Por D.M.
El único argumento
del arzobispo Guillermo Garlatti frente a la acusación de encubrir al ex
capellán Aldo Vara mientras estuvo prófugo es el rechazo que se prodigaban desde
su gestión como obispo de San Rafael. “Mi misión era poner orden y encauzar” el
Instituto del Verbo Encarnado (IVE), que estaba “en las antípodas de mi
concepción de la sociedad y del Estado”, explicó en su indagatoria. “Los
directivos respondían todos a la ideología militar. Muchos militares bajaban en
helicóptero en esa época. Yo he prohibido en la época de Seineldín que él
bajara en helicóptero”, contó. En ese contexto, “en 2000 o 20001 Vara mandó una
carta virulenta al nuncio apostólico” para criticar su misión. “Nos acusa
fuertemente como cómplices a mí y a monseñor Delgado, el comisario enviado por
la Santa Sede”. Garlatti habló con Rómulo García, su antecesor en Bahía Blanca,
“para decirle que Vara, ocultamente, sin autorización del obispo, enviaba
jóvenes bahienses seminaristas a la congregación del Verbo Encarnado”, relató. “Una
técnica bastante común y que todavía en parte lo sigue manteniendo: a los
chicos los captaban y les inculcaban el deseo de ser sacerdotes y les prohibían
o los forzaban a que no les comentaran esto a los padres, algo absurdo y
vergonzoso”, razonó. A pedido de García, Vara presentó su renuncia a la
parroquia San Antonio. Luego decidió irse de la diócesis y se refugió en el IVE,
en las afueras de San Rafael, pero “nunca me vino a ver” porque “tenía un gran
enojo conmigo”, declaró Garlatti.
Ya como arzobispo de Bahía Blanca, Vara le
pidió permiso para trabajar en la diócesis de San Rafael. Garlatti lo autorizó “con
tal que estuviera afuera”, dijo. La actuación del ex capellán durante el
terrorismo de Estado había vuelto a trascender durante el Juicio por la Verdad
pero “el problema judicial no era un problema que me competiera a mí”, tomó
distancia. “Nunca quise entrar en detalles con el problema de Vara”, separó a
la persona de la institución. “De oídas conocí los problemas que tuvo en el V
Cuerpo de Ejército” pero “no puedo dar fe porque no estoy en condiciones de
saber nada”, declaró el imputado, sin obligación de decir verdad. “Creo que (estuvo)
en un lugar llamado La Escuelita”, agregó, sin ocultar su desinterés por saber
del mayor centro de exterminio de Bahía Blanca, donde fueron vistos por última
vez decenas de jóvenes católicos torturados por militares a quienes condecoró su
antecesor Jorge Mayer.
El problema judicial de Garlatti no pasa por
su vieja enemistad con Vara ni por el rol del arzobispado ante el genocidio,
sobre el que ningún feligrés reclama explicaciones, sino por su endeble defensa ante
las pruebas que acumuló el Ministerio Público. Cuando Interpol detuvo a Vara en
Ciudad del Este, el obispo Rogelio Livieres Plano anunció que lo había recibido
“a pedido de su obispo”, dato que nunca rectificó. “Yo quisiera que me lo
probara, me gustaría enfrentarlo para que me lo demostrara porque jamás le di
permiso a Vara para ir a Ciudad del Este”, dijo Garlatti. Más comprometedor aún
es su silencio sobre el Fondo Integral de Solidaridad (FIDES) que Leopoldo
Bochile cobraba todos los meses en representación de Vara. Garlatti admitió que
lo sabía pero no aportó el dato cuando el juez le pidió información para rastrear
al prófugo. “No lo tuve presente”, “no se me ocurrió”, “nunca se me pasó por la
mente”, se excusó en la indagatoria, e incluyó en el desliz a todo el personal
del arzobispado: “A nadie se le ocurrió pensar dónde iba a parar esa plata”,
aseguró. Pudo haberlo pensado cuando firmaba cada mes la misma planilla que Bochile,
pero tampoco lo hizo. “Tengo un problema de vista grave que no me deja leer. Firmo
lo que me ponen porque trabajo con gente de confianza”, explicó. Entre esa
gente de confianza estaría su administrador Bruno Cuchetti, que ante la visita
de los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani informó de inmediato la plata
que salía para Vara, dato del que --a juzgar por la declaración del arzobispo--
no habrían hablado durante los ocho meses que estuvo prófugo.
Garlatti está acusado de ocultar información
ante el requerimiento judicial, que respondió por medio de su canciller Emma
Rosa Vila, y de consentir la financiación del prófugo. El Código Penal prevé
una pena de prisión de seis meses a tres años a quien “ayudare a alguien a
eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de ésta”.
La información que podría costarle el procesamiento, sin embargo, no estaba
sólo en su poder. Como bien se ocupó de recordar, “FIDES en este momento
depende de la Conferencia Episcopal”, que también ocultó el dato ante el pedido
del juez.
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| Garlatti en la puerta del juzgado. Foto Emmanuel Briane, La Nueva Provincia. |
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