Página/12
Un juez federal dictó prisión preventiva para tres oficiales retirados, acusados por torturas y desapariciones. Otro juez declaró nulos los indultos que beneficiaban a seis marinos.
Por Diego Martínez
El juez federal Alcindo Alvarez Canale dictó el miércoles el procesamiento con prisión preventiva de tres oficiales retirados del Ejército como autores mediatos de secuestros, torturas, homicidios y desapariciones ocurridos en Bahía Blanca durante la última dictadura, cuando integraban el Estado Mayor del Cuerpo V. Un día después, el juez federal ad hoc Eduardo Tentoni declaró nulas las leyes de impunidad y los indultos que beneficiaban a seis oficiales superiores de la Armada imputados por delitos de lesa humanidad cometidos en la base naval de Puerto Belgrano y en la de infantería de marina Baterías. En los próximos días –salvo que el coronel decida dejar de jugar a las escondidas–, Alvarez Canale dictará el pedido de captura nacional e internacional de Aldo Mario Alvarez, jefe del departamento II de Inteligencia.
Los flamantes procesados son el general de brigada Juan Manuel Bayón, el coronel Hugo Jorge Delmé y el teniente coronel Osvaldo Bernardino Páez. Bayón fue durante 1976 jefe del departamento III Operaciones, del cual dependía el “equipo de combate contra la subversión”, como definió el fallecido teniente coronel Emilio Ibarra a la patota de secuestradores que encabezaba. En 1977 fue director de la Escuela Superior de Guerra. El “mayor Delmé”, así lo recuerdan las familias que lo padecieron, era el encargado de negar información a quienes pedían explicaciones sobre los desaparecidos, en cautiverio a 200 metros de su oficina. En 1999 declaró que llevaba un registro de todos los detenidos pero ignoraba la existencia de secuestrados, “sólo por rumores sabía de la existencia del LRD” o lugar de reunión de detenidos, traducción castrense de centro clandestino de detención. Páez fue jefe de la división Educación, Instrucción y Acción Cívica, y presidió un autodenominado “Consejo de Guerra Especial” que parodió un juicio a tres secuestrados que el Ejército decidió no asesinar. En 1977 fue trasladado a Campo de Mayo. Los tres están presos en el Instituto Penal de las Fuerzas Armadas en Campo de Mayo.
La resolución de Tentoni retrotrae la situación de los marinos a 1989, cuando el ex presidente Carlos Menem los indultó. Un año antes, la Cámara Federal de Bahía Blanca los había citado a indagatoria por 42 casos de secuestros y torturas en centros clandestinos de Punta Alta. Tres de los seis imputados están actualmente procesados con preventiva: los vicealmirantes Julio Antonio Torti y Antonio Vañek, en la causa ESMA, gozan de prisión domiciliaria; el contraalmirante Juan Carlos Malugani, por los crímenes en la base naval de Mar del Plata, está preso en dependencias de la Policía Federal marplatense. Los otros tres, aún impunes y libres, son el vicealmirante Juan José Lombardo, el contraalmirante Raúl Alberto Marino y el capitán de navío Edmundo Núñez. La resolución judicial incluye también al contraalmirante Luis María Mendía y al capitán de navío Zenón Saúl Bolino, ambos fallecidos. Es comprensible que los bahienses no se hayan enterado del paso dado por Mendía: La Nueva Provincia, que hace treinta años publicaba su sonrisa día por medio, fue el único diario del país que no lo informó.
A un año y medio de la presentación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos local e Hijos Capital y a ocho meses de que los fiscales Hugo Cañón y Antonio Castaño solicitaran 75 detenciones, la causa del Cuerpo V tiene apenas cuatro detenidos (el primero fue el suboficial Santiago Cruciani, interrogador de La Escuelita) y dos prófugos: el teniente coronel Julián Oscar Corres, que administraba la picana eléctrica, y el coronel Aldo Alvarez, de quien dependía la Laucha Corres, según lo admitió durante el Juicio por la Verdad. Hasta hace un par de semanas Alvarez vivió en Coronel Encalada 1200 del barrio cerrado Laguna del Sol, en Troncos del Talar, partido de Tigre. Cuando la policía fue a buscarlo una hija les explicó que sus padres se habían esfumado de la tierra.
La estrategia del avestruz / recuadro
Por primera vez en tres décadas la Justicia de Bahía Blanca incluyó en un procesamiento por crímenes cometidos al amparo del terrorismo de Estado los casos de Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, delegados gremiales de La Nueva Provincia, secuestrados, torturados y acribillados a balazos en 1976. Ambos habían encabezado las reivindicaciones laborales de los trabajadores de la empresa. El diario dirigido por Diana Julio de Massot, que los había acusado de integrar “un sóviet” infiltrado en sus filas, omitió denunciar los secuestros, informó en veinte líneas la aparición de los cadáveres y nunca más recordó el caso. El miércoles, la señora de Massot estaba citada para declarar en el Juicio por la Verdad de La Plata sobre la detenida desaparecida Susana Lebed, sobrina de su abogado Néstor Jáuregui, por quien intercedió ante los generales Ramón Camps y Edmundo Ojeda. Por segunda vez prefirió enviar un certificado médico para justificar su ausencia. En los Juicios por la Verdad, tanto militares como policías o cómplices civiles pueden admitir sus delitos sin riesgo de quedar detenidos. El juez Alvarez Canale, en cambio, sólo puede citarlos a prestar declaración indagatoria.
lunes, 18 de junio de 2007
viernes, 1 de junio de 2007
"En Punta Alta hubo al menos dos centros clandestinos de detención"
Revista Dazebao.
Punta Alta, año 1, número 1.
Diálogo con Diego Martínez, periodista colaborador de Página/12 y Ecodías (Bahía Blanca), y miembro del programa Memoria y Lucha contra la Impunidad del Terrorismo de Estado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que impulsa desde 1978 el juicio y castigo a los responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
Por Bruno Leonardo Fernández
- Las investigaciones del CELS y, en su momento, la CONADEP han identificado la existencia de centros clandestinos de detención en dependencias de Puerto Belgrano ¿Se ha podido precisar cuántos y cuáles fueron estos lugares; desde cuándo y hasta cuándo funcionaron; cuántas personas fueron alojadas allí, la procedencia de las mismas y su destino final?
- En Punta Alta hubo al menos dos centros clandestinos. Uno en Baterías, probablemente en el ex Batallón de Infantería de Artillería Antiaérea (BIAA), contra la costa, más conocido como séptima batería. Era un edificio viejo y húmedo que se inundaba cuando llovía. Los secuestrados pasaban día y noche en colchonetas inmundas, sobre piso de portland, vendados y encapuchados. Desde allí escuchaban a gente distendida en una playa. El otro funcionó en un barco desmantelado, copado por ratas, amarrado a un muelle, aparentemente frente a la plaza del comando anfibios en Baterías, aunque otras fuentes creen que estaba en Puerto Belgrano. Como la justicia nunca investigó estos centros de tortura es difícil hacer afirmaciones precisas. Hay evidencias de cautiverios allí al menos desde 1975 y hasta 1978. La mayor parte de los secuestros fueron en Bahía Blanca. También hay casos de conscriptos a quienes se les perdió el rastro en Punta Alta y luego la Armada los declaró desertores, y de personas trasladadas desde los centros clandestinos que funcionaron en la base naval de Mar del Plata y la ESMA. La mayoría están desaparecidos.
- Si bien este no fue el único lugar donde hubo Centros Clandestinos de Detención (CCD) controlados por la Marina, es de los que menos información se tiene. ¿Por qué cree Ud. que esto es así?
- Por varias razones. La cantidad de secuestrados es baja en comparación con la ESMA o Mar del Plata, y la cantidad de sobrevivientes es mínima. La represión en esa región le correspondía en principio al Ejército. Por otra parte, hubo y hay un control absoluto sobre la población civil de Punta Alta, impensable en otros pagos. Pero sin duda la razón fundamental debe buscarse en la colaboración de los grandes medios de comunicación. Mientras la Armada secuestraba, torturaba y desaparecía a miles de personas, la directora de La Nueva Provincia Diana Julio de Massot recibía en su despacho al comandante de operaciones navales, vicealmirante Luis María Mendía (hoy preso por sus crímenes en la ESMA); su hijo Vicente visitaba al director de la ESMA almirante Rubén Chamorro, que vivía en la planta baja del mismo casino de oficiales en cuyo subsuelo se torturaba; y el secretario de redacción Mario Gabrielli paseaba por Europa en la fragata Libertad, desde cuyos puertos enviaba frases memorables como “yo quisiera que mi país fuera como la Marina”... Algunas máquinas de escribir han torturado con más saña que varias picanas.
- En el 2003 allanan un galpón en Florida al 200 de Ciudad Atlántida en Punta Alta. Este lugar según informaciones periodísticas habría pertenecido al represor Tigre Acosta y estaría a nombre de su mujer. En este galpón se encontraron desde un auto hasta objetos personales que serían “botines de guerra” ¿Qué se sabe al respecto? ¿La práctica de los “botines de guerra” fue especialmente utilizada por la marina? ¿Se sospecha de la existencia de otros lugares similares?
- El saqueo de las viviendas después de secuestrar a sus ocupantes no fue privativo de la Armada sino práctica común de todas las fuerzas armadas y policiales durante la dictadura. En Bahía Blanca hay decenas de testimonios de casas desmanteladas por el Ejército. Sobre el allanamiento al galpón de Acosta en Punta Alta se sabe que los servicios de inteligencia naval lo limpiaron la madrugada anterior. Sólo dejaron, entre otros papeles inservibles, una foto del ex dictador Videla dedicada al jefe del grupo de tareas de la ESMA, a quien considera “un apóstol incondicional de mis ideas”, y una postal enviada por el genocida Massera desde Londres. Ignoro si existen lugares similares, aunque no hay razones para descartarlo.
- Pero más allá de todo, esto quiere decir que aun hoy, en plena democracia, dentro de la Marina existen al menos ciertos sectores que continúan borrando pruebas, fraguando información... O por lo menos se puede hipotetizar una antigua oficialidad con la suficiente capacidad operativa para seguir influyendo. Es por lo menos preocupantes, ¿no cree Ud.?
- Pienso que es un hecho aislado ocurrido en una ciudad muy particular. No debe sobredimensionarse. La influencia de esa vieja oficialidad es sólo sobre sectores marginales, cuya capacidad operativa se limita a sus círculos íntimos. Las nuevas promociones de militares y marinos han dado reiteradas muestras de subordinación absoluta al poder civil y de rechazo al lastre que pretenden cargarles quienes sirvieron al Estado terrorista. Hoy existe un Estado que los educa para ser ciudadanos antes que militares, hombres y mujeres integrados en una sociedad y no parias adoctrinados por capellanes católicos apostólicos romanos en cuarteles sin contacto con el mundo exterior.
- A partir del testimonio de los sobrevivientes ¿Cuál era la metodología utilizada en la captura ilegal de los/as detenidos/as; las practicas en estos “laboratorios del horror”?
- Las prácticas del terrorismo de Estado fueron comunes en todo el país. Buchones e infiltrados en todas las organizaciones sociales y políticas para obtener información. Una vez seleccionados los “blancos humanos”, como los denominó un militar durante el Juicio a las Juntas, los grupos de tareas, sin uniforme y en autos particulares, procedían al secuestro, por lo general de madrugada. Ya en el campo de concentración, aplicación de torturas sistemáticas, a priori para obtener información sobre “nuevos blancos”, a posteriori por sadismo puro. Y finalmente la “eliminación”, es decir el asesinato de hombres y mujeres indefensos, y la desaparición de los cuerpos para borrar cualquier rastro. Una particularidad de la zona es la gran cantidad de secuestrados asesinados en enfrentamientos fraguados, método por el cual la proporción de desaparecidos es menor al promedio del país.
- Ud. publicó una nota en Página/12 con una sobreviviente de Puerto Belgrano, si mal no recuerdo esta persona hablaba públicamente por primera vez acerca de su detención ¿Por qué cree que se animó a hablar? ¿La política de Derechos Humanos llevada adelante por el gobierno habrá influido? ¿Su testimonio alentará a otros?
- Más que las políticas del gobierno supongo que influyen la maduración de la sociedad, la disminución del terror internalizado durante años, la necesidad de las nuevas generaciones de conocer la historia real, no-oficial. Sin esa evolución social más de un sobreviviente probablemente no podría expresar el horror padecido. En el caso específico de la pregunta, dada la admirable entereza de la mujer que aceptó hacer público su testimonio, no tengo dudas que pudo haberlo hecho muchos años antes, sólo que nadie estuvo dispuesto a escucharla.
- Claro, para relatar sufrimientos es necesario encontrar en el otro la voluntad de escuchar, dicen los historiadores especializados en temáticas de la memoria. Asimismo la memoria es un relato comunicable, con un mínimo de coherencia como dice Jelin; sin embargo, los testimonios de los sobrevivientes de los CCD son relatos de lo que no tiene nombre, de lo que cae por fuera del registro de lo narrable, que intenta explicar lo irracional ¿Cuáles son sus experiencias al respecto, con los sobrevivientes, en las investigaciones que ha llevado a cabo?
- Los sobrevivientes han pasado por distintas etapas, por vivencias y sufrimientos difíciles de generalizar. Desde el exilio muchos han testimoniado el horror de los centro clandestinos. Esa posibilidad de expresarse, además de hacer posible el camino de verdad, juicio y castigo, también les permitió rehacer medianamente sus vidas. En el otro extremo, quienes siguieron viviendo en las mismas ciudades o pueblos donde fueron secuestrados y torturados han tenido que soportar desde el “algo habrán hecho” hasta la convivencia con los sicarios. Bahía es un ejemplo casi insuperable, no sólo por su diario naval sino también por su iglesia, que primero persiguió a sus sacerdotes díscolos hasta obligarlos a dejar la ciudad, después se desentendió de decenas de pibes surgidos de grupos católicos, que hoy integran listados de desaparecidos, y por último les cerró las puertas a padres y hermanos. Es difícil imaginar un contexto más hostil para los sobrevivientes y sus familiares.
- ¿Cómo ve la política de Derechos Humanos qué está llevando adelante el Gobierno Nacional? ¿Se llegará a un enjuiciamiento de los responsables civiles y militares?
- El gobierno de Kirchner desterró para siempre la teoría de los dos demonios, aceptó la demanda de los organismos de derechos humanos de recuperar para la sociedad emblemas del terrorismo de Estado como la ESMA o La Perla, e impulsó la nulidad de las leyes de impunidad que hicieron posible la reapertura de las investigaciones judiciales contra los genocidas. Sin embargo, ha demostrado mucha más voluntad que capacidad para impulsar los juicios. Claro que la lentitud, cuando no la paralización de una causa, es un tema que excede a un gobierno. El caso de Bahía Blanca es un ejemplo claro. Con los delitos que la Cámara Federal probó en 1986 y los procesamientos que alcanzó a dictar, el juez federal Alvarez Canale ya podría haber detenido, indagado y procesado a decenas de represores. Cuando desde la justicia hay una voluntad explícita de no investigar y, como ocurre en Bahía, el poder político y los sectores dominantes prefieren esconder el pasado debajo de la alfombra, no se le pueden pedir milagros al gobierno nacional.
- Sin embargo, el pasado que se rememora (o se olvida) es activado en un presente en función de un futuro, y las coyunturas sociales y políticas de activación de la memoria son fundamentales. Siguiendo su análisis podemos decir que la maduración de la sociedad hará entonces que estas políticas trasciendan el gobierno de turno, pero aun falta el “cambio generacional” de la justicia, por decirlo de alguna manera.
- Las políticas de memoria, verdad y justicia surgieron de los organismos de derechos humanos durante la dictadura, es decir que precedieron en un cuarto de siglo al gobierno de turno y seguramente también lo trascenderán. Los reclamos que hace treinta años hacían las Madres de Plaza de Mayo hoy están extendidos a toda la sociedad, no sólo gracias a los hijos de desaparecidos que tomaron la posta sino a miles de jóvenes cuyos padres no tuvieron ningún tipo de militancia social ni política. Es un efecto que los genocidas tampoco previeron. Sobre el cambio generacional en la justicia, pienso que se está dando natural y gradualmente. El problema es que las urgencias de la sociedad suelen no soportar los tiempos de las estructuras burocráticas.
- En la construcción de la historia hay tanto disputas como negociaciones del sentido del pasado. Del mismo modo, la historia se construye a través de cambios y continuidades. La “coherencia” de Massot marcaría en cierta medida las continuidad, pero hay otras en especial de las que me gustaría conocer su reflexión. Los discursos de la junta militar, al intentar justificar y legitimar la toma del poder hablaban de “unidad nacional”, “bien común”, “memoria”, etc., haciendo referencia a la situación previa al golpe. Los ejes principales de los discursos de entonces giraban en torno a que las FFAA fueron “obligadas” a tomar el poder, su objetivo central fue la “lucha contra la subversión”, asumieron “interpretando” las aspiraciones de todos los argentinos y otras falacias. En los últimos tiempos, y con más ímpetu desde la declaración de nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, ciertos sectores vinculados, en coherente continuidad, con las FFAA (por parentelas, amistades, sentires y pensares), sumado a sectores ultraconservadores de la iglesia parecen haber despertado y esgrimen los mismos argumentos. Ejemplo de ellos son Cecila Pando y actos como los del año 2006 en Plaza San Martín de Buenos Aires. Cree Ud. que sean grupos aislados, nostálgicos de un poder que ya no tienen o bien poseen un peso específico propio.
- Son grupos aislados, de represores desesperados al ver que la impunidad se les acaba. Tan aislados están que hasta sus familiares los abandonan: el año pasado la hija del comisario Valentín Pretti se presentó ante la justicia para decir “soy la hija de un torturador, quiero cambiarme el apellido, no acepto ser la heredera de todo ese horror”. Otros hijos de militares y policías paradójicamente se acercan a organismos de derechos humanos para saber quiénes fueron sus padres. Esto también es consecuencia de la impunidad. Los famosos “verdes” que custodiaban a los cautivos en la ESMA, que usaban apodos de animales para ocultar su identidad y a cuyas familias la Armada también engañaba, mintiéndole sobre los verdaderos destinos, eran suboficiales de 18 años. Obligados a actuar como servidumbre de los superiores, algunos se integraron al aparato terrorista; otros sufrieron e incluso tuvieron actitudes muy dignas en medio de ese infierno. Pero al no existir una justicia que investigue, castigue al culpable y absuelva al inocente, la sospecha se generaliza. La consecuencia es que, cuando uno se enfrenta a un militar o marino que haya tenido más de 18 años en 1976, no puede dejar de preguntarse si no está frente a un torturador.
Detrás de las noticias / recuadro
- En cuanto a la prensa hubo diarios directamente intervenidos y otros que actuaron en complicidad. El editorial de la publicación de TELAM por el 30 aniversario del golpe es ilustrativo de la reparación histórica. Esto a nivel local…
- Es inevitable recaer en el problema de los medios de comunicación. La investigación del terrorismo de Estado local que realizó la Cámara Federal de Bahía Blanca hasta la sanción de las leyes de impunidad de Alfonsín fue ejemplar. Contra reloj probó decenas de secuestros, demostró que los supuestos tiroteos fueron fusilamientos de personas destruidas en una mesa de tortura, y alcanzó a procesar a los militares de mayor jerarquía. ¿Cuántas de estas historias probadas por la justicia publicó la prensa local? Ninguna. ¿Qué publicaba mientras tanto? Informes oficiales de la Armada para desacreditar a los testigos.
- Desde las páginas de un diario de Bahía Blanca se ataca constantemente la política de DDHH, que antes hablábamos, con el mismo lenguaje que se defendía el Terrorismo de Estado implantado en 1976 ¿Qué puede decir del secretario ejecutivo de ese diario, Vicente Gonzalo María Massot?
- Pienso que es un hombre coherente. Los Massot pidieron a gritos la intervención militar, celebraron el golpe de Estado, pusieron todos sus medios al servicio de los genocidas (que como agradecimiento asesinaron también a los dos principales delegados gremiales de su empresa), justificaron el exterminio desde sus editoriales y hasta hoy lo siguen reivindicando. Una coherencia inobjetable.
- Los medios locales se han hecho relativamente poco eco de los asesinatos de Heinrich y Loyola a los se refiere.
- Los medios locales están cambiando. Hace un año le propuse a los compañeros del semanario Ecodías publicar esa historia y no dudaron un segundo. Ahora mismo lo estamos hablando para una flamante publicación. De Bahía surgen periodistas con ganas de trabajar en serio, que al no encontrar la forma de subsistir lamentablemente se terminan alejando de la ciudad. Es imprescindible que la sociedad, sus empresas, respalden a los medios chicos, que a diferencia de los históricos nacen sin prontuario a cuestas.
- Un viejo estadista europeo decía que le temía más cien periodistas que a un batallón de soldados. En este caso parece que los periodistas trabajan para el batallón. Así como continúan sus directivos, continúan muchos periodistas y su línea editorial, podríamos decir que no le fue necesario reciclarse. Pero la pregunta es: esa línea reaccionaria responde sólo a la nostalgia represiva de algunos periodistas o existe un sector social que se ve reflejado en el diario? Es decir ¿qué hay detrás de las noticias? ¿Tienen trascendencia nacional sus editoriales y articulistas?
- Para responder con propiedad sobre los sectores que se ven reflejados detrás de ese diario es imprescindible un estudio sociológico o antropológico serio, que lamentablemente no existe. A la distancia, pienso que ese sector social está no sólo disperso sino también en vías de extinción. Sobre la trascendencia de los editoriales a nivel nacional, temo que es nula: no conozco lectores de ese diario y sólo he visto sus artículos en sitios web nostálgicos del terrorismo de Estado.
Punta Alta, año 1, número 1.
Diálogo con Diego Martínez, periodista colaborador de Página/12 y Ecodías (Bahía Blanca), y miembro del programa Memoria y Lucha contra la Impunidad del Terrorismo de Estado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que impulsa desde 1978 el juicio y castigo a los responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
Por Bruno Leonardo Fernández
- Las investigaciones del CELS y, en su momento, la CONADEP han identificado la existencia de centros clandestinos de detención en dependencias de Puerto Belgrano ¿Se ha podido precisar cuántos y cuáles fueron estos lugares; desde cuándo y hasta cuándo funcionaron; cuántas personas fueron alojadas allí, la procedencia de las mismas y su destino final?
- En Punta Alta hubo al menos dos centros clandestinos. Uno en Baterías, probablemente en el ex Batallón de Infantería de Artillería Antiaérea (BIAA), contra la costa, más conocido como séptima batería. Era un edificio viejo y húmedo que se inundaba cuando llovía. Los secuestrados pasaban día y noche en colchonetas inmundas, sobre piso de portland, vendados y encapuchados. Desde allí escuchaban a gente distendida en una playa. El otro funcionó en un barco desmantelado, copado por ratas, amarrado a un muelle, aparentemente frente a la plaza del comando anfibios en Baterías, aunque otras fuentes creen que estaba en Puerto Belgrano. Como la justicia nunca investigó estos centros de tortura es difícil hacer afirmaciones precisas. Hay evidencias de cautiverios allí al menos desde 1975 y hasta 1978. La mayor parte de los secuestros fueron en Bahía Blanca. También hay casos de conscriptos a quienes se les perdió el rastro en Punta Alta y luego la Armada los declaró desertores, y de personas trasladadas desde los centros clandestinos que funcionaron en la base naval de Mar del Plata y la ESMA. La mayoría están desaparecidos.
- Si bien este no fue el único lugar donde hubo Centros Clandestinos de Detención (CCD) controlados por la Marina, es de los que menos información se tiene. ¿Por qué cree Ud. que esto es así?
- Por varias razones. La cantidad de secuestrados es baja en comparación con la ESMA o Mar del Plata, y la cantidad de sobrevivientes es mínima. La represión en esa región le correspondía en principio al Ejército. Por otra parte, hubo y hay un control absoluto sobre la población civil de Punta Alta, impensable en otros pagos. Pero sin duda la razón fundamental debe buscarse en la colaboración de los grandes medios de comunicación. Mientras la Armada secuestraba, torturaba y desaparecía a miles de personas, la directora de La Nueva Provincia Diana Julio de Massot recibía en su despacho al comandante de operaciones navales, vicealmirante Luis María Mendía (hoy preso por sus crímenes en la ESMA); su hijo Vicente visitaba al director de la ESMA almirante Rubén Chamorro, que vivía en la planta baja del mismo casino de oficiales en cuyo subsuelo se torturaba; y el secretario de redacción Mario Gabrielli paseaba por Europa en la fragata Libertad, desde cuyos puertos enviaba frases memorables como “yo quisiera que mi país fuera como la Marina”... Algunas máquinas de escribir han torturado con más saña que varias picanas.
- En el 2003 allanan un galpón en Florida al 200 de Ciudad Atlántida en Punta Alta. Este lugar según informaciones periodísticas habría pertenecido al represor Tigre Acosta y estaría a nombre de su mujer. En este galpón se encontraron desde un auto hasta objetos personales que serían “botines de guerra” ¿Qué se sabe al respecto? ¿La práctica de los “botines de guerra” fue especialmente utilizada por la marina? ¿Se sospecha de la existencia de otros lugares similares?
- El saqueo de las viviendas después de secuestrar a sus ocupantes no fue privativo de la Armada sino práctica común de todas las fuerzas armadas y policiales durante la dictadura. En Bahía Blanca hay decenas de testimonios de casas desmanteladas por el Ejército. Sobre el allanamiento al galpón de Acosta en Punta Alta se sabe que los servicios de inteligencia naval lo limpiaron la madrugada anterior. Sólo dejaron, entre otros papeles inservibles, una foto del ex dictador Videla dedicada al jefe del grupo de tareas de la ESMA, a quien considera “un apóstol incondicional de mis ideas”, y una postal enviada por el genocida Massera desde Londres. Ignoro si existen lugares similares, aunque no hay razones para descartarlo.
- Pero más allá de todo, esto quiere decir que aun hoy, en plena democracia, dentro de la Marina existen al menos ciertos sectores que continúan borrando pruebas, fraguando información... O por lo menos se puede hipotetizar una antigua oficialidad con la suficiente capacidad operativa para seguir influyendo. Es por lo menos preocupantes, ¿no cree Ud.?
- Pienso que es un hecho aislado ocurrido en una ciudad muy particular. No debe sobredimensionarse. La influencia de esa vieja oficialidad es sólo sobre sectores marginales, cuya capacidad operativa se limita a sus círculos íntimos. Las nuevas promociones de militares y marinos han dado reiteradas muestras de subordinación absoluta al poder civil y de rechazo al lastre que pretenden cargarles quienes sirvieron al Estado terrorista. Hoy existe un Estado que los educa para ser ciudadanos antes que militares, hombres y mujeres integrados en una sociedad y no parias adoctrinados por capellanes católicos apostólicos romanos en cuarteles sin contacto con el mundo exterior.
- A partir del testimonio de los sobrevivientes ¿Cuál era la metodología utilizada en la captura ilegal de los/as detenidos/as; las practicas en estos “laboratorios del horror”?
- Las prácticas del terrorismo de Estado fueron comunes en todo el país. Buchones e infiltrados en todas las organizaciones sociales y políticas para obtener información. Una vez seleccionados los “blancos humanos”, como los denominó un militar durante el Juicio a las Juntas, los grupos de tareas, sin uniforme y en autos particulares, procedían al secuestro, por lo general de madrugada. Ya en el campo de concentración, aplicación de torturas sistemáticas, a priori para obtener información sobre “nuevos blancos”, a posteriori por sadismo puro. Y finalmente la “eliminación”, es decir el asesinato de hombres y mujeres indefensos, y la desaparición de los cuerpos para borrar cualquier rastro. Una particularidad de la zona es la gran cantidad de secuestrados asesinados en enfrentamientos fraguados, método por el cual la proporción de desaparecidos es menor al promedio del país.
- Ud. publicó una nota en Página/12 con una sobreviviente de Puerto Belgrano, si mal no recuerdo esta persona hablaba públicamente por primera vez acerca de su detención ¿Por qué cree que se animó a hablar? ¿La política de Derechos Humanos llevada adelante por el gobierno habrá influido? ¿Su testimonio alentará a otros?
- Más que las políticas del gobierno supongo que influyen la maduración de la sociedad, la disminución del terror internalizado durante años, la necesidad de las nuevas generaciones de conocer la historia real, no-oficial. Sin esa evolución social más de un sobreviviente probablemente no podría expresar el horror padecido. En el caso específico de la pregunta, dada la admirable entereza de la mujer que aceptó hacer público su testimonio, no tengo dudas que pudo haberlo hecho muchos años antes, sólo que nadie estuvo dispuesto a escucharla.
- Claro, para relatar sufrimientos es necesario encontrar en el otro la voluntad de escuchar, dicen los historiadores especializados en temáticas de la memoria. Asimismo la memoria es un relato comunicable, con un mínimo de coherencia como dice Jelin; sin embargo, los testimonios de los sobrevivientes de los CCD son relatos de lo que no tiene nombre, de lo que cae por fuera del registro de lo narrable, que intenta explicar lo irracional ¿Cuáles son sus experiencias al respecto, con los sobrevivientes, en las investigaciones que ha llevado a cabo?
- Los sobrevivientes han pasado por distintas etapas, por vivencias y sufrimientos difíciles de generalizar. Desde el exilio muchos han testimoniado el horror de los centro clandestinos. Esa posibilidad de expresarse, además de hacer posible el camino de verdad, juicio y castigo, también les permitió rehacer medianamente sus vidas. En el otro extremo, quienes siguieron viviendo en las mismas ciudades o pueblos donde fueron secuestrados y torturados han tenido que soportar desde el “algo habrán hecho” hasta la convivencia con los sicarios. Bahía es un ejemplo casi insuperable, no sólo por su diario naval sino también por su iglesia, que primero persiguió a sus sacerdotes díscolos hasta obligarlos a dejar la ciudad, después se desentendió de decenas de pibes surgidos de grupos católicos, que hoy integran listados de desaparecidos, y por último les cerró las puertas a padres y hermanos. Es difícil imaginar un contexto más hostil para los sobrevivientes y sus familiares.
- ¿Cómo ve la política de Derechos Humanos qué está llevando adelante el Gobierno Nacional? ¿Se llegará a un enjuiciamiento de los responsables civiles y militares?
- El gobierno de Kirchner desterró para siempre la teoría de los dos demonios, aceptó la demanda de los organismos de derechos humanos de recuperar para la sociedad emblemas del terrorismo de Estado como la ESMA o La Perla, e impulsó la nulidad de las leyes de impunidad que hicieron posible la reapertura de las investigaciones judiciales contra los genocidas. Sin embargo, ha demostrado mucha más voluntad que capacidad para impulsar los juicios. Claro que la lentitud, cuando no la paralización de una causa, es un tema que excede a un gobierno. El caso de Bahía Blanca es un ejemplo claro. Con los delitos que la Cámara Federal probó en 1986 y los procesamientos que alcanzó a dictar, el juez federal Alvarez Canale ya podría haber detenido, indagado y procesado a decenas de represores. Cuando desde la justicia hay una voluntad explícita de no investigar y, como ocurre en Bahía, el poder político y los sectores dominantes prefieren esconder el pasado debajo de la alfombra, no se le pueden pedir milagros al gobierno nacional.
- Sin embargo, el pasado que se rememora (o se olvida) es activado en un presente en función de un futuro, y las coyunturas sociales y políticas de activación de la memoria son fundamentales. Siguiendo su análisis podemos decir que la maduración de la sociedad hará entonces que estas políticas trasciendan el gobierno de turno, pero aun falta el “cambio generacional” de la justicia, por decirlo de alguna manera.
- Las políticas de memoria, verdad y justicia surgieron de los organismos de derechos humanos durante la dictadura, es decir que precedieron en un cuarto de siglo al gobierno de turno y seguramente también lo trascenderán. Los reclamos que hace treinta años hacían las Madres de Plaza de Mayo hoy están extendidos a toda la sociedad, no sólo gracias a los hijos de desaparecidos que tomaron la posta sino a miles de jóvenes cuyos padres no tuvieron ningún tipo de militancia social ni política. Es un efecto que los genocidas tampoco previeron. Sobre el cambio generacional en la justicia, pienso que se está dando natural y gradualmente. El problema es que las urgencias de la sociedad suelen no soportar los tiempos de las estructuras burocráticas.
- En la construcción de la historia hay tanto disputas como negociaciones del sentido del pasado. Del mismo modo, la historia se construye a través de cambios y continuidades. La “coherencia” de Massot marcaría en cierta medida las continuidad, pero hay otras en especial de las que me gustaría conocer su reflexión. Los discursos de la junta militar, al intentar justificar y legitimar la toma del poder hablaban de “unidad nacional”, “bien común”, “memoria”, etc., haciendo referencia a la situación previa al golpe. Los ejes principales de los discursos de entonces giraban en torno a que las FFAA fueron “obligadas” a tomar el poder, su objetivo central fue la “lucha contra la subversión”, asumieron “interpretando” las aspiraciones de todos los argentinos y otras falacias. En los últimos tiempos, y con más ímpetu desde la declaración de nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, ciertos sectores vinculados, en coherente continuidad, con las FFAA (por parentelas, amistades, sentires y pensares), sumado a sectores ultraconservadores de la iglesia parecen haber despertado y esgrimen los mismos argumentos. Ejemplo de ellos son Cecila Pando y actos como los del año 2006 en Plaza San Martín de Buenos Aires. Cree Ud. que sean grupos aislados, nostálgicos de un poder que ya no tienen o bien poseen un peso específico propio.
- Son grupos aislados, de represores desesperados al ver que la impunidad se les acaba. Tan aislados están que hasta sus familiares los abandonan: el año pasado la hija del comisario Valentín Pretti se presentó ante la justicia para decir “soy la hija de un torturador, quiero cambiarme el apellido, no acepto ser la heredera de todo ese horror”. Otros hijos de militares y policías paradójicamente se acercan a organismos de derechos humanos para saber quiénes fueron sus padres. Esto también es consecuencia de la impunidad. Los famosos “verdes” que custodiaban a los cautivos en la ESMA, que usaban apodos de animales para ocultar su identidad y a cuyas familias la Armada también engañaba, mintiéndole sobre los verdaderos destinos, eran suboficiales de 18 años. Obligados a actuar como servidumbre de los superiores, algunos se integraron al aparato terrorista; otros sufrieron e incluso tuvieron actitudes muy dignas en medio de ese infierno. Pero al no existir una justicia que investigue, castigue al culpable y absuelva al inocente, la sospecha se generaliza. La consecuencia es que, cuando uno se enfrenta a un militar o marino que haya tenido más de 18 años en 1976, no puede dejar de preguntarse si no está frente a un torturador.
Detrás de las noticias / recuadro
- En cuanto a la prensa hubo diarios directamente intervenidos y otros que actuaron en complicidad. El editorial de la publicación de TELAM por el 30 aniversario del golpe es ilustrativo de la reparación histórica. Esto a nivel local…
- Es inevitable recaer en el problema de los medios de comunicación. La investigación del terrorismo de Estado local que realizó la Cámara Federal de Bahía Blanca hasta la sanción de las leyes de impunidad de Alfonsín fue ejemplar. Contra reloj probó decenas de secuestros, demostró que los supuestos tiroteos fueron fusilamientos de personas destruidas en una mesa de tortura, y alcanzó a procesar a los militares de mayor jerarquía. ¿Cuántas de estas historias probadas por la justicia publicó la prensa local? Ninguna. ¿Qué publicaba mientras tanto? Informes oficiales de la Armada para desacreditar a los testigos.
- Desde las páginas de un diario de Bahía Blanca se ataca constantemente la política de DDHH, que antes hablábamos, con el mismo lenguaje que se defendía el Terrorismo de Estado implantado en 1976 ¿Qué puede decir del secretario ejecutivo de ese diario, Vicente Gonzalo María Massot?
- Pienso que es un hombre coherente. Los Massot pidieron a gritos la intervención militar, celebraron el golpe de Estado, pusieron todos sus medios al servicio de los genocidas (que como agradecimiento asesinaron también a los dos principales delegados gremiales de su empresa), justificaron el exterminio desde sus editoriales y hasta hoy lo siguen reivindicando. Una coherencia inobjetable.
- Los medios locales se han hecho relativamente poco eco de los asesinatos de Heinrich y Loyola a los se refiere.
- Los medios locales están cambiando. Hace un año le propuse a los compañeros del semanario Ecodías publicar esa historia y no dudaron un segundo. Ahora mismo lo estamos hablando para una flamante publicación. De Bahía surgen periodistas con ganas de trabajar en serio, que al no encontrar la forma de subsistir lamentablemente se terminan alejando de la ciudad. Es imprescindible que la sociedad, sus empresas, respalden a los medios chicos, que a diferencia de los históricos nacen sin prontuario a cuestas.
- Un viejo estadista europeo decía que le temía más cien periodistas que a un batallón de soldados. En este caso parece que los periodistas trabajan para el batallón. Así como continúan sus directivos, continúan muchos periodistas y su línea editorial, podríamos decir que no le fue necesario reciclarse. Pero la pregunta es: esa línea reaccionaria responde sólo a la nostalgia represiva de algunos periodistas o existe un sector social que se ve reflejado en el diario? Es decir ¿qué hay detrás de las noticias? ¿Tienen trascendencia nacional sus editoriales y articulistas?
- Para responder con propiedad sobre los sectores que se ven reflejados detrás de ese diario es imprescindible un estudio sociológico o antropológico serio, que lamentablemente no existe. A la distancia, pienso que ese sector social está no sólo disperso sino también en vías de extinción. Sobre la trascendencia de los editoriales a nivel nacional, temo que es nula: no conozco lectores de ese diario y sólo he visto sus artículos en sitios web nostálgicos del terrorismo de Estado.
Prohibido pasar al olvido
Revista Dazebao
Punta Alta, año 1, número 1.
Fatalmente condenada por la geografía, Punta Alta nació con un vecino incómodo. El puerto militar fue tanto motor de expansión de la ciudad, como lastre que le imprimió particulares características idiosincrásicas. Por primera vez un medio periodístico realiza una investigación a nivel local de las páginas más negras de la historia Argentina. Esta es la primera de una serie de notas que DAZEBAO presenta sobre el terrorismo de Estado en Punta Alta.
Por Emiliano Marconetto
La historia local parece haber sido pisoteada por un canguro que selectivamente, con sus saltos, le destruyó todo costado dramático y controversial, convirtiéndola en una suerte de novela naïf. Habitualmente se recuerdan las proezas del hazañoso ingeniero y las luchas contra viento y marea de los promotores de la autonomía. Sin olvidarse, claro está, de las magníficas pisadas de dinosaurios. Pero sólo las de los que habitaron Pehuén-Co. Las huellas de esos otros dinosaurios, los que pasaron por Puerto Belgrano y Baterías en los medievales años setentas, parecen haber sido otra víctima más del canguro amigo del olvido y la violencia a la que todo un país fue sumergido aparenta, a primera vista, haber dejado a la ciudad en una suerte de isla a la que las aguas contaminadas con sangre sólo rozaron sus costas.
Los medios con medias en sus rostros
Como ocurrió en casi todo el país, uno de los principales responsables en transmitir esas impresiones fueron los medios de comunicación. Cualquiera que se sumerja en el archivo histórico de Punta Alta, en el relevo de las páginas de los periódicos locales de la época, observará que la banalidad se codeaba con la moral. Allí, abundan las lecciones del tipo “cómo hacer que sus brownies sean más esponjosos”, y las aspiraciones alla “Ser Padres Hoy” aconsejando, por ejemplo, como educar a sus hijos para que logren convertirse en “hombres de bien”, según los valores “occidentales y cristianos”.
Pero para entender mejor la peculiar situación del lugar, es necesario hacer aquí un parate. Esta apreciación de “hombres de bien”, que esconde toda una definición ideológica y política, no es privativa de la ciudad. Sin embargo, aquí se cristaliza de una forma especial. En Punta Alta (y aquí sería necesario recurrir a un intenso estudio sociológico e histórico que arribe a alguna explicación acerca del porqué) el deseo de la época más anhelado y compartido por los progenitores era que su hijo decida convertirse en Oficial de Marina. Si la descendiente resultaba una nena, hasta el 2002 estuvo vedado el acceso a las mujeres a esta profesión, que se case con un Oficial era tocar el cielo con las manos. Toda una misión cumplida. Quizás sea por esta idea de ciudadano que los “chupados”, los sacerdotes bombardeados, las intimidaciones al que osaba decir una palabra demás, los buques-cárceles y los vejámenes y tormentos a los que varios puntaltenses fueron sometidos por pensar en una realidad social diferente, quedaron relegados al chusmerío de almacén, al comentario de entrecasa. El “¿será verdad?”, el “¡pero yo a ese Oficial lo conozco, no sería capaz de hacer nada de eso!” y el fatídico y registrado “Si es así, algo habrán hecho”, encontraban campo fértil en una ciudad abonada por el silencio, donde elevar la voz más de lo debido era una locura.
Huele a espíritu adolescente
Las voces, sin embargo, se elevaban. En Punta Alta, la ciudad en la que no-pasa-nada, al igual que en otros puntos del país, se empezaban a respirar leves aromas de cambio. La pasividad sumisa empezaba a dejarse de lado para que un comprometido activismo político tomara lugar. Estos aires eran más fuertes en el sector juvenil, donde el que no comulgaba con alguna idea política era considerado un marcianito. El “eras parte del problema o eras parte de la solución” estaba en pleno auge.
La Iglesia, a través de grupos juveniles como Acción Católica, oficiaba como ente aglutinante de los diversos sectores del peronismo. Al hablar con militantes de la época no hay ninguno que no deje de mencionar a Miguel Sarmiento y a Hugo Segovia, figuras centrales del Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo. Ambos intentaban, desde la religión, acercar a los jóvenes a una realidad social que era considerada por muchos un tabú. Esta “herejía” fue suficiente motivo para el ofuscamiento de los defensores del carácter aristocratizante de la Iglesia: luego de amenazas Sarmiento se vio obligado a dejar los hábitos. Para Segovia las intimidaciones se convirtieron en atentado, cuando una bomba explotó en la puerta de su casa. Se salvó, pero para seguir predicando entre los vivos, tuvo que exiliarse.
Mi pasado me condena
Hasta 1997 lo sucedido rejas adentro estaba cubierto por un manto de misterio. Recién en ese año, algunas de las acciones más nefastas de la Armada quedaban al descubierto. Un arrepentido por interés, Adolfo Scilingo, exponía ante la Audiencia Nacional de España que durante su desempeño como Teniente de Fragata en Puerto Belgrano, en 1976, hubo actividades de carácter clandestino y “antisubversivo”. Una de las declaraciones más gráficas se refiere a una maquiavélica reunión en la que el recientemente fallecido contralmirante Luís María Mendía se encargó de explicar ante unos 900 marinos congregados en el salón de actos Bernardino Rivadavia de Puerto Belgrano que, “para resguardar la ideología occidental y cristiana, la Armada actuaría de civil, realizaría interrogatorios intensos, que incluían la práctica de tortura y el sistema de eliminación física a través de aviones que, en vuelo, arrojarían los cuerpos vivos y narcotizados al vacío, proporcionándoles de esta forma una muerte cristiana”.
A esos marinos y a todos los que participaron de la represión ilegal lanzando personas indefensas al mar como “desperdicios cristianos”, años después Mendía les diría: “mis subordinados actuaron con abnegación, valor, valentía y heroísmo. Muchos de ellos hoy están detenidos de manera absolutamente injusta e ilegal”.
Novecientas personas. En una ciudad en la que por entonces tenia aproximadamente 50.000 habitantes que en su mayoría dependía directa o indirectamente de la armada que un alto porcentaje haya presenciado semejante demostración de desprecio hacia la vida humana, hace preguntarnos cuánto se sabía y cuánto se callaba.
¿Cuánto se sabía y cuánto se callaba respecto a que la Base Naval Puerto Belgrano con su “9 de julio” y la Base Naval de Infantería de Marina con su “séptima batería” servían de Centros Clandestinos de Detención?
Prohibido pasar
El “9 de Julio” era un buque mellizo del famoso Crucero General Belgrano que para 1976 se encontraba fondeado, listo para desguasar. Adquirido a la Marina estadounidense en 1951, esta insignia naval ya poseía un historial represivo al ser el responsable de bombardear con sus cañones el puerto de Mar del Plata durante la autodenominada Revolución Libertadora de 1955. Anclado en condiciones precarias en la dársena del puerto, meses antes de la instauración del gobierno de facto, se lo “acondicionó” para que cumpla con la función de cárcel, sellándole las claraboyas de los camarotes a fin de lograr el mayor grado de aislamiento. Esta tarea, al ser realizada por civiles de la Armada, hizo factible que en ciertos círculos trascienda el secreto a voces acerca de su pronta instauración.
Si bien se desconoce la cantidad de hombres y mujeres que fueron secuestrados y depositados en este trasto de metal oxidado, los testimonios recogidos permiten trazar un perfil de los allí detenidos: en su mayoría se trataba de dirigentes de las distintas facciones del peronismo local y bahiense y de miembros de las distintas organizaciones sindicales que fueron depuestos de sus cargos, en su mayoría el mismo 24 de marzo de 1976.
Se presume que las torturas físicas no eran realizadas en este buque. Los violentos interrogatorios con picana, golpes y submarino seco de por medio, se cometían en la jefatura de Policía de Establecimientos Navales, ese edificio de estilo colonial, color rosa pastel, ubicado frente al puesto de acceso Nº 1.
La “séptima batería” [ver nota pág. 6] es uno de los centros clandestino de los que menos datos se tienen. Solo dos sobrevivientes pudieron dejar testimonio acerca de su funcionamiento y el carácter violentísimo es registrado en ambos. Ubicado en cercanías al popular balneario de Punta Ancla, los simulacros de fusilamiento y el dejar parados a los secuestrados al sol hasta desvanecerse, eran moneda corriente. Claro está, sin olvidarse de la infaltable y ya clásica picana sobre elástico de flejes.
Es de destacar y lamentar que debido a la falta de documentación, ninguno de estos dos centros clandestinos de detención figuraron en el informe de la CONADEP “Nunca Más”.
Con el advenimiento de la “desmemocracia”, los detenidos ilegalmente por la Marina en Puerto Belgrano y en Baterías, no fueron la excepción al no encontrar amparo del horror vivido en la Justicia. En 1985, la sentencia del juicio a las Juntas Militares, en la que los jefes de las tres fuerzas recibieron su pasajera condena, indicaba en su último punto que se debían mandar todos los expedientes a cada jurisdicción para juzgar al resto de los cuadros que le continuaban en jerarquía. Pero, como una piñata llena de aire, la expectativa concluyó en desilusión. A los pocos meses de tomada esta medida, se dictaminó la Ley de Punto Final, estableciendo que si en 60 días no se citaba a todos los implicados la acción caducaba. Tras una avalancha de presentaciones, la Ley de Obediencia Debida aparecida en junio de 1987 amputó todo intento de resarcimiento a las victimas y de explicación a una sociedad puntaltense con un bache en su pasado reciente.
Debido a la presión de los organismos de Derechos Humanos y a las políticas pro-memoria impulsadas por el Gobierno Nacional, las causas por los delitos de lesa humanidad cometidos en Puerto Belgrano y Baterías durante la última dictadura militar, están por “debutar” en Tribunales en los próximos días [ver pág. 9]. Treinta y un años después, la justicia correrá oficialmente el velo de misterio que guardó los oscuros secretos de la base militar más grande del país.
Punta Alta, año 1, número 1.
Fatalmente condenada por la geografía, Punta Alta nació con un vecino incómodo. El puerto militar fue tanto motor de expansión de la ciudad, como lastre que le imprimió particulares características idiosincrásicas. Por primera vez un medio periodístico realiza una investigación a nivel local de las páginas más negras de la historia Argentina. Esta es la primera de una serie de notas que DAZEBAO presenta sobre el terrorismo de Estado en Punta Alta.
Por Emiliano Marconetto
La historia local parece haber sido pisoteada por un canguro que selectivamente, con sus saltos, le destruyó todo costado dramático y controversial, convirtiéndola en una suerte de novela naïf. Habitualmente se recuerdan las proezas del hazañoso ingeniero y las luchas contra viento y marea de los promotores de la autonomía. Sin olvidarse, claro está, de las magníficas pisadas de dinosaurios. Pero sólo las de los que habitaron Pehuén-Co. Las huellas de esos otros dinosaurios, los que pasaron por Puerto Belgrano y Baterías en los medievales años setentas, parecen haber sido otra víctima más del canguro amigo del olvido y la violencia a la que todo un país fue sumergido aparenta, a primera vista, haber dejado a la ciudad en una suerte de isla a la que las aguas contaminadas con sangre sólo rozaron sus costas.
Los medios con medias en sus rostros
Como ocurrió en casi todo el país, uno de los principales responsables en transmitir esas impresiones fueron los medios de comunicación. Cualquiera que se sumerja en el archivo histórico de Punta Alta, en el relevo de las páginas de los periódicos locales de la época, observará que la banalidad se codeaba con la moral. Allí, abundan las lecciones del tipo “cómo hacer que sus brownies sean más esponjosos”, y las aspiraciones alla “Ser Padres Hoy” aconsejando, por ejemplo, como educar a sus hijos para que logren convertirse en “hombres de bien”, según los valores “occidentales y cristianos”.
Pero para entender mejor la peculiar situación del lugar, es necesario hacer aquí un parate. Esta apreciación de “hombres de bien”, que esconde toda una definición ideológica y política, no es privativa de la ciudad. Sin embargo, aquí se cristaliza de una forma especial. En Punta Alta (y aquí sería necesario recurrir a un intenso estudio sociológico e histórico que arribe a alguna explicación acerca del porqué) el deseo de la época más anhelado y compartido por los progenitores era que su hijo decida convertirse en Oficial de Marina. Si la descendiente resultaba una nena, hasta el 2002 estuvo vedado el acceso a las mujeres a esta profesión, que se case con un Oficial era tocar el cielo con las manos. Toda una misión cumplida. Quizás sea por esta idea de ciudadano que los “chupados”, los sacerdotes bombardeados, las intimidaciones al que osaba decir una palabra demás, los buques-cárceles y los vejámenes y tormentos a los que varios puntaltenses fueron sometidos por pensar en una realidad social diferente, quedaron relegados al chusmerío de almacén, al comentario de entrecasa. El “¿será verdad?”, el “¡pero yo a ese Oficial lo conozco, no sería capaz de hacer nada de eso!” y el fatídico y registrado “Si es así, algo habrán hecho”, encontraban campo fértil en una ciudad abonada por el silencio, donde elevar la voz más de lo debido era una locura.
Huele a espíritu adolescente
Las voces, sin embargo, se elevaban. En Punta Alta, la ciudad en la que no-pasa-nada, al igual que en otros puntos del país, se empezaban a respirar leves aromas de cambio. La pasividad sumisa empezaba a dejarse de lado para que un comprometido activismo político tomara lugar. Estos aires eran más fuertes en el sector juvenil, donde el que no comulgaba con alguna idea política era considerado un marcianito. El “eras parte del problema o eras parte de la solución” estaba en pleno auge.
La Iglesia, a través de grupos juveniles como Acción Católica, oficiaba como ente aglutinante de los diversos sectores del peronismo. Al hablar con militantes de la época no hay ninguno que no deje de mencionar a Miguel Sarmiento y a Hugo Segovia, figuras centrales del Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo. Ambos intentaban, desde la religión, acercar a los jóvenes a una realidad social que era considerada por muchos un tabú. Esta “herejía” fue suficiente motivo para el ofuscamiento de los defensores del carácter aristocratizante de la Iglesia: luego de amenazas Sarmiento se vio obligado a dejar los hábitos. Para Segovia las intimidaciones se convirtieron en atentado, cuando una bomba explotó en la puerta de su casa. Se salvó, pero para seguir predicando entre los vivos, tuvo que exiliarse.
Mi pasado me condena
Hasta 1997 lo sucedido rejas adentro estaba cubierto por un manto de misterio. Recién en ese año, algunas de las acciones más nefastas de la Armada quedaban al descubierto. Un arrepentido por interés, Adolfo Scilingo, exponía ante la Audiencia Nacional de España que durante su desempeño como Teniente de Fragata en Puerto Belgrano, en 1976, hubo actividades de carácter clandestino y “antisubversivo”. Una de las declaraciones más gráficas se refiere a una maquiavélica reunión en la que el recientemente fallecido contralmirante Luís María Mendía se encargó de explicar ante unos 900 marinos congregados en el salón de actos Bernardino Rivadavia de Puerto Belgrano que, “para resguardar la ideología occidental y cristiana, la Armada actuaría de civil, realizaría interrogatorios intensos, que incluían la práctica de tortura y el sistema de eliminación física a través de aviones que, en vuelo, arrojarían los cuerpos vivos y narcotizados al vacío, proporcionándoles de esta forma una muerte cristiana”.
A esos marinos y a todos los que participaron de la represión ilegal lanzando personas indefensas al mar como “desperdicios cristianos”, años después Mendía les diría: “mis subordinados actuaron con abnegación, valor, valentía y heroísmo. Muchos de ellos hoy están detenidos de manera absolutamente injusta e ilegal”.
Novecientas personas. En una ciudad en la que por entonces tenia aproximadamente 50.000 habitantes que en su mayoría dependía directa o indirectamente de la armada que un alto porcentaje haya presenciado semejante demostración de desprecio hacia la vida humana, hace preguntarnos cuánto se sabía y cuánto se callaba.
¿Cuánto se sabía y cuánto se callaba respecto a que la Base Naval Puerto Belgrano con su “9 de julio” y la Base Naval de Infantería de Marina con su “séptima batería” servían de Centros Clandestinos de Detención?
Prohibido pasar
El “9 de Julio” era un buque mellizo del famoso Crucero General Belgrano que para 1976 se encontraba fondeado, listo para desguasar. Adquirido a la Marina estadounidense en 1951, esta insignia naval ya poseía un historial represivo al ser el responsable de bombardear con sus cañones el puerto de Mar del Plata durante la autodenominada Revolución Libertadora de 1955. Anclado en condiciones precarias en la dársena del puerto, meses antes de la instauración del gobierno de facto, se lo “acondicionó” para que cumpla con la función de cárcel, sellándole las claraboyas de los camarotes a fin de lograr el mayor grado de aislamiento. Esta tarea, al ser realizada por civiles de la Armada, hizo factible que en ciertos círculos trascienda el secreto a voces acerca de su pronta instauración.
Si bien se desconoce la cantidad de hombres y mujeres que fueron secuestrados y depositados en este trasto de metal oxidado, los testimonios recogidos permiten trazar un perfil de los allí detenidos: en su mayoría se trataba de dirigentes de las distintas facciones del peronismo local y bahiense y de miembros de las distintas organizaciones sindicales que fueron depuestos de sus cargos, en su mayoría el mismo 24 de marzo de 1976.
Se presume que las torturas físicas no eran realizadas en este buque. Los violentos interrogatorios con picana, golpes y submarino seco de por medio, se cometían en la jefatura de Policía de Establecimientos Navales, ese edificio de estilo colonial, color rosa pastel, ubicado frente al puesto de acceso Nº 1.
La “séptima batería” [ver nota pág. 6] es uno de los centros clandestino de los que menos datos se tienen. Solo dos sobrevivientes pudieron dejar testimonio acerca de su funcionamiento y el carácter violentísimo es registrado en ambos. Ubicado en cercanías al popular balneario de Punta Ancla, los simulacros de fusilamiento y el dejar parados a los secuestrados al sol hasta desvanecerse, eran moneda corriente. Claro está, sin olvidarse de la infaltable y ya clásica picana sobre elástico de flejes.
Es de destacar y lamentar que debido a la falta de documentación, ninguno de estos dos centros clandestinos de detención figuraron en el informe de la CONADEP “Nunca Más”.
Con el advenimiento de la “desmemocracia”, los detenidos ilegalmente por la Marina en Puerto Belgrano y en Baterías, no fueron la excepción al no encontrar amparo del horror vivido en la Justicia. En 1985, la sentencia del juicio a las Juntas Militares, en la que los jefes de las tres fuerzas recibieron su pasajera condena, indicaba en su último punto que se debían mandar todos los expedientes a cada jurisdicción para juzgar al resto de los cuadros que le continuaban en jerarquía. Pero, como una piñata llena de aire, la expectativa concluyó en desilusión. A los pocos meses de tomada esta medida, se dictaminó la Ley de Punto Final, estableciendo que si en 60 días no se citaba a todos los implicados la acción caducaba. Tras una avalancha de presentaciones, la Ley de Obediencia Debida aparecida en junio de 1987 amputó todo intento de resarcimiento a las victimas y de explicación a una sociedad puntaltense con un bache en su pasado reciente.
Debido a la presión de los organismos de Derechos Humanos y a las políticas pro-memoria impulsadas por el Gobierno Nacional, las causas por los delitos de lesa humanidad cometidos en Puerto Belgrano y Baterías durante la última dictadura militar, están por “debutar” en Tribunales en los próximos días [ver pág. 9]. Treinta y un años después, la justicia correrá oficialmente el velo de misterio que guardó los oscuros secretos de la base militar más grande del país.
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