Justicia en la boca del lobo

COMENZÓ EL PRIMER PROCESO A REPRESORES EN BAHIA BLANCA

Por Diego Martínez

Fotos de Rolando Andrade, Marcelo Núñez y Nicolás Jusit

Desde Bahía Blanca

Ante un mural del general San Martín uniformado, en el imponente auditorio del rectorado de la Universidad Nacional del Sur, comenzó el martes en Bahía Blanca el primer juicio por delitos de lesa humanidad a ex oficiales del Cuerpo Quinto de Ejército. Fallecidos el ex comandante Osvaldo René Azpitarte y sus segundos Adel Edgardo Vilas y Abel Teodoro Catuzzi, el principal imputado es el general Juan Manuel Bayón, 84 años, jefe del departamento Operaciones en 1976 y luego director de la Escuela Superior de Guerra. Por el agravamiento de su salud, sobre el que una junta médica se pronunciará el lunes, no estuvo en las audiencias iniciales el teniente coronel Julián Oscar Corres, alias Laucha, torturador del centro clandestino La Escuelita. Más previsible fue la ausencia del teniente coronel Miguel Ángel García Moreno, liberado pese a sus antecedentes como prófugo por el Tribunal Oral Federal que presidía el juez Juan Leopoldo Velázquez (recusado por su amistad con el imputado Hugo Sierra), quien ya no estaba en su casa cuando el TOF en su nueva composición ordenó detenerlo.

Los diecisiete acusados, incluidos seis ex miembros del estado mayor del Cuerpo V, llegaron a las 7.15 desde la cárcel de Villa Floresta en un celular del Servicio Penitenciario Federal y, ya sin esposas, fueron ubicados en las dos primeras filas. Detrás se ubicó una hilera de veinte gendarmes con los ojos fijos en el público, que colmó el auditorio. Pasadas las nueve, mientras el “Madres de la Plaza, el pueblo las abraza” se filtraba desde la calle, abrió la audiencia el juez Jorge Ferro, presidente del Tribunal. Lejos de los tiempos en que el juez Guillermo Madueño recibía instrucciones de los jerarcas militares y encubría sus crímenes, el camarista marplatense leyó los nombres de los imputados, les ordenó ponerse de pie, les encomendó prestar atención a la lectura del requerimiento de elevación, les advirtió que por el momento sólo podían hablar por medio de sus abogados y los autorizó a sentarse.

Cuando los secretarios comenzaron a leer la acusación, que lleva la firma del ex fiscal federal Hugo Cañón, varios militares sacaron sus anotadores y comenzaron a tomar notas. Marcó la diferencia el teniente coronel Osvaldo Bernardino Páez, quien se entretuvo retratando a los miembros del tribunal, y el teniente coronel Mario Carlos Méndez, que enfrentó la acusación con un crucifijo en la mano. “El Loco de la Guerra”, como lo llamaban sus camaradas, recibió en 1977 una medalla al “heroico valor en combate”, que bendijo el arzobispo Jorge Mayer, y ya había dado muestras de su fe religiosa durante su indagatoria, cuando se encomendó a la virgen de las Mercedes.

Bahía en la calle

A media cuadra de la plaza Rivadavia, pleno centro bahiense, un millar de personas, jóvenes en su mayoría, hizo el aguante desde la primera hora. A medida que el sol amortiguó el frío la avenida Colón se pobló de banderas y pancartas con los rostros en blanco y negro de los desaparecidos. Embellecieron el frente del rectorado los retratos gigantes de Graciela Izurieta, Cora Pioli, Daniel Carrá y Carlos Rivera, producto de un trabajo colectivo encabezado por el pintor Jorge González Perrín.

“Salimos a la calle cuando el terror nos paralizaba. Recorrimos regimientos y comisarías con la misma pregunta: ¿dónde están? ¿De qué se los acusa? ¿Por qué niegan a los padres el derecho a saber?”, recordó Celia Korsunsky (foto), Madre de Plaza de Mayo, feliz porque “hoy son muchos los jóvenes que sueñan y luchan y se rebelan contra la injusticia, los jóvenes que trabajan, aman, bailan y cantan”. “Había perdido las esperanzas de ver a los genocidas ahí”, confesó con su pañuelo blanco en la cabeza Marcela Egues, madre de Luis Jesús García, asesinado por la Triple A. “El caso del Negrito no está en el juicio pero se me hincha el corazón de alegría de ver a tantos jóvenes tomando el lugar de lucha de nuestros hijos”, explicó sobre el escenario que se montó en Colón 80, frente a un millar de personas. “Era también mi compañero, yo militaba con mi hijo. No pudieron quebrarme y no lo van a conseguir”, advirtió.

“Bahía Blanca comienza a vivir hoy una nueva etapa”, abrió el acto al mediodía el periodista Mauro Llaneza, que condujo de sol a sol la radio abierta de FM de la Calle en la vereda frente al rectorado. “Hoy es un día histórico. Hombres que se consideraban señores de la vida y de la muerte rinden cuenta de sus acciones ante la justicia”, destacó Adolfo Pérez Esquivel. “Es un avance importantísimo para Bahía Blanca pero también para la humanidad. Tenemos que felicitarnos porque nadie nos regaló nada, esto es una conquista del pueblo”, dijo, y arrancó aplausos el Nobel de la Paz.

Enrique Gandolfo, del Suteba y la CTA local, prefirió “no hablar de la ciudad reaccionaria y del diario fascista” sino “de la otra Bahía, bastante invisibilizada pero que viene del fondo de la historia”, y repasó acontecimientos olvidados por la historia oficial: la huelga en Ingeniero White en 1907, la resistencia al golpe de 1955, la huelga que paralizó la ciudad cuando explotó el Cordobazo, el paro que terminó con López Rega en 1975, y “la generación de estudiantes rebeldes, generosos y combativos” aniquilados durante la última dictadura. Se detuvo en los nombres de Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, obreros gráficos y delegados gremiales de La Nueva Provincia, secuestrados hace exactamente 35 años y fusilados luego de cuatro días desaparecidos. “Fueron luchadores contra una patronal que los mandó a matar miserablemente”, destacó Gandolfo, y arrancó un espontáneo “Massot / basura / vos sos la dictadura”, coreado por un millar de personas y dedicado al actual director del diario bahiense, el apologista de la tortura Vicente Massot.“Quiero felicitar a las madres y a los padres de Bahía. Sé que todo les costó mucho más que a nosotras, pero que fueron valientes y no se achicaron”, dijo emocionada Norita Cortiñas. “No nos vamos a reconciliar hasta que todos los asesinos estén en la cárcel. Queremos que aparezcan sus archivos y nos digan qué pasó con cada uno de nuestros hijos”, exigió, y reclamó que también se esclarezcan las desapariciones de Jorge Julio López y Luciano Arruga.

Eduardo Hidalgo, secretario de la APDH bahiense, recordó que hace ya un cuarto de siglo que “empezamos el camino institucional” y destacó el rol de los impulsores del organismo: Ernesto Alfredo Malicia, ya fallecido, y Noemí Fiorito de Labrune, fundadora de la APDH de Neuquén y del CELS. Con los ojos llenos de lágrimas, Hidalgo homenajeó también a quien “fue un pilar fundamental en la búsqueda de justicia y sigue representando a la justicia aunque ya no esté en actividad”, en referencia al ex camarista Luis Cotter, presidente del tribunal que declaró la nulidad de las leyes de impunidad en los ’80, que fue premiado con un aplauso cerrado por pibes que entonces no habían nacido.

El ex fiscal Cañón, protagonista central del proceso judicial bahiense desde el retorno de la democracia hasta su renuncia al cargo, explicó que “la justicia es reparadora y genera ciudadanía”. Alejandra Santucho, integrante de H.I.J.O.S., lamentó que “nada nos devolverá lo irrecuperable” pero celebró que “algo cambió, y hoy Argentina está a la vanguardia de los países que reclaman justicia”. “La mentira no es eterna, la verdad está triunfando”, destacó Santucho, a quien la dictadura le arrebató a sus padres y a su hermana Mónica, de 14 años, asesinada luego sufrir torturas en cautiverio, exhumada de una fosa común e identificada por el Equipo Argentino de Antropología Forense.

El acto central concluyó con la lectura de un documento de la Comisión de Apoyo a los Juicios, leído por Anahí Junquera, hija de desaparecidos, y por Susana Matzkin, hermana de Zulma, secuestrada en La Escuelita y asesinada en un enfrentamiento fraguado que pasó a la historia como la Masacre de calle Catriel. “La impunidad, que tanto brilló en Bahía Blanca, que transitó durante años por infames despachos y fascistas redacciones, se debilita frente al embate de la Justicia. Serán por fin juzgados los sicarios que nos arrebataron a los nuestros y nos arrancaron de un tirón la alegría”, leyeron. “La impunidad quiso que algunos escaparan y otros murieran sin castigo. Hasta ayer caminó por las calles con sus trajeados esbirros, esos que firmaron obscenas libertades que propiciaron fugas”, recordaron. “La impunidad fue construida sobre sólidas editoriales apologistas del terrorismo de Estado, con las arteras manos de funcionarios que jamás cumplieron su juramento. Esa impunidad, que trabajó desde las sombras para que familiares y compañeros no pudiéramos ver la acción reparadora de la Justicia, que intentó socavar nuestra fe y nuestra fuerza, con su odio visceral se recordará este día. Porque a pesar de la complicidad y la traición, hoy y aquí se están juzgando genocidas”.

diemar75@gmail.com

RECUADRO I:

Los protagonistas

El tribunal que conduce el juicio lo integra el camarista marplatense Jorge Ferro, los jueces José Triputti --presidente del TOF que en noviembre condenó a militares y policías de La Pampa-- y Marín Bava, de Azul. Como juez sustituto oficia Oscar Hergott. La acusación en representación del Ministerio Público Fiscal está a cargo de los fiscales Abel Córdoba y Horacio Azzolín. Como querellantes participan del juicio los abogados Walter Larrea y Mónica Fernández Avello. La defensa oficial de los imputados está a cargo de un equipo encabezado por Gustavo Rodríguez, en tanto como abogados privados actúan Luis de Mira (defensor de Adel Vilas en los ’80), Walter Tejada (hijo de un imputado), Guillermo Vidal, Eduardo San Emeterio (que al finalizar la audiencia amagó con romper una bandera con rostros de desaparecidos para provocar a los familiares presentes), y el teniente coronel Mauricio Gutiérrez, que en dictadura prestó servicios en el departamento jurídico del Cuerpo V, supo ufanarse de haber estado “un par de veces” en el centro clandestino La Escuelita y fue procesado por encubrir el asesinato del soldado Omar Carrasco, causa que prescribió antes de que fuera juzgado.

RECUADRO II:

Ausentes con aviso

La impunidad que generaron las leyes de Alfonsín y los indultos de Menem implicaron la muerte sin condena de los tres ex jefes del Cuerpo V, generales Osvaldo René Azpitarte, Adel Edgardo Vilas y Abel Catuzzi; de miembros de su Estado Mayor como el teniente coronel Argentino Cipriano Tauber o el ex mayor Arturo Ricardo Palmieri; del jefe de la patota de secuestradores, teniente coronel Emilio Jorge Ibarra; del principal interrogador de La Escuelita, suboficial Santiago Cruciani, alias “Tío” o “Mario Mancini”; de uno de los médicos que aportaba su pericia para evitar muertes en la tortura, mayor Jorge Guillermo Streich; y del penitenciario que simulaba rescatar a los desaparecidos que el Ejército decidía blanquear en la cárcel de Villa Floresta, Leonardo “El Mono” Núñez, entre otros. También murieron antes de que el Estado se certificara su complicidad con el terrorismo de Estado civiles como el ex juez federal Guillermo Federico Madueño, los obispos Jorge Mayer y Emilio Ogñenovich, y la directora del diario La Nueva Provincia, Diana Julio de Massot.

RECUADRO III:

La guerra según Breitenstein

“El Estado, en el caso europeo y creo que en el nuestro también, tiene que entender claramente que no puede atentar contra civiles por más que piensen distinto en el marco de una guerra”. La afirmación pertenece al intendente bahiense Cristian Breitenstein, quien admite en público su relación con el apologista del genocidio Vicente Massot, director del diario La Nueva Provincia, y paradójicamente se postula para ser reelegido en representación del kirchnerismo. “Dichas palabras no hacen más que reflotar la perimida y falaz teoría de los dos demonios, desterrada totalmente por una sociedad que conoce claramente que el accionar de la dictadura se basó en un plan sistemático de exterminio a los opositores políticos”, lo repudió la Comisión de Apoyo a los juicios. “El Sr. Intendente nunca se expidió ante la dilación -sin motivo real- del inicio de los debates orales por los crímenes de lesa humanidad en esta jurisdicción, ni realizó manifestación alguna con respecto a un hecho tan trascendente. Cuando tuvo que responder a las preguntas del periodismo local lo hizo con el viejo y falaz argumento esgrimido por los apologistas de la dictadura, que para justificar la represión estatal señalaban que en Argentina hubo una guerra. En nuestro carácter de víctimas, familiares, testigos, querellantes, compañeros y fundamentalmente de seres humanos que queremos vivir en paz y libertad, queremos manifestar a la Comunidad que repudiamos y lamentamos que el máximo responsable político local y referente del partido cuya política en materia de Derechos Humanos es conocida internacionalmente, se exprese de una manera que atenta contra la memoria de nuestros desaparecidos”.

Los imputados

Más allá de fallecidos y prófugos, los procesados por delitos de lesa humanidad del Cuerpo V y de la base naval de Puerto Belgrano ya son más de ochenta, un diez por ciento del universo total del país. En el banquillo del primer juicio por un centenar de secuestros, torturas y homicidios hay seis oficiales superiores que integraron durante la dictadura el estado mayor del Quinto Cuerpo, tres miembros del Destacamento de Inteligencia 181, dos miembros de los grupos de tareas, los dos jefes de la cárcel de Villa Floresta, y cuatro agentes de la Policía Federal imputados por secuestros en Viedma y Carmen de Patagones. Ellos son:

1. Juan Manuel Bayón, 84 años, general retirado, fue jefe del Departamento III Operaciones del Cuerpo V en 1976, apenas un escalón debajo de Azpitarte y Vilas.

2. Osvaldo Bernardino Páez, 80 años, teniente coronel retirado, mendocino. Miembro del estado mayor, fue jefe de la División Educación, Instrucción y Acción Cívica del Departamento Operaciones y presidió en 1976 el autodenominado “Consejo de Guerra Especial” que parodió un juicio a tres secuestrados que el Ejército decidió no asesinar. Ayer se tapó la cara para no ser fotografiado. Luego se dedicó a retratar a los jueces.

3. Hugo Jorge Delmé, 75 años, coronel retirado. El “mayor Delmé”-- como lo recuerdan las familias que lo padecieron-- era el encargado de negarles información a quienes pedían explicaciones sobre los desaparecidos.

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4. Jorge Enrique Mansueto Swendsen, 79 años, coronel retirado, radicado en Bahía Blanca. Fue jefe del Batallón de Comunicaciones 181 desde fines de noviembre de 1976. Por el Batallón pasaron varios secuestrados antes o después de sus cautiverios en La Escuelita.

5. Walter Bartolomé Tejada, 81 años, coronel retirado, también bahiense, integró el Departamento II Inteligencia del Cuerpo V y como superior calificó a notorios torturadores como Julián Corres.

6. Hugo Carlos Fantoni, 82 años, coronel retirado, ex jefe del Departamento I Personal del Cuerpo V, miembro de su estado mayor.

7. Norberto Eduardo Condal, 67 años, coronel retirado, ex miembro del Destacamento de Inteligencia 181 y del Departamento II de Inteligencia.

8. Carlos Alberto Taffarel, 64 años, coronel retirado. Integró el Destacamento de Inteligencia 181 como jefe de la sección Actividades Sicológicas Secretas.

9. Jorge Horacio Granada, 65 años, teniente coronel retirado. Fue jefe de la sección Actividades Psicológicas Secretas del Destacamento de Inteligencia 181. Participante activo de la conspiración que llevó al presidente Alfonsín a dictar el estado de sitio en 1985, estuvo un año prófugo en 2003 con la protección de su amigo Luis Patti, ahora condenado a cadena perpetua.

10. Jorge Aníbal Masson, 58 años, teniente coronel retirado. Fue jefe de la sección Infantería del “equipo de combate contra la subversión”, que se encargaba de secuestrar y trasladar a las víctimas hacia La Escuelita.

11. Mario Carlos Antonio Méndez, 58 años, teniente coronel retirado. Integraba los grupos de tareas del Cuerpo V y fue condecorado por su “heroico valor en combate” por su actuación en una masacre de una pareja de militantes montoneros encerrados en un departamento.

12. Héctor Luís Selaya, 69 años, abogado y oficial retirado del SPF, también fue jefe de la Unidad Penal 4 de Villa Floresta.

13. Andrés Reynaldo Miraglia, 69 años, oficial retirado del Servicio Penitenciario Federal. Fue jefe de la cárcel de Villa Floresta, donde el Cuerpo V blanqueaba a los secuestrados que decidió no matar.

14. Vicente Antonio Forchetti, 82 años, comisario retirado de la Policía Federal, a cargo de la delegación Viedma entre el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y fines de 1978. Intervino personalmente en secuestros de personas que luego fueron trasladas a La Escuelita.

15. Héctor Arturo Goncálvez, 69 años, sargento retirado de la PF. Participó de secuestros e interrogatorios en Viedma.

16. Carlos Alberto Contreras, 64 años, sargento retirado de la PF. Participó de secuestros y de tareas de seguimiento e inteligencia en Viedma.

17. Héctor Jorge Abelleira, 71 años, comisario retirado de la PF. Participó de secuestros e interrogatorios en Viedma.

Primer juicio por crímenes de la dictadura en Bahía Blanca

Publicado en PáginaI12.

La Universidad Nacional del Sur, que aún cobija en su staff de profesores a civiles imputados por su actuación durante la dictadura, será sede a partir del 28 de junio del primer juicio por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca. La fecha fue confirmada la semana pasada por el Tribunal Oral Federal en su nueva conformación, luego de la postergación derivada de la recusación del juez Juan Leopoldo Velázquez, producto de un cónclave en público con imputados y abogados de represores que informó Página/12. El proceso oral tendrá 19 acusados, que rendirán cuentas por secuestros, torturas y asesinatos contra un centenar de víctimas en el centro clandestino La Escuelita, en la periferia del Cuerpo V de Ejército.

El juicio debió comenzar en abril pero se suspendió por la escasa imparcialidad que garantizaba Velázquez. El presidente del TOF, que había generado suspicacias al ordenar prórrogas motu proprio y facilitar excarcelaciones, coronó su actuación con una reunión nocturna en el aristocrático Club Argentino con abogados que defendieron en los ’80 al fallecido general Adel Vilas, con el imputado Hugo Sierra (secretario del Juzgado Federal durante la dictadura) y con el juez Gustavo Duprat, de fugaz intervención en la causa de la que estaba excusado para excarcelar a militares. Los ex abogados de Vilas son Luis De Mira, que ahora defiende a varios marinos imputados por crímenes en Puerto Belgrano, y Rubén Diskin, defensor del prófugo coronel Aldo Alvarez, ex jefe de inteligencia del Cuerpo V. Diskin es además cuñado de Vicente Massot, el heredero de la dirección del diario La Nueva Provincia y uno de los mayores interesados en el proceso, en el que podría trascender quién pidió la cabeza de los obreros gráficos que habían osado enfrentar a su madre y quién demoró cuatro días para interrogarlos antes de autorizar sus fusilamientos.

Ante la recusación presentada por los fiscales federales Abel Córdoba y Horacio Azzolín, el juez Velázquez admitió su “amistad íntima” con Sierra y se apartó. Siguió sus pasos Beatriz Torterola, que adujo problemas de salud. La Cámara de Casación designó para ocupar sus puestos a José Triputti, presidente del Tribunal Oral que en noviembre condenó a un grupo de policías y militares en La Pampa, y al camarista marplatense Jorge Ferro. El tercer miembro del tribunal será el juez Martín Bava, de Azul.

El tercio de siglo transcurrido desde los crímenes dejó fuera de juego a los máximos jefes militares: el ex comandante Osvaldo Azpitarte y sus segundos, Vilas y Abel Catuzzi. Del Estado mayor llegan a juicio el general Juan Manuel Bayón, los coroneles Hugo Delmé, Jorge Mansueto Swendsen, Walter Tejada y Hugo Fantoni, y el teniente coronel Osvaldo Bernardino Páez. Tres acusados actuaban en el Destacamento de Inteligencia 181: Norberto Condal, Carlos Taffarel y Jorge Granada (foto), el mismo que ayudó a esconderse a su amigo Luis Patti cuando la Justicia ordenó su captura. Otros cuatro pertenecían a grupos operativos. El más conocido es el teniente coronel Julián Corres, alias Laucha, quien se fugó de la delegación bahiense de la Policía Federal y fue recapturado en la casa de su madre. El teniente coronel Miguel Angel García Moreno hizo carrera en el peronismo porteño: fue concejal, asesor de Miguel Angel Toma y director del Registro de las Personas durante el interinato de Eduardo Duhalde. Los otros son Jorge Masson y Mario Carlos Méndez. Compartirán el banquillo con los penitenciarios Andrés Miraglia y Héctor Selaya, ex jefes de la cárcel de Villa Floresta, donde se blanqueaba a los secuestrados, y policías que participaron en secuestros en Viedma y Carmen de Patagones: Vicente Forchetti, Héctor Abelleira, Carlos Contreras y Héctor Goncálvez.

El Consejo Superior de la universidad que será sede del juicio revalidó esta semana la continuidad de la profesora Gloria Girotti, objetada por falta de idoneidad moral por agrupaciones de docentes, no docentes y por todo el claustro de alumnos. Girotti y Sierra, profesores de la carrera de Derecho, fueron secretarios de Guillermo Madueño, el juez que de noche se reunía con los militares y de día archivaba sin investigar los expedientes por sus fusilamientos. Madueño murió impune en agosto luego de diez meses en los que el juez Alcindo Alvarez Canale se negó a viajar a Buenos Aires para indagarlo. El juez se resiste ahora a detener e indagar a los ex secretarios, acusados por el fiscal Córdoba de haber sometido a interrogatorios bajo tortura a un grupo de dirigentes sindicales y de perseguir a docentes y no docentes de la propia UNS en una parodia de juicio por “infiltración ideológica marxista”. En 1976 Sierra propuso usar para una imputación una declaración arrancada bajo tortura a un militante que permanece desaparecido, límite que Madueño prefirió no traspasar. También integra el claustro el camarista Néstor Montezanti, ex asesor del general Vilas y ex agente de inteligencia del Ejército.

¿Será posible Bahía?

Por D.M.

La corporación judicial de Bahía Blanca se resiste a revisar su actuación durante la dictadura. En agosto murió impune Guillermo Federico Madueño (foto), el juez que de noche se reunía con los jefes del Ejército y de día archivaba los expedientes por los fusilamientos del Cuerpo V y rechazaba los hábeas corpus de familiares de desaparecidos. Ex miembro del tribunal que juzga a Astiz, Acosta y Cía. y hermano de Raúl Ramón Madueño, juez de la Cámara de Casación Penal, GFM estuvo más de medio año prófugo, asistido por una empleada del Tribunal Oral Federal 5. Pasó sus últimos diez meses de vida preso aunque no llegó a ser indagado gracias a su salud, las gestiones de sus amigos de Comodoro Py y la negativa del juez Alcindo Alvarez Canale de trasladarse a Buenos Aires.

El mismo Alvarez Canale se niega ahora a indagar a los ex secretarios del juzgado que sirvió al terrorismo de Estado: Hugo Sierra y Gloria Girotti, acusados por el fiscal federal Abel Córdoba de haber sometido a interrogatorios bajo tortura a dirigentes sindicales y de perseguir a docentes y empleados de la Universidad Nacional del Sur (UNS) en una parodia de juicio por “infiltración ideológica marxista”. En 1976 Sierra propuso usar para una imputación una declaración arrancada bajo tortura a un desaparecido, límite que Madueño prefirió no traspasar.

Imposibilitados de defenderse para demostrar su inocencia en sede judicial, tanto Sierra como Girotti fueron impugnados en concursos judiciales recientes por su actuación durante la dictadura. El Consejo Superior de la UNS, en tanto, tratará hoy a las 18 la reválida de la profesora Girotti, objetada por falta de idoneidad moral por agrupaciones de docentes, no docentes y alumnos, y respaldada por el consejo departamental de la carrera de Derecho, que integran el propio Sierra y el camarista Néstor Montezanti, , un ex asesor del general Adel Vilas y ex agente de inteligencia del Ejército durante la dictadura que supo lucir en su estudio un diploma de la “Liga Anticomunista Argentina” firmado por Carlos Suárez Mason.

Cónclave por la impunidad

Bahía Blanca tiene ochenta represores procesados y ningún condenado porque a casi una década de la reapertura de las causas no se logró llegar a juicio. La última postergación fue por la recusación del juez Juan Leopoldo Velázquez, quien certificó su parcialidad al reunirse en un lugar público con el imputado Sierra y los abogados Rubén Diskin y Luis de Mira, defensores en los ’80 de Vilas, ícono de la dictadura. Diskin es además cuñado de Vicente Massot, heredero de la dirección del diario La Nueva Provincia y uno de los principales interesados en paralizar el proceso de justicia, en el que podría trascender quién pidió la cabeza de los dirigentes gremiales Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola --obreros gráficos de LNP-- y quién demoró cuatro días para interrogarlos antes de autorizar sus fusilamientos.

El cónclave del Club Argentino entre los operadores de la impunidad y el juez Velázquez, quien confesó al aceptar su apartamiento ser “amigo íntimo” de Sierra, derivó además en la baja de la jueza Beatriz Torterola. Para ocupar sus puestos fueron designados José Triputti, presidente del tribunal que en noviembre condenó por delitos de lesa humanidad a un grupo de policías y militares de La Pampa, y el camarista marplatense Jorge Ferro.

En el interín, la Cámara Federal bahiense propinó otro mazazo a víctimas y familiares al excarcelar a 36 militares y marinos. Contrariando el criterio de la Corte Suprema, que ordenó extremar las precauciones para evitar que los represores obstaculicen o burlen el accionar judicial, Augusto Fernández, Ángel Argañaraz y Ricardo Planes sostuvieron que para mantenerlos detenidos el Ministerio Público debía demostrar en cada caso que los imputados ponían en riesgo el proceso. La liberación masiva generó un amplio rechazo en la sociedad civil, que ya no se limita a expresar la APDH sino también un amplio abanico de organizaciones sociales y hasta las juventudes de los partidos políticos. La Comisión de Apoyo a los Juicios por Crímenes de Lesa Humanidad manifestó “repudio y preocupación”, destacó “el estupor de una sociedad que espera impaciente la conformación de un nuevo Tribunal” y recordó los “ejemplos suficientes de fugas que permiten suponer la posibilidad de otras nuevas”. La CTA contextualizó la decisión en “una larga cadena de impunidades que no hacen más que profundizar la enorme desconfianza que inspira este tipo de disposiciones” y advirtió que “la indepurada institución judicial siembra un interrogante con relación a los juicios contra los genocidas”.

“Acorde a derecho”

Un día después de las excarcelaciones, la Cámara hizo un nuevo aporte a la impunidad al legitimar la negativa de Alvarez Canale a indagar a los ex secretarios Sierra y Girotti. El juez sostiene que la participación en el plan criminal instrumentado desde el Estado se limitó a Madueño, quien murió sin quebrar el pacto de silencio, en tanto la actuación de los secretarios habría sido “acorde a derecho”. El fiscal calificó la resolución de “arbitraria”, destacó que causaba un daño “irreparable de los intereses públicos elementales de la comunidad internacional” y recurrió a la Cámara, que rechazó el recurso con el argumento de que el gravamen de no indagar no es irreparable.

Este cronista ha publicado desde 2004 artículos sobre la actuación de Madueño y sus empleados durante la dictadura. Como pata judicial del Estado terrorista local se encargaron de rechazar habeas corpus en favor de desaparecidos, cerrar en tiempo record y sin investigar fusilamientos que el Ejército hacía pasar por enfrentamientos (Sierra llegó a aprobar sumarios policiales por teléfono y desde su casa), entregar cadáveres ametrallados e incluso ordenar seccionar las manos de supuestos NN para luego simular su identificación. Todo mientras el juez cenaba con los jerarcas militares y se prestaban a la parodia de juzgar a profesores universitarios por “infiltración ideológica marxista” en la UNS.

La colaboración de Madueño & Sierra con el terrorismo de Estado comenzó en diciembre de 1975, cuando archivaron sin investigar el asesinato de Daniel Bombara, militante de la Juventud Universitaria Peronista y primer desaparecido de Bahía Blanca. Para justificar su muerte, el Cuerpo V adujo que mientras lo trasladaban en un patrullero, esposado y acompañado por tres policías, Bombara había logrado abrir la puerta y se había tirado al asfalto. Un día después, para no entregar su cadáver con signos de tortura, los militares simularon que “desconocidos” lo habían robado de la ambulancia policial que lo trasladaba a la morgue, fábula que en base a “trascendidos” publicó La Nueva Provincia (4-1-76). Un mes después del golpe de Estado, una mujer secuestrada en el mismo raid que Bombara declaró en la cárcel de Olmos que habían sido detenidos por civiles, “conducidos en un patrullero hasta un lugar que no pude determinar, y allí, con los ojos vendados, sometida a toda clase de tortura”. Madueño y Sierra firmaron la declaración pero hicieron oídos sordos a la denuncia por torturas y nunca reabrieron la canallesca causa de la ambulancia.

Días después del golpe M&S se apersonaron en el Cuerpo V para tomarle declaración a Mario Medina, diputado provincial por el FREJULI hasta la madrugada del 24 de marzo, cuando trescientos soldados fueron a detenerlo. “¿Me van a interrogar así?”, les preguntó Medina, esposado y vendado. Sólo accedieron a sacarle la venda. Cuando abrió los ojos vio al juez, su secretario, y dos soldados que no dejaron de apuntarle con sus ametralladoras durante todo el interrogatorio. El fiscal Córdoba precisó en el pedido de detención que aquel 1º de abril de 1976 Medina y los hermanos René, Rubén y Raúl Bustos fueron retirados del centro clandestino con evidentes signos de torturas y que Sierra firmó todas las declaraciones excepto una, que rubricó Girotti. Sus presencias “tornan ilusoria y antojadiza” la pretensión de Alvarez Canale “de mantenerlos al margen de la autoría de la conducta delictiva que desplegaron junto al entonces juez Madueño”, destacó el fiscal.

El proceso a los profesores de la UNS, publicitado como ejemplo de “lucha contra la subversión cultural”, incluyó golpes y humillaciones a los académicos por parte del subcomisario Félix Alais, un ex AAA que sigue impune. Varios profesores contaron que juez y secretario llegaban a la seccional en compañía del integrista católico rumano Remus Tetu (antecesor de la persecución durante su gestión como interventor de la UNS en 1975), los interrogaban y les sugerían ratificar las declaraciones tomadas por Alais a sopapos si no querían seguir en los calabozos. Luego Sierra “se encargaba de la tortura sicológica de nuestros familiares”, denunció el profesor Carlos Barrera. “¿Desde cuándo tenemos que atender a comunistas?”, renegó el secretario en el juzgado ante el hermano del profesor Mario Usabiaga, quien pretendía conocer los cargos de la acusación.

En agosto de 1976, cuando Madueño se aprestaba a sobreseer a un militante de la JUP, Sierra le recordó que una declaración “no firmada por el declarante ni por los funcionarios interrogantes” lo vinculaba con una acción armada de Montoneros. La ausencia de firmas es comprensible: Daniel Bombara había muerto en la mesa de torturas en manos de los “funcionarios interrogantes”. El juez dejó pasar el temerario consejo de su secretario y sobreseyó la causa. “Frente a los elementos reseñados no hay lugar para predicar, sino como ficción intolerable, la falta de conocimiento por parte de los Secretarios Judiciales sobre la actividad criminal desplegada por el Juzgado”, concluyó el fiscal Córdoba al exigir las detenciones.

Hugo Sierra, ex secretario del juez federal Madueño

“Mi actuación no fue la de un represor”

Por D.M.

La decisión del juez Alvarez Canale de no indagar al ex secretario Hugo Sierra le impide al imputado demostrar su inocencia. Cuatro años atrás, cuando actuaba como defensor de Néstor Montezanti en una causa sobre la relación del camarista con la Triple A, Sierra calificó el juicio a los profesores de la UNS como “totalmente injusto”, no descartó haber tomado declaraciones a detenidos en el Cuerpo V, recordó haber escuchado en la cárcel el relato de la mujer que contó las torturas a Daniel Bombara, y le confió a este cronista que estaba arrepentido de no haber tomado distancia de la justicia antes del golpe de Estado. “Fue el gran error de mi vida”, dijo.

Sierra explicó que “la peor época” a título personal no la vivió en dictadura sino en 1974, cuando recibió “una amenaza escrita a máquina firmada por la AAA”, aunque no pretendía “sacar patente de perseguido”.

Consultado sobre el asesinato y la desaparición del cadáver de Bombara, respondió: “No recuerdo el expediente, sí el caso. La noticia decía que lo quisieron recapturar, se generó un tiroteo y lo mataron. Por otro lado he escuchado la versión que, bueno, no hubo enfrentamiento, que la recaptura fue falsa, que había muerto por torturas.

--No fue una versión. Usted le tomó declaración en la cárcel a dos mujeres secuestradas y torturadas junto con Bombara.

--Sí, tengo idea de haberle tomado declaración a... ¿Qué apellido eran?

--Salto --apunto.

--Sí, padre dirigente... Usted es consciente, Martínez, que pasaron muchos años, años duros, no me empeciné en quedarme en el recuerdo. Las circunstancias en que la habían detenido no las recuerdo.

--¿Recuerda haber tomado declaraciones en el Cuerpo V?

--Pasaron treinta años, no recuerdo, tendría que rastrear en expedientes. No quiero negarlo pero, si ocurrió, fue algún hecho aislado.

Sobre el juicio a los profesores de la UNS, Sierra recordó que “recibía a familiares permanentemente”, pero “decir que los torturaba psicológicamente es una barbaridad”, aseguró. “Alguna vez dije ‘qué raro que este proceso ocurra en Bahía Blanca y no en la Universidad de La Plata o la de Buenos Aires, donde debía haber más infiltración ideológica’” (sic), arriesgó. “Si hubo procesos totalmente injustos fueron esos, contra gente que no eran Montoneros ni ERP ni estaban en acciones armadas: eran profesores. Fueron padecimientos totalmente inmerecidos”, admitió.

“Creo que mi actuación dentro de la situación que se vivía no fue la de un represor”, evaluó. “Nunca tuve amigo ni padrino militar. Sin negar que fui secretario, me duele que se diga que fui cómplice. La de los profesores fue una causa absolutamente injusta. Usted dirá qué hice, por qué no renuncié. A lo mejor debí hacerlo, hoy se ven las cosas desde otra perspectiva. Tenía mucho temor”.

Sierra y Montezanti durante el juicio de 2007.

Una ayudita durante la feria judicial

DENUNCIAN A UN JUEZ BAHIENSE POR “INTROMISION” EN CAUSAS DE DERECHOS HUMANOS

El juez Gustavo Duprat, que se había excusado de intervenir en el expediente, desestimó un pedido para que ocho represores fueran detenidos. El Ministerio Público acudirá a la Cámara de Casación y enviará el caso al Consejo de la Magistratura.

El fiscal Abel Córdoba estimó que el juez se inmiscuyó en la causa y vulneró pautas constitucionales.

Por Gabriel Morini, en PáginaI12.

Ocho represores llegarán en libertad al juicio por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca a causa de la intervención del juez de feria del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, Gustavo Andrés Duprat, que en 2009 se había excusado de formar parte de la causa. El fiscal Abel Córdoba, que investiga los delitos cometidos durante la dictadura en el marco del V Cuerpo del Ejército y había solicitado que los imputados volvieran a prisión, acudirá a la Cámara de Casación por la “intromisión” del magistrado, cuya actuación también será remitida al Consejo de la Magistratura. Duprat desestimó un pedido para revocar las excarcelaciones de los acusados y se negó a habilitar la feria judicial para tratar ese tema. Su decisión fue avalada por los magistrados del TOCF, que terminaron por alertar a los procesados de la existencia de pedidos de detención en su contra en medio de otras fugas que se generaron en esa misma causa.

El 18 de enero, Córdoba pidió al TOCF la revocación de ocho excarcelaciones para impedir que los acusados permanezcan libres en vísperas de la etapa oral del primer juicio en esa localidad que comenzaría entre el 12 y el 26 de abril. Del mismo modo había solicitado que se habilitara la feria judicial para resolver de inmediato la situación de Héctor Gonçalves, Vicente Antonio Forchetti, Héctor Abelleira, Carlos Alberto Contreras, Hugo Carlos Fantoni, Norberto Condal, Mario Carlos Méndez y Miguel Angel García Moreno. Este último, asesor de Miguel Angel Toma y ex funcionario durante el gobierno de Eduardo Duhalde, es uno de los acusados que gozó de mayores privilegios durante el proceso. El argumento del fiscal fue “neutralizar el riesgo procesal que podría llegar a afectar el trámite de la causa de modo determinante y perjudicial”, tal como se había pronunciado la Corte Suprema para las excarcelaciones en causas por delitos de lesa humanidad.

El 20 de enero, Duprat desestimó el pedido del fiscal al considerar que no era aplicable el fallo del máximo tribunal que había invocado Córdoba. “La única fundamentación en que se apoya la solicitud es el novedoso criterio que en materia de excarcelaciones adoptara la Corte”, adujo el juez al ponderar que no había elementos “ni subjetivos ni objetivos” para devolver a prisión a quienes, en algunos casos, ya se habían fugado antes. La fiscalía, cinco días después, solicitó la nulidad de lo actuado por Duprat, que “decidió sorpresivamente intervenir” en un expediente en el que se encuentra “inhibido” de actuar, denunció Córdoba al coordinador de las Unidades Fiscales, Jorge Auat. El juez excusado se negó además a habilitar la feria porque consideró que no existía “razón de urgencia alguna como para justificarla”, al mismo tiempo que, ante otras revocaciones ordenadas, tres represores ya se habían dado a la fuga. “Existe un procedimiento para designar conjueces durante la feria. El juez aprovechó ese incumplimiento para inmiscuirse en la causa y vulnerar pautas constitucionales”, le dijo Córdoba a Página/12. “El acto procesal es inválido porque ha sido cumplido irregularmente, en virtud que el juez se hallaba separado de la causa”, subrayó además el fiscal en su denuncia.

El 30 de noviembre de 2009, Duprat solicitó su propia inhibición para entender en la causa denominada 982 y sus derivadas, alegando “parcialidad” a partir de su alegada amistad con una de las víctimas del terrorismo de Estado. Su excusación fue aceptada en febrero de 2010, con lo que quedó apartado definitivamente, y el tribunal quedó conformado por los jueces Juan Velázquez, Beatriz Torterola y más tarde por Martín Bava. Córdoba denunció que el desempeño de Duprat para intervenir y dictaminar “conforma un cúmulo de conductas sumamente graves”, que han repercutido “de modo perjudicial” para la causa. Por ese motivo acudirá a la Cámara de Casación para que revoque lo actuado por el juez y además notificó al fiscal general a cargo de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de causas por violaciones a los derechos humanos. Esa unidad remitirá los antecedentes de Duprat al Consejo de la Magistratura. A pesar de estar relacionado con una de las víctimas, el magistrado ostenta vínculos con la aristocracia bahiense, que siempre jugó a favor de los represores. No es la primera vez que se lo acusa, además, de entorpecer con pequeños obstáculos de procedimiento el normal desarrollo de las causas. Hace pocos días trascendió que el magistrado compartió una cena en el Club Argentino con uno de los imputados, el juez Velázquez, y dos abogados de represores.

El 22 de febrero, el TOCF terminó por avalar la intervención de Duprat y, para resolver sobre el pedido del Ministerio Público, les pidió opinión a los ocho imputados acerca de la validez del pedido. En anteriores oportunidades nunca se compartieron con las partes los pedidos de detención solicitados por la fiscalía, que eran de carácter “reservado”. Obviamente, todos los acusados coincidieron en que no existían motivos para volver a prisión, pero con esa medida también fueron alertados de que Córdoba había ordenado sus detenciones. El TOCF terminó por no hacer lugar a la solicitud, los acusados continuarán excarcelados y podrán asistir al juicio en libertad.

Los soldados de Massot, al banquillo

Empieza en abril el primer juicio por violaciones a los derechos humanos en Bahía Blanca

Habrá, en principio, 19 imputados. Serán juzgados por delitos de lesa humanidad cometidos en el ámbito del Quinto Cuerpo de Ejército durante la dictadura. El proceso incluirá casos de un centenar de víctimas y tendrá más de 300 testigos.

El represor Julián Oscar “Laucha” Corres, hoy excarcelado, al ser recapturado tras fugarse.

Publicado en PáginaI12.

A 35 años del comienzo de la dictadura, con los íconos locales del terrorismo de Estado en el más allá, Bahía Blanca comenzará a vivir en abril su primer juicio por delitos de lesa humanidad en el Quinto Cuerpo de Ejército. El proceso se desarrollará en la Universidad Nacional del Sur, donde estudiaba la mayor parte de los jóvenes vistos por última vez en el centro clandestino La Escuelita. Presidirá el Tribunal Oral Federal que debe juzgar a militares, policías y penitenciarios el juez Juan Leopoldo Velázquez, quien departió el jueves hasta la madrugada con los abogados que defendieron en los ’80 al general Adel Vilas, cara visible de la represión ilegal en Bahía, y con Hugo Mario Sierra, secretario durante la dictadura del fallecido juez federal Guillermo Madueño, acusado por su complicidad con los represores por el fiscal federal Abel Córdoba y aún libre e impune por cortesía del juez Alcindo Alvarez Canale.

El proceso incluirá casos de un centenar de víctimas, tendrá más de 300 testigos y, a priori, 19 imputados. Podrían sumarse otros ocho si el tribunal que también integran Beatriz Torterola y Martín Bava acelera los trámites previos a las audiencias públicas. El TOF aún no notificó a las partes, pero reservó instalaciones de la UNS y notificó al Consejo de la Magistratura que el inicio del juicio podría ser el 12 o el 26 de abril.

Fallecidos los principales responsables del Cuerpo V (Osvaldo Azpitarte, Abel Catuzzi y Vilas) y prófugo su jefe de Inteligencia Aldo Mario Alvarez, se sentarán en el banquillo seis ex miembros del Estado Mayor: el general Juan Manuel Bayón (teórico de la seguridad nacional, director en 1977 de la Escuela Superior de Guerra), los coroneles Hugo Delmé, Jorge Mansueto Swendsen, Walter Tejada y Hugo Fantoni y el teniente coronel Osvaldo Bernardino Páez. Murió en enero el coronel Argentino Cipriano Tauber.

Tres imputados prestaban servicios en el Destacamento de Inteligencia 181, donde procesaba la información arrancada en la mesa de torturas el fallecido suboficial Santiago Cruciani. Se trata de los coroneles Norberto Condal y Carlos Taffarel y del teniente coronel Jorge Granada, excarcelado por el TOF a pesar de sus antecedentes: activo en la conspiración que llevó al estado de sitio en 1985, encubridor de Luis Patti tras una orden de captura y prófugo él mismo durante varios meses.

Los otros cuatro militares pertenecían a grupos operativos. El más famoso es el teniente coronel Julián Oscar Corres, alias Laucha, apodo que admitió durante el Juicio por la Verdad y por el que lo recordaban quienes pasaron por La Escuelita. Afectado por un tumor en el estómago luego de fugarse de las narices de la Policía Federal, Corres fue excarcelado y pasa sus días en su casa de Bella Vista. El teniente coronel Miguel Angel García Moreno, condecorado por su actuación en la “lucha contra la subversión”, es más conocido por su rol en el peronismo porteño: fue concejal, asesor de Miguel Angel Toma y director del Registro de las Personas durante el interinato de Eduardo Duhalde. El teniente coronel Jorge Masson comandó la sección Infantería de la Agrupación Tropa. Mario Carlos Méndez, alias “Loco de la Guerra”, integraba la compañía de Comando y Servicios, pero se sumaba a operativos y trabajos en La Escuelita.

Los penitenciarios son Andrés Miraglia y Héctor Selaya, ex jefes de la cárcel de Villa Floresta, donde blanqueaban a los secuestrados. Murió a tiempo, en 2010, el alcaide Leonardo “Mono” Núñez, que simulaba rescatar a los desaparecidos y los encerraba en la cárcel. Los policías son los que actuaron en secuestros en Viedma: Vicente Forchetti, Héctor Abelleira, Carlos Contreras y Héctor Arturo Goncálvez. Tanto los policías como García Moreno, Fantoni, Condal y Méndez llegan a juicio en libertad gracias a la excarcelación que les concedió el juez Gustavo Andrés Duprat, que decidió intervenir en el trámite a pesar de que antes se había excusado.

Duprat también compartió la cena y sobremesa del jueves en el Club Argentino, símbolo de la aristocracia bahiense, con el imputado Sierra, el juez Velázquez y los abogados Rubén Diskin y Luis De Mira, defensores de Vilas en 1987. De Mira defiende a varios marinos imputados por crímenes en la base de Puerto Belgrano. Diskin es abogado del prófugo Alvarez y cuñado de Vicente Massot, director del diario naval La Nueva Provincia.

“De una buena vez y con un número relevante de imputados y de casos se juzgarán crímenes atroces cometidos desde estructuras de poder. Es el logro de víctimas y familiares que bregaron durante años desde el aislamiento y el castigo social, que debieron sumar a los padecimientos de la dictadura”, destacó Córdoba, responsable de la acusación junto al fiscal Horacio Azzolín. “El proceso excede el ámbito de lo jurídico y seguramente repercutirá sobre la formación de quienes estén dispuestos a comprender la dimensión que la represión tuvo en la ciudad, de los pibes que han crecido a la sombra de la negación y el silencio que los sectores responsables de los hechos siguen imponiendo en Bahía Blanca”, reflexionó.