Fogelman en la cárcel

El ex comisario Víctor Oscar Fogelman, famoso por conducir la investigación del homicidio del fotógrafo José Luis Cabezas, está preso desde hace una semana en la cárcel de Villa Floresta, en Bahía Blanca. Rodolfo Jara, con quien en 1976 compartía la tribuna del club Sporting de Punta Alta, lo identificó como la persona que cuatro días después del golpe de Estado le ordenó subir al Falcon de la comisaría de Coronel Rosales y, tras colocarle una capucha, lo entregó en el Puesto 1 de la base naval de Puerto Belgrano. Fogelman admitió ante el juez ad hoc Eduardo Tentoni que prestaba servicios en Punta Alta, pero negó que la Armada le hubiera solicitado colaboración para realizar “operativos antisubversivos”.

La hora del debut en Bahía

Pidieron elevar a juicio la causa por crímenes de la dictadura

PáginaI12

Por Diego Martínez

El primer juicio oral y público a responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos en Bahía Blanca durante la última dictadura comienza a tomar forma. A treinta años de los hechos y tres de la reapertura de la causa, los fiscales federales Hugo Cañón y Antonio Castaño solicitaron al juez Alcindo Alvarez Canale la elevación a juicio de un primer tramo de la investigación. Abarca a cuatro ex miembros del Estado Mayor del V Cuerpo, desde donde se organizó la represión clandestina en toda la Patagonia, y a tres ex integrantes de los grupos operativos.

Los militares retirados que serían juzgados en 2010 son el general de brigada Juan Manuel Bayón, los coroneles Hugo Jorge Delmé y Jorge Enrique Mansuetto Swendsen y los tenientes coroneles Osvaldo Bernardino Páez, Jorge Aníbal Masson, Mario Carlos Méndez y Miguel Angel García Moreno. Los primeros cuatro integraban el Estado Mayor, donde se decidía el destino de cada secuestrado, que encabezaban los generales Osvaldo Azpitarte, Abel Catuzzi (ambos fallecidos) y Adel Vilas, recluido en su departamento de Bulnes 2087 y declarado insano por los mismos peritos que evaluaron a Emilio Massera.

El exhaustivo documento de 466 páginas destaca que “la dictadura instauró una máquina de muerte que no reconoce antecedentes en la historia de América Latina” y que la desaparición fue el “dispositivo de poder para vigilar y castigar a la totalidad del cuerpo social, para extirpar y edificar un nuevo orden en el que se vieran satisfechos los intereses, demandas y expectativas de la alianza cívico militar que promovió el golpe”. La elevación no incluye los homicidios de Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, los obreros del diario La Nueva Provincia que organizaron a los trabajadores, porque tanto Cañón como la abogada Mirta Mántaras, de APDH bahiense, reclamaron la inhibición de Alvarez Canale y el avocamiento de Eduardo Tentoni, que investiga los crímenes de la Armada.

Los destinos y méritos de los imputados son los siguientes:

- Bayón, 82 años, fue jefe del Departamento Operaciones, del que dependía el “equipo de combate contra la subversión”. Teórico de la Doctrina de la Seguridad Nacional, en 1977 fue director de la Escuela Superior de Guerra.

- El “mayor Delmé”, 72, como lo recuerdan las familias de las víctimas, era el encargado de negar información a quienes reclamaban por desaparecidos, en cautiverio a 200 metros de su oficina.

- Páez, 77, fue jefe de la división Educación, Instrucción y Acción Cívica, presidió un “Consejo de Guerra” que parodió un juicio a tres secuestrados y en 1977 fue trasladado a Campo de Mayo.

- Mansueto Swendsen, 77, fue jefe del Batallón de Comunicaciones 181, escala previa y posterior a La Escuelita, y del área militar 511, dentro de la cual se cometieron todos los delitos de lesa humanidad de la zona.

- Masson, 56, entonces subteniente, comandó la sección “Infantería” de la “Agrupación Tropa”, que se encargaba de secuestrar y trasladar a las víctimas hasta el centro clandestino.

- Méndez, 56, apodado “el Loco de la Guerra”, integraba la Compañía de Comando y Servicios pero se sumaba a los operativos clandestinos y a los trabajos en La Escuelita, según se ufanaba ante los oficiales de reserva.

- García Moreno, 65, comisionado en Operaciones, será juzgado por dos homicidios calificados y por el blanqueo de tres secuestrados de La Escuelita mediante un Consejo de Guerra.

Bayón, Delmé, Masson y Méndez esperarán el juicio en la Unidad Penal 34 de Campo de Mayo. García Moreno, que allí era discriminado por peronista, en el penal de Marcos Paz. Gozan de arresto domiciliario Páez (en República Siria 945, San Rafael, Mendoza) por problemas de salud, y Mansueto Swendsen (Soler 111, piso 10, Bahía Blanca) por pertenecer a la alta sociedad bahiense. En la causa permanecen prófugos el coronel Aldo Mario Alvarez, ex gerente de la Agencia de Investigaciones Privadas Alsina SRL, y los capitanes Jorge Horacio Granada y Carlos Alberto Taffarel.

El coronel estaba en un geriátrico

PáginaI12

Por Diego Martínez

Por primera vez desde la reapertura de las causas por violaciones a los derechos humanos, la lista de represores prófugos es menor a la de los condenados: tras el hallazgo del coronel retirado Luis Alberto González, los prófugos son 43.

El 18 de abril de 2007, cuando dos fiscales de Bahía Blanca pidieron su detención, González pasaba sus días en el 3º A de un edificio de militares en la peatonal San Martín 2464 de Santa Fe. Cuando luego de tres reiteraciones el juez federal Alcindo Alvarez Canale decidió ordenar la captura, el ex jefe del Destacamento de Inteligencia 181 que nutría de interrogadores al centro clandestino La Escuelita llevaba casi tres meses internado en un geriátrico, en teoría con Alzheimer, entre otros males. Ante las sospechas sobre su verdadero estado de salud, generadas por un informe de dos peritos médicos que entregaron a la Justicia un diagnóstico aportado por familiares del represor, los fiscales Hugo Cañón y Antonio Castaño solicitaron nuevos exámenes a cargo del Cuerpo Médico Forense.

González tiene 77 años. En 1975, con el grado de mayor, fue segundo jefe del Destacamento bahiense, que tomó en forma gradual la posta de los trabajos sucios hasta entonces realizados por los matones del diputado Rodolfo Ponce. Pasó a ser jefe en 1976, año en que se habilitó la mesa de torturas de La Escuelita, y en 1977 fue trasladado al Batallón de Inteligencia 601. En el Destacamento bahiense prestaba servicios el fallecido suboficial Santiago Cruciani, el único interrogador identificado del centro clandestino bahiense.

Según consta en la causa, González habría ingresado al geriátrico El Encuentro, en el sur santafesino, el 13 de agosto pasado. El 10 de noviembre, el juez Canale ordenó su detención y el 18 de febrero, el juez federal Reinaldo Rodríguez le informó a su par bahiense que el coronel padecía Alzheimer, brotes psicóticos y descontrol de esfínteres. Dos días después lo visitaron los peritos Mabel Padró y Esteban De Giovanni. Apuntaron que estaba “desorientado y sin noción de identidad”, y que la familia les había alcanzado certificados que respaldaban el diagnóstico de Alzheimer, que certificaban “la imposibilidad de prestar declaración indagatoria”.

Los fiscales cuestionaron los “certificados expedidos por médicos particulares” y solicitaron nuevos exámenes para tener certezas sobre la incapacidad mental del represor. Los peritos no deberán concurrir ahora a El Encuentro, que lo expulsó al conocer su pasado, sino a la residencia geriátrica Recoleta, que lo recibió.

Siete adentro en Bahía Blanca

PáginaI12

Fueron detenidos cinco oficiales retirados de la Armada y dos de Prefectura, entre ellos Eduardo Fracassi, que fue comandante de Infantería de Marina. Son los primeros represores arrestados en esta investigación.

Por Diego Martínez

Cinco oficiales retirados de la Armada y dos de Prefectura fueron detenidos por orden de la Justicia de Bahía Blanca por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en la base naval de Puerto Belgrano. Entre los imputados se encuentran los responsables del informe de inteligencia que sindicó como “personal a ser raleado de un medio de difusión fundamental” a los dos obreros gráficos del diario La Nueva Provincia que habían organizado sindicalmente a los trabajadores de la empresa y que tres meses después fueron secuestrados, torturados y asesinados. Tanto el fiscal federal Hugo Cañón como la abogada Mirta Mántaras, de la APDH bahiense, solicitaron que los homicidios de Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola fueran investigados por el juez federal ad hoc Eduardo Tentoni, a cargo de la causa de la Armada, y no por el juez Alcindo Alvarez Canale, quien se excusó por su parentesco con un marino.

La causa se reabrió a fines de 2005, pero durante más de un año se sucedieron excusaciones y recusaciones. En febrero de 2007 se declaró competente Tentoni, que dos años después ordenó las primeras detenciones. En los últimos días se concretaron las del vicealmirante Eduardo Fracassi (82 años), los capitanes de navío Guillermo Martín Obiglio (80), Guillermo Félix Botto (69) y Oscar Alfredo Castro (79), el capitán de corbeta Luis Alberto Pablo Pons (66), y los prefectos Francisco Martínez Loydi (66) y Félix Ovidio Cornelli (82).

Fracassi fue comandante de Infantería de Marina, en cuya base Baterías fueron vistos por última vez varios desaparecidos. En 1976 declaró que la patria está “empeñada en la más artera y traicionera de las guerras: la subversiva”, en defensa de “la civilización occidental y cristiana”. A un suboficial que lo consultó sobre su hijo desaparecido le aclaró: “Si está en algo no lo vas a ver más”. Fracassi se aloja en la delegación de la Policía Federal de la que se fugó Julián Corres.

Obiglio fue jefe del departamento inteligencia del Comando de Operaciones Navales en 1975 y 1976. Su subordinado Botto conducía la división contrainteligencia. Ambos están en Villa Floresta, igual que los prefectos. Botto participó del montaje en el que fue fusilada Susana Martinelli, vista en cautiverio en las bases de Mar del Plata y Puerto Belgrano. Castro comandó la Fuerza de Tareas 2, con jurisdicción en Coronel Rosales, la zona portuaria de Ingeniero White, Cuatreros y Galván, e incursiones esporádicas en Bahía Blanca. Pons encabezó la Brigada de Infantería 1 y fue reconocido en un secuestro y una sesión de torturas.

Cornelli fue jefe de la delegación bahiense de Prefectura. Martínez Loydi conducía el departamento Informaciones. En un informe secreto sobre “guerrilla sindical” en La Nueva Provincia ubica a Heinrich y Loyola a la cabeza un listado de “personal a ser raleado de un medio de difusión fundamental” para la masacre que se avecinaba. Ante la consulta de Página/12, Martínez Loydi dijo no recordar el informe, tradujo raleado como “movido o sacado” y se permitió dudar: “No creo que Prefectura se haya metido en la parte gremial”. En diciembre de 1976, cuando dejó la ciudad, Cornelli se despidió en persona de la directora del diario Diana Julio de Massot y reafirmó su decisión de “aniquilar a la huestes de la delincuencia ideológica”.

Un final decoroso

JUICIOS A REPRESORES: PROCESOS ETERNOS COMO GARANTIA DE IMPUNIDAD 

Pese a que nueve de cada diez represores no son investigados, al ritmo actual habrá juicios hasta 2025. ¿Buscará la Justicia a quienes no cometieron “el error” de dejar sobrevivientes? Clandestinidad, pacto de silencio y Poder Judicial, claves de la impunidad.

Por Diego Martínez
diemar75@gmail.com

La nota está fechada en Campo de Mayo el 18 de febrero de 1987 y lleva la firma del teniente coronel Jorge Héctor Di Pasquale, hoy prófugo por su actuación en el Destacamento de Inteligencia 182 que nutría de interrogadores a La Escuelita de Neuquén. Informa sobre dos reuniones de la promoción 97 del Colegio Militar de la Nación durante los días que la ley de Punto Final concedió a la Justicia para citar a imputados por crímenes de lesa humanidad. En la primera, escribió, "surge naturalmente el tema de la situación de los oficiales que podrían ser llamados por las Cámaras Federales por su actuación en la LCS", "lucha contra la subversión" según los viejos reglamentos militares. A la segunda, en el Círculo Militar, se sumaron "oficiales de la Fuerza Aérea y de la Armada", apuntó, y enumeró conclusiones:

1. "La totalidad de los miembros de la promoción 97 participaron de la guerra contra la subversión.

2. "Es un problema de la institución y no un tema que cada oficial deba resolver en forma individual. Por lo tanto exige una RESPUESTA INSTITUCIONAL", con mayúsculas.

3. "Es un problema POLITICO y no legal.

4. "Existe consenso que no es conveniente presentarse a la justicia, ya que se podría incurrir en falso testimonio".

"No se quiere" romper la jerarquía ni la disciplina pero existe "inquietud y preocupación", advirtió, y volvió al meollo en la séptima: "No puede ser que queden oficiales detenidos ya que todos tuvimos participación". Anticipó que algunos "no se presentarían ante la justicia, no se ocultarían y resistirían", y reclamó "una postura firme ante el poder político para lograr un final decoroso".
 
Di Pasquale fue dado de baja del Ejército en 1991 por no presentarse ante la justicia, que lo investigaba por el último levantamiento carapintada, y volvió a esconderse tras la reapertura de las causas. Es comprensible: su jefe Mario Gómez Arenas y los otros oficiales del Destacamento, Jorge Molina Ezcurra y Sergio San Martín, cumplen condena en la cárcel de General Roca.
 
Durante los 22 años transcurridos desde la confesión varias discusiones pasaron a la historia. Secuestrar, torturar, matar y esconder cadáveres, sin uniforme pero con sueldo y cobertura estatal, no es un problema político sino legal, y no para las instituciones sino para los autores. La respuesta institucional llegó: juicios con plenas garantías. La inconveniencia de presentarse sigue vigente: hay 44 prófugos. Pero quien tiene pedido de captura puede ser detenido. Las conclusiones 1 y 7, en cambio, perdurarán para siempre y son las que invitan a pensar el sentido y las limitaciones del actual proceso de justicia:
 
"La totalidad de los miembros de la promoción 97 participaron de la guerra contra la subversión", le recordó Di Pasquale a su superior. "No puede ser que queden oficiales detenidos ya que todos tuvimos participación", reclamó.
 
Según registros del CELS, ninguno de los 173 miembros de la promoción 97 fue condenado. Tres murieron antes de ser citados y sólo 16 están en la mira de la justicia: siete con prisión preventiva, uno en Brasil a la espera de la extradición, dos excarcelados, cuatro aún no fueron citados (incluido Walter Grosse, ex jefe de inteligencia de Monte Peloni, que en 2006 agredió a periodistas durante un acto de reivindicación de la dictadura), en tanto Di Pasquale y Carlos Taffarel siguen prófugos, vieja costumbre de la promoción. Ernesto Barreiro, torturador de La Perla que detonó al alzamiento de Semana Santa, emigró cuando se reabrieron las causas. Los organismos de derechos humanos cordobeses lo descubrieron y Estados Unidos lo extraditó por mentiroso. Norberto Tozzo estuvo tres años y medio guardado hasta que el Estado aceptó recompensar a las bellas personas de su entorno, que antes trajinaron organismos pidiendo plata para entregarlo.
 
En síntesis: de "la totalidad" que participó menos del diez por ciento está en la mira de la justicia, y nada induce a pensar que la promoción 97 posea alguna virtud especial por la cual fue seleccionada para tan noble tarea. Rico y Seineldín no se sublevaron en nombre del diez por ciento.
 
¿Y el 90?

El Estado se comprometió a investigar y juzgar a todos los responsables de delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández dieron muestras de voluntad e impulsaron medidas para honrar el compromiso. Los resultados son pobres:
 
--Desde la reapertura de causas sólo 39 imputados recibieron sentencia.
 
--Según el CELS hay 524 procesados que, al ritmo de 2008 (32 sentencias), terminarán de ser juzgados en 2025.
 
--Para 2009 hay cuatro juicios confirmados (dos en curso), con 13 acusados en total.
 
--El promedio de edad de los imputados supera los 60 años. En 2008 murieron veinte, dos por voluntad propia. Olivera Róvere y los ex jefes de área que juzga el TOF-5 promedian 79 abriles. Los jerarcas de Campo de Mayo que con suerte serán juzgados en 2011 rondan los 80. Aparecerán antes en los fúnebres de La Nación que en las crónicas de PáginaI12.
 
¿Qué partes de “la totalidad” llegan a la justicia?
 
En principio los autores mediatos: ocupaban cadenas de mandos, impartieron o transmitieron órdenes, son responsables por los delitos de sus subordinados aunque nadie los haya visto en mesas de torturas. Luego los autores materiales, identificados gracias al trabajo de hormiga de ex detenidos-desaparecidos, familiares de víctimas, militantes que durante décadas juntaron datos sobre represores, judiciales comprometidos (escasos), viudas despechadas, parientes de uniformados --a quienes escucharon ufanarse de sus labores cuando se sabían impunes-- que con el retorno de la justicia decidieron aportar lo suyo. La posta de ese trabajo pasó por manos de tres generaciones pero aún enfrenta obstáculos arduos.
 
La negativa de las Fuerzas Armadas y de seguridad a entregar los archivos de la época, en teoría un acto de insubordinación, es en la práctica hasta comprensible. Descolgar el retrato de Videla no deja de ser un gesto simbólico. Dar nombres de camaradas interrogadores o pilotos de traslados es otro cantar, demasiado oneroso. Diferente es la negativa de algunos magistrados a buscar con cautela y tesón esos documentos.
 
La combinación de “desidia, indolencia y complicidad” del Poder Judicial denunciada por los organismos implica en la práctica que sean los sobrevivientes quienes carguen aún con la responsabilidad de identificar a sus victimarios. La evidencia más clara surge del contraste entre la cantidad de imputados de la ESMA, donde Massera decidió no matar a la mano de obra esclava al servicio de sus ambiciones políticas, y el puñado de responsables de Campo de Mayo, el agujero negro más grande del país. La conclusión tácita que se deriva de esa relación es aún más atroz que la evidencia numérica de la impunidad. El mensaje para quienes no reniegan del genocidio por principios sino por las consecuencias mal previstas (algo así como “la próxima vez no debemos dejar un solo sobreviviente para garantizarnos la impunidad”) debería generar algún tipo de debate entre quienes tienen un compromiso real con la justicia.
 
Las limitaciones del Poder Judicial para investigar no son sin embargo el mayor obstáculo. La barrera que tal vez nunca permita dejar de asociar terrorismo de Estado con impunidad radica en la clandestinidad elegida por las Fuerzas Armadas para ocultar sus crímenes. El principal objetivo de esa decisión no fue sortear la justicia terrenal una vez reinstaurado el Estado de Derecho sino el temor a la condena del Papa, tal como altos jefes militares le confiaron a Jacobo Timerman, que lo declaró en el Juicio a las Juntas, y como el general Ramón Díaz Bessone le confesó a la documentalista Marie Monique-Robin: "¿Cree que hubiéramos podido fusilar a 7.000? Al fusilar tres nomás mire el lío que el Papa le armó a Franco". El miedo al vocero divino no sólo rindió el fruto deseado: significó impunidad eterna para la mayor parte de la mano de obra del Estado terrorista y, en contrapartida, sospecha eterna sobre todos los miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad.
 
Si a esos obstáculos se agrega el pacto de silencio de los verdugos (no existe ninguna política para quebrarlo, como recordó días pasados el general Martín Balza, y la culpa cristiana pesa menos de lo que los ateos suponen), no hace falta ser pesimista para concluir que la mayor parte de los ejecutores jamás se sentará ante un tribunal.
 
¿Los cómplices civiles? ¿Los capellanes que sedaron conciencias tras los vuelos? ¿Los jueces que se taparon los ojos? ¿Los empresarios que entregaron listas de delegados? ¿Los directores de diarios que ocultaron el fusilamiento de sus empleados? Bien gracias.
 
Los abogados de los genocidas y algunos jueces lograron correr el foco del problema de fondo para discutir si Astiz merece esperar el juicio en libertad, si se puede fotografiar a Olivera Róvere, si un abogado tiene derecho a estigmatizar a los sobrevivientes o si los torturadores de La Perla merecen ser huéspedes del Tercer Cuerpo de Ejército. Los Yacobucci, Gordo, las Garzón de Lascano, los Giletta, Bisordi, Macedo Rumi, Alvarez Canale, entre otros, son un hecho, deciden, distraen, desgastan. Pero no deberían poder tapar el bosque: hace ya un tercio de siglo el brazo armado de las clases dominantes guardó la Constitución, sembró 400 centros clandestinos e invocando la “lucha contra el comunismo ateo y apátrida" borró del mapa a miles de personas, demasiado para medio millar de hombres.
 
La autoamnistía, los carapintadas, las confesiones de Díaz Bessone o Di Pasquale, están allí para no perder nunca de vista el "Fuimos Todos", aunque hoy les convenga olvidarlo, esconderse si hay orden de captura y rezar en el caso de los tapados para que el Estado no se replantee su ineficacia y busque el modo de instaurar un sistema de persecución penal a la altura del genocidio.
 
El punto final y la obediencia debida ya no existen. El aparato de justicia se puso en marcha. Pero nueve de cada diez miembros de la promoción 97, que admitieron su participación en la guerra sucia y reclamaron impunidad por escrito, ni siquiera son investigados. Madres y Abuelas llenan de orgullo a millones de argentinos en todo el mundo pero mueren sin ver a los verdugos condenados y, peor aún, sin conocer dónde fueron enterrados sus hijos. ¿Será posible un final decoroso?