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Página/12

LA CAUSA POR LA FUGA DEL REPRESOR JULIAN CORRES SE COMPLICA CON LA LLEGADA DEL JUEZ ALCINDO ALVAREZ CANALE
Pidieron la recusación del juez por su relación con el jefe de la Federal en Bahía Blanca, quien, como adelantó Página/12, quedó detenido el miércoles, junto a su segundo. Investigan la complicidad de dos militares, uno retirado y otro en actividad.

Por Diego Martínez
Las esperanzas de las autoridades judiciales y policiales de avanzar en la cadena de complicidades que permitieron la fuga del represor Julián Corres se hicieron trizas con el retorno, a Bahía Blanca y a la causa, del juez federal Alcindo Alvarez Canale. A la mañana, mientras en la calle trescientas personas le reprochaban no haber garantizado el traslado del torturador a la cárcel antes de irse de vacaciones, el magistrado transparentó involuntariamente su relación con los ex jefes de la Policía Federal sospechados de facilitar la fuga. Los fiscales federales Hugo Cañón y Antonio Castaño solicitaron la recusación del juez por su íntima amistad con el comisario Gustavo Ariel Scelsi, que incluía comilonas hogareñas y a quien hoy a las nueve debería indagar junto al subcomisario Marcelo Alejandro Voros. Se trata del jefe y subjefe de la delegación local de la Policía Federal que, tal como adelantó ayer PáginaI12, fueron detenidos el miércoles.

Alvarez Canale, que luce en su despacho un retrato del general Julio Roca dedicado por “amigos del Cuerpo V”, tenía previsto volver de sus vacaciones a mediados de agosto. El miércoles a la noche invocó “la responsabilidad que me cabe” para reasumir su competencia. Su primera medida fue citar como testigos a tres de las personas que el juez federal ad hoc Eduardo Tentoni, los fiscales y sus auxiliares de la Policía de Seguridad Aeroportuaria investigaban por su relación con Corres. La medida desbarató el trabajo de inteligencia que hubiera posibilitado acceder a una cadena de vínculos y complicidades.

Uno de los citados es Héctor Basilio Lapeirade, ex ejecutivo de YPF y directivo de la firma Chañares Herrados SA, la petrolera donde Corres trabajó durante el año y medio que estuvo prófugo y donde presta servicios el represor Luis Alfredo Zarattini. Corres salía de las oficinas de esa firma cuando Interpol lo capturó, en abril. Alvarez Canale no se privó de asentar que conoció a Lapeirade cuando se desempeñó como juez en Caleta Olivia, entre 1972 y 1984.

Los otros dos potenciales imputados que gracias al juez se convertirán en simples testigos son el teniente coronel Roque Jorge Cocco y el coronel retirado Rubén Darío Villano, ambos integrantes de la Jefatura II de Inteligencia del Cuerpo V de Ejército, el mismo destino de Corres cuando cometió los secuestros, torturas y asesinatos por las cuales lo procesó la Justicia. Ambos militares visitaban a Corres en su alojamiento VIP. Cocco suele participar de actos oficiales con autoridades que la prensa tradicional denomina “fuerzas vivas”, incluido juez, comisario y obispo, y fue quien asistió con camas, colchones, mantas y comida a los represores bahienses. El jefe de inteligencia del Ejército de quien dependen es el general César Milani. Una alta fuente de Defensa informó que la ministra Nilda Garré solicitó ayer al jefe del Ejército, general Roberto Bendini, y al del Cuerpo V, general Oscar Roberto Gómez, “que analicen y deslinden responsabilidades sobre la fuga de Corres”.

Mientras en la vereda una multitud escuchaba a la diputada Victoria Donda y al secretario de la APDH local, Eduardo Hidalgo, Alvarez Canale declaró ante un periodista de labrujula.net que se enteró de la fuga a las ocho de la mañana y de inmediato ordenó un corte de rutas. Según el relato de quienes debían custodiar a Corres, se percataron de su ausencia a las 8.45. Es decir que el juez, de vacaciones, se enteró 45 minutos antes y ordenó, todo indica que a su amigo el comisario Scelsi, cortar algunas rutas.

El juez también dijo que el 6 de junio ordenó trasladar a Corres a Campo de Mayo. No es cierto. Aquel día dispuso que “oportunamente” lo lleven al penal de Marcos Paz. Recién después preguntó si había cupo. El 18 le respondieron que sí y el 25, por razones desconocidas, ordenó que lo llevaran... a Campo de Mayo. “La responsabilidad es del Servicio Penitenciario Federal. Yo no lo podía llevar”, ironizó ayer. El director del SPF, Alejandro Marambio, informó que el traslado de Corres se frustró en dos oportunidades, el 11 y el 18 de julio, por “excesos de movimientos internos”. Aún no dio explicaciones.



PEDIDOS OFICIALES PARA QUE LOS REPRESORES VAYAN A CARCELES COMUNES
Para evitar nuevos Febres y nuevos Corres

Por Diego Martínez
Dos días después de la fuga del teniente coronel Julián Corres de la delegación Bahía Blanca de la Policía Federal, el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, resolvió el lunes instruir a las fuerzas de seguridad a su cargo para que dejen de alojar represores imputados por delitos de lesa humanidad. Hoy la ministra de Defensa, Nilda Garré, reiterará su resolución de 2006 en la cual solicitaba a los jueces federales de todo el país que reconsideraran la decisión de enviar secuestradores, torturadores y asesinos a los cuarteles. El miércoles, antes de conocer la resolución de Fernández, el Centro de Estudios Legales y Sociales presentó un pedido de informes para que el ministro explique la responsabilidad de la Policía Federal en el caso Corres, la del Servicio Penitenciario Federal en el traslado que no fue y las medidas ordenadas para evitar nuevas fugas, suicidios y muertes dudosas.

Según registros del CELS hay 83 represores imputados y/o procesados en causas por terrorismo de Estado alojados en unidades de Fuerzas Armadas o de seguridad. Más de treinta pasan sus días en dependencias de policías provinciales para las que prestaron servicios. Nueve miembros de la patota del D2 de inteligencia de la policía de Córdoba se alojan en la Guardia de Infantería, pleno centro de la ciudad, donde comparten instalaciones con compañeros de tareas que la Justicia aún no procesó. Otros nueve ex agentes chaqueños están detenidos en la alcaldía de Resistencia.

Según registros del Ministerio de Defensa, además de los 34 militares alojados en el Instituto Penal de las Fuerzas Armadas, que desde enero custodia el SPF, hay otros 22 en cuarteles militares. Sólo en el cuartel La Unión de Córdoba, ubicado en la base de apoyo logístico del Cuerpo III, hay once represores servidos por camaradas. Los ocho represores que el Tribunal Oral Federal condenó el jueves pasado, cinco a prisión perpetua, nunca habían pisado una cárcel.

Fernández instruye a Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria para que no reciban nuevos detenidos por crímenes de lesa humanidad sin su autorización. Advierte que lo contrario será sancionado y exige un “informe diario y pormenorizado” sobre cada caso. También le ordena al director del SPF, Alejandro Marambio, que cumpla con los traslados requeridos por la Justicia. El de Corres había sido solicitado el 25 de junio, un mes antes de su fuga.

El ministro admite en los fundamentos de la resolución su “profunda consternación” por el caso Corres. Luego explica que los calabozos de las fuerzas a su cargo están concebidos “para albergar en forma transitoria a personas detenidas por infracciones al régimen contravencional”, pero carecen de personal capacitado, infraestructura, equipos y medidas de seguridad para alojar “internos que presenten conductas conflictivas y de alta peligrosidad”. El ministro apunta que “ha requerido” a los jueces el traslado a cárceles comunes y como respuesta obtuvo “resultados dispares”. Admite que la Justicia ordenó trasladar a Corres a Campo de Mayo, pero deja en la nebulosa las razones por las cuales no se concretó.

El CELS destaca “las graves limitaciones del Estado para garantizar la comparecencia a juicio” de los represores. Recuerda que la cifra de prófugos “aumentó a 47” y agrega “muertes dudosas como la del prefecto Héctor Febres y suicidios durante arrestos domiciliarios sobre los cuales el Estado no acusa ningún tipo de responsabilidad, como el del coronel retirado César Anadón, pese a que no controló que el procesado tuviera acceso a armas de fuego”. El organismo también pregunta por qué dos meses después de la promulgación de la ley 26.375 que creó la Unidad especial de búsqueda de criminales de lesa humanidad prófugos aún ni siquiera se reglamentó su funcionamiento.