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Listado con fotos de los 41 represores imputados por delitos de lesa humanidad prófugos de la justicia. Detalle de fuerzas a las que pertenecen, causas y jueces que ordenaron sus capturas (última actualización: 18-06-09)

Capital. Juez Sergio Torres. Causas ESMA-Walsh (8)
- Díaz Smith, Jorge Manuel (Prefectura, prófugo también en causa por apropiación de menores, por orden de la jueza Servini de Cubría. Foto 1/3).

- Di Paola, Francisco Armando (Armada)
- González, Roberto Oscar (Policía Federal)
- Linares, Juan Carlos (Policía Federal, foto 2/3)
- Salvia, Pedro Norberto (Policía Federal)
- Sánchez, Gonzalo (Prefectura)

- Siffredi, Hugo Héctor (Armada)
- Vildoza, Jorge (Armada, prófugo también en causa por apropiación de menores, por orden de la jueza Servini de Cubría. Foto 3/3).

Capital. Juez federal Daniel Rafecas. Causa Cuerpo I (3)
- Baraldini, Luis Enrique (Ejército)
- Cendón, Néstor Roberto (SPF, foto)
- Cruz, Eduardo Angel (Policía Federal, foto)

Rosario. Juez Marcelo Bailaque. Causa Feced (3).

- Altamirano, Carlos Ulpiano (Policía de Santa Fe)
- Peralta, César "La Pirincha" (Policía de Santa Fe, foto)
- Revechi, Eduardo (PCI del Ejército)

Rosario. Juez Germán Sutter Schneider. Causa Galdame (1)

-Tuttolomondo, Antonio "Tony" (Policía de Santa Fe)

Bahía Blanca. Juez federal Alcindo Alvarez Canale. Causa Cuerpo V (2)

- Alvarez, Aldo Mario (Ejército, foto)

-Granada, Jorge Horacio (Ejército)
Juez ad hoc Eduardo Tentoni. Causa base naval Puerto Belgrano (1)
-Molina, Ricardo Joaquín (Armada)

Rosario. Juez Marcelo Bailaque. Causa Quinta de Funes (2)
- Gertrudis, Héctor (Gendarmería)
- Isach, Carlos (PCI del Ejército)

Tucumán. Juez federal Daniel Bejas. Causa Vargas Aignasse (2)

- Villegas, Norberto Ricardo (Ejército)
- Arrechea Andrade, Antonio (Ejército, también en causa Masacre de Palomitas, foto)

Tucumán. Juez Jorge Raúl Parache. Causa Rocha (1)
-Schwab, Héctor Mario (Ejército)

La Rioja. Juez federal Daniel Herrera Piedrabuena (2)

Causa Abelardo

-Britos, Eduardo (Gendarmería)

Causa Villafañe

-Rodríguez, José (policía de La Rioja)

Neuquén. Juez federal Guillermo Labate. Causa La Escuelita (2)
- Di Pasquale, Jorge Héctor (Ejército, foto derecha)
- Mendoza, Héctor (Policía de Río Negro, foto izquierda)


Capital. Jueza federal María Servini de Cubría. Causa por apropiación de menores (2)
- Grimaldos de Vildoza, Ana María (civil, esposa de Jorge Vildoza, prófugo también en causa ESMA)

Capital. Juez federal Rodolfo Canicoba Corral. Causa por apropiación de menores (1)
- Vázquez Sarmiento, Juan Carlos (Fuerza Aérea)

Capital. Juez federal Daniel Rafecas. Causa Masacre de Fátima (1)
- Martínez, Luis Alberto (Policía Federal)

Córdoba. Jueza federal Cristina Garzón de Lascano. Causa Comando Libertadores de América (1)

- Antón, Herminio Jesús (Policía de Córdoba)

Formosa. Juez federal Marcos Bruno Quinteros. Causa Carrillo (1)
- Domato, Horacio Rafael (Gendarmería)

La Plata. Juez federal Manuel Blanco. Causa Unidad 9 (1)

- García, Jorge Luis (SPB)

La Plata. Juez federal Arnaldo Corazza. Causa Raffo (1)
- Vidal, Jorge Héctor (Policía bonaerense).



Mar del Plata. Juez federal Alejandro Castellanos. Causa "Delgado, Cafarello y otros, delitos contra el derecho de gentes" (1).
- Delgado, Fernando Federico (civil, ex CNU de Mar del Plata)



Mendoza. Juez federal Walter Bento. Causa Romano Rivamar (1)

-Aleks, Ricardo (Policía Federal)

Rawson. Juez federal Hugo Sastre. Causa Masacre de Trelew (1)
- Bravo, Roberto Guillermo (Armada)

Salta. Juez federal Abel Cornejo. Causa Masacre de Palomitas (1)
- Arrechea Andrade, Antonio (Ejército, también en Tucumán)

San Juan. Juez Leopoldo Rago Gallo. Causas Marie Anne Erize y Margarita Camus (1)
- Vic, Eduardo Daniel (Ejército)

San Nicolás. Juez federal Carlos Villafuerte Russo. Causa Lanzilloto (1)
-Escande Lobos, Faustino (SPB)

San Martín. Juez Martín Suares Araujo. Causa Campo de Mayo (1)
- Cardarelli, Nedo Otto (Ejército)

San Martín. Juez federal... Causa por apropiación de menores (1)

- Duarte, Roberto Cándido (civil).

El "Laucha" Corres busca nueva celda

EL PENAL MILITAR DE CAMPO DE MAYO, “NO RECOMENDABLE”

 

Por Diego Martínez

La Unidad Penal 34 de Campo de Mayo, alojamiento exclusivo de militares procesados por crímenes de lesa humanidad, “no resultaría recomendable” para represores con intención de fugarse. Lo admitió el inspector Julio Cepeda, director general de Régimen Correccional del Servicio Penitenciario Federal, que evaluó que su “nivel de seguridad no sería el apropiado” para recibir al oficial Julián Corres, fugado el año pasado de la delegación bahiense de la Policía Federal. Angel Argañaraz y Augusto Fernández, jueces de la Cámara Federal de Bahía Blanca, minimizaron la advertencia y autorizaron el traslado del “Laucha”, que se suma a lista de espera de uniformados deseosos de abandonar las cárceles comunes.

Campo de Mayo aloja represores desde 2006. En enero de 2007 el Instituto Penal de las Fuerzas Armadas se convirtió en Unidad 34 y el SPF reemplazó en la custodia a Gendarmería. El envenenamiento de Héctor Febres y la fuga de Corres convencieron a varios jueces de retirar a imputados de cuarteles y comisarías. Así se pobló la U34, en teoría una cárcel más, que hoy aloja a casi cuarenta militares y que ningún fiscal ni juez federal inspeccionó.

Corres está en Marcos Paz desde su segunda detención, el 18 de agosto. Pidió el traslado para estar cerca de su familia. Tras la advertencia de Cepeda, el juez Alcindo Alvarez Canale rechazó el pedido. Por la apelación, llegó a la Cámara. El juez Fernández apuntó que Cepeda no manifestó “la imposibilidad” de alojarlo, sólo la inconveniencia. Aseguró que en Campo de Mayo “rige un régimen estrictamente carcelario”. Argañaraz agregó que la advertencia es “una mera afirmación dogmática” y que según el informe de gestión del SPF la relación seguridad/interno en Campo de Mayo (0,76) es superior a la de Marcos Paz (0,21). Ricardo Planes disintió. “No puede presumirse falta de idoneidad” de un director del SPF. La fuga “no es el primer antecedente sobre la voluntad de Corres de sustraerse de la causa”, agregó, porque estuvo más de un año prófugo antes de su primera detención.

Días antes la Cámara se pronunció sobre los policías que Alvarez Canale imputó por “favorecimiento doloso de evasión”. Admitió que “la política de celdas abiertas” era impensable “sin la venia de los máximos responsables” de la delegación, pero revocó el procesamiento del ex jefe, comisario Gustavo Scelsi, porque consideró que estaba de licencia (para el juez se había reintegrado). También alivianó la mochila del ex subjefe, subcomisario Marcelo Voros, del ex jefe de servicio Juan Lastra y del guardia Pablo Carbajal. Descartó el dolo, la intención, y sólo les endilgó negligencia. En el peor de los casos deberán pagar 15.000 pesos de multa. La investigación del empresario Héctor Lapeyrade por la cobertura a Corres mientras estaba prófugo pasó a la justicia porteña, que aún no lo citó.

 

“Los partidos viven en el pasado”

Entrevista con Hugo Cañón, tras renunciar a la Justicia y pasar a la política

El ex fiscal federal de Bahía Blanca se sumó al Encuentro por la Democracia y la Equidad, de Martín Sabbatella. Dice que “el gran déficit de la política” son “los sectores vulnerables” y la desigualdad social.

PáginaI12 

Por Diego Martínez

Luego de 23 años como fiscal federal general de Bahía Blanca y a una semana de haber pedido la elevación a juicio de la causa contra los represores de "La Escuelita", Hugo Cañón cambió de trinchera. El hombre que se plantó frente a la obediencia debida y los indultos cuando la mayor parte de familia judicial acataba sin chistar las directivas presidenciales, que preside junto a Adolfo Pérez Esquivel la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, renunció al Ministerio Público para sumarse al flamante "Encuentro por la Democracia y la Equidad" que encabeza el intendente de Morón, Martín Sabbatella.

--¿Por qué ahora, justo cuando el juicio por el que tanto peleó está cerca de concretarse?

--Creo que hay ciclos en la vida y que el mayor esfuerzo lo he dado en momentos de gran soledad. El proceso de justicia es irreversible, en Bahía hemos formado una unidad fiscal de excelencia, hemos armado los casos minuciosamente y el requerimiento de elevación es una plataforma básica pero muy completa --reflexiona, y se mete de lleno a repasar los vaivenes de su lucha contra la impunidad.

  De cuna antiperonista, madre radical, padre conservador, almacenero e inmigrante español, Cañón ingresó a la justicia por concurso en 1969, como practicante. El golpe de Estado lo encontró en la Asociación Judicial Bonaerense y empleado en un juzgado provincial. "Quedate tranquilo, estás limpio", le aclaró el juez Carlos Altuve, luego funcionario duhaldista, tras consultar a Ramón Camps. En 1987 logró que la Cámara Federal bahiense indagara y dictara prisiones preventivas rigurosas a los principales jefes del Cuerpo V de Ejército. Fue el primer fiscal que impugnó la Obediencia Debida, actitud que le valió un apercibimiento del procurador Juan Gauna y un editorial del diario naval La Nueva Provincia por "traidor a la patria", y también los indultos, que Menem le facturó con un sumario y un pedido de cesantía. También fue el primer funcionario que viajó a España e Italia para impulsar las causas por terrorismo de Estado y genocidio.

--Más allá del sentimiento de deber cumplido, ¿por qué el salto?

--Siento la necesidad de aportar desde otro lugar y la política es la herramienta esencial para lograr cambios sustanciales. La degradación de la política que vivimos puede y debe revertirse. Y poder brindar experiencia y conocimientos en un espacio de libertad como el que vivimos, sin autoritarismos, torna posible el desafío de pelar por la esperanza, por dar herramientas a los jóvenes para ingresar a la política con pasión.

--La Comisión Provicial trabajó en ese sentido.

--Nuestro programa Jóvenes y Memoria, del que participan 3.000 chicos, muestra que si se dan las herramientas existe una generación llena de creatividad. El comportamiento de la juventud es un realimento fuerte, esperanzador. Y el espacio de Martín Sabatella, con gente joven y una gestión transparente, de cara a la sociedad, es un espacio progresista que alienta a revitalizarse. Es en definitiva una apuesta de vida.

--Usted simboliza la lucha por la justicia en una ciudad caracterizada en gran medida por la indiferencia y la desmemoria. ¿Es casual?

--Bahía tiene profundas contradicciones. Hay una ciudad oficial, formal, pendiente de las apariencias, que un actor definió como "los tapados de piel en el Teatro Municipal más allá de la cultura", y otra más anónima que busca expandirse a través de la cultura, el arte, la generación de nuevas políticas. Se advierte en la evolución de la Universidad del Sur, que nació al calor de la Revolución Libertadora y en los últimos años ha entregado honoris causa a personas como Baltasar Garzón u Osvaldo Bayer.

--¿Qué políticas piensa impulsar?

--Políticas de Estado en materia de derechos humanos que trasciendan la coyuntura y los partidos. Debemos tomar conciencia de que el tema nos involucra como sociedad. O rige la ley de la selva o rige el respeto de las convenciones internacionales. En nuestro país hay un divorcio enorme entre normas y comportamientos. Mientras lo cotidiano es la transgresión a la ley, hay un discurso perverso que reclama endurecerlas o modificarlas, cuando lo que hace falta es cumplirlas. El Estado de Derecho implica garantizar su cumplimiento y dar sustento a los más débiles. Ese es el gran déficit de la política: los sectores vulnerables, sin trabajo, con miseria. El dengue no es casual, se instala en centros de pobreza, marginación, exclusión. Por eso el espacio se llama "Encuentro por la democracia y la equidad", deben ser objetivos permanentes. Los partidos viven más en el pasado que en el presente. Más allá de una insinuación de cambio se mantienen las estructuras tradicionales.

--¿Cuál es su visión sobre las políticas de derechos humanos del kirchnerismo, más allá del proceso a los represores?

--Hay enormes asignaturas pendientes. Basta con recorrer el conurbano. El gobierno obtuvo resultados importantes con la formación de la nueva Corte Suprema, la nulidad de las leyes, la deuda, las reservas, los aumentos jubilatorios o la nacionalización de las AFJP, pero hay una demanda de igualar que está a flor de piel. Después de la dictadura y del menemismo algunos creyeron salvarse aislándose en countries. Pero la falta de alimentación, educación y contención de chicos durante su formación produce lesiones irreparables, como muestra un estudio de Horacio Lejarraga, que presidió la Sociedad Argentina de Pediatría. Las sociedades más igualitarias no sólo producen más beneficios para los pobres, también para los ricos. En Argentina rige la idea de que, aunque la escuela pública se venga abajo, salvo a mi hijo si lo mando a una escuela de excelencia. La experiencia muestra lo contrario. Lo mismo con la salud. Que alguien viva en un coto reservado no lo va a salvar de las enfermedades diseminadas. Aunque más no sea por egoísmo, todos, incluyendo a los más ricos, deberíamos tender a una sociedad más igualitaria. 

Fogelman en la cárcel

El ex comisario Víctor Oscar Fogelman, famoso por conducir la investigación del homicidio del fotógrafo José Luis Cabezas, está preso desde hace una semana en la cárcel de Villa Floresta, en Bahía Blanca. Rodolfo Jara, con quien en 1976 compartía la tribuna del club Sporting de Punta Alta, lo identificó como la persona que cuatro días después del golpe de Estado le ordenó subir al Falcon de la comisaría de Coronel Rosales y, tras colocarle una capucha, lo entregó en el Puesto 1 de la base naval de Puerto Belgrano. Fogelman admitió ante el juez ad hoc Eduardo Tentoni que prestaba servicios en Punta Alta, pero negó que la Armada le hubiera solicitado colaboración para realizar “operativos antisubversivos”.

La hora del debut en Bahía

Pidieron elevar a juicio la causa por crímenes de la dictadura

PáginaI12

Por Diego Martínez

El primer juicio oral y público a responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos en Bahía Blanca durante la última dictadura comienza a tomar forma. A treinta años de los hechos y tres de la reapertura de la causa, los fiscales federales Hugo Cañón y Antonio Castaño solicitaron al juez Alcindo Alvarez Canale la elevación a juicio de un primer tramo de la investigación. Abarca a cuatro ex miembros del Estado Mayor del V Cuerpo, desde donde se organizó la represión clandestina en toda la Patagonia, y a tres ex integrantes de los grupos operativos.

Los militares retirados que serían juzgados en 2010 son el general de brigada Juan Manuel Bayón, los coroneles Hugo Jorge Delmé y Jorge Enrique Mansuetto Swendsen y los tenientes coroneles Osvaldo Bernardino Páez, Jorge Aníbal Masson, Mario Carlos Méndez y Miguel Angel García Moreno. Los primeros cuatro integraban el Estado Mayor, donde se decidía el destino de cada secuestrado, que encabezaban los generales Osvaldo Azpitarte, Abel Catuzzi (ambos fallecidos) y Adel Vilas, recluido en su departamento de Bulnes 2087 y declarado insano por los mismos peritos que evaluaron a Emilio Massera.

El exhaustivo documento de 466 páginas destaca que “la dictadura instauró una máquina de muerte que no reconoce antecedentes en la historia de América Latina” y que la desaparición fue el “dispositivo de poder para vigilar y castigar a la totalidad del cuerpo social, para extirpar y edificar un nuevo orden en el que se vieran satisfechos los intereses, demandas y expectativas de la alianza cívico militar que promovió el golpe”. La elevación no incluye los homicidios de Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, los obreros del diario La Nueva Provincia que organizaron a los trabajadores, porque tanto Cañón como la abogada Mirta Mántaras, de APDH bahiense, reclamaron la inhibición de Alvarez Canale y el avocamiento de Eduardo Tentoni, que investiga los crímenes de la Armada.

Los destinos y méritos de los imputados son los siguientes:

- Bayón, 82 años, fue jefe del Departamento Operaciones, del que dependía el “equipo de combate contra la subversión”. Teórico de la Doctrina de la Seguridad Nacional, en 1977 fue director de la Escuela Superior de Guerra.

- El “mayor Delmé”, 72, como lo recuerdan las familias de las víctimas, era el encargado de negar información a quienes reclamaban por desaparecidos, en cautiverio a 200 metros de su oficina.

- Páez, 77, fue jefe de la división Educación, Instrucción y Acción Cívica, presidió un “Consejo de Guerra” que parodió un juicio a tres secuestrados y en 1977 fue trasladado a Campo de Mayo.

- Mansueto Swendsen, 77, fue jefe del Batallón de Comunicaciones 181, escala previa y posterior a La Escuelita, y del área militar 511, dentro de la cual se cometieron todos los delitos de lesa humanidad de la zona.

- Masson, 56, entonces subteniente, comandó la sección “Infantería” de la “Agrupación Tropa”, que se encargaba de secuestrar y trasladar a las víctimas hasta el centro clandestino.

- Méndez, 56, apodado “el Loco de la Guerra”, integraba la Compañía de Comando y Servicios pero se sumaba a los operativos clandestinos y a los trabajos en La Escuelita, según se ufanaba ante los oficiales de reserva.

- García Moreno, 65, comisionado en Operaciones, será juzgado por dos homicidios calificados y por el blanqueo de tres secuestrados de La Escuelita mediante un Consejo de Guerra.

Bayón, Delmé, Masson y Méndez esperarán el juicio en la Unidad Penal 34 de Campo de Mayo. García Moreno, que allí era discriminado por peronista, en el penal de Marcos Paz. Gozan de arresto domiciliario Páez (en República Siria 945, San Rafael, Mendoza) por problemas de salud, y Mansueto Swendsen (Soler 111, piso 10, Bahía Blanca) por pertenecer a la alta sociedad bahiense. En la causa permanecen prófugos el coronel Aldo Mario Alvarez, ex gerente de la Agencia de Investigaciones Privadas Alsina SRL, y los capitanes Jorge Horacio Granada y Carlos Alberto Taffarel.