Tras los pasos del general Bayón

"Nuestros hijos ya!" Serie: Los Juicios. Raquel Partnoy

El segundo juicio por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca comenzará hoy a las 10 en el rectorado de la Universidad Nacional del Sur. El Tribunal Oral Federal subrogante que integran Jorge Ferro, Mario Triputti y Martín Bava juzgará a ocho acusados que prestaron servicios en el Cuerpo V de Ejército. Rendirán cuentas por privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios contra un total de 87 víctimas. También por la apropiación de dos criaturas nacidas en cautiverio en el centro clandestino La Escuelita, que todavía no conocen su identidad. A lo largo del proceso se prevé la declaración de medio centenar de testigos. El gran ausente será el coronel retirado Carlos Alberto Arroyo, acusado por su participación en dos homicidios agravados, quien se profugó semanas atrás para evitar ser juzgado. El proceso, que se desarrollará en el auditorio de la UNS de Colón 80, es oral y público.

Tres de los acusados actuaron bajo el mando del condenado Jorge Mansueto Swendsen en el Batallón de Comunicaciones 181: Alejandro Osvaldo Marjanov y Carlos Alberto Stricker fueron segundos jefes, en tanto Ricardo Claudio Gandolfo se desempeñó como jefe de sección de una compañía de combate. José Héctor Fidalgo y Miguel Antonio Villegas serán juzgados por su participación en los denominados “consejos de guerra” que se utilizaron para blanquear las detenciones ilegales. Bernardo Cabezón y Felipe Ayala rendirán cuentas por su rol como guardias de La Escuelita, y Fernando Antonio Videla como jefe de ese grupo de guardias. Seis de los ocho acusados están detenidos en la unidad penitenciaria de Villa Floresta. Los otros dos no estarán en la sala y seguirán el proceso por videconferencia: Gandolfo desde el hospital de la cárcel de Ezeiza, y Villegas (con arresto domiciliario en Buenos Aires) desde una sala del Consejo de la Magistratura.

La actuación durante el terrorismo de Estado no les impidió a los imputados continuar con su carrera militar: Marjanov, Stricker, Fidalgo y Villegas se retiraron como coroneles entre 1988 y 1997; Cabezón se retiró como sargento baqueano en 2002. De los diez acusados que debían ser juzgados en este segundo proceso, también fue excluido el suboficial Armando Barrera, ex guardia de La Escuelita, donde se hacía llamar “Pato”. Barrera quedó fuera del debate luego de que dos juntas médicas dictaminaran que no se encuentra en condiciones de afrontar el proceso.

“Lo de Barrera es parte de lo que llamamos impunidad biológica. Estas personas ya son añosas y sus funciones vitales comienzan a declinar. La demora en llegar a los debates orales produce estas injusticias”, destacó el fiscal federal Miguel Palazzani. Sobre la fuga de Arroyo, el representante del Ministerio Público recordó que “la Unidad Fiscal le había pedido al Tribunal su detención en dos oportunidades. La primera fue en noviembre del año pasado, la siguiente en marzo de éste año. En ambas señalamos la necesidad de su detención dada la inminencia del comienzo del debate oral, cuando se incrementa el peligro de fuga, temor que lamentablemente se confirmó en los hechos”. Arroyo no es el único prófugo de la causa del Cuerpo V: desde la reapertura del proceso también está escondido el coronel retirado Aldo Mario Alvarez, ex jefe de inteligencia de ese comando durante el terrorismo de Estado. El Ministerio de Justicia ofrece 100 mil pesos a quien ofrezca información que permitan capturarlo.

En el primer juicio por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca, que concluyó en septiembre pasado, fueron condenados 17 represores, 14 a la pena de prisión perpetua. Además de los ocho que comenzarán a ser juzgados hoy, hay un total de 35 imputados de la causa “Ejército” en condiciones de afrontar el proceso oral y público. En la investigación judicial por los crímenes de lesa humanidad cometidos por la Armada y Prefectura en las bases de Puerto Belgrano y Baterías hay más de sesenta acusados. La mitad de ese universo comenzará a ser juzgada cuando concluya el juicio que comienza el martes; sobre la otra mitad resta que la Cámara Federal de Bahía Blanca confirme sus procesamientos.

La Unidad de Derechos Humanos de la Procuración General de la Nación continúa además impulsando las acusaciones por la participación de civiles en el plan criminal aplicado durante la última dictadura. Tras los fallecimientos del ex juez Guillermo Federico Madueño y de la directora del diario La Nueva Provincia, Diana Julio de Massot, se instruyen investigaciones a los secretarios del juzgado federal, Hugo Sierra y Gloria Girotti. La Cámara Federal de Bahía Blanca debe pronunciarse además sobre las situaciones procesales del sacerdote Aldo Omar Vara, que como capellán del Ejército tenía contacto con personas privadas de la libertad en el Batallón de Comunicaciones 181. En idéntica situación se encuentran el dueño y director del diario La Nueva Provincia, Vicente Massot, y su ex jefe de redacción, Mario Hipólito Gabrielli. En los tres casos el juez federal subrogante Santiago Martínez se negó insólitamente a tomarles declaración indagatoria, decisión sobre la que ahora se pronunciará la Cámara Federal.


Primera imagen del juicio, de FM de la Calle:

Ex edecán de Menem detenido por delitos de lesa humanidad

El coronel retirado Jorge Igounet está detenido desde el lunes 3 por disposición del juzgado federal 1 de Bahía Blanca y a pedido de los fiscales Nebbia y Palazzani. Se lo acusa por haber participado en 1978 en delitos de lesa humanidad bajo la órbita del V Cuerpo de Ejército. Entre 1989 y 1996 fue edecán de Menem y luego su segundo hombre en la SIDE. Su documentado lazo de confianza con el ex presidente.

Por Diego Kenis (publicado por agencia Paco Urondo)

Desde el lunes 3 de junio pasado, el coronel retirado Jorge Igounet está detenido en el penal que el Servicio Penitenciario Federal posee en la localidad de Ezeiza y al cierre de esta nota se aguardaba su traslado a Bahía Blanca, donde debía ser indagado por su participación en delitos de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura bajo la órbita del V Cuerpo de Ejército. La orden de detención, solicitada por los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia, partió del juzgado federal 1 de esa ciudad bonaerense.

Desde diciembre de 2012, cuando la Unidad Fiscal de Derechos Humanos bahiense estaba aún a cargo de Abel Córdoba, el Ministerio Público acusa a Igounet por los delitos que tuvieron como víctima a Carlos Príncipi, secuestrado entre 1977 y 1978 en el Centro Clandestino de Detención (CCD) “La Escuelita” que funcionó en el predio del V Cuerpo de Ejército, en las afueras de Bahía Blanca.
En 1977, Príncipi era militante de la Juventud Universitaria Peronista y estaba en pareja con Patricia Acevedo, asesinada el mismo día en que se produjo su secuestro, el 26 de febrero de ese año. Al declarar en el juicio a diecisiete de los represores del V Cuerpo, en 2011, la recordó como “un amor de persona, comprometida con su vida, quería cambiar el mundo”. De su paso por “La Escuelita”, donde sus torturadores le informaron el asesinato de su pareja, aportó un testimonio de suma valía al indicar que “en los primeros tiempos” de su cautiverio “se produce un parto” en el CCD, y que escuchó comentar a los guardias que “había sido un varón, un gringuito de ojos claros cuando había nacido”.
En mayo de 1978, los secuestradores de Príncipi decidieron legalizar su situación y, antes de trasladarlo a una Unidad Penal, apelaron para ello a una parodia de juicio a la que enmarcaban como “Consejo de Guerra”, lo que implicaba que un grupo de militares actuaba como jueces mientras otros hacían las veces de defensor, fiscal y secretario. En la ficción plasmada por los militares para blanquear la situación de Príncipi, el acusado se había entregado voluntariamente el 8 de mayo de 1978, cuando ya llevaba más de un año secuestrado en “La Escuelita”. El rol de defensor lo personificó Jorge Igounet, que un semestre atrás había llegado a la ciudad y desde tres años antes ostentaba el título de abogado, otorgado por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
Para definir lo artificial del procedimiento bastan las palabras del propio Igounet, quien en el inicio de la misma sesión del “Consejo de Guerra” calificó como “una difícil misión para un militar la de tener que asumir la defensa de un ciudadano que integró una banda de delincuentes subversivos que hoy combatimos”. “El defensor, previamente, me había dicho que no tuviera expectativa del juicio porque… estaba decidido”, recordó la víctima respecto de la puesta en escena.
Del paródico “Consejo de Guerra” participaron también los coroneles Mario Torres y Daniel Rodríguez, los tenientes coroneles Eduardo Rodríguez y Juan Miguel Escola, los mayores Carlos Martínez, Ricardo Correa y José Calderón, el capitán Jorge Burlando y el entonces teniente primero Igounet.

No habrá más penas ni olvido

Nacido en 1949, Igounet había sido expulsado del Ejército por el dictador Alejandro Lanusse en razón de su simpatía por el proscripto peronismo cuando se encontraba en la recta final de su formación en el Colegio Militar, en 1971. El 30 de enero de 1974, el por tercera vez presidente Juan D. Perón firmó el decreto por el cual se aprobó su demorado ascenso y egreso, con lo que quedó reincorporado al Ejército. Pocos meses más tarde, en 1975, obtuvo su título de abogado en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNLP y el último día de ese año fue ascendido a teniente primero.
Con ese rango llegó a Bahía Blanca el 5 de diciembre de 1977, destinado a la Secretaría General del V Cuerpo de Ejército en cuya capilla se casó casi un año más tarde. Tres de sus cuatro hijos nacieron en suelo bahiense. El cuarto fue dado a luz en octubre de 1988, ya en Capital Federal. Un año después, protegido de la acción penal por las leyes de impunidad sancionadas poco tiempo antes, Igounet era designado edecán del presidente justicialista Carlos Saúl Menem, que había asumido el 8 de julio de 1989.
Hasta su retiro, en octubre de 1996, ostentó el cargo. Por ello, se convirtió en el edecán que más tiempo permaneció junto al titular del Ejecutivo de más extensa continuidad en el poder. En ese último año el oficial que elevó su fichaje anual de servicios fue el coronel Carlos Arroyo, acusado también por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca y prófugo de la Justicia desde mayo de este año.

Un pelotazo difícil de atajar

Junto a Menem, Igounet viajó por el mundo y se convirtió incluso en el arquero del equipo de fútbol con que el presidente pretendía demostrar sus dotes técnicas con la pelota. El lazo que ambos construyeron durante los siete años completos de trato asiduo fue documentado por el entonces Jefe del Ejército, el general Martín Balza, que en un memo interno de septiembre de 1993 explicó las razones por las que Igounet no había sido designado jefe de unidad, rol al que podía aspirar en virtud del rango de teniente coronel al que accedió el último día de 1989. Al escribir el memo, Balza exaltó las “sobresalientes aptitudes personales y profesionales” del ahora detenido militar y subrayó que lo que hacía aconsejable que permaneciese como edecán y no sea destinado a la jefatura de una unidad era “la confianza que se ha granjeado del CJFFAA” (sic). Las siglas aluden al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, rol que la Constitución asigna al presidente de la Nación.
Menem supo compensarlo y luego de su retiro, ocurrido diez meses después del último ascenso de su carrera, lo designó como subsecretario de Interior de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), lo que lo convirtió en segundo del organismo sólo debajo de Hugo Anzorreguy. En mayo de 2003, cuando luego de una primera vuelta electoral Menem renunció a un balotaje frente a Néstor Kirchner por la presidencia de la Nación, el periodista Miguel Bonasso reveló en el diario Página/12 que la carta de renunciamiento del candidato riojano al sillón de Rivadavia había sido escrita en colaboración por Igounet y el empresario Vicente Massot, viceministro de Defensa del renunciante una década antes, dueño del diario bahiense La Nueva Provincia y actualmente también acusado por delitos de lesa humanidad vinculados a la propaganda negra que desde sus páginas se hacía del accionar del Terrorismo de Estado. Un día después del secuestro de Príncipi, víctima de Igounet, el matutino describió el asesinato de su compañera Acevedo presentándola como una “delincuente subversiva”. Narrado como un enfrentamiento que no existió, para La Nueva Provincia el homicidio ponía “de manifiesto la vocación de servicio y el valor de las fuerzas armadas legales, que aún a riesgo de su vida no escatiman en defender los más caros intereses de la Nación”.