Charlas secretas con la Armada

Los fiscales Abel Córdoba y Félix Croux recusaron al juez ad hoc que debería investigar los delitos de lesa humanidad de la Armada en Bahía Blanca causa por falta de imparcialidad. Señalaron que Eduardo Tentoni está “consustanciado con los intereses de los acusados, en evidente desmedro de las víctimas sobrevivientes, los familiares y los testigos”.

Por Diego Martínez

El abogado Eduardo Tentoni, juez ad hoc en la causa por los crímenes de lesa humanidad de la Armada en el sur bonaerense, se resiste a informar a las partes sobre el contenido de charlas que mantuvo en marzo con el entonces jefe de la fuerza, almirante Carlos Paz, y con el director de Inteligencia Naval, comodoro Manuel Guillermo Tomé. Cuando el fiscal federal Abel Córdoba denunció “la reticencia” de la Armada a colaborar en la investigación, Tentoni emitió una resolución que nadie le pidió para remarcar “la amplia y generosa colaboración” de la fuerza, la misma que se resiste a entregar legajos de su personal civil de Inteligencia. “Le están tirando de las bolas” al jefe de la Armada, aclaró en privado, y pidió “reserva” sobre el objetivo de su gestión. Tentoni le recomendó a un imputado solicitar “caminatas” que luego concede, diagnosticó de oficio que la salud de otro marino justificaba su internación pese a que el Hospital Naval había notificado el alta, y mantuvo contactos informales con el contador Domingo Marra, subdirector del diario La Nueva Provincia, a cuyos directivos ordenó investigar el tribunal que condenó al primer grupo de represores bahienses. Ante “el extenso catálogo de irregularidades”, sumadas al retardo de justicia certificado por la Cámara Federal bahiense, los fiscales Córdoba y Félix Croux solicitaron la recusación de Tentoni por sus “escasas garantías de imparcialidad”.

El propio Tentoni hizo constar el 5 de marzo que durante su comisión a la Dirección General de Inteligencia naval para buscar información sobre los agentes civiles de la Armada, que siguen impunes, conversó más de una hora con el almirante Paz (que debió renunciar cuando la Fragata Libertad fue retenida en Ghana) y tuvo dos “almuerzos de trabajo” con Tomé, que sigue en funciones. Los fiscales destacan que la negativa a informar sobre el contenido de esas charlas no sólo pone en duda su imparcialidad y es “lesiva para las víctimas”, que antes de ser secuestradas y torturadas fueron investigadas por la Inteligencia Naval, sino que compromete “los aspectos más delicados del sistema democrático”, que veda a las fuerzas armadas las actividades de Inteligencia en el marco interno.

A fines de marzo, luego de que el fiscal denunciara la reticencia naval a aportar información, el entonces secretario general de la Armada, contraalmirante Luis María González Day (pasado a retiro en octubre por modificar el destino de la Fragata Libertad) difundió un comunicado en el sentido opuesto. Tentoni escribió entonces ocho carillas llenas de elogios al almirante Paz por su “amplia y generosa colaboración” y destacó que no le hubieran negado (sic) el acceso al galpón de la base de Puerto Belgrano donde guardaban los Falcon que conservan desde la dictadura (foto). Luego llamó a la fiscalía para justificarse e ironizó su esperanza de que “se calme la situación” porque “vamos a aparecer todos en un bote con un tiro” (sic). La confesión de miedos es incompatible con el rol de un juez que debe decidir allanamientos o detenciones, destacan los fiscales.

El contacto con Marra se produjo luego de negarse a allanar y más tarde a secuestrar documentación de La Nueva Provincia. El juez rechazó ambas medidas pedidas por el fiscal, resolvió pedirle a los Massot que remitieran voluntariamente documentación sobre hechos por los que debería investigarlos, aunque nunca libró el oficio para notificarlos. Al año, luego de que trascendiera el alegato de Córdoba, en el que desmenuzó el rol del diario bahiense durante el terrorismo de Estado, Tentoni recibió el llamado de Marra, que lo invitó a “visitar” el diario para “revisar la documentación que pudiera ser de su interés”. El diálogo, del que no dejó constancia en la causa, “evidencia un grado de interacción informal, pero de contenido judicial, inaceptable en el juez a cargo de la investigación” sobre los crímenes de Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, los obreros gráficos y delegados de los trabajadores de La Nueva Provincia asesinados tres meses después del golpe de Estado. “Contamos con un juez parcial, consustanciado con los intereses de los acusados en evidente desmedro de las víctimas sobrevivientes, los familiares y los testigos”, concluyen los fiscales.