Ecodías
A 30 años del comienzo del genocidio argentino, EcoDias publica por primera vez la historia del secuestro y asesinato de Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, delegados de los obreros gráficos del diario La Nueva Provincia. Por impulsar medidas gremiales la directora Diana Julio de Massot los acusó de integrar un “soviet” infiltrado en la empresa. Con idéntico método al aplicado con los desaparecidos que la Armada Argentina arrojaba vivos al Río de la Plata, los sicarios locales inyectaron drogas para adormecer a los testigos de sus secuestros.
Por Diego Martínez
La señora se enardecía cada vez que una medida gremial afectaba al monopolio naval. Hacía quince años que Diana Julio de Massot dirigía con mano de hierro La Nueva Provincia, Canal 9 y LU2 Radio Bahía Blanca y le resultaba inadmisible que en su propia casa funcionara un sindicalismo auténtico, combativo, capaz de paralizar el taller en respaldo de reivindicaciones laborales. Sus principales promotores eran tres obreros de la rotativa: el maquinista Enrique Heinrich, secretario general del Sindicato de Artes Gráficas de Bahía Blanca, el esterotipista Miguel Angel Loyola, tesorero, y el armador Manuel Jorge Molina, vocal. El 30 de junio de 1976, dos semanas después de ser advertidos por el Cuerpo V de Ejército para que se dejaran “de romper las pelotas”, los dos primeros fueron secuestrados por hombres de civil que se movilizaban en vehículos militares. El diario no denunció los secuestros, informó en apenas veinte líneas la aparición de los cadáveres y nunca más recordó el caso. Cuando dos periodistas locales consultaron sobre esos asesinatos al dueño de la vida y la muerte del Cuerpo V, el general Adel Vilas fue contundente: “Hay empresas que prefieren matar a sus empleados antes que indemnizarlos. Pero soy peronista, no mato sindicalistas”. También el arzobispo Jorge Mayer prefirió criminalizar a las víctimas para negar su ayuda cristiana y la justicia archivó la causa sin investigar.
La primera tarea de Heinrich y Loyola fue a fines de 1971, como delegados del taller, cuando lograron reafiliar a varios compañeros expulsados cinco años antes. El 25 de mayo de 1973, furiosa ante el retorno de “un sistema que la ciencia política llama democracia” (LNP 25-5-73), la nieta del fundador dejó en claro que hacia el interior de su empresa el régimen castrense continuaba: Héctor Morelli, obrero de la rotativa, peronista acérrimo y tío de Heinrich, fue despedido por marchar frente al diario para festejar el triunfo de Héctor Cámpora.
A fines de 1973 los quites de colaboración en demanda de aumentos salariales retrasaron la salida del matutino, que se publicó con menos páginas de las habituales. El primer día de 1974 el acatamiento masivo a un paro de los gráficos provocó un ataque de ira de la patrona, que días después envió 40 telegramas de despido compulsivo y sin indemnización. Para peor, tras la intervención del Ministerio de Trabajo debió reintegrarlos.
A mediados de 1975 los seis gremios que representaban a los trabajadores del monopolio resolvieron en asamblea un paro por tiempo indeterminado. La medida “rompe el intento de diálogo”, explicó el asistente de dirección Federico Massot (hijo ya fallecido de la directora) al delegado del Ministerio de Trabajo. Tan abierto era el diálogo que la señora se negaba a compartir una oficina con sindicalistas.
Los gráficos exigían la aplicación de un franco cada cuatro días, como establecía el convenio de trabajo. La medida tuvo alta adhesión, el diario no apareció durante tres semanas y debió acceder al reclamo. En esos días Molina fue baleado al llegar a su casa desde un Ami 8 gris que usaba el personal de seguridad de la empresa.
El día que La Nueva Provincia (LNP) reapareció, la directora denunció la “labor disociadora de algunos delegados obreros cuyos fueros parecieran hacerles creer, temerariamente, que constituyen en verdad una nueva raza invulnerable de por vida” (LNP 1-9-75). Sugirió que pretendían intervenir el diario “a efectos de cooperativizarlo o crear alguna otra forma de autogestión sovietizante”, insistió con que “la infiltración más radicalizada ha hecho presa del movimiento obrero argentino” y anunció que “esta empresa también conoce el ‘soviet’ que aún usufructúa y aprovecha dentro de nuestra propia casa el desorden generado por un estado en descomposición”. Semejante acusación en 1975, en boca de un diario militarizado, desbordante de obsecuentes y de lectura obligatoria en el Cuerpo V y en la base naval de Puerto Belgrano, era una virtual condena a muerte.
Días después la directora condicionó el ingreso de los obreros a sus puestos de trabajo a la firma de un “acta de conformidad”, por la cual se comprometían a colaborar con la empresa y, en caso de incumplimiento, aceptaban el despido sin indemnización. Los 30 que se negaron fueron suspendidos por 5 días. Mientras Heinrich y el secretario de actas Luis Martínez denunciaron ante el Ministerio de Trabajo “una nueva maniobra empresaria de evidente lock-out”, el Sindicato de Prensa local, con las firmas de su secretario general Carlos Armero Sixto y del de la obra social Luis Andueza, denunciaron que “la obcecada, reaccionaria y antisocial política” del diario “condena al hambre y a la desesperación a 150 familias”.
Días de gloria
Al anochecer del 24 de marzo de 1976 mamá Diana y un veinteañero Vicente Massot desfilaron eufóricos con una bandera argentina alrededor de la rotativa. “¿A que no se animan a hacer huelga ahora?”, desafió la mujer al secretario de actas, mientras su hijo envalentonado le pateaba la bicicleta a un empleado. En aquellos días de euforia cesanteó a 17 obreros gráficos, medida que excluyó a quienes tenían fueros sindicales.
A mediados de junio, mientras reclamaban el pago de los días de paro descontados, Heinrich, Loyola y Molina fueron citados al Cuerpo V. “Nos recibió un capitán, no recuerdo el nombre -relata Molina-. Nos dijo ‘Muchachos, déjense de romper las pelotas, la mano viene dura’. No tomamos esa advertencia como una amenaza. No medimos qué había detrás de esas palabras”.
Dos semanas después, al atardecer del 30 de junio, una patota de civil se instaló en la casa de Loyola. Lo esperaron hasta las cuatro de la madrugada, cuando terminó su trabajo en la rotativa. A medida que llegaban, familiares y allegados fueron maniatados y vendados. “Algunos usaban guantes y todos, por su manera de expresarse, denotaban cierta cultura”, declaró la mujer de Loyola en el sumario policial. Los vecinos vieron vehículos militares cortando la cuadra durante casi 7 horas. Cuando al fin cayó la presa, los 7 testigos del secuestro, incluida su mujer embarazada, fueron inyectados en sus brazos con una droga que los durmió en segundos, marca registrada de la Armada Argentina en sus célebres vuelos de la muerte.
Desde allí fueron a buscar a Heinrich, recién llegado del diario. Vivía con su esposa y cinco hijos en una casa de un dormitorio. Rompieron la puerta con un golpe seco y antes de que la familia alcanzara a moverse ya estaban en la habitación, encandilándolos con linternas. Heinrich atinó a pedir que se identificaran. Dijeron “somos de la Federal” y lo encañonaron. Mientras los chicos lloraban y la mujer intentaba detenerlos, Heinrich pidió que no le pegaran delante de sus hijos. Le ordenaron vestirse y se lo llevaron.
Monseñor Mayer: “En algo andarán”
Durante 4 días estuvieron desaparecidos. Molina, junto con un ex maestro del colegio La Piedad, donde también había estudiado Loyola, fueron a la Curia a pedirle ayuda al arzobispo bahiense, monseñor Jorge Mayer. La respuesta de Mayer fue la misma que escucharon todos los padres desesperados que lo consultaron por sus hijos secuestrados: “En algo andarán”. La noticia circulaba en los pasillos de La Nueva Provincia pero no apareció en sus páginas.
El domingo 4 de julio una familia que mateaba en la “Cueva de los Leones”, paraje a 17 kilómetros de Bahía Blanca, encontró los cadáveres maniatados por la espalda, con signos de torturas y destrozados a tiros. Alrededor había 52 vainas calibre 9 milímetros. Nunca se supo dónde transcurrieron sus cautiverios. Ningún directivo ni periodista de La Nueva Provincia fue al velorio ni se solidarizó con el dolor de las familias.
Dos días después, bajo el título “Son investigados dos homicidios”, algún plumífero obediente redactó la noticia en veinte líneas, perdidas en una hoja tamaño sábana. Como quien informa sobre muertes insignificantes en algún rincón remoto del mundo apuntó que “se desempeñaban en la sección talleres de este diario”. Fue la primera y la última referencia de La Nueva Provincia al asesinato de los obreros que más disgustos le habían provocado. Un día después de recibir el sumario policial el juez penal de turno Francisco Bentivegna se inhibió de actuar y remitió la causa a su colega Juan Alberto Graziani, que al mes siguiente la archivó para siempre.
En 1997 Jorge Molina consiguió que dos calles de la periferia bahiense recordaran a sus compañeros. Paradójicamente, están a pocas cuadras del barrio Federico Massot.
La amnesia bahiense / recuadro
“Con su coherencia y honestidad Heinrich y Loyola se habían ganado el respeto de sus compañeros”, recuerda Carlos Iaquinandi, miembro del Sindicato de Prensa bahiense hasta su exilio en 1976 y actual director en España del Servicio de Prensa Alternativo, SERPAL. “A pesar del miedo y las amenazas consiguieron organizar sindicalmente el taller de La Nueva Provincia. Creían en lo que hacían. No usaron el sindicato para enriquecerse ni para colocarse en ningún cargo. Al contrario, eligieron el camino más difícil. El que significó muerte, cárcel, tortura o exilio. Y por eso murieron. Por ser honestos en un tiempo donde para muchos hacer sindicalismo era llenarse los bolsillos, sacar provecho o a lo sumo pasar inadvertidos y tener buenas relaciones con las patronales. Esos quedaron vivos y libres, disfrutando de lo robado, ocupando cargos públicos y privados. Bahía Blanca sigue siendo un feudo de la amnesia colectiva impuesta y aceptada. Sólo una fenomenal hipocresía explica que casi treinta años después de aquellos terribles crímenes no haya una reivindicación amplia y colectiva de Heinrich y Loyola como personas y como sindicalistas”.
Memorias sobre el terrorismo de Estado en Bahía Blanca y Punta Alta. Trabajo colectivo de reconstrucción de la historia local del genocidio. Su objetivo es enfrentar al silencio cómplice con la difusión de la verdad y la exigencia de justicia.
sábado, 25 de marzo de 2006
La página más negra de La Nueva Provincia
viernes, 24 de marzo de 2006
A treinta años del Golpe

Documento leído el 24 de marzo de 2006 frente al centro clandestino de detención “La Escuelita”, en el Cuerpo V de Ejército de Bahía Blanca.
Por Eduardo Hidalgo. Secretario general de APDH Bahía Blanca.
El ejercicio de la memoria, que volvemos a realizar este 24 de marzo, tiene al menos dos perfiles que confrontan, con secuelas que se mantienen hasta nuestros días. El inicio oficial de la dictadura más sangrienta que recuerda la historia argentina, y el movimiento de resistencia que le hizo frente y que se continúa hoy, en la lucha contra la impunidad. La resistencia, pasada y presente, la asumieron trabajadores, estudiantes, vecinos, jóvenes y ancianos, hombres y mujeres, los recluidos en prisiones “visibles” y en centros clandestinos. Hubo que enfrentar por entonces tortura, campos de concentración, secuestros, asesinatos, desapariciones, cárcel, exilio, hasta casi llegar al límite de las fuerzas. Fue el acto inaugural de un proyecto que remite, además del terror represivo, al horror económico, a la sangría política, social y cultural que seguimos padeciendo, en el marco de un funcionamiento institucional condicionado donde la representatividad es asumida como propiedad del partido que gana las elecciones, y no de los representados, que son quienes le otorgan el mandato a los electos para que cumplan y pongan en vigencia todos y cada uno de nuestros derechos.
El actual presidente ha dado unos pocos pasos y algunos gestos que los organismo valoramos positivamente, pero poco o casi nada se ha hecho respecto de la distribución de la riqueza, eje central para quebrar al poder económico concentrado, cuando hacerlo significa la base fundamental de una auténtica democracia es decir devolver todos y cada uno de los derechos arrebatados al pueblo argentino. Se trata entonces para nosotros de seguir siendo quienes éramos, con todas nuestras heridas y nuestros nombres sin respuesta, por eso nuestra identidad es la lucha por la memoria. la verdad y la justicia. Memoria para recordar y señalar a ejecutores y cómplices de lo que nos paso y nos pasa hoy, verdad para probar como lo hemos hecho en los estrados judiciales aún con todo el poder en contra y legislado para la impunidad, y justicia para los crímenes de ayer, por cada niño desnutrido cuyas consecuencias de capacidad se mostrarán brutalmente dentro de pocos años, y para cada compatriota y convecino que por su protesta en reclamo de la vigencia de sus derechos, es enjuiciado como un delincuente.
Mientras esto sucedió y sucede, Bahía Blanca mayoritariamente se mantiene sumergida en un pacto de silencio ominoso y terrible. El juego del “como sí”, una confabulación lamentable y tristísima que consiste en actuar como si aquí no hubiera pasado o no pasara nada, cuando en realidad pasó y pasa muchísimo. Pero la ciudad mantiene su complicidad con el nefasto error de negar y olvidar. Docentes y directivos de muchas escuelas impiden hablar con claridad sobre lo que nos pasó, o se transforman en transmisores del discurso de los dos demonios pretendiendo una neutralidad que no es posible cuando se habla de Terrorismo de Estado y sus consecuencias. Una corporación médica que sigue encubriendo en su seno y con excusas reglamentaristas a los profesionales que fueron denunciados por ser parte de la represión genocida. La corporación de abogados que recientemente han minimizado las opiniones contrarias respecto de su compra del edificio del diario local golpista, diciendo que son opiniones prejuiciosas, a pesar de las pruebas que se acumulan en las propias páginas de ese diario. Aquí la mayoría no se permitió ni siquiera la decencia ni la higiene síquica del duelo. La mayoría de los bahienses están convencidos que es posible apretar las manos sobre la tapa bajo la cual se oculta el horror de ayer y de hoy, y que cuando se animen a quitarlas el horror habrá desaparecido. Pero seguirá allí, en el mismo punto en que decidieron dejarlo disimulado bajo una gruesa capa de olvido. Porque el tiempo no sirve para borrar las huellas de lo que no se concientiza. Y nos preguntamos hoy junto a los que no se han plegado a esta amnesia planificada; ¿qué va a ocurrir entonces?, ¿Bahía Blanca asumirá su realidad?, ¿tendrá finalmente el coraje de rebelarse contra toda esa mediocridad que la empantana y no la deja ser?
Solo será posible si existe un proyecto común de verdadero cambio, sin dogmatismos, sin hegemonismos, sin falsos y decadentes liderazgos ya fracasados, es decir un cambio revolucionario con protagonismo y participación fundamental de la sociedad, que es solamente como se concibe un auténtico cambio social. De poco sirve que en la superficie y a cierta distancia se advierta la presencia de un intendente, un cuerpo de concejales, escuelas y muchos otros elementos vivos propios de una organización ciudadana, si hay un poder cuya planificación y acción la integraron y la integran hoy muchos dirigentes de todo orden, otorgándole un ritmo a la Bahía y que aúnan esfuerzos concurrentes a un mismo objetivo, cual es el de impedir que esta ciudad emerja de su letargo y continúe siendo sometida al arbitrio de una filosofía implantadora de costumbres y códigos tácitos. A instancias del entumecedor incienso con el que se fumiga diariamente a la población desde las páginas de ese diario, que impunemente aún por estos días reivindica a genocidas como Etchecolaz entre otros.
Será cuestión de esperar, entonces. Porque aunque nos prohibieron el agua, nunca pudieron ni podrán prohibirnos la sed. La historia es duración. No vale el grito aislado, por muy largo que sea su eco. Vale la prédica constante, continua, persistente. No vale la idea perfecta, absoluta, abstracta, indiferente a los hechos, a la realidad cambiante y móvil. Vale la idea germinal, concreta, dialéctica, operante, rica en potencia y capaz de movimiento.
Cuando asome ese día, los bahienses, que también son argentinos, podrán descubrir la vida real y decidir su propio destino. Mientras tanto, algunos pocos con la mente todavía sana seguiremos obrando para mantener encendido el fuego.
Por eso decimos en este día, como en cada uno de nuestros casi 20 años de existencia en esta ciudad, nuestros deseos: justicia para los 30.000 compañeros, justicia para el pueblo, plena e irrestricta vigencia de todos los derechos humanos para todos, y con nuestros sueños intactos y la vida por delante para hacerlos realidad, seguimos recordando que el sur también resiste.
lunes, 13 de marzo de 2006
"Luchar por la dignidad humana es luchar por la propia dignidad"
Ecodías
Mirta Mántaras en Bahía Blanca
Por Natalia Carabajal Figueroa
Acerca una silla y nos ubica en la mesa redonda. Ceba un mate, para que nos recuperemos de la escalera. Está atenta, sonriente. Es una mujer dinámica. Su cuerpo se mueve y acompaña cada palabra. Y sus palabras son sostenidas por sus acciones a lo largo de décadas.
Mirta Mántaras es abogada, escritora, periodista.
Más allá de sus palabras Mirta Mántaras nos habla de la fuerza del trabajo y del movimiento constante, incansable, para que se logre justicia.
- ¿Por qué juicio y castigo y no venganza?
- Cuando los familiares, los sobrevivientes estaban en esa lucha, lo que naturalmente sale del alma es poder vengarse o algo relacionado con la persona que le ha quitado a su hijo, su nieto, que le ha destrozado su familia. La no venganza fue una consigna expresa que se estableció, se comentó y se difundió porque lo que proponían era que fuera posible obtener un juicio, porque el juicio era algo que servía a la comunidad, que servía para que nosotros fuéramos forjando esta salida de la dictadura para convivir en un sistema civilizado
Esa consigna fue muy buena, porque permitió ir avanzando con un horizonte muy concreto y por otro lado ha sido muy importante para la adhesión de todas aquellas personas que inclusive en 1983 ignoraban lo que acá había pasado.
En un trayecto de la charla Mirta se detiene en la importancia que adquiere la creatividad en la búsqueda de justicia en el caso de los desaparecidos y los crímenes cometidos. Menciona a la calle, a los espacios públicos como lugar de florecimiento. Esta creatividad es parte del quehacer colectivo, creatividad que llevó, por ejemplo, a que surjan las reconocidas siluetas de los desaparecidos como representación y que se diseminen por el todo país.
“Cuando surgen las siluetas de los desaparecidos es para darles carnadura, para que permitan contar su historia. Se hace en muchas comisiones de la memoria, donde abren una carpeta con fotos, recuerdos que las mamás generalmente guardamos. Y se han hecho carpetas que al mirarlas parece que uno está frente a una persona, que la tiene delante con su espíritu, con sus amores, con lo que escribió algún día en su cuaderno… O sea, tiene carnadura”.
- “No están, no son” dijo Videla al referirse a los desaparecidos…
- “No están” significaba que no están porque ellos los habían asesinado, pero además “no son” significaba no tienen importancia ya sus luchas, sus objetivos, sus pasiones, su amor a una patria grande liberada. Querían borrar no sólo la persona física sino todo lo que la persona sentía, todo lo que la persona proyectaba, sus ideas políticas… Entonces cuando Videla dice “No están, no son”, nosotros le contestamos: “¡Presentes!” y son este, este, este… y han hecho esto, esto, esto, tienen estos rostros y estas han sido sus propuestas, estos han sido sus ideales: que todos tengamos igualdad de oportunidades.
- ¿Qué sentido le dieron los militares a la desaparición, a la no entrega de las personas?
- En realidad, la desaparición es el apropiarse del cuerpo, de un cuerpo yerto, de un cuerpo asesinado. Para los familiares es muy importante el cuerpo por el duelo. Pero ellos han hecho desaparecer a las personas no tanto para que no tengan identidad sino más bien para eludir la responsabilidad criminal por sus terribles delitos atroces y para no ser responsables de estos delitos. Ha sido una forma de eludir la responsabilidad por crímenes aberrantes y atroces que ofenden a la familia humana porque son delitos de lesa humanidad.
Mirta Mántaras menciona que la Cámara Federal de Bahía Blanca fue la única en el país que declaró la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad y reconoce como un mérito de los bahienses que su Cámara Federal fue la única que mantuvo e insistió en la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida.
Sobre el tema de la lucha, de la continuidad de las luchas y la dignidad nos dijo: “Cualquier lucha por la dignidad humana es una lucha de solidaridad, pero es una lucha por uno mismo, por la dignidad propia. La lucha es una lucha por la dignidad y esto está adentro del ser humano. La dignidad es el reconocimiento de cada quien como es, con su pensamiento y su identidad, con su individualidad y con su pertenencia a una sociedad, a un colectivo social. La dignidad es ser tenido por lo que uno es; por eso abarca a la familia humana el principio de la dignidad, por eso está exaltada en todas las convenciones internacionales como la base: la dignidad de la persona humana. Y cuando se habla de delitos de lesa humanidad, se habla de delitos que ofenden a la familia humana. La lucha por la libertad: es algo que surge del ser humano”.
“La lucha no se termina nunca, la sociedad es un sujeto colectivo social, tiene una vida que continúa, donde por supuesto van cambiando las personas: unos mueren, los otros nacen, pero la sociedad como sujeto colectivo social está en constante movimiento. Es eso de pasar la antorcha… Se pasa la antorcha a las generaciones nuevas y uno la recibió de los que ya se fueron. Porque el sujeto colectivo social es un sujeto histórico, es un sujeto que tiene un pasado, un presente y un futuro, entonces siempre va a haber una lucha de aquellos que están oprimidos, silenciados, maltratados, discriminados y de todos aquellos que consideran que esta vida es para todos concebida en forma igualitaria”.
Mirta Mántaras presentó su libro
A los hijos de todos
“Genocidio en la Argentina” es el nuevo libro de la doctora Mirta Mántaras, quien estuvo en la ciudad y presentó la publicación que ya fue declarada de interés provincial en Río Negro.
Mántaras, abogada patrocinante de la APDH y de las víctimas y familiares de desaparecidos, refirió que en Bahía Blanca se declaró la nulidad de las causas por inconstitucionalidad de la ley de Obediencia Debida y Punto Final. Además, explicó que se han presentado muchos hijos que cuando se comenzaron con las causas eran pequeños y ahora se presentan para reclamar justicia.
Abordaje histórico
A modo de reseña Mántaras dijo que “el abordaje del libro es histórico pero que tiene que ver con una enseñanza que nosotros tuvimos durante todos estos años de lucha por el juicio y castigo a los culpables: las organizaciones de derechos humanos, aun las más pequeñas, las que están en los pueblos chiquitos, las que no conocemos, han hecho una lucha muy original, que es constituir organizaciones intermedias de control del poder, del control del gobierno, de control de los actos públicos. Las organizaciones de derechos humanos han demostrado creativamente que han mutado las formas de lucha, porque cuando vivieron en la impunidad se buscó el castigo social con fotos de los represores, con las siluetas de los desaparecidos, para darles carnadura, para darles una existencia y rehusar aquello que había dicho Videla -“No están, no son”-: Sí están, sí son, acá les damos carnadura”.
Por otra parte, mencionó que dentro del material publicado se incluyeron los juicios de Madrid: “Con los juicios de Madrid se ha avanzado enormemente, siempre el mismo grupo acompañado por el pueblo, de estas organizaciones intermedias. Ha habido un debate internacional con relación a la figura de los delitos de lesa humanidad y se ha logrado que después de tantos años se reabran los juicios, se anulen las leyes de impunidad y sea posible lograr ese objetivo propuesto allá en los años 76 cuando se crearon los primeros organismos de derechos humanos”.
A los jóvenes
Respecto a los destinatarios de la publicación y a la finalidad de la misma Mirta destacó que “el libro está dedicado a los hijos de todos, a los jóvenes, ellos son los más interesados en este libro, porque no han vivido lo que hemos vivido nosotros que lo conocimos en carne propia o desde la prensa. El libro persigue la finalidad de que conozcan esta historia, es como una narración histórica que no tiene apéndice documental porque las partes importantes están transcriptas, los fundamentos -como los juicios a las Juntas- están transcritas, partes de las leyes de impunidad, los reglamentos castrenses que tienen importancia para demostrar que el genocidio fue planificado”.
El libro también incluye el análisis de la resistencia obrera así como también de la deuda externa. “Es lo que yo llamaría un libro sencillo de leer que le sirve a cualquier ciudadano que se interese en el tema y en recordar… Como me dicen los periodistas: es un fantástico recordatorio”, agregó Mántaras.
Finalmente, adelantó que pronto escribirá otro libro como continuación de este, relacionado a los juicios que se desarrollan en el país y con la situación histórica de la Argentina.
Búsqueda de la verdad
Por Denise Navarrete
Antes de la conferencia de prensa brindada el 8 de marzo en la sede del Banco Credicoop de calle Donado, la doctora Mirta Mántaras fue entrevistada por la periodista Denise Navarrete.
- ¿En qué punto se cruzan el Genocidio en la Argentina y este Día de la Mujer?
- Yo creo que tiene que ver con que nosotras las mujeres hacemos aportes intelectuales, aportes en la lucha cotidiana, en los juicios, en todo lo que estamos activando para la defensa tanto en nuestros derechos de género como de los derechos humanos. Entonces creo que unir las dos cosas ha sido muy interesante, y nosotros hemos tenido también víctimas que han sido mujeres, víctimas muy humilladas por su condición de mujer y también la apropiación de sus hijos que es el peor delito. Entonces la idea era justamente unir estas dos cosas.
- A 30 años del golpe, ¿se puede pensar en otra Argentina?
- Yo creo que sí. Fijate que hay una gran actividad de los derechos humanos que mostró cómo es posible que una organización intermedia tenga control del poder, control de los gobiernos. Se ha podido lograr el objetivo que era el juicio y castigo de los culpables del genocidio. O sea, es una empresa que después de 30 años logró un primer juzgamiento, y si bien hubo un impasse por las leyes de impunidad se siguió, y al seguir se ha logrado que se prosiga con los juzgamientos, lo cual es un ejemplo a seguir.
“La otra cosa que nosotros tenemos como cuestión diferente pero que tiene que ver con nuestro pasado reciente, es que la comunidad ha empezado a actuar en forma directa, saliendo a la calle, mostrando la necesidad de superar la democracia representativa para ir a la democracia participativa y esto lo vemos nosotros en todas las actividades que se hacen.”
- Hay muchas expectativas en Bahía Blanca porque aunque para mucha gente no pasó nada, pasaron muchas cosas aquí en Bahía Blanca. ¿Cómo está la causa con respecto a los juzgamientos?
- Respecto a la causa estuvimos demorados por un problema de competencias, pero en este momento ya el juez que tiene la causa declaró la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad, entonces nosotros tenemos como tema pendiente que declare la nulidad de los indultos y también pedimos que se retrotraiga la situación al momento en que nosotros la dejamos, que fue cuando estábamos en plena indagatoria. Tengo entendido que ahora el fiscal Castaño va a pedir las citaciones a declaración indagatoria.
Mirta Mántaras en Bahía Blanca
Por Natalia Carabajal Figueroa
Acerca una silla y nos ubica en la mesa redonda. Ceba un mate, para que nos recuperemos de la escalera. Está atenta, sonriente. Es una mujer dinámica. Su cuerpo se mueve y acompaña cada palabra. Y sus palabras son sostenidas por sus acciones a lo largo de décadas.
Mirta Mántaras es abogada, escritora, periodista.
Más allá de sus palabras Mirta Mántaras nos habla de la fuerza del trabajo y del movimiento constante, incansable, para que se logre justicia.
- ¿Por qué juicio y castigo y no venganza?
- Cuando los familiares, los sobrevivientes estaban en esa lucha, lo que naturalmente sale del alma es poder vengarse o algo relacionado con la persona que le ha quitado a su hijo, su nieto, que le ha destrozado su familia. La no venganza fue una consigna expresa que se estableció, se comentó y se difundió porque lo que proponían era que fuera posible obtener un juicio, porque el juicio era algo que servía a la comunidad, que servía para que nosotros fuéramos forjando esta salida de la dictadura para convivir en un sistema civilizado
Esa consigna fue muy buena, porque permitió ir avanzando con un horizonte muy concreto y por otro lado ha sido muy importante para la adhesión de todas aquellas personas que inclusive en 1983 ignoraban lo que acá había pasado.
En un trayecto de la charla Mirta se detiene en la importancia que adquiere la creatividad en la búsqueda de justicia en el caso de los desaparecidos y los crímenes cometidos. Menciona a la calle, a los espacios públicos como lugar de florecimiento. Esta creatividad es parte del quehacer colectivo, creatividad que llevó, por ejemplo, a que surjan las reconocidas siluetas de los desaparecidos como representación y que se diseminen por el todo país.
“Cuando surgen las siluetas de los desaparecidos es para darles carnadura, para que permitan contar su historia. Se hace en muchas comisiones de la memoria, donde abren una carpeta con fotos, recuerdos que las mamás generalmente guardamos. Y se han hecho carpetas que al mirarlas parece que uno está frente a una persona, que la tiene delante con su espíritu, con sus amores, con lo que escribió algún día en su cuaderno… O sea, tiene carnadura”.
- “No están, no son” dijo Videla al referirse a los desaparecidos…
- “No están” significaba que no están porque ellos los habían asesinado, pero además “no son” significaba no tienen importancia ya sus luchas, sus objetivos, sus pasiones, su amor a una patria grande liberada. Querían borrar no sólo la persona física sino todo lo que la persona sentía, todo lo que la persona proyectaba, sus ideas políticas… Entonces cuando Videla dice “No están, no son”, nosotros le contestamos: “¡Presentes!” y son este, este, este… y han hecho esto, esto, esto, tienen estos rostros y estas han sido sus propuestas, estos han sido sus ideales: que todos tengamos igualdad de oportunidades.
- ¿Qué sentido le dieron los militares a la desaparición, a la no entrega de las personas?
- En realidad, la desaparición es el apropiarse del cuerpo, de un cuerpo yerto, de un cuerpo asesinado. Para los familiares es muy importante el cuerpo por el duelo. Pero ellos han hecho desaparecer a las personas no tanto para que no tengan identidad sino más bien para eludir la responsabilidad criminal por sus terribles delitos atroces y para no ser responsables de estos delitos. Ha sido una forma de eludir la responsabilidad por crímenes aberrantes y atroces que ofenden a la familia humana porque son delitos de lesa humanidad.
Mirta Mántaras menciona que la Cámara Federal de Bahía Blanca fue la única en el país que declaró la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad y reconoce como un mérito de los bahienses que su Cámara Federal fue la única que mantuvo e insistió en la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida.
Sobre el tema de la lucha, de la continuidad de las luchas y la dignidad nos dijo: “Cualquier lucha por la dignidad humana es una lucha de solidaridad, pero es una lucha por uno mismo, por la dignidad propia. La lucha es una lucha por la dignidad y esto está adentro del ser humano. La dignidad es el reconocimiento de cada quien como es, con su pensamiento y su identidad, con su individualidad y con su pertenencia a una sociedad, a un colectivo social. La dignidad es ser tenido por lo que uno es; por eso abarca a la familia humana el principio de la dignidad, por eso está exaltada en todas las convenciones internacionales como la base: la dignidad de la persona humana. Y cuando se habla de delitos de lesa humanidad, se habla de delitos que ofenden a la familia humana. La lucha por la libertad: es algo que surge del ser humano”.
“La lucha no se termina nunca, la sociedad es un sujeto colectivo social, tiene una vida que continúa, donde por supuesto van cambiando las personas: unos mueren, los otros nacen, pero la sociedad como sujeto colectivo social está en constante movimiento. Es eso de pasar la antorcha… Se pasa la antorcha a las generaciones nuevas y uno la recibió de los que ya se fueron. Porque el sujeto colectivo social es un sujeto histórico, es un sujeto que tiene un pasado, un presente y un futuro, entonces siempre va a haber una lucha de aquellos que están oprimidos, silenciados, maltratados, discriminados y de todos aquellos que consideran que esta vida es para todos concebida en forma igualitaria”.
Mirta Mántaras presentó su libro
A los hijos de todos
“Genocidio en la Argentina” es el nuevo libro de la doctora Mirta Mántaras, quien estuvo en la ciudad y presentó la publicación que ya fue declarada de interés provincial en Río Negro.
Mántaras, abogada patrocinante de la APDH y de las víctimas y familiares de desaparecidos, refirió que en Bahía Blanca se declaró la nulidad de las causas por inconstitucionalidad de la ley de Obediencia Debida y Punto Final. Además, explicó que se han presentado muchos hijos que cuando se comenzaron con las causas eran pequeños y ahora se presentan para reclamar justicia.
Abordaje histórico
A modo de reseña Mántaras dijo que “el abordaje del libro es histórico pero que tiene que ver con una enseñanza que nosotros tuvimos durante todos estos años de lucha por el juicio y castigo a los culpables: las organizaciones de derechos humanos, aun las más pequeñas, las que están en los pueblos chiquitos, las que no conocemos, han hecho una lucha muy original, que es constituir organizaciones intermedias de control del poder, del control del gobierno, de control de los actos públicos. Las organizaciones de derechos humanos han demostrado creativamente que han mutado las formas de lucha, porque cuando vivieron en la impunidad se buscó el castigo social con fotos de los represores, con las siluetas de los desaparecidos, para darles carnadura, para darles una existencia y rehusar aquello que había dicho Videla -“No están, no son”-: Sí están, sí son, acá les damos carnadura”.
Por otra parte, mencionó que dentro del material publicado se incluyeron los juicios de Madrid: “Con los juicios de Madrid se ha avanzado enormemente, siempre el mismo grupo acompañado por el pueblo, de estas organizaciones intermedias. Ha habido un debate internacional con relación a la figura de los delitos de lesa humanidad y se ha logrado que después de tantos años se reabran los juicios, se anulen las leyes de impunidad y sea posible lograr ese objetivo propuesto allá en los años 76 cuando se crearon los primeros organismos de derechos humanos”.
A los jóvenes
Respecto a los destinatarios de la publicación y a la finalidad de la misma Mirta destacó que “el libro está dedicado a los hijos de todos, a los jóvenes, ellos son los más interesados en este libro, porque no han vivido lo que hemos vivido nosotros que lo conocimos en carne propia o desde la prensa. El libro persigue la finalidad de que conozcan esta historia, es como una narración histórica que no tiene apéndice documental porque las partes importantes están transcriptas, los fundamentos -como los juicios a las Juntas- están transcritas, partes de las leyes de impunidad, los reglamentos castrenses que tienen importancia para demostrar que el genocidio fue planificado”.
El libro también incluye el análisis de la resistencia obrera así como también de la deuda externa. “Es lo que yo llamaría un libro sencillo de leer que le sirve a cualquier ciudadano que se interese en el tema y en recordar… Como me dicen los periodistas: es un fantástico recordatorio”, agregó Mántaras.
Finalmente, adelantó que pronto escribirá otro libro como continuación de este, relacionado a los juicios que se desarrollan en el país y con la situación histórica de la Argentina.
Búsqueda de la verdad
Por Denise Navarrete
Antes de la conferencia de prensa brindada el 8 de marzo en la sede del Banco Credicoop de calle Donado, la doctora Mirta Mántaras fue entrevistada por la periodista Denise Navarrete.
- ¿En qué punto se cruzan el Genocidio en la Argentina y este Día de la Mujer?
- Yo creo que tiene que ver con que nosotras las mujeres hacemos aportes intelectuales, aportes en la lucha cotidiana, en los juicios, en todo lo que estamos activando para la defensa tanto en nuestros derechos de género como de los derechos humanos. Entonces creo que unir las dos cosas ha sido muy interesante, y nosotros hemos tenido también víctimas que han sido mujeres, víctimas muy humilladas por su condición de mujer y también la apropiación de sus hijos que es el peor delito. Entonces la idea era justamente unir estas dos cosas.
- A 30 años del golpe, ¿se puede pensar en otra Argentina?
- Yo creo que sí. Fijate que hay una gran actividad de los derechos humanos que mostró cómo es posible que una organización intermedia tenga control del poder, control de los gobiernos. Se ha podido lograr el objetivo que era el juicio y castigo de los culpables del genocidio. O sea, es una empresa que después de 30 años logró un primer juzgamiento, y si bien hubo un impasse por las leyes de impunidad se siguió, y al seguir se ha logrado que se prosiga con los juzgamientos, lo cual es un ejemplo a seguir.
“La otra cosa que nosotros tenemos como cuestión diferente pero que tiene que ver con nuestro pasado reciente, es que la comunidad ha empezado a actuar en forma directa, saliendo a la calle, mostrando la necesidad de superar la democracia representativa para ir a la democracia participativa y esto lo vemos nosotros en todas las actividades que se hacen.”
- Hay muchas expectativas en Bahía Blanca porque aunque para mucha gente no pasó nada, pasaron muchas cosas aquí en Bahía Blanca. ¿Cómo está la causa con respecto a los juzgamientos?
- Respecto a la causa estuvimos demorados por un problema de competencias, pero en este momento ya el juez que tiene la causa declaró la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad, entonces nosotros tenemos como tema pendiente que declare la nulidad de los indultos y también pedimos que se retrotraiga la situación al momento en que nosotros la dejamos, que fue cuando estábamos en plena indagatoria. Tengo entendido que ahora el fiscal Castaño va a pedir las citaciones a declaración indagatoria.
lunes, 23 de enero de 2006
Para reabrir las causas en Bahía Blanca
Página/12
RECLAMO DE LA APDH POR EL CUERPO V DE EJERCITO Y LA BASE NAVAL PUERTO BELGRANO
El organismo de derechos humanos solicitó a la Justicia federal la reapertura de los juicios contra los militares que actuaron en esa zona. El pedido apunta a hacer justicia en siete casos emblemáticos de secuestro, torturas, asesinatos y desapariciones de personas.
Por Diego Martínez
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca solicitó a la Justicia federal local la reapertura de los juicios contra los militares responsables de secuestros, torturas, asesinatos y de la desaparición de personas que actuaron en el Cuerpo V de Ejército, la base naval Puerto Belgrano y la base de infantería de marina Baterías durante la última dictadura militar. El organismo solicitó la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de punto final, obediencia debida y de los indultos que beneficiaron a jefes de la Armada y del Ejército. Los pedidos de detención abarcan desde los máximos jerarcas de las respectivas fuerzas, como el ex general Adel Vilas y el ex contraalmirante Luis María Mendía, hasta el interrogador en la mesa de torturas de La Escuelita, suboficial Santiago Cruciani, o quien lo auxiliaba aplicando la picana eléctrica, oficial Julián Oscar Corres.
Tras el pedido, el juez Alvarez Canale adhirió a la inconstitucionalidad y nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final resuelta por la Corte Suprema de Justicia, recaratuló la causa como “investigación de delitos de lesa humanidad cometidos bajo control operacional del comando del Cuerpo V de Ejército”, difirió el tratamiento de los indultos hasta que el fiscal identifique a los imputados o procesados que se beneficiaron con esa medida, aunque se inhibió de actuar en las causas relacionadas con la Armada por su parentesco con el capitán de navío Raúl Alberto Marino, uno de los investigados. La causa de la Armada quedaría en manos del juez subrogante, Ramón Dardanelli Alsina.
En el caso de la Armada, las diferencias de criterio sobre el departamento judicial que debía juzgar en 1987 a los responsables de los centros de detención de Punta Alta impidieron la identificación de los secuestradores y torturadores de Puerto Belgrano y Baterías, impunidad que extiende hasta hoy el manto de sospecha sobre centenares de marinos. A tres décadas del inicio del terrorismo de Estado en el sur bonaerense, que incluyó el robo y la sustracción de identidad de dos bebés nacidos en La Escuelita bajo el mando del general Abel Catuzzi, no hay un solo militar ni policía preso por aquellos crímenes de lesa humanidad. En manos del juez y del fiscal Antonio Castaño queda ahora la responsabilidad de continuar los procesos impulsados en los primeros años de la democracia por el fiscal Hugo Cañón y la Cámara Federal de Bahía Blanca.
Con el patrocinio de Mirta Mántaras, la APDH pidió las detenciones de quienes se desempeñaron, respectivamente, como comandantes de operaciones navales, contraalmirante Luis María Mendía y vicealmirante Julio Torti; jefe de Estado mayor de Operaciones Navales, contraalmirante Antonio Vañek; comandante de la fuerza de submarinos, vicealmirante Juan José Lombardo; comandante de la base naval Puerto Belgrano, capitán de navío Zanón Saúl Bolino; del contraalmirante Juan Carlos Malugani, y los capitanes de navío Raúl Alberto Marino y Edmundo Oscar Núñez. Todos ellos fueron indultados en 1989 por el ex presidente Carlos Menem.
Habitué en el despacho de Diana Julio de Massot, directora del diario naval La Nueva Provincia, el contraalmirante Mendía supo arengar a sus subordinados para avanzar en “el exterminio de la subversión apátrida que, como mala cizaña, debe ser eliminada de la tierra de los argentinos” (LNP 8/11/75). Explicaba la necesidad de “aniquilar a la subversión” con argumentos teológicos: “Mientras nosotros creemos en Dios como Supremo Creador y ordenador del Universo, y por lo tanto confiamos en la trascendencia de la vida humana, ellos no ven más allá de lo material, aceptando su mediocre rol en la escala de la evolución zoológica” (LNP 29/11/75). Días antes del golpe de Estado, según declaró Adolfo Scilingo ante la Audiencia Nacional de España, Mendía fue el encargado de explicar ante unos 900 marinos reunidos en el cine de Puerto Belgrano que, para preservar “la ideología occidental y cristiana”, la Armada actuaría decivil, realizaría “interrogatorios intensos”, que incluían la “práctica de tortura y el sistema de eliminación física a través de los aviones que, en vuelo, arrojarían los cuerpos vivos y narcotizados al vacío, proporcionándoles de esta forma una ‘muerte cristiana’”.
Por los crímenes cometidos por el Ejército, la APDH solicitó la detención de quienes en 1976 y 1977 se desempeñaron, respectivamente, como comandante de la subzona 51 general Adel Edgardo Vilas, del jefe de inteligencia coronel Aldo Mario Alvarez, de los jefes de operaciones, teniente coronel Osvaldo Bernardino Páez, coroneles Rafael Benjamín De Piano y Juan Manuel Bayón; y del responsable del departamento de registro y enlace, mayor Arturo Ricardo Palmieri, encargado de recibir y mentirles a los familiares de los desaparecidos que permanecían en cautiverio a metros de su oficina.
Entre los oficiales subalternos integrantes del grupo de tareas, el organismo pidió la detención de Mario Carlos Méndez, a quien sus compañeros llamaban cariñosamente “El Loco de la Guerra”; de Jorge Aníbal Masson, quien en el año 2000, cuando declaró en el Juicio por la Verdad, continuaba en actividad con el grado de teniente coronel; de Ricardo Martín Sosa; de Mario Alberto Casela, coronel en actividad con destino en Remonta y Veterinaria; de Julián Oscar Corres, quien también en el 2000 admitió que en el centro de detención sus compañeros lo llamaban “Laucha”, apodo de quien manejaba la picana eléctrica en La Escuelita según declararon varios sobrevivientes; y del suboficial de inteligencia Santiago Cruciani, alias “mayor Mario Mancini” o “Tío”, interrogador que simulaba el papel de “bueno” en la mesa de torturas de La Escuelita. Cruciani permaneció 36 días detenido en el 2000 por negarse a declarar en el Juicio por la Verdad. Su esposa Yolanda Pozzi denunció a la Cámara Federal de Bahía Blanca por “privación ilegal de la libertad y torturas” (sic). Luego de ser escrachado en Mendoza por la agrupación H.I.J.O.S., el matrimonio se refugió en los pagos de los Pozzi, en San Juan, donde todavía no se conoce su pasado.
Mientras los abogados de la APDH trabajan en la elaboración de futuras presentaciones, la solicitud se refiere a siete casos de asesinatos o desapariciones:
- Horacio Russin fue secuestrado de madrugada, en su casa, por una patota de la Armada. Fue torturado brutalmente en el campo de concentración que funcionó en la séptima casamata de Baterías, donde aún hoy la infantería celebra sus aniversarios, a metros de Punta Ancla, playa de veraneo de los vecinos de Punta Alta. Luego fue entregado al Ejército. Se lo vio por última vez en La Escuelita.
- Carlos Rivera trabajó como preceptor del seminario La Asunción hasta la noche de su secuestro. Pocos días después, el entonces vicario general bahiense Emilio Ogñenovich le confesó a su mujer que Rivera estaba en manos del Ejército. Varios sobrevivientes de La Escuelita confirmaron años después el dato que el sacerdote conocía en tiempo real. Fue fusilado en un enfrentamiento fraguado y enterrado como NN en el cementerio de Bahía Blanca. En 1987, el Equipo Argentino de Antropología Forense identificó sus restos.
- Cora María Pioli fue secuestrada en su casa días después de recibirse de profesora de Letras en la Universidad Nacional del Sur. Fue vista en cautiverio en Baterías, donde los marinos que desvalijaron su casa usaban sus discos para tapar los gritos de los torturados. Continúa desaparecida.
- Mónica Morán fue secuestrada mientras ensayaba una obra de títeres en el Teatro Alianza. Fue vista en La Escuelita por varios sobrevivientes. Once días después fue fusilada en un enfrentamiento fraguado y publicitado por La Nueva Provincia. Su cuerpo fue exhumado en 1987.
- Rubén Sampini fue detenido junto con su madre por Prefectura Naval en su casa de Ingeniero White un día después de denunciar que un camión del Ejército había desvalijado su local de repuestos de autos, que compartía con su socio Juan Carlos Castillo, por entonces secuestrado en La Escuelita. Los llevaron al Cuerpo V, donde firmaron el libro de guardia. Luego de varias horas en un calabozo del Batallón de Comunicaciones 181, la mujer fue liberada y a 28 años de los hechos aún exige conocer el destino de su hijo.
Néstor Junquera y María Eugenia González fueron secuestrados por una patota del Ejército, que dejó los hijos del matrimonio en manos de vecinos. Ambos fueron torturados en La Escuelita, donde se los vio por última vez.
La maternidad de Catuzzi en La Escuelita
Por D. M.
Graciela Izurieta fue vista por última vez en diciembre de 1976, durante su séptimo mes de embarazo. Graciela Romero parió un varón el 17 de abril de 1977. Lo llamó Ramón. Ambas estuvieron secuestradas en el centro clandestino de detención La Escuelita, a metros del camino La Carrindanga. Ambas continúan desaparecidas y pese a la incansable búsqueda de familiares y amigos, sus hijos nunca fueron restituidos.
El responsable de ese centro clandestino de detención desde principios de diciembre de 1976, cuando asumió como segundo comandante del Cuerpo V, fue el general Abel Teodoro Catuzzi, ferviente católico, de familia numerosa, célebre por argumentar sobre la necesidad cristiana de torturar, nada menos que ante el obispo Miguel Hesayne, quien luego relató en detalle esos diálogos durante el Juicio a las Juntas. El comandante era el general Osvaldo René Azpitarte y la mano derecha de ambos en La Escuelita era el coronel Antonio Losardo, jefe del destacamento de Inteligencia y del “LRD”, o “lugar de reunión de detenidos” en la jerga castrense usada ante la Justicia. Los tres murieron sin confesar el destino de sus trofeos de guerra. Pero hay muchos otros represores vivos e impunes que difícilmente desconozcan la suerte que corrieron ambas criaturas.
Cuando la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) incorpore el pedido de investigación por ambos robos y sustracciones de identidad, el juez federal Alcindo Alvarez Canale deberá optar entre aceptar la oportunidad histórica de exigirles a los militares de Bahía Blanca la información sobre el destino de esos bebés (hoy hombres de casi treinta años) o de ser fiel al retrato del general Julio Roca dedicado por los amigos del Cuerpo V que luce en el hall de entrada a su despacho.
RECLAMO DE LA APDH POR EL CUERPO V DE EJERCITO Y LA BASE NAVAL PUERTO BELGRANO
El organismo de derechos humanos solicitó a la Justicia federal la reapertura de los juicios contra los militares que actuaron en esa zona. El pedido apunta a hacer justicia en siete casos emblemáticos de secuestro, torturas, asesinatos y desapariciones de personas.
Por Diego Martínez
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca solicitó a la Justicia federal local la reapertura de los juicios contra los militares responsables de secuestros, torturas, asesinatos y de la desaparición de personas que actuaron en el Cuerpo V de Ejército, la base naval Puerto Belgrano y la base de infantería de marina Baterías durante la última dictadura militar. El organismo solicitó la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de punto final, obediencia debida y de los indultos que beneficiaron a jefes de la Armada y del Ejército. Los pedidos de detención abarcan desde los máximos jerarcas de las respectivas fuerzas, como el ex general Adel Vilas y el ex contraalmirante Luis María Mendía, hasta el interrogador en la mesa de torturas de La Escuelita, suboficial Santiago Cruciani, o quien lo auxiliaba aplicando la picana eléctrica, oficial Julián Oscar Corres.
Tras el pedido, el juez Alvarez Canale adhirió a la inconstitucionalidad y nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final resuelta por la Corte Suprema de Justicia, recaratuló la causa como “investigación de delitos de lesa humanidad cometidos bajo control operacional del comando del Cuerpo V de Ejército”, difirió el tratamiento de los indultos hasta que el fiscal identifique a los imputados o procesados que se beneficiaron con esa medida, aunque se inhibió de actuar en las causas relacionadas con la Armada por su parentesco con el capitán de navío Raúl Alberto Marino, uno de los investigados. La causa de la Armada quedaría en manos del juez subrogante, Ramón Dardanelli Alsina.
En el caso de la Armada, las diferencias de criterio sobre el departamento judicial que debía juzgar en 1987 a los responsables de los centros de detención de Punta Alta impidieron la identificación de los secuestradores y torturadores de Puerto Belgrano y Baterías, impunidad que extiende hasta hoy el manto de sospecha sobre centenares de marinos. A tres décadas del inicio del terrorismo de Estado en el sur bonaerense, que incluyó el robo y la sustracción de identidad de dos bebés nacidos en La Escuelita bajo el mando del general Abel Catuzzi, no hay un solo militar ni policía preso por aquellos crímenes de lesa humanidad. En manos del juez y del fiscal Antonio Castaño queda ahora la responsabilidad de continuar los procesos impulsados en los primeros años de la democracia por el fiscal Hugo Cañón y la Cámara Federal de Bahía Blanca.
Con el patrocinio de Mirta Mántaras, la APDH pidió las detenciones de quienes se desempeñaron, respectivamente, como comandantes de operaciones navales, contraalmirante Luis María Mendía y vicealmirante Julio Torti; jefe de Estado mayor de Operaciones Navales, contraalmirante Antonio Vañek; comandante de la fuerza de submarinos, vicealmirante Juan José Lombardo; comandante de la base naval Puerto Belgrano, capitán de navío Zanón Saúl Bolino; del contraalmirante Juan Carlos Malugani, y los capitanes de navío Raúl Alberto Marino y Edmundo Oscar Núñez. Todos ellos fueron indultados en 1989 por el ex presidente Carlos Menem.
Habitué en el despacho de Diana Julio de Massot, directora del diario naval La Nueva Provincia, el contraalmirante Mendía supo arengar a sus subordinados para avanzar en “el exterminio de la subversión apátrida que, como mala cizaña, debe ser eliminada de la tierra de los argentinos” (LNP 8/11/75). Explicaba la necesidad de “aniquilar a la subversión” con argumentos teológicos: “Mientras nosotros creemos en Dios como Supremo Creador y ordenador del Universo, y por lo tanto confiamos en la trascendencia de la vida humana, ellos no ven más allá de lo material, aceptando su mediocre rol en la escala de la evolución zoológica” (LNP 29/11/75). Días antes del golpe de Estado, según declaró Adolfo Scilingo ante la Audiencia Nacional de España, Mendía fue el encargado de explicar ante unos 900 marinos reunidos en el cine de Puerto Belgrano que, para preservar “la ideología occidental y cristiana”, la Armada actuaría decivil, realizaría “interrogatorios intensos”, que incluían la “práctica de tortura y el sistema de eliminación física a través de los aviones que, en vuelo, arrojarían los cuerpos vivos y narcotizados al vacío, proporcionándoles de esta forma una ‘muerte cristiana’”.
Por los crímenes cometidos por el Ejército, la APDH solicitó la detención de quienes en 1976 y 1977 se desempeñaron, respectivamente, como comandante de la subzona 51 general Adel Edgardo Vilas, del jefe de inteligencia coronel Aldo Mario Alvarez, de los jefes de operaciones, teniente coronel Osvaldo Bernardino Páez, coroneles Rafael Benjamín De Piano y Juan Manuel Bayón; y del responsable del departamento de registro y enlace, mayor Arturo Ricardo Palmieri, encargado de recibir y mentirles a los familiares de los desaparecidos que permanecían en cautiverio a metros de su oficina.
Entre los oficiales subalternos integrantes del grupo de tareas, el organismo pidió la detención de Mario Carlos Méndez, a quien sus compañeros llamaban cariñosamente “El Loco de la Guerra”; de Jorge Aníbal Masson, quien en el año 2000, cuando declaró en el Juicio por la Verdad, continuaba en actividad con el grado de teniente coronel; de Ricardo Martín Sosa; de Mario Alberto Casela, coronel en actividad con destino en Remonta y Veterinaria; de Julián Oscar Corres, quien también en el 2000 admitió que en el centro de detención sus compañeros lo llamaban “Laucha”, apodo de quien manejaba la picana eléctrica en La Escuelita según declararon varios sobrevivientes; y del suboficial de inteligencia Santiago Cruciani, alias “mayor Mario Mancini” o “Tío”, interrogador que simulaba el papel de “bueno” en la mesa de torturas de La Escuelita. Cruciani permaneció 36 días detenido en el 2000 por negarse a declarar en el Juicio por la Verdad. Su esposa Yolanda Pozzi denunció a la Cámara Federal de Bahía Blanca por “privación ilegal de la libertad y torturas” (sic). Luego de ser escrachado en Mendoza por la agrupación H.I.J.O.S., el matrimonio se refugió en los pagos de los Pozzi, en San Juan, donde todavía no se conoce su pasado.
Mientras los abogados de la APDH trabajan en la elaboración de futuras presentaciones, la solicitud se refiere a siete casos de asesinatos o desapariciones:
- Horacio Russin fue secuestrado de madrugada, en su casa, por una patota de la Armada. Fue torturado brutalmente en el campo de concentración que funcionó en la séptima casamata de Baterías, donde aún hoy la infantería celebra sus aniversarios, a metros de Punta Ancla, playa de veraneo de los vecinos de Punta Alta. Luego fue entregado al Ejército. Se lo vio por última vez en La Escuelita.
- Carlos Rivera trabajó como preceptor del seminario La Asunción hasta la noche de su secuestro. Pocos días después, el entonces vicario general bahiense Emilio Ogñenovich le confesó a su mujer que Rivera estaba en manos del Ejército. Varios sobrevivientes de La Escuelita confirmaron años después el dato que el sacerdote conocía en tiempo real. Fue fusilado en un enfrentamiento fraguado y enterrado como NN en el cementerio de Bahía Blanca. En 1987, el Equipo Argentino de Antropología Forense identificó sus restos.
- Cora María Pioli fue secuestrada en su casa días después de recibirse de profesora de Letras en la Universidad Nacional del Sur. Fue vista en cautiverio en Baterías, donde los marinos que desvalijaron su casa usaban sus discos para tapar los gritos de los torturados. Continúa desaparecida.
- Mónica Morán fue secuestrada mientras ensayaba una obra de títeres en el Teatro Alianza. Fue vista en La Escuelita por varios sobrevivientes. Once días después fue fusilada en un enfrentamiento fraguado y publicitado por La Nueva Provincia. Su cuerpo fue exhumado en 1987.
- Rubén Sampini fue detenido junto con su madre por Prefectura Naval en su casa de Ingeniero White un día después de denunciar que un camión del Ejército había desvalijado su local de repuestos de autos, que compartía con su socio Juan Carlos Castillo, por entonces secuestrado en La Escuelita. Los llevaron al Cuerpo V, donde firmaron el libro de guardia. Luego de varias horas en un calabozo del Batallón de Comunicaciones 181, la mujer fue liberada y a 28 años de los hechos aún exige conocer el destino de su hijo.
Néstor Junquera y María Eugenia González fueron secuestrados por una patota del Ejército, que dejó los hijos del matrimonio en manos de vecinos. Ambos fueron torturados en La Escuelita, donde se los vio por última vez.
La maternidad de Catuzzi en La Escuelita
Por D. M.
Graciela Izurieta fue vista por última vez en diciembre de 1976, durante su séptimo mes de embarazo. Graciela Romero parió un varón el 17 de abril de 1977. Lo llamó Ramón. Ambas estuvieron secuestradas en el centro clandestino de detención La Escuelita, a metros del camino La Carrindanga. Ambas continúan desaparecidas y pese a la incansable búsqueda de familiares y amigos, sus hijos nunca fueron restituidos.
El responsable de ese centro clandestino de detención desde principios de diciembre de 1976, cuando asumió como segundo comandante del Cuerpo V, fue el general Abel Teodoro Catuzzi, ferviente católico, de familia numerosa, célebre por argumentar sobre la necesidad cristiana de torturar, nada menos que ante el obispo Miguel Hesayne, quien luego relató en detalle esos diálogos durante el Juicio a las Juntas. El comandante era el general Osvaldo René Azpitarte y la mano derecha de ambos en La Escuelita era el coronel Antonio Losardo, jefe del destacamento de Inteligencia y del “LRD”, o “lugar de reunión de detenidos” en la jerga castrense usada ante la Justicia. Los tres murieron sin confesar el destino de sus trofeos de guerra. Pero hay muchos otros represores vivos e impunes que difícilmente desconozcan la suerte que corrieron ambas criaturas.
Cuando la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) incorpore el pedido de investigación por ambos robos y sustracciones de identidad, el juez federal Alcindo Alvarez Canale deberá optar entre aceptar la oportunidad histórica de exigirles a los militares de Bahía Blanca la información sobre el destino de esos bebés (hoy hombres de casi treinta años) o de ser fiel al retrato del general Julio Roca dedicado por los amigos del Cuerpo V que luce en el hall de entrada a su despacho.
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