Los soldados de Massot, al banquillo

Empieza en abril el primer juicio por violaciones a los derechos humanos en Bahía Blanca

Habrá, en principio, 19 imputados. Serán juzgados por delitos de lesa humanidad cometidos en el ámbito del Quinto Cuerpo de Ejército durante la dictadura. El proceso incluirá casos de un centenar de víctimas y tendrá más de 300 testigos.

El represor Julián Oscar “Laucha” Corres, hoy excarcelado, al ser recapturado tras fugarse.

Publicado en PáginaI12.

A 35 años del comienzo de la dictadura, con los íconos locales del terrorismo de Estado en el más allá, Bahía Blanca comenzará a vivir en abril su primer juicio por delitos de lesa humanidad en el Quinto Cuerpo de Ejército. El proceso se desarrollará en la Universidad Nacional del Sur, donde estudiaba la mayor parte de los jóvenes vistos por última vez en el centro clandestino La Escuelita. Presidirá el Tribunal Oral Federal que debe juzgar a militares, policías y penitenciarios el juez Juan Leopoldo Velázquez, quien departió el jueves hasta la madrugada con los abogados que defendieron en los ’80 al general Adel Vilas, cara visible de la represión ilegal en Bahía, y con Hugo Mario Sierra, secretario durante la dictadura del fallecido juez federal Guillermo Madueño, acusado por su complicidad con los represores por el fiscal federal Abel Córdoba y aún libre e impune por cortesía del juez Alcindo Alvarez Canale.

El proceso incluirá casos de un centenar de víctimas, tendrá más de 300 testigos y, a priori, 19 imputados. Podrían sumarse otros ocho si el tribunal que también integran Beatriz Torterola y Martín Bava acelera los trámites previos a las audiencias públicas. El TOF aún no notificó a las partes, pero reservó instalaciones de la UNS y notificó al Consejo de la Magistratura que el inicio del juicio podría ser el 12 o el 26 de abril.

Fallecidos los principales responsables del Cuerpo V (Osvaldo Azpitarte, Abel Catuzzi y Vilas) y prófugo su jefe de Inteligencia Aldo Mario Alvarez, se sentarán en el banquillo seis ex miembros del Estado Mayor: el general Juan Manuel Bayón (teórico de la seguridad nacional, director en 1977 de la Escuela Superior de Guerra), los coroneles Hugo Delmé, Jorge Mansueto Swendsen, Walter Tejada y Hugo Fantoni y el teniente coronel Osvaldo Bernardino Páez. Murió en enero el coronel Argentino Cipriano Tauber.

Tres imputados prestaban servicios en el Destacamento de Inteligencia 181, donde procesaba la información arrancada en la mesa de torturas el fallecido suboficial Santiago Cruciani. Se trata de los coroneles Norberto Condal y Carlos Taffarel y del teniente coronel Jorge Granada, excarcelado por el TOF a pesar de sus antecedentes: activo en la conspiración que llevó al estado de sitio en 1985, encubridor de Luis Patti tras una orden de captura y prófugo él mismo durante varios meses.

Los otros cuatro militares pertenecían a grupos operativos. El más famoso es el teniente coronel Julián Oscar Corres, alias Laucha, apodo que admitió durante el Juicio por la Verdad y por el que lo recordaban quienes pasaron por La Escuelita. Afectado por un tumor en el estómago luego de fugarse de las narices de la Policía Federal, Corres fue excarcelado y pasa sus días en su casa de Bella Vista. El teniente coronel Miguel Angel García Moreno, condecorado por su actuación en la “lucha contra la subversión”, es más conocido por su rol en el peronismo porteño: fue concejal, asesor de Miguel Angel Toma y director del Registro de las Personas durante el interinato de Eduardo Duhalde. El teniente coronel Jorge Masson comandó la sección Infantería de la Agrupación Tropa. Mario Carlos Méndez, alias “Loco de la Guerra”, integraba la compañía de Comando y Servicios, pero se sumaba a operativos y trabajos en La Escuelita.

Los penitenciarios son Andrés Miraglia y Héctor Selaya, ex jefes de la cárcel de Villa Floresta, donde blanqueaban a los secuestrados. Murió a tiempo, en 2010, el alcaide Leonardo “Mono” Núñez, que simulaba rescatar a los desaparecidos y los encerraba en la cárcel. Los policías son los que actuaron en secuestros en Viedma: Vicente Forchetti, Héctor Abelleira, Carlos Contreras y Héctor Arturo Goncálvez. Tanto los policías como García Moreno, Fantoni, Condal y Méndez llegan a juicio en libertad gracias a la excarcelación que les concedió el juez Gustavo Andrés Duprat, que decidió intervenir en el trámite a pesar de que antes se había excusado.

Duprat también compartió la cena y sobremesa del jueves en el Club Argentino, símbolo de la aristocracia bahiense, con el imputado Sierra, el juez Velázquez y los abogados Rubén Diskin y Luis De Mira, defensores de Vilas en 1987. De Mira defiende a varios marinos imputados por crímenes en la base de Puerto Belgrano. Diskin es abogado del prófugo Alvarez y cuñado de Vicente Massot, director del diario naval La Nueva Provincia.

“De una buena vez y con un número relevante de imputados y de casos se juzgarán crímenes atroces cometidos desde estructuras de poder. Es el logro de víctimas y familiares que bregaron durante años desde el aislamiento y el castigo social, que debieron sumar a los padecimientos de la dictadura”, destacó Córdoba, responsable de la acusación junto al fiscal Horacio Azzolín. “El proceso excede el ámbito de lo jurídico y seguramente repercutirá sobre la formación de quienes estén dispuestos a comprender la dimensión que la represión tuvo en la ciudad, de los pibes que han crecido a la sombra de la negación y el silencio que los sectores responsables de los hechos siguen imponiendo en Bahía Blanca”, reflexionó.

Coherente con las causas injustas

MURIO EL ARZOBISPO EMILIO OGÑENOVICH

Publicado en PáginaI12.

Durante la dictadura fue cursillista en Bahía Blanca, apoyó la represión ilegal y se negó a interceder por desaparecidos. Con Raúl Alfonsín militó sin suerte contra la Ley de Divorcio. La presidencia de Carlos Menem fue lo más cercano a una bendición divina que conoció: el arzobispado de Mercedes-Luján, que condujo durante 19 años, recibió millones de pesos en subsidios, que retribuyó con elogios al desguace del Estado. El sábado a la madrugada, a los 88 años, murió el arzobispo Emilio Ogñenovich. Su sucesor, Agustín Radrizzani, aseguró que Ñoño, como lo conocían en Mercedes, “regresó a la Casa del Padre”.

Ogñenovich nació en Olavarría en 1923 y se ordenó sacerdote en 1949. Fue párroco de Trenque Lauquen hasta 1975, cuando asumió como vicario general de Bahía Blanca, donde su hermano Danilo fue delegado del Ministerio de Trabajo. “Los profetas de una moral sin Dios están recogiendo las consecuencias lógicas. Qué otra cosa podían esperar cuando han pregonado hasta el cansancio que nada hay superior al hombre”, predicó el 25 de mayo de 1976. “Mi auto ya va solito para el Cuerpo Quinto”, ironizó ante una mujer que le pidió ayuda por un desaparecido. Al padre de un secuestrado le dijo sin inmutarse: “A su hijo en este momento lo están haciendo cantar”. “La sociedad está cansada de inútiles declaraciones sobre derechos humanos”, rezongó en 1977.

Ogñenovich fue ordenado obispo en 1979 en Bahía Blanca por Jorge Mayer, que también acaba de morir impune. En 1982 tomó posesión del obispado de Mercedes-Luján. Desde ese cargo participó de la campaña contra la Ley de Divorcio y marchó hacia Plaza de Mayo en una procesión para que Alfonsín vetara la ley, que finalmente se sancionó en junio de 1987.

Con el menemismo alcanzó el paraíso. Una auditoría de la Alianza consignó que recibió en los ’90 cinco millones de pesos en Aportes del Tesoro Nacional y en subsidios de la Secretaría de Desarrollo Social. Otro tanto recibió de manos del gobernador Eduardo Duhalde para su Instituto de Menores. Su hermano Danilo accedió en esos años a la dirección del PAMI, durante la gestión de Matilde Menéndez: terminó procesado por defraudación y violación de deberes de funcionario público.

Ogñenovich fue ascendido a arzobispo en 1997. Dos semanas después, cuando los feligreses silbaron el ingreso de Menem a la Basílica de Luján, reprochó desde el púlpito: “Más que convertirnos en críticos y fiscales de lo que deben decir y hacer los demás, debemos tener la honestidad, la humildad y el coraje de revisar nuestra vida y nuestra conducta moral”, dijo. En 1999, cuando Carlos Ruckauf acusó a Graciela Fernández Meijide de “atea, anticristiana y abortista”, apareció en un aviso de campaña del candidato a gobernador mientras por abajo de la mesa recibía subsidios “no reintegrables” por 200 mil pesos. Ante el propio Ruckauf gestionó la destitución del subsecretario del Consejo del Menor, Miguel Saredi, por investigar el maltrato a menores en el instituto de su obispado. El velatorio de Ogñenovich, en la catedral de Mercedes, concluirá a las once con una misa. Será sepultado en el seminario Santo Cura de Ars.

Con los pies en la polvorosa

Tras el rechazo a la excarcelación, hay tres prófugos en Bahía Blanca

Luego de un proceso irregular donde se otorgaron excarcelaciones a discreción en las causas por violaciones a derechos humanos en Bahía Blanca, el proceso fue revertido y tres represores permanecen prófugos.

Publicado por Gabriel Morini en PáginaI12

Las excarcelaciones otorgadas a discreción, que fueran recientemente revocadas a represores involucrados en causas pordelitos de lesa humanidad en Bahía Blanca, dejaron como resultado tres imputados prófugos. Cuando la policía allanó los domicilios que los militares Alejandro Lawless, José Héctor Fidalgo y Raúl Oscar Otero habían fijado en sede judicial, no encontraron a ninguno de los acusados. Mientras tanto, los abogados de los represores ingresaron pedidos de eximición de prisión para intentar disimular el carácter de evadidos de sus representados, pero se espera que sean rechazados por los jueces bahienses y que se dispongan medidas de investigación para lograr dar con su paradero. La situación irregular de las excarcelaciones en Bahía Blanca venía siendo denunciada por el fiscal Abel Córdoba, que lamentó un “nuevo escollo en el proceso” camino a un juicio oral para el que aún no hay fecha fija. El Tribunal Oral Federal de Bahía deberá decidir ahora sobre los nuevos pedidos de la fiscalía para anular otras ocho excarcelaciones.

Lo que el Ministerio Público y los organismos de derechos humanos temían, finalmente sucedió: de las cuarenta y cuatro órdenes de detención que se libraron los primeros días de enero contra represores involucrados en las causas por crímenes cometidos durante la dictadura en el V Cuerpo del Ejército y de la Armada, tres ya dieron por resultado represores prófugos. Los magistrados Alcindo Alvarez Canale y Eduardo Tentoni habían ordenado las detenciones a partir del pedido de Córdoba, sustentado en fallos de la Corte Suprema sobre la necesidad de extremar precauciones para que los imputados en libertad no obstruyeran el accionar de la Justicia. En estos tres casos, y en los que podrían llegar a sumarse, la Justicia ordenaría desde la captura nacional e internacional, hasta que pase a manos del Estado el dinero y los bienes que los acusados dejaron como fianza para garantizar que se ajustarían al proceso. A su vez, desde la fiscalía solicitarán que se pongan en marcha los mecanismos de investigación para encontrarlos y que se ofrezca una recompensa por datos sobre su paradero.

Ni Fidalgo ni Otero ni Lawless estaban en las direcciones que habían fijado en la Justicia como lugar de residencia permanente. La situación no es nueva para Lawless –subteniente en el Batallón de Comunicaciones 181–, que estuvo fugado durante un año, sin que esto representara un obstáculo para que fuera beneficiado con la excarcelación, luego de apenas unos días de detención. El teniente coronel Otero, que jamás logró ser detenido en todo el proceso previo al juicio pese a estar acusado de 87 delitos, es gerente en una agencia de seguridad privada: Eulen de Seguridad SA forma parte de un grupo multinacional que incluye servicios de vigilancia, y que puso a Otero a cargo de la filial que abrió en territorio bonaerense. Con esta revocatoria, su situación es nuevamente la de prófugo. El negocio de las agencias de seguridad privada posibilitó a Otero y a otros represores acceder a los medios necesarios para evadir a la Justicia. La utilización de guardias que dan aviso de los allanamientos y cubren la retirada y de teléfonos satelitales para impedir intercepciones son algunas de las maniobras que algunos imputados han aprovechado de la logística que administran. En paralelo, sus abogados presentan medidas de eximición de prisión. “Se colocan primero en situación de prófugos y luego comienzan a tramitar las excarcelaciones indefinidamente”, dijo a Página/12 el fiscal Córdoba, que se quejó del perjuicio de “no tener asegurada la presencia de los imputados” a esta altura del proceso y del “nuevo escollo” que representa para las causas denominadas “04/07” y “05/07”.

Ahora, el TOF de Bahía Blanca deberá decidir si hace lugar al nuevo pedido del fiscal para que se anulen las excarcelaciones a los imputados Héctor Arturo Gonçalves, Vicente Antonio Forcheti, Héctor Jorge Abelleira, Carlos Alberto Contreras, Hugo Carlos Fantoni, Norberto Condal y Mario Carlos Méndez. La medida también incluye al ex teniente coronel Miguel Angel García Moreno, quien se desempeñó durante el interinato de Eduardo Duhalde nada menos que como director del Registro Nacional de las Personas y supo ser diputado, asesor de Miguel Angel Toma y legislador porteño.

Por otro lado, la mayoría de los represores a los que se les revocó la excarcelación en esta última medida judicial, ya no están libres. Por la causa Armada: Carlos Büsser, Eduardo Fracassi, Angel Martín, Edmundo Núñez, Carlos Padula, Leandro Maloberti, Guillermo Botto, Hernán Payba, Domingo Negrete, Oscar Castro, José Luis Ripa, Enrique de León, el ex comisario bonaerense Víctor Fogelman, el penitenciario Héctor Luis Selaya, y los prefectos Carlos Cornelli y Francisco Martínez Loydy esperarán el juicio oral detenidos. Hugo Mac Gaul, por su parte, está internado en un hospital, pero bajo custodia. Se descompensó cuando se enteró de que integraba la lista de los que debían volver a prisión, informaron sus familiares. En tanto es inminente la detención de Luis Pons, que también intentó evadir su captura cambiando de ubicación. Según cada caso, se los derivó al penal de Marcos Paz, o quedaron confinados en sus domicilios. En la denominada causa Ejército, Walter Tejada, Ricardo Gandolfo, Hugo Delme, Juan Manuel Bayon, Manuel Villegas, Jorge Mansueto Swendsen, Arsenio Lavayen, Osvaldo Laurella Grippa, Carlos Arroyo, Osvaldo Páez y el penitenciario Andrés Miraglia también fueron apresados. La fiscalía tiene pendiente saber cuál fue el resultado del operativo con respecto a Carlos Stricker, Guillermo Obligio, Fernando Videla y Tomás Carrizo. En tanto, Armando Barrera, Bernardo Cabezón, Gabriel Cañicul, Andrés González y José María Martínez –de la localidad de Junín de los Andes– fueron capturados por Gendarmería y ya se encuentran en la Unidad penitenciaria Nº 5 de General Roca.

De regreso a las celdas

REVOCAN LAS EXCARCELACIONES DE CASI CINCUENTA REPRESORES DE BAHIA BLANCA

Se trata de acusados de delitos de lesa humanidad que esperaban el inicio de sus juicios en libertad. En base a pedidos del fiscal y a nuevos criterios de la Corte Suprema, los jueces ordenaron que fueran detenidos.

El juez Alcindo Alvarez Canale y el fiscal Abel Córdoba.

Publicado en PáginaI12.

Los represores que actuaron en Bahía Blanca y Punta Alta durante la última dictadura deberán esperar el juicio en prisión preventiva. Luego de insistentes pedidos del fiscal federal Abel Córdoba y en base a fallos recientes de la Corte Suprema de Justicia, que ordenaron extremar las precauciones para evitar que los imputados obstaculicen o burlen el accionar del Poder Judicial, los jueces federales Alcindo Alvarez Canale y Eduardo Tentoni revocaron las excarcelaciones de cuarenta y cuatro militares, marinos, prefectos, policías y penitenciarios, procesados por delitos de lesa humanidad cometidos en el V Cuerpo de Ejército y en las bases navales de Baterías y Puerto Belgrano.

“Los fallos reflejan los criterios en los que tanto insistió el Ministerio Público y corrigen una situación escandalosa que beneficiaba al noventa por ciento de los imputados”, celebró el fiscal. “Contribuyen a asegurar el proceso de justicia, imprescindible por la demora que existe”, agregó Córdoba, en referencia a los quince meses transcurridos desde que el primer tramo de la causa se elevó al Tribunal Oral que integran Juan Leopoldo Velázquez y Beatriz Torterola. “A cada pequeño paso le sigue una paralización de la que se sale luego de numerosos planteos, para luego volver a detenerse. El proceso en Bahía marcha sobre ruedas cuadradas, de ahí la falta de progreso, pese a lo mucho avanzado, lo poco que resta y todo lo que significaría para las familias, las víctimas y la sociedad”, destacó el fiscal, que en septiembre entregó las pruebas del juicio, último paso antes de la fijación de la fecha de inicio del proceso.

La postura de la Cámara de Casación Penal que permitía dictar excarcelaciones automáticas se revirtió el 30 de noviembre. En base a argumentos de la Unidad Fiscal de Coordinación de la Procuración General de la Nación, el alto tribunal puso fin a la libertad de varios represores y estableció nuevos parámetros a la hora de dictar la prisión preventiva. Ordenó analizar los riesgos procesales derivados de las liberaciones, las estructuras de poder que integraban los imputados y sus actividades remanentes. Recordó la desaparición aún no esclarecida del testigo Julio López y la extraña muerte del prefecto Héctor Febres días antes de escuchar su sentencia, interpretó –en contra del criterio de Casación– que las excelentes condiciones familiares, sociales y económicas de la mayor parte de los represores eran precisamente las ideales para frustrar los procesos, destacó el compromiso internacional de garantizar los juicios asumido por el Estado y la necesidad de neutralizar riesgos.

En los primeros días de diciembre, con los argumentos de la Corte, el fiscal Córdoba pidió las detenciones del ex prófugo Alejandro Osvaldo Marjanov (cuñado de Luis Rabbi Baldi Cabanillas, juez de la Cámara Federal de Salta, quien reclamó en persona “la mayor discreción posible” a los policías que allanaron la casa del militar) y del ex cabo baqueano Raúl Artemio Domínguez, ex guardia del centro clandestino La Escuelita, que había formulado declaraciones públicas contra un testigo. Alvarez Canale rechazó el pedido. El 5 de diciembre la Cámara Federal local accedió a los fundamentos del fiscal en el caso del ex policía Osvaldo Floridia, también excarcelado por Alvarez Canale, y el 23 aplicó los criterios de la Corte en los casos de los coroneles Mario Alberto Gómez Arenas y Luis Farías Barrera. Con esos antecedentes, Córdoba reclamó las 44 revocatorias.

Las resoluciones de Alvarez Canale y Tentoni se produjeron el jueves y el viernes pasado. Varios imputados se enteraron antes de ser notificados, porque sus abogados se anticiparon a reclamar eximiciones de prisión mientras sus clientes procedían a guardarse. Los allanamientos en los domicilios de Alejandro Lawless, Norberto Condal y José Héctor Fidalgo dieron resultado negativo, por lo que pronto podrían convertirse en prófugos. Su abogado es el teniente coronel retirado Mauricio Gutiérrez, quien supo ufanarse de haber estado “un par de veces” en La Escuelita.

Hasta ayer, según trascendidos, la mayor parte de los marinos estaban detenidos. Se trata de Guillermo Botto, Carlos Büsser, Tomás Carrizo, Oscar Castro, Eduardo Fracassi, Eduardo Morris Girling, Hugo Mac Gaul, Leandro Maloberti, Angel Martín, Domingo Negrete, Enrique De León, Edmundo Núñez, Guillermo Obiglio, Carlos Padula, Hernán Payba, Gerardo Pazos, Luis Pons y José Luis Ripa. También los prefectos Carlos Cornelli y Francisco Martínez Loydi, y el ex comisario Víctor Fogelman. En la causa del Ejército, la medida alcanzó a Juan Manuel Bayón, Jorge Mansueto Swendsen, Osvaldo Páez, Hugo Delmé, Walter Tejada, Ricardo Gandolfo, Carlos Sticker, Alejandro Lawless, Osvaldo Laurella Crippa, Raúl Otero, Felipe Ayala, Armando Barrera, Bernardo Cabezón, Gabriel Cañicul, Andrés González, Arsenio Labayén, José María Martínez, Fernando Videla, Carlos Arroyo, José Fidalgo y Miguel Villegas, y a los penitenciarios Andrés Miraglia y Héctor Luis Selaya.

Marinos con procesamientos confirmados

Fallos sobre represores que actuaron en las bases de Puerto Belgrano y Baterías

Entre los involucrados están los contraalmirantes Carlos Alberto Büsser, que encabezó el desembarco en Malvinas, y Manuel Jacinto García Tallada, ex jefe del Estado Mayor del Comando de Operaciones Navales.

La base naval de Puerto Belgrano, donde actuaron los represores cuyos procesamientos fueron confirmados.

Publicado en PáginaI12

El proceso de justicia por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca avanza a paso cansino. Mientras los imputados por secuestros, torturas y asesinatos en La Escuelita del Quinto Cuerpo de Ejército pasan sus días en libertad, a la espera de que el Tribunal Oral Federal local de digne a fijar fecha para iniciar el proceso, la Cámara Federal confirmó los procesamientos de un grupo de marinos por delitos en las bases de Puerto Belgrano y Baterías. El listado incluye a los contraalmirantes Carlos Alberto Büsser, que encabezó el desembarco en Malvinas, y Manuel Jacinto García Tallada, ex jefe del Estado Mayor del Comando de Operaciones Navales que comparte banquillo con Astiz, Acosta & Cía. en el interminable primer juicio de la ESMA.

Los tiempos del Poder Judicial siguen jugando a favor de la Armada. El 21 de diciembre, en Mar del Plata, el contraalmirante Roberto Pertusio y el capitán de navío Justo Ortiz se convirtieron en los primeros dos marinos condenados desde 1985 por crímenes durante la dictadura. Al ritmo actual y de no surgir imprevistos de última hora como en el juicio al finado Héctor Febres, el puñado de represores de la ESMA que juzga el Tribunal Oral Federal 5 escuchará su sentencia a mediados de 2011. Los marinos que actuaron en Bahía Blanca y Punta Alta están en una etapa anterior, con procesamientos confirmados. Aún más venturoso es el futuro de los camaradas que compartieron el circuito Camps con la Policía Bonaerense en La Plata, Berisso y Ensenada, donde sólo está procesado el capitán Juan Carlos Herzberg, condenado en diciembre por una apropiación ilegal.

En Bahía Blanca, sede del mayor enclave naval del país, el panorama no es menos desolador. El año pasado murieron impunes el general Adel Vilas, jefe de subzona y cara visible del terrorismo de Estado, el ex juez federal Guillermo Federico Madueño (miembro hasta 2004 del mismo TOF-5 que ahora juzga ESMA y hermano de Raúl Madueño, miembro de la Cámara de Casación Penal) y el ex alcaide Leonardo Núñez, alias “Mono”, que simulaba rescatar a los desaparecidos cuando el Ejército los tiraba en las afueras de las ciudad para encerrarlos en la cárcel de Villa Floresta.

Diferente al del Poder Judicial es el panorama en la sociedad bahiense, que de la mano de su juventud y de los familiares de las víctimas recupera la memoria, exige justicia e indirectamente genera cambios de actitudes en algunas instituciones de la ciudad. El mes pasado, tras la muerte del condenado dictador Emilio Massera, más de trescientas personas hicieron un escrache histórico frente al diario La Nueva Provincia, que despidió al ex almirante con honores, y reclamaron justicia por los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, criminalizados por la familia Massot por su actuación gremial en los años previos al golpe de Estado y fusilados en 1976 luego de permanecer tres días desaparecidos. La apología del criminal Massera fue repudiada por el Concejo Deliberante, por el consejo superior de la Universidad Nacional del Sur y por las autoridades de la Universidad Tecnológica Nacional, entre otros.

En ese contexto se conocieron las resoluciones de la Cámara sobre los marinos. El 10 de diciembre, los jueces Augusto Fernández y Angel Argañaraz confirmaron procesamientos que quince meses antes había resuelto el juez federal ad hoc Eduardo Tentoni. Antes, el fiscal federal Abel Córdoba debió presentar pedidos de pronto despacho, recurrir en queja ante la Corte Suprema de Justicia y plantear las demoras a la comisión interpoderes. La resolución está vinculada a un grupo de dirigentes peronistas secuestrados el 24 de marzo de 1976 y encerrados en los camarotes del crucero 9 de Julio en la dársena de Puerto Belgrano. Los mismos jueces más Ricardo Planes confirmaron el 29 de diciembre procesamientos por casos de desaparecidos vistos por última vez en la sexta batería histórica, como Cora Pioli, Horacio Russin, Néstor Grill, Jorge Del Río, Daniel Carra y Gerardo Carcedo.

Los imputados que están ahora más cerca del juicio, además de Büsser y García Tallada, son el vicealmirante Eduardo René Fracassi, el contraalmirante Angel Lionel Martín, los capitanes de navío Guillermo Martín Obiglio, Guillermo Félix Botto, Hernán Lorenzo Payba, Hugo Andrés José Mac Gaul, Gerardo Alberto Pazos, José Luis Rippa, Oscar Alfredo Castro, Eduardo Morris Girling, Enrique De León y Edmundo Oscar Núñez, los capitanes de fragata Tomás Hermógenes Carrizo y Leandro Marcelo Maloberti, y el capitán aviador Domingo Ramón Negrete. También tienen procesamientos confirmados el coronel Argentino Cipriano Tauber, los prefectos Félix Ovidio Cornelli y Francisco Martínez Loydi, el prefecto mayor del servicio penitenciario Héctor Luis Selaya, y el ex comisario de la Policía Bonaerense Víctor Fogelman, el mismo que condujo la investigación del homicidio de José Luis Cabezas.