Represores presos en Bahía

Página/12

Un juez federal dictó prisión preventiva para tres oficiales retirados, acusados por torturas y desapariciones. Otro juez declaró nulos los indultos que beneficiaban a seis marinos.

Por Diego Martínez
El juez federal Alcindo Alvarez Canale dictó el miércoles el procesamiento con prisión preventiva de tres oficiales retirados del Ejército como autores mediatos de secuestros, torturas, homicidios y desapariciones ocurridos en Bahía Blanca durante la última dictadura, cuando integraban el Estado Mayor del Cuerpo V. Un día después, el juez federal ad hoc Eduardo Tentoni declaró nulas las leyes de impunidad y los indultos que beneficiaban a seis oficiales superiores de la Armada imputados por delitos de lesa humanidad cometidos en la base naval de Puerto Belgrano y en la de infantería de marina Baterías. En los próximos días –salvo que el coronel decida dejar de jugar a las escondidas–, Alvarez Canale dictará el pedido de captura nacional e internacional de Aldo Mario Alvarez, jefe del departamento II de Inteligencia.

Los flamantes procesados son el general de brigada Juan Manuel Bayón, el coronel Hugo Jorge Delmé y el teniente coronel Osvaldo Bernardino Páez. Bayón fue durante 1976 jefe del departamento III Operaciones, del cual dependía el “equipo de combate contra la subversión”, como definió el fallecido teniente coronel Emilio Ibarra a la patota de secuestradores que encabezaba. En 1977 fue director de la Escuela Superior de Guerra. El “mayor Delmé”, así lo recuerdan las familias que lo padecieron, era el encargado de negar información a quienes pedían explicaciones sobre los desaparecidos, en cautiverio a 200 metros de su oficina. En 1999 declaró que llevaba un registro de todos los detenidos pero ignoraba la existencia de secuestrados, “sólo por rumores sabía de la existencia del LRD” o lugar de reunión de detenidos, traducción castrense de centro clandestino de detención. Páez fue jefe de la división Educación, Instrucción y Acción Cívica, y presidió un autodenominado “Consejo de Guerra Especial” que parodió un juicio a tres secuestrados que el Ejército decidió no asesinar. En 1977 fue trasladado a Campo de Mayo. Los tres están presos en el Instituto Penal de las Fuerzas Armadas en Campo de Mayo.

La resolución de Tentoni retrotrae la situación de los marinos a 1989, cuando el ex presidente Carlos Menem los indultó. Un año antes, la Cámara Federal de Bahía Blanca los había citado a indagatoria por 42 casos de secuestros y torturas en centros clandestinos de Punta Alta. Tres de los seis imputados están actualmente procesados con preventiva: los vicealmirantes Julio Antonio Torti y Antonio Vañek, en la causa ESMA, gozan de prisión domiciliaria; el contraalmirante Juan Carlos Malugani, por los crímenes en la base naval de Mar del Plata, está preso en dependencias de la Policía Federal marplatense. Los otros tres, aún impunes y libres, son el vicealmirante Juan José Lombardo, el contraalmirante Raúl Alberto Marino y el capitán de navío Edmundo Núñez. La resolución judicial incluye también al contraalmirante Luis María Mendía y al capitán de navío Zenón Saúl Bolino, ambos fallecidos. Es comprensible que los bahienses no se hayan enterado del paso dado por Mendía: La Nueva Provincia, que hace treinta años publicaba su sonrisa día por medio, fue el único diario del país que no lo informó.

A un año y medio de la presentación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos local e Hijos Capital y a ocho meses de que los fiscales Hugo Cañón y Antonio Castaño solicitaran 75 detenciones, la causa del Cuerpo V tiene apenas cuatro detenidos (el primero fue el suboficial Santiago Cruciani, interrogador de La Escuelita) y dos prófugos: el teniente coronel Julián Oscar Corres, que administraba la picana eléctrica, y el coronel Aldo Alvarez, de quien dependía la Laucha Corres, según lo admitió durante el Juicio por la Verdad. Hasta hace un par de semanas Alvarez vivió en Coronel Encalada 1200 del barrio cerrado Laguna del Sol, en Troncos del Talar, partido de Tigre. Cuando la policía fue a buscarlo una hija les explicó que sus padres se habían esfumado de la tierra.


La estrategia del avestruz / recuadro
Por primera vez en tres décadas la Justicia de Bahía Blanca incluyó en un procesamiento por crímenes cometidos al amparo del terrorismo de Estado los casos de Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, delegados gremiales de La Nueva Provincia, secuestrados, torturados y acribillados a balazos en 1976. Ambos habían encabezado las reivindicaciones laborales de los trabajadores de la empresa. El diario dirigido por Diana Julio de Massot, que los había acusado de integrar “un sóviet” infiltrado en sus filas, omitió denunciar los secuestros, informó en veinte líneas la aparición de los cadáveres y nunca más recordó el caso. El miércoles, la señora de Massot estaba citada para declarar en el Juicio por la Verdad de La Plata sobre la detenida desaparecida Susana Lebed, sobrina de su abogado Néstor Jáuregui, por quien intercedió ante los generales Ramón Camps y Edmundo Ojeda. Por segunda vez prefirió enviar un certificado médico para justificar su ausencia. En los Juicios por la Verdad, tanto militares como policías o cómplices civiles pueden admitir sus delitos sin riesgo de quedar detenidos. El juez Alvarez Canale, en cambio, sólo puede citarlos a prestar declaración indagatoria.