Una línea de conducta

Un camarista federal de Bahía Blanca fue denunciado por persecución gremial y discriminación

Néstor Montezanti, quien fue asesor del represor Adel Vilas, afronta un pedido de juicio político presentado por la Unión de Empleados Judiciales. En 2007, la entidad se quejó ante la Corte Suprema por “condiciones de trabajo humillantes y vejatorias” en ese tribunal.

 

PáginaI12

Por Diego Martínez

“La perturbación al orden jerárquico no es tolerable y debe ser sancionada.” Impugnar una designación es “una falta gravísima de respeto al Superior”. “Dejar pasar esa insolencia conduciría a la anarquía.” Tan bellas palabras no fueron escritas a principios del siglo XX por un celador del colegio militar sino en estos días por miembros de la Cámara Federal de Bahía Blanca. El tribunal que declaró inconstitucionales las leyes de impunidad en 1987 es hoy un reducto de empleados aterrorizados y delegados gremiales perseguidos, escenario que derivó en reclamos e impugnaciones. Mientras los trabajadores esperan una respuesta de la Corte Suprema de Justicia, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación presentó un pedido de juicio político ante el Consejo de la Magistratura contra Néstor Montezanti, cara visible de Sus Señorías, quien supo lucir en su estudio un certificado de la “Liga Anticomunista Argentina” firmado por el general Carlos Suárez Mason, comandante del Cuerpo V de Bahía Blanca en pleno apogeo de la Triple A.

Firman la denuncia de la UEJN su secretario general, Julio Piumato, y el de relaciones institucionales y de derechos humanos, Oscar Pringles. Acusan a Montezanti por mal desempeño, violación de los deberes de funcionario público, “una clara actitud antisindical” que en 2007 denunciaron ante la Corte, y “condiciones de trabajo humillantes y vejatorias”. Enumeran abusos de autoridad, prolongación desmedida de la jornada de trabajo, trato despectivo y discriminatorio para con los empleados que desarrollan tareas gremiales (pidió que se excluya a “representantes problemáticamente gremiales” del jurado que analiza exámenes de ingresantes), desequilibrios emocionales que conspiran contra el buen funcionamiento de la justicia, dilaciones y entorpecimientos en causas por delitos de lesa humanidad. Los dirigentes no descartan extender la denuncia a los jueces que adhieren a las decisiones del magistrado.

Como publicó este diario, Montezanti fue reconocido en 1974 en medio del grupo de matones que ocupó la Universidad Tecnológica Nacional y pronto se convirtió en la Triple A de Bahía Blanca. En 1975 el miembro más célebre de esa organización criminal lo propuso como defensor cuando la Justicia lo citó por el asesinato de David Cilleruelo, militante de la Federación Juvenil Comunista acribillado en un pasillo de la Universidad Nacional del Sur. En la causa no consta que Montezanti haya actuado en defensa de Jorge Argibay, que sin abogado y pese a haber disparado ante varios testigos no estuvo un solo día preso. El mismo año el abogado rechazó una oferta de las fuerzas vivas bahienses para asumir como juez federal, cargo que ocupó Guillermo Madueño, quien tres décadas después tiró la toga cuando el Consejo de la Magistratura se aprestaba a juzgarlo por su complicidad con los crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca.

Montezanti no ocultaba entonces su militancia. “Hoy día tendremos que librar nuestra batalla de Obligado, porque si en 1845 la soberanía estaba en peligro, hoy también lo está”, anunció a fines de 1973 en un acto en el Parque de Mayo. En 1987 asesoró al general Adel Vilas, cara visible del terrorismo de Estado en Bahía Blanca, relación que lo obligó a apartarse de las causas de la dictadura. “Es preciso emplear el terror para triunfar en la guerra. Debe darse muerte a todos los prisioneros y a todos los enemigos”, escribió doce años atrás el “Führer”, como lo llaman sus alumnos.

Desde el cadalso

En 2007, como presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Montezanti obtuvo el respaldo de sus colegas Angel Argañaraz, Ricardo Planes y Augusto Fernández para ordenar el traslado compulsivo de Sandra Martínez Borda, vocal de la UEJN. Ante un amparo, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó a los jueces dar marcha atrás y respetar el procedimiento que fija la ley de asociaciones sindicales. Lejos de acatar la resolución, la calificaron de “escandalosa”, de “inveterada gravedad institucional” y pidieron la intervención de la Corte Suprema de Justicia para que “restaure el quicio (sic) institucional” y “se paralicen los efectos” de la medida. La Corte no hizo lugar. El mes pasado, la jueza Ana María Etchevers calificó la decisión del cuarteto de “arbitraria e ilegal”, les ordenó reintegrar a Martínez Borda a su trabajo e indemnizarla por daño moral. La noticia sólo circuló de boca en boca porque la Cámara también prohibió que se distribuyan sin autorización comunicados que no provengan de entes oficiales. El 3 de diciembre, en el Colegio de Abogados que funciona en el diario La Nueva Provincia, donde Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola encabezaron reivindicaciones de sus compañeros hasta que durante la última dictadura los acribillaron a balazos, el juez Planes disertó sobre “Libertad Sindical”.

La tensa relación de Sus Señorías con los trabajadores no es nueva. En 2005 la Cámara nombró a una abogada en reemplazo de una prosecretaria licenciada por enfermedad, postergando a personal más antiguo sobre el que no existían reparos, tal como apuntó en su disidencia el juez Luis Cotter. Once empleados y la UEJN impugnaron la acordada pero fueron rechazados, en el segundo caso con el argumento de que “no existen intereses colectivos a resguardar”. El voto de Montezanti y Argañaraz califica a una de las presentaciones como “indecente” y “desvergonzada”, y apunta que los escritos sugieren “un mismo autor intelectual”, cuya caza no tardó en desatarse, según los denunciantes.

Ese mismo año, sin respetar a empleados más antiguos, la Cámara nombró a una pasante en una vacante de escribiente. Diez trabajadores y la UEJN impugnaron la acordada. Una vez más fueron rechazados. “En treinta años de antigüedad en la Justicia jamás he visto que los empleados de un tribunal (...) puedan actuar como fiscales o censores” de una designación, “señalándole a este cuerpo que ha desconocido normas de máxima” y haciendo “expresa reserva de recurrir al más alto tribunal en avocamiento”, escribió Argañaraz y adhirió Montezanti. Se trata de “una falta gravísima de respeto al Superior” y “dejar pasar esa insolencia conduciría a la anarquía”, alertaron. “La perturbación al orden jerárquico no es tolerable y debe ser sancionada”, propusieron, “no exonerando de responsabilidad al ‘patrocinio sindical’ en cada escrito”. Desde su rincón solitario, Cotter destacó que “no puede concebirse que quienes cuestionan respetuosamente lo decidido por el Superior sean pasibles de sanción”.

Cuando la UEJN interpuso un recurso, una prosecretaria propuso a los impugnantes levantarles el apercibimiento a cambio de que no suscribieran el escrito y se disculparan ante los jefes. Cinco se resignaron a hacerlo. Al aceptar una disculpa Argañaraz le propuso a una empleada “una profunda reflexión”. Montezanti adhirió. “No siempre un pedido de disculpas basta para excusar una impertinencia”, escribió. La Corte dejó sin efecto las medidas dispuestas contra quienes se quejaron de las decisiones de sus superiores. Para evitar la reiteración de conflictos por motivos similares la Cámara solicitó que se la autorice a “apartarse del reglamento de Justicia de la Nación y poder nombrar a cualquier agente, aunque no se encuentre en la categoría inmediata inferior a la de la vacante”, destaca la denuncia.

El escrito de Piumato enumera irregularidades en la designación de empleados de la Secretaría de Derechos Humanos del juzgado federal, a quienes la Cámara asigna tareas en supuestas “causas análogas” a las que investigan los crímenes del Cuerpo V y la base naval de Puerto Belgrano. Montezanti también intervino en una causa en la que estaba excusado, relacionada con apropiaciones en el centro clandestino La Escuelita, quitándola de la órbita de la Secretaría ad hoc del juzgado. Pese a que está excusado para actuar en causas por delitos de lesa humanidad por sus consejos a Vilas, responsable de La Escuelita, en aquel caso, además de intervenir, opinó que “la Armada es una institución fundamental” más allá de que “algunos vesánicos la hayan empleado para sus tropelías”. Pese a que no era el tema de debate, Cotter le recordó que “hay cosa juzgada acerca de que la cúpula militar trazó y ejecutó planes criminales que cumplieron todas las fuerzas”, “ninguno de los planificadores o ejecutores ha sido declarado inimputable por vesania”, y “contra la desmemoria y el ocultamiento de la verdad” le aconsejó leer la sentencia del Juicio a las Juntas.

Quienes comparten pasillos con Montezanti & Cía. explican que la denuncia es una muestra ínfima del clima que padecen. Un secretario pidió licencia psiquiátrica luego de recibir tres sanciones en un mes. A quienes recurren sus calificaciones los derivan a la junta médica con la esperanza de que los declaren insanos. Tampoco falta el nepotismo. El hijo de Argañaraz, contador público, es secretario del juez federal Ramón Dardanelli Alsina. Su nuera es relatora del camarista Planes. El hijo de Augusto Fernández es secretario de Derechos Humanos del juez Alcindo Alvarez Canale. Todo queda en familia.

Los empleados esperan que la Corte responda a sus planteos. En marzo, la Cámara le denegó al juez Cotter, tras su licencia por enfermedad, la facultad de reasumir la presidencia. El magistrado planteó el tema a la Corte pero se jubiló sin respuesta. Días atrás, los empleados de la justicia homenajearon al ex presidente del primer tribunal del país que declaró inconstitucionales las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Montezanti & Cía. lo honraron con sus ausencias.

Represores de negro y pantaloncitos cortos

LA HISTORIA DE DOS ARBITROS QUE REALIZABAN OPERATIVOS CLANDESTINOS DURANTE LA ULTIMA DICTADURA

José Francisco Bujedo era referí y Angel Narciso Racedo se desempeñaba como su asistente en la Liga Marplatense durante los ’70. Pero los dos pertenecían a la Marina y, con el juez de línea como jefe, secuestraban personas desde la base naval.

 

Bujedo, con la pelota, y Racedo, a su lado. Arbitros y represores.

PáginaI12

Por Gustavo Veiga

Se llaman José Francisco Bujedo y Angel Narciso Racedo, fueron árbitros de fútbol en los años ’70, pero la historia los recordará más como represores de la dictadura. Dirigían partidos en la Liga Marplatense; Bujedo como juez principal y Racedo como su asistente. En cambio, cuando salían a realizar operativos clandestinos desde la base naval (ambos pertenecían a los Servicios de Inteligencia de la Marina), se invertían los roles: Racedo era el jefe bajo el alias de Comisario Pepe y Bujedo, su subordinado. El primero se encuentra detenido en el penal de Batán con prisión preventiva en las causas 4446 y 4447 por delitos de lesa humanidad que investiga el Juzgado Federal N° 3 de Mar del Plata. Su camarada y compañero de terna arbitral se mantiene en libertad, aunque familiares de desaparecidos ya le elevaron al juez Rodolfo Pradas un pedido de detención.

Sus casos revelan la doble vida que llevaban estos militares en la costa bonaerense. Ejercían una actividad de superficie como el fútbol –en la que incluso Bujedo llegó a ser considerado el mejor de la Liga en su época, entre fines de los ’60 y comienzos de los ’70–, y en paralelo se dedicaban a cazar personas en una ciudad donde hubo 290 desaparecidos entre 1976 y 1978. Juan Carlos Morales, el respetado periodista deportivo que nació y trabajaba en Mar del Plata en esa etapa, recuerda al árbitro de la fotografía que ilustra esta nota ingresando en el campo de juego con una pelota: “Tenía un nivel destacado, un gran estado atlético y era considerado el mejor”.

Otro periodista deportivo marplatense, José Luis Ponsico, describió el 23 de abril de 2001 en el Juicio por la Verdad cómo el secuestro de su colega Amílcar González lo llevó hasta la dupla arbitral. Declaró que un sindicalista de apellido Bellini le había contado que dos referíes se reunían en la sede del gremio UTEDyC y que pertenecían a “los Servicios de Inteligencia de la Marina”. En aquel juicio desarrollado en Mar del Plata se describe que Ponsico, cuando intentaba averiguar el paradero de González, se entrevistó con Bujedo y Racedo. Al primero lo conocía por su labor como cronista deportivo. Del segundo tenía las referencias de Bellini: “Ojo, que en esta situación el jefe es Racedo y Bujedo es el segundo. ¿Sabés cómo lo llaman acá? Lo llaman Comisario Pepe”.

El referí tiene ahora 73 años y su juez de línea 68. El primero vive en Mar del Plata y su compañero residía en Punta Alta hasta que fue detenido, el 26 de agosto. Bujedo estuvo vinculado en 2007 al Ente Municipal de Deportes y Recreación (Emder) de General Pueyrredón y preside la sociedad de fomento marplatense San Carlos, mientras que Racedo vendía souvenires en un local de la principal galería de aquella ciudad cercana a Bahía Blanca, donde también incursionó en otra curiosa actividad. La revista Dazebao de Punta Alta, en un artículo publicado el 18 de octubre de 2008, explicó de qué se trataba: “Intentó mantener un perfil bajo, aunque durante los ’90 tuvo una cierta exposición pública al obtener por tres años la concesión de los carnavales de la ciudad de Punta Alta. Cuando tuvo que contratar personal para cobrar las entradas de ‘los corsos’ dejó en evidencia sus contactos: el primer año fueron los scouts navales; el segundo los infantes de la Escuela de Infantería de Marina que estaban de franco; al tercero lo mismo pero con los policías de la base”.

Bujedo y Racedo son muy distintos físicamente. El árbitro hoy debe ser un hombre calvo y de baja estatura, a juzgar por las fotos en que vestía de negro y de pantalones cortos y que ya lo mostraban con una pelada inocultable. Su ladero en las canchas y en las mazmorras de Mar del Plata, según surge de las denuncias presentadas en la Justicia Federal, mide 1,80, tiene ojos verdes y el pelo rubio. La misma imagen que tomó el diario La Capital de Mar del Plata en que se ve a ambos junto a un tercer árbitro, le permitió al abogado César Sivo, que patrocina a varios familiares de desaparecidos, identificarlo. “Es Racedo, el de pelo ondeado”, le dijo a este diario sin dudar.

El hombre que vivía en Punta Alta sin ser molestado siguió su carrera arbitral en la llamada Liga del Sur. Se explica por una sencilla razón: los marinos de guerra son mayoría en esa ciudad, que posee la mejor calidad de vida del país (según un ranking reciente elaborado por un grupo de investigadores del Conicet). El 70 por ciento de su población de unos 60 mil habitantes depende directa o indirectamente de la base de Puerto Belgrano. En el legajo número 304.062 del marino Racedo, consta un pedido de autorización de marzo del ’80 a su jefe naval para que pueda desempeñarse en aquella Liga, que reúne a clubes de Bahía Blanca y de localidades vecinas.

Lo firma el teniente de navío Enrique de León: “...desde hace varios años, siendo representante del consejo federal argentino y contando con la correspondiente autorización de la dirección del personal para desempeñarse como árbitro de la asociación marplatense...”. El sello que acompaña el texto dice “Contra Inteligencia Operaciones Base Naval I.M Baterías” y está contenido en la investigación que llevó adelante la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense.

En la Asociación Bahiense de Arbitros (ABA), que Racedo condujo en la década del ’80, incluso cuando todavía se mantenía en actividad, se sorprendieron con la noticia de su arresto. “Fue un balde de agua fría”, graficó un joven referí que atendió el teléfono de la sede gremial el jueves 6 por la noche. En la ABA se dan cursos de arbitraje como el que desarrolló el instructor Juan Carlos Crespi, un conocido ex juez internacional de la AFA. Su actual presidente se llama Marcelo Sánchez. Y Alberto Martínez, el afiliado más antiguo del sindicato, conduce la escuela arbitral. Es la persona que –cuentan en el gremio– conoce mejor que nadie la trayectoria deportiva de Racedo.

Apenas lo detuvo la Gendarmería, a fines de agosto, el represor se presentó así: “No tengo nada que ver. En los ’70 yo era árbitro de fútbol”. La coartada es más cínica que inverosímil y no lo salvó de quedar involucrado en la causa del Circuito Represivo Base Naval Mar del Plata. Durante los años en que Racedo operaba en la ciudad balnearia, también desaparecía gente en Punta Alta. Héctor González, ex secretario de Gobierno local durante la gestión del intendente peronista Jorge Izarra (1995-2003), sobrevivió para contarlo.

Estuvo detenido cinco años entre 1976 y 1981, tiene muy presente al marino y recuerda que “ya en democracia, continuaba siendo árbitro”. A su salida de la cárcel, y de regreso en su pago chico, los mismos que lo habían secuestrado a cara descubierta le dijeron con sorna: “González, sin rencores, ¿no?”. El mismo se responde aquella frase con otra: “Hacíamos política en el riñón del enemigo”. Su definición es todo un símbolo, como que el conocido represor Ricardo Miguel Cavallo, alias Sérpico, nació en Punta Alta. Muchos como él hacían operativos en sus calles cuando Racedo y Bujedo combinaban sus entrenamientos como árbitros con los secuestros, desapariciones y tormentos en Mar del Plata.

El primero apeló la prisión preventiva aunque continúa en la Unidad 44 de Batán. Volvió a estar cerca de su compañero de arbitraje, como cuando en la dictadura dirigían partidos en el estadio General San Martín, que bien podían ser los clásicos entre Aldosivi y Alvarado o Kimberley y San Lorenzo de Mar del Plata, uno de los cuales todavía es recordado por el polémico desempeño de Bujedo.

Los memoriosos del fútbol cuentan que, en la principal ciudad balnearia del país, siempre se habló de un grupo de represores que recaudaba unos pesos más poniéndose los pantalones cortos para hacer sonar el silbato o levantar el banderín en una posición adelantada. Racedo y Bujedo son sus más conocidos exponentes. Ahora, treinta y dos años después, los acusan de delitos de lesa humanidad junto a otros oficiales superiores. Un juicio espera por ellos.

El gran empresario-amigo del Laucha

La Justicia investiga a Héctor Basilio Lapeyrade quien le dio cobertura al represor Julián Corres

Los fiscales federales de Bahía Blanca le pedirán hoy a la Justicia que Héctor Basilio Lapeyrade, petrolero, bodeguero y terrateniente, sea citado a declarar como partícipe del encubrimiento de la fuga del represor Corres.

 

PáginaI12

Por Diego Martínez

Encubrir a represores prófugos puede llegar a ser un problema, sobre todo cuando dejan de serlo. El empresario Héctor Basilio Lapeyrade, que durante al menos trece meses le brindó cobertura al teniente coronel Julián Oscar Corres para burlar a la Justicia, será citado a prestar declaración en Bahía Blanca por el delito de encubrimiento agravado. Así lo solicitarán hoy ante el juez federal Ramón Dardanelli Alsina los fiscales federales Hugo Cañón y Antonio Castaño. También pedirán que rindan cuentas los militares que durante dos años dispusieron de bienes del Ejército para garantizar un buen pasar a los camaradas en desgracia. Acusan por peculado al general de brigada Oscar Roberto Gómez, ex comandante del Cuerpo V, y como partícipe del mismo delito al ex secretario general, coronel Jorge Roque Cocco, quien sin quitarse el uniforme visitaba a los represores con tortas para acompañar el mate.

Es improbable que los 41 prófugos imputados por crímenes de lesa humanidad tengan un padrino de confirmación como Lapeyrade, un multimillonario de 79 años dueño de tres empresas petroleras (Chañares Herrados, Chañares Herrados Petrolera El Trébol y Angarteche), viñedos, bodegas y campos en Mercedes. Don Héctor es además un experto en elegir compañías. Hasta marzo, cuando cobró 1,2 millón de pesos de honorarios, la dirección de Chañares estuvo a cargo de Luis Alfredo Zarattini, ex Tacuara acusado de haber actuado en centros clandestinos y de haber colaborado con la DINA chilena en el asesinato del general Carlos Prats. El apoderado es Oscar Héctor Corres, primo del Laucha, procesado en 1971 por el asesinato de la estudiante Silvia Filler como miembro de la ultraderechista Concentración Nacional Universitaria de Mar del Plata. Oscarcito, como lo llama el patrón, fue amnistiado en 1973 y figura entre los acusados por el Tribunal Oral Federal marplatense de haber integrado la patota de la CNU responsable de secuestros y homicidios en 1975. A su tercer “hombre de confianza”, como lo definió ante la Justicia, le sobran pergaminos: Julián Corres está procesado por 47 secuestros, 38 torturas, 17 homicidios y 7 desapariciones forzadas en La Escuelita bahiense. Su performance se conoce al menos desde 1999 cuando admitió en el Juicio por la Verdad que lo apodaban Laucha, alias que los sobrevivientes adjudicaban a quien manejaba la picana eléctrica.

Lapeyrade no escatimó esfuerzos para ayudar a Corres durante su primera etapa como prófugo, que se extendió desde la orden de captura el 27 de febrero de 2007 hasta el 3 de abril de 2008, cuando Interpol lo detuvo al salir de las oficinas porteñas de Chañares Herrados, en Uruguay 824. El viejo amigo de su finado padre le pagó 4500 pesos por mes sin registrarlo como empleado a cambio de “diligencias no específicas”, según Corres. También le permitió usar celulares y pases de peaje a nombre de su empresa y le dio 5 mil pesos por mes a su esposa para el estudio de sus hijas.

Corres no supo retribuirlo. Cometió torpezas incomprensibles para un oficial de inteligencia. “El coronel es un peligro. Me pone los pelos de punta”, le confió un tal Gadeano a Lapeyrade dos días antes de la detención, en un diálogo interceptado por la Secretaría de Inteligencia que consta en el informe de Interpol. Gadeano renegaba porque el prófugo iba a las oficinas y hacía llamados sin tomar precauciones. El último le costó su libertad.

Las atenciones del padrino rico continuaron durante los tres meses y medio en la delegación bahiense de la Policía Federal. Según el escrito de los fiscales, producto de la investigación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria luego de la fuga, Corres recibió tres visitas de Eduardo Díaz, empleado de Bodegas Lapeyrade en Viedma. Díaz declaró que en las tres oportunidades le entregó un sobre cerrado con dinero y cajas con provisiones “de parte del patrón”, que a su turno dijo que contenían “vituallas y otras cosas”.

Cuando el trabajo de inteligencia de Cañón y la fuerza que conduce Marcelo Saín estaba a punto de derivar en un pedido de citación de Lapeyrade por su posible vinculación con la fuga, el juez Alcindo Alvarez Canale interrumpió su licencia, invocó “la responsabilidad que me cabe”, pero no le había cabido hasta entonces, y arruinó la investigación al citar como simple testigo al empresario que ayudó a Corres a burlarse de la Justicia. El encubrimiento es en comparación un delito menor, excarcelable, con una pena máxima de tres años de prisión. No dejarlo impune, sin embargo, es imprescindible para que tomen nota quienes hoy encubren a los otros 41 prófugos.

Camarada Cocco

“¿Cocco te lleva el almuerzo y la cena?”, le preguntó un familiar a Corres en una carta que no formó parte del equipaje de fuga. Cocco no era el cocinero de la cárcel ni el guardia encargado de llevar la comida a los presos, sino el secretario general del Cuerpo V del Ejército Argentino, coronel Jorge Roque Cocco, que dedicó los últimos dos años de su carrera a oficiar de mucamo de retirados presos por delitos de lesa humanidad.

El 10 de junio de 2006, por orden de Alvarez Canale, la delegación bahiense de la Policía Federal recibió por primera vez a un imputado por crímenes en La Escuelita: el suboficial Santiago Cruciani, interrogador oficial, que murió preso, pero sin condena. Durante los dos años siguientes alojaron a otros trece represores, todos militares, excepto tres penitenciarios. El último fue trasladado a Marcos Paz el 8 de agosto.

Desde el primer día, los imputados contaron con el auxilio del Ejército, en particular del servicial Cocco, jefe del Batallón de Inteligencia 181 y de la Central de Reunión de Información hasta diciembre pasado. “Era una especie de parte protocolar”, lo definió un guardia. “Cocco fue una herencia de jefaturas anteriores”, aclaró el subcomisario Marcelo Voros, procesado como partícipe primario de facilitación de fuga. El coronel en persona les acercó camas, colchones, frazadas, almohadas, sábanas, una mesa, remedios, tortas y hasta un patriótico locro el 25 de Mayo.

Claro que Cocco no actuaba por su cuenta sino “en respuesta a órdenes superiores”, según admitió ante la Justicia. Su superior no era otro que el comandante, general Oscar Gómez, a quien la ministra de Defensa, Nilda Garré, pasó a disponibilidad por ordenar “inadecuados mecanismos de visita y asistencia” a represores. Los fiscales le imputan a Gómez el delito de peculado, por desviar arbitrariamente bienes del Ejército a otra fuerza de seguridad que ni siquiera los había solicitado. A Cocco lo consideran partícipe necesario del mismo delito. Agregan que el comandante desafectó al secretario de las tareas por las que recibía un sueldo para brindar servicios y asistencia a terceros, que por otra parte no eran pibes de la calle sino militares procesados con prisión preventiva, con todas las garantías de la ley, por secuestros seguidos de torturas y asesinatos.

Detienen al jefe del Laucha Corres

PáginaI12

A los 79 años y luego de 30 de plena impunidad, fue detenido ayer el coronel retirado Walter Bartolomé Tejada, ex miembro de la Jefatura II de Inteligencia y del Estado Mayor del Cuerpo V de Ejército, donde se decidieron vidas y muertes en Bahía Blanca durante la dictadura. El sanjuanino Tejada secundaba al coronel Aldo Mario Alvarez, el prófugo que hasta 2000 gerenció la Agencia de Investigaciones Privadas Alsina SRL y era superior inmediato del entonces subteniente Julián Oscar Corres, jefe de guardias del centro clandestino La Escuelita, fugado y recapturado meses atrás.

Tejada procesaba información que derivaba en secuestros, avisaba de nuevas capturas por teléfono para que enchufaran la picana y concurría en persona a La Escuelita, según admitió ante la Justicia el propio Laucha Corres. La Policía Federal lo detuvo por orden del juez federal Alcindo Alvarez Canale en su departamento de Soler 154, piso 6, de Bahía Blanca. Luego de quemarse con leche con la fuga de Corres, el juez ordenó que esperara la indagatoria en la cárcel de Villa Floresta.

Tejada estuvo en el Cuerpo V entre 1973 y 1983, cuando pasó a retiro. Por debajo de él actuaban, entre otros, los mayores Osvaldo Lucio Sierra y Neil Lorenzo Blázquez y los sargentos escribientes Almirón, Martín y Villalba, aún libres. Comisionados por el Batallón de Inteligencia 601, también actuaron en Bahía Blanca el sargento Alfredo Omar “Cacho” Feito y el teniente primero Enrique Del Pino, preso por delitos en el Cuerpo I. El agente penitenciario Leonardo “Mono” Núñez, enlace entre La Escuelita y la cárcel local, contó durante el Juicio por la Verdad que para Tejada “llevar presos a la cárcel estaba mal porque estábamos mezclando carceleros con militares”. No explicó qué alternativa proponía.

De espía a detenido desaparecido

Un ex agente declaró como testigo en Neuquén

 

PáginaI12

Por Diego Martínez

A comienzos de 1975 el agente de inteligencia José Luis Cáceres era mano derecha del jefe de policía de Río Negro. El 20 de marzo, junto a Raúl Guglielminetti y como miembro de un grupo operativo que encabezaba el interventor de las universidades del Sur y del Comahue, el rumano Remus Tetu, participó del atentado contra la agencia Neuquén del diario Río Negro. En diciembre de aquel año fue detenido por razones poco claras. Pasó varios años en cárceles de la dictadura y tuvo un paso breve por La Escuelita, el centro clandestino de la Brigada de Infantería de Montaña VI. Ayer, a puertas cerradas, ratifició ante el Tribunal Oral Federal neuquino que durante dos interrogatorios distintos en 1976, que incluyeron propuestas para sumarse a las patotas de secuestradores del Ejército, reconoció la voz de dos de los imputados: el coronel Mario Alberto Gómez Arenas, ex jefe del Destacamento de Inteligencia 182, y el coronel Jorge Molina Ezcurra, oficial del destacamento.

Cáceres pidió declarar a puertas cerradas. Sólo pudieron escucharlo las partes y los imputados. “Dice ser un testigo protegido, pero no se entiende de quién. No debe temerle al público o a la prensa, sino al aparato represivo, que estaba adentro de la sala. El juicio debe ser público”, explicó la abogada Ivana Dal Bianco, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, que se opuso a la decisión del tribunal.

Según el comisario Antonio Casal, de la policía de Neuquén, al ser detenido con armas de guerra tras el atentado al diario, Cáceres le mostró una credencial firmada por su jefe Benigno Ardanaz, le explicó que pertenecía “a una fuerza de choque” que dirigía Tetu y solventaban la policía de Río Negro y la UNC y le pidió “media hora” para desaparecer. Casal contó que se negó a liberarlo, aunque nunca pudo detener a los demás participantes: Guglielminetti, el secretario de extensión universitaria Rolando Funes y dos miembros de la Triple A de Bahía Blanca que Tetu había heredado del sindicalista Rodolfo Ponce: Raúl Giorgi y Juan Carlos Landini. Durante varios meses de 1975, Cáceres ofició de chofer de Tetu, con quien visitaba a la directora del diario La Nueva Provincia, Diana Julio de Massot.

En 1984, ante la APDH contó que, luego del 24 de marzo, Molina Ezcurra lo visitó en la cárcel de Neuquén. Días después lo trasladaron a un centro clandestino y lo torturaron por haber hablado de Guglielminetti & Cía. “Si trabajás para nosotros podemos olvidarnos. Caso contrario vas a estar años preso”, le propusieron. Se negó y volvió a la cárcel, dijo. En noviembre lo llevaron a La Escuelita. “Tenemos que armar bandas como los zurdos”, dice que le dijo Gómez Arenas, y reiteró la invitación. Volvió a negarse y otra vez a Rawson. Ayer aportó un valioso granito de arena a la Justicia.

El Laucha contó un cuento

Julián Corres fue interrogado por su fuga de la delegación policial de Bahía Blanca. Contó que huyó solo, pero se presume que hubo complicidad de policías y civiles. Para la fiscalía, su declaración "no cierra por ningún lado".



Por Adriana Meyer
Cinco horas y media duró el interrogatorio al que fue sometido el represor Julián "Laucha" Corres en la causa que investiga la fuga que protagonizó el 26 de julio de la delegación de la Policía Federal de Bahía Blanca, donde cumplía prisión preventiva por delitos de lesa humanidad. Dijo que se convirtió en prófugo porque pensaba que no volvería a ver a su madre, aseguró que se escapó con "una soguita" por la cochera de la dependencia policial y habló de su padrino, el empresario Héctor Lapeyrade. "Armó un cuento que no cierra por ningún lado", dijo a PáginaI12 el fiscal general de Bahía Blanca, Hugo Cañón, al tiempo que detalló las sucesivas contradicciones en las que incurrió el represor.

El ex teniente fue trasladado desde la cárcel de Marcos Paz hasta Bahía Blanca, donde el juez federal Alcindo Alvarez Canale lo había citado como testigo. Es que no existe imputación penal para quien se fugue, salvo si ejerce violencia sobre terceros o bienes materiales, aunque sí está previsto el delito de facilitación de evasión. La sospecha del fiscal Cañón es que en la huida de Corres hubo complicidad de la fuerza que lo estaba custodiando, la Policía Federal, miembros del Ejército y civiles.

En medio de un fuerte operativo de seguridad a cargo del Servicio Penitenciario Bonaerense, el represor de 56 años –de nuevo con bigotes y sin la barba con la que fue detenido en Santa Fe, suéter celeste y jeans– llegó a las 11.10 y permaneció en el juzgado federal hasta casi las 17.

"Tomé la decisión a último momento, cuando iba al baño", dijo Corres ante las primeras preguntas. No supo explicar la "mochilita con una muda de ropa" que llevaba. "Vi una soguita al lado de la escalera, agarré dos tramos, bajé a la cochera y salí a la calle", explicó el represor. ¿Cómo hizo para verla si estaba oscuro?, quiso saber Cañón. "Bueno, sabía que estaba ahí porque la había visto de día", respondió. Era la 1 de la madrugada.

Una vez en libertad, llegó hasta el hotel Austral, al lado de una estación de servicio, y llamó desde su celular a un remise. Esperó en la vereda 25 minutos y dijo que no temió que lo fueran a buscar. Por 400 pesos, aunque luego se corrigió y dijo 200, llegó a Mar del Plata.

¿De dónde sacó dinero para esos primeros movimientos? Corres afirmó que llevaba dos mil pesos en el bolsillo, pero no supo responder por qué dejó dinero en la celda. Según Cañón, esta parte del relato, como otras, no es cierta. El fiscal está convencido de que tuvo apoyo externo.

Una vez en La Feliz, dijo haber comprado un pasaje a La Plata y que lo hizo por una empresa en la que su nombre ya estaba registrado. Dijo que llegó a Constitución y paró en dos hoteles, pero que no recuerda los nombres. ¿Se comunicó con alguien?, inquirió Cañón. En principio, Corres respondió que no. Pero, cuando el fiscal le dio el dato concreto de un militar, admitió haberlo llamado. ¿El motivo de la fuga? "Sólo quería ver a mi madre, porque pensé que no la iba a ver más. No creí que me iban a detener ahí, aunque me imaginé que sólo tendría tiempo para decirle hola y chau", declaró Corres bajo juramento.

"Es todo un relato ridículo", calificó Cañón.

Sobre su relación con Héctor Lapeyrade, Laucha Corres negó que le haya llevado dinero, aunque reconoció que sí lo hizo su primo, Oscar Corres, que es apoderado del empresario. "Trabajé dos años con Lapeyrade, hacía de todo, mandados, recibía empresarios", contó. El fiscal le preguntó si es su padrino, ya que el propio Lapeyrade había declarado que apadrinó al represor en su confirmación. "Le decíamos padrino por su amistad con mi padre", explicó. ¿Le mandaba comida mientras estuvo preso? Según Corres, le hizo llegar algunos de sus vinos, pero eran para los policías.

Sobre el lugar de detención, dijo que a él lo trataban más rigurosamente que a los demás en la delegación bahiense de la Federal. No se acordaba si aquella noche había estado mirando TV, pero luego admitió que sí, y reconoció que en el piso 1º festejaron el cumpleaños del teniente coronel Miguel Angel García Moreno, el 25 de mayo, con sandwiches, empanadas, sillones y una mesa para más de 20 personas. ¿Estaba el comisario Scelsi? Corres primero dijo que "no lo conocía bien", pero luego afirmó que "cuando pasaba el comisario eran más estrictos". El fiscal Cañón también se interesó por sus contactos con el ex secretario general del Cuerpo V de Ejército, Jorge Roque Cocco, puesto en disponibilidad por Defensa tras admitir que asistió a Corres. El represor reconoció que iba a verlo, pero dijo que era por iniciativa propia. Cocco había dicho que lo hizo en cumplimiento de "órdenes".

El testimonio de Corres hace agua sobre todo en comparación con el de un testigo de identidad reservada, que estaba preso junto con él. La Federal había dicho que Corres vestía un jogging al momento de la fuga, pero no fue así. La descripción que hizo ayer el represor fue idéntica a la que había dado ese testigo. Incluso, por el detalle de una marca de zapatillas no muy conocida, las mismas que ayer llevaba puestas.

Una trampera en el placard para atrapar al Laucha

DESPUES DE 23 DIAS PROFUGO EL REPRESOR JULIAN OSCAR CORRES FUE RECAPTURADO EN LA CASA DE SU MADRE
Una comisión conjunta de la Policía Federal y de la PSA detuvo al militar que se había fugado de la comisaría de Bahía Blanca. El ministro de Justicia, Aníbal Fernández, dijo que “lo encontraron en el placard”. Habló de “desidia o connivencia” en el escape.



Por Adriana Meyer
“Tráiganmelo como sea”, había sido la orden del ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos Aníbal Fernández. Es que el represor Julián “Laucha” Corres se había fugado de la delegación de la Policía Federal de Bahía Blanca, una fuerza que depende de su cartera, y desde el primer momento los investigadores sospecharon que el escape ocurrió con la complicidad de los azules bahienses. Y con el apoyo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), pudieron cumplir con el jefe. Pasado el mediodía de ayer, Corres fue detenido en la casa de su madre, en la localidad santafesina de Villa Constitución, tras 23 días de estar prófugo de la Justicia. “Lo encontraron en un placard”, le dijo a PáginaI12 el ministro Fernández. Más tarde, en conferencia de prensa diría: “Si uno hablaba de anomia o de desidia hablaba de hombres, no de la institución, era muy importante que la fuerza no quedara manchada, era todo un desafío para el Ministerio y para la Federal, y creemos que hemos cumplido; era nuestro deber pero nos hacía sentir muy mal”. Uno de los investigadores dijo a este diario que el entorno de Corres sabía que estaba rodeado.

El 3 de abril Interpol detuvo al torturador de La Escuelita, que había cambiado sus rasgos, cuando hacía 18 meses que estaba escondido. Pero el juez federal Alcindo Alvarez Canale, sobre quien pesan tres pedidos de juicio político, alojó a este ex oficial de inteligencia en una dependencia que no tenía las más mínimas condiciones de seguridad, y que estaba a cargo de un comisario que tenía relación íntima con el detenido. A los tres meses lo procesó por 47 secuestros, 38 torturas (está acusado de ser el que “usaba la picana”), 17 homicidios y siete desapariciones forzadas, y recién entonces ordenó su traslado a la cárcel de Campo de Mayo. Pero luego se fue de vacaciones y durante los treinta días siguientes el Servicio Penitenciario no concretó el traslado.

Por eso ayer el ministro Fernández explicó que “había una instrucción del juez del 25 de junio para que fuera retirado por el SPF, y se profugó un mes después, el 26 de julio, por esa razón hay un sumario en el Servicio Penitenciario para ver quién fue el responsable de no practicar ese traslado”. En ese momento anunció que dictó “una resolución por la cual, de ahora en más, los traslados deben producirse dentro de las 48 horas, para que no nos vuelva a pasar”. Y enfatizó: “No estamos de acuerdo con que haya ningún detenido en las fuerzas de seguridad, no tienen que hacer esa tarea, los calabozos son para contraventores”.

A las 13.15, “Laucha” Corres –de 56 años y con una barba de varios días en lugar de su característico bigotito– fue sorprendido en la casa de su madre, una anciana de 82 años, donde se habría refugiado en los últimos tres o cuatro días, por una comisión de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y una brigada de la Policía Federal encabezada por el comisario Osvaldo Romagnoli. Ambas fuerzas trabajaron de manera complementaria, aunque en este último tramo la PSA no supo que la casa materna de Corres, en la calle Lisandro de la Torre 10 casi esquina Colón, fuera un objetivo “prioritario”. El represor no opuso resistencia y se lo llevaron atado de pies y manos al vehículo con que lo trasladaron por autopista hasta la sede de Delitos Complejos de la Federal, en Cavia 3350. Al cierre de esta edición, voceros del ministerio de Fernández informaron que estaba siendo conducido a la cárcel de Marcos Paz. Final de vacaciones para el prófugo, que anoche durmió en el pabellón de “lesa”, con los demás represores allí detenidos. “Escapé para ver a mi madre”, alcanzó a decir ante las cámaras y micrófonos que lo esperaban en Cavia. El teléfono de Villa Constitución era uno de los 25 que estaban intervenidos en la investigación, y un llamado “sugestivo” dio el alerta. Los vecinos dicen haberlo visto pero afirman que no lo reconocieron.

Corres sabía que la orden de traslado a la cárcel de Campo de Mayo estaba firmada y empezó a tejer la trama de la fuga con el apoyo de sus contactos, militares retirados y en actividad, y un empresario petrolero y bodeguero. Quizá en un intento de encubrir a los policías que participaron, su hermana Belén dijo ayer que usó un cuchillo para fugarse, al estilo superhéroe de serie televisiva. Pero los investigadores saben que salió por la puerta principal, que a la 1 de la mañana tenía los jeans puestos. Recién entrada la mañana los federales bahienses dicen haber advertido su ausencia. Pero en esa delegación no hay cámaras de seguridad ni custodia, y Corres entraba y salía de su celda cuando quería.

A los dos días de la fuga comenzó a intervenir la PSA. Once uniformados fueron puestos en disponibilidad y dos de ellos siguen detenidos e imputados, mientras el Ministerio de Justicia ordenaba que quedaba prohibido alojar a detenidos en causas de derechos humanos en sedes de fuerzas de seguridad. Además, dispuso otorgar una recompensa de 150 mil pesos a quien aportara datos del paradero de Corres. Ayer Fernández aclaró que no la cobró nadie porque todo fue producto de la investigación policial. La ministra de Defensa Nilda Garré pasó a disponibilidad al general Oscar Gómez, comandante del Cuerpo V de Ejército, mientras que el juez Canale llamó a declaración testimonial al ex secretario general de ese cuerpo, Jorge Roque Cocco.

La línea “Cocco” era una de las pistas de los investigadores, y la citación judicial no ayudó en absoluto. La otra hipótesis de trabajo era la propia Policía Federal, porque los datos que arrojaron los primeros procedimientos indicaron que “de ahí lo dejaron salir”, según comentó a PáginaI12 una alta fuente del caso. Con el paso de los días quedó expuesta la íntima relación entre el jefe de la delegación bahiense de la Federal, Gustavo Scelzi, el juez Alvarez Canale y el represor. “El juez comía en casa del comisario y viceversa, la mujer del comisario le hizo la fiesta de cumpleaños a Corres”, explicó la fuente. Según concluyó, hubo tres claves para el éxito de la misión: el entorno de Corres estaba muy presionado, Asuntos Internos de la Federal actuó sobre los detenidos de menor rango que se quebraron y uno de los presos que estaba con Corres declaró bajo identidad reservada y aportó un fidedigno panorama.

¿Qué hizo Corres en estas tres semanas? Si desde el principio sabía que no contaba con los recursos y la logística para salir del país, es posible que se haya ocupado de asuntos que le habrían quedado pendientes cuando lo detuvieron, vinculados a su holgada posición económica. Los investigadores descreen que haya mantenido contactos con otros camaradas para conspirar.

“Cuando el Estado pone empeño las cosas se pueden lograr”, dijo el fiscal federal de Bahía Blanca Hugo Cañón al elogiar la acción de las fuerzas de seguridad que intervinieron. Es sabido que la situación de prófugo requiere de recursos económicos y cierta inmunidad a la nostalgia de los afectos. El primer objetivo de los investigadores siempre son los teléfonos y las casas de la familia del clandestino, por lo tanto sostienen que es relativamente fácil atraparlos. Si es así, ¿cómo es que siguen prófugos 40 represores? La respuesta sería simple: a Corres lo atrapó la Federal porque se le escapó a la Federal.


EL FISCAL DE BAHIA BLANCA, HUGO CAñON, EN DIALOGO CON PAGINAI12
“Si el Estado actúa diligentemente, hay resultados”
Por Nora Veiras

La fuga de Julián “El Laucha” Corres desencadenó el relevamiento del jefe del V Cuerpo de Ejército, la detención del jefe y subjefe de la delegación Bahía Blanca de la Policía Federal y el pedido de juicio político de Alcindo Alvarez Canale, a cargo de la investigación. El fiscal Hugo Cañón, quien instruye las causas por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca, destacó “la actividad profesional de Interpol y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que trabajaron muy bien para dar con el paradero de Corres. Es reparador y demuestra que cuando el Estado actúa diligentemente tiene resultados: si se hubiera reaccionado del mismo modo con Jorge Julio López, otro hubiese sido el resultado también”. El entramado de la fuga también abrió paso para escudriñar los lazos civiles que apoyaron a Corres: así aparece Héctor Lapeyrade, uno de los propietarios de la petrolera Chañares Herrades, quien le dio trabajo y ahora solventa a su mujer.

–¿Cómo sigue la investigación a partir de la detención de Corres?

–En realidad son dos causas. La principal, referida a los crímenes de lesa humanidad, reanuda el trámite normal y ya está próxima la posibilidad de elevarla a juicio oral, aunque todavía están pendientes algunos recursos en la Cámara Federal. Involucra a ocho militares, el general Juan Manuel Bayón, quien fue uno de los ideólogos de la Doctrina de Seguridad Nacional junto con Ramón Genaro Díaz Bessone, tres coroneles y tenientes coroneles y tres penitenciarios de la provincia de Buenos Aires. Está avanzada una segunda etapa para seguir con otros represores, pero no queremos continuar acumulando casos, preferimos que se eleve a juicio esta parte. La otra causa, en pleno trámite, es la iniciada por la fuga de Corres. Hasta ahora están imputados cuatro policías: el jefe de guardia Juan Carlos Lastra, el cabo Pablo Carbajal –que están excarcelados–, el comisario Gustavo Scelzi y el subcomisario Marcelo Voros, que están detenidos en la Unidad 4 de la cárcel de Bahía Blanca. El viernes se terminó de indagar a Voros. A estos dos últimos se les ratificó la detención.

–En el Consejo de la Magistratura se presentó un pedido de juicio político a Alvarez Canale por la fuga de Corres, ¿seguirá al frente de la causa?

–Nosotros lo acusamos por su amistad con Scelzi, los fiscales no participamos en esa indagatoria por esa razón. La Cámara rechazó la acusación. El juez no aceptó la amistad íntima, pero sí el vínculo con el comisario, iba a sus cumpleaños. Para nosotros es motivo de inhabilitación. La denuncia en el Consejo de la Magistratura habrá que ver qué curso tiene (N. de R.: el jueves pasado la Comisión de Acusación sorteó la presentación y quedó en manos del presidente del cuerpo, Mariano Candiotti). En la causa de la fuga, no sólo se investiga a los policías sino también las conexidades con gente del Ejército y con civiles.

–¿El teniente coronel Jorge Cocco admitió en su declaración que recibió órdenes de sus superiores para asistir a Corres?

–A Cocco se le tomó declaración testimonial, no indagatoria. Esa fue una de nuestras objeciones al juez Alvarez Canale, quien interrumpió su licencia para hacerse cargo de la causa el día que debía ser indagado Scelzi y tomó la decisión de citar a testimonial a Cocco y al empresario Héctor Lapeyrade. Lapeyrade es el protector de Corres, lo solventó durante un año y medio de prófugo y sigue pagándole 5000 pesos por mes a su esposa para los gastos. Al citarlos a los dos, el juez alteró dos vías de investigación.

–¿Cocco intentó ampararse en el cumplimiento de órdenes?

–Sí. Una de esas órdenes fue, según declaró, proveer de elementos como cama, colchones, sábanas, toallas, todo se lo llevó en camionetas del V Cuerpo de Ejército. La otra orden fue darle cobertura y asistencia médica y argumentó que eso era en función de lo que dice la ley respecto de la asistencia a detenidos. En realidad, en ese caso no es función de Defensa sino de Justicia y Seguridad, que es de donde dependen la Policía y el Servicio Penitenciario. Justamente, la remoción del jefe del V Cuerpo (general Oscar Gómez) fue porque esta camaradería importa una acción que no corresponde.

–¿Quiénes son los otros civiles que colaboraron con Corres?

–No podemos dar los demás datos. Alguien mandado por Lapeyrade le llevaba lechones desde la bodega que tiene Lapeyrade en Viedma. Corres contaba con un celular, las puertas de la celda estaban abiertas, usaba el baño de oficiales y suboficiales.

–¿Por qué se demoró tanto en trasladarlo a Campo de Mayo?

–El Servicio Penitenciario Federal debía ejecutar la orden mucho antes y no lo hizo. Hubo dos notificaciones de traslado que no se cumplieron. Muchas veces pasaron por Bahía Blanca y no pasaron a recogerlo. Puede haber connivencias en varios sectores no sólo institucionales, alianzas ideológicas o hechos de corrupción. El Ministerio de Justicia tendrá que investigar también qué pasó.

La Cámara Federal confirmó procesamiento de Méndez

Ecodías

La Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones -integrada por los dres. Luis Alberto Cotter, Ricardo Emilio Planes y Augusto Enrique Fernández- confirmó el procesamiento del ex teniente coronel Mario Carlos Antonio Méndez en la “Investigación de Delitos de Lesa Humanidad cometidos bajo control operacional del Comando V Cuerpo de Ejército” (causa 05/07) y amplió la imputación al represor en seis casos en los cuales el juez federal Alcindo Álvarez Canale le había dictado la falta de mérito el 29 de septiembre de 2007.

“Tucho”, según su apodo familiar, o “el Loco de la Guerra”, como lo llamaban sus camaradas porque no sólo “andaba con un portagranada en forma constante” sino también con “una pistola de dotación y pistola ametralladora terciada con sobaquera”, tiene 55 años, nació en la ciudad cordobesa de Río Cuarto y está imputado por “haber formado parte del plan criminal -clandestino e ilegal- implementado para secuestrar, torturar, asesinar y producir la desaparición de personas, utilizando la estructura orgánica de las fuerzas armadas y las de seguridad a ellas subordinadas -federales y provinciales-”.

Su participación en los hechos fue como subteniente de Infantería asignado al Regimiento 25 de Colonia Sarmiento (Chubut), revistiendo en esta jurisdicción desde el 22 de noviembre de 1975 hasta el 15 de octubre de 1977 “en comisión” en el Comando V Cuerpo de Ejército, donde integró la Compañía Comando y Servicios, sumándose “en ocasiones” a la “Compañía Operacional” o “Agrupación Tropas” a cargo del fallecido -impunemente- mayor Emilio Ibarra. Según declaró ante el juez y los fiscales Hugo Cañón y Antonio Castaño, Méndez comenzó 1976 siendo “seguridad personal” del comandante del V Cuerpo y negó haber trabajado en La Escuelita ni “haber sido asignado orgánicamente a la fuerza de tarea o equipo de combate asignado al entonces mayor Ibarra”. 


El represor sostuvo respecto al centro clandestino de detención que su existencia “era de conocimiento público”, su acceso estaba vedado, que “el personal detenido se entregaba en la Guardia de Prevención del Comando” donde “lo normal” era que las víctimas fueran llevadas por “el Equipo de Combate o la gente asignada al efecto” y el procedimiento a seguir era canalizado por “el jefe de turno del Departamento II”. 
Al ser consultado acerca de personas embarazadas detenidas en La Escuelita, “el Loco de la Guerra” contestó que pudo ser en “un par de oportunidades, dos o tres” y en cuanto a haber escuchado algún comentario en el V Cuerpo de la existencia de mujeres en esa condición y sobre el destino que tuvieron, afirmó que “por comentarios, probablemente haya habido un embarazo. Si fue atendido, fue atendido por el dr. Mariné, siempre con la colaboración del dr. Taranto. Y si ocurrió, fue en un fin de semana en el que estuvo de guardia del teniente coronel Tejada, que hacía turnos en esa época. El comentario lo recibí, según creo, del subteniente Corres o del propio Taranto”.

Distinguido entre la patota
Puede leerse en la resolución que una de las funciones de la división a cargo de Ibarra, formada con cuadros traídos de otras jurisdicciones, era la realización de operativos “antisubversivos” como reconoció el entonces jefe de la Subzona 51, general de Brigada Adel Vilas.
“Si bien orgánicamente Méndez no pertenecía a la Compañía Operacional, su total ajenidad a la misma y a la tarea de ‘lucha contra subversión’ (…) resulta desmentida”, destaca Álvarez Canale, al observar en el legajo del genocida distinciones “al Heroico Valor en Combate y al Herido en Combate”.

La primera de las distinciones se le otorgó por su participación en el operativo militar que culminó con los asesinatos de Daniel Hidalgo y Olga Silvia Souto Castillo en Fitz Roy 137 el 14 de noviembre de 1976. 
Méndez, al igual que otros represores, aseguró que actuó en respuesta a la resistencia de la pareja ante la intervención de la patota producida luego de escuchar “una explosión” mientras mateaba con un grupo de suboficiales que encontró al pasear por el lugar durante su franco. Las pericias médicas demostraron que las víctimas fueron acribilladas y sufrieron graves quemaduras -lo que les impidió defenderse- y se evidenció que no se incautaron armas o explosivos, por lo cual “el operativo fue dirigido directamente a su eliminación”.

La segunda medalla sirvió para probar su participación en el asesinato de Patricia Acevedo, hecho con características comunes a los de Hidalgo y Souto Castillo.
Por último, el magistrado puntualizó en la intervención de Méndez en el blanqueo de detenidos de La Escuelita. Se trata del caso de “los chicos de la ENET” quienes tras ser torturados en el centro clandestino de detención, fueron dejados atados y vendados atrás del cementerio, donde minutos después los levantó un grupo de soldados comandados por “el Loco de la Guerra” para conducirlos al Comando V Cuerpo de Ejército.

Más allá de lo dicho, Álvarez Canale (sic) procesó al represor por la privación ilegítima de la libertad y las torturas de sólo seis de los doce “chicos de la ENET”, cuestión corregida posteriormente por los camaristas al entender que todos tuvieron similar fecha de secuestro, mismo origen y lugar de detención al igual que la duración de la misma y, además, fueron interrogados específicamente por el “atentado” a la concesionaria Ford de Amado Cattaneo. 
Al procesamiento por ese caso, se le sumó el referido a las ejecuciones de Hidalgo, Souto Castillo y Acevedo. Por otro lado, el magistrado dictó la falta de mérito a Méndez por 70 hechos -contando los corregidos posteriormente- dentro de los cuales se encuentran los hijos de Graciela Romero de Metz y María Graciela Izurieta.

Los amigos del Laucha

Página/12

EL COMANDANTE DEL V CUERPO PASO A DISPONIBILIDAD
Oscar Gómez era superior del ex secretario general del comando, que admitió que visitó y asistió a los represores detenidos en la delegación de la policía de la que se fugó Corres.

Por Diego Martínez
Las sospechas sobre la complicidad de oficiales del Ejército en la fuga del teniente coronel retirado Julián Corres derivaron ayer en el pase a disponibilidad del general de brigada Oscar Roberto Gómez, comandante del Cuerpo V de Bahía Blanca. Gómez era superior inmediato del ex secretario general del comando, coronel Jorge Roque Co-cco, quien admitió ante la Justicia que “en respuesta a órdenes superiores” visitó y asistió con camas, colchones, sábanas, medicamentos, mate amargo, tortas de coco y hasta un patriótico locro a los represores detenidos en la delegación local de la Policía Federal de donde se fugó El Laucha Corres. Según el comunicado difundido por Defensa, la ministra Nilda Garré consideró que “Gómez debía tener conocimiento de los inadecuados mecanismos de visita y asistencia al ahora, por segunda vez, prófugo de la Justicia”.

La íntima relación de Cocco con los camaradas en desgracia se conoció a partir del testimonio de los guardias encargados de custodiarlos. Los servicios comenzaron en 2006, con la detención del suboficial Santiago Cruciani. Cocco era entonces jefe del Batallón de Inteligencia 181. Otro visitante asiduo era el coronel retirado Rubén Villano, ex subordinado de Corres, también de inteligencia, que aún no fue citado por la Justicia.

Con la llegada de los oficiales Jorge Mansueto Swendsen y Miguel Angel García Moreno el trato a los detenidos pasó a ser privilegiado: puertas abiertas, visitas a deshora y sin registro, reuniones en una sala acondicionada con sillones y cafecitos en el despacho del subcomisario Marcelo Voros, pasado a disponibilidad al día siguiente de la fuga.

El cabo Pablo Carbajal y el inspector Juan Carlos Lastra contaron que se negaron a acceder a los pedidos de los militares, que invocaban a Voros para exigir servidumbre. Ambos son casualmente los únicos procesados, aunque fueron excarcelados. El juez federal Alcindo Alvarez Canale los consideró partícipes secundarios del delito de facilitación de fuga.

El domingo PáginaI12 informó que Cocco había sido pasado a disponibilidad y que se le había iniciado un sumario. El martes, antes de declarar, el coronel, aún sonriente, sugirió a la prensa que era apenas “un tema periodístico”. Aún no había sido notificado. Minutos después, ante el juez y el fiscal federal Hugo Cañón, admitió las visitas, dijo que la habitación/celda no tenía llave ni candado y que “por caridad cristiana” llevaba tortas para acompañar las rondas de mate. Enmarcó sus servicios como “acciones solidarias” del Ejército, equiparó los préstamos a represores con los que realizan a boy scout, bomberos y discapacitados y mencionó entre los superiores que lo autorizaban al general Gómez y al coronel José Herminio Hernández, jefe del Estado Mayor del Cuerpo V.

El martes a la tarde Garré recibió a Gómez en su despacho. Defensa no hizo pública la explicación del militar, aunque trascendió que la reprimenda fue dura. La ministra “reiteró en tono enérgico” instrucciones para que los oficiales activos no participen de “actividades de supuesta contención” de criminales de lesa humanidad y advirtió que “las solidaridades corporativas con acusados de terrorismo de Estado perturban el proceso de reconciliación de las Fuerzas Armadas con la sociedad”.

El jueves, el fiscal Cañón explicó en FM Universal que había un “respaldo institucional” del Ejército a los represores. Gómez respondió por el mismo medio que la fuerza “no tiene responsabilidad alguna en la administración, custodia y alojamiento del personal militar detenido”, aunque admitió “puntos de vinculación” con la Policía Federal y sugirió que estaba obligado a atender la salud de los retirados en manos de la Justicia.

Un día después, Defensa decidió su pase a disponibilidad “por sus responsabilidades en el ejercicio del comando de su gran unidad de batalla en las circunstancias vinculadas con la fuga” de Corres y destacó “la dependencia directa de su mando” del servicial Cocco. Gómez había asumido el mando del Cuerpo V el 6 de febrero pasado.

La causa por la fuga tiene cuatro imputados. Los dos guardias procesados y los dos ex jefes de la Policía Federal: el comisario Gustavo Scelsi y el subcomisario Voros. Alvarez Canale ya indagó a Scelsi, el desconocido que va a sus cumpleaños, pero aún no resolvió su situación procesal. Voros aún no fue indagado. Ambos pasan sus días en la cárcel de Villa Floresta.

Solidarios con “El Laucha”

Página/12

El ex secretario general del Cuerpo V de Ejército, Jorge Roque Cocco, declaró ante la Justicia. El comandante del Cuerpo V, Oscar Gómez, fue citado por la ministra Nilda Garré, quien rechazó “las solidaridades corporativas” con los represores.

Por Diego Martínez
El ex secretario general del Cuerpo V de Ejército, coronel Jorge Roque Cocco, declaró ayer ante la Justicia que los servicios brindados a los camaradas en desgracia procesados por crímenes de lesa humanidad fueron “en respuesta a órdenes superiores”. Agregó que “por caridad cristiana” un par de veces les llevó tortas de coco. Ayer la ministra de Defensa, Nilda Garré, recibió al comandante del Cuerpo V, general de brigada Oscar Roberto Gómez. Según una alta fuente de la cartera que no dejó trascender la explicación brindada por el militar, la ministra le advirtió que “las solidaridades corporativas con acusados de terrorismo de Estado perturban seriamente el proceso de reconciliación de las Fuerzas Armadas con la sociedad”. Defensa deberá evaluar ahora el informe escrito de Gómez.

A casi dos semanas de la fuga del teniente coronel retirado Julián Oscar Corres, alias Laucha, procesado por secuestros, torturas, homicidios y desapariciones forzadas en 1976, su paradero sigue siendo un misterio. La causa tiene dos imputados: el comisario Gustavo Scelsi y el subcomisario Marcelo Voros, jefe y subjefe de la delegación de la Policía Federal donde se alojó a Corres durante casi cuatro meses. Luego de rechazar el pedido de recusación de los fiscales Hugo Cañón y Antonio Castaño por su amistad con Scelsi, quien participa de sus fiestas de cumpleaños, el juez federal Alcindo Alvarez Canale les negó la excarcelación a los policías, detenidos en la cárcel de Villa Floresta. Voros aún no declaró.

PáginaI12 informó el domingo que Garré había citado a Gómez y ordenado la apertura de sumario para Cocco, a quien ordenó pasar a disponibilidad. Cocco llegó al tribunal bahiense sonriente y con uniforme. Enmarcó el aporte de camas, colchones, sábanas y toallas a los represores como parte de la acción solidaria del Ejército. La equiparó con donaciones a boy scouts, bomberos y discapacitados. Aclaró que los pedidos se satisfacen “siempre que sean institucionales” y dijo que en el caso específico fue “por requerimiento de la Policía Federal”.

–¿Y para qué fue con un inventario y aclaró que debían devolverlas cuando los detenidos abandonaran esa dependencia, como declaró el comisario Scelsi? –le preguntó el fiscal Hugo Cañón.

Cocco no supo qué responder. El militar se tomó su tiempo ante cada pregunta. Invocó una supuesta directiva de Sanidad del Ejército por la cual el comando tendría obligación de proveer de medicación a militares presos. Los superiores que mencionó son el general Gómez y el jefe de Estado Mayor del Cuerpo V, coronel José Herminio Hernández.

El militar dijo que visitaba a los imputados una vez por semana, cuando salía del Comando, entre 19 y 20.30, pese a que el horario de visitas había concluido. Admitió que la habitación/calabozo donde tomaban mate no tenía llave ni candado. Además de la torta dijo que “el 25 de Mayo, Día de la Patria, por caridad cristiana” les llevó un locro que costeó de su bolsillo. Aclaró que conoció a Corres tras la detención. Sobre la fuga del sábado pasado, dijo que a las nueve de la mañana partió hacia Río Cuarto y que a las cinco de la tarde el coronel Hernández le avisó por teléfono.

–¿Cuál fue su reacción?

–Grité “¡qué tremendo hijo de puta!” –aseguró.

Garré recibió a Gómez en su despacho de piso 11 acompañada por el secretario de Asuntos Militares, Germán Montenegro, y la directora de Derechos Humanos, Ileana Arduino. La reunión duró más de una hora. La fuente de Defensa informó que la ministra “reiteró en tono enérgico precisas instrucciones acerca de la absoluta limitación de la participación de las Fuerzas Armadas en actividades de supuesta contención de personas acusadas penalmente ante la Justicia, especialmente aquellos acusados por crímenes durante el terrorismo de Estado”.

Un camarada bajo sospecha

Página/12

PASARON A DISPONIBILIDAD A UN CORONEL POR LA FUGA DE CORRES
Se trata del secretario general del Cuerpo V de Ejército, Jorge Cocco. Era el enlace institucional con la delegación de la Federal de la que escapó el represor. Garré citó por el caso al jefe de esa unidad militar, Oscar Roberto Gómez.

Por Diego Martínez
Las sospechas sobre la complicidad de oficiales del Ejército en la fuga del teniente coronel Julián Oscar Corres derivaron ayer en el pase a disponibilidad del coronel Jorge Roque Cocco, el secretario general del Cuerpo V de Ejército de Bahía Blanca que se encargó de proveer de camas, sábanas, mantas y medicamentos a los represores detenidos en la delegación local de la Policía Federal. Ante la probabilidad de que la gestión de Cocco no haya sido una patriada personal, sino un servicio institucional, la ministra de Defensa, Nilda Garré, citó para el martes a su despacho al comandante del Cuerpo V, general de brigada Oscar Roberto Gómez.

Las autoridades judiciales y policiales que investigaban la fuga tuvieron a Cocco en la mira hasta el miércoles, cuando el juez federal Alcindo Alvarez Canale decidió volver al ruedo y citar a prestar declaración testimonial a los principales sospechosos. Los relatos de los guardias encargados de custodiar al torturador de La Escuelita sugieren que Cocco era el enlace institucional entre el Cuerpo V y la Policía. Jefe del Batallón de Inteligencia 181 y de la Central de Reunión de Información hasta diciembre, cuando ascendió a coronel, Cocco fue el encargado de visitar y garantizar buena atención a los camaradas en desgracia. El servicio incluía gestionar medicamentos ante la obra social del Ejército.

El comisario Gustavo Scelsi, el mismo que iba a los cumpleaños del juez que niega ser su amigo, declaró ayer ante Alvarez Canale que Cocco visitaba la delegación desde la detención en 2006 del suboficial Santiago Cruciani. Aclaró que "el Ejército prestaba los elementos: se los tenemos que devolver". Sobre el tema se explayará el general Gómez ante Garré. A partir de la información que consta en la instrucción judicial, el jefe del Ejército, general Roberto Bendini, inició un sumario interno para investigar el rol de Cocco. El pase a disponibilidad implica que no se le asignará ningún destino hasta que aclare su situación.

Mañana a las ocho el juez le tomará declaración indagatoria al ex segundo jefe de la Policía Federal bahiense, Marcelo Alejandro Voros, quien según sus subordinados compartía cafés en su despacho con los represores que debía custodiar. Luego será el turno de las testimoniales de Cocco y de Héctor Lapeirade, viejo conocido del juez, padrino del Laucha Corres y dueño de la petrolera Chañares Herrados SA, que le dio trabajo al represor mientras estuvo prófugo. El juez no citó aún al coronel retirado Rubén Villano, un ex subordinado de Corres, también oficial de inteligencia, que lo visitaba en su prisión VIP.

Charlas de café
Tras rechazar la recusación de los fiscales Hugo Cañón y Antonio Castaño, el jueves a la noche Alvarez Canale indagó a solas al comisario Scelsi. El ex jefe de la delegación local contó que el día de la fuga estaba de licencia, en una peluquería, cuando a las 9.57 recibió un llamado de Voros con la noticia de la fuga. Cuando mencionó su llamado al juez que lo indagaba se produjo un diálogo absurdo que Alvarez Canale, por razones que un buen psicólogo debería explicar, se esmeró en detallar:
–¿Recuerda que al momento de anoticiarme le pregunté si había fallecido alguien, porque usted me dijo "tengo una mala noticia"?
–Sí –asintió.
–¿Recuerda que le dije que estaba de licencia?
–Sí.
–¿Recuerda que le dije que debía vigilar la Ruta 3 camino a Viedma porque Lapeirade tiene allí una bodega?
–Sí.

Ese fue el tenor de la charla de la que se negaron a participar los fiscales. Al detallar las medidas que ordenó, Scelsi mencionó que dio a sus subordinados el teléfono de la casa de Corres y "un celular que podría estar utilizando". El juez no tuvo más remedio que preguntarle si tenían celulares. "No me consta", respondió.
–¿Es cierto que comían cordero y lechón? –preguntó el juez.
–No. Y de haberme enterado habría adoptado medidas disciplinarias. (La versión taquigráfica no incluye detalles de gestos y sonrisas.)

El párrafo sobre las condiciones de detención es confuso. Sólo queda claro lo que no se afirma: que estuvieran encerrados. Scelsi admitió que no existía registro de visitas y que la cámara de seguridad no funcionaba. El juez no le preguntó por qué no ordenó repararla. Otro hecho que Alvarez Canale y el desconocido que va a sus cumpleaños no mencionaron fue el pedido de la mutual Sociedad Militar, a las 21.30 del día previo a la fuga, para que la policía enviara en forma "urgente" una custodia a sus oficinas de Bahía Blanca y Punta Alta. Parece ser que, justo esa noche, las alarmas de ambas sedes se pusieron de acuerdo para descomponerse.

Hacete amigo del juez Alcindo

Página/12

EL MAGISTRADO DE LA CAUSA CORRES ADMITIO LA AMISTAD CON UNO DE LOS INVESTIGADOS
El comisario Gustavo Ariel Scelsi, preso por la fuga del represor, concurría a las fiestas de cumpleaños de Alvarez Canale. Pero la Cámara rechazó la recusación presentada por los fiscales.

Por Diego Martínez
El juez federal Alcindo Alvarez Canale admitió que el comisario Gustavo Ariel Scelsi concurrió a sus fiestas de cumpleaños pero consideró que la amistad con el ex jefe de la delegación Bahía Blanca de la Policía Federal no es “íntima” y rechazó la recusación formulada por los fiscales federales Hugo Cañón y Antonio Castaño. La Cámara Federal bahiense sostuvo que los fiscales no probaron la amistad y aceptó la pretensión del juez de investigar al amigo, a quien indagó durante seis horas. En altas esferas oficiales se evalúa la posibilidad de impulsar un juicio político contra Alvarez Canale por desbaratar de un plumazo una instrucción que apuntaba a desentrañar la cadena de vínculos y complicidades policiales y militares que hicieron posible la fuga del teniente coronel Julián Oscar Corres.

El militar procesado por secuestros, torturas y homicidios en La Escuelita se enteró el viernes pasado, sin que los guardias se lo contaran, que dos días después iba a ser trasladado a la cárcel de Campo de Mayo. Después de la medianoche, cuando terminó de ver Cirque du Soleil, se puso la campera, agarró el cepillo de dientes y caminó hacia el baño, en el fondo de la delegación. A las 8.45 el guardia encargado de ofrecer los menús del día del Cuerpo V de Ejército se percató de su ausencia.

Alvarez Canale declaró a un cronista de labrujula.net que se enteró de la fuga a las ocho de la mañana y de inmediato ordenó un corte de rutas. Luego, se rectificó ante el periodista Luis Cano: no se enteró 45 minutos antes que el guardia sino “aproximadamente a las nueve” y “sólo” sugirió el corte, ya que “no estaba en funciones”. Agregó que la llamada a su celular “era del jefe de la Federal”, es decir Scelsi. Confesó que estuvo “todo este tiempo en la ciudad” y no de vacaciones como sugería su licencia. “Después me desentendí del tema”, aseguró sin ponerse colorado. Corres se había fugado de la dependencia a la cual él lo había enviado.

El desentendimiento duró cinco días. El miércoles, cuando Páginai12 informó en exclusiva que era “inminente” la citación a indagatoria del comisario Scelsi, el juez decidió interrumpir su licencia, prevista hasta mediados de agosto, e invocó “la responsabilidad que me cabe” pero no le había cabido hasta entonces para reasumir el cargo. Su primera medida fue citar como testigos en forma “urgente” a tres personas que las autoridades a cargo de la causa investigaban por su íntima relación con Corres: Héctor Lapeirade, padrino del “Laucha” y dueño de la petrolera Chañares Herrados SA, que le dio trabajo mientras estuvo prófugo; el teniente coronel Roque Cocco, de inteligencia del Cuerpo V, quien auxilió con camas, sábanas y víveres a los represores presos; y el coronel retirado Rubén Villano, ex subordinado de Corres que también lo visitaba en su calabozo VIP.

Los fiscales no recusaron al juez por arruinar la investigación sino por su amistad con Scelsi. Alvarez Canale calificó la recusación de “falaz y tendenciosa”. Admitió que tutea al comisario y que fue “una o dos veces” a su casa, a aplaudirlo cuando sopla las velas, pero ello no influye en su “absoluta objetividad”. Cerró con una aclaración no menor: la causa de la fuga es conexa a la que investiga los crímenes del Ejército y abandonarla “importaría que me viera obligado a apartarme” de la principal. Al atardecer, los camaristas Augusto Fernández, Angel Argañaraz y Ricardo Planes le dieron la razón. La amistad es “una apreciación subjetiva” pero “no se ha demostrado”. Sobre decoro y delicadeza, silencio. La resolución es inapelable. Mientras los camaristas debatían y para legitimar su tarea el juez se esforzó sin éxito en convencer al fiscal Castaño de que participe de la indagatoria a Scelsi. Ambos fiscales se negaron.

La relación con el comisario no es el único dato que genera dudas sobre su objetividad. Alvarez Canale fue entre 1972 y 1984 juez de Caleta Olivia, de donde son oriundos los Corres. Oscar Héctor, primo hermano del “Laucha”, participó como miembro de la CNU de Mar del Plata en 1971 del asesinato de la estudiante Silvia Filler. Tras la amnistía encabezó entre 1973 y 1985 la delegación Comodoro Rivadavia –a 60 kilómetros de Caleta– de la Dirección de Migraciones. Su padre, vecino de Caleta, fue ministro de Santa Cruz durante la dictadura. Lapeirade, amigo del vicecomodoro Héctor Santiago Corres y padrino del hijo, alias “Laucha”, también es de Caleta. Por eso los investigadores no se sorprendieron cuando Alvarez Canale, luego del rapto de responsabilidad, ordenó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria que buscara a Lapeirade y enumeró de memoria cuatro domicilios en Capital Federal, Comodoro, Viedma y Caleta. Un funcionario que a fines de abril presenció la declaración indagatoria a Corres contó a sus íntimos otro dato relevante: juez e imputado charlaron sobre amigos comunes de Caleta Olivia, en particular de Lapeirade.

Cañón anticipó ayer a PáginaI12 que va a “seguir buscando a Corres con las fuerzas de seguridad y con la red de fiscales de todo el país pero por fuera de Alvarez Canale”. También ayer fue excarcelado el inspector Juan Carlos Lastra, uno de los guardias que relató el trato de sus superiores con los represores. Al juez debe ahora escuchar al otro detenido, el subcomisario Marcelo Alejandro Voros, quien llegó a tomar café en su despacho con los represores presos que debía custodiar.

Con una pequeña ayuda de mis amigos

Página/12

LA CAUSA POR LA FUGA DEL REPRESOR JULIAN CORRES SE COMPLICA CON LA LLEGADA DEL JUEZ ALCINDO ALVAREZ CANALE
Pidieron la recusación del juez por su relación con el jefe de la Federal en Bahía Blanca, quien, como adelantó Página/12, quedó detenido el miércoles, junto a su segundo. Investigan la complicidad de dos militares, uno retirado y otro en actividad.

Por Diego Martínez
Las esperanzas de las autoridades judiciales y policiales de avanzar en la cadena de complicidades que permitieron la fuga del represor Julián Corres se hicieron trizas con el retorno, a Bahía Blanca y a la causa, del juez federal Alcindo Alvarez Canale. A la mañana, mientras en la calle trescientas personas le reprochaban no haber garantizado el traslado del torturador a la cárcel antes de irse de vacaciones, el magistrado transparentó involuntariamente su relación con los ex jefes de la Policía Federal sospechados de facilitar la fuga. Los fiscales federales Hugo Cañón y Antonio Castaño solicitaron la recusación del juez por su íntima amistad con el comisario Gustavo Ariel Scelsi, que incluía comilonas hogareñas y a quien hoy a las nueve debería indagar junto al subcomisario Marcelo Alejandro Voros. Se trata del jefe y subjefe de la delegación local de la Policía Federal que, tal como adelantó ayer PáginaI12, fueron detenidos el miércoles.

Alvarez Canale, que luce en su despacho un retrato del general Julio Roca dedicado por “amigos del Cuerpo V”, tenía previsto volver de sus vacaciones a mediados de agosto. El miércoles a la noche invocó “la responsabilidad que me cabe” para reasumir su competencia. Su primera medida fue citar como testigos a tres de las personas que el juez federal ad hoc Eduardo Tentoni, los fiscales y sus auxiliares de la Policía de Seguridad Aeroportuaria investigaban por su relación con Corres. La medida desbarató el trabajo de inteligencia que hubiera posibilitado acceder a una cadena de vínculos y complicidades.

Uno de los citados es Héctor Basilio Lapeirade, ex ejecutivo de YPF y directivo de la firma Chañares Herrados SA, la petrolera donde Corres trabajó durante el año y medio que estuvo prófugo y donde presta servicios el represor Luis Alfredo Zarattini. Corres salía de las oficinas de esa firma cuando Interpol lo capturó, en abril. Alvarez Canale no se privó de asentar que conoció a Lapeirade cuando se desempeñó como juez en Caleta Olivia, entre 1972 y 1984.

Los otros dos potenciales imputados que gracias al juez se convertirán en simples testigos son el teniente coronel Roque Jorge Cocco y el coronel retirado Rubén Darío Villano, ambos integrantes de la Jefatura II de Inteligencia del Cuerpo V de Ejército, el mismo destino de Corres cuando cometió los secuestros, torturas y asesinatos por las cuales lo procesó la Justicia. Ambos militares visitaban a Corres en su alojamiento VIP. Cocco suele participar de actos oficiales con autoridades que la prensa tradicional denomina “fuerzas vivas”, incluido juez, comisario y obispo, y fue quien asistió con camas, colchones, mantas y comida a los represores bahienses. El jefe de inteligencia del Ejército de quien dependen es el general César Milani. Una alta fuente de Defensa informó que la ministra Nilda Garré solicitó ayer al jefe del Ejército, general Roberto Bendini, y al del Cuerpo V, general Oscar Roberto Gómez, “que analicen y deslinden responsabilidades sobre la fuga de Corres”.

Mientras en la vereda una multitud escuchaba a la diputada Victoria Donda y al secretario de la APDH local, Eduardo Hidalgo, Alvarez Canale declaró ante un periodista de labrujula.net que se enteró de la fuga a las ocho de la mañana y de inmediato ordenó un corte de rutas. Según el relato de quienes debían custodiar a Corres, se percataron de su ausencia a las 8.45. Es decir que el juez, de vacaciones, se enteró 45 minutos antes y ordenó, todo indica que a su amigo el comisario Scelsi, cortar algunas rutas.

El juez también dijo que el 6 de junio ordenó trasladar a Corres a Campo de Mayo. No es cierto. Aquel día dispuso que “oportunamente” lo lleven al penal de Marcos Paz. Recién después preguntó si había cupo. El 18 le respondieron que sí y el 25, por razones desconocidas, ordenó que lo llevaran... a Campo de Mayo. “La responsabilidad es del Servicio Penitenciario Federal. Yo no lo podía llevar”, ironizó ayer. El director del SPF, Alejandro Marambio, informó que el traslado de Corres se frustró en dos oportunidades, el 11 y el 18 de julio, por “excesos de movimientos internos”. Aún no dio explicaciones.



PEDIDOS OFICIALES PARA QUE LOS REPRESORES VAYAN A CARCELES COMUNES
Para evitar nuevos Febres y nuevos Corres

Por Diego Martínez
Dos días después de la fuga del teniente coronel Julián Corres de la delegación Bahía Blanca de la Policía Federal, el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, resolvió el lunes instruir a las fuerzas de seguridad a su cargo para que dejen de alojar represores imputados por delitos de lesa humanidad. Hoy la ministra de Defensa, Nilda Garré, reiterará su resolución de 2006 en la cual solicitaba a los jueces federales de todo el país que reconsideraran la decisión de enviar secuestradores, torturadores y asesinos a los cuarteles. El miércoles, antes de conocer la resolución de Fernández, el Centro de Estudios Legales y Sociales presentó un pedido de informes para que el ministro explique la responsabilidad de la Policía Federal en el caso Corres, la del Servicio Penitenciario Federal en el traslado que no fue y las medidas ordenadas para evitar nuevas fugas, suicidios y muertes dudosas.

Según registros del CELS hay 83 represores imputados y/o procesados en causas por terrorismo de Estado alojados en unidades de Fuerzas Armadas o de seguridad. Más de treinta pasan sus días en dependencias de policías provinciales para las que prestaron servicios. Nueve miembros de la patota del D2 de inteligencia de la policía de Córdoba se alojan en la Guardia de Infantería, pleno centro de la ciudad, donde comparten instalaciones con compañeros de tareas que la Justicia aún no procesó. Otros nueve ex agentes chaqueños están detenidos en la alcaldía de Resistencia.

Según registros del Ministerio de Defensa, además de los 34 militares alojados en el Instituto Penal de las Fuerzas Armadas, que desde enero custodia el SPF, hay otros 22 en cuarteles militares. Sólo en el cuartel La Unión de Córdoba, ubicado en la base de apoyo logístico del Cuerpo III, hay once represores servidos por camaradas. Los ocho represores que el Tribunal Oral Federal condenó el jueves pasado, cinco a prisión perpetua, nunca habían pisado una cárcel.

Fernández instruye a Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria para que no reciban nuevos detenidos por crímenes de lesa humanidad sin su autorización. Advierte que lo contrario será sancionado y exige un “informe diario y pormenorizado” sobre cada caso. También le ordena al director del SPF, Alejandro Marambio, que cumpla con los traslados requeridos por la Justicia. El de Corres había sido solicitado el 25 de junio, un mes antes de su fuga.

El ministro admite en los fundamentos de la resolución su “profunda consternación” por el caso Corres. Luego explica que los calabozos de las fuerzas a su cargo están concebidos “para albergar en forma transitoria a personas detenidas por infracciones al régimen contravencional”, pero carecen de personal capacitado, infraestructura, equipos y medidas de seguridad para alojar “internos que presenten conductas conflictivas y de alta peligrosidad”. El ministro apunta que “ha requerido” a los jueces el traslado a cárceles comunes y como respuesta obtuvo “resultados dispares”. Admite que la Justicia ordenó trasladar a Corres a Campo de Mayo, pero deja en la nebulosa las razones por las cuales no se concretó.

El CELS destaca “las graves limitaciones del Estado para garantizar la comparecencia a juicio” de los represores. Recuerda que la cifra de prófugos “aumentó a 47” y agrega “muertes dudosas como la del prefecto Héctor Febres y suicidios durante arrestos domiciliarios sobre los cuales el Estado no acusa ningún tipo de responsabilidad, como el del coronel retirado César Anadón, pese a que no controló que el procesado tuviera acceso a armas de fuego”. El organismo también pregunta por qué dos meses después de la promulgación de la ley 26.375 que creó la Unidad especial de búsqueda de criminales de lesa humanidad prófugos aún ni siquiera se reglamentó su funcionamiento.

El apoyo logístico

Página/12

DOS POLICIAS DETENIDOS POR COMPLICIDAD CON CORRES

Por Diego Martínez
Los dos jefes de la delegación Bahía Blanca de la Policía Federal pasados a disponibilidad tras la fuga del represor Julián Corres fueron detenidos ayer por orden del juez federal ad hoc Eduardo Tentoni. Se trata del comisario Gustavo Ariel Scelsi y del subcomisario Marcelo Alejandro Voros. Dos de sus subordinados describieron que ambos, pero sobre todo Voros, mantenían una relación que oscilaba entre la admiración y la pleitesía con los represores. Los privilegios incluían amenas charlas de café en sus despachos y constantes visitas de militares en una sala especialmente acondicionada, en un sector inaccesible para presos comunes.

“Todo lo que se investigó permite inferir que (la fuga) no fue un acto casual, producto sólo de la inoperancia y/o complicidad de la Policía Federal, sino que hubo un apoyo logístico expreso desde afuera. Todo sugiere que hubo una actividad de inteligencia del Ejército y un enlace institucional o cuasi institucional, ya que existió más de una maniobra distractiva para garantizar la posibilidad de fuga”, explicó a Páginai12 el fiscal general Hugo Cañón, en quien Tentoni delegó la investigación.

El cabo Pablo Carbajal, que ayer fue excarcelado, contó que algunos militares invocaban a Voros para poder recibir visitas en una sala de estar del primer piso con sillones y mesa ratona. Junto con el inspector Juan Carlos Lastra, que sigue detenido, les negaron el permiso aquella vez, pero le consta que otros guardias acataban la orden. El suboficial contó que el primer preso de la causa, el fallecido suboficial Santiago Cruciani, permanecía en un calabozo cerrado. El trato privilegiado comenzó tras la llegada de los oficiales retirados Jorge Mansueto Swendsen y Miguel Angel García Moreno, hoy procesados y presos en Marcos Paz.

Carbajal, que vio por última vez a Corres poco después de la medianoche, mirando TV y fumando, declaró que el Ejército proveyó a sus represores de camas, mantas y también de alimentos. Un día antes Lastra había contado que el sábado a las 8.45 se percataron de la ausencia de Corres cuando fueron a preguntarle qué quería comer. De las declaraciones de los policías puede inferirse que en los próximos días habría nuevas citaciones a indagatoria. El comandante del Cuerpo V de Ejército, con asiento en Bahía Blanca, es el general de brigada Oscar Roberto Gómez.

Hoy a las 11, convocados por la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur, Suteba, CTA y otras organizaciones, habrá una “marcha contra la impunidad” hasta el juzgado de Alcindo Alvarez Canale, aún de vacaciones. Reclamarán la captura de Corres y repudiarán la connivencia de la Policía Federal con los represores, la lentitud de la causa y las amenazas contra Eduardo Hidalgo, secretario de la APDH de Bahía Blanca.

Amenaza y una búsqueda infructuosa

Página/12

Por Diego Martínez
Luego de tres días de exposición pública por la fuga del oficial Julián Corres, un cobarde amparado en el anonimato amenazó de muerte ayer a Eduardo Hidalgo, secretario de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca y sobreviviente de La Escuelita. La investigación sobre el paradero del militar que el sábado escapó de la delegación local de la Policía Federal carece de indicios significativos. De la declaración del agente a cargo de la guardia surge que la libertad de movimientos de los represores estaba garantizada desde la cúpula de la fuerza que debía custodiarlos. Es inminente la citación a indagatoria del comisario Gustavo Scelsi, que el sábado fue pasado a disponibilidad. Ayer la Justicia allanó sin éxito el domicilio de un suboficial de la Armada, en Punta Alta.

El inspector Juan Carlos Lastra admitió que por orden superior la puerta de la habitación de los represores no tenía candado y tenían libertad para cocinar y ver televisión. Agregó que el día de la fuga el Servicio Penitenciario Federal le había anunciado que el traslado, ordenado el 25 de junio, se concretaría el domingo, un mes después. Minutos después de anunciar la novedad a sus superiores, los presos ya lo sabían. Alejandro Marambio, director del SPF, le confirmó el dato al juez federal ad hoc Eduardo Tentoni. Agregó que el traslado se suspendió en dos oportunidades por motivos que ahora deberá detallar en la causa de la fuga. Tentoni le negó a Lastra la excarcelación. Hoy será indagado el cabo primero Pablo Carbajal, el último que vio al militar preso.

De la instrucción surge que el viernes a la noche Corres vio Cirque du Soleil, fumó bastante y se recostó. Estaba ansioso, le dolía la cabeza. Alrededor de la una de la madrugada se puso la campera, tomó el dentífrico, el cepillo de dientes y partió hacia el baño del fondo. Nunca volvió. Un guardia se percató de su ausencia a las 8.45, cuando fue a despertarlo. El Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos ofrece 150.000 pesos a quienes brinden datos útiles para capturarlo, pero aún no informó qué medidas tomó para garantizar la comparecencia a la Justicia de los 83 represores alojados en dependencias de Fuerzas Armadas y de seguridad como las que posibilitaron la fuga de Corres.

La amenaza al teléfono de Hidalgo fue a las 16.28. "Cortala con lo de Corres porque te vamos a matar", fue el mensaje. "La voz era de una persona joven, treinta y pico de años. Una voz con cierta agudeza, pero elevada de tono", describió a PáginaI12. "No tengo miedo pero sí cierta intranquilidad", admitió antes de exponer ante el fiscal Cañón. Miembro de la APDH desde 1986, no es la primera amenaza que Hidalgo recibe, pero sí la más clara. El 24 de marzo de 2007, en medio de una multitud, una voz le sugirió: "Estás demasiado tranquilo". Poco después, por teléfono, le advirtieron "hijo de puta, terminala". Anoche durmió con custodia.

"Chiquito" Hidalgo, por sus dos metros, cayó dos veces. En agosto de 1976 fue maltratado durante dos semanas en un galpón ferroviario de la calle Parchape, centro de detención que los bahienses desconocen. El 9 de noviembre una patota que integraba Corres lo llevó a La Escuelita. En la mesa de torturas le leyeron una carta dirigida a su hermano Daniel, en la cual relataba pormenores del cautiverio. "Sos inteligente. Te diste cuenta que veníamos del norte", le dijo un guardia correntino. El 14 de noviembre, Daniel y su compañera Olga Souto Castillo fueron masacrados tras defenderse a tiros durante media hora. Primero murió él. Chela, 21 años, embarazada, resistió hasta que le tiraron con una bazuca. "Tiene unos huevos así de grandes", admitió Corres ante otro secuestrado. Los guardias de La Escuelita levantaron el volumen de la radio para que Hidalgo escuchara el comunicado oficial de boca de José Román Cachero, un empleado del Ejército camuflado como periodista del diario La Nueva Provincia.

Trampera para el Laucha

Página/12

150 MIL PESOS PARA RECAPTURAR AL REPRESOR FUGADO
Once policías de la delegación Bahía Blanca de la Policía Federal fueron separados de sus cargos y dos de ellos quedaron detenidos. La Policía Aeroportuaria tomó a su cargo la investigación.

Por Adriana Meyer

Mientras el represor Julián “Laucha” Corres sigue prófugo, su búsqueda pasó a manos de la Policía Aeroportuaria y el gobierno nacional ofreció una recompensa de 150 mil pesos a cambio de datos que permitan ubicarlo. Sin embargo, sigue siendo un misterio quién está a cargo de la flamante Unidad Especial del Ministerio de Justicia, encargada de la búsqueda de delincuentes de lesa humanidad prófugos. Para el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, hubo “negligencia” o “connivencia formal”. Según dos organismos de derechos humanos, existió “complicidad del aparato estatal”. Fueron relevados once policías, dos de los cuales siguen detenidos, luego de que este ex teniente de Inteligencia del Ejército –procesado por secuestros, torturas y asesinatos en La Escuelita y a la espera de ser enjuiciado– se escapara el sábado a la madrugada de la delegación Bahía Blanca de la Policía Federal. Las víctimas organizaron una cadena de correos electrónicos para difundir la foto de Laucha Corres. “Esto es un escándalo, una provocación”, le dijo a PáginaI12 Patricia Chabat, sobreviviente de ese centro clandestino.

“La fiscalía trabajó muchísimo para detenerlo y que se vaya así por la puerta principal... los policías denunciaron el hecho horas después, ni siquiera armaron algo para simular una fuga... algo falla, aunque suene repetido, pero está claro que no se desmanteló el aparato represivo”, agregó Chabat, que en 1999 identificó a Corres en el Juicio por la Verdad de Bahía Blanca. Chabat vive en La Plata e integra la Unión por los Derechos Humanos. “Estamos muy limitados, no sólo fue la propia Policía Federal, el juez tampoco lo mandó a otro lado más seguro siendo que había estado prófugo y concurría a una empresa petrolera como si nada... es una cadena que permite y fortalece la impunidad”, sostuvo.

El fiscal federal bahiense Hugo Cañón dijo a Páginai12 que hay “valiosos aportes de pruebas”, tras los allanamientos a la delegación policial y a las viviendas de los policías detenidos, y que tiene la “esperanza de que se pueda desentrañar la maraña de redes y conexiones” del caso. El funcionario enfatizó que hay dos líneas de acción: una consiste en establecer la responsabilidad del Estado en la fuga; la otra, el paradero del represor. Además, aclaró que no hay un dato preciso que indique que Corres haya salido del país, tan sólo es su sospecha por la demora de los policías en informar sobre la ausencia, “como si le hubieran dado tiempo”. La orden de captura internacional de Julián Corres ya fue dictada.

En la especulación de Cañón es imposible que el represor se haya fugado a las 5.45 como dicen, sino que debe haber ocurrido cerca de la medianoche. El último dato lo aporta un testigo que dice que lo vio cuando se iba a lavar los dientes luego de ver televisión. El fiscal aseguró que son “inaceptables y contradictorias” las explicaciones de la policía, y reiteró las enormes fallas de seguridad de esa dependencia. De hecho, Corres habría tenido un teléfono celular en su celda. “A esta altura creo menos en las casualidades y más en las causalidades”, dijo. Cañón pidió a las autoridades nacionales investigar por qué hasta ahora se demoró el traslado de 83 represores a cárceles comunes.

“Esto tiene que ver con la policía y con el exterior, no es una improvisación, no se pudo ir caminando, alguien lo apoyó desde afuera”, expresó Eduardo Hidalgo, de la APDH de Bahía Blanca. Por su parte, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y Justicia Ya! denunció que la fuga de Corres contó con la “complicidad del aparato estatal” y consideró que existe un “plan oficial de enjuiciar a un puñado de viejos represores emblemáticos para salvar a las instituciones genocidas”.