La trinchera de mamá

La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca reforzó la acusación contra Vicente Massot y reiteró el pedido de procesamiento y prisión preventiva del empresario. La Nueva Provincia se ufanaba de “hacer la guerra” y de actuar “en toda la línea de combate”. Relatos del propio Massot sobre su rol de che pibe al servicio de Suárez Mason.

Por Diego Martínez

Foto: Pablo Dondero.

“Más que hablar de guerra, hay que hacer la guerra. De entre todas las profesiones le cabe al periodismo un puesto de avanzada en las trincheras de la patria (...) Nuestro deber, pues, se corresponde con el de las Fuerzas Armadas en toda la línea de combate.” La declaración forma parte de un editorial del diario La Nueva Provincia de noviembre de 1977, en pleno terrorismo de Estado, y encabeza un escrito de casi 600 páginas en el que los fiscales federales Miguel Palazzani y José Nebbia reiteran el pedido de procesamiento y prisión preventiva del dueño y director del diario de Bahía Blanca, Vicente Massot. El empresario, profesor de la Universidad Católica Argentina y columnista del diario La Nación, fue indagado en dos oportunidades por el juez federal subrogante Alvaro Coleffi, que ahora debe pronunciarse sobre su situación procesal.

Massot está acusado como coautor de los secuestros, torturas y asesinatos de Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, dirigentes del Sindicato de Artes Gráficas de Bahía Blanca que lo tuvieron de interlocutor en sus últimos meses de vida, y por el rol del diario como auxiliar de la inteligencia militar en operaciones de acción psicológica para justificar y encubrir crímenes de lesa humanidad.

El escrito de la Unidad de Derechos Humanos bahiense complementa las pruebas presentadas en mayo del año pasado, cuando los fiscales imputaron a los directivos del diario por su “participación concreta y específica” en el terrorismo de Estado, que “se disfrazó bajo el ropaje de actividad periodística”. A partir de un estudio meticuloso de editoriales, notas de opinión e inclusive avisos que instigaban a los lectores a transformarse en delatores, los fiscales desmenuzaron la construcción de un discurso de odio con conceptos como “enemigo”, “delincuente subversivo”, “guerra sucia” o “aniquilamiento”, que sintonizaban claramente con las funciones asignadas por reglamentos y directivas militares.

Frente a la pretensión esbozada por Massot en las indagatorias, cuando intentó equiparar el rol de La Nueva Provincia con el de otros diarios que publicaban comunicados oficiales de las Fuerzas Armadas, los fiscales enfatizaron que “el discurso de incitación al genocidio –en su afán legitimador, encubridor e instigador– no sólo fue abrumadoramente mayoritario, sino que adquirió niveles extremos de intensidad, tanto en la gravedad del mensaje (el aniquilamiento total y definitivo en todos los campos de la sociedad) como en su poder de inserción en el público (la altísima frecuencia, la agobiante repetición e insistencia, la ubicación en espacios centrales del ejemplar, etcétera)”.

La acusación original del Ministerio Público Fiscal incluía a la madre de Massot, Diana Julio, y a su hermano Federico, directora y vicedirector del diario, ambos fallecidos; también al entonces jefe de redacción, Mario Gabrielli, quien murió meses después. A partir de las ostensibles relaciones de los Massot con los distintos niveles del Estado terrorista, los fiscales calificaron a ese núcleo duro como un “sujeto activo” que integró “un grupo de pertenencia” junto a militares, policías y civiles. Argumentaron que su conducta delictiva fue “voluntaria (no forzada), intencional e interesada”, actitud que surge no sólo de admisiones como la que encabeza este artículo sino también de la permanente exhortación a la población a cumplir un rol activo en la delación y del repudio a toda expresión de indiferencia o indefinición.

El elemento central en la estrategia de justificación del genocidio “consistió en la creación de un enemigo que estaba en guerra con la Patria”, explicaron los fiscales. Al caracterizarlo además como “no convencional”, esas “acciones ‘bélicas’ escapaban a toda delimitación ética o normativa” y todos los medios eran válidos para concretar el aniquilamiento. En paralelo operaba el encubrimiento por medio de un “juego de ocultamiento” en el cual “las prácticas más aberrantes que trascendían a la superficie eran transferidas al oponente”.

La Unidad Fiscal distinguió una “exhortación al exterminio grueso”, predominante en los meses previos e inmediatamente posteriores al golpe de Estado y centrado en “la guerrilla” o “enemigo armado”, y en paralelo un llamado al “exterminio fino” de la “subversión ideológica y cultural”, que incluyó desde la “limpieza” de la Universidad del Sur y los colegios secundarios hasta los jardines de infantes.

El análisis de esas exhortaciones pone en evidencia además las tensiones al interior de las Fuerzas Armadas y el apoyo constante de los Massot a la “línea dura” del Ejército, personificada en quienes se convertirían en iconos del terrorismo de Estado como Ramón Camps, Adel Vilas, Ibérico Saint Jean o Carlos Guillermo Suárez Mason. Las relaciones personales con esos sectores no sólo se verifican en las páginas de La Nueva Provincia, sino también en anécdotas relatadas por el propio Vicente Massot. 

“A mí no me lo contó nadie, yo lo viví a eso”, confesó durante una entrevista con el Programa de Historia Política del Instituto Gino Germani, en la que relató su rol como mediador entre Suárez Mason y el general Osvaldo Azpitarte, comandante del Cuerpo V de Bahía Blanca, en 1977. “Me llama Suárez Mason y me dice: ‘Te pido Vicente que vayas a verlo al Vasco Azpitarte, en Aeroparque tenés boleto de ida y vuelta. Andá y decile que lo quieren rajar a fin de año, que la Junta de Calificaciones, o lo que está manejando Videla y Viola, lo quieren rajar, y tenemos que hacer algún tipo de plan para tratar de mantenernos’ (...) Yo fui y se lo dije a Azpitarte”, relató, sin ocultar el nivel de confianza y la relación íntima que mantenía con los jefes de la represión ilegal. “Mi madre había sido una de las personas que más había insistido personalmente en la necesidad de que las Fuerzas Armadas interviniesen en la forma en que lo hicieron”, admitió en aquella entrevista, y recordó que al día siguiente del golpe de Estado visitaron a Suárez Mason para agradecerle. “Bueno, Cacho. ¡Lo felicito!”, recordó las palabras de Diana Julio para quien por esos días se convertía en dueño de vidas y muertes en la capital del país.

Massot, en tiempo de descuento

Por Diego Martínez

El empresario Vicente Massot volvió a declarar ayer como imputado por delitos de lesa humanidad durante la dictadura. El director del diario La Nueva Provincia se negó a responder preguntas de los fiscales, volvió a centrar todas las responsabilidades en sus familiares muertos e insistió en que no pisó Bahía Blanca en 1976, el año de los asesinatos de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola. Massot se retiró en un patrullero en medio de un descomunal operativo de seguridad de Prefectura, la fuerza que a fines de 1975 resolvió "ralear" de la tierra a los dirigentes gremiales que luego serían secuestrados, torturados y asesinados. La definición de la situación procesal de Massot está ahora en manos del juez federal subrogante Alvaro Coleffi, quien ayer a primera hora, en una extraña coincidencia, se enteró por LU2, la radio de  Massot, que fue denunciado penalmente por una supuesta filtración de información en una causa por narcotráfico. La denuncia la presentó su colega Santiago Martínez, que en su momento había desestimado la imputación contra los directivos de LNP, y quedó en manos de la jueza subrogante Ana Araujo, hija de un marino procesado como jefe de un grupo de tareas de la base naval de Puerto Belgrano y de cuyo arresto domiciliario es responsable.

Foto, FM de la Calle

  Massot entró al juzgado a las siete con su abogado Rubén Diskin. En la calle había un centenar de prefectos pertrechados con cascos, escudos y chalecos antibala. Dos horas después Coleffi informó a las partes que se acababa de enterar por LU2 de la denuncia en su contra pero ni Diskin ni los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani entendieron que fuera causal de recusación. Desde el primer piso donde se hizo la audiencia se veían fotos de Heinrich y Loyola y se escuchaban los cantos de militantes de organismos de derechos humanos y agrupaciones políticas.

  Cuando Palazzani le preguntó sobre la relación con el general Carlos Suárez Mason, el imputado aclaró que haría uso de su derecho a no responder preguntas de fiscales. Más tarde admitió el dato que dio durante una entrevista para el Instituto Gino Germani: en plena dictadura ofició de correo entre el comandante del Cuerpo V, general Osvaldo Azpitarte, y el del Primer Cuerpo, Suárez Mason, un íntimo amigo de la familia.

  La estrategia de Massot, indagado por primera vez a fines de abril, volvió a centrarse en responsabilizar a su mamá Diana Julio y a su hermano Federico, directora y vice de LNP en los '70, ambos fallecidos. "Mamá manejaba", "mamá escribía", "mamá decidía". A pesar de los recibos de sueldo con su firma durante varios meses de 1976, secuestrados en el allanamiento al diario, declaró que ese año no fue a Bahía Blanca. Afirmó que comenzó a escribir editoriales a mediados de 1978, un lustro después de su debut como secretario de redacción de la revista Cabildo.

  Lejos del personaje menor que intentó pintar en su primera declaración, antes de conocer las actas ante escribano en las que aparece negociando mano a mano con Heinrich y Loyola en los momentos más álgidos del conflicto con los gráficos, Massot admitió ayer que se paseaba armado por los pasillos de la empresa y se limitó a aclarar que no hacía ostentación de armas en las reuniones con los delegados, a quienes en los editoriales criminalizaban y denunciaban como un "soviet" infiltrado en sus filas.

  Entre las nuevas pruebas que le exhibió ayer Coleffi estuvieron los testimonios sobre la lucha de los gráficos en 1975 para que LNP respetara el convenio colectivo y las amenazas a Heinrich y Loyola, relatadas en los últimos meses por ex compañeros y familiares durante el juicio oral a marinos y prefectos, del que el diario desinforma sistemáticamente. Massot se limitó a decir que las acusaciones eran "infamias". La indagatoria concluyó poco después del mediodía. El columnista de La Nación, de traje y anteojos negros, salió del juzgado escoltado por policías y prefectos.

  El dato sugerente del día no lo aportó Massot en la indagatoria sino minutos antes desde su radio: una denuncia penal contra el primer juez de Bahía Blanca que se animó a avanzar sobre los partícipes civiles del terrorismo de Estado. En los últimos meses Coleffi no sólo ordenó allanar LNP e indagar a Massot; también pidió la extradición del ex capellán Aldo Vara y procesó al arzobispo Guillermo Garlatti por encubrirlo mientras estaba prófugo. La denuncia en su contra la presentó el subrogante Martínez, un desestimador serial que no encontró pruebas para indagar a Vara ni a Massot y que rechazó la imputación de los fiscales por delitos sexuales como parte constitutiva de la represión ilegal. La Cámara Federal local ya dejó trascender su decisión de no asignar más causas de lesa humanidad al descarriado Coleffi. Si el fiscal Antonio Castaño decidiera impulsar la denuncia penal, el expediente quedaría en manos de la jueza Araujo, hija del capitán de navío Ricardo César Araujo, con procesamiento firme por comandar un grupo de tareas de la Armada.

La hora de Massot

El empresario Vicente Massot, director del diario La Nueva Provincia, deberá volver a responder preguntas como imputado por delitos de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado. Mientras el diario de Bahía Blanca desinforma sistemáticamente a sus lectores sobre el juicio oral y público que se desarrolla a cien metros de la redacción, donde marinos y prefectos rinden cuentas por los asesinatos de los obreros gráficos y dirigentes gremiales que osaron enfrentar a los Massot, el juez federal subrogante Alvaro Coleffi volvió a citar al apologista de la tortura y profesor de la Universidad Católica Argentina para que el jueves amplíe su declaración indagatoria, que tuvo un primer capítulo el 24 de abril.

  En abril de 2013, los fiscales federales José Nebbia y Miguel Palazzani acusaron a Massot como coautor de los secuestros, torturas y asesinatos de Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, dirigentes del Sindicato de Artes Gráficas de Bahía Blanca que lo tuvieron de interlocutor en sus últimos meses de vida, y por el rol del diario como auxiliar de la inteligencia militar en operaciones de acción psicológica para justificar y encubrir crímenes de lesa humanidad. La acusación del Ministerio Público Fiscal incluía a su mamá, Diana Julio de Massot, y a su hermano, Federico Massot, directora y vice del diario, respectivamente, ambos fallecidos, y también al ex jefe de redacción Mario Hipólito Gabrielli, quien murió impune meses después.

  Massot es socio de la empresa familiar desde 1974, cuando tenía 22 años y militaba en el nacionalismo católico. En 1973, días antes del ascenso de Héctor Cámpora, publicó como secretario de redacción el primer número de la revista Cabildo, donde haría pública su admiración por el fascismo. Por entonces comenzó a tener incidencia directa en los editoriales de LNP, que reclamó a las Fuerzas Armadas impedir el ascenso del gobierno peronista y luego derrocarlo. “El nacionalismo ultrafascistoide le ‘brotó’ a LNP cuando uno de sus nenes (el que está en el fino humor de Cabildo) comenzó a incursionar en el periodismo”, informó en 1974 la revista Militancia, que dirigían Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Luis Duhalde.

  Los hechos que involucran directamente a Vicente Massot comienzan en 1975, cuando los editoriales criminalizaban a delegados y activistas gremiales. En septiembre de ese año, su mamá le encomendó “todo trato con el personal”, misión que quedó documentada en actas ante escribano halladas por los fiscales. Mientras los gráficos encabezaban los reclamos para que la empresa respetara el convenio colectivo de trabajo, exigencia que llegó a contar con el respaldo activo de los cinco gremios a los que pertenecían los trabajadores del diario, el Canal 9 y la radio LU2, un editorial anunció que “LNP se encuentra en guerra” y en otro se presentó como víctima de “la infiltración más radicalizada”.

  Por esos meses (el primer borrador data de diciembre), la sección informaciones de Prefectura local elaboró una investigación titulada “Guerrilla sindical” en LNP, que concluyó con una lista de “personal a ser raleado”. La encabezaban Heinrich y Loyola, e incluía las direcciones donde los secuestraron. Dos días antes del golpe de Estado se elaboró el informe definitivo y, el 24 de marzo de 1976, madre e hijo pasearon por la rotativa con una bandera argentina, provocando a los gráficos: “¿A qué no se animan a hacer paro ahora?”. Cuando aparecieron los cadáveres masacrados y con signos de tortura, LNP dio la noticia en veinte líneas bajo el título “Son investigados dos homicidios”. En los 38 años siguientes no retomó el tema.

  En septiembre de 2012, al dictar la primera sentencia a represores locales, el Tribunal Oral Federal ordenó investigar a LNP por su “campaña de desinformación y propaganda negra” para “imponer la versión de los victimarios” y crear “un estado de anomia legal en la sociedad que permitió el ejercicio brutal de una violencia irracional”. Los jueces Jorge Ferro, José Triputti y Martín Bava, que asumieron como subrogantes por la falta de garantías de sus pares bahienses, recordaron que el general Adel Vilas aludió a LNP como un “valioso auxiliar de la conducción” militar y señalaron que la actuación de la familia Massot “no se halla alejada de toda la ilegalidad que existía en la época”.

  En abril de 2013, los fiscales pidieron la detención e indagatoria de Massot y de Gabrielli, que moriría en julio. Nebbia y Palazzani destacaron la “participación criminal concreta y específica” de los directivos de LNP disfrazada “bajo el ropaje de la actividad periodística”, y los acusaron por “el ejercicio de funciones de acción psicológica” diagramadas por el Destacamento de Inteligencia 181, al que pertenecían los interrogadores del centro clandestino La Escuelita. En el caso de Massot apuntaron que tenía un rol "múltiple", que al menos desde 1974 era socio de la empresa, y recordaron que en septiembre de 1975, en pleno conflicto con los gráficos, la directora del diario le delegó el "trato con el personal".

  Ante el pedido de los fiscales, el juez subrogante Santiago Martínez sostuvo en una carilla de antología que la “orfandad probatoria” no permitía siquiera hablar de “algún grado de complicidad” de los Massot con la dictadura. Seis meses después, la Cámara Federal revocó esa decisión infundada, apartó a Martínez e ideó una original maniobra para no ordenar la indagatoria del hombre fuerte de la ciudad: sostuvo que Massot se había presentado cuando el Tribunal Oral ordenó investigar a LNP y que tenía derecho a prestar una “declaración espontánea”, que en rigor nunca había pedido. El 18 de marzo se cumplió ese trámite: Coleffi escuchó a Massot ante la mirada de Nebbia y Palazzani, que no pudieron hacer preguntas.

  El 8 de abril, por orden de Coleffi, los fiscales encabezaron durante once horas un allanamiento a las oficinas comerciales, la dirección y el archivo de La Nueva Provincia, frente a la plaza central de la ciudad. Entre otros materiales, secuestraron los legajos de los obreros asesinados, coberturas fotográficas de actos militares, registros contables y liquidaciones de haberes. Un estudio de la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero del Ministerio Público Fiscal concluyó que Massot, quien sostenía que por aquellos meses había cumplido con el servicio militar y que comenzó a trabajar recién en 1977, “se desempeñó en forma permanente” como editorialista y cobraba su sueldo en persona.

  El 24 de abril, citado a indagatoria, Massot se negó a responder preguntas, intentó minimizar la importancia de las actas en las que aparece negociando mano a mano con Heinrich y Loyola, dijo no recordar cómo se enteró de los asesinatos y centró la responsabilidad en los muertos: su madre y su hermano Federico. La novedad que descolocó al empresario fue la declaración del teniente coronel Mauricio Gutiérrez, ex auditor del Ejército y abogado de represores, quien contó que el general Adel Vilas en 1987 le relató cuando Diana Julio, en la casa del comandante del Cuerpo V, general Osvaldo Azpitarte, les pidió “chupar por izquierda” a los dirigentes gremiales que días después serían asesinados.

  La ampliación de la indagatoria de Massot, ícono de los partícipes civiles en el terrorismo de Estado, genera amplia expectativa. Puertas adentro de La Nueva Provincia rige la orden de no informar sobre el juicio a los asesinos a quienes durante años el diario disfrazó de héroes. Afuera crece el reclamo de justicia. Sus impulsores vivirán el jueves un día clave. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, H.I.J.O.S., la Mesa por el Juicio y Castigo, el MoVeJuPA de Punta Alta y la Comisión de Apoyo a los Juicios, entre otras organizaciones, se concentrarán a las 7.30 frente al juzgado. Tras la indagatoria comenzará la cuenta regresiva para que el juez se pronuncie sobre la situación procesal de Massot.

Se me ha perdido un prefecto…

Por D.M.

No conformes con la concesión automática de arrestos domiciliarios, que les permite afrontar el juicio por delitos de lesa humanidad sin pisar la cárcel, los represores de la Armada y Prefectura que actuaron en Bahía Blanca durante la última dictadura se siguen burlando de las garantías que les otorga el Estado de Derecho.

El 8 de julio, durante la primera audiencia del primer juicio por secuestros, torturas y asesinatos en las bases navales de Puerto Belgrano y Baterías, sólo 9 de los 24 acusados fueron trasladados al aula magna de la Universidad Nacional del Sur desde unidades penales y en móviles del servicio penitenciario. Los otros 15, todos libres pese a los reclamos de los fiscales federales José Nebbia y Miguel Palazzani, contaban con el visto bueno del Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca para trasladarse por sus propios medios, con parejas, hijos y amigos; tres a la UNS y una docena a los tribunales de Comodoro Py, donde podrían seguir la audiencia por videoconferencia a 700 kilómetros de los jueces.

Los bahienses que fueron a presenciar el inicio del proceso debieron soportar ser palpados por gendarmes y tuvieron que dejar llaves, celulares y objetos personales en manos de uniformados. Los familiares de los represores citados en Py, en cambio, se mezclaron entre los imputados, charlaron como en una reunión de amigos y se ofrendaron chocolates para amenizar la velada. El hijo del prefecto Félix Ovidio Cornelli (ambos de anteojos negros, padre con boina y bufanda para ocultar su rostro) hasta se dio el gusto de filmar a los periodistas presentes, mientras el secretario judicial Andrés José López le informaba al fotógrafo de Página/12 que no lo dejaría hacer su trabajo simplemente porque no estaba acreditado de antemano.

No fueron esas, sin embargo, las principales burlas al proceso a cargo de los jueces Jorge Ferro, Martín Bava y José Triputti. La nota del día, que descubriría el fotógrafo y militante Marcelo Núñez, la protagonizó el prefecto Pedro Alberto Pila, ex jefe de la División Operaciones de Prefectura Bahía Blanca, de activa participación en secuestros y allanamientos ilegales en 1976 como parte de la Fuerza de Tareas 2 de la Armada. El secretario, ante la pregunta del tribunal, respondió que “todos los imputados” estaban presentes y leyó sus nombres por orden alfabético, como los apuntó este cronista. En décimo lugar mencionó al prefecto Pila.

El trabajo artesanal para vincular nombres con rostros (pues nadie aquel día pidió a los represores que se identificaran) sólo pudo completarse cuando Núñez fue y tomó fotos de una audiencia en Bahía Blanca. Recién entonces fue posible corroborar las identidades de todos los imputados… Y descubrir que el prefecto Pila no había estado en Comodoro Py.

¿Quién se hizo pasar por Pila aquella mañana? ¿Corroboró el secretario Andrés José López las identidades de los imputados presentes? ¿Eran todos acompañantes de represores con arresto domiciliario los hombres que se mezclaron entre marinos y prefectos? ¿Alguno se hizo pasar por Pila?

Las respuestas deberán darlas los jueces Ferro, Bava y Triputti, que tienen todas las facultades para evitar nuevos papelones. De la Cámara de Casación, en tanto, depende que se confirmen o rectifiquen los arrestos domiciliarios a la carta.

Imputados y acompañantes en la sala de Comodoro Py. Foto: Marcelo Núñez.

¿Familiar acompañante?

Foto: Matías Luna Chima.

¿Dónde estaba el primer día?

Los delitos sexuales en La Escuelita de Bahía Blanca

Los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani imputaron a 70 represores del Cuerpo V de Ejército. Ante otro rechazo automático del juez subrogante Santiago Martínez, apelaron ante la Cámara Federal de Bahía Blanca.

Por Ailín Bullentini

Hace varios años que, empujados por sobrevivientes, operadores judiciales y las propias protagonistas, los delitos sexuales sufridos por mujeres víctimas de la última dictadura cívico militar en contextos de encierro pujan por llegar a los estrados de la Justicia como delitos de lesa humanidad. Los fiscales federales José Nebbia y Miguel Angel Palazzani llevaron hasta la Cámara Federal de Bahía Blanca el pedido de que se impute por esos delitos a 70 represores que actuaron en los centros clandestinos de detención que correspondieron al V Cuerpo del Ejército, luego de que el juez federal Santiago Martínez rechazara el requerimiento. “Esto debe salir a la luz y ser juzgado, hacerlo es parte de la Justicia que se está buscando”, consideró Nebbia sobre los argumentos del requerimiento rechazado por Martínez en febrero pasado y elevado a la Cámara Federal local hace dos semanas. Los fiscales apoyaron su pedido en la necesidad de diferenciar los delitos sexuales de aquellos otros relacionados directamente con las violaciones a los derechos humanos sucedidas durante los años del terrorismo de Estado, como la tortura, para poder identificar responsables y juzgarlos. “Lo mismo que sucede con los delitos de tormentos y secuestros, o desapariciones, hay que entender que la violencia sexual no es una cuestión del pasado y que, por tanto, si queremos avanzar sobre los problemas de violencia de género que aquejan a la sociedad debemos juzgar estos casos sucedidos en el peor momento de nuestro país, en las peores condiciones”, desmenuzó Nebbia.

El requerimiento elaborado por él y su colega Palazzani exige la ampliación de la imputación a 70 represores, todos los jefes o guardias vivos de las dependencias del V Cuerpo del Ejército Argentino que fueron acusados por delitos de lesa humanidad cometidos en esa zona de acción terrorista. Añadió Nebbia: “Todos los que alguna vez tuvieron responsabilidad por delitos cometidos en el V Cuerpo también tienen que serlo respecto de los delitos sexuales que allí tuvieron lugar”. A todos les endilgaron la calificación de autores, mediatos o no, de delitos de violencia sexual en perjuicio de “la totalidad de las víctimas mujeres” que hubo en esa jurisdicción de la fuerza, mencionan en el documento.
Aquí surge la otra pata estructural del requerimiento bahiense. Los fiscales a cargo de la Unidad de Asistencia para las causas por violaciones a los derechos humanos de esa ciudad bonaerense dejan de lado la estrategia de analizar caso por caso al momento de detectar delitos y juzgar a presuntos responsables, para entender a las mujeres como un grupo homogéneo que, por esa diferenciación de género, sufrió el terrorismo de Estado de una manera particular. Hasta el momento, todos los avances que hubo en el terreno de la Justicia destinados a entender como delitos de lesa humanidad específicos los ataques de índole sexual que sufrieron las mujeres fueron traccionados por señalamientos de las propias víctimas o existencias de determinadas situaciones en las que tanto el atacante como la atacada estaban perfectamente identificados.
“El hecho de ser mujer en un centro clandestino de detención y tortura implicó ser víctima de violencia sexual”, apuntaron Nebbia y Palazzani en el requerimiento. Parten de la base indiscutible de que no fue lo mismo ser víctima hombre que víctima mujer y convierten esa diferencia en carácter sistemático del delito sexual: “Decimos que todas las mujeres lo sufrieron, a nivel país y a nivel local”, puntualizó el fiscal, que junto a su colega remarcó en el documento: “Este tipo de violencia se encuentra, aún hoy en nuestra jurisdicción, invisibilizada. Es hora de que comencemos a saldar esa deuda”.
Al momento de solicitar al juez federal la ampliación de las imputaciones, contabilizaban 52 mujeres víctimas del terrorismo de Estado en la zona de acción analizada. El grupo se incrementó porque se detectaron nuevas víctimas, con lo cual deberán ampliar el requerimiento para sumarlas.
En más de 90 páginas el pedido presentado a Martínez desborda de testimonios extraídos de diversas causas que acreditan desde violaciones concretas hasta situaciones de vejaciones permanentes de parte de guardias, carceleros, secuestradores y jefes de centros clandestinos de detención hacia las mujeres allí encerradas, además de contar con un marco teórico que permite entender el cómo e intentar hipotetizar los porqué tales cuestiones sucedieron. La violencia sexual formó parte de los “métodos de dominación y destrucción masiva de personas” utilizados por el terrorismo de Estado y “de ninguna manera, y en ningún caso, puede ser considerada este tipo de violencia como meros excesos”, plantearon los fiscales. Y se combinó con una “doble calificación negativa” que los militares tenían sobre las mujeres: por militante y por mujer. “Las mujeres son vistas como propiedad de los hombres, entonces su cuerpo se convierte en terreno/objeto de disputa, y los ‘cazadores’ de subversivos libran también allí su ‘batalla, su disputa, su conquista’”, completaron.
Para Martínez, no obstante, el trabajo no fue suficiente. “El plexo probatorio no resulta suficiente para atribuir a ninguno de los setenta imputados la consumación de las conductas endilgadas”, rechazó el juez federal. Para él, existe una “imposibilidad de atribuirles a los imputados los hechos descriptos por la fiscalía, por falta de elementos probatorios en algunos casos e indeterminación de sus autores materiales, en otros”.
A principios de mes, los fiscales recurrieron a la Cámara Federal de Bahía Blanca, ante la que principalmente tildan la resolución del magistrado de arbitraria y falta de motivación. “Al negarse a recibir declaración indagatoria de los imputados, el magistrado ha incurrido en una manifestación patente de parcialidad, arrogándose roles que corresponden a la defensa de los acusados”, denunciaron en el dictamen de apelación. “Dice que en algunos casos no hay pruebas, en otros no es señalado el autor: ¿en cuáles?, no lo explica. Entonces creemos que lo que pide es la prueba diabólica: que cada víctima señale quién era el que tenía la picana en la mano –dijo por último Nebbia–. El operador judicial está para extender el acceso a la Justicia de todos los ciudadanos, no para complicar ese camino.”