Tras los pasos del general Bayón

"Nuestros hijos ya!" Serie: Los Juicios. Raquel Partnoy

El segundo juicio por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca comenzará hoy a las 10 en el rectorado de la Universidad Nacional del Sur. El Tribunal Oral Federal subrogante que integran Jorge Ferro, Mario Triputti y Martín Bava juzgará a ocho acusados que prestaron servicios en el Cuerpo V de Ejército. Rendirán cuentas por privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios contra un total de 87 víctimas. También por la apropiación de dos criaturas nacidas en cautiverio en el centro clandestino La Escuelita, que todavía no conocen su identidad. A lo largo del proceso se prevé la declaración de medio centenar de testigos. El gran ausente será el coronel retirado Carlos Alberto Arroyo, acusado por su participación en dos homicidios agravados, quien se profugó semanas atrás para evitar ser juzgado. El proceso, que se desarrollará en el auditorio de la UNS de Colón 80, es oral y público.

Tres de los acusados actuaron bajo el mando del condenado Jorge Mansueto Swendsen en el Batallón de Comunicaciones 181: Alejandro Osvaldo Marjanov y Carlos Alberto Stricker fueron segundos jefes, en tanto Ricardo Claudio Gandolfo se desempeñó como jefe de sección de una compañía de combate. José Héctor Fidalgo y Miguel Antonio Villegas serán juzgados por su participación en los denominados “consejos de guerra” que se utilizaron para blanquear las detenciones ilegales. Bernardo Cabezón y Felipe Ayala rendirán cuentas por su rol como guardias de La Escuelita, y Fernando Antonio Videla como jefe de ese grupo de guardias. Seis de los ocho acusados están detenidos en la unidad penitenciaria de Villa Floresta. Los otros dos no estarán en la sala y seguirán el proceso por videconferencia: Gandolfo desde el hospital de la cárcel de Ezeiza, y Villegas (con arresto domiciliario en Buenos Aires) desde una sala del Consejo de la Magistratura.

La actuación durante el terrorismo de Estado no les impidió a los imputados continuar con su carrera militar: Marjanov, Stricker, Fidalgo y Villegas se retiraron como coroneles entre 1988 y 1997; Cabezón se retiró como sargento baqueano en 2002. De los diez acusados que debían ser juzgados en este segundo proceso, también fue excluido el suboficial Armando Barrera, ex guardia de La Escuelita, donde se hacía llamar “Pato”. Barrera quedó fuera del debate luego de que dos juntas médicas dictaminaran que no se encuentra en condiciones de afrontar el proceso.

“Lo de Barrera es parte de lo que llamamos impunidad biológica. Estas personas ya son añosas y sus funciones vitales comienzan a declinar. La demora en llegar a los debates orales produce estas injusticias”, destacó el fiscal federal Miguel Palazzani. Sobre la fuga de Arroyo, el representante del Ministerio Público recordó que “la Unidad Fiscal le había pedido al Tribunal su detención en dos oportunidades. La primera fue en noviembre del año pasado, la siguiente en marzo de éste año. En ambas señalamos la necesidad de su detención dada la inminencia del comienzo del debate oral, cuando se incrementa el peligro de fuga, temor que lamentablemente se confirmó en los hechos”. Arroyo no es el único prófugo de la causa del Cuerpo V: desde la reapertura del proceso también está escondido el coronel retirado Aldo Mario Alvarez, ex jefe de inteligencia de ese comando durante el terrorismo de Estado. El Ministerio de Justicia ofrece 100 mil pesos a quien ofrezca información que permitan capturarlo.

En el primer juicio por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca, que concluyó en septiembre pasado, fueron condenados 17 represores, 14 a la pena de prisión perpetua. Además de los ocho que comenzarán a ser juzgados hoy, hay un total de 35 imputados de la causa “Ejército” en condiciones de afrontar el proceso oral y público. En la investigación judicial por los crímenes de lesa humanidad cometidos por la Armada y Prefectura en las bases de Puerto Belgrano y Baterías hay más de sesenta acusados. La mitad de ese universo comenzará a ser juzgada cuando concluya el juicio que comienza el martes; sobre la otra mitad resta que la Cámara Federal de Bahía Blanca confirme sus procesamientos.

La Unidad de Derechos Humanos de la Procuración General de la Nación continúa además impulsando las acusaciones por la participación de civiles en el plan criminal aplicado durante la última dictadura. Tras los fallecimientos del ex juez Guillermo Federico Madueño y de la directora del diario La Nueva Provincia, Diana Julio de Massot, se instruyen investigaciones a los secretarios del juzgado federal, Hugo Sierra y Gloria Girotti. La Cámara Federal de Bahía Blanca debe pronunciarse además sobre las situaciones procesales del sacerdote Aldo Omar Vara, que como capellán del Ejército tenía contacto con personas privadas de la libertad en el Batallón de Comunicaciones 181. En idéntica situación se encuentran el dueño y director del diario La Nueva Provincia, Vicente Massot, y su ex jefe de redacción, Mario Hipólito Gabrielli. En los tres casos el juez federal subrogante Santiago Martínez se negó insólitamente a tomarles declaración indagatoria, decisión sobre la que ahora se pronunciará la Cámara Federal.


Primera imagen del juicio, de FM de la Calle: