Entrevista al ex fiscal general Hugo Cañón publicada en el diario Tiempo Argentino.
Por Daniel Enzetti. Publicado en Tiempo Argentino.
Hugo Cañón fue fiscal general de Bahía, y el primero, en 1987, que
relacionó a la familia Massot con el genocidio. Resistió el Punto Final,
declaró inconstitucional la Obediencia Debida, y encabezó el proceso
contra Acdel Vilas, comandante del V Cuerpo de Ejército y uno de los
preferidos del diario en eso de eliminar a los apátridas.
"Lo que hicieron Nebbia y Palazzani no sólo está muy bien
fundamentado en sus 137 fojas –dice–, sino que además incorpora pruebas y
documentos reunidos a lo largo de muchos años, que demuestran la
connivencia de La Nueva Provincia con sectores del Ejército en la época
de la represión. Sobre todo con la Inteligencia militar, en tiempos de
Vilas. En lo peor de la dictadura en Bahía, las notas publicadas por el
diario eran cosas sólo conocidas por los sectores de Inteligencia. Y a
eso hay que agregar los montajes, las fotos inventadas, los comunicados
falsos y las teatralizaciones, para hacer pasar los asesinatos como
supuestos enfrentamientos. También hay que resaltar que en la sentencia
que el tribunal dio a conocer en septiembre del año pasado por la
represión ocurrida en la región, allí se ordenó investigar por separado
la complicidad del diario en esa época. Fue el puntapié inicial para el
actual pedido de detención de Massot, y la investigación sobre lo hecho
por el sacerdote Aldo Vara, al que yo imputé en 1999 durante los Juicios
por la Verdad."
–Hablás de teatralizaciones reflejadas por La Nueva Provincia. ¿Qué tipo de montajes?
–Los secuestros, pero sobre todo las operaciones que se hacían en
el V Cuerpo para asesinar a militantes en la calle, en una casa o en un
cruce de caminos, tenían un increíble despliegue escénico y teatral,
para simular tiroteos. Los militares hablaban de "abatimiento de
subversivos por enfrentamientos". Eran enfrentamientos fraguados, se
trataba de escenarios montados para matar personas con total impunidad.
La Nueva Provincia publicaba notas que describían balaceras y "caídos".
Una vez, el Ejército fusiló a un grupo, y después sacó camillas con
soldados "muertos" para que el diario tomara fotos. Los soldados
actuaban. Durante un juicio le pregunté a Vilas por qué hacían eso. Y me
contestó que era "para despistar al enemigo y confundir a la
población". En otra oportunidad hubo un gran despliegue de autos,
armamento, camiones con comida supuestamente secuestrados a la
"subversión". Fue en la Cueva de los Leones, a la salida de Bahía, 15
kilómetros hacia Tornquist. La dictadura sembró el campo con cadáveres y
llamaron a los Massot para que "contaran" qué había pasado. El diario,
por supuesto, también habló de enfrentamiento. Otro lugar elegido para
ese tipo de montaje era el camino La Carrindanga, a unos 2000 metros de
la entrada principal del V Cuerpo. Un viejo tambo después utilizado como
centro clandestino de detención. Cuando en la década del '80
comenzábamos a investigar aquel genocidio, el relato de un detenido me
hizo acordar a las veces que La Nueva Provincia mentía sobre los
secuestros y las desapariciones en la zona. Por las terribles
condiciones de detención, las mujeres no podían menstruar, y entre la
alimentación espantosa y la presión psicológica, era común que los
secuestrados tampoco defecaran. Este hombre me contó que un guardia le
dio un purgante, y al acompañarlo al baño, salió a un patio después de
varias semanas. Su impresión era como si lo estuvieran metiendo en un
horno. Era el calor del sol.
–Fuiste fiscal general de Bahía durante mucho tiempo.
¿Cuándo tomaste conciencia de lo que significaba La Nueva Provincia en
la región?
–Ocupé la fiscalía entre abril de 1986 y mayo de 2009, y siempre
tuve conciencia de la vinculación entre el diario y la Marina, como la
mayoría de los habitantes de Bahía. Massot padre era un marino que murió
en un accidente de armas, y había ocupado un consulado durante el
peronismo, hasta que lo separaron por manejos de dinero bastante
confusos. Pero el origen del diario, fundado por Enrique Julio en 1898,
es radical. Su línea editorial repudió el golpe de Estado de 1930, hasta
que tomó el mando Diana Julio de Massot, y la publicación se corrió al
liberalismo económico. Bahía Blanca fue un verdadero bastión del golpe
de Estado de 1955, la Marina bombardeó el puente Las Oscuras para que no
llegaran las tropas leales, y la empresa hizo sonar una enorme sirena
que utiliza para lo que considera grandes acontecimientos. Sus
editoriales llamaban a la rebelión de La Libertadora, a desobedecer los
principios democráticos. Exactamente como ahora, que estimulan a la
violencia y aplauden cada vez que muere alguien en la calle. Ante un
asalto, por ejemplo, el mensaje es directo: "Es preferible que al
delincuente lo maten antes de ser detenido por un policía corrupto, y
después soltado por jueces garantistas liberadores de presos." Hoy, el
edificio histórico del diario lo ocupa el Colegio de Abogados, nada
menos. Y para la redacción construyeron un verdadero búnker justo al
lado, de cemento, inaccesible.
–¿Cómo está la empresa?
–Redujeron mucho la planta, si la comparamos con los años sesenta.
En ese tiempo el monopolio era fuerte, con el diario, LU 2 y Cable
Total. El nombre del canal estaba bien elegido, por lo totalitario. Se
vendían muchos ejemplares cuando no llegaban los diarios de Buenos
Aires, pero después, la realidad cambió. Además, el diario de Río Negro
comenzó a tener más protagonismo no sólo en Bahía, sino además en
Neuquén, Bariloche y la zona del Alto Valle. Es sabido que dentro de la
redacción se vive un régimen de oscurantismo terrible en el que nadie se
anima a decir lo que piensa, todos hablan en voz baja y nunca se
critica nada.
–¿En qué momento La Nueva Provincia aparece mencionado en causas de lesa humanidad por primera vez?
–En la indagatoria que le hicimos a Vilas en 1987, cuando declaró
13 días seguidos. Vilas manifestó con naturalidad el vínculo del
Ejército con el diario. Y dijo que eran muy comunes sus reuniones en el
barrio Palihue con Juan Ramón Cachero, uno de los periodistas más
importantes de la empresa. A esos encuentros también asistían el juez
Guillermo Madueño y el camarista Ricardo Rojo, nexo del Ejército con la
Cámara Federal. Hay una anécdota que se relaciona con lo que hoy se
denominan "zócalos" en televisión. Durante aquellos años, los Massot
administraban en la ciudad el Canal 9. En la parte inferior de la
pantalla, en lugar de la hora y la temperatura, la familia mostraba un
teléfono para que la gente llamara y denunciara a "subversivos", contara
dónde los habían visto, y diera datos para ir a secuestrarlos. La
anécdota es que muchos se comunicaban por cualquier cosa. Un empresario
que quería echar a un empleado, por ejemplo, lo mandaba al frente. Y lo
terrible es que ese hombre no aparecía nunca más. Vilas tuvo que armar
una especie de "comisión evaluadora", para filtrar llamados y decidir
dónde ir y dónde no.
–Sí, se puede decir que fuimos los primeros, a pesar de las trabas y
los problemas. En 1985 la directiva del alfonsinismo era someter a
proceso sólo a las cúpulas militares, pero más allá de eso, ninguna
cámara del país hacía nada. Cuando me nombraron fiscal empecé a pedir
colaboración en todos lados. La Ley 23.049 establecía que los juicios
serían por Cuerpo de Ejército, y tuvimos que organizar la modalidad,
porque la región de Bahía se subdividía a su vez en tres subzonas.
Reclamé expedientes al Consejo Supremo, que investigaba más a las
víctimas que a los represores; pedí datos a jueces federales; exigí que
los jueces militares mostraran lo que tenían; y con ese conjunto de
cosas solicitamos el abocamiento de la Cámara.
–Y aparece la Ley de Punto Final...
–Claro, pero no nos complicó, porque daba un plazo de dos meses
para ponerse en vigencia. Trabajamos a destajo, incluso dentro de la
feria judicial, y alcanzamos a citar a todos los implicados. Eso
permitió detener a varios militares, como Vilas, (José Luis) Sexton,
(Abel) Catuzzi o Bernardino Páez. Lo peor fue la Obediencia Debida, que
frenó todo. Por eso planteamos su inconstitucionalidad.
–¿Se hablaba de Massot y de su complicidad con el genocidio?
–Hay que poner las cosas en contexto. Esa colaboración del grupo se
respiraba en el ambiente, pero gracias que podíamos juzgar a los
militares, a algunos. Considerar las complicidades de la Iglesia, de los
civiles y de los empresarios con la dictadura no era tan común como en
la actualidad. Uno de los que asistió a mi juramento como fiscal fue el
general Dante Caridi. Lo primero que me dijo fue: "Bienvenido doctor, lo
felicito. Estamos a disposición, y si necesita algo, cuente con mis
colaboradores." Se acercó para cerrar el paquete, para que no hiciéramos
ruido con el pasado. "Cómo no, general –le contesté–, vamos a hacer lo
que tengamos que hacer." Nunca imaginó que los investigaríamos por
genocidas. Los militares estaban tan seguros de que no les pasaría nada,
que Vilas, para quedar bien, nos contaba que hacía sumarios a sus cabos
y oficiales cada vez que se robaban una carpita de mochilero o una
bolsa de papas. Gracias a una bolsa de papas descubrimos la identidad de
una de las patotas de secuestradores más importantes de Bahía, que La
Nueva Provincia hacía pasar por salvadores de la patria.
–¿Cómo fue el caso?
–Un cabo robó algunas papas en el medio de un secuestro, y un
coronel, en un arranque de rectitud, lo sumarió. Firmó una constancia
con el nombre del ladrón, pero también con cada uno de los que había
integrado la banda. Al investigar el secuestro, dentro de una de las
causas, saltaron las identidades de los secuestradores. Para ellos,
llevarse un kilo de papas era ilegal, pero estaba bien asesinar,
secuestrar y arrastrar a la gente de su casa para torturarla. Pero,
volviendo a Massot, y a si se consideraba su papel, también desde lo
alto del poder se bajaba línea para limitar los procesos únicamente al
generalato, y no tocar nada de ahí para abajo. El mismo (Luis) Moreno
Ocampo decía que con solamente 800 casos bastaba para hacer un muestreo
de lo hecho por la dictadura. Los Juicios por la Verdad fueron uno de
los primeros aportes para que la gente supiera que los militares no
habían estado solos en la represión. Allí, por ejemplo, desenmascaramos
las listas que Carlos Ruckauf y José Rodríguez, de SMATA, elaboraban con
los delegados gremiales de Mercedes Benz que después serían
secuestrados.
–Más allá de reivindicar a la dictadura, La Nueva Provincia
sigue hoy haciendo una permanente apología del delito. Sin embargo,
después de tantos años no hay acciones penales que cuestionen eso. ¿Por
qué?
–La impronta de la familia Massot en Bahía es muy fuerte, y romper
con ese mandato cultural es casi imposible. No hay intendente de la
región que se atreva a quitar la publicidad oficial de los medios del
grupo, o limitar el vínculo con el diario. Y por supuesto, ningún juez
se anima a ordenar la detención del empresario. Hace pocos días, un ex
funcionario radical dijo que el pedido de encarcelamiento de Massot
podía discutirse, pero no entendía por qué se lo acusaba a Mario
Gabrielli, un "simple empleado". Gabrielli era el editorialista que
hacía panegíricos de la tortura y el exterminio, no era un "simple
empleado". El tema es que a Massot no se le animan. Y ya algunos
empezaron a decir que detenerlo significaría un ataque a la libertad de
expresión. Si hasta están intentando que la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa) proteste con algún comunicado. «
Ulpiano, el peor de la clase
Los dos tribunales federales de Bahía Blanca están vacantes.
Santiago Ulpiano Martínez, el juez subrogante de la ciudad que se negó a
detener a Vicente Massot, a pesar de las pruebas que lo vinculan con
los secuestros y homicidios de los operarios gráficos Miguel Ángel
Loyola y Enrique Heinrich, en realidad no es juez, sino secretario, sin
concurso para ejercer la magistratura.
Ulpiano, como lo llaman en el ambiente, llegó a ese lugar de la
mano de Luis Armando Balaguer, el ex juez federal de Bahía destituido
durante la fiesta menemista de los noventa, y condenado a prisión por
estafas reiteradas, llevarse relojes sin pagar, falsificar documentación
para sacar créditos y retirar autos de varias concesionarias a pesar de
que nunca puso un solo peso. Pero lo que no se puede negar es que el
secretario tenga coherencia: hace un tiempo también rechazó guardar
entre rejas al ex capellán del V Cuerpo del Ejército, Aldo Vara, acusado
de complicidad con los genocidas de la región.
Martínez forma parte de la corporación judicial de Bahía, una
familia bastante particular. Muy cercano a la línea de Eduardo Tentoni,
juez apartado de la causa que salpicaba a la Marina debido a su
declarada simpatía hacia los verdugos, y aprobar los paseos barriales
que hacían militares condenados a arresto domiciliario porque, según él,
caminar les hacía bien a la salud. Otro de los magistrados que formaba
parte de ese club era Hilario Fernández Orozco, nombrado por Carlos
Menem, fanático de la pena de muerte, y ex abogado defensor de varios
genocidas. Epoca en la que según él, a razón de 5000 dólares por reo,
cobró la mayor cantidad de plata de su vida.
No hace mucho, Ulpiano se presentó para cubrir el cargo de fiscal
de Cámara. Su examen oral fue muy bajo. Quedó entre los últimos.
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