miércoles, 19 de julio de 2000

Respuesta de la justicia

Página/12

El juez de la Cámara Federal de Bahía Blanca Luis Alberto Cotter denunció la intromisión del Poder Ejecutivo en las causas por la verdad.

Por Horacio Verbitsky
El juez de la Cámara Federal de Bahía Blanca Luis Alberto Cotter calificó como intromisión del Poder Ejecutivo en el proceso judicial la visita del secretario general del Ejército, Eduardo Alfonso a los militares detenidos por negarse a declarar en el juicio por la verdad y abogó en favor de la independencia de la Justicia respecto de las decisiones políticas, sin dobles mensajes ni alquimias jurídicas. Durante una entrevista en el programa de televisión “Día D”, Cotter sostuvo que la Cámara Nacional de Casación Penal era incompetente para entender en esas causas y citó en apoyo de esa posición el tratado La Casación Penal, del ahora presidente Fernando de la Rúa.


La visita de Alfonso a los militares detenidos en la delegación de la Policía Federal en Bahía Blanca fue parte de la ofensiva castrense para paralizar los juicios, que se concretó cuando la Corte Suprema de Justicia ordenó la remisión de las 15.000 fojas del expediente a la Cámara Nacional de Casación Penal. Cotter dijo que ello no era necesario, porque la Cámara Federal de Bahía Blanca ya había enviado un juego completo de fotocopias a la Cámara de Casación. En lo que a todas luces constituyó una acción concertada, ese tribunal también dispuso la libertad de los suboficiales Santiago Cruciani (a) El Tío y Armando Barrera, (a) El Abuelo, sindicados por los sobrevivientes del campo clandestino de concentración La Escuelita como torturadores.

“Un general de la Nación es un empleado público, lo mismo que un juez de Cámara, y no puede actuar al margen del organismo al que pertenece, que en su caso es el Ejército. Entiendo que vino por órdenes o instrucciones de su jefe inmediato, que es el general Ricardo Brinzoni. Pero el Ejército no es una entidad autónoma del Poder Ejecutivo. Hay una cadena de mandos que no se ha roto, y que lleva al ministro de Defensa y al jefe del Poder Ejecutivo. Luego de la visita de Alfonso pensé que habría alguna recriminación por parte del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la Nación, y no la hubo. De ello puedo deducir que hay un consentimiento expreso o implícito a la visita de Alfonso, cuyo simbolismo fue traer una palabra de apoyo a alguien acusado de un delito y que estaba arrestado procesalmente por negarse a colaborar con la Justicia”, dijo el magistrado. Cotter añadió que el respaldo institucional a quienes se negaron a declarar y de ese modo obstruyeron una investigación “es una intromisión en el libre juego de la investigación de la Justicia”.

Durante 1999, Cotter ejerció la presidencia rotativa de la Cámara Federal de Bahía Blanca. En cuanto se produjo el cambio en el gobierno nacional y en la conducción del Ejército, Brinzoni “me prometió toda la ayuda, sin reservas, para llevar adelante los juicios”. Dijo que el militar también le preguntó cómo creía que se resolvería el tema. “Mi respuesta fue la que he dado siempre: a través de la Justicia. Dejarla actuar sin interferencias es el único camino para llegar a la verdad de lo ocurrido y para canalizar las aspiraciones de la ciudadanía”.

Ante una pregunta sobre la decisión de la Corte Suprema de ordenar la remisión del expediente a la Cámara de Casación, Cotter dijo que equivalía a sacar la causa de sus jueces naturales y citó el tratado en el que De la Rúa sostiene que “en este tipo de juicios en los que las Cámaras Federales entienden por avocamiento, la Cámara de Casación es manifiestamente incompetente”. Se trata de las causas por violaciones a los derechos humanos iniciadas en 1984 por la justicia militar y que las Cámaras Federales continuaron cuando el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas declaró que todas las órdenes de la guerra sucia habían sido inobjetables, en forma y fondo, y que todos los testimonios provenían del enemigo.

Según Cotter “si uno supusiera que el retiro de las actuaciones originales de la Cámara Federal dispuesto por la Corte tuvo su origen en presiones del Poder Ejecutivo, cosa que no me consta, esto lesionaría gravemente la independencia de la Justicia. La independencia del Poder Judicial es un factor importantísimo para que una sociedad se pueda desarrollar civilizadamente y asegurar los derechos y garantías de los ciudadanos. Ese es el motor que hace avanzar la historia, las ciencias y da mejor calidad de vida a todos. Necesitamos imperiosamente tener un Poder Judicial independiente, pero independiente en serio, sin dobles mensajes, sin alquimias jurídicas sobre normas que son claras y aplicarlas sea quien sea el afectado”.