Los
fiscales Abel Córdoba y Félix Croux recusaron al juez ad hoc que debería
investigar los delitos de lesa humanidad de la Armada en Bahía Blanca causa por
falta de imparcialidad. Señalaron que Eduardo Tentoni está “consustanciado con
los intereses de los acusados, en evidente desmedro de las víctimas
sobrevivientes, los familiares y los testigos”.
Por Diego
Martínez
El
abogado Eduardo Tentoni, juez ad hoc en la causa por los crímenes de lesa
humanidad de la Armada en el sur bonaerense, se resiste a informar a las partes
sobre el contenido de charlas que mantuvo en marzo con el entonces jefe de la
fuerza, almirante Carlos Paz, y con el director de Inteligencia Naval, comodoro
Manuel Guillermo Tomé. Cuando el fiscal federal Abel Córdoba denunció “la
reticencia” de la Armada a colaborar en la investigación, Tentoni emitió una
resolución que nadie le pidió para remarcar “la amplia y generosa colaboración”
de la fuerza, la misma que se resiste a entregar legajos de su personal civil
de Inteligencia. “Le están tirando de las bolas” al jefe de la Armada, aclaró
en privado, y pidió “reserva” sobre el objetivo de su gestión. Tentoni le
recomendó a un imputado solicitar “caminatas” que luego concede, diagnosticó de
oficio que la salud de otro marino justificaba su internación pese a que el
Hospital Naval había notificado el alta, y mantuvo contactos informales con el
contador Domingo Marra, subdirector del diario La Nueva Provincia, a cuyos
directivos ordenó investigar el tribunal que condenó al primer grupo de
represores bahienses. Ante “el extenso catálogo de irregularidades”, sumadas al
retardo de justicia certificado por la Cámara Federal bahiense, los fiscales
Córdoba y Félix Croux solicitaron la recusación de Tentoni por sus “escasas
garantías de imparcialidad”.
El propio
Tentoni hizo constar el 5 de marzo que durante su comisión a la Dirección
General de Inteligencia naval para buscar información sobre los agentes civiles
de la Armada, que siguen impunes, conversó más de una hora con el almirante Paz
(que debió renunciar cuando la Fragata Libertad fue retenida en Ghana) y tuvo
dos “almuerzos de trabajo” con Tomé, que sigue en funciones. Los fiscales
destacan que la negativa a informar sobre el contenido de esas charlas no sólo
pone en duda su imparcialidad y es “lesiva para las víctimas”, que antes de ser
secuestradas y torturadas fueron investigadas por la Inteligencia Naval, sino
que compromete “los aspectos más delicados del sistema democrático”, que veda a
las fuerzas armadas las actividades de Inteligencia en el marco interno.
A fines
de marzo, luego de que el fiscal denunciara la reticencia naval a aportar
información, el entonces secretario general de la Armada, contraalmirante Luis
María González Day (pasado a retiro en octubre por modificar el destino de la
Fragata Libertad) difundió un comunicado en el sentido opuesto. Tentoni
escribió entonces ocho carillas llenas de elogios al almirante Paz por su
“amplia y generosa colaboración” y destacó que no le hubieran negado (sic) el
acceso al galpón de la base de Puerto Belgrano donde guardaban los Falcon que
conservan desde la dictadura (foto). Luego llamó a la fiscalía para justificarse e
ironizó su esperanza de que “se calme la situación” porque “vamos a aparecer
todos en un bote con un tiro” (sic). La confesión de miedos es incompatible con
el rol de un juez que debe decidir allanamientos o detenciones, destacan los
fiscales.
El
contacto con Marra se produjo luego de negarse a allanar y más tarde a
secuestrar documentación de La Nueva Provincia. El juez rechazó ambas medidas
pedidas por el fiscal, resolvió pedirle a los Massot que remitieran
voluntariamente documentación sobre hechos por los que debería investigarlos,
aunque nunca libró el oficio para notificarlos. Al año, luego de que
trascendiera el alegato de Córdoba, en el que desmenuzó el rol del diario
bahiense durante el terrorismo de Estado, Tentoni recibió el llamado de Marra,
que lo invitó a “visitar” el diario para “revisar la documentación que pudiera
ser de su interés”. El diálogo, del que no dejó constancia en la causa,
“evidencia un grado de interacción informal, pero de contenido judicial, inaceptable
en el juez a cargo de la investigación” sobre los crímenes de Enrique Heinrich
y Miguel Angel Loyola, los obreros gráficos y delegados de los trabajadores de
La Nueva Provincia asesinados tres meses después del golpe de Estado. “Contamos
con un juez parcial, consustanciado con los intereses de los acusados en
evidente desmedro de las víctimas sobrevivientes, los familiares y los
testigos”, concluyen los fiscales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario