jueves, 2 de diciembre de 1999

Se podía

Página/12

Por Horacio Verbitsky
Hoy tienen más de 45 años. Pero cuando apenas había pasado los 23 ya eran hombres hechos y derechos. Pidieron prórroga para cumplir con el servicio militar mientras terminaban sus estudios de medicina, y luego de recibirse se incorporaron como aspirantes a oficiales de reserva del Ejército. Las Fuerzas Armadas acababan de tomar el poder por quinta vez en el siglo. Alberto Taranto fue destinado al hospital militar de BB y Daniel Osvaldo Fonti al cuerpo de sanidad del Comando del Cuerpo V.

Ambos vieron la casa rodeada de árboles, que todos llamaban “La Escuelita”. Estaba a dos mil metros del comando de Cuerpo y se podía acceder a ella desde adentro o desde afuera de las instalaciones militares. Nadie ignoraba que allí eran torturados los detenidos en aquellos procedimientos. Fonti era cardiólogo. Un día le ordenaron asistir a un parto. Se negó aduciendo que no era su especialidad. Pero Taranto era ginecólogo. Cuando lo convocaron dijo que su deber era asistir a los oficiales que pudieran ser heridos en los operativos legales y no a parturientas que no tenían por qué estar en ese lugar clandestino. A Fonti no le pasó nada, pero a Taranto la negativa le costó un castigo tremendo: el director del hospital, coronel Eduardo Mariné, le impuso realizar cinco días consecutivos de guardia.

Los testimonios de ambos médicos, escuchados esta semana en las audiencias del juicio de la verdad de la Cámara Federal de Bahía Blanca, son demostrativos de los márgenes de libertad que permitían negarse a realizar conductas ilegales o inmorales, aun bajo la autoridad militar en los peores momentos de la guerra sucia. Tampoco los oficiales eran forzados a actuar en contra de la legalidad y de sus convicciones, como lo demostró hace tres lustros el testimonio del capitán de fragata Jorge Búsico, quien objetó en la ESMA los métodos empleados. En su caso, el castigo fue apartarlo de los grupos operativos y, poco después, pasarlo a retiro con un pretexto cualquiera y excluirlo de las tertulias del Círculo Naval.

A casi un cuarto de siglo de los hechos, más de dos tercios de los diputados alzaron la mano para oponerse al juramento del ex dictador Antonio Domingo Bussi, autor del mismo tipo de delitos en que los médicos bahienses se negaron a participar. Para que nadie pudiera escudarse en disciplinas partidarias, los autores del proyecto habían solicitado que la votación fuera nominal. Pese a lo incomparable de las circunstancias, en un caso como en el otro la responsabilidad individual fue determinante de las conductas. El CELS había impugnado la candidatura del ex subcomisario Luis Patti a la gobernación de Buenos Aires, pero la justicia no lo aceptó. La APDH hizo lo mismo con la de Bussi, y la Cámara de Diputados cerró sus puertas en las narices del torturados. Aunque tardía, la reparación es significativa de un nuevo clima social.