lunes, 23 de mayo de 2011

¿Será posible Bahía?

Por D.M.

La corporación judicial de Bahía Blanca se resiste a revisar su actuación durante la dictadura. En agosto murió impune Guillermo Federico Madueño (foto), el juez que de noche se reunía con los jefes del Ejército y de día archivaba los expedientes por los fusilamientos del Cuerpo V y rechazaba los hábeas corpus de familiares de desaparecidos. Ex miembro del tribunal que juzga a Astiz, Acosta y Cía. y hermano de Raúl Ramón Madueño, juez de la Cámara de Casación Penal, GFM estuvo más de medio año prófugo, asistido por una empleada del Tribunal Oral Federal 5. Pasó sus últimos diez meses de vida preso aunque no llegó a ser indagado gracias a su salud, las gestiones de sus amigos de Comodoro Py y la negativa del juez Alcindo Alvarez Canale de trasladarse a Buenos Aires.

El mismo Alvarez Canale se niega ahora a indagar a los ex secretarios del juzgado que sirvió al terrorismo de Estado: Hugo Sierra y Gloria Girotti, acusados por el fiscal federal Abel Córdoba de haber sometido a interrogatorios bajo tortura a dirigentes sindicales y de perseguir a docentes y empleados de la Universidad Nacional del Sur (UNS) en una parodia de juicio por “infiltración ideológica marxista”. En 1976 Sierra propuso usar para una imputación una declaración arrancada bajo tortura a un desaparecido, límite que Madueño prefirió no traspasar.

Imposibilitados de defenderse para demostrar su inocencia en sede judicial, tanto Sierra como Girotti fueron impugnados en concursos judiciales recientes por su actuación durante la dictadura. El Consejo Superior de la UNS, en tanto, tratará hoy a las 18 la reválida de la profesora Girotti, objetada por falta de idoneidad moral por agrupaciones de docentes, no docentes y alumnos, y respaldada por el consejo departamental de la carrera de Derecho, que integran el propio Sierra y el camarista Néstor Montezanti, , un ex asesor del general Adel Vilas y ex agente de inteligencia del Ejército durante la dictadura que supo lucir en su estudio un diploma de la “Liga Anticomunista Argentina” firmado por Carlos Suárez Mason.

Cónclave por la impunidad

Bahía Blanca tiene ochenta represores procesados y ningún condenado porque a casi una década de la reapertura de las causas no se logró llegar a juicio. La última postergación fue por la recusación del juez Juan Leopoldo Velázquez, quien certificó su parcialidad al reunirse en un lugar público con el imputado Sierra y los abogados Rubén Diskin y Luis de Mira, defensores en los ’80 de Vilas, ícono de la dictadura. Diskin es además cuñado de Vicente Massot, heredero de la dirección del diario La Nueva Provincia y uno de los principales interesados en paralizar el proceso de justicia, en el que podría trascender quién pidió la cabeza de los dirigentes gremiales Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola --obreros gráficos de LNP-- y quién demoró cuatro días para interrogarlos antes de autorizar sus fusilamientos.

El cónclave del Club Argentino entre los operadores de la impunidad y el juez Velázquez, quien confesó al aceptar su apartamiento ser “amigo íntimo” de Sierra, derivó además en la baja de la jueza Beatriz Torterola. Para ocupar sus puestos fueron designados José Triputti, presidente del tribunal que en noviembre condenó por delitos de lesa humanidad a un grupo de policías y militares de La Pampa, y el camarista marplatense Jorge Ferro.

En el interín, la Cámara Federal bahiense propinó otro mazazo a víctimas y familiares al excarcelar a 36 militares y marinos. Contrariando el criterio de la Corte Suprema, que ordenó extremar las precauciones para evitar que los represores obstaculicen o burlen el accionar judicial, Augusto Fernández, Ángel Argañaraz y Ricardo Planes sostuvieron que para mantenerlos detenidos el Ministerio Público debía demostrar en cada caso que los imputados ponían en riesgo el proceso. La liberación masiva generó un amplio rechazo en la sociedad civil, que ya no se limita a expresar la APDH sino también un amplio abanico de organizaciones sociales y hasta las juventudes de los partidos políticos. La Comisión de Apoyo a los Juicios por Crímenes de Lesa Humanidad manifestó “repudio y preocupación”, destacó “el estupor de una sociedad que espera impaciente la conformación de un nuevo Tribunal” y recordó los “ejemplos suficientes de fugas que permiten suponer la posibilidad de otras nuevas”. La CTA contextualizó la decisión en “una larga cadena de impunidades que no hacen más que profundizar la enorme desconfianza que inspira este tipo de disposiciones” y advirtió que “la indepurada institución judicial siembra un interrogante con relación a los juicios contra los genocidas”.

“Acorde a derecho”

Un día después de las excarcelaciones, la Cámara hizo un nuevo aporte a la impunidad al legitimar la negativa de Alvarez Canale a indagar a los ex secretarios Sierra y Girotti. El juez sostiene que la participación en el plan criminal instrumentado desde el Estado se limitó a Madueño, quien murió sin quebrar el pacto de silencio, en tanto la actuación de los secretarios habría sido “acorde a derecho”. El fiscal calificó la resolución de “arbitraria”, destacó que causaba un daño “irreparable de los intereses públicos elementales de la comunidad internacional” y recurrió a la Cámara, que rechazó el recurso con el argumento de que el gravamen de no indagar no es irreparable.

Este cronista ha publicado desde 2004 artículos sobre la actuación de Madueño y sus empleados durante la dictadura. Como pata judicial del Estado terrorista local se encargaron de rechazar habeas corpus en favor de desaparecidos, cerrar en tiempo record y sin investigar fusilamientos que el Ejército hacía pasar por enfrentamientos (Sierra llegó a aprobar sumarios policiales por teléfono y desde su casa), entregar cadáveres ametrallados e incluso ordenar seccionar las manos de supuestos NN para luego simular su identificación. Todo mientras el juez cenaba con los jerarcas militares y se prestaban a la parodia de juzgar a profesores universitarios por “infiltración ideológica marxista” en la UNS.

La colaboración de Madueño & Sierra con el terrorismo de Estado comenzó en diciembre de 1975, cuando archivaron sin investigar el asesinato de Daniel Bombara, militante de la Juventud Universitaria Peronista y primer desaparecido de Bahía Blanca. Para justificar su muerte, el Cuerpo V adujo que mientras lo trasladaban en un patrullero, esposado y acompañado por tres policías, Bombara había logrado abrir la puerta y se había tirado al asfalto. Un día después, para no entregar su cadáver con signos de tortura, los militares simularon que “desconocidos” lo habían robado de la ambulancia policial que lo trasladaba a la morgue, fábula que en base a “trascendidos” publicó La Nueva Provincia (4-1-76). Un mes después del golpe de Estado, una mujer secuestrada en el mismo raid que Bombara declaró en la cárcel de Olmos que habían sido detenidos por civiles, “conducidos en un patrullero hasta un lugar que no pude determinar, y allí, con los ojos vendados, sometida a toda clase de tortura”. Madueño y Sierra firmaron la declaración pero hicieron oídos sordos a la denuncia por torturas y nunca reabrieron la canallesca causa de la ambulancia.

Días después del golpe M&S se apersonaron en el Cuerpo V para tomarle declaración a Mario Medina, diputado provincial por el FREJULI hasta la madrugada del 24 de marzo, cuando trescientos soldados fueron a detenerlo. “¿Me van a interrogar así?”, les preguntó Medina, esposado y vendado. Sólo accedieron a sacarle la venda. Cuando abrió los ojos vio al juez, su secretario, y dos soldados que no dejaron de apuntarle con sus ametralladoras durante todo el interrogatorio. El fiscal Córdoba precisó en el pedido de detención que aquel 1º de abril de 1976 Medina y los hermanos René, Rubén y Raúl Bustos fueron retirados del centro clandestino con evidentes signos de torturas y que Sierra firmó todas las declaraciones excepto una, que rubricó Girotti. Sus presencias “tornan ilusoria y antojadiza” la pretensión de Alvarez Canale “de mantenerlos al margen de la autoría de la conducta delictiva que desplegaron junto al entonces juez Madueño”, destacó el fiscal.

El proceso a los profesores de la UNS, publicitado como ejemplo de “lucha contra la subversión cultural”, incluyó golpes y humillaciones a los académicos por parte del subcomisario Félix Alais, un ex AAA que sigue impune. Varios profesores contaron que juez y secretario llegaban a la seccional en compañía del integrista católico rumano Remus Tetu (antecesor de la persecución durante su gestión como interventor de la UNS en 1975), los interrogaban y les sugerían ratificar las declaraciones tomadas por Alais a sopapos si no querían seguir en los calabozos. Luego Sierra “se encargaba de la tortura sicológica de nuestros familiares”, denunció el profesor Carlos Barrera. “¿Desde cuándo tenemos que atender a comunistas?”, renegó el secretario en el juzgado ante el hermano del profesor Mario Usabiaga, quien pretendía conocer los cargos de la acusación.

En agosto de 1976, cuando Madueño se aprestaba a sobreseer a un militante de la JUP, Sierra le recordó que una declaración “no firmada por el declarante ni por los funcionarios interrogantes” lo vinculaba con una acción armada de Montoneros. La ausencia de firmas es comprensible: Daniel Bombara había muerto en la mesa de torturas en manos de los “funcionarios interrogantes”. El juez dejó pasar el temerario consejo de su secretario y sobreseyó la causa. “Frente a los elementos reseñados no hay lugar para predicar, sino como ficción intolerable, la falta de conocimiento por parte de los Secretarios Judiciales sobre la actividad criminal desplegada por el Juzgado”, concluyó el fiscal Córdoba al exigir las detenciones.



Hugo Sierra, ex secretario del juez federal Madueño

“Mi actuación no fue la de un represor”

Por D.M.

La decisión del juez Alvarez Canale de no indagar al ex secretario Hugo Sierra le impide al imputado demostrar su inocencia. Cuatro años atrás, cuando actuaba como defensor de Néstor Montezanti en una causa sobre la relación del camarista con la Triple A, Sierra calificó el juicio a los profesores de la UNS como “totalmente injusto”, no descartó haber tomado declaraciones a detenidos en el Cuerpo V, recordó haber escuchado en la cárcel el relato de la mujer que contó las torturas a Daniel Bombara, y le confió a este cronista que estaba arrepentido de no haber tomado distancia de la justicia antes del golpe de Estado. “Fue el gran error de mi vida”, dijo.

Sierra explicó que “la peor época” a título personal no la vivió en dictadura sino en 1974, cuando recibió “una amenaza escrita a máquina firmada por la AAA”, aunque no pretendía “sacar patente de perseguido”.

Consultado sobre el asesinato y la desaparición del cadáver de Bombara, respondió: “No recuerdo el expediente, sí el caso. La noticia decía que lo quisieron recapturar, se generó un tiroteo y lo mataron. Por otro lado he escuchado la versión que, bueno, no hubo enfrentamiento, que la recaptura fue falsa, que había muerto por torturas.

--No fue una versión. Usted le tomó declaración en la cárcel a dos mujeres secuestradas y torturadas junto con Bombara.

--Sí, tengo idea de haberle tomado declaración a... ¿Qué apellido eran?

--Salto --apunto.

--Sí, padre dirigente... Usted es consciente, Martínez, que pasaron muchos años, años duros, no me empeciné en quedarme en el recuerdo. Las circunstancias en que la habían detenido no las recuerdo.

--¿Recuerda haber tomado declaraciones en el Cuerpo V?

--Pasaron treinta años, no recuerdo, tendría que rastrear en expedientes. No quiero negarlo pero, si ocurrió, fue algún hecho aislado.

Sobre el juicio a los profesores de la UNS, Sierra recordó que “recibía a familiares permanentemente”, pero “decir que los torturaba psicológicamente es una barbaridad”, aseguró. “Alguna vez dije ‘qué raro que este proceso ocurra en Bahía Blanca y no en la Universidad de La Plata o la de Buenos Aires, donde debía haber más infiltración ideológica’” (sic), arriesgó. “Si hubo procesos totalmente injustos fueron esos, contra gente que no eran Montoneros ni ERP ni estaban en acciones armadas: eran profesores. Fueron padecimientos totalmente inmerecidos”, admitió.

“Creo que mi actuación dentro de la situación que se vivía no fue la de un represor”, evaluó. “Nunca tuve amigo ni padrino militar. Sin negar que fui secretario, me duele que se diga que fui cómplice. La de los profesores fue una causa absolutamente injusta. Usted dirá qué hice, por qué no renuncié. A lo mejor debí hacerlo, hoy se ven las cosas desde otra perspectiva. Tenía mucho temor”.









Sierra y Montezanti durante el juicio de 2007.