Por Diego Martínez
Fiscal Jorge Auat |
El juez federal subrogante Santiago Ulpiano Martínez,
investigado por el Consejo de la Magistratura por obstaculizar las
causas por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca, declaró ilegal la
resolución de la Procuración General de la Nación que en 2013 designó
como fiscales federales ad hoc a Miguel Palazzani y José Nebbia. La
decisión tuvo lugar una semana después de que la Cámara Federal dejara
cesante a Alvaro Coleffi, el primer funcionario del Poder Judicial local
que se animó a investigar el rol de la Iglesia Católica y del diario La
Nueva Provincia en el terrorismo de Estado. “Es parte de la maniobra
que venimos denunciando desde el año pasado. Martínez y su séquito hacen
una defensa corporativa de los cómplices civiles de la dictadura”,
reflexionó Nebbia, y recordó el antecedente de Carlos Blaquier, quien de
la mano de su defensor Jorge Valerga Aráoz logró apartar a Pablo
Pelazzo, el fiscal ad hoc que había impulsado la acusación contra el
dueño del Ingenio Ledesma. “Hay sectores del Poder Judicial de Bahía
Blanca en los que se advierte una especie de confabulación, un
alineamiento en contra de las causas por los crímenes de la dictadura y
más aún cuando se trata de imputaciones a sectores civiles o grupos de
poder económico. Por este camino inevitablemente vamos a pagar con
moneda de impunidad”, consideró el fiscal general Jorge Auat, titular de
la Procuraduría de Lesa Humanidad. El Consejo de la Magistratura, en
tanto, tratará el 4 de junio el pedido de remoción de Martínez y la
designación como juez ad hoc de Claudio Pontet, el abogado que en tiempo
record y pese a haber sido recusado dictó la falta de mérito del
empresario Vicente Massot, director de La Nueva Provincia.
El cuestionamiento a los fiscales lo formuló Gloria Girotti, la ex
secretaria del juez Guillermo Madueño que en 1976 se tapaba la nariz
mientras apuntaba las palabras que balbuceaban secuestrados en estado
nauseabundo y con signos de tortura en el Cuerpo V de Ejército. Fue en
agosto de 2013, días después de que la Corte Suprema de Justicia
declarara ilegal la designación de la procuradora fiscal subrogante
Alejandra Cordone Roselló. Nebbia y Palazzani contestaron entonces que
la Corte había opinado sobre una fiscal subrogante (no ad hoc), que la
procuración tiene facultades para nombrar fiscales ad hoc, y lo ha hecho
infinidad de veces, y que el planteo de Girotti era extemporáneo, no
acreditaba ningún agravio y sólo pretendía “la paralización del proceso y
la impunidad”.Juez subrogante Santiago Ulpiano Martínez |
El juez subrogante afirmó en su resolución que el caso es “claramente análogo” al de Cordone Roselló (fallo “De Martino”) y citó como antecedente la decisión de la Cámara Federal de Salta contra el fiscal Pelazzo. La omisión de la confirmación de ese fallo por parte de la Cámara de Casación Penal en marzo sugiere que el escrito es de vieja data y se desempolvó en caliente. “La jurisprudencia que cita no es aplicable al caso, ambos fiscales cumplen los requisitos del fallo ‘De Martino’”, advierte Auat. La decisión será apelada aunque el caso de Palazzani es abstracto, porque el año pasado fue designado fiscal general con respaldo unánime del Senado.
Mientras la Cámara Federal analice las objeciones a los fiscales, el Consejo de la Magistratura tratará el 4 de junio planteos acumulados sobre los operadores de la impunidad en Bahía Blanca. La Comisión de Disciplina podría remover a Martínez, subrogante desde 2009, denunciado por su “generalizada práctica de obstaculización que pone en riesgo los procesos”, por su intento (revertido por la cámara) de “fragmentar y descomponer” la causa en “expedientes aislados e inconexos” y por su rechazo a investigar delitos sexuales aun cuando la cámara se lo había ordenado. Martínez benefició a todos los acusados civiles por delitos de lesa humanidad en su ciudad: se inhibió de actuar en los casos de Bentivegna y Hugo Sierra porque son amigos; le dictó falta de mérito a Girotti; y no encontró elementos para indagar a Massot ni al ex capellán Aldo Vara, posición contraria a la de los jueces del Tribunal Oral Federal que ordenaron investigarlos, a la de los fiscales y a la del desterrado Coleffi.
Claudio Pontet y Vicente Massot |
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