Murió Adel Vilas

Por Diego Martínez

Un adelantado del terrorismo de Estado, instaló en 1975 en Tucumán los primeros centros de tortura y exterminio del país.

En Bahía Blanca emplazó su segunda Escuelita, última escala de un centenar de desaparecidos.

A los fusilamientos en enfrentamientos fraguados, marca registrada del Ejército, agregó como toque de distinción de su prontuario el juicio por “infiltración ideológica marxista” en la Universidad Nacional del Sur, siempre con la complicidad del diario La Nueva Provincia y el servicio del juez federal Guillermo Federico Madueño.

“¿Cómo decirle adiós a un soldado que hizo que los hombres, mujeres y niños de esta ciudad comenzaran a recobrar la paz y la seguridad que habían perdido? Nos estaban arrancando algo vital, uno de los ejemplos del país que queremos ganar para las futuras generaciones”, escribió Diana Julio de Massot luego de despedirlo en la dirección del diario.

En 1987 la Cámara Federal lo escuchó invocar “órdenes superiores” para justificar sus crímenes y le dictó la prisión preventiva rigurosa. Usaba entonces el uniforme que sus subordinados se quitaron para secuestrar y contaba con los “consejos técnico--profesionales” de Néstor Luis Montezanti, ex agente de inteligencia del Ejército y actual juez de la misma Cámara bahiense.

Pasó sus últimos años recluido en un departamento en Bulnes 2087, donde nunca se dignó a recibir a este cronista.

Los ingratos que se beneficiaron con sus trabajos sucios le dedicaron cuatro líneas a su muertey hasta escribieron mal su nombre. Así pagan.

Detienen a represor González Chipont

Por D.M.

La Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvo ayer a un oficial del Ejército que estaba prófugo desde junio, imputado por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca. Se trata del teniente coronel Guillermo González Chipont, ex miembro del Departamento II de Inteligencia del Cuerpo V, donde fue segundo jefe de la "Agrupación Tropas", que se ocupaba de secuestrar y trasladar a las víctimas al centro clandestino La Escuelita. Salteño, de 68 años, González Chipont fue detenido en el barrio cerrado "Los bosquecitos de Brandsen". El militar supo ufanarse en 1980 por su actuación en "aniquilamientos de delincuentes subversivos" a los que identificó con nombre y apellido, y que en todos los casos fueron vistos en cautiverio antes de ser ejecutados en enfrentamientos fraguados.

Memoria Abierta en "La Escuelita"

Semanario Ecodías

Se hizo presente en Bahía Blanca el equipo de la organización Memoria Abierta para realizar estudios arqueológicos sobre los restos de las instalaciones del ex centro clandestino de detención del V Cuerpo de Ejército.

Semanas atrás, cuando se cumplía un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976, detallábamos cómo por primera vez el tradicional acto recordatorio y de pedido de justicia pudo hacerse en el interior del V Cuerpo de Ejército.
A muy pocos metros de donde se hizo el acto, se encuentran los restos demolidos de las instalaciones de lo que fuera "La Escuelita", ex centro clandestino de detención de Bahía Blanca que funcionó durante la dictadura y por el cual pasaron y fueron torturados cientos de secuestrados y secuestradas ilegalmente.
A ese logro de poder ingresar al predio, hoy se suma uno nuevo: el equipo técnico de la asociación Memoria Abierta visitó Bahía Blanca para realizar estudios arqueológicos en "La Escuelita".
Memoria Abierta, Acción Coordinada de Organizaciones argentinas de Derechos Humanos, es una organización que trabaja para aumentar el nivel de información y conciencia social sobre lo que fuera el terrorismo de Estado y para enriquecer la cultura democrática. Entre sus objetivos se encuentra el de lograr que todo registro de lo ocurrido durante la última dictadura militar y sus consecuencias sea accesible y sirva para la investigación y educación de las futuras generaciones.

Tareas
En una conferencia de prensa en la Unidad de Derechos Humanos fue el fiscal Abel Córdoba quien señaló que ya durante 2009 se había solicitado que se adopten medidas de no innovar y dar resguardo al sector para llevar a cabo las distintas pericias y estudios que finalmente se concretaron tras la llegada del equipo técnico: "La idea de ese planteo fue recabar los elementos de pruebas que todavía existen, y darle una dimensión que exceda lo judicial que tiene ese sitio en particular por los hechos que han ocurrido ahí, orientado a reflejar la dimensión social que esos hechos han tenido".
A la izquierda del fiscal se encontraba Gonzalo Conte, integrante del equipo de Memoria Abierta, quien explicó la inspección general que se realizaría en "La Escuelita" para determinar y comprobar las estructuras visibles que allí se encuentran: "Estructuras edilicias que han sufrido distintos procesos de demolición y también agentes naturales que han incidido en lo que queda de estas construcciones. La idea es hacer un diagnóstico, verificar si existen pericias posibles que nos acerquen a conectarnos con mayor información, que a su vez nos posibilite entender el funcionamiento de estos lugares".
El trabajo se realizaría de manera conjunto con un equipo local de arqueólogos y con el gabinete científico de la Policía Federal Argentina: "Se va a delimitar ese predio, amojonarlo para luego construir allí un cerco que delimite y lo proteja. El juzgado también ha dispuesto la señalización del sitio para que se indique el sentido de esta acción en el marco de un predio que ha sido cautelado, y que el juzgado cree que necesita esta experiencia técnica para posibilitar encontrar esa información que se está buscando".
Los próximos pasos a seguir, informó Conte, consisten en la realización de un informe que apuntará las próximas pericias a llevar a cabo para ser consideradas por el juzgado: "En mi caso conocía el predio por fuera, hemos visto algunas estructuras que todavía quedan, pocas pero quedan. El trabajo en sí justamente consiste en limpiar esas zonas, detectar la extensión que tienen estas edificaciones, compararlas y trabajar con los testimonios para saber si efectivamente estos han sido los lugares. Posteriormente, intentar realizar, si el juzgado así los dispusiera, el recorrido por estas estructuras por parte de los testigos que han pasado por allí que son los que a través de sus relatos le van a dar sentido a este trabajo técnico".
Por otro lado, Conte explicó que el trabajo so se remite únicamente a los escombros de "La Escuelita" sino también a otros elementos que se pudieran hallar: "Allí hay estructuras cercanas a estas localizaciones como aljibes, pozos negros, o instalaciones sanitarias. Además, hay una cantidad de actividades que se desarrollaron por fuera de estos recintos que también vamos a tratar de localizar para entender su desempeño en la trama, reconstruir y, más allá de lo que ya sabemos, recabar información que nos esclarezca y eche más luz".

Cerca del juicio
Para el fiscal Córdoba, los resultados de estos estudios tendrán vital importancia desde la perspectiva del próximo juicio oral a realizarse en Bahía Blanca.
El doctor Horacio Azzolin, presente en la conferencia, amplió conceptos sobre el tema: "Hubo todo un sistema para hacer desaparecer la información relativa a lo que sucedió durante el periodo de gobierno militar en Argentina. Esto se enmarca dentro de lo que pasó en todo el país, destrucción de libros, con falta de información. Esos problemas siguen hoy vigentes, como por ejemplo en la búsqueda de documentación de esa época. Lo que se trata de hacer, a través de otros medios que no sean los documentales, es tratar de reconstruir todos estos lugares. Lo que se intenta es buscar con todos los medios posibles -más con los medios que da la técnica hoy día- preservar la memoria de estos lugares e identificarlos como centros clandestinos de detención".
Acerca del juicio en sí, si bien no hay una fecha fijada, la Fiscalía está realizando estrategias procesales para desarrollar un juicio lo más abarcador posible, más allá de que va a haber tramos que van a quedar para un segundo juicio: "En este momento, el tribunal está integrado por el doctor Velázquez, que es miembro titular el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca, por la doctora Torterola, que es una magistrada convocada, estaba jubilada y fue convocada para realizar el juicio, y por un juez de Neuquén que está en actividad y que viajaría para el juicio. Hay algún planteo sobre la integración del tribunal pero confiamos en que quede integrado de esta manera".
Acerca del lugar para desarrollar el juicio, teniendo en cuenta su magnitud, Azzolin habló de alternativas como instalar una pantalla gigante fuera de la sala o buscar lugares más amplios: "Sabemos que el tribunal está sabiamente buscando un lugar alternativo que sea un poco más grande y más cómodo para todos. Estamos confiados en que eso se puede conseguir. De hecho, la Fiscalía ha hecho una especie de búsqueda paralela y encontramos lugares adecuados para eso. No una sala de audiencias de un tribunal porque también sabemos que los tribunales no están preparados para este tipo de cosas. No es un problema de Bahía sino de todo el país, pero se puede hacer perfectamente: el tema es definirlo nada más".

Büsser, embarcado en delitos de lesa humanidad

El almirante retirado Carlos Alberto Büsser, quien encabezó el desembarco en las Islas Malvinas, es uno de los procesados por haber comandado en 1977 la Fuerza de Tareas 2 que actuó en Bahía Blanca. Al mismo tiempo, el juez Eduardo Tentoni excarceló a los acusados.

Por Diego Martínez

Diez oficiales retirados de la Armada y dos ex miembros del Servicio Penitenciario Bonaerense fueron procesados por la Justicia de Bahía Blanca por delitos de lesa humanidad en las bases de Puerto Belgrano y Baterías durante la última dictadura. La lista incluye a los contraalmirantes Carlos Alberto Büsser, famoso por encabezar el desembarco en las Islas Malvinas, y Manuel Jacinto García Tallada, ex jefe del Estado Mayor del Comando de Operaciones Navales, que en estos días afronta su primer juicio por secuestros y torturas en la ESMA. Büsser fue secretario personal de Emilio Massera mientras se planificaba el último golpe de Estado y comandó en 1977 la Fuerza de Tareas 2 que actuó en la zona de Bahía Blanca.

El juez federal ad hoc Eduardo Tentoni destacó que “las condiciones de vida en los centros clandestinos eran inhumanas”, consideró que “la crueldad de los maltratos, tormentos, torturas, vejaciones y violaciones” en los centros clandestinos de la Armada “escapan a cualquier intento de descripción”, pero excarceló a los marinos. “Si la medida se extendiera a imputados por cualquier delito podría pensarse que se instituyó una garantía procesal e implicaría un avance social. Mientras sea sólo para imputados por crímenes de lesa humanidad es un privilegio sumamente discriminatorio”, consideró el fiscal federal Abel Córdoba, quien reemplazó al frente de la investigación al ex fiscal general Hugo Cañón.

La causa por los crímenes de la Armada en Bahía Blanca se reabrió a fines de 2005. En febrero de 2007 se declaró competente Tentoni, que nueve meses después ordenó una inspección ocular en Puerto Belgrano y Baterías. En junio pasado ordenó los primeros procesamientos, que incluyeron a los prefectos Félix Cornelli y Francisco Martínez Loydi, responsables del informe que recomendó “ralear” del diario La Nueva Provincia a los obreros gráficos y delegados que habían enfrentado a la familia Massot en los años previos al golpe, secuestrados, torturados y asesinados en junio de 1976.

El año pasado, por primera vez en tres décadas, un marino confirmó ante la Justicia la existencia de un centro clandestino en la base de Infantería de Marina Baterías, en la ciudad de Punta Alta. El vicealmirante Eduardo Fracassi precisó que funcionó en la sexta batería histórica, agregó que se habilitó “a los fines de trasladar detenidos de la base Puerto Belgrano, que había completado su capacidad de detención”, y que “estaba operado por personal que revistaba en Puerto Belgrano o en la Fuerza de Tareas 2”. Si bien era jefe de la base, Fracassi dijo ignorar detalles del funcionamiento del centro de torturas porque “dependía del comandante de Operaciones Navales”.

Tentoni recordó que ya en abril de 1975 un supuesto infiltrado fue torturado durante más de un mes por oficiales de la Armada en Puerto Belgrano. La víctima fue entonces el cabo principal Juan José Cozzi, que en 1984 identificó entre sus interrogadores a los marinos Juan Alberto Iglesia, Guillermo Martín Obiglio y Remo Omar Busson, entre otros. El juez se pregunta “si hubo algún cambio en el método contrainsurgente luego del golpe militar” y concluye que “la respuesta es obvia: no”.

El “operativo Rosario” no fue la única tarea de Büsser durante la dictadura. Hasta el 29 de marzo de 1976 fue secretario de Massera. Ese año prestó servicios en la Secretaría de Información Pública. En 1977 comandó la Fuerza de Tareas 2 que operó en el sur bonaerense. En 1979, según declaró ante el juez Baltasar Garzón el comandante español Alfonso Morato, Büsser junto con el teniente coronel Quezán lo secuestraron y torturaron durante ocho meses para que confesara ser un espía chileno. El marino era entonces director de Inteligencia Interior de la SIDE. En 1983, cuando las Fuerzas Armadas incineraron los archivos sobre sus crímenes, era jefe del Estado Mayor Conjunto. Durante su indagatoria admitió que comandó la FT2, dijo que se limitaron a “patrullar la zona para disuadir cualquier actividad terrorista” y que “no hubo detenciones en toda mi gestión”.

La lista de procesados incluye al contraalmirante Angel Lionel Martín, ex comandante de Aviación Naval, y seis capitanes de navío. Hugo Andrés José Mac Gaul fue jefe de Baterías en 1976. Hernán Lorenzo Payba comandó el batallón comando de la Brigada de Infantería de Baterías. Guillermo Félix Botto actuó en 1976 en la sección Inteligencia de la subjefatura Operaciones de Puerto Belgrano, cargo desde el que participó en el montaje en el que fue fusilada Susana Martinelli, vista en cautiverio en las bases de Mar del Plata y Puerto Belgrano. El aviador Domingo Ramón Negrete fue comandante de la Base Aeronaval Comandante Espora en 1976.

El capitán Alberto Gerardo Pazos, actual profesor en el Instituto Universitario Naval, actuó en 1977 en la sección de Inteligencia de la Fuerza de Apoyo Anfibio (FAPA). El juez consideró probado que adiestró “cinco unidades de la FAPA para la lucha antisubversiva” y por su cargo “participó en los interrogatorios y torturas” de varias víctimas vistas por última vez en Baterías, como Cora Pioli o Daniel Carrá, “y también en las decisiones que resolvieron su suerte”. El capitán Enrique De León, profesor de la Universidad del Salvador, fue jefe de Contrainteligencia del departamento operaciones de Baterías. Antes de ser declarado desertor, el conscripto desaparecido Horacio García Gastelú informó a su familia que estaba en una lista de “observados” e identificó en el seguimiento al “teniente De León”. También fueron procesados el capitán José Luis Ripa, el prefecto mayor Héctor Luis Selaya y el alcaide Leonardo Núñez, enlace entre los centros clandestinos y la cárcel de Villa Floresta.

Diez represores tras las rejas

Con una serie de operativos simultáneos, la PSA capturó a una decena de suboficiales que actuaron en el centro clandestino de Bahía Blanca. Fueron trasladados a la cárcel de General Roca y hoy comienzan a declarar como imputados.

Por Diego Martínez

El fiscal Córdoba (parado, al centro) se encargó de la investigación.

Llegaron a Bahía Blanca desde regimientos de la Patagonia con la misión de custodiar La Escuelita, el centro clandestino del Cuerpo V de Ejército. Durante tres años dejaron de ser baqueanos en la Cordillera, pasaron a llamarse Abuelo, Perro, Pato, Zorro, Loro, Zorzal, entre otras especies, y se dedicaron a torturar a secuestrados vendados y encadenados. La mayoría se adaptó de buen gusto. Unos pocos se permitieron pequeños gestos de humanidad. Alguno se arriesgó a sacar una carta y un par de aros de una secuestrada embarazada para sus padres. “Nosotros también éramos esclavos”, aseguró uno de ellos tres años atrás. La buena nueva llegó el martes: luego de un tercio de siglo de impunidad, tras una investigación del fiscal federal Abel Córdoba y por orden del juez Alcindo Alvarez Canale, la Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvo a diez ex guardias de La Escuelita, que hoy comenzarán a declarar como imputados.

“Tal vez se apiaden de los abuelos y las familias de los chiquitos nacidos en cautiverio y tengan más dignidad que sus superiores, que siempre negaron la información”, se esperanzó Alicia Partnoy, sobreviviente y autora de La Escuelita. Relatos testimoniales, sobre las formas de resistencia y la convivencia con los represores en el centro de exterminio bahiense. “Si, como decían, lo que los llevó a ser mano derecha de torturadores y genocidas era el miedo a sus jefes, en un país donde todos teníamos miedo a esos asesinos, ¿qué les impide hablar ahora que sus superiores no están en el poder?”, se preguntó Partnoy, luego de recordar al guardia que sacó la carta de Graciela Izurieta, quien dio a luz en diciembre de 1976 en la maternidad clandestina del general Abel Teodoro Catuzzi, ya fallecido.

“Les cabe la misma caracterización que a todos los que fueron parte del genocidio: asesinos”, consideró Eduardo Hidalgo, secretario de la APDH de Bahía Blanca y sobreviviente del centro de exterminio del general Adel Vilas, impune por insania y domiciliado en Bulnes 2087, 7º B, de la ciudad de Buenos Aires. “Si fuera posible alguna expectativa, desearía que cuenten lo que vieron y lo que saben, pero la verdad es que no espero nada de estos criminales perversos”, confesó Hidalgo, y lamentó la muerte de Hugo Marcial Verdún, alias Zorro, quien estuvo a punto de matarlo a golpes.

Los guardias provenían de regimientos de Las Lajas, Junín de los Andes, Convuco y Zapala, todos en jurisdicción del Cuerpo V, y no conocían la ciudad. La mayoría no había terminado la escuela primaria y eran guías de montaña. “Hombres sencillos”, resumió Vilas, que se acercaba a La Escuelita a presenciar interrogatorios y alguna vez almorzó con los guardias. La tarea principal era verificar que los secuestrados no hablaran, no se movieran, no espiaran por debajo de las vendas, y trasladarlos a la sala de torturas cada vez que el suboficial Santiago Cruciani o el coronel Antonio Losardo deseaban interrogarlos.

El horror del terrorismo de Estado no impidió gestos mínimos de humanidad: permitir a los secuestrados hablar en voz baja, informarles sobre los compañeros que habían sido trasladados, permitir un vistazo para ver al resto de los cautivos. “Para nosotros también fue una tortura. Teníamos prohibido hacer preguntas, hablar con los secuestrados, no éramos dueños de nada”, contó años atrás un ex guardia a Página/12. “Tampoco podíamos pedir que nos sacaran, debíamos tener una buena explicación, y estos tipos eran capaces de cualquier cosa. Nadie se animó”, agregó.

Seis de los detenidos, igual que Verdún, vivían en Junín o San Martín de los Andes: Raúl Artemio Domínguez, Andrés Desiderio González, José Marcelino Casanovas, Gabriel Cañicul (vendía productos regionales en una cabaña), el taxista Armando Barrera y el gasista José María Martínez. Felipe Ayala vivía en Bariloche. Arsenio Lavayén en Plottier, en las afueras de Neuquén. El teniente Fernando Antonio Videla fue detenido en Villa Dominico, cerca de La Plata. El guía turístico Bernardo Cabezón se aprestaba a salir de excursión desde su residencia en el lago Huechulafquen, en Neuquén. Las capturas simultáneas, a cargo de la Regional V de la PSA, se produjeron el martes. Los detenidos fueron trasladados a la cárcel de General Roca, donde quedaron incomunicados. Hoy comenzará a declarar Videla, ex jefe del grupo de guardias.