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"Nuestros hijos ya!" Serie:
Los Juicios. Raquel Partnoy
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Tres de los acusados actuaron bajo el mando del
condenado Jorge Mansueto Swendsen en el Batallón de Comunicaciones 181:
Alejandro Osvaldo Marjanov y Carlos Alberto Stricker fueron segundos jefes, en
tanto Ricardo Claudio Gandolfo se desempeñó como jefe de sección de una
compañía de combate. José Héctor Fidalgo y Miguel Antonio Villegas serán
juzgados por su participación en los denominados “consejos de guerra” que se
utilizaron para blanquear las detenciones ilegales. Bernardo Cabezón y Felipe
Ayala rendirán cuentas por su rol como guardias de La Escuelita, y Fernando
Antonio Videla como jefe de ese grupo de guardias. Seis de los ocho acusados
están detenidos en la unidad penitenciaria de Villa Floresta. Los otros dos no
estarán en la sala y seguirán el proceso por videconferencia: Gandolfo desde el
hospital de la cárcel de Ezeiza, y Villegas (con arresto domiciliario en Buenos
Aires) desde una sala del Consejo de la Magistratura.
La actuación durante el terrorismo de Estado no
les impidió a los imputados continuar con su carrera militar: Marjanov,
Stricker, Fidalgo y Villegas se retiraron como coroneles entre 1988 y 1997;
Cabezón se retiró como sargento baqueano en 2002. De los diez acusados que
debían ser juzgados en este segundo proceso, también fue excluido el suboficial
Armando Barrera, ex guardia de La Escuelita, donde se hacía llamar “Pato”.
Barrera quedó fuera del debate luego de que dos juntas médicas dictaminaran que
no se encuentra en condiciones de afrontar el proceso.
“Lo de Barrera es parte de lo que llamamos
impunidad biológica. Estas personas ya son añosas y sus funciones vitales comienzan
a declinar. La demora en llegar a los debates orales produce estas
injusticias”, destacó el fiscal federal Miguel Palazzani. Sobre la fuga de
Arroyo, el representante del Ministerio Público recordó que “la Unidad Fiscal
le había pedido al Tribunal su detención en dos oportunidades. La primera fue
en noviembre del año pasado, la siguiente en marzo de éste año. En ambas
señalamos la necesidad de su detención dada la inminencia del comienzo del
debate oral, cuando se incrementa el peligro de fuga, temor que lamentablemente
se confirmó en los hechos”. Arroyo no es el único prófugo de la causa del
Cuerpo V: desde la reapertura del proceso también está escondido el coronel
retirado Aldo Mario Alvarez, ex jefe de inteligencia de ese comando durante el
terrorismo de Estado. El Ministerio de Justicia ofrece 100 mil pesos a quien
ofrezca información que permitan capturarlo.
En el primer juicio por delitos de lesa
humanidad en Bahía Blanca, que concluyó en septiembre pasado, fueron condenados
17 represores, 14 a la pena de prisión perpetua. Además de los ocho que
comenzarán a ser juzgados hoy, hay un total de 35 imputados de la causa
“Ejército” en condiciones de afrontar el proceso oral y público. En la
investigación judicial por los crímenes de lesa humanidad cometidos por la
Armada y Prefectura en las bases de Puerto Belgrano y Baterías hay más de
sesenta acusados. La mitad de ese universo comenzará a ser juzgada cuando
concluya el juicio que comienza el martes; sobre la otra mitad resta que la
Cámara Federal de Bahía Blanca confirme sus procesamientos.
La Unidad de Derechos Humanos de la Procuración
General de la Nación continúa además impulsando las acusaciones por la
participación de civiles en el plan criminal aplicado durante la última
dictadura. Tras los fallecimientos del ex juez Guillermo Federico Madueño y de
la directora del diario La Nueva Provincia, Diana Julio de Massot, se instruyen
investigaciones a los secretarios del juzgado federal, Hugo Sierra y Gloria
Girotti. La Cámara Federal de Bahía Blanca debe pronunciarse además sobre las
situaciones procesales del sacerdote Aldo Omar Vara, que como capellán del
Ejército tenía contacto con personas privadas de la libertad en el Batallón de
Comunicaciones 181. En idéntica situación se encuentran el dueño y director del
diario La Nueva Provincia, Vicente Massot, y su ex jefe de redacción, Mario
Hipólito Gabrielli. En los tres casos el juez federal subrogante Santiago
Martínez se negó insólitamente a tomarles declaración indagatoria, decisión
sobre la que ahora se pronunciará la Cámara Federal.
Primera imagen del juicio, de FM de la Calle:
Primera imagen del juicio, de FM de la Calle:
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