaron los derechos humanos, Cruciani alegó que lo que diga puede llegar a perjudicarlo.
Antes de eso, el militar –que vive en Mendoza– había informado a los camaristas que no podría concurrir a Bahía Blanca por estar enfermo. Una comisión judicial se trasladó entonces más de mil kilómetros, sólo para escuchar de su boca que no estaba dispuesto a decir una palabra. La Cámara ordenó su arresto, que en atención a su esgrimida dolencia se convirtió en domiciliario. Así y todo, Cruciani presentó la semana pasada un hábeas corpus que fue rechazado por un juez federal y acusó a la Cámara por “privación ilegal de la libertad”.
El suboficial Armando Barrera, por su parte, fue guardia del mismo campo de concentración. “Es claro que por las funciones que cumplió puede aportar información muy precisa”, señaló ayer Mirta Mántaras, representante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca y Neuquén, querellante en la causa.
Barrera está detenido en la alcaidía de la Policía Federal, al igual que Cruciani, por tiempo indefinido. Los jueces le aplicaron el artículo 260 del Código de Justicia Militar, que rige para los uniformados que se niegan a colaborar con la Justicia. El encarcelamiento termina automáticamente si los testigos cambian de actitud.
El nuevo apoyo brindado a los militares renuentes generó indignación en los organismos de derechos humanos. “Desde la dirección de las Fuerzas Armadas se está reforzando una actitud corporativa que es muy peligrosa para la democracia”, advirtió Mántaras luego de recordar que “Cruciani es un torturador confeso que decidía sobre la vida y la muerte de la gente y hoy está con arresto domiciliario, en su casa, mirando cómodamente televisión”. La abogada también reprochó al Gobierno tener un doble discurso en su política de derechos humanos: “Suscriben en los foros internacionales que harán conocer la verdad a los familiares y a la sociedad, firman tratados y los rectifican, pero cuando llega el momento de aplicarlos siempre terminan impidiéndolo”.
Las visitas oficiales ordenadas por Brinzoni no pudieron llegar en mejor momento para los represores. Como publicó este diario en su edición del domingo, el Juicio por la Verdad de Bahía Blanca corre peligro de quedar paralizado. Por una queja del teniente coronel Oscar Corres, que declaró en una de las audiencias orales y fue denunciado por falso testimonio, la Cámara de Casación exigió al tribunal que le envíe el expediente entero sobre el juicio. Los jueces bahienses están decididos a mantener su competencia, pero si Casación le da la razón a Corres, la causa terminaría en la Corte Suprema. Esto es justamente lo que reclaman los militares, retirados y en actividad, “preocupados” por las consecuencias de los procesos abiertos no sólo allí sino también en La Plata, Córdoba, Rosario y Santa Fe.
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