Encubrir es divino. Procesan al arzobispo de Bahía Blanca

Por D.M.

El arzobispo de Bahía Blanca, Guillermo José Garlatti, fue procesado ayer por el encubrimiento agravado del ex capellán Aldo Vara durante los ocho meses que estuvo prófugo de la Justicia. El juez federal subrogante Alvaro Coleffi consideró probado que Garlatti omitió informarle sobre el Fondo Integral de Solidaridad (Fides) que el arzobispado le siguió pagando a Vara mientras el Estado ofrecía una recompensa para capturarlo y que ocultó también otros datos útiles para la búsqueda, descubiertos en el allanamiento a la Curia. El magistrado sostuvo que el arzobispo intentó durante su indagatoria “explicar lo inexplicable”, al sostener que “no pensó” o “no se le ocurrió” que los datos que ocultaba fueran valiosos para la Justicia y lo procesó también por el delito de desobediencia. El empresario Leopoldo Bochile, ex apoderado de Vara, quien murió poco después de su detención en Paraguay, fue procesado por encubrimiento.

Guillermo Garlatti, arzobispo de Bahía Blanca

Imputado por delitos de lesa humanidad en el Cuerpo V de Ejército de Bahía Blanca, Vara estuvo prófugo desde agosto pasado, cuando la Cámara Federal ordenó su captura, hasta el 28 de abril cuando Interpol lo detuvo en Ciudad del Este. Un día después, enterados de que su apoderado nunca había dejado de cobrar el Fides, los fiscales federales José Nebbia y Miguel Palazzani certificaron el dato en la Curia y denunciaron por encubrimiento a Garlatti y Bochile. Citado a indagatoria, Garlatti se explayó sobre el rechazo que se prodigaban con Vara desde su gestión como obispo de San Rafael, cuando le encomendaron la misión de “encauzar” el Instituto del Verbo Encarnado donde se terminaría refugiando el ex capellán, pero sugirió falta de criterio para justificar su silencio sobre el pago del Fides cuando el propio juez Coleffi le había reclamado “todos los datos” que tuviera sobre el prófugo. “No lo tuve presente”, “no se me ocurrió”, “nunca se me pasó por la mente”, se excusó al declarar, e incluyó en el desliz a todo el personal del Arzobispado: “A nadie se le ocurrió pensar dónde iba a parar esa plata”, aseguró.
“No es posible creer que no haya sido motivo de interés para el Arzobispado procurar una búsqueda minuciosa y eficiente que tuvieren sobre Vara”, consideró el juez. “Más bien aparece como una línea definida porque lo mismo ocurrió ante el reclamo de organizaciones de derechos humanos, el Ministerio Público Fiscal y aún la propia jerarquía eclesiástica”, resaltó Coleffi, en referencia a los distintos interlocutores ante quienes el Arzobispado bahiense dijo desconocer el paradero de Vara. “No hablamos de un delito común cuyo conocimiento puede escaparse a la consideración general. Estamos hablando de un clérigo incardinado en el Arzobispado local, imputado de lesa humanidad, sobre el cual se decidió no dar toda la información que existía en el Arzobispado. Desconocer esta trascendencia o esta dimensión es intentar explicar lo inexplicable”, subrayó.
“El pago ininterrumpido por parte del Arzobispado de un fondo Fides, por interpósita persona, importa inocultablemente un aporte –hasta imprescindible– para sostener económicamente a un imputado de lesa humanidad, o para mantener un estado de clandestinidad o fuga del mencionado Vara”, sostuvo el juez. Coleffi consideró “curioso” que el legajo de Vara no estuviera en el Arzobispado, máxime cuando Garlatti dijo ser “muy cuidadoso en lo que hace a la documentación” y aclaró que todo dato “se guarda en legajos personales”. Ante la intervención “activa” y el conocimiento del arzobispo sobre los pagos mensuales, sumados a la situación de prófugo de Vara, concluyó en procesarlo como autor de “encubrimiento por favorecimiento personal”, agravado por ser delitos de lesa humanidad los imputados al ex capellán militar.

Leopoldo Bochile y su abogado Rubén Diskin

Más allá de la imputación por encubrimiento que había pedido el Ministerio Público, el juez avanzó sobre el delito de desobediencia. “La actitud obstaculizadora se traduce en no dar toda la información a la Justicia ante un reclamo específico, lo que frustró la acción jurisdiccional y facilitó, sin duda, el estado de prófugo de Vara, puesto que perjudicó el desarrollo de una pesquisa”, sostuvo. “El conocimiento previo de Garlatti sobre la situación de Vara resultó indudable, por lo cual la (in)contestación cabal de lo requerido marca la responsabilidad del Arzobispado. De ello da cuenta que hasta adoptó la precaución de consultar a un letrado particular (en referencia al abogado Héctor Bertoncello) para elaborar las respuestas”, destacó. Coleffi enumeró documentos y manuscritos sobre Vara secuestrados durante el allanamiento a la Curia “que hubieran sido útiles” para la búsqueda, remarcó que estaban junto a la nota enviada en noviembre por tres organizaciones de derechos humanos y sin embargo “fueron omitidos de informar” ante su requerimiento. Garlatti y Bochile fueron procesados sin prisión preventiva y el juez fijó sus responsabilidades civiles en 7000 y 4500 pesos, respectivamente.

Deslices divinos. La indagatoria al arzobispo Garlatti

Por D.M.

El único argumento del arzobispo Guillermo Garlatti frente a la acusación de encubrir al ex capellán Aldo Vara mientras estuvo prófugo es el rechazo que se prodigaban desde su gestión como obispo de San Rafael. “Mi misión era poner orden y encauzar” el Instituto del Verbo Encarnado (IVE), que estaba “en las antípodas de mi concepción de la sociedad y del Estado”, explicó en su indagatoria. “Los directivos respondían todos a la ideología militar. Muchos militares bajaban en helicóptero en esa época. Yo he prohibido en la época de Seineldín que él bajara en helicóptero”, contó. En ese contexto, “en 2000 o 20001 Vara mandó una carta virulenta al nuncio apostólico” para criticar su misión. “Nos acusa fuertemente como cómplices a mí y a monseñor Delgado, el comisario enviado por la Santa Sede”. Garlatti habló con Rómulo García, su antecesor en Bahía Blanca, “para decirle que Vara, ocultamente, sin autorización del obispo, enviaba jóvenes bahienses seminaristas a la congregación del Verbo Encarnado”, relató. “Una técnica bastante común y que todavía en parte lo sigue manteniendo: a los chicos los captaban y les inculcaban el deseo de ser sacerdotes y les prohibían o los forzaban a que no les comentaran esto a los padres, algo absurdo y vergonzoso”, razonó. A pedido de García, Vara presentó su renuncia a la parroquia San Antonio. Luego decidió irse de la diócesis y se refugió en el IVE, en las afueras de San Rafael, pero “nunca me vino a ver” porque “tenía un gran enojo conmigo”, declaró Garlatti.

  Ya como arzobispo de Bahía Blanca, Vara le pidió permiso para trabajar en la diócesis de San Rafael. Garlatti lo autorizó “con tal que estuviera afuera”, dijo. La actuación del ex capellán durante el terrorismo de Estado había vuelto a trascender durante el Juicio por la Verdad pero “el problema judicial no era un problema que me competiera a mí”, tomó distancia. “Nunca quise entrar en detalles con el problema de Vara”, separó a la persona de la institución. “De oídas conocí los problemas que tuvo en el V Cuerpo de Ejército” pero “no puedo dar fe porque no estoy en condiciones de saber nada”, declaró el imputado, sin obligación de decir verdad. “Creo que (estuvo) en un lugar llamado La Escuelita”, agregó, sin ocultar su desinterés por saber del mayor centro de exterminio de Bahía Blanca, donde fueron vistos por última vez decenas de jóvenes católicos torturados por militares a quienes condecoró su antecesor Jorge Mayer.

  El problema judicial de Garlatti no pasa por su vieja enemistad con Vara ni por el rol del arzobispado ante el genocidio, sobre el que ningún feligrés reclama explicaciones, sino por su endeble defensa ante las pruebas que acumuló el Ministerio Público. Cuando Interpol detuvo a Vara en Ciudad del Este, el obispo Rogelio Livieres Plano anunció que lo había recibido “a pedido de su obispo”, dato que nunca rectificó. “Yo quisiera que me lo probara, me gustaría enfrentarlo para que me lo demostrara porque jamás le di permiso a Vara para ir a Ciudad del Este”, dijo Garlatti. Más comprometedor aún es su silencio sobre el Fondo Integral de Solidaridad (FIDES) que Leopoldo Bochile cobraba todos los meses en representación de Vara. Garlatti admitió que lo sabía pero no aportó el dato cuando el juez le pidió información para rastrear al prófugo. “No lo tuve presente”, “no se me ocurrió”, “nunca se me pasó por la mente”, se excusó en la indagatoria, e incluyó en el desliz a todo el personal del arzobispado: “A nadie se le ocurrió pensar dónde iba a parar esa plata”, aseguró. Pudo haberlo pensado cuando firmaba cada mes la misma planilla que Bochile, pero tampoco lo hizo. “Tengo un problema de vista grave que no me deja leer. Firmo lo que me ponen porque trabajo con gente de confianza”, explicó. Entre esa gente de confianza estaría su administrador Bruno Cuchetti, que ante la visita de los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani informó de inmediato la plata que salía para Vara, dato del que --a juzgar por la declaración del arzobispo-- no habrían hablado durante los ocho meses que estuvo prófugo.

  Garlatti está acusado de ocultar información ante el requerimiento judicial, que respondió por medio de su canciller Emma Rosa Vila, y de consentir la financiación del prófugo. El Código Penal prevé una pena de prisión de seis meses a tres años a quien “ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de ésta”. La información que podría costarle el procesamiento, sin embargo, no estaba sólo en su poder. Como bien se ocupó de recordar, “FIDES en este momento depende de la Conferencia Episcopal”, que también ocultó el dato ante el pedido del juez.

Garlatti en la puerta del juzgado. Foto Emmanuel Briane, La Nueva Provincia.

No encubrirás. Indagan al arzobispo de Bahía Blanca

Por Diego Martínez

El arzobispo de Bahía Blanca, Guillermo Garlatti, imputado por encubrir al ex capellán militar Aldo Vara durante los ocho meses en que estuvo prófugo, deberá prestar declaración indagatoria hoy a las 8.30 ante el juez federal Alvaro Coleffi. Garlatti conduce la diócesis de la que dependía el fallecido Vara, quien a poco del comienzo del primer juicio por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca decidió mudarse a Paraguay y fue acogido en una parroquia de Ciudad del Este “a pedido de su obispo”, según informó el obispado esteño. De la investigación del Ministerio Público Fiscal surge que el arzobispado continuó pagándole un beneficio jubilatorio al capellán mientras estaba prófugo, al tiempo que omitía aportar ese dato y decía desconocer su paradero ante los requerimientos del juez. A partir de las 11, en tanto, será indagado el empresario inmobiliario Leopoldo Bochile, ex apoderado del cura. Vara murió la semana pasada mientras cumplía arresto parroquial en Ciudad del Este. El Ministerio Público y el juez Coleffi pidieron una autopsia para conocer la causa del fallecimiento, medida que hasta anoche no se habría concretado.

La denuncia por encubrimiento la formularon los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani al día siguiente de la captura de Vara, luego de certificar en la curia que nunca había dejado de cobrar su jubilación. El juez subrogante Santiago Martínez dejó pasar una semana, delegó la causa en el fiscal Antonio Castaño y diez días después de la denuncia autorizó el allanamiento al arzobispado, donde se encontró un poder de Vara a Bochile y constancias de los cobros. Ante la licencia de Castaño, lo reemplazó el fiscal Alejandro Cantaro, quien pidió el allanamiento de la casa de Bochile, donde se secuestró una computadora. Ambos fiscales insistieron sin suerte con los pedidos de indagatoria a Martínez, que también se tomó licencia. El lunes lo reemplazó Coleffi, quien analizó las pruebas acumuladas y de inmediato fijó la fecha de las indagatorias.

Garlatti se presentará hoy en tribunales acompañado por su abogado Héctor Bertoncello, ex senador nacional y antes funcionario del gobierno bonaerense del radical Alejandro Armendáriz. El ex apoderado de Vara, titular de Bochile Inmobiliaria, será defendido por Rubén Diskin, abogado a su vez del empresario Vicente Massot, director del diario La Nueva Provincia, quien ya fue indagado por su actuación durante el terrorismo de Estado. Por el Ministerio Público, ante las licencias de Castaño y Cantaro, actuará la fiscal María Cristina Manghera de Marra, ex esposa del contador y hombre de confianza de Massot.

El obispo de Ciudad del Este, Rogelio Livieres Plano, informó que le dio cobijo a Vara “a pedido de su obispo”. “Vara se refugia porque no encuentra justicia en su país. Salió porque no era un proceso justo”, blanqueó el motivo el párroco Ecar Rolón. Ante requerimientos del juez, tanto el Vaticano como la Conferencia Episcopal Argentina y los arzobispados de Mendoza, San Rafael, La Plata y Bahía Blanca dijeron desconocer el paradero de Vara. Garlatti, de quien dependía el fugado, agregó que Vara no había elevado ninguna solicitud para trasladarse al exterior. Omitió, en cambio, decir que Vara seguía cobrando mes a mes un “fondo de solidaridad” por medio de su apoderado. De los documentos secuestrados en la curia surge que Garlatti firmaba todos los meses la misma planilla donde Bochile dejaba constancia del cobro para el prófugo.

Desidia y buen vino al servicio del arzobispo

La Justicia de Bahía Blanca investiga al arzobispo Guillermo Garlatti por encubrir y financiar mientras estuvo prófugo al ex capellán del Ejército relacionado con la dictadura, fallecido la semana pasada en Paraguay.

Por Diego Martínez

Guillermo Garlatti

La muerte del ex capellán Aldo Vara en su refugio paraguayo termina de blindar la impunidad de los sacerdotes que participaron y consintieron con su silencio el terrorismo de Estado en Bahía Blanca. Sin embargo, la decisión consensuada entre dos diócesis de la Argentina y Paraguay para esconderlo en una parroquia de Ciudad del Este, donde el obispo localificó el jueves como un perseguido político, vuelve a poner a la Iglesia Católica en la mira de la Justicia, ya no por secuestros o torturas sino por encubrir a un prófugo. Una instrucción judicial a paso cansino permitió que el arzobispado de Bahía Blanca y el apoderado de Vara tuvieran tiempo de seleccionar papeles antes de los allanamientos. Pero los datos que surgen de la investigación para dar con el prófugo más los aportes de los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani, que ante el primer indicio de complicidad fueron a la Curia y lograron la confirmación por parte de su administrador, acotan el margen de maniobra de quienes buscan evitar que el arzobispo Guillermo Garlatti sea citado a indagatoria. La decisión está en manos del juez subrogante Santiago Martínez, quien se ha distinguido por su obstinación en frustrar el avance de las causas de lesa humanidad con imputados civiles y por estos días disfruta de las Rutas del Vino de España junto a entrañables amigos de la cofradía judicial de Bahía Blanca.

Ex capellán del Batallón de Comunicaciones 181 conel grado de capitán, con funciones definidas por el Reglamento de Operaciones Sicológicas del Ejército, Vara fue el único sacerdote compañero de andanzas de Vilas, Azpitarte & Cía., que antes de morir llegó a estar imputado por los crímenes del Cuerpo V. El arzobispo bahiense era entonces Jorge Mayer, que en1977 condecoró a cinco militares “que se destacaron en la lucha contra lasubversión” y fustigó a “una guerrilla terrorista que ha violado constantementela más elemental convivencia humana”. Dos de los cinco condecorados fueroncondenados, dos están prófugos y el quinto era el fallecido Julián “Laucha”Corres, que administraba la picana en el centro clandestino La Escuelita, a 200 metros de donde Mayer bendecía las medallas. Su vicario general era EmilioOgñenovich, que en los ‘80 militaría contra la Ley de Divorcio y en los ‘90 celebraría el desguace del Estado a cambio de subsidios para su diócesis. “Los profetas de una moral sin Dios están recogiendo las consecuencias lógicas”, predicaba en 1976, mientras se burlaba de madres de desaparecidos: “A su hijo en este momento lo están haciendo cantar”. “La sociedad está cansada de inútiles declaraciones sobre derechos humanos”, rezongó en 1977. El capellán del comando era Dante Vega, quien durante la dictadura admitió ante madres de secuestrados que sus hijos estaban en La Escuelita (“No me nombren porque me comprometen, pero insistan”, aconsejó) y en 1983 juró por la Biblia no conocerlas.

El arzobispado de Bahía Blanca, que nunca manifestó arrepentimiento ni pidió perdón por avalar el terrorismo de Estado, está desde 2003 a cargo de Garlatti, quien por medio de su abogado intentó tomar distancia de Vara con un escrito en el que dijo estar “espiritual e ideológicamente en las antípodas” del ex capellán. El problema del arzobispo, más allá del espíritu o las ideas, pasa por hechos y pruebas. De la investigación para encontrar a Vara surge que salió del país el 15 de agosto de 2011, un mes y medio después del comienzo del primer juicio a represores bahienses, donde se repetirían los testimonios que lo incriminaban, que podían costarle su inmediata detención. El obispo que le dio cobijo en Ciudad del Este, RogelioLivieres Plano, confesó luego de que Interpol descubriera el escondite que Vara“fue recibido a pedido de su obispo”, léase Garlatti. “Vara se refugia porque no encuentra justicia en su país. Salió porque no era un proceso justo”, blanqueó el motivo el párroco Ecar Rolón para justificar el encubrimiento consensuado por ambas diócesis. Ante los requerimientos del juez federal Alvaro Coleffi, tanto el Vaticano como la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y los arzobispados de Mendoza, San Rafael, La Plata y Bahía Blanca dijeron desconocer el paradero de Vara. Garlatti agregó un dato sugestivo, que destacó elperiodista Diego Kenis en la agencia Paco Urondo: dijo que Vara no habíaelevado ninguna solicitud para trasladarse al exterior. Omitió, en cambio, aportar la información que habría acelerado la captura y que su administrador Bruno Cuchetti admitió ante la súbita aparición de Nebbia y Palazzani: que un apoderado cobraba todos los meses, incluso los ocho en que estuvo prófugo, el “Fondo de Solidaridad (Fides)” que la CEA paga a curas mayores de 68 años. Mientras el pedido de captura era público y el Estado ofrecía una recompensa a cambio de información, Garlatti firmaba mes a mes la misma papeleta en la que el empresario Leopoldo Bochile, apoderado de Vara, hacía constar el cobro para el amigo en desgracia.

A favor del arzobispo y del empresario juega la escasa vocación del Poder Judicial cuando los acusados no son morochos pobres y la buena vida de sus señorías. Nebbia y Palazzani presentaron la denuncia elmartes 29 de abril, un día después de la captura de Vara. El 30, el fiscal Antonio Castaño pidió el allanamiento del arzobispado. El eterno subrogante Martínez lo rechazó y dejó pasar una semana, hasta el miércoles 7, cuando le delegó la investigación. Castaño reiteró el pedido y el allanamiento se concretó el 9, cuando la denuncia por encubrimiento ya había recorrido el mundo y la Curia había tenido diez días para elegir los papeles que sobrevivirían. De los cuatro sobres que se llevó la Policía Federal sólo trascendió que contenían el poder de Vara a Bochile & Sra., firmado en 2001, y las planillas con las firmas de los recibos por los pagos del Fides.

Ante la licencia de Castaño, de viaje por España, lo reemplazó el fiscal general Alejandro Cantaro, a quien organismos de derechos humanos de Bahía Blanca repudiaron en marzo por dar un reportaje al diario La Nueva Provincia días antes de que su director Vicente Massot debiera prestar declaración indagatoria y por “poner en duda la validez de las imputaciones” contra el ex secretario judicial Hugo Sierra, con quien escribió un libro de derecho penal y a quien acusan por delitos de lesa humanidad los mismos fiscales a quienes Cantaro dice valorar. Luego de escuchar la declaración de tres miembros de organismos para confirmar la veracidad de una respuesta del arzobispado que llevaba meses circulando por redes sociales, el fiscal general pidió el allanamiento a la casa de Bochile, que se concretó el 27 de mayo, tres semanas después de que Página/12 publicara su nombre como encubridor del prófugo. Cantaro reiteró los pedidos de indagatoria pero la respuesta deberá esperar cuanto menos hasta que el juez Martínez y un selecto grupo de enófilos de la familia judicial bahiense, incluido el propio fiscal, retornen de su paseo por el País Vasco.

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