Los militares, los jueces y los medios

Con pedidos de penas de prisión perpetua para catorce de los diecisiete imputados concluyó ayer en Bahía Blanca el alegato de los querellantes que representan a los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado del ex Quinto Cuerpo de Ejército y a la delegación local de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Los abogados Mirta Mántaras, Diego Czerniecky y Walter Larrea desmenuzaron la responsabilidad de cada imputado, la complicidad del Poder Judicial y del diario La Nueva Provincia con el terrorismo de Estado, y pidieron que se encuadren en el delito de genocidio los secuestros, torturas y asesinatos cometidos durante la dictadura. El juicio oral continuará la próxima semana con la acusación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, representada por la abogada Mónica Fernández Avello.

El alegato comenzó el martes pasado y se extendió durante cuatro jornadas. Los abogados agradecieron a los testigos por la sobreexigencia que implica tener que rememorar una y otra vez sus padecimientos. También destacaron que la responsabilidad de los imputados, que permanecen impávidos y sólo tomaron nota de las penas, no se limita al tiempo de los crímenes sino que se prolonga hasta el presente, ya que mantienen el pacto de silencio sobre el destino de los desaparecidos y sobre el paradero de los dos niños nacidos en el centro clandestino La Escuelita.

Mántaras, Czerniecky y Larrea explicaron el contexto histórico y desmenuzaron las pruebas aportadas por los 390 testigos que declararon en el juicio, que se sumaron a las de la instrucción de la causa en los años ’80, incluida una extensa declaración indagatoria del fallecido general Adel Vilas, cara visible de la dictadura en la ciudad. Mántaras, que hace un cuarto siglo ya actuaba como abogada, destacó la figura del general Juan Manuel Bayón, el principal acusado vivo por los fallecimientos del ex comandante Osvaldo Azpitarte y sus segundos Vilas y Abel Catuzzi, y explicó que como integrante del Estado Mayor participaba de los cónclaves en los que se decidía la suerte de cada secuestrado.

Los pedidos de prisión perpetua, además de Bayón, son para cinco ex miembros del Estado Mayor (Hugo Delmé, Jorge Mansuetto Swendsen, Osvaldo Bernardino Páez, Walter Tejada y Hugo Carlos Fantoni), para tres ex miembros del Destacamento de Inteligencia 181 (Norberto Condal, Carlos Taffarel y Jorge Horacio Granada), para dos ex miembros de los grupos de tareas (Jorge Aníbal Masson y Mario Carlos Méndez) y para tres ex policías que participaron de secuestros en Viedma (Vicente Forchetti, Héctor Goncálvez y Héctor Avelleira). Además pidieron 17 años y medio de prisión para el ex policía Carlos Contreras, y 17 años y medio para los dos ex jefes de la cárcel de Villa Floresta, Andrés Miraglia y Héctor Selaya.

Vergüenza

Los imputados del juicio por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca se cubren la cara, minutos antes de la audiencia, ante la cámara del fotógrafo portugués João Pina. En primer plano, de saco y corbata, el teniente coronel Jorge Aníbal Masson, ex miembro de los grupos de tareas. A su lado los ex jefes de la cárcel Villa Floresta, penitenciarios Héctor Selaya (remera) y Andrés Miraglia. El tercero que se tapa la cara es el coronel Hugo Delmé, encargado hace 35 años de recibir a los familiares y negarles información sobre los desaparecidos. Más lejos los coroneles Jorge Mansueto Swendsen y Hugo Fantoni. En segunda fila, siempre concentrado en la pintura, el torturador “bueno” de La Escuelita, teniente coronel Osvaldo Bernardino Páez. La imagen, tomada esta semana, forma parte del trabajo documental de Pina sobre el Plan Cóndor: http://www.joao-pina.com/features/operation-condor/

Hallan restos de La Escuelita bahiense

Por Diego Martínez
A comienzos de 1979, luego de que funcionara casi tres años como campo de concentración, el V Cuerpo de Ejército demolió La Escuelita, como la bautizó el general Adel Vilas. En 1981, desde el exilio, Alicia Partnoy describió la vieja casona donde estuvo en cautiverio y dibujó un croquis que repitió en diciembre pasado, por primera vez ante un tribunal y un grupo de represores. La buena nueva es que La Escuelita de Bahía Blanca dejará de ser una entelequia. Gracias al trabajo de arqueólogos de la Universidad Nacional del Sur, convocados por orden judicial a partir de una iniciativa de Memoria Abierta, los cimientos del ex centro clandestino salieron por primera vez a la luz. La investigación permitió dar con un plano de la construcción de 1944, comprobar que La Escuelita funcionó a 200 metros de las ruinas que inspeccionó la Conadep en 1984, e incluyó el hallazgo de más de 13 mil piezas que estaban bajo tierra e incluyen jeringas, envases de calmantes y otros materiales médicos que se habrían usado con los secuestrados. Memoria Abierta, que ya entregó un informe preliminar de la investigación, le solicitó al juez federal Alcindo Alvarez Canale que ordene perimetrar y techar el terreno para proteger los hallazgos y poder continuar con una segunda etapa de excavaciones.

“El lugar es llamado por los militares ‘Sicofe’. Está cerca de una vía del ferrocarril, se podía oír el paso de los trenes, los tiros de práctica del Comando y el mugido de las vacas”, escribió Partnoy hace casi 31 años, antes de explayarse sobre la casa donde vio por última vez a sus compañeros de la Juventud Peronista. El general Mario Aguado Benítez, ex comandante del Cuerpo V, evitó en 1984 precisar la fecha de demolición y apuntó que “luego de los aprestos bélicos de 1978 se reiniciaron tareas de desmonte y nivelación del terreno”. El suboficial Luis Vilches, que vivió allí con su familia hasta poco antes del golpe de Estado, dibujó un plano en 1985 frente a un denominado “juez militar” que resultó ser el teniente coronel Emilio Ibarra, ex jefe de la patota de secuestradores.

La investigación de Memoria Abierta se inició a partir de testimonios y croquis de sobrevivientes, en particular el de Partnoy y el de Gustavo López, secuestrado a sus 16 años. El primer barrido del terreno, que permitió identificar varias construcciones, se desarrolló entre abril y mayo de 2010. En septiembre último comenzaron las excavaciones. “A los arqueólogos del Departamento de Humanidades de la UNS se sumaron más de treinta alumnos y expertos que trabajaron en estudios preliminares desde el punto de vista topográfico y geoeléctrico”, destacó el arquitecto Gonzalo Conte, de Memoria Abierta. “Una excavación de 5-10 centímetros permitió descabezar los muros de cimientos y ver la conformación de esa planta con todos los ambientes descriptos”, agregó. La mayor parte de los objetos recolectados estaban en una cisterna y “en un pozo basurero, donde había ampollas, jeringas, frascos de medicamentos”, detalló, y apuntó que “todas esas pruebas están ahora cauteladas en un sótano que está justo debajo de la sala del rectorado de la UNS donde se hace el juicio”. “Le hemos propuesto al juez una segunda etapa de excavación de hasta 50 centímetros para despejar dudas sobre posibles hallazgos, buscar más evidencias y poder encarar una reconstrucción virtual de esa casa”, adelantó. El fiscal federal Abel Córdoba reiteró tras la declaración de Partnoy el pedido para realizar una nueva inspección ocular en el terreno junto con los jueces del Tribunal Oral Federal y los sobrevivientes.

Indagatoria para Sierra y Girotti

Los ex secretarios del juzgado federal de Bahía Blanca durante la dictadura, Hugo Sierra y Gloria Girotti, acusados de encubrir delitos de lesa humanidad, deberán declarar como imputados. A un año del pedido de detención del fiscal Abel Córdoba, la Cámara Federal desacreditó los artilugios del juez Alcindo Alvarez Canale, quien pretendía citar a Girotti como testigo e indagar a Sierra por sólo cinco de los 39 hechos que se le imputan, y ordenó que declaren como acusados. El único delito por el que no rendirán cuentas quienes fueron mano derecha del juez Guillermo Madueño es el rechazo de hábeas corpus y la persecución a familias de desaparecidos para exigirles las costas: para Ricardo Planes, Augusto Fernández y Angel Argañaraz eran “funciones inherentes al cargo”.

“¿Qué hubieran hecho los de los derechos humanos si hubieran estado ahí?”, suele gritar Alvarez Canale sin ocultar su voluntad de no investigar a los cómplices civiles. El juez se tomó licencia el día que el Tribunal Oral ordenó detener a Sierra (foto), que llegó a recibir testimonios con soldados apuntando sus armas a un secuestrado. La Cámara consideró que Alvarez Canale adelantó su posición sin haber escuchado a los acusados y ordenó garantizarles el derecho de defensa. Profesores de la Universidad del Sur, a la que Sierra renunció tras su fugaz detención, le organizan para el miércoles una “cena despedida” en el quincho de la jueza María Laura Pinto de Almeida Castro.

Huella de Heinrich y Loyola en el ex edificio de La Nueva Provincia

A 35 años de los crímenes, una “huella de la memoria” recuerda desde ayer en la ex sede del diario bahiense La Nueva Provincia a los obreros gráficos Henrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, ex delegados de los trabajadores de la empresa de la familia Massot, secuestrados, torturados y asesinados en 1976. El homenaje en el edificio que ahora ocupa el Colegio de Abogados bahiense fue organizado por la Comisión de Apoyo a los Juicios de lesa humanidad locales, que integra entre otros el ex armador del diario Jorge Manuel Molina, compañero de las víctimas en el Sindicato de Artes Gráficas de Bahía Blanca. Heinrich y Loyola representaron a los trabajadores de La Nueva Provincia desde principios de la década del ’70 y enfrentaron los abusos de la patronal durante los años previos al golpe de Estado. Diana Julio de Massot, la directora del diario, los equiparó desde un editorial con “la infiltración más radicalizada del movimiento obrero” e informó del hallazgo de los cuerpos acribillados en veinte líneas. Por los asesinatos están procesados los prefectos Francisco Martínez Loydi y Félix Ovidio Cornelli, quien al dejar la ciudad a fines de 1976 hizo pública desde las páginas del diario su decisión de seguir “combatiendo y aniquilando a las huestes de la delincuencia subversiva” y destacó su “agradecimiento más íntimo y el reconocimiento incondicional para la gente de prensa”. Los autores intelectuales de los crímenes permanecen impunes.