"Ningún juez se anima a ordenar la detención de Vicente Massot"

Entrevista al ex fiscal general Hugo Cañón publicada en el diario Tiempo Argentino.


Por Daniel Enzetti. Publicado en Tiempo Argentino.

El pasado 16 de mayo, el juez subrogante de Bahía Blanca, Santiago Ulpiano Martínez, negó el pedido de indagatoria y detención de Vicente Massot, dueño del diario pro golpista La Nueva Provincia, y de su ex secretario de redacción durante la dictadura, Mario Gabrielli. La solicitud, encabezada por los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani, se basa en una causa que prueba la complicidad del empresario en el secuestro y homicidio de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola. E intenta profundizar en el verdadero papel que cumplió La Nueva Provincia en aquellos años, cuando publicaba notas donde los asesinatos de militantes eran disfrazados de "enfrentamientos con la subversión", y trucaba fotos en las que siempre aparecían soldados heridos y sufrientes.

Hugo Cañón fue fiscal general de Bahía, y el primero, en 1987, que relacionó a la familia Massot con el genocidio. Resistió el Punto Final, declaró inconstitucional la Obediencia Debida, y encabezó el proceso contra Acdel Vilas, comandante del V Cuerpo de Ejército y uno de los preferidos del diario en eso de eliminar a los apátridas.     

"Lo que hicieron Nebbia y Palazzani no sólo está muy bien fundamentado en sus 137 fojas –dice–, sino que además incorpora pruebas y documentos reunidos a lo largo de muchos años, que demuestran la connivencia de La Nueva Provincia con sectores del Ejército en la época de la represión. Sobre todo con la Inteligencia militar, en tiempos de Vilas. En lo peor de la dictadura en Bahía, las notas publicadas por el diario eran cosas sólo conocidas por los sectores de Inteligencia. Y a eso hay que agregar los montajes, las fotos inventadas, los comunicados falsos y las teatralizaciones, para hacer pasar los asesinatos como supuestos enfrentamientos. También hay que resaltar que en la sentencia que el tribunal dio a conocer en septiembre del año pasado por la represión ocurrida en la región, allí se ordenó investigar por separado la complicidad del diario en esa época. Fue el puntapié inicial para el actual pedido de detención de Massot, y la investigación sobre lo hecho por el sacerdote Aldo Vara, al que yo imputé en 1999 durante los Juicios por la Verdad."

–Hablás de teatralizaciones reflejadas por La Nueva Provincia. ¿Qué tipo de montajes?

–Los secuestros, pero sobre todo las operaciones que se hacían en el V Cuerpo para asesinar a militantes en la calle, en una casa o en un cruce de caminos, tenían un increíble despliegue escénico y teatral, para simular tiroteos. Los militares hablaban de "abatimiento de subversivos por enfrentamientos". Eran enfrentamientos fraguados, se trataba de escenarios montados para matar personas con total impunidad. La Nueva Provincia publicaba notas que describían balaceras y "caídos". Una vez, el Ejército fusiló a un grupo, y después sacó camillas con soldados "muertos" para que el diario tomara fotos. Los soldados actuaban. Durante un juicio le pregunté a Vilas por qué hacían eso. Y me contestó que era "para despistar al enemigo y confundir a la población". En otra oportunidad hubo un gran despliegue de autos, armamento, camiones con comida supuestamente secuestrados a la "subversión". Fue en la Cueva de los Leones, a la salida de Bahía, 15 kilómetros hacia Tornquist. La dictadura sembró el campo con cadáveres y llamaron a los Massot para que "contaran" qué había pasado. El diario, por supuesto, también habló de enfrentamiento. Otro lugar elegido para ese tipo de montaje era el camino La Carrindanga, a unos 2000 metros de la entrada principal del V Cuerpo. Un viejo tambo después utilizado como centro clandestino de detención. Cuando en la década del '80 comenzábamos a investigar aquel genocidio, el relato de un detenido me hizo acordar a las veces que La Nueva Provincia mentía sobre los secuestros y las desapariciones en la zona. Por las terribles condiciones de detención, las mujeres no podían menstruar, y entre la alimentación espantosa y la presión psicológica, era común que los secuestrados tampoco defecaran. Este hombre me contó que un guardia le dio un purgante, y al acompañarlo al baño, salió a un patio después de varias semanas. Su impresión era como si lo estuvieran metiendo en un horno. Era el calor del sol. 

–Fuiste fiscal general de Bahía durante mucho tiempo. ¿Cuándo tomaste conciencia de lo que significaba La Nueva Provincia en la región?

–Ocupé la fiscalía entre abril de 1986 y mayo de 2009, y siempre tuve conciencia de la vinculación entre el diario y la Marina, como la mayoría de los habitantes de Bahía. Massot padre era un marino que murió en un accidente de armas, y había ocupado un consulado durante el peronismo, hasta que lo separaron por manejos de dinero bastante confusos. Pero el origen del diario, fundado por Enrique Julio en 1898, es radical. Su línea editorial repudió el golpe de Estado de 1930, hasta que tomó el mando Diana Julio de Massot, y la publicación se corrió al liberalismo económico. Bahía Blanca fue un verdadero bastión del golpe de Estado de 1955, la Marina bombardeó el puente Las Oscuras para que no llegaran las tropas leales, y la empresa hizo sonar una enorme sirena que utiliza para lo que considera grandes acontecimientos. Sus editoriales llamaban a la rebelión de La Libertadora, a desobedecer los principios democráticos. Exactamente como ahora, que estimulan a la violencia y aplauden cada vez que muere alguien en la calle. Ante un asalto, por ejemplo, el mensaje es directo: "Es preferible que al delincuente lo maten antes de ser detenido por un policía corrupto, y después soltado por jueces garantistas liberadores de presos." Hoy, el edificio histórico del diario lo ocupa el Colegio de Abogados, nada menos. Y para la redacción construyeron un verdadero búnker justo al lado, de cemento, inaccesible.

–¿Cómo está la empresa?

–Redujeron mucho la planta, si la comparamos con los años sesenta. En ese tiempo el monopolio era fuerte, con el diario, LU 2 y Cable Total. El nombre del canal estaba bien elegido, por lo totalitario. Se vendían muchos ejemplares cuando no llegaban los diarios de Buenos Aires, pero después, la realidad cambió. Además, el diario de Río Negro comenzó a tener más protagonismo no sólo en Bahía, sino además en Neuquén, Bariloche y la zona del Alto Valle. Es sabido que dentro de la redacción se vive un régimen de oscurantismo terrible en el que nadie se anima a decir lo que piensa, todos hablan en voz baja y nunca se critica nada.

–¿En qué momento La Nueva Provincia aparece mencionado en causas de lesa humanidad por primera vez?

–En la indagatoria que le hicimos a Vilas en 1987, cuando declaró 13 días seguidos. Vilas manifestó con naturalidad el vínculo del Ejército con el diario. Y dijo que eran muy comunes sus reuniones en el barrio Palihue con Juan Ramón Cachero, uno de los periodistas más importantes de la empresa. A esos encuentros también asistían el juez Guillermo Madueño y el camarista Ricardo Rojo, nexo del Ejército con la Cámara Federal. Hay una anécdota que se relaciona con lo que hoy se denominan "zócalos" en televisión. Durante aquellos años, los Massot administraban en la ciudad el Canal 9. En la parte inferior de la pantalla, en lugar de la hora y la temperatura, la familia mostraba un teléfono para que la gente llamara y denunciara a "subversivos", contara dónde los habían visto, y diera datos para ir a secuestrarlos. La anécdota es que muchos se comunicaban por cualquier cosa. Un empresario que quería echar a un empleado, por ejemplo, lo mandaba al frente. Y lo terrible es que ese hombre no aparecía nunca más. Vilas tuvo que armar una especie de "comisión evaluadora", para filtrar llamados y decidir dónde ir y dónde no.

–Bahía Blanca marcó un antecedente importante en la historia de los juicios por causas de lesa humanidad, en tiempos en que los procesos no eran tan comunes como ahora. 

–Sí, se puede decir que fuimos los primeros, a pesar de las trabas y los problemas. En 1985 la directiva del alfonsinismo era someter a proceso sólo a las cúpulas militares, pero más allá de eso, ninguna cámara del país hacía nada. Cuando me nombraron fiscal empecé a pedir colaboración en todos lados. La Ley 23.049 establecía que los juicios serían por Cuerpo de Ejército, y tuvimos que organizar la modalidad, porque la región de Bahía se subdividía a su vez en tres subzonas. Reclamé expedientes al Consejo Supremo, que investigaba más a las víctimas que a los represores; pedí datos a jueces federales; exigí que los jueces militares mostraran lo que tenían; y con ese conjunto de cosas solicitamos el abocamiento de la Cámara. 

–Y aparece la Ley de Punto Final...

–Claro, pero no nos complicó, porque daba un plazo de dos meses para ponerse en vigencia. Trabajamos a destajo, incluso dentro de la feria judicial, y alcanzamos a citar a todos los implicados. Eso permitió detener a varios militares, como Vilas, (José Luis) Sexton, (Abel) Catuzzi o Bernardino Páez. Lo peor fue la Obediencia Debida, que frenó todo. Por eso planteamos su inconstitucionalidad. 

–¿Se hablaba de Massot y de su complicidad con el genocidio?

–Hay que poner las cosas en contexto. Esa colaboración del grupo se respiraba en el ambiente, pero gracias que podíamos juzgar a los militares, a algunos. Considerar las complicidades de la Iglesia, de los civiles y de los empresarios con la dictadura no era tan común como en la actualidad. Uno de los que asistió a mi juramento como fiscal fue el general Dante Caridi. Lo primero que me dijo fue: "Bienvenido doctor, lo felicito. Estamos a disposición, y si necesita algo, cuente con mis colaboradores." Se acercó para cerrar el paquete, para que no hiciéramos ruido con el pasado. "Cómo no, general –le contesté–, vamos a hacer lo que tengamos que hacer." Nunca imaginó que los investigaríamos por genocidas. Los militares estaban tan seguros de que no les pasaría nada, que Vilas, para quedar bien, nos contaba que hacía sumarios a sus cabos y oficiales cada vez que se robaban una carpita de mochilero o una bolsa de papas. Gracias a una bolsa de papas descubrimos la identidad de una de las patotas de secuestradores más importantes de Bahía, que La Nueva Provincia hacía pasar por salvadores de la patria.

–¿Cómo fue el caso?

–Un cabo robó algunas papas en el medio de un secuestro, y un coronel, en un arranque de rectitud, lo sumarió. Firmó una constancia con el nombre del ladrón, pero también con cada uno de los que había integrado la banda. Al investigar el secuestro, dentro de una de las causas, saltaron las identidades de los secuestradores. Para ellos, llevarse un kilo de papas era ilegal, pero estaba bien asesinar, secuestrar y arrastrar a la gente de su casa para torturarla. Pero, volviendo a Massot, y a si se consideraba su papel, también desde lo alto del poder se bajaba línea para limitar los procesos únicamente al generalato, y no tocar nada de ahí para abajo. El mismo (Luis) Moreno Ocampo decía que con solamente 800 casos bastaba para hacer un muestreo de lo hecho por la dictadura. Los Juicios por la Verdad fueron uno de los primeros aportes para que la gente supiera que los militares no habían estado solos en la represión. Allí, por ejemplo, desenmascaramos las listas que Carlos Ruckauf y José Rodríguez, de SMATA, elaboraban con los delegados gremiales de Mercedes Benz que después serían secuestrados. 

–Más allá de reivindicar a la dictadura, La Nueva Provincia sigue hoy haciendo una permanente apología del delito. Sin embargo, después de tantos años no hay acciones penales que cuestionen eso. ¿Por qué?

–La impronta de la familia Massot en Bahía es muy fuerte, y romper con ese mandato cultural es casi imposible. No hay intendente de la región que se atreva a quitar la publicidad oficial de los medios del grupo, o limitar el vínculo con el diario. Y por supuesto, ningún juez se anima a ordenar la detención del empresario. Hace pocos días, un ex funcionario radical dijo que el pedido de encarcelamiento de Massot podía discutirse, pero no entendía por qué se lo acusaba a Mario Gabrielli, un "simple empleado". Gabrielli era el editorialista que hacía panegíricos de la tortura y el exterminio, no era un "simple empleado". El tema es que a Massot no se le animan. Y ya algunos empezaron a decir que detenerlo significaría un ataque a la libertad de expresión. Si hasta están intentando que la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa) proteste con algún comunicado. «

Ulpiano, el peor de la clase

Los dos tribunales federales de Bahía Blanca están vacantes. Santiago Ulpiano Martínez, el juez subrogante de la ciudad que se negó a detener a Vicente Massot, a pesar de las pruebas que lo vinculan con los secuestros y homicidios de los operarios gráficos Miguel Ángel Loyola y Enrique Heinrich, en realidad no es juez, sino secretario, sin concurso para ejercer la magistratura.

Ulpiano, como lo llaman en el ambiente, llegó a ese lugar de la mano de Luis Armando Balaguer, el ex juez federal de Bahía destituido durante la fiesta menemista de los noventa, y condenado a prisión por estafas reiteradas, llevarse relojes sin pagar, falsificar documentación para sacar créditos y retirar autos de varias concesionarias a pesar de que nunca puso un solo peso. Pero lo que no se puede negar es que el secretario tenga coherencia: hace un tiempo también rechazó guardar entre rejas al ex capellán del V Cuerpo del Ejército, Aldo Vara, acusado de complicidad con los genocidas de la región.

Martínez forma parte de la corporación judicial de Bahía, una familia bastante particular. Muy cercano a la línea de Eduardo Tentoni, juez apartado de la causa que salpicaba a la Marina debido a su declarada simpatía hacia los verdugos, y aprobar los paseos barriales que hacían militares condenados a arresto domiciliario porque, según él, caminar les hacía bien a la salud. Otro de los magistrados que formaba parte de ese club era Hilario Fernández Orozco, nombrado por Carlos Menem, fanático de la pena de muerte, y ex abogado defensor de varios genocidas. Epoca en la que según él, a razón de 5000 dólares por reo, cobró la mayor cantidad de plata de su vida.

No hace mucho, Ulpiano se presentó para cubrir el cargo de fiscal de Cámara. Su examen oral fue muy bajo. Quedó entre los últimos.

“Por el momento” Massot sigue libre

Por Diego Martínez

El juez federal Santiago Martínez rechazó “por el momento” el pedido de detención de Vicente Massot, director del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, solicitada por el Ministerio Público Fiscal. A diferencia del Tribunal Oral que en 2012 ordenó investigar a los directivos del diario por su rol en la “campaña de desinformación y propaganda negra” al servicio del terrorismo de Estado, el magistrado consideró en su primer “juicio provisorio” sobre el caso que la “orfandad probatoria” respecto de los Massot ni siquiera permite verificar “la existencia de algún grado de complicidad” con la dictadura. Los fiscales federales José Nebbia y Miguel Palazzani apelarán el rechazo ante la Cámara Federal bahiense.

Las “relaciones remotas” de los Massot con autoridades militares, jefes de centros clandestinos y afamados torturadores “resulta insuficiente para atribuir conocimiento efectivo” de los delitos que cometían, sostuvo el juez. Que en la intimidad los acusaran de “cagones” por no fusilar y en las páginas del diario reclamaran “pena de muerte dictada por autoridades militares” tampoco “autoriza a sostener conocimiento de la mecánica relacionada con la desaparición forzada de personas”. Que el general Adel Vilas definiera al diario como “valioso auxiliar de la conducción” de lo que ambos llamaron “guerra contra la subversión” no es “prueba cargosa”, porque los dichos del militar “resultan imprecisos”. Que acompañaran los comunicados para encubrir fusilamientos con fotos robadas de las casas de las víctimas aportadas por militares “no revela conocimiento de los hechos”. Que tildaran de “soviet” infiltrado en la empresa a los delegados gremiales, nutrieran de datos a la fuerza que decidió “ralearlos”, no informaran durante cuatro días sobre los secuestros que todos sus empleados conocían, publicaran apenas veinte líneas sobre la aparición de los cadáveres y no retomaran el tema en 37 años “resulta insuficiente como para habilitar la instancia penal respecto de los sospechados”, sostuvo Martínez.

Massot, el "trato con el personal" y esa costumbre de matar

Por Diego Martínez

El director de La Nueva Provincia, Vicente Massot, a quien los fiscales pidieron detener.

“La Nueva Provincia participó en todas etapas de la masacre”, destacó el Ministerio Público al imputar a los directivos del diario de Bahía Blanca. El detalle de operaciones psicológicas al servicio del plan criminal de las Fuerzas Armadas comienza a fines de 1975. La última etapa de la masacre, el negacionismo, continúa hasta hoy. De la enumeración de hechos y pruebas presentados por la Unidad Fiscal sobresalen dos crímenes en particular: los de Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, los delegados gremiales que desde principios de los ’70 organizaron a los trabajadores y que osaron enfrentar a la patronal, cuyas caras visibles eran Diana Julio de Massot y sus hijos. Los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani acusan a Vicente Massot, actual director, de partícipe como “coautor por reparto de roles en el homicidio de los obreros gráficos Heinrich y Loyola, instigándolo, determinándolo, prestando aportes indispensables para su concreción material y encubriendo a sus autores inmediatos”.

El escrito de 137 fojas de la Unidad Fiscal es la primera sistematización por parte de un estamento estatal del rol de LNP antes, durante y después del terrorismo de Estado. “LNP actuaba en todo el espectro de la vida social y política, manipulando a su antojo la opinión pública con la clara conciencia de lo que estaba ocurriendo y la firme intención de llevarlo a cabo. Tenían más claro que las propias Fuerzas Armadas que la ficción de una ‘guerra’ era la única coartada que podía justificar sus crímenes”, explican. “La sola lectura de los editoriales permite ver con claridad (y hoy en perspectiva) el esfuerzo permanente por instalar la ficción de una ‘guerra’ permanente”, destacan. Cuatro meses antes del golpe, LNP aconsejaba “declarar la existencia de un estado de guerra” para “descubrir lo más pronto a nuestros adversarios”. El consejo surgía de La guerra moderna, del coronel francés Roger Trinquier, el mismo que teorizaba sobre la tortura como arma moralmente neutra luego de aplicarla en Argelia. “Esa ficción era fundamental para el plan criminal, necesitaban esa legitimación discursiva para perpetrar el exterminio; sin esa legitimación eran –son– vulgares criminales”, destacan los fiscales.

La acusación repasa el rol de cuatro personas, de los cuales dos murieron: la directora y su hijo Federico. Los otros, cuya situación procesal está en manos del juez Santiago Martínez, son el actual dueño y director, Vicente Massot, y quien fuera secretario de redacción en los ’70, Mario Gabrielli, el “corresponsal naval” que solía aparecer en fotos departiendo con Emilio Massera y que en pleno terrorismo de Estado viajaba por el mundo en la fragata Libertad. El documento incluye un detalle minucioso de editoriales y notas, pero también datos históricos y testimonios para entender el rol de los Massot: las reuniones de la directora con el vicealmirante Luis María Mendía; las de Federico con el capitán Adolfo Scilingo, que se asombraba cuando tildaban a los militares de “cagones” por no animarse a fusilar; las visitas de Vicente al director de la ESMA, Rubén Chamorro; las visitas de despedida por la dirección del diario del general Adel Vilas, que en 1987 definió a LNP como un “valioso auxiliar de la conducción” militar, o de los jefes de Prefectura que ordenaron “ralear” de “un MEDIO DE DIFUSION FUNDAMENTAL”, con mayúsculas, a los delegados que luego secuestraron y fusilaron.

Los primeros casos en que se imputa participación “efectuando aportes esenciales” en secuestros, torturas y homicidios son los de Daniel Bombara, María Salto y Laura Manzo a fines de 1975. LNP difundió el “operativo de simulación”, según el cual Bombara murió al arrojarse de un patrullero y su cadáver fue robado por “subversivos”, y omitió todo dato sobre las torturas que provocaron su muerte y que padecían las mujeres, por entonces desaparecidas. Cuando los torturadores les dieron los nombres apuntaron que familiares de las “sediciosas” las estaban buscando. “Tal era el alcance del aparato de inteligencia al cual se encontraba integrado el órgano periodístico” en enero de 1976, recuerdan los fiscales.

Consumado el golpe, LNP no se limitó a publicar los partes militares para ocultar el genocidio. El 27 de mayo de 1976 publicaron fotos tomadas en cautiverio de dirigentes que habían estado secuestrados en la base de Puerto Belgrano a quienes se trasladaba a la cárcel. En septiembre, cuando el Ejército asesinó a Cristina Coussement luego de meses en La Escuelita, agregó al comunicado datos de un documento de inteligencia producido durante la primera etapa de cautiverio de la mujer en Mar del Plata. En noviembre, tras el asesinato de Daniel Hidalgo y Olga Souto Castillo en el edificio donde vivían, LNP publicó que “el imprevisto ataque de los subversivos impidió desalojar los departamentos vecinos”. “El ataque fue previsto y fue de las fuerzas militares hacia las víctimas civiles”, corrige la Unidad Fiscal. El aval a la falacia oficial fue más allá: “periodistas invitados por autoridades militares pudieron comprobar que el ingresar al departamento las fuerzas legales estalló una bomba cazabobos”. De haber existido la visita, los periodistas eran de LNP y sus “comprobaciones” no resisten el menor análisis, explican los fiscales.

En el caso de los gráficos, los fiscales repasan la “persecución” que sufrían, la inteligencia sobre ambos, el lockout en agosto de 1975 y la suspensión entonces de doscientos trabajadores. “LNP se encuentra en guerra”, anunció el diario en agosto. El 1º de septiembre se presentaron como víctimas de “la infiltración más radicalizada”, el 8 denunciaron a “los ‘soviets’ enquistados entre delegados” y el 28 la directora encomendó a Vicente “todo trato con el personal”, según acta rubricado por escribano. Los nombres que no publicaban en editoriales aparecen en las actas del Ministerio de Trabajo, donde “subsumían el conflicto sindical en el escenario de la lucha contra la subversión” e individualizaban a Heinrich y Loyola como “líderes del movimiento disociador”.

El final es conocido: el 22 de marzo, en su informe sobre “guerrilla sindical”, Prefectura ubicó a los delegados a la cabeza de una lista de “personal a ser raleado”. “A esta altura de la requisitoria, podemos afirmar sin titubeos que los directivos de LNP proporcionaron los nombres y toda la información para que los dos obreros gráficos fueran ultimados”, sostienen los fiscales. “El destino final de Heinrich y Loyola conllevó un mensaje de terror para dentro del frente gremial y, en lo externo, para la población en general.” La participación de los Massot en “la decisión conjunta de ultimar es consecuencia necesaria del carácter de la vinculación de la empresa con las máximas autoridades militares”. “La empresa, en su relación obrero-patronal, resuelve extirpar lo que consideraba ‘elementos disociadores’ y disciplinar al conjunto de sus empleados”, destacan. La cobertura fue breve: veinte líneas bajo el título “Son investigados dos homicidios”. En julio se cumplirán 37 años de los crímenes. Los lectores de La Nueva Provincia todavía esperan los resultados de la investigación.

Un engranaje más dentro del plan criminal

Por Diego Martínez

La unidad fiscal que investiga delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca pidió la detención de Vicente Massot, director del diario La Nueva Provincia, por su participación en el plan criminal implementado por la última dictadura. La responsabilidad de los directivos del diario ya había sido señalada por el Tribunal Oral que condujo en 2012 el primer juicio a represores locales. “No estamos hablando de periodismo ni de simpatía por una posición política, sino de la concreción de una etapa del plan criminal, específicamente diseñada, que La Nueva Provincia ejecutó a la perfección, sin fisuras y con un compromiso mayor incluso que muchos de los condenados”, destacaron los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani. El pedido de detención alcanza a Mario Gabrielli, entonces jefe de redacción del diario bahiense. La decisión sobre el futuro de Massot y Gabrielli está ahora en manos del juez federal Santiago Martínez.

Los jueces Jorge Ferro, Martín Bava y José Triputti marcaron en su sentencia la “campaña de desinformación y propaganda negra” de LNP, no sólo para “imponer la versión de los victimarios”, sino para crear “un estado tal de anomia legal en la sociedad, que permitió el ejercicio brutal de violencia irracional” desde el Estado. El tribunal enfatizó el rol de los Massot en “la inducción de culpa sobre la propia víctima, familiares y amigos, la persuasión al silencio de toda la población y la incitación a considerar a los opositores como inadaptados sociales, que conduce a la deshumanización del grupo humano”. Recordaron que el propio Adel Vilas, cara visible de la dictadura en Bahía, aludió a LNP como un “valioso auxiliar de la conducción” militar. “La actuación de los directivos de LNP, por protagonismo, fluidos contactos, confianza, trato directo o ‘prima facie’ complicidad, con las autoridades del 5º Cuerpo, no se halla alejada de toda la ilegalidad que existía en la época”, escribieron.
Para los fiscales, LNP tuvo una “participación criminal concreta y específica” que “se disfrazó bajo el ropaje de la actividad periodística”. “El compromiso” con el genocidio se materializó en “el ejercicio de funciones de acción psicológicas”, explicaron. El detalle incluye fusilamientos presentados como enfrentamientos, elogios a la “eficacia” militar, datos sobre militancias “extremistas”, todo ilustrado con fotos robadas por los militares. “A ese nivel de complicidad, compromiso y acuerdo llegaba el ‘diario del sur argentino’ con la dictadura. Un nivel que lo ubica en el plano de la coautoría funcional, desplegando un rol específico y perfectamente delineado en los reglamentos de operaciones psicológicas y de inteligencia”, apuntaron Nebbia y Palazzani.
El documento de 137 fojas incluye hallazgos notables. “Estamos ganando la batalla en el campo militar y perdiéndola en el cultural”, editorializó LNP en abril de 1978. La primera persona del plural “es reflejo fiel de su pertenencia al plan de las Fuerzas Armadas, cumpliendo su rol de propaganda y a la vez de alerta para que la ‘guerra’ siguiera en el campo cultural”, advierten. En una de tantas notas para denostar a Jacobo Timerman como “responsable ideológico de la subversión”, los Massot destacaron su rechazo por los “plumíferos comunistas” de La Opinión y confesaron: “No es éste el lugar para dar sus nombres, cosa que hemos hecho en lugar y momentos adecuados; nombres de argentinos algunos y de excrecencias extranjeras otros”.
Diana Julio de Massot, directora hasta su muerte, fue “la cabecilla del grupo”, recordaron. El rol de Vicente Massot “era múltiple”. Desde 1974, cuando se modificó el contrato social de la empresa, fue socio, léase dueño. Según un acta de septiembre de 1975, la dirección decidió que “todo trato con el personal se canalizará por intermedio del señor Vicente Massot”. Fue en esos meses cuando el conflicto con los gráficos llegó a su pico y cuando la dirección denunció la “labor disociadora” de los delegados Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, que meses después serían fusilados. El 24 de marzo de 1976, Massot se paseó por la rotativa con su mamá, bandera en mano, para provocar a los gráficos. En marzo de 1977 representó a la empresa en una reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa, donde destacó que al enfrentar el país la “escalda del marxismo internacional” era lógico que se tomaran decisiones “lesivas respecto de determinadas libertades”. En 1979, ante declaraciones de Juan Pablo II sobre la violencia en la Argentina, editorializó en su radio (LU2) que el Papa se dejó influir por “madres cuyo dolor será muy entendible, pero que no es justificable, o bien por determinadas camarillas en el Vaticano que apoyan todo tipo de reivindicaciones marxistas o subversivas”. “Es inconcebible”, se ofuscó. En 1980, como “asistente de dirección”, visitó con su mamá a Albano Harguindeguy, ministro del Interior de la dictadura.
Los fiscales citaron dos antecedentes de directivos de periódicos condenados por su rol en genocidios. El Tribunal de Nuremberg condenó al dueño de Der Sturmer por “su labor de propaganda del régimen genocida”. Entendió “que era posible que no estuviese directamente implicado en la comisión física de los asesinatos de los judíos, pero que había alentado y conocía tales actos”. Los dueños de LNP “conocían la metodología que se estaba empleando, al punto de exigir que se modificara y se comenzara a fusilar masivamente”, recordaron. Igual que Vilas, “el criminal de guerra Himmler dijo que Der Sturmer ‘ha contribuido enormemente a descubrir al enemigo de la humanidad’”. El Tribunal Penal Internacional para Ruanda condenó al dueño del periódico Kangura por instigación directa y pública a cometer genocidio. Desde el diario “se promovía el odio y se hacía un llamado al exterminio” y “se manipulaba la conciencia de los lectores instigándolos al odio”, fundamentó. A partir de un análisis de derecho internacional y jurisprudencia sobre libertad de expresión, el tribunal concluyó que “la incitación a la violencia, las amenazas, los libelos o los falsos anuncios no pueden considerarse amparados por la libertad de expresión, ya que en el derecho internacional este principio no es incompatible con la prohibición de la discriminación y de los discursos del odio”.