Recusan a los operadores de Massot

Por D.M.

Las maniobras de funcionarios judiciales de Bahía Blanca a favor de la impunidad de Vicente Massot, director del diario La Nueva Provincia, están en la mira del Consejo de la Magistratura. Los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia recusaron por falta de imparcialidad en las causas de lesa humanidad al juez subrogante Santiago Martínez y a su secretario Mario Fernández Moreno, caras visibles del ardid que le permitió al defensor del empresario apartar al juez Alvaro Coleffi cuando debía pronunciarse sobre la situación de Massot y de Hugo Sierra, íntimo amigo de Martínez. También los recusaron la APDH e Hijos, entre otros organismos, que anoche marcharon para denunciar la negativa de la corporación judicial a investigar a los civiles partícipes del terrorismo de Estado. Familiares de Enrique Heinrich, dirigente gremial asesinado en 1976 tras enfrentar al multimedio, se presentarán hoy ante el Consejo para reclamar la designación de un juez ad hoc de otra jurisdicción.

Martínez, el alfil

   La recusación fue producto de “circunstancias falsificadas y distorsionadas” con “el único fin” de apartar a Coleffi, denunciaron los fiscales. La invocación de Fernández Moreno a la “violencia anímica” que le produjo verlos en la oficina del juez es “una maniobra deliberada y oportuna” para “obstruir los procesos”. “Es obvio que Fernández Moreno (como ladero implacable) coincide con el curso que siguen los trámites de Martínez”, sostuvo días atrás el propio Coleffi. Consideró “sugestivo” que al secretario no le haya generado violencia moral que horas antes de la indagatoria a Massot se hayan enterado por su radio de una denuncia en su contra. “Tampoco le causó abatimiento moral” que por decisión de Martínez hayan tenido que buscar otro edificio para indagarlo. “Tampoco lo vi moralmente desecho” cuando Martínez “evidenció su fastidio con la citación y el procesamiento de monseñor Guillermo José Garlatti, arzobispo de Bahía Blanca”, abundó.

   Los fiscales recusaron a Martínez por su “generalizada práctica de obstaculización que pone en riesgo los procesos”. Recordaron su “intento de fragmentar y descomponer” la causa en “expedientes aislados e inconexos”, revertido por la Cámara, y su rechazo a investigar delitos sexuales aun cuando la Cámara se lo ordenó. Las evidencias más claras surgen en los casos de civiles. En el de Sierra se inhibió por su “directa y estrecha relación”. También por amistad se apartó en el caso del ex juez Francisco Bentivegna. A Gloria Girotti, otra ex secretaria judicial, le dictó falta de mérito. Para fundarla dio por falso el relato de una víctima, ignoró la firma de la imputada en un acta y recurrió a “elucubraciones y falacias”, señalaron los fiscales. En el caso del capellán Aldo Vara rechazó la acusación y, cuando la Cámara le ordenó detenerlo, se apartó de la causa.

Sierra, el amigo

   En el caso de Massot, primero sugirió que el diario sólo había hecho uso de su libertad de expresión. La Cámara revocó la decisión, los fiscales lo recusaron y lo reemplazó Coleffi. El 11 de noviembre la indagatoria de Massot debió posponerse por “falta de espacio” (sic) en sus oficinas. En la segunda cita, 20 de noviembre, fue cuando la radio de Massot informó sobre su denuncia contra Coleffi por supuesta violación de secretos ocho meses antes. El 27 los fiscales ratificaron el pedido de detención y procesamiento. Horas después Fernández Moreno presentó el escrito en bandeja a Diskin. Resulta “patente la coordinación de las maniobras”, remarcaron, y recordaron sanciones al secretario por demorar apelaciones en beneficio de imputados. Su actuación, concluyeron, es “tan grave, intensa y maliciosa como la del juez subrogante al cual responde”.

De Lagunas del Sol al penal de Ezeiza

El coronel Aldo Mario Alvarez estuvo prófugo siete años y medio. La Policía de Seguridad Aeroportuaria lo detuvo mientras intentaba escapar de una casa de Laguna del Sol, un barrio cerrado en Los Troncos del Talar. Integró la plana mayor del V Cuerpo en los primeros años de la dictadura.

 

Alvarez detenido por la PSA, 2 de diciembre de 2014. Foto PSA/Infobae.

 Por D.M.

El coronel retirado Aldo Mario Alvarez, ex jefe de Inteligencia del Cuerpo V de Ejército, prófugo durante siete años y medio, fue detenido el martes por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) mientras intentaba escapar de su refugio en Laguna del Sol, un barrio cerrado en Los Troncos del Talar, al norte del Gran Buenos Aires. El traslado frustrado de uno de los principales responsables de la represión ilegal en Bahía Blanca, que había huido a tiempo ante operativos similares en 2011 y 2013, tenía lugar semanas después de que su ex esposa y una amiga de su hija fueran indagadas por el posible delito de encubrimiento. El ex militar de 88 años fue trasladado al hospital del penal de Ezeiza y en los próximos días deberá prestar declaración indagatoria por secuestros, torturas y homicidios cometidos desde antes del golpe de Estado hasta fines de 1977.

Alvarez en La Nueva Provincia, diciembre de 1974

Egresado del Colegio Militar como oficial de informaciones, Alvarez fue jefe del departamento Actividades Psicológicas de Ejército durante la dictadura de Juan Carlos Onganía. Pasó por la SIDE y llegó a Bahía Blanca en 1974 como jefe del Departamento II Inteligencia. Junto con el general Juan Manuel Bayón, jefe de operaciones, y el coronel Hugo Fantoni, de personal, ambos condenados, Alvarez integró la plana mayor del Cuerpo V en los primeros años de la dictadura. Sólo rendía cuentas al comandante, general Osvaldo Azpitarte, y a los segundos, Adel Vilas en 1976 y Abel Catuzzi en 1977, que murieron impunes. De Inteligencia dependía la estructura encargada de juntar información, infiltrarse en todos los ámbitos de la sociedad civil, interrogar a secuestrados y montar operaciones de acción psicológica para encubrir desapariciones y manipular a la opinión pública con la colaboración del diario La Nueva Provincia.

Alvarez en el Juicio por la Verdad, año 2000.

Citado a indagatoria en 1987, Alvarez dijo que “la información que se producía en los LRD (lugar de reunión de detenidos, nombre técnico de los centros clandestinos) nunca llegó a mi departamento porque no era de mi interés ni hacía a mi función”. Afirmó que se dedicó de lleno a plantear la guerra con Chile por el Beagle. La Cámara Federal de Bahía Blanca lo procesó, pero poco después se benefició con la ley de obediencia debida. En 2000, en el Juicio por la Verdad, reiteró sus dichos y dijo que “todo lo referido a la tarea antisubversiva estaba a cargo del Destacamento de Inteligencia que presidía (el coronel Antonio) Losardo”. Sus propios subordinados pusieron al descubierto la falacia. Julián Corres, que administraba la picana en La Escuelita, dijo que dependía “del coronel Alvarez, G2 del Cuerpo V”. Emilio Ibarra, jefe del “equipo contra la subversión”, declaró que “las informaciones (para los operativos) las suministraba el G2”. En el primer juicio a represores bahienses fueron condenados el segundo de Alvarez, coronel Walter Tejada, y los oficiales de Inteligencia Carlos Taffarel, Norberto Condal y Jorge Granada.

Los Troncos del Talar, último refugio del represor.

En 2006 los fiscales Hugo Cañón y Antonio Castaño pidieron su detención por todos los delitos del Cuerpo V entre 1975 y 1977. El juez Alcindo Alvarez Canale la ordenó en mayo del año siguiente. Cuando fueron a buscarlo ya no estaba. Como informó Página/12 en 2008, Alvarez fue gerente de la Agencia de Investigaciones Alsina SRL hasta 1998 y dueño hasta 2000, cuando le cedió dos tercios de las acciones a su yerno Rubén Héctor Burgos. Como socio con el otro tercio se sumó Juan Balanesco, dado de baja de la Policía Federal. Después, Burgos le cedió la mitad de su capital en Alsina a la esposa del coronel, Elizabeth María Icazatti, quien en 2007, cuando Alvarez iniciaba su vida de prófugo, le devolvió las acciones y el cargo de gerente. Alvarez y el cuñado Burgos eran además vecinos en Laguna del Sol. El country fue allanado en 2011 a pedido del fiscal Abel Córdoba. El coronel alcanzó a huir y olvidó la billetera. El año pasado, a pedido de los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani, se reiteraron los allanamientos sin suerte. El martes se habían librado las órdenes de allanar, los hombres del coronel intentaron sacarlo, pero la PSA les ganó de mano y lo detuvo en la puerta del selecto country Laguna del Sol.

Aldo Mario Alvarez, 2 de diciembre de 2014. Foto PSA/Infobae.

Los alfiles de Massot

Por D.M.

El avance de la investigación sobre la actuación del empresario Vicente Massot durante el terrorismo de Estado genera resistencias cada vez menos sutiles de la corporación judicial de Bahía Blanca. Los fiscales federales Miguel Palazzani y José Nebbia denunciaron el lunes una “burda maniobra” que “tiene por fin último” impedir que el juez federal subrogante Alvaro Coleffi se pronuncie sobre la situación procesal del dueño y director del diario La Nueva Provincia, a quien indagó en dos oportunidades. Las caras visibles de la jugada denunciada por los representantes del Ministerio Público Fiscal, que enviaron copia al Consejo de la Magistratura, son el secretario del juzgado penal Mario Fernández y el juez subrogante Santiago Ulpiano Martínez, ambos con antecedentes en la materia. El próximo paso correría por cuenta del abogado de Massot, Rubén Diskin, quien necesita imperiosamente un argumento para recusar a Coleffi.

Santiago Martínez

   Palazzani y Nebbia llegaron a Bahía Blanca el año pasado en reemplazo de Abel Córdoba, actual titular de la Procuraduría de Violencia Institucional. A diferencia de quienes operaron en distintas épocas a favor de la impunidad, los tres fiscales son foráneos en la ciudad de Massot, igual que los jueces del Tribunal Oral que en su sentencia ordenaron investigar a los directivos del multimedio por su “campaña de desinformación y propaganda negra” antes, durante y después de la dictadura.

   El avance de las causas sobre civiles vinculados con el Estado terrorista generó resistencias desde el comienzo y en todo el país. Ocurrió con los jueces de Mendoza que hoy están en el banquillo, con los abogados de la CNU de Mar del Plata y con el empresario Pedro Blaquier, entre otros. En Bahía Blanca, el antecedente más lejano es el del ex juez Guillermo Madueño, que primero se fugó y luego murió sin ser procesado gracias a los oficios de varios colegas. Sus ex secretarios Hugo Sierra y Gloria Girotti dan pelea con relativo éxito. El ex capellán Aldo Vara se benefició por la vista gorda de Martínez, que no encontró elementos para imputarlo, y cuando la Cámara Federal revirtió esa decisión ya estaba escondido en una parroquia de Paraguay, donde murió días después de ser detenido. Si Vara contaba con hospedaje y financiamiento de la Iglesia Católica, servicios por los que fue procesado el obispo bahiense Guillermo Garlatti, ningún caso inquieta tanto como el de Massot, dueño del diario centenario de Bahía Blanca y eterno operador político en las sombras.

   Las primeras negativas al intento de investigar a La Nueva Provincia (LNP) las recibió el fiscal Córdoba: el entonces juez Alcindo Alvarez Canale y el subrogante Eduardo Tentoni no se animaron a allanar la empresa. Cuando Palazzani y Nebbia tomaron la posta de Córdoba, tras la sentencia que ordenó avanzar sobre el rol criminal de LNP, se toparon otra vez con Martínez, que en una carilla y sin mayores fundamentos rechazó la imputación de Massot. Igual que en el caso de Vara, la Cámara revirtió esa resolución. Entonces asumió como juez subrogante Coleffi, quien primero se animó a allanar el diario y luego a indagar al empresario.

Fernandez padre, desafiando a la dictadura.

   El viernes pasado, horas después de que los fiscales presentaran un documento de 600 páginas para reforzar la acusación contra Massot, entró en escena el secretario Fernández. Se trata del hijo de Augusto Fernández, un ex camarista que antes de jubilarse excarceló a 36 represores y que llegó a marchar por las calles bahienses con una bandera argentina y un cartel que imploraba “¡Basta de Kdenas!”, no en 1976 sino en 2012. La propia Cámara, tras la partida del padre, le llamó la atención al hijo por hacer tareas de inteligencia sobre víctimas de la dictadura en el contexto de una frustrada operación para ensuciar al fiscal Córdoba. “Indebido escrutinio e individualización de personas”, le advirtieron entonces los camaristas Pablo Candisano y Angel Argañaraz.

    En su escrito, Fernández no denunció nada: sólo dijo que le produce “violencia anímica y moral” que Coleffi haya recibido a los fiscales en su despacho, un modo de prepararle el terreno al defensor formal de Massot. Palazzani y Nebbia, obligados a pronunciarse, advirtieron que no están “para contestar cinismos ni hipocresías”, recordaron que por cuestiones operativas esas reuniones son normales y destacaron que la “preocupación” del secretario es “la evidencia más cabal –ahora visibilizada por no quedarles otro remedio– de una estrategia defensista de Vicente Massot y Hugo Sierra”. Agregaron que Martínez es “parte de la maniobra” aunque “desde las sombras” (porque fue apartado en la causa Massot y se excusó en la de Sierra porque es su amigo) y recordaron que Fernández es su secretario. “¿Fernández actúa de igual manera en todas las causas donde ve o se entera de que algún defensor, fiscal o juez de otra instancia dialogan entre sí?”, plantearon. La respuesta es no. La evidencia es que Martínez “ha vacacionado con un juez de Cámara y un fiscal en Europa” (en referencia a Candisano y a Alejandro Cantaro, que difunden en las redes sociales fotos de sus viajes) y esos tours entre íntimos que son jueces y partes “no le han movido un pelo”. Calificaron a Fernández como “un simple alfil, seguramente movido por otros designios”, y llamaron la atención sobre la Cámara, que dejó de asignarle causas a Coleffi desde que procesó al obispo Garlatti por encubrimiento. Concluyeron con una sugerencia a Fernández: que “para salvaguardar algo de su dignidad” se excuse y “deje de ser parte de las urdimbres defensivas de los imputados”.

Diario La Nueva Provincia.

La trinchera de mamá

La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca reforzó la acusación contra Vicente Massot y reiteró el pedido de procesamiento y prisión preventiva del empresario. La Nueva Provincia se ufanaba de “hacer la guerra” y de actuar “en toda la línea de combate”. Relatos del propio Massot sobre su rol de che pibe al servicio de Suárez Mason.

Por Diego Martínez

Foto: Pablo Dondero.

“Más que hablar de guerra, hay que hacer la guerra. De entre todas las profesiones le cabe al periodismo un puesto de avanzada en las trincheras de la patria (...) Nuestro deber, pues, se corresponde con el de las Fuerzas Armadas en toda la línea de combate.” La declaración forma parte de un editorial del diario La Nueva Provincia de noviembre de 1977, en pleno terrorismo de Estado, y encabeza un escrito de casi 600 páginas en el que los fiscales federales Miguel Palazzani y José Nebbia reiteran el pedido de procesamiento y prisión preventiva del dueño y director del diario de Bahía Blanca, Vicente Massot. El empresario, profesor de la Universidad Católica Argentina y columnista del diario La Nación, fue indagado en dos oportunidades por el juez federal subrogante Alvaro Coleffi, que ahora debe pronunciarse sobre su situación procesal.

Massot está acusado como coautor de los secuestros, torturas y asesinatos de Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, dirigentes del Sindicato de Artes Gráficas de Bahía Blanca que lo tuvieron de interlocutor en sus últimos meses de vida, y por el rol del diario como auxiliar de la inteligencia militar en operaciones de acción psicológica para justificar y encubrir crímenes de lesa humanidad.

El escrito de la Unidad de Derechos Humanos bahiense complementa las pruebas presentadas en mayo del año pasado, cuando los fiscales imputaron a los directivos del diario por su “participación concreta y específica” en el terrorismo de Estado, que “se disfrazó bajo el ropaje de actividad periodística”. A partir de un estudio meticuloso de editoriales, notas de opinión e inclusive avisos que instigaban a los lectores a transformarse en delatores, los fiscales desmenuzaron la construcción de un discurso de odio con conceptos como “enemigo”, “delincuente subversivo”, “guerra sucia” o “aniquilamiento”, que sintonizaban claramente con las funciones asignadas por reglamentos y directivas militares.

Frente a la pretensión esbozada por Massot en las indagatorias, cuando intentó equiparar el rol de La Nueva Provincia con el de otros diarios que publicaban comunicados oficiales de las Fuerzas Armadas, los fiscales enfatizaron que “el discurso de incitación al genocidio –en su afán legitimador, encubridor e instigador– no sólo fue abrumadoramente mayoritario, sino que adquirió niveles extremos de intensidad, tanto en la gravedad del mensaje (el aniquilamiento total y definitivo en todos los campos de la sociedad) como en su poder de inserción en el público (la altísima frecuencia, la agobiante repetición e insistencia, la ubicación en espacios centrales del ejemplar, etcétera)”.

La acusación original del Ministerio Público Fiscal incluía a la madre de Massot, Diana Julio, y a su hermano Federico, directora y vicedirector del diario, ambos fallecidos; también al entonces jefe de redacción, Mario Gabrielli, quien murió meses después. A partir de las ostensibles relaciones de los Massot con los distintos niveles del Estado terrorista, los fiscales calificaron a ese núcleo duro como un “sujeto activo” que integró “un grupo de pertenencia” junto a militares, policías y civiles. Argumentaron que su conducta delictiva fue “voluntaria (no forzada), intencional e interesada”, actitud que surge no sólo de admisiones como la que encabeza este artículo sino también de la permanente exhortación a la población a cumplir un rol activo en la delación y del repudio a toda expresión de indiferencia o indefinición.

El elemento central en la estrategia de justificación del genocidio “consistió en la creación de un enemigo que estaba en guerra con la Patria”, explicaron los fiscales. Al caracterizarlo además como “no convencional”, esas “acciones ‘bélicas’ escapaban a toda delimitación ética o normativa” y todos los medios eran válidos para concretar el aniquilamiento. En paralelo operaba el encubrimiento por medio de un “juego de ocultamiento” en el cual “las prácticas más aberrantes que trascendían a la superficie eran transferidas al oponente”.

La Unidad Fiscal distinguió una “exhortación al exterminio grueso”, predominante en los meses previos e inmediatamente posteriores al golpe de Estado y centrado en “la guerrilla” o “enemigo armado”, y en paralelo un llamado al “exterminio fino” de la “subversión ideológica y cultural”, que incluyó desde la “limpieza” de la Universidad del Sur y los colegios secundarios hasta los jardines de infantes.

El análisis de esas exhortaciones pone en evidencia además las tensiones al interior de las Fuerzas Armadas y el apoyo constante de los Massot a la “línea dura” del Ejército, personificada en quienes se convertirían en iconos del terrorismo de Estado como Ramón Camps, Adel Vilas, Ibérico Saint Jean o Carlos Guillermo Suárez Mason. Las relaciones personales con esos sectores no sólo se verifican en las páginas de La Nueva Provincia, sino también en anécdotas relatadas por el propio Vicente Massot. 

“A mí no me lo contó nadie, yo lo viví a eso”, confesó durante una entrevista con el Programa de Historia Política del Instituto Gino Germani, en la que relató su rol como mediador entre Suárez Mason y el general Osvaldo Azpitarte, comandante del Cuerpo V de Bahía Blanca, en 1977. “Me llama Suárez Mason y me dice: ‘Te pido Vicente que vayas a verlo al Vasco Azpitarte, en Aeroparque tenés boleto de ida y vuelta. Andá y decile que lo quieren rajar a fin de año, que la Junta de Calificaciones, o lo que está manejando Videla y Viola, lo quieren rajar, y tenemos que hacer algún tipo de plan para tratar de mantenernos’ (...) Yo fui y se lo dije a Azpitarte”, relató, sin ocultar el nivel de confianza y la relación íntima que mantenía con los jefes de la represión ilegal. “Mi madre había sido una de las personas que más había insistido personalmente en la necesidad de que las Fuerzas Armadas interviniesen en la forma en que lo hicieron”, admitió en aquella entrevista, y recordó que al día siguiente del golpe de Estado visitaron a Suárez Mason para agradecerle. “Bueno, Cacho. ¡Lo felicito!”, recordó las palabras de Diana Julio para quien por esos días se convertía en dueño de vidas y muertes en la capital del país.

Massot, en tiempo de descuento

Por Diego Martínez

El empresario Vicente Massot volvió a declarar ayer como imputado por delitos de lesa humanidad durante la dictadura. El director del diario La Nueva Provincia se negó a responder preguntas de los fiscales, volvió a centrar todas las responsabilidades en sus familiares muertos e insistió en que no pisó Bahía Blanca en 1976, el año de los asesinatos de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola. Massot se retiró en un patrullero en medio de un descomunal operativo de seguridad de Prefectura, la fuerza que a fines de 1975 resolvió "ralear" de la tierra a los dirigentes gremiales que luego serían secuestrados, torturados y asesinados. La definición de la situación procesal de Massot está ahora en manos del juez federal subrogante Alvaro Coleffi, quien ayer a primera hora, en una extraña coincidencia, se enteró por LU2, la radio de  Massot, que fue denunciado penalmente por una supuesta filtración de información en una causa por narcotráfico. La denuncia la presentó su colega Santiago Martínez, que en su momento había desestimado la imputación contra los directivos de LNP, y quedó en manos de la jueza subrogante Ana Araujo, hija de un marino procesado como jefe de un grupo de tareas de la base naval de Puerto Belgrano y de cuyo arresto domiciliario es responsable.

Foto, FM de la Calle

  Massot entró al juzgado a las siete con su abogado Rubén Diskin. En la calle había un centenar de prefectos pertrechados con cascos, escudos y chalecos antibala. Dos horas después Coleffi informó a las partes que se acababa de enterar por LU2 de la denuncia en su contra pero ni Diskin ni los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani entendieron que fuera causal de recusación. Desde el primer piso donde se hizo la audiencia se veían fotos de Heinrich y Loyola y se escuchaban los cantos de militantes de organismos de derechos humanos y agrupaciones políticas.

  Cuando Palazzani le preguntó sobre la relación con el general Carlos Suárez Mason, el imputado aclaró que haría uso de su derecho a no responder preguntas de fiscales. Más tarde admitió el dato que dio durante una entrevista para el Instituto Gino Germani: en plena dictadura ofició de correo entre el comandante del Cuerpo V, general Osvaldo Azpitarte, y el del Primer Cuerpo, Suárez Mason, un íntimo amigo de la familia.

  La estrategia de Massot, indagado por primera vez a fines de abril, volvió a centrarse en responsabilizar a su mamá Diana Julio y a su hermano Federico, directora y vice de LNP en los '70, ambos fallecidos. "Mamá manejaba", "mamá escribía", "mamá decidía". A pesar de los recibos de sueldo con su firma durante varios meses de 1976, secuestrados en el allanamiento al diario, declaró que ese año no fue a Bahía Blanca. Afirmó que comenzó a escribir editoriales a mediados de 1978, un lustro después de su debut como secretario de redacción de la revista Cabildo.

  Lejos del personaje menor que intentó pintar en su primera declaración, antes de conocer las actas ante escribano en las que aparece negociando mano a mano con Heinrich y Loyola en los momentos más álgidos del conflicto con los gráficos, Massot admitió ayer que se paseaba armado por los pasillos de la empresa y se limitó a aclarar que no hacía ostentación de armas en las reuniones con los delegados, a quienes en los editoriales criminalizaban y denunciaban como un "soviet" infiltrado en sus filas.

  Entre las nuevas pruebas que le exhibió ayer Coleffi estuvieron los testimonios sobre la lucha de los gráficos en 1975 para que LNP respetara el convenio colectivo y las amenazas a Heinrich y Loyola, relatadas en los últimos meses por ex compañeros y familiares durante el juicio oral a marinos y prefectos, del que el diario desinforma sistemáticamente. Massot se limitó a decir que las acusaciones eran "infamias". La indagatoria concluyó poco después del mediodía. El columnista de La Nación, de traje y anteojos negros, salió del juzgado escoltado por policías y prefectos.

  El dato sugerente del día no lo aportó Massot en la indagatoria sino minutos antes desde su radio: una denuncia penal contra el primer juez de Bahía Blanca que se animó a avanzar sobre los partícipes civiles del terrorismo de Estado. En los últimos meses Coleffi no sólo ordenó allanar LNP e indagar a Massot; también pidió la extradición del ex capellán Aldo Vara y procesó al arzobispo Guillermo Garlatti por encubrirlo mientras estaba prófugo. La denuncia en su contra la presentó el subrogante Martínez, un desestimador serial que no encontró pruebas para indagar a Vara ni a Massot y que rechazó la imputación de los fiscales por delitos sexuales como parte constitutiva de la represión ilegal. La Cámara Federal local ya dejó trascender su decisión de no asignar más causas de lesa humanidad al descarriado Coleffi. Si el fiscal Antonio Castaño decidiera impulsar la denuncia penal, el expediente quedaría en manos de la jueza Araujo, hija del capitán de navío Ricardo César Araujo, con procesamiento firme por comandar un grupo de tareas de la Armada.